La protesta contra la reforma de las pensiones en Francia da síntomas de erosión

Nueva jornada de manifestaciones en Francia mientras el Gobierno negocia con los sindicatos moderados

La oposición frontal a la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron se erosiona levemente, aunque resiste y está lejos de plegar velas. Tras la cuarta jornada de manifestaciones nacionales en poco más de un mes, ayer, se prepara la quinta para mañana. El Gobierno francés confía en que la pérdida paulatina de apoyos a la protesta, la división de los sindicatos, la concesiones en la negociación y la política de los hechos consumados le permitan imponer una reforma central en el programa del presidente de la República.

Las más de 200 manifestaciones convocadas ayer en toda Francia sirvieron para medir la capacidad de resistencia de un movimiento que, pese a la erosión del tiempo y a su carácter numéricamente minoritario, goza aún de una amplia simpatía popular. También mantiene la capacidad para perturbar la vida cotidiana de los franceses que viven en áreas metropolitanas como la de París y dependen del metro o el tren de cercanías para desplazarse al trabajo.

Las cifras oficiales reflejan un descenso de participantes en la manifestación de ayer respecto de la anterior, el 17 de diciembre. Ese día salieron a la calle, en todo Francia, 615.000 manifestantes, según el Ministerio del Interior. En la jornada de ayer fueron 452.000. Las cifras que da el sindicato CGT suelen multiplicar por dos o por tres la oficial, pero es significativo que, respecto a la marcha en París, la cifra oficial coincida —incluso es superior— a la del centro independiente Occurrence: 56.000 el primero; 44.000 el segundo.

Más allá de la batalla de cifras, la tendencia señala una bajada lenta del poder de convocatoria sindical, pero insuficiente en todo caso para desinflar el movimiento. Al mismo tiempo, la tendencia descendente indica las dificultades de la protesta para sumar nuevos apoyos y transformarse en un movimiento masivo. Macron y su primer ministro, Édouard Philippe, creen que esto les concede una ventaja clara respecto a las huelgas de 1995, que acabaron forzando al Gobierno a una retirada de una reforma similar.

Un 47% de franceses tiene una opinión positiva del movimiento antirreforma y un 35%, negativa, según un sondeo del instituto Ifop. El apoyo es considerable, pero inferior al de otras movilizaciones similares del pasado, como la de 1995 o la de 2010.

Los sindicatos están divididos. En las manifestaciones no participó el reformista CFDT, el primero de Francia. Al contrario que la CGT, principal organización contraria a la reforma, la CFDT no pide la retirada completa de la reforma. Apoya la idea básica —fusionar en uno solo los 42 regímenes de pensiones actuales e instaurar un nuevo sistema de cálculo— pero discrepa de otro punto clave: los 64 años como edad para cobrar la jubilación plena (la edad legal de retiro es ahora de 62 años).

El Gobierno ha hecho varias concesiones que permitirán a algunos sectores profesionales largos periodos de transición hacia el nuevo sistema, pero el punto donde todo encalla son los 64 años. A iniciativa de la CFDT, el Gobierno ha convocado para hoy una reunión con vistas a la celebración de una conferencia sobre la financiación de las pensiones. Esto permitiría desgajar, como desea la CFDT, las dos patas de la reforma. Por un lado, el cambio sistémico de 42 regímenes a uno. Por el otro, la búsqueda del equilibrio financiero que obligaría a prolongar la edad de jubilación, a aumentar las cotizaciones o a rebajar las pensiones.

Un acuerdo del primer ministro Philippe, con el líder de la CFDT, Laurent Berger, dejaría sin responder a la exigencia de la CGT y los sindicatos que quieren la retirada del proyecto, pero permitía desatascar el pulso. El Consejo de Ministros prevé examinar la ley el 24 de enero y presentarla a la Asamblea Nacional a partir del 17 de febrero para que se apruebe definitivamente antes del verano.

Por MARC BASSETS

París 9 ENE 2020 - 14:42 COT

Publicado enInternacional
Lunes, 30 Diciembre 2019 09:35

Neoliberalismo, ¿tercera fase?

