Paulo Guedes, ministro de Economía, este lunes en la embajada brasileña en Washington. OLIVIER DOULIERY AFP

El ministro de Economía evoca un brutal decreto de la dictadura ante "la irresponsabilidad" de Lula de convocar a los brasileños a que respondan en la calle al Gobierno

 

La ola de descontento y protestas callejeras que recorre Sudamérica no ha llegado a Brasil, pero el temor y el nerviosismo ante un posible contagio son evidentes. El ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, admitió el lunes por la noche en EE UU que el miedo a un incendio en las calles es el motivo por el que el Gobierno ha frenado su ambicioso programa de reformas para abrir la economía y encoger el Estado. El ultraliberal Guedes llegó a evocar el decreto de la dictadura que dio inicio a los años de plomo y supuso el cierre del Congreso porque "es irresponsable llamar a la calle para decirles que tienen el poder”, dijo, en referencia al excarcelado expresidente izquierdista Lula da Silva. Guedes advirtió a sus compatriotas: “No se asusten si alguien pide el AI5”. La indignación fue inmediata.

Guedes explicó con franqueza la situación en una larga conferencia de prensa en Washington tras reunirse con miembros de la Administración Trump. Admitió que la inédita ola latinoamericana de protestas es el motivo por el que el Gobierno ha aparcado las reformas tributaria y de la función pública, que iba a presentar al Congreso este noviembre: “Es verdad que se ha desacelerado. Cuando todo el mundo empieza a salir a la calle sin motivo aparente, dices: ‘Mira, para no darles un pretexto vamos a ver, vamos a entender lo que está ocurriendo”, dijo, según el diario Estadão.

El ministro plenipotenciario en asuntos económicos, un antiguo banquero de inversión con escasa experiencia política, y su agenda reformista son el motivo por el que el empresariado dio desde el principio su apoyo al Gobierno de Bolsonaro. Este Gobierno logró sacar adelante la impopular reforma de las pensiones pero no quiere arriesgar. Guedes recalcó que la economía brasileña empieza a recuperarse, que Bolsonaro mantiene su apuesta por la agenda reformista y quitó importancia a que el dólar esté batiendo récords frente al real. El dólar alcanzó los 4,25 reales en la apertura este martes.

Tras la aprobación de las pensiones, el paquete económico de Guedes consta al menos de cinco propuestas legislativas que requieren enmendar la Constitución. Las aparcadas por el temor a que la izquierda movilice a su militancia con grandes manifestaciones en las calles son la tributaria y la de la administración pública, diseñada una para simplificar el sistema tributario y la otra para reducir los salarios y la estabilidad de los nuevos funcionarios.

El fantasma del peor decreto de la dictadura ya fue agitado el mes pasado por el diputado Eduardo Bolsonaro, que recibió una crítica generalizada. Incluso fue desautorizado por su padre, que, sin embargo, nunca ha ocultado su nostalgia por la dictadura.

En Brasil nadie quita ojo al agitado vecindario. Las manifestaciones que persisten en Chile (el modelo de Guedes en sus reformas brasileñas) y Colombia, las ya amainadas en Bolivia, Ecuador y Perú, la victoria de la izquierda peronista en Argentina e incluso el nuevo recuento en el siempre estable Uruguay preocupan al Gobierno de Bolsonaro e inspiran a la oposición. El discurso duro de Lula tras salir de la cárcel solo ha añadido presión al cóctel. Venezuela y su arraigada crisis son capítulo aparte.

Guedes embistió contra el duro discurso de Lula ahora que ha recuperado la libertad, aunque tiene vetado presentarse a unas elecciones. “Es irresponsable llamar a alguien a la calle ahora para generar una ruptura, para decir que tienes que tomar el poder. Si uno cree en la democracia, espera ganar y ser elegido”, dijo el ministro, que se refirió en dos ocasiones al decreto AI5 (de diciembre de 1968, el quinto de los actos institucionales de la dictadura), que además de clausurar todas las Cámaras legislativas suspendió los hábeas corpus, entre otras medidas. Guedes intentó convencer después a la prensa de que la conferencia de prensa era extraoficial y subrayó que “Planalto (la sede de la Presidencia) jamás apoyaría un AI5, eso es inconcebible”.

Brasil tuvo su gran revolución del descontento a partir de 2013. Comenzó como ahora en los países vecinos, de manera inesperada. La subida del precio del autobús fue la chispa que llevó a los brasileños a tomar las calles contra la corrupción y la clase política. Aquello cristalizó en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el encarcelamiento de buena parte de los líderes políticos y empresariales e, indirectamente, en la elección de un presidente como Bolsonaro.

Otras tres propuestas económicas fueron enviadas ya al Congreso pero no han sido analizadas por la crisis que Bolsonaro ha abierto con su grupo parlamentario al abandonar su partido para crear una nueva sigla, Alianza por Brasil, y porque la Cámara ha decidido centrar sus esfuerzos en debatir una propuesta que revierta la decisión del Supremo que permitió excarcelar a Lula y a otros 5.000 presos.

Uno de los proyectos ley de Guedes (denominado PEC de emergencia) que el Gobierno quería aprobar este año pretende recuperar fondos para inversión pública mediante la prohibición temporal de la promoción y contratación de funcionarios o la reducción de jornada (y sueldo) de los actuales. El segundo en trámite (PEC de los fondos públicos) persigue extinguir parte de los 281 fondos públicos que tienen unos 200.000 millones de reales (43.000 millones de euros) para pagar parte de la deuda pública. El tercero (pacto federativo) busca alterar el conjunto de normas constitucionales que determinan cómo se distribuyen y gastan los recursos recaudados por la Unión, los Estados y los municipios.

São Paulo / Brasilia 26 NOV 2019 - 13:01 COT

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Lunes, 25 Noviembre 2019 06:36

El péndulo de Thatcher

El péndulo de Thatcher

La herencia política de Margaret Thatcher ha sido larga y relevante. Representa un modo de pensar y de gobernar que caló en la política y la sociedad británicas y se expandió más allá, junto con el proceso de la globalización de las tres últimas décadas.

Fue primera ministra entre 1979 y 1990, periodo en el que se fraguó una forma de concebir a la sociedad que, con distintas gradaciones, prevaleció desde entonces en gobiernos tories y laboristas.

Se manifestó como modelo político e ideológico anglosajón, que del otro lado del Atlántico tuvo como eje la figura de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos de 1981 a 1989. En ese último año de su administración se aglutinó la visión conservadora dominante en el llamado Consenso de Washington, avalado en su esencia por demócratas y republicanos.

De manera esquemática, el thatcherismo se asocia directamente con la preminencia del libre mercado y la exigencia de un Estado pequeño que interfiera lo menos posible en la vida de la gente, que según ella misma planteó, literalmente, debe elegir qué hacer, asumir sus responsabilidades y no esperar que los problemas sean resueltos por el gobierno.

Las políticas públicas privilegiaron la reducción de impuestos, la privatización de empresas públicas y la restricción de la actividad de los sindicatos.

Hay diversas influencias intelectuales asociadas con esa postura. Referencias usuales son la obra de Friedrich Hayek, Camino de servidumbre, y la teoría monetarista de Milton Friedman. Se señala también el tipo de individualismo propuesto por Ayn Rand, por ejemplo, en la novela El manantial.

Thatcher tenía una concepción particular de lo que es la sociedad, que la llevó incluso a afirmar que no existe tal cosa como la sociedad (conviene leer la idea en el contexto en que fue expuesta https://blogs.spectator.co.uk/2013/04/ margaret-thatcher-in-quotes/ ).

Las repercusiones de las políticas de Thatcher y la coincidencia con el gobierno de Ronald Reagan derivaron en lo que hoy comúnmente llamamos neoliberalismo, cuestionado desde diversos frentes, pero aún vivo y coleando.

En Gran Bretaña el escenario político de los últimos tres años ha estado dominado por el Brexit. El proceso ha llevado ahora a nuevas elecciones parlamentarias y el espectro de Thatcher está presente, aunque sea tras bambalinas.

El regreso del péndulo puede advertirse en la propuesta electoral del Partido Laborista que se denomina Es tiempo para un cambio real y Corbyn, jefe del partido y candidato a primer ministro, lo contempla como un “manifiesto lleno de medidas populares que el establishment político ha bloqueado durante una generación”.

La base del programa es un gran incremento en la inversión pública financiado por medio de mayores impuestos. En ese terreno no hay mucho espacio para otra cosa.

Pero además de las medidas enfocadas a una redistribución del ingreso incluye un aspecto patrimonial asociado con la privatización de diversas actividades económicas, como el servicio postal y el transporte ferroviario.

De Thatcher a las propuestas de Corbyn hay un desplazamiento de regreso.

Ambos aspectos, el redistributivo y el patrimonial, parecen indicar los extremos en los que se mueve el capitalismo y son la referencia de muchas contradicciones que hoy sobresalen en materia económica. Este es un asunto que amerita una discusión seria en todas partes.

En todo caso, la situación plantea la creciente reacción que se extiende por muchas partes ante las precarias condiciones sociales prevalecientes. Estas reacciones se han precipitado de modo muy notorio en semanas recientes en América Latina.

La fachada del régimen político y económico de Chile, aún enmarcado en el legado de Pinochet, se resquebraja en las calles con las manifestaciones airadas y persistentes de miles de jóvenes que demandan un cambio. La izquierda de la Concertación, que gobernó dos décadas seguidas, no consiguió consolidar un nuevo modelo social que ahora, en el segundo gobierno de Piñera, está en una profunda crisis que no sabe cómo agarrar.

En Colombia, la gente está también en las calles. Demanda cambios sociales profundos, en una situación en la que se acumula un fuerte deterioro social. En ambos casos es llamativa la sorpresa que ha provocado en los gobiernos en turno de Piñera y Duque.

El Estado es imprescindible en el capitalismo. Puede serlo para alentar mecanismos que acrecientan la cohesión social y atemperar la inequidad económica.

Puede ser también para crear estructuras más rígidas de poder, como ocurrió con la gestión de la crisis financiera de 2008, que preservó las distorsiones que la provocaron y 10 años después exhibe sus contradicciones.

No hay ninguna panacea en la relación del Estado y los individuos, sino más bien una serie de mediaciones que delimitan la relación que hay entre ambos.

Esto entraña un dilema entre la insoslayable obligación que tenemos como individuos de mantener nuestra autonomía moral frente a la autoridad del Estado, lo que hace de su legitimidad moral una imposibilidad.

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Lunes, 25 Noviembre 2019 06:31

Nostalgia presente

Nostalgia presente

Hace 20 años estalló un carnaval de resistencia, bautizado después como la Batalla de Seattle, que fue la acción popular más grande jamás realizada contra la agenda neoliberal en el primer mundo. Sus ecos siguen resonando en este país.

Cinco mil delegados de 135 países llegaron a Seattle para la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), encargada de codificar y promover, junto con el FMI/Banco Mundial y los foros empresariales, el nuevo orden económico neoliberal. El presidente Bill Clinton fue el anfitrión (vale recordar que la agenda neoliberal es parte de un consenso bipartidista, con algunos disidentes notables).

Esa mañana del 30 de noviembre de 1999 todo estaba listo para la gran inauguración oficial, pero nadie llegó.

Miles de jóvenes, sindicalistas, ambientalistas, veteranos de guerra, académicos, anarquistas de todo tipo (incluida una nueva generación de Wobblies) y hasta algunos payasos habían ocupado en una sorprendente acción coordinada todos los cruces de calles que llevaban al centro de convenciones, con un arma secreta demasiada poderosa: música, baile y humor.

Cada agrupación de acción del movimiento descentralizado había determinado qué musical deseaba en el cruce que le correspondía; en una estaban los Rolling Stones, en otra Bob Marley, en otra los heavy metal o punk, y así. El baile no cesaba, mientras brigadas de jóvenes hacían cadenas humanas para no permitir el paso.

Un mimo caminaba detrás de un delegado muy elegante imitando cada paso y gesto a la perfección, hasta que un funcionario enloqueció y amenazó con violencia. Aparentemente, el poder no tiene gran sentido de humor.

Desde una descomunal grúa de construcción, se reveló una enorme manta que sencillamente decía: "libre comercio", con una flecha, y "democracia", con otra flecha en dirección opuesta.

Poco despues, cientos, tal vez miles, de agremiados se desviaron de una megamarcha oficial de sus sindicatos nacionales para "apoyar a los jóvenes". El legendario sindicato de estibadores de la costa oeste (ILWU) ya había congelado operaciones en todos los principales puertos de la costa oeste en solidaridad con la gran protesta que estaba estallando en Seattle.

Como nos comentó uno de los estrategas de esta movilización "esto fue un caos muy organizado". (https://www.jornada.com.mx/ 1999/12/01/).

Los representantes de las cúpulas del mundo temblaron y el acto inaugural de la OMC fue cancelado; los gerentes del orden mundial fueron obligados a esconderse en sus hoteles, incluido el anfitrión. El alcalde declaró un "estado de emergencia" al ordenar la represión con gas lacrimógeno y cientos de arrestos, y sólo con ello la OMC logró sesionar, aunque la noticia mundial ya era lo que ocurría en las calles y no lo que sucedía adentro. (https://www.youtube.com/ watch?v=yPiGQcwwh6o).

El festejo de resistencia –con más de 50 mil participantes– continuó durante cinco días más con baile, títeres enormes y nuevas alianzas entre sectores sociales, inaugurando así el gran movimiento altermundista que continuó expresándose donde se intentaban reunir los gerentes neoliberales; en encuentros del FMI/Banco Mundial en Washington, en las cumbres en Praga, Génova y Quebec.

En cada lugar siempre se recordaba desde dónde había llegado la rebelión altermundista. "Por fin escuchamos el mensaje de los pueblos del sur", repetían organizadores estadunidenses y europeos; frecuentemente señalaban que este movimiento había nacido en México, con el levantamiento de los zapatistas.

Una víctima de los atentados del 11-S, este movimiento fue silenciado en el primer mundo (otra historia estaba ocurriendo en Sudamérica) pero reapareció en las calles y plazas con los Indignados en Europa, Ocupa Wall Street en este país, y hoy día está presente en la pugna electoral con la bandera de Bernie Sanders.

Ahora, mientras analistas y algunos medios registran e intentan explicarse las olas de protestas en diversos países del mundo, se escuchan los ecos de la ya larga rebelión antineoliberal en el sur como en el norte también. A 20 años de Seattle, la nostalgia no es por algo del pasado, sino algo vivo y presente.

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Y ahora, Colombia: estudiantes, sindicatos e indígenas se lanzan a un paro general contra las reformas económicas del Gobierno

El presiente colombiano ha criminalizado la protesta y ha dispuesto medidas de seguridad que incluyen el cierre de las fronteras

Los convocantes de la huelga rechazan las reformas laboral y de pensiones que quiere llevar a cabo el Gobierno

También reclaman la implementación del Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 entre el Estado y la guerrilla de las FARC

María García Arenales 

20/11/2019 - 21:48h

Las protestas callejeras en América Latina no cesan. Primero fue el turno de Ecuador y después de Chile y Bolivia, que siguen siendo escenario de manifestaciones multitudinarias y una fuerte represión estatal, y este jueves se suma otro país más a las movilizaciones: Colombia.

Sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes, indígenas y partidos políticos opositores del país han sumado fuerzas para protestar contra las políticas económicas y sociales del Gobierno que preside Iván Duque en un paro nacional que podría ser uno de los más multitudinarios de los últimos años.

La convocatoria de esta huelga general es resultado del descontento social que se ha ido acumulando en los últimos meses y que se agudizó cuando a principios de octubre la Central Unitaria de Trabajo (CUT) advirtió que la reforma laboral y de pensiones que planea implementar el gobierno de Duque "busca empeorar las condiciones de los trabajadores y pretende aumentar las ganancias de los empresarios". 

Los organizadores del paro nacional recuerdan que esas reformas que se estarían discutiendo contemplan, entre otras medias, un recorte del salario mínimo para jóvenes, un aumento en la edad de jubilación y en la cotización de los trabajadores.

Sin embargo, el presidente colombiano ha señalado en varias ocasiones que su gobierno no ha presentado ninguna reforma en materia laboral o de pensiones ante el Congreso y, si se llegara a dar el caso, ha asegurado que sería de forma consensuada entre el Ejecutivo, empresarios, sindicatos y representantes de los gremios trabajadores.

Más allá de esas posibles reformas, el pueblo colombiano tiene otros muchos motivos para salir a la calle este jueves. El incesante asesinato de líderes sociales en todo el país, un desempleo en aumento que ronda ya el 11%, la corrupción, la crisis en la educación pública y las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno para combatir el narcotráfico son algunas de las razones de la huelga.

Otro de los principales reclamos es también la implementación del Acuerdo de Paz, que fue firmado en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Pese a que han pasado 15 meses desde que Duque asumió el poder, el Ejecutivo sigue sin haber definido su política respecto al acuerdo, que además pasó por uno de sus peores momentos el pasado mes de agosto, cuando el exlíder guerrillero Iván Márquez anunció que el grupo insurgente retomaría las armas porque el Gobierno no había cumplido con lo pactado.

"La protesta ayuda a colocar el mensaje de que hay un acuerdo de paz que implementar. Siempre hemos dicho que este Gobierno simula la paz, pero es más amigo de la guerra y lo demuestra con todas las políticas que quiere implementar para militarizar los territorios, de volver al glifosato y de no respetar la política internacional como un elemento de soberanía", cuenta a eldiario.es el analista colombiano Luis Eduardo Celis, experto en temas de conflicto y construcción de paz.

El Ejecutivo que dirige Duque también se vio sacudido en las últimas semanas por la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, tras ser acusado de ocultar la muerte de varios menores en un bombardeo militar contra un campamento de un grupo disidente de las FARC. Si bien esas muertes generaron una oleada de indignación en el país, no han sido ni mucho menos el único incidente por el que el Ejército está en entredicho.

De hecho el fantasma de los falsos positivos, como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que son presentados como bajas en combate, volvió de nuevo a Colombia el pasado mes de mayo, cuando el periódico The New York Times dio a conocer una directriz operacional del Ejército que presionaba a los militares para duplicar las muertes y capturas, tal y como ya se hizo en la década de los 2000 bajo el Gobierno del derechista Álvaro Uribe.