Neoliberalismo, ¿tercera fase?
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 Es una dinámica conocida: la caída de la tasa de ganancia y la necesidad de incrementar la explotación de la fuerza de trabajo impulsan al capitalismo a tres tipos de disputas: 1) pugnas entre países por mayores porcentajes en el comercio global y saqueos de las economías periféricas, contradicción que en repetidas ocasiones se salda con guerras diferidas o directas; 2) implementación de reformas en la mayor cantidad de países posibles, con el propósito de esquilmar los ingresos directos e indirectos de quienes generan la riqueza social, acción que provoca la reacción/defensa de los afectados como exigencia de respeto a sus derechos históricos y, en lo posible, mejoras en sus condiciones de vida; en ocasiones, demanda de cambio total de las reglas de juego –otro sistema social–, pero no siempre es así; 3) brutales ajustes económicos que implican reducir el gasto público social, las importaciones, y la demanda interna de bienes de la canasta familiar para cubrir la brecha de pagos de la deuda externa y honrar sus deudas reprogramadas con el capital financiero transnacional.


Vivimos estos escenarios en los meses y días que pasan. Entre ellos, por un lado y como parte de la geopolítica global, las potencias dirimen tal disputa en territorios ajenos y a través de terceros países –Arabia Saudita vs. Irán, con Yemen como país afectado; Estados Unidos vs. Rusia, con una confluencia de otras fuerzas que implican a Turquía, Israel, Iraq, Irán, Isis, con Siria como país afectado y telón de fondo; Estados Unidos vs. China, en una conocida disputa comercial que antecede la posible confrontación global de próximas décadas. En nuestra subregión, sin ascender aún a lo bélico, la contienda compromete a los Estados Unidos y sus aliados regionales (Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil y otros) en contra de Venezuela, Bolivia y, más allá de la subregión, Nicaragua y Cuba, y en el trasfondo Rusia y China.

Como es típico de los Estados, con preeminencia de los imperios, en estas disputas, en cualquiera de las formas que asuman, defienden de manera prioritaria a sus multinacionales, consiguiendo para ellas beneficios de todo tipo, además de propiciarles mano de obra abundante, especializada y por pagar con salarios mucho más bajos que los cancelados en la metrópoli.

Es una disputa, una contradicción latente y permanente que nos recuerda que ‘mercado libre’ y guerra van de la mano, y que los cañones son precisamente la otra materialización de la ‘diplomacia’, los martillos que derrumban muros e imponen las lógicas del poder, de manera tal que todo aquello que el capital no logra someter a través de leyes, endeudamiento, amenazas, bloqueos, condicionantes y similares, su violencia, legitimada por distintos conductos, lo impone, así sea destruyendo el país objeto de sus cañones, cuya reconstrucción será el conducto para imponer los mandatos del capital.

Por otro lado, lo vivimos actualmente en el sur de nuestro continente, donde los detentadores del capital avanzaron en los últimos años usurpando las condiciones de vida digna de amplios sectores sociales, así como de sus derechos políticos –Chile– y en otros –Ecuador–, pretendiendo arrinconar a la sociedad para despojarla de buena parte de sus conquistas históricas.

El de Suramérica es un escenario ya sufrido por amplios sectores sociales, en tanto que en décadas recientes ya les habían arrebatado, tanto en los países relacionados como en todos los que integran el mapa de esta subregión del mundo, parte de sus conquistas laborales, económicas y políticas, a través de lo que se conoce como reformas neoliberales de primera y segunda generación. Pero ahora, ante la prolongada caída de la tasa de ganancia y el cambiante cuadro geopolítico global, vuelven por las mismas.

Como efecto de las aludidas reformas, en los años 80 del anterior siglo, en una primera ofensiva del capital sobre el trabajo, parte de los activos públicos sufrieron su privatización y el comercio perdió controles de Estado hasta ser liberalizado en su totalidad. El mercado laboral empezó su flexibilización, iniciando la contratación indirecta de mano obra, legalizando las empresas de intermediación y contratación laboral, zafando al patrón de la contratación directa, y abriendo de esta manera las puertas para quebrar el salario y la estabilidad laboral. La ofensiva contra los sindicatos y la sindicalización encontró acá también un espacio: una agresiva política laboral y económica sobre la cual volverán.