Fuerte desaprobación

Teniendo en cuenta el contexto, no hay duda de que el presidente Duque, que llegó al poder impulsado por Uribe, se encuentra en el peor momento de su mandato. Según la última encuesta de Gallup publicada a principios de este mes, la desaprobación de su gestión se sitúa en el 69%, la más alta de un mandatario en 14 años, mientras que su popularidad apenas alcanza un 26%.

"Es un gobierno errático, que carece de un proyecto que convoque a la mayoría de la sociedad. Está viviendo una situación de desgaste y descrédito enorme", asegura Celis. Además, el gobernante Centro Democrático sufrió una dura derrota en las elecciones locales y regionales de octubre, perdiendo ciudades como Medellín y la propia capital, Bogotá.

La criminalización de la protesta

El paro de este jueves en Colombia coincide con un momento en el que varios países de América Latina viven fuertes estallidos sociales, como es el caso de Chile y Bolivia. Ante el temor de que en Colombia se pueda producir un efecto contagio, en los últimos días Duque no ha dejado de alertar sobre la violencia que se puede desatar durante la huelga.

El Gobierno ha ordenado extremar las medias de seguridad hasta el punto de cerrar temporalmente las fronteras para "evitar el ingreso de extranjeros que puedan alterar el orden público". El Ejecutivo también ha criminalizado la protesta en todo momento y la desinformación en la red ha sido una constante para intimidar a la población.

La Policía Nacional ha realizado numerosos allanamientos en casas de estudiantes y activistas vinculados a la marcha, hecho que los organizadores del paro consideran una provocación.

"Es una protesta normal, pero parece que el Gobierno fuera a parar una guerra. El Ejecutivo ha dicho que tiene información sobre que habrá instigadores de violencia y que se podrían repetir las imágenes de países como Bolivia, Chile y Ecuador, pero no hay ningún informe creíble al respecto", sostiene el investigador Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares)..

"También hay que tener en cuenta que los sectores de la derecha podrían infiltrarse en la marcha para causar violencia para ayudar así al gobierno populista de Duque, que necesita crear un nuevo enemigo", añade. 

El paro nacional más importante y violento que ha vivido Colombia se produjo en septiembre de 1977 contra el gobierno de Alfonso López Michelsen, que no fue capaz de cumplir las expectativas generadas ni de cambiar el rumbo económico del país como había prometido. En aquella ocasión, la represión estatal contra los manifestantes fue contundente.

De momento, la convocatoria de este jueves ya se ha convertido en una gran confluencia de expectativas frustradas y reclamos de diferentes sectores de la sociedad y, aunque sus resultados son imprevisibles, sin duda supondrá un punto de inflexión en el liderazgo de Duque.

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Ley Económica Urgente o Ley del Saqueo, otra derrota de Lenín Moreno

El gobierno neoliberal de Lenín Moreno obtuvo otra grave derrota, el rechazo legislativo a la llamada ley Económica Urgente, que incluia “entregar” la dolarización a la banca privada, eliminar impuestos, erosionar la institucionalidad de la administración tributaria, crear escudos fiscales, imponer impuestos regresivos, reducir el Impuesto a la Salida de Divisas y debilitar la empresa pública de telecomunicaciones (CNT).

“Cae la #LeyDelSaqueo. Una batalla ganada. Pero hay que mantenerse alerta porque los saqueadores no duermen...”, tuiteó el ex vicecanciller Kintto Lucas.

Dos meses atrás, el gobierno de Moreno debió enfrentar un levantamiento popular –suspendido por el momento- tras el anuncio de un aumento del precio de los combustibles. No se debe pensar que el rechazo a la propuesta del gobierno sea por respeto a la opinión de las mayorías, sino que más bien se produjo por mero oportunismo de cara a las elecciones de 2021.

La crisis económica es grave, la recesión acecha, el déficit fiscal parece incontrolable, el sector externo está desequilibrado, el empleo escasea y tiende a más precarización. El Gobierno prefirió contratar deuda externa antes que ajustar la economía, abandonada en los 30 meses de gestión.

Moreno propuso una reforma que recaudaría 700 millones de dólares, cuando el déficit es más de 6.000 millones y sus propuestas socava, además, el sistema de impuestos, en beneficio de las empresas y los sectores de mayores ingresos. Busca un ajuste del salario y de las condiciones de vida de los trabajadores mientras sigue apostando por favorecer la tasa de ganancia de grandes importadores y comerciantes.

Seguramente, Moreno volverá a enviar un nuevo proyecto urgente a la Asamblea Nacional evitando los errores políticos cometidos. Los bloques –salvo el minoritario correísmo- se mueven a conveniencia y por ende lo que se espera en una agenda tributaria sin las reformas monetarias.

Lenín Moreno deberá elegir, para los analistas, entre un ajuste más profundo –respaldado por el partido Social Cristiano y los grandes grupos económicos- o continuar con la deuda, siempre condicionado a que el Fondo Monetario Internacional siga apoyando al Gobierno, tras el fracaso vivido en Argentina.

La deuda externa ha venido acompañada de una liberalización del sector externo y una contracción casi absoluta de la inversión pública: es, sin duda, las más parasitaria e inútil que Ecuador ha logrado desde la dolarización, pues no se canalizó en el país, sino que salió tan rápido como entró, señala el analista Nicolás Oliva.

Pero esta derrota legislativa muestra a un gobierno solitario, ya que hasta los socialcristianos de Jaime Nebot, que hasta ahora gobernaron con él, le dieron la espalda y propusieron archivar el proyecto del ejecutivo. Pero aún para el mandatario: su bloque parlamentario se dividió y buena parte se abstuvo de la votación. Moreno quedó sólo con el banquero Guillermo Lasso, su oponente en las últimas elecciones – con intereses concretos para que esta ley fuera aprobada.

Lasso esperaba el apoyo a que se votara la entrega de la dolarización y de las reservas internacionales a la banca privada; la elección de una nueva Junta Monetaria gobernada por el sector financiero que tendría más poderes que el ministro de Economía y que la ley rompiera algunos de los candados legales que Lasso tenía por poseer bancos en paraísos fiscales.

El partido Social Cristiano de Nebot pensó que para la batalla electoral de 2021 un proycto impositivo regresivo no era bueno para conquistar votos y tomó conciencia de que Moreno ya era un lastre para sus aspiraciones de gobierno. Mientras, el miedo a que la nueva ley abriera las puertas al fin de la dolarización, hizo que muchos de los legisladores morenistas se abstuvieran.

La banca quiso aprovechar la permisibilidad de Moreno para con su interés, que es el control de la dolarización a su conveniencia. Su error, quizá, fue enviar una ley urgente (con solo 30 días para tratarla) que pretendía modificar todo el marco monetario de golpe, sin sustento técnico ni respaldo de cifras, pero con muchos rasgos de inconstitucionalidad.

El gobierno, que pareció no ser autor del proyecto, no supo explicar cómo la “independencia” del Banco Central salvaba la dolarización ni por qué quería reducir el impuesto a la salida de divisas y eliminar los requerimientos de liquidez de la banca privada y menos áun la justificación para crear una Junta Monetaria de banqueros con plenos poderes para que, en momentos de crisis, sean ellos los primeros en salvarse.

Los ecuatorianos recuerdan que el eufemismo de la “independencia del Banco Central” no evitó el feriado bancario de 1999 y grave crisis posterior. La crisis financiera sucedió durante el gobierno de Jamil Mahuad y Gustavo Noboa , en que varios bancos privados cerraron o entraron a proceso de rescate financiero pasando a manos del Estado ecuatoriano, que asumió los costos a la población a través de diversos mecanismos como, la reducción del gasto social y la elevación del costo de los servicios.

El 12 de marzo de 1999 el Gobierno neoliberal de Jamil Mahuad y el Partido Social Cristiano anunciaban la subida de los combustibles en 169%, el IVA del 10% al 15%, un impuesto del 4% a los vehículos y el congelamiento de los depósitos de los ecuatorianos. Mahuad sentenció que el paquete económico “sentará las bases para implementar una futura convertibilidad, o directamente la dolarización de la economía ”. La dolarización fue una decisión de las élites tomada en 1999 a espaldas del pueblo y que no fue anunciada hasta el 9 de enero del año 2000.

Por Eloy Osvaldo Proaño. Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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Martes, 19 Noviembre 2019 18:18

Neoliberalismo, ¿tercera fase?

Neoliberalismo, ¿tercera fase?

Es una dinámica conocida: la caída de la tasa de ganancia y la necesidad de incrementar la explotación de la fuerza de trabajo impulsan al capitalismo a tres tipos de disputas: 1) pugnas entre países por mayores porcentajes en el comercio global y saqueos de las economías periféricas, contradicción que en repetidas ocasiones se salda con guerras diferidas o directas; 2) implementación de reformas en la mayor cantidad de países posibles, con el propósito de esquilmar los ingresos directos e indirectos de quienes generan la riqueza social, acción que provoca la reacción/defensa de los afectados como exigencia de respeto a sus derechos históricos y, en lo posible, mejoras en sus condiciones de vida; en ocasiones, demanda de cambio total de las reglas de juego –otro sistema social–, pero no siempre es así; 3) brutales ajustes económicos que implican reducir el gasto público social, las importaciones, y la demanda interna de bienes de la canasta familiar para cubrir la brecha de pagos de la deuda externa y honrar sus deudas reprogramadas con el capital financiero transnacional.


Vivimos estos escenarios en los meses y días que pasan. Entre ellos, por un lado y como parte de la geopolítica global, las potencias dirimen tal disputa en territorios ajenos y a través de terceros países –Arabia Saudita vs. Irán, con Yemen como país afectado; Estados Unidos vs. Rusia, con una confluencia de otras fuerzas que implican a Turquía, Israel, Iraq, Irán, Isis, con Siria como país afectado y telón de fondo; Estados Unidos vs. China, en una conocida disputa comercial que antecede la posible confrontación global de próximas décadas. En nuestra subregión, sin ascender aún a lo bélico, la contienda compromete a los Estados Unidos y sus aliados regionales (Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil y otros) en contra de Venezuela, Bolivia y, más allá de la subregión, Nicaragua y Cuba, y en el trasfondo Rusia y China.

Como es típico de los Estados, con preeminencia de los imperios, en estas disputas, en cualquiera de las formas que asuman, defienden de manera prioritaria a sus multinacionales, consiguiendo para ellas beneficios de todo tipo, además de propiciarles mano de obra abundante, especializada y por pagar con salarios mucho más bajos que los cancelados en la metrópoli.

Es una disputa, una contradicción latente y permanente que nos recuerda que ‘mercado libre’ y guerra van de la mano, y que los cañones son precisamente la otra materialización de la ‘diplomacia’, los martillos que derrumban muros e imponen las lógicas del poder, de manera tal que todo aquello que el capital no logra someter a través de leyes, endeudamiento, amenazas, bloqueos, condicionantes y similares, su violencia, legitimada por distintos conductos, lo impone, así sea destruyendo el país objeto de sus cañones, cuya reconstrucción será el conducto para imponer los mandatos del capital.

Por otro lado, lo vivimos actualmente en el sur de nuestro continente, donde los detentadores del capital avanzaron en los últimos años usurpando las condiciones de vida digna de amplios sectores sociales, así como de sus derechos políticos –Chile– y en otros –Ecuador–, pretendiendo arrinconar a la sociedad para despojarla de buena parte de sus conquistas históricas.

El de Suramérica es un escenario ya sufrido por amplios sectores sociales, en tanto que en décadas recientes ya les habían arrebatado, tanto en los países relacionados como en todos los que integran el mapa de esta subregión del mundo, parte de sus conquistas laborales, económicas y políticas, a través de lo que se conoce como reformas neoliberales de primera y segunda generación. Pero ahora, ante la prolongada caída de la tasa de ganancia y el cambiante cuadro geopolítico global, vuelven por las mismas.

Como efecto de las aludidas reformas, en los años 80 del anterior siglo, en una primera ofensiva del capital sobre el trabajo, parte de los activos públicos sufrieron su privatización y el comercio perdió controles de Estado hasta ser liberalizado en su totalidad. El mercado laboral empezó su flexibilización, iniciando la contratación indirecta de mano obra, legalizando las empresas de intermediación y contratación laboral, zafando al patrón de la contratación directa, y abriendo de esta manera las puertas para quebrar el salario y la estabilidad laboral. La ofensiva contra los sindicatos y la sindicalización encontró acá también un espacio: una agresiva política laboral y económica sobre la cual volverán.

En los años 90 de igual centuria, impusieron la segunda ofensiva, precedida y presionada asimismo por el Consenso de Washington (1), con la cual van mucho más allá, en la medida en que las reformas con afectaciones particulares ya no son el propósito sino que en el centro de la misma entró como prioridad la reforma del conjunto del Estado, legalizándose la ofensiva neoliberal a través de las cartas constitucionales de los países objeto de esta ofensiva. Es así como toda la administración pública es adecuada para que el capital opere y pueda fluir sin obstáculo alguno, hasta el punto de que todo le es permitido, para lo cual la administración pública se ajusta a sus demandas y con ella la administración de justicia, aparato adecuado para proteger en forma integral los intereses de las minorías.

Entre una y otra reforma, como resultado del dominio del capital financiero en el nivel global, la financiarización entra a reglar la economía y los intercambios sociales. De este modo, la globalización, por este y otros conductos, impone sus dominios, lógicas e intereses, recordando la máxima de Henry Kissinger, secretario de Estado en la era Nixon: “Controla el petróleo y controlarás a las naciones; controla los alimentos y controlarás a la gente; controla el sistema financiero y controlaras el mundo”.
La concreción de estas reformas no fue impune, ya que en diversos países se sucedieron resistencias sociales como el famoso caracazo, el alzamiento zapatista en contra del Tclan, que, como todos los tratados comerciales de estas dé, aplican como punta de lanza para obligar a la apertura neoliberal, la crisis de Argentina de los años 2000, así como los alzamientos sociales que dieron cuenta de tres presidentes en Ecuador. Y mientras todo ello sucedía, antes, en medio y después, la intervención de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, bajo la égida de Estados Unidos, hegemónico en ese momento en el panorama global.

Para el caso de Colombia, que en 1991 ajustó su Carta Magna a tales postulados, la crisis económica de 1999 fue ocasión para someter al Estado y la sociedad toda a la dinámica neoliberal, para lo cual la conjunción, con todo el instrumental guerrero –legal e ilegal–, fue el conducto para contener cualquier inconformidad social. Una particularidad continental necesaria de resaltar, adjunta al efecto del narcotráfico como un producto de exportación y colchón económico, además de somnífero cultural y atomizador social.

Estos factores, los culturales, con amplios efectos sociales, son la otra variable neoliberal que permeó a las sociedades, sometidas a una ofensiva consumista como vehículo para estimular la producción de los grandes y medianos grupos económicos, de cuya mano se eleva la tasa de ganancia que dinamiza al capitalismo. Indicadores en el PIB de las potencias de ciento y más por ciento llegó a ser su reflejo, con la excepción de China, siempre muy por encima de tal indicador. Se trata de un crecimiento que revienta en 2007 con la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis económica y financiera que desata, de la cual el capitalismo no logra todavía recuperarse totalmente.

Precisamente, como una de las variables que buscan dar cuenta de tal realidad, el actual gobierno de los Estados Unidos, aferrado a un nacionalismo proteccionista que desdice parcialmente de la globalización pero no así del neoliberalismo, desata la guerra comercial en curso, con China como con otros países, a la par de lo cual el cuadro territorial del Sistema Mundo Capitalista va adquiriendo inéditas coordenadas: unos mercados pasan a manos de nuevos intereses, otros entran en disputa y algunos más quedan compartidos, todo ello en medio de tensiones que por momentos hacen tambalear el tablero global.

Es esta una realidad cambiante que por ratos parece indicar que el neoliberalismo está quebrado, pero es sólo la impresión, ya que sus manifestaciones sociales y culturales más profundas no han sufrido resquebrajamiento alguno, como tampoco el mercado global. Además, ni la financiarización ni los ataques contra el mundo del trabajo dejan de sucederse, al igual que otras manifestaciones típicas de esta forma y dinamizador económico y político, con expresiones de gobierno claramente identificables.

Realidad comprobable en el reciente paquetazo que intentaron imponer en Ecuador (ver, “Ecuador, las razones de la rebelión de octubre”, pág. 10), para el cual el conocido argumento del déficit fiscal regresa como excusa para imponer políticas privatizadoras y para la reducción del rol del Estado, para justificar más impuestos para los asalariados y menos para los más ricos, así como “necesaria” flexibilización laboral y menos control a la circulación de divisas, entre otros objetivos pretendidos.
Esto en Ecuador. Pero 22 meses atrás –diciembre de 2017–, ya habían logrado reformar las pensiones en Argentina, pese a la resistencia de sus fuerzas sindicales (2), propósito que también lograron concretar en Brasil (3) y que asimismo buscan implementar en Colombia, donde la sociedad ya está avisada del trámite futuro de más flexibilidad laboral, a la par de transformar el sector de las pensiones, para beneficio del sector financiero y empresarial en general. Tales reformas les aseguran a las oligarquías de esta parte del mundo los recursos suficientes para cumplir con el pago de la deuda pública, según las exigencias del cancerbero del sistema capitalista, el Fondo Monetario Internacional.

Una vez más, tales reformas repiten experiencias ya vividas: apertura económica y laboral, desmonte de subsidios, incremento de tarifas de servicios públicos, privatización de los pocos bienes que continúan en manos públicas, todo para que el capital gane más, medidas estas argumentadas desde la promesa nunca cumplida de crear más empleo, reducir los niveles de amplia desigualdad social que registran estas sociedades y otros decires similares aireados por la mass media oficiosa, promesas que el viento se lleva.

En esta ocasión, la nueva ofensiva va de la mano de la banca multilateral, de organizaciones tipo Ocde, así como de instancias de coordinación y convivencia entre países, como la OEA, en un intento asimismo por recuperar recursos naturales, dominio territorial y mercados como Venezuela, Bolivia, Cuba y otros, a fin de asegurar el dominio de Estados Unidos.