En los años 90 de igual centuria, impusieron la segunda ofensiva, precedida y presionada asimismo por el Consenso de Washington (1), con la cual van mucho más allá, en la medida en que las reformas con afectaciones particulares ya no son el propósito sino que en el centro de la misma entró como prioridad la reforma del conjunto del Estado, legalizándose la ofensiva neoliberal a través de las cartas constitucionales de los países objeto de esta ofensiva. Es así como toda la administración pública es adecuada para que el capital opere y pueda fluir sin obstáculo alguno, hasta el punto de que todo le es permitido, para lo cual la administración pública se ajusta a sus demandas y con ella la administración de justicia, aparato adecuado para proteger en forma integral los intereses de las minorías.

Entre una y otra reforma, como resultado del dominio del capital financiero en el nivel global, la financiarización entra a reglar la economía y los intercambios sociales. De este modo, la globalización, por este y otros conductos, impone sus dominios, lógicas e intereses, recordando la máxima de Henry Kissinger, secretario de Estado en la era Nixon: “Controla el petróleo y controlarás a las naciones; controla los alimentos y controlarás a la gente; controla el sistema financiero y controlaras el mundo”.
La concreción de estas reformas no fue impune, ya que en diversos países se sucedieron resistencias sociales como el famoso caracazo, el alzamiento zapatista en contra del Tclan, que, como todos los tratados comerciales de estas dé, aplican como punta de lanza para obligar a la apertura neoliberal, la crisis de Argentina de los años 2000, así como los alzamientos sociales que dieron cuenta de tres presidentes en Ecuador. Y mientras todo ello sucedía, antes, en medio y después, la intervención de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, bajo la égida de Estados Unidos, hegemónico en ese momento en el panorama global.

Para el caso de Colombia, que en 1991 ajustó su Carta Magna a tales postulados, la crisis económica de 1999 fue ocasión para someter al Estado y la sociedad toda a la dinámica neoliberal, para lo cual la conjunción, con todo el instrumental guerrero –legal e ilegal–, fue el conducto para contener cualquier inconformidad social. Una particularidad continental necesaria de resaltar, adjunta al efecto del narcotráfico como un producto de exportación y colchón económico, además de somnífero cultural y atomizador social.

Estos factores, los culturales, con amplios efectos sociales, son la otra variable neoliberal que permeó a las sociedades, sometidas a una ofensiva consumista como vehículo para estimular la producción de los grandes y medianos grupos económicos, de cuya mano se eleva la tasa de ganancia que dinamiza al capitalismo. Indicadores en el PIB de las potencias de ciento y más por ciento llegó a ser su reflejo, con la excepción de China, siempre muy por encima de tal indicador. Se trata de un crecimiento que revienta en 2007 con la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis económica y financiera que desata, de la cual el capitalismo no logra todavía recuperarse totalmente.

Precisamente, como una de las variables que buscan dar cuenta de tal realidad, el actual gobierno de los Estados Unidos, aferrado a un nacionalismo proteccionista que desdice parcialmente de la globalización pero no así del neoliberalismo, desata la guerra comercial en curso, con China como con otros países, a la par de lo cual el cuadro territorial del Sistema Mundo Capitalista va adquiriendo inéditas coordenadas: unos mercados pasan a manos de nuevos intereses, otros entran en disputa y algunos más quedan compartidos, todo ello en medio de tensiones que por momentos hacen tambalear el tablero global.

Es esta una realidad cambiante que por ratos parece indicar que el neoliberalismo está quebrado, pero es sólo la impresión, ya que sus manifestaciones sociales y culturales más profundas no han sufrido resquebrajamiento alguno, como tampoco el mercado global. Además, ni la financiarización ni los ataques contra el mundo del trabajo dejan de sucederse, al igual que otras manifestaciones típicas de esta forma y dinamizador económico y político, con expresiones de gobierno claramente identificables.