La dificultad que encuentran estos organismos e instancias regionales y globales para aplicar sus mandatos es que todo su recetario ya es conocido, y que sus efectos han sido perversos al ahondar las tasas de desigualdad conocidas por estas sociedades, así como acrecentar su deuda externa, a la par de acostumbrarlas a vivir con el desempleo como problema estructural.

En estas condiciones, no es casual la insubordinación social que conmocionó a Ecuador a lo largo de la primera quincena de octubre. Tampoco lo es la mayúscula movilización social que conmociona a Chile, respuesta creciente y solidaria de un pueblo que por más de treinta años ha padecido el neoliberalismo, y con éste la privatización de los derechos humanos: salud, educación, pensiones, transporte, etcétera, a la par del dominio de un disciplinamiento social solamente útil para el capital.

Insubordinación con logros específicos que permiten asegurar que el capital sufre en esta parte del mundo una derrota parcial. Pero es necesario recordar que el neoliberalismo es flexible, que no tiene un solo cuerpo y que sabe esperar. Por ahora, guardará la cabeza en algunos de los países de la región, mientras en otros actuará, dependiendo de la correlación de fuerzas. Como sea, más tarde o más temprano, regresará tras su pretendida recuperación de la tasa de ganancia a costa de quienes viven de su fuerza de trabajo, y que únicamente podrá ser derrotado si encuentra en toda la región, y más allá de ésta, un modelo social, económico y político, una propuesta de Estado integral, humanista, basada en la solidaridad y la defensa del bien común, con un modelo de vida que armonice a la humanidad con la naturaleza, que lo confronte y logre ganar el apoyo de los cuerpos sociales.


Hace dos o tres décadas, la sociedad desconfiaba de tal posibilidad. Hoy, producto de la cuarta revolución industrial en marcha y la gigantesca masa de información potenciada por la misma, reconoce que sí son posibles la justicia, la democracia integral y la concreción plena de la Carta de Derechos Humanos, y con ello la materialización de vida digna como precepto elemental de cualquier sociedad, todo ello, como es evidente, antípoda del neoliberalismo. La lucha de clases está de vuelta.

 

1. Con ese nombre se conoció el cambio de paradigma cuyo origen está ligado a la crisis de la deuda de 1982. Los países de Latinoamérica habían estado viviendo de dinero prestado desde mediados de los años 70, los años en que vivió más allá de sus posibilidades. Finalmente le pasaron la cuenta de cobro a la región con gran severidad. El viejo modelo de intervención estatal y proteccionismo había llevado a distorsiones económicas de escala patológica. Pero el remedio, el neoliberalismo, fue peor que la enfermedad.
2. https://www.elmundo.es/internacional/2017/12/19/5a38f493268e3e3e718b4632.html.
3. https://www.france24.com/es/20191023-brasil-senado-reforma-pensional-bolsonaro.

Carlos Ruiz Encina: "En Chile se está gestando un gran cambio histórico"

A un mes de uno de los movimientos sociales más extraordinarios de la historia de Chile, el investigador analiza las causas de la protesta, las demandas de la calle tras décadas de promesas incumplidas y la resistencia del gobierno de Sebastián Piñera para tomar medidas a la altura.

 

Carlos Ruiz Encina es sociólogo, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, y Presidente de la Fundación Nodo XXI, centro de pensamiento ligado al Frente Amplio (FA). En diálogo con Página/12, Ruiz Encina explica por qué era previsible que la calle explotara como lo hizo, quiénes son los nuevos actores sociales en el marco de este "gran cambio histórico", y las agendas de corto y largo plazo. La mercantilización de la vida, la urgencia de evitar "las provocaciones de la derecha y aferrarse a la democracia", y su preocupación ante las masivas violaciones a los derechos humanos.

--El 18 de octubre último estalló la crisis política y social más profunda de las últimas décadas en Chile. ¿Sorprendió la magnitud de las manifestaciones que le siguieron o era previsible que en algún momento sucediera algo semejante?

--Sí y no a la vez. Por un lado, tengamos presente que anteriormente se dio una serie de manifestaciones con más de un millón de personas contra el sistema de pensiones, tuvimos el 8 de marzo más grande de todo América Latina, y la marcha del orgullo gay, que fue gigantesca. Hay un malestar que viene en crecimiento desde 2006, desde la marcha de los estudiantes en adelante. Por otro, hay cierta elite chilena conservadora que sí dice “fuimos sorprendidos”. En realidad, lo que sucede es que no han querido ver. Al mismo tiempo es cierto que se trata de una dimensión completamente nueva; esto no es la simple sumatoria de lo anterior. Se terminaron de articular ciertas demandas, como las demandas por la soberanía de las pensiones y las luchas por la soberanía y el control del agua, en contra de su privatización. Nuestra vida social cotidiana es de las más privatizadas, mientras el nivel de incertidumbre es enorme: la tasa de rotación de los empleos es altísima, la protección de servicios estatales es completamente inexistente, etc. Como decía un cartel por ahí: “no son treinta pesos, son treinta años”. Esto limpia todos los gobiernos para atrás. Los fondos del gasto social estatal se entregan a concesionarios privados que ofrecen estos servicios. Clínicas privadas, universidades privadas... Es el sistema neoliberal del voucher que terminó creando un capitalismo de servicio público. Este tipo de privatización en el resto de América Latina no existe. Todos conocen sobre privatizaciones de telefonías y líneas aéreas, pero no de servicios sociales. Es importante que esto se sepa para comprender por qué la gente explotó como lo hizo.

--En virtud de la envergadura de los acontecimientos, ¿puede considerarse un cambio de clivaje en Chile, en el sentido de un antes y un después en su historia?

--Chile no vuelve atrás. Hasta aquí fue el tiempo en que las reformas neoliberales gozaron de algún nivel de imposición por la fuerza, y que gozaban de cierta efectividad. En este momento la desobediencia civil ha rebasado todo ese tipo de marco y no hay vuelta atrás. En Chile se está gestando un gran cambio histórico. Y uno de los sujetos que empieza a tomar forma es una suerte de nuevo pueblo chileno, que no es el pueblo del siglo XX, no es el pueblo de los obreros industriales y de la clase media desarrollista; esos sectores fueron desmantelados por la transformación neoliberal. Este es el pueblo que engendró el neoliberalismo, y de alguna manera su propio engendro se empezó a poner de a pie. Si en este país fue donde nació el neoliberalismo es posible que sea también en este país donde primero se lo sepulte. Es claro que desde que se generó la transición a la democracia funcionaba mucho en Chile el temor a lo que se llamaba "la regresión autoritaria". De alguna manera eso contenía las protestas. El modelo económico de Pinochet no se modificó en la transición; se hizo una reforma del sistema político pero no del sistema económico. Al contrario, las privatizaciones se profundizaron. Esta cuestión está arrasando con moros y cristianos. Hoy en las marchas no hay banderas de ningún partido. Hay una sociedad que se quiere hacer ver, porque la política estuvo muy encerrada. La distancia entre política y sociedad es muy grande. La participación electoral ronda el 40%. Los segundos gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera han tenido un respaldo de menos del 25% del total del electorado potencial. No hay grandes mayorías políticas. Y en ese gigantesco divorcio entre política y sociedad fue apareciendo todo esto. La última encuesta de la Universidad de Chile indica un respaldo del 83% de la población a la protesta. La gente explotó más allá de ser de izquierda o derecha. Hasta hay gente de acuerdo con Pinochet que hoy sale a protestar.

--¿Y esto por qué?

--Porque terminaron convirtiendo en mercancía cosas de nuestra reproducción de la vida cotidiana. La vejez es una mercancía en este momento. Entonces ya nadie sabe qué tipo de vejez va a tener. Te venden mucho acerca de nuevas clases medias, pero basta que alguien se enferme para que caiga tres o cuatro estratos. Tal grado de volatilidad genera en el individuo una gran crisis de incertidumbre.

--Estos nuevos modos de manifestación exigen nuevos modos de representación. ¿Qué debería revisar la izquierda para volver a ser la referente política de muchas de estas demandas?

--La izquierda tiene que dejar atrás algunas fórmulas del siglo XX. Hoy estamos lidiando, por un lado, con una demanda de derechos sociales universales, que implica poner más Estado en ciertos puntos; por otro, el mismo individuo está pidiendo una mayor autonomía individual. En este punto, la izquierda históricamente no ha sabido lidiar con las demandas de autonomía individual. Para decirlo bien autocríticamente, el precio a pagar por la igualdad en el siglo XX era sacrificar la libertad. Eso hoy no funciona; tenemos una sociedad distinta. Además, de alguna manera, el ciclo capitalista neoliberal en Chile cambió toda la estructura de clases. Ya no está la vieja clase obrera industrial -por eso es que no se ven sindicatos en las marchas, ni tampoco está la vieja clase media desarrollista, porque todo eso ha sido desmantelado y expulsado del Estado. Tenemos que hablarle a otro pueblo y a otro panorama social. El desafío de la izquierda es apropiarnos del presente, de esta nueva geografía social que está explotando con sus demandas, con sus nuevos factores culturales, y no seguir más bien en una especie de repliegue identitario en una cueva donde los que se reúnen son los convencidos de siempre. Hoy hay que salir a la calle. Necesitamos una nueva izquierda para un nuevo pueblo.

--En diversos sectores y países Chile gozaba de buena reputación económica internacional. De alguna manera, la protesta social desnudó la fuerte desigualdad social y le sacó el disfraz al "oasis" defendido por Piñera.

--La paradoja chilena, que confunde afuera, plantea lo siguiente: al mismo tiempo que disminuye la pobreza aumenta la desigualdad. Es cierto que disminuyó la pobreza y que ya no es la de niños sin zapatos. Pero creció la desigualdad en paralelo. Hay un sector que se apodera de todo ese crecimiento de una manera brutal. Y contra eso se está rebelando esta historia. La oposición que se crea entre este nuevo pueblo y esta nueva neo-oligarquización neoliberal es distinta al conflicto social que hayamos podido tener en el siglo XX. El "oasis" de Piñera es uno en el que está su casa y la de sus vecinos. Hay un nivel de mercantilización y privatización de la vida que, en nombre de la libertad que nos trajo el neoliberalismo, nos terminó robando la soberanía y el control de nuestras propias vidas. La Concertación no privatizó, pero concesionó. Los gobiernos de la Concertación fueron simplemente neoliberales. En Chile no existe nada público hace ya mucho tiempo. Y entonces, en esa distancia entre política y sociedad, la situación explota con estos niveles que han sido advertidos de inorganicidad política. Aquí es donde empieza a ocurrir algo interesante, que tiene que ver con la aparición de un enjambre de nuevas coordinadoras.

--¿Coordinadoras en tanto nuevos actores sociales?

--Diferentes a los viejos actores sociales. Me refiero a las coordinadoras de la soberanía del agua, de las pensiones, las distintas coordinadoras feministas, etc. Coordinadoras que responden a nuevos focos de conflicto propios de este siglo de expansión capitalista de fines del siglo XX. Chile es un laboratorio, por el nivel extremo al que han llegado estas cosas. Se empiezan a constituir nuevas formas de organización para responder a esas cuestiones. Se verá en qué medida madurarán o no como los grandes actores sociales de este período, pero es indiscutible que son quienes más efectividad tienen para llamar a las marchas. En cambio, las viejas centrales sindicales en este momento no movilizan a nadie. Lo que ocurre en las calles es impresionante. Chile ya despertó. Las versiones más lucidas del empresariado deberían darse cuenta de que si quieren paz social eso tiene un costo y tienen que meterse las manos en el bolsillo. En algunos sectores empresariales esa discusión está transcurriendo, pero todavía no hay una claridad con cómo enfrentar esta situación. El sistema de presiones que se expresa arriba de la figura presidencial es tremendo. Piñera pasó de decir que escuchó al pueblo a decir que estábamos en guerra.

--Se habla de 22 personas fallecidas, más de 2 mil heridos y 6 mil detenidos. ¿Hay registros de esto?

--Es muy preocupante. Recién ahora se están construyendo los registros de lo ocurrido. Tenemos una delicada situación con los derechos humanos. Las cifras que se manejan a este respecto son muy dispares e indeterminadas. Los casos más emblemáticos en el último tiempo son los de pérdida de visión; un alto número de jóvenes víctima de trauma ocular por el uso de balines disparados directamente a la cara. Hay una cosa conservadora contra la adolescencia que es brutal. Se habla también de violaciones masivas a muchachas jóvenes en cuarteles policiales y centros de detención. Lamentablemente la sociedad ha tenido que pagar un costo muy grande para empezar a sacarse de encima una Constitución que va para 40 años.

--Sobre este último punto, el jueves 14 se llegó a un acuerdo parlamentario para una nueva Constitución. ¿Cómo cree que seguirá todo a partir de este anuncio?

--Lo que queda claro es que el pueblo chileno no está pidiendo ser representado sino que está exigiendo participar. Por lo tanto, el tema de una nueva Constitución tiene que llevar a formas de participación muy relevantes. El cómo no es secundario. La oferta presidencial apunta más bien a una especie de reforma constitucional encerrada en el Parlamento. De modo que es muy difícil que así vayan a resolver los instintos de movilización popular. El gobierno continúa con una defensa cerrada del modelo socioeconómico, de las ventajas y privilegios que establece para una casta muy pequeña. Eso deja las cosas en muy mal pie para poder vislumbrar avances hacia cualquier acuerdo social mayor. Es necesario avanzar también en una agenda de corto plazo, más allá de una agenda de mediano plazo.

--¿Qué cuestiones debería atender cada una?

--Por un lado, hay una agenda de mediano plazo, que es sobre la que se está insistiendo y que tiene que ver en el fondo con deshacernos de la Constitución que nos heredó Pinochet. Transformar esa Constitución significa una discusión sobre cómo cambiar el modelo de desarrollo, el tipo de inversión extranjera, y cómo construir derechos sociales sobre ciertas cosas mercantilizadas de la vida, entre otros puntos. Pero una nueva Constitución no va a estar operando en el corto plazo; hay que avanzar pero sabiendo que es de mediano plazo. Y habrá que buscar los mecanismos participativos, en medio de la crisis de legitimidad de las instituciones políticas, que permitan dar garantías de modificar ese camino. Por otro lado se necesita una agenda corta, en la que se atiendan cuestiones muy concretas como la cuenta de la gente a fin de mes, los precios de los medicamentos, el acceso a los ahorros de los fondos de pensión... Porque en nombre de la libertad no nos dejan acceder a nuestros fondos de pensiones. Hay 37 mil enfermos terminales que no tienen acceso a sus fondos de pensiones de ahorro. Se trata de abrir un nuevo ciclo histórico, con un cambio de modelo de desarrollo, con una reforma al sistema de Estado y un cambio de régimen político. En torno a esa posibilidad de liderar un horizonte para ese ciclo histórico es donde van a tener que madurar ciertos liderazgos políticos. Ahí se va a probar realmente cuál empieza a ser la izquierda del siglo XXI.

--Con la aprobación de Piñera en un 13%, ¿cómo imagina los meses venideros del gobierno?

--Su situación es muy precaria. Un régimen político tan marcadamente presidencialista como el chileno está en este momento con una figura presidencial muy débil; el panorama es de un régimen presidencialista sin presidente. Algunos días atrás anunció la promulgación de más leyes represivas, con formas de detención mucho más arbitrarias de las que ya teníamos, un repliegue autoritario que no facilita llegar a un diálogo. De momento la situación es muy cerrada. Quedan no pocos intersticios para aventuras más autoritarias, sobre todo de sectores más de ultraderecha. No creo que pueda haber una hegemonía muy larga de ese tipo de aventuras, pero sí puede haber una situación de dos o tres semanas muy negras. De ahí que la protesta social tenga que ser muy responsable, porque tiene que entender que la única vía para resolver sus problemas, sus intereses sociales, es la democracia. Cierto empresariado no la está defendiendo y el presidente tampoco. Nosotros somos los que tenemos que evitar las provocaciones de la derecha y aferrarnos a la democracia.

--Señala que hoy la defensa de la democracia en Chile está en manos del pueblo. En paralelo, en la últimas horas se perpetró un golpe de Estado en Bolivia.

--De manera muy clara, hay que condenar cualquier aventura golpista. En América Latina sabemos a un precio muy alto lo que eso significa. La injerencia militar, y en particular esas oligarquías racistas que hay en Bolivia, son condenables de manera irrestricta. A esto añadiría, y lo haría como un reclamo a las fuerzas progresistas y de izquierda en general, que tenemos que reflexionar acerca de por qué pasan estas cuestiones. Una reflexión que no existió, por ejemplo, sobre lo sucedido en Nicaragua. Cómo se terminan desvirtuando ciertos procesos de transformación popular. En el caso boliviano hay un ensanchamiento y una mayor complejidad de la alianza social sobre la que se sostenía el proyecto de transformación que no fue adecuadamente incorporada en los últimos años en términos políticos y de participación. Por lo tanto ahí se produce también cierta dosis de resquebrajamiento de esa alianza social de sustento político, y esto lo aprovechan el militarismo, las oligarquías racistas y la que nunca falta en América Latina, la injerencia extranjera. 

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Domingo, 17 Noviembre 2019 09:59

Neoliberalismo, ¿tercera fase?

Neoliberalismo, ¿tercera fase?

Es una dinámica conocida: la caída de la tasa de ganancia y la necesidad de incrementar la explotación de la fuerza de trabajo impulsan al capitalismo a tres tipos de disputas: 1) pugnas entre países por mayores porcentajes en el comercio global y saqueos de las economías periféricas, contradicción que en repetidas ocasiones se salda con guerras diferidas o directas; 2) implementación de reformas en la mayor cantidad de países posibles, con el propósito de esquilmar los ingresos directos e indirectos de quienes generan la riqueza social, acción que provoca la reacción/defensa de los afectados como exigencia de respeto a sus derechos históricos y, en lo posible, mejoras en sus condiciones de vida; en ocasiones, demanda de cambio total de las reglas de juego –otro sistema social–, pero no siempre es así; 3) brutales ajustes económicos que implican reducir el gasto público social, las importaciones, y la demanda interna de bienes de la canasta familiar para cubrir la brecha de pagos de la deuda externa y honrar sus deudas reprogramadas con el capital financiero transnacional.