Realidad comprobable en el reciente paquetazo que intentaron imponer en Ecuador (ver, “Ecuador, las razones de la rebelión de octubre”, pág. 10), para el cual el conocido argumento del déficit fiscal regresa como excusa para imponer políticas privatizadoras y para la reducción del rol del Estado, para justificar más impuestos para los asalariados y menos para los más ricos, así como “necesaria” flexibilización laboral y menos control a la circulación de divisas, entre otros objetivos pretendidos.
Esto en Ecuador. Pero 22 meses atrás –diciembre de 2017–, ya habían logrado reformar las pensiones en Argentina, pese a la resistencia de sus fuerzas sindicales (2), propósito que también lograron concretar en Brasil (3) y que asimismo buscan implementar en Colombia, donde la sociedad ya está avisada del trámite futuro de más flexibilidad laboral, a la par de transformar el sector de las pensiones, para beneficio del sector financiero y empresarial en general. Tales reformas les aseguran a las oligarquías de esta parte del mundo los recursos suficientes para cumplir con el pago de la deuda pública, según las exigencias del cancerbero del sistema capitalista, el Fondo Monetario Internacional.

Una vez más, tales reformas repiten experiencias ya vividas: apertura económica y laboral, desmonte de subsidios, incremento de tarifas de servicios públicos, privatización de los pocos bienes que continúan en manos públicas, todo para que el capital gane más, medidas estas argumentadas desde la promesa nunca cumplida de crear más empleo, reducir los niveles de amplia desigualdad social que registran estas sociedades y otros decires similares aireados por la mass media oficiosa, promesas que el viento se lleva.

En esta ocasión, la nueva ofensiva va de la mano de la banca multilateral, de organizaciones tipo Ocde, así como de instancias de coordinación y convivencia entre países, como la OEA, en un intento asimismo por recuperar recursos naturales, dominio territorial y mercados como Venezuela, Bolivia, Cuba y otros, a fin de asegurar el dominio de Estados Unidos.

La dificultad que encuentran estos organismos e instancias regionales y globales para aplicar sus mandatos es que todo su recetario ya es conocido, y que sus efectos han sido perversos al ahondar las tasas de desigualdad conocidas por estas sociedades, así como acrecentar su deuda externa, a la par de acostumbrarlas a vivir con el desempleo como problema estructural.

En estas condiciones, no es casual la insubordinación social que conmocionó a Ecuador a lo largo de la primera quincena de octubre. Tampoco lo es la mayúscula movilización social que conmociona a Chile, respuesta creciente y solidaria de un pueblo que por más de treinta años ha padecido el neoliberalismo, y con éste la privatización de los derechos humanos: salud, educación, pensiones, transporte, etcétera, a la par del dominio de un disciplinamiento social solamente útil para el capital.

Insubordinación con logros específicos que permiten asegurar que el capital sufre en esta parte del mundo una derrota parcial. Pero es necesario recordar que el neoliberalismo es flexible, que no tiene un solo cuerpo y que sabe esperar. Por ahora, guardará la cabeza en algunos de los países de la región, mientras en otros actuará, dependiendo de la correlación de fuerzas. Como sea, más tarde o más temprano, regresará tras su pretendida recuperación de la tasa de ganancia a costa de quienes viven de su fuerza de trabajo, y que únicamente podrá ser derrotado si encuentra en toda la región, y más allá de ésta, un modelo social, económico y político, una propuesta de Estado integral, humanista, basada en la solidaridad y la defensa del bien común, con un modelo de vida que armonice a la humanidad con la naturaleza, que lo confronte y logre ganar el apoyo de los cuerpos sociales.


Hace dos o tres décadas, la sociedad desconfiaba de tal posibilidad. Hoy, producto de la cuarta revolución industrial en marcha y la gigantesca masa de información potenciada por la misma, reconoce que sí son posibles la justicia, la democracia integral y la concreción plena de la Carta de Derechos Humanos, y con ello la materialización de vida digna como precepto elemental de cualquier sociedad, todo ello, como es evidente, antípoda del neoliberalismo. La lucha de clases está de vuelta.