Vivimos estos escenarios en los meses y días que pasan. Entre ellos, por un lado y como parte de la geopolítica global, las potencias dirimen tal disputa en territorios ajenos y a través de terceros países –Arabia Saudita vs. Irán, con Yemen como país afectado; Estados Unidos vs. Rusia, con una confluencia de otras fuerzas que implican a Turquía, Israel, Iraq, Irán, Isis, con Siria como país afectado y telón de fondo; Estados Unidos vs. China, en una conocida disputa comercial que antecede la posible confrontación global de próximas décadas. En nuestra subregión, sin ascender aún a lo bélico, la contienda compromete a los Estados Unidos y sus aliados regionales (Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil y otros) en contra de Venezuela, Bolivia y, más allá de la subregión, Nicaragua y Cuba, y en el trasfondo Rusia y China.

Como es típico de los Estados, con preeminencia de los imperios, en estas disputas, en cualquiera de las formas que asuman, defienden de manera prioritaria a sus multinacionales, consiguiendo para ellas beneficios de todo tipo, además de propiciarles mano de obra abundante, especializada y por pagar con salarios mucho más bajos que los cancelados en la metrópoli.

Es una disputa, una contradicción latente y permanente que nos recuerda que ‘mercado libre’ y guerra van de la mano, y que los cañones son precisamente la otra materialización de la ‘diplomacia’, los martillos que derrumban muros e imponen las lógicas del poder, de manera tal que todo aquello que el capital no logra someter a través de leyes, endeudamiento, amenazas, bloqueos, condicionantes y similares, su violencia, legitimada por distintos conductos, lo impone, así sea destruyendo el país objeto de sus cañones, cuya reconstrucción será el conducto para imponer los mandatos del capital.

Por otro lado, lo vivimos actualmente en el sur de nuestro continente, donde los detentadores del capital avanzaron en los últimos años usurpando las condiciones de vida digna de amplios sectores sociales, así como de sus derechos políticos –Chile– y en otros –Ecuador–, pretendiendo arrinconar a la sociedad para despojarla de buena parte de sus conquistas históricas.

El de Suramérica es un escenario ya sufrido por amplios sectores sociales, en tanto que en décadas recientes ya les habían arrebatado, tanto en los países relacionados como en todos los que integran el mapa de esta subregión del mundo, parte de sus conquistas laborales, económicas y políticas, a través de lo que se conoce como reformas neoliberales de primera y segunda generación. Pero ahora, ante la prolongada caída de la tasa de ganancia y el cambiante cuadro geopolítico global, vuelven por las mismas.

Como efecto de las aludidas reformas, en los años 80 del anterior siglo, en una primera ofensiva del capital sobre el trabajo, parte de los activos públicos sufrieron su privatización y el comercio perdió controles de Estado hasta ser liberalizado en su totalidad. El mercado laboral empezó su flexibilización, iniciando la contratación indirecta de mano obra, legalizando las empresas de intermediación y contratación laboral, zafando al patrón de la contratación directa, y abriendo de esta manera las puertas para quebrar el salario y la estabilidad laboral. La ofensiva contra los sindicatos y la sindicalización encontró acá también un espacio: una agresiva política laboral y económica sobre la cual volverán.

En los años 90 de igual centuria, impusieron la segunda ofensiva, precedida y presionada asimismo por el Consenso de Washington (1), con la cual van mucho más allá, en la medida en que las reformas con afectaciones particulares ya no son el propósito sino que en el centro de la misma entró como prioridad la reforma del conjunto del Estado, legalizándose la ofensiva neoliberal a través de las cartas constitucionales de los países objeto de esta ofensiva. Es así como toda la administración pública es adecuada para que el capital opere y pueda fluir sin obstáculo alguno, hasta el punto de que todo le es permitido, para lo cual la administración pública se ajusta a sus demandas y con ella la administración de justicia, aparato adecuado para proteger en forma integral los intereses de las minorías.

Entre una y otra reforma, como resultado del dominio del capital financiero en el nivel global, la financiarización entra a reglar la economía y los intercambios sociales. De este modo, la globalización, por este y otros conductos, impone sus dominios, lógicas e intereses, recordando la máxima de Henry Kissinger, secretario de Estado en la era Nixon: “Controla el petróleo y controlarás a las naciones; controla los alimentos y controlarás a la gente; controla el sistema financiero y controlaras el mundo”.
La concreción de estas reformas no fue impune, ya que en diversos países se sucedieron resistencias sociales como el famoso caracazo, el alzamiento zapatista en contra del Tclan, que, como todos los tratados comerciales de estas dé, aplican como punta de lanza para obligar a la apertura neoliberal, la crisis de Argentina de los años 2000, así como los alzamientos sociales que dieron cuenta de tres presidentes en Ecuador. Y mientras todo ello sucedía, antes, en medio y después, la intervención de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, bajo la égida de Estados Unidos, hegemónico en ese momento en el panorama global.

Para el caso de Colombia, que en 1991 ajustó su Carta Magna a tales postulados, la crisis económica de 1999 fue ocasión para someter al Estado y la sociedad toda a la dinámica neoliberal, para lo cual la conjunción, con todo el instrumental guerrero –legal e ilegal–, fue el conducto para contener cualquier inconformidad social. Una particularidad continental necesaria de resaltar, adjunta al efecto del narcotráfico como un producto de exportación y colchón económico, además de somnífero cultural y atomizador social.

Estos factores, los culturales, con amplios efectos sociales, son la otra variable neoliberal que permeó a las sociedades, sometidas a una ofensiva consumista como vehículo para estimular la producción de los grandes y medianos grupos económicos, de cuya mano se eleva la tasa de ganancia que dinamiza al capitalismo. Indicadores en el PIB de las potencias de ciento y más por ciento llegó a ser su reflejo, con la excepción de China, siempre muy por encima de tal indicador. Se trata de un crecimiento que revienta en 2007 con la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis económica y financiera que desata, de la cual el capitalismo no logra todavía recuperarse totalmente.

Precisamente, como una de las variables que buscan dar cuenta de tal realidad, el actual gobierno de los Estados Unidos, aferrado a un nacionalismo proteccionista que desdice parcialmente de la globalización pero no así del neoliberalismo, desata la guerra comercial en curso, con China como con otros países, a la par de lo cual el cuadro territorial del Sistema Mundo Capitalista va adquiriendo inéditas coordenadas: unos mercados pasan a manos de nuevos intereses, otros entran en disputa y algunos más quedan compartidos, todo ello en medio de tensiones que por momentos hacen tambalear el tablero global.

Es esta una realidad cambiante que por ratos parece indicar que el neoliberalismo está quebrado, pero es sólo la impresión, ya que sus manifestaciones sociales y culturales más profundas no han sufrido resquebrajamiento alguno, como tampoco el mercado global. Además, ni la financiarización ni los ataques contra el mundo del trabajo dejan de sucederse, al igual que otras manifestaciones típicas de esta forma y dinamizador económico y político, con expresiones de gobierno claramente identificables.

Realidad comprobable en el reciente paquetazo que intentaron imponer en Ecuador (ver, “Ecuador, las razones de la rebelión de octubre”, pág. 10), para el cual el conocido argumento del déficit fiscal regresa como excusa para imponer políticas privatizadoras y para la reducción del rol del Estado, para justificar más impuestos para los asalariados y menos para los más ricos, así como “necesaria” flexibilización laboral y menos control a la circulación de divisas, entre otros objetivos pretendidos.
Esto en Ecuador. Pero 22 meses atrás –diciembre de 2017–, ya habían logrado reformar las pensiones en Argentina, pese a la resistencia de sus fuerzas sindicales (2), propósito que también lograron concretar en Brasil (3) y que asimismo buscan implementar en Colombia, donde la sociedad ya está avisada del trámite futuro de más flexibilidad laboral, a la par de transformar el sector de las pensiones, para beneficio del sector financiero y empresarial en general. Tales reformas les aseguran a las oligarquías de esta parte del mundo los recursos suficientes para cumplir con el pago de la deuda pública, según las exigencias del cancerbero del sistema capitalista, el Fondo Monetario Internacional.

Una vez más, tales reformas repiten experiencias ya vividas: apertura económica y laboral, desmonte de subsidios, incremento de tarifas de servicios públicos, privatización de los pocos bienes que continúan en manos públicas, todo para que el capital gane más, medidas estas argumentadas desde la promesa nunca cumplida de crear más empleo, reducir los niveles de amplia desigualdad social que registran estas sociedades y otros decires similares aireados por la mass media oficiosa, promesas que el viento se lleva.

En esta ocasión, la nueva ofensiva va de la mano de la banca multilateral, de organizaciones tipo Ocde, así como de instancias de coordinación y convivencia entre países, como la OEA, en un intento asimismo por recuperar recursos naturales, dominio territorial y mercados como Venezuela, Bolivia, Cuba y otros, a fin de asegurar el dominio de Estados Unidos.

La dificultad que encuentran estos organismos e instancias regionales y globales para aplicar sus mandatos es que todo su recetario ya es conocido, y que sus efectos han sido perversos al ahondar las tasas de desigualdad conocidas por estas sociedades, así como acrecentar su deuda externa, a la par de acostumbrarlas a vivir con el desempleo como problema estructural.

En estas condiciones, no es casual la insubordinación social que conmocionó a Ecuador a lo largo de la primera quincena de octubre. Tampoco lo es la mayúscula movilización social que conmociona a Chile, respuesta creciente y solidaria de un pueblo que por más de treinta años ha padecido el neoliberalismo, y con éste la privatización de los derechos humanos: salud, educación, pensiones, transporte, etcétera, a la par del dominio de un disciplinamiento social solamente útil para el capital.

Insubordinación con logros específicos que permiten asegurar que el capital sufre en esta parte del mundo una derrota parcial. Pero es necesario recordar que el neoliberalismo es flexible, que no tiene un solo cuerpo y que sabe esperar. Por ahora, guardará la cabeza en algunos de los países de la región, mientras en otros actuará, dependiendo de la correlación de fuerzas. Como sea, más tarde o más temprano, regresará tras su pretendida recuperación de la tasa de ganancia a costa de quienes viven de su fuerza de trabajo, y que únicamente podrá ser derrotado si encuentra en toda la región, y más allá de ésta, un modelo social, económico y político, una propuesta de Estado integral, humanista, basada en la solidaridad y la defensa del bien común, con un modelo de vida que armonice a la humanidad con la naturaleza, que lo confronte y logre ganar el apoyo de los cuerpos sociales.


Hace dos o tres décadas, la sociedad desconfiaba de tal posibilidad. Hoy, producto de la cuarta revolución industrial en marcha y la gigantesca masa de información potenciada por la misma, reconoce que sí son posibles la justicia, la democracia integral y la concreción plena de la Carta de Derechos Humanos, y con ello la materialización de vida digna como precepto elemental de cualquier sociedad, todo ello, como es evidente, antípoda del neoliberalismo. La lucha de clases está de vuelta.

 

1. Con ese nombre se conoció el cambio de paradigma cuyo origen está ligado a la crisis de la deuda de 1982. Los países de Latinoamérica habían estado viviendo de dinero prestado desde mediados de los años 70, los años en que vivió más allá de sus posibilidades. Finalmente le pasaron la cuenta de cobro a la región con gran severidad. El viejo modelo de intervención estatal y proteccionismo había llevado a distorsiones económicas de escala patológica. Pero el remedio, el neoliberalismo, fue peor que la enfermedad.
2. https://www.elmundo.es/internacional/2017/12/19/5a38f493268e3e3e718b4632.html.
3. https://www.france24.com/es/20191023-brasil-senado-reforma-pensional-bolsonaro.

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El Gobierno chileno y la oposición acuerdan un plebiscito para redactar una nueva Constitución

El acuerdo fue respaldado por el oficialismo y la oposición -a excepción del PC- y contempla la celebración de un 'plebiscito de entrada' en abril de 2020.

Tras una intensa jornada de negociaciones, el Congreso de Chile ha llegado la madrugada de este viernes (hora local) a un acuerdo base para elaborar una nueva Constitución que reemplace el texto vigente desde 1981, cuestión que será planteada en plebiscito a la ciudadanía.

El acuerdo fue respaldado por el oficialismo y la oposición -a excepción del PC- y contempla la celebración de un 'plebiscito de entrada' en abril de 2020. "Ahora le corresponderá a la ciudadanía decidir democráticamente en plebiscito. Muere la Constitución del 80 en dictadura, y nace una en democracia", escribió en Twitter Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia (PPD).

En un documento de dos páginas, los representantes políticos recogieron las principales propuestas para llevar a cabo el proceso calificado como "histórico".

El primero de los 12 puntos del acuerdo establece que los partidos que lo suscriben "vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile", así como "el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente".

Por su parte, el presidente del Senado, Jaime Quintana, señaló que el acuerdo es una salida pacífica y democrática ante la crisis que atraviesa Chile desde octubre.

"Somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado", señaló el dirigente y recalcó que los resultados de esta jornada son "una victoria de toda la ciudadanía".

Preguntas del plebiscito

Una de las primeras preguntas planteada a los votantes será si apoya o no un cambio constitucional. Posteriormente, la ciudadanía deberá elegir entre dos mecanismos para la elaboración de la Carta Magna: una convención constituyente compuesta en un 100 % por ciudadanos y la otra, una convención mixta conformada 50 % por parlamentarios y 50 % por miembros electos para este fin.

¿Qué pasará después?

Tras el plebiscito, se prevé la elección de los constituyentes en octubre del próximo año junto a los comicios para gobernadores y alcaldes. Posteriormente, los integrantes trabajarán durante 9 meses con un único plazo prorrogable de 3 meses.

Finalmente, el nuevo texto constitucional se someterá a un "plebiscito ratificatorio" de votación obligatoria.

Publicado: 15 nov 2019 05:53 GMT

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El "éxito" del modelo: endeudar a los chilenos

Había una vez un papá que tenía un montón de plata guardada bajo el colchón, pero que mandaba a sus hijos con los zapatos rotos al colegio. Según la ortodoxia de los economistas que han manejado el Estado hasta hoy en Chile, ese es un papá ejemplar y responsable porque ahorra y no gasta. Había también una mamá que no tenía plata bajo el colchón, pero que necesitaba comprar un remedio para su hijo enfermo, y que decidió comprar ese remedio con su tarjeta de crédito. Según esos mismos economistas, esa mamá es una populista irresponsable. Santificar el ahorro y demonizar el gasto público tiene estos absurdos.

Por eso mi propuesta es heterodoxa. Dado el contexto de la urgencia social destapada en esta fiesta de la democracia que es la manifestación social -otros ven en ella barbarie y la reprimen-, la propuesta de "Agenda Social" del Gobierno es absolutamente mezquina. Es necesario multiplicar por 5 ese paquete fiscal propuesto, de apenas 1200 millones de dólares -que en realidad son 600 millones, porque la otra mitad son simplemente reasignaciones presupuestarias, vale decir, desvisten un programa del Estado para vestir a otro- y para eso debemos romper la regla fiscal del 3%, tomando deuda pública de manera responsable.

Chile tiene una deuda fiscal pública baja, de menos del 40%. Hay economías sanas que deben 100%, 170%. Luego, Sebastián Piñera puede perfectamente, por un tiempo, endeudar conservadoramente al Estado, porque, igual que los padres que deben comprar zapatos, o las madres que deben comprar remedios, los chilenos y chilenas están viviendo un sufrimiento que es inaplazable.

Por lo demás, no es verdad que Chile no esté endeudado. Lo que pasa es que el modelo neoliberal chileno consistió en quitar sus deberes al Estado (salud, educación, pensiones, fiscalización de derechos, etc.), y trasladar esos deberes privadamente a las personas, quienes, para cumplirlos, han debido endeudarse hasta más arriba de la coronilla, y pagar de su bolsillo -y no a través de sus impuestos- por esos derechos que el Estado tiene el deber de administrar y solventar. Las élites achicaron el Estado e hicieron crecer la economía con las tarjetas de crédito de los chilenos y chilenas.

Por eso, un Estado como el chileno pudo soportar que se privatizaran casi todas sus empresas y jibarizarse tanto. Por eso pudieron enriquecerse tanto unos pocos y debieron endeudarse tanto todo el resto. Porque este es un modelo astuto, no inteligente. Tal vez siquiera es un modelo neoliberal, probablemente es simplemente un modelo oligárquico. Se hicieron más ricos no solo privatizando en dictadura las empresas del Estado, sino que, al mismo tiempo, cargaron su fortuna a las tarjetas de crédito de todos los chilenos y chilenas

Pero no basta con esto. Los chilenos y las chilenas me conocen. Fui candidato presidencial 3 veces, por primera vez en 2009, y en todos mis programas mis compromisos fueron: impuesto específico a los súper ricos, nacionalización de las riquezas naturales, descentralización, transformación al sistema de pensiones, de salud y de educación por sistemas públicos, y un largo etcétera, que es ese mismo etcétera está hoy en la calle.

Hoy, más que nunca creo que esas medidas son necesarias, pero también, creo que hay que aprovechar esta coyuntura -de politización de la sociedad- para reordenar las reglas de este juego donde siempre ganan los mismos. Por eso, en paralelo a la reestructuración del gasto público, debemos comenzar también, por otro de los pregones a los que me sumé con fuerza el 2010: La escritura de una Nueva Constitución. El mecanismo es simple y Sebastián Piñera puede empezar ahora mismo si quisiera: a través de un proyecto de ley con discusión inmediata, que reforme la constitución, que deberá ser aprobado en pocas horas por ambas cámaras, y que permita la realización de un plebiscito, que deberá realizarse dentro de los 6 meses siguientes. Para entonces, una asamblea constituyente habrá redactado una Nueva Constitución que será, por fin y sobre todo, legítima. Una constitución política ilegítima, que no representa a nadie es inútil, porque se convierte en un sistema de reglas al que deberás someter al pueblo a través del terror y no de la razón. Y ya basta de terror en las calles de Chile. 

Marco Enríquez-Ominami es ex candidato presidencial por el Partido Progresista en Chile. Grupo de Puebla.  

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