 

1. Con ese nombre se conoció el cambio de paradigma cuyo origen está ligado a la crisis de la deuda de 1982. Los países de Latinoamérica habían estado viviendo de dinero prestado desde mediados de los años 70, los años en que vivió más allá de sus posibilidades. Finalmente le pasaron la cuenta de cobro a la región con gran severidad. El viejo modelo de intervención estatal y proteccionismo había llevado a distorsiones económicas de escala patológica. Pero el remedio, el neoliberalismo, fue peor que la enfermedad.
2. https://www.elmundo.es/internacional/2017/12/19/5a38f493268e3e3e718b4632.html.
3. https://www.france24.com/es/20191023-brasil-senado-reforma-pensional-bolsonaro.

Publicado enColombia
Domingo, 29 Diciembre 2019 06:07

Huelga de transporte y chalecos amarillos

Huelga de transporte y chalecos amarillos

Miles de personas marcharon en París

 

Convocados por los chalecos amarillos y sindicatos de transporte los manifestantes ignoraron la tregua navideña pedida por el gobierno. Exigen que el gobierno de Emmanuel Macron dé marcha atrás con su polémica reforma previsional.

Miles de personas marcharon en París convocados por los chalecos amarillos y sindicatos de transporte. Exigen que el gobierno de Emmanuel Macron dé marcha atrás con su polémica reforma previsional . Los manifestantes ignoraron el pedido de tregua navideña solicitado por el Ejecutivo y se volcaron a las calles de la capital francesa. De esta manera la huelga de transporte llegó a los 24 días y podría convertirse en las más importante de la historia de Francia. 

La convocatoria del sábado contó con la particularidad de reunir dos grupos, que no siempre estuvieron en sintonía: los sindicatos más radicales encabezados por la Central General de los Trabajadores (CGT); y el movimiento ciudadano variopinto de los denominados chalecos amarillos, que se originó hace poco más de un año en rechazo a las políticas del gobierno y al sistema burocrático y sindical.

Unos 300 seguidores de los "chalecos amarillos" se concentraron antes de la movilización en la plaza de la Bolsa de París. Allí estuvo Jérôme Rodrigues uno de los fundadores del movimiento, quien hizo una crítica a la propuesta de reforma de las pensiones. Desde allí, caminaron por las calles de París hasta la Estación del Norte, para unirse a la marcha convocada por los sindicatos.

Llevaron pancartas y banderas con lemas como "edad límite, edad tumba", en referencia a la "edad de equilibrio" de jubilación que el gobierno quiere fijar en 64 años para 2027. "¡Huelga, bloqueo, Macron andate!”, fue una de las consignas que corearon los manifestantes. "Pensar en la jubilación es complicado para muchos de nosotros pues ya es difícil llegar a fin de mes, en cambio, en el fondo, es el mismo combate", declaró un chaleco amarillo. El proyecto de reforma jubilatoria también pretende reemplazar los 42 regímenes jubilatorios especiales por un sistema único y universal. Si bien la marcha se desarrolló sin mayores incidentes, hubo algunos choques entre manifestantes encapuchados y miembros de las fuerzas de seguridad. Según cifras de la Policía de París, 4.500 personas participaron de la convocatoria, entre ellos 800 chalecos amarillos.

Desde las organizaciones obreras subrayaron la tenacidad de los trabajadores para sostener la lucha. "Si el gobierno contaba con una tregua por navidades, debe de estar muy decepcionado, porque la movilización sigue aquí", manifestó el líder de la CGT, Philippe Martinez. El principal sindicato de maquinistas de la compañía estatal ferroviaria (SNCF) llamó a manifestar en varias ciudades de Francia. A él se adhirieron los sindicatos del sistema metropolitano de París.

Para los viajeros, la situación era complicada: de media circulan hasta el domingo por la noche 6 de cada 10 trenes de alta velocidad. A partir del primero de enero la frecuencia será aún menor. En París, seis líneas de metro, de un total de 16, estaban cerradas el sábado. Siguiendo esta metodología en 1995 las centrales de trabajadores pararon 22 días. En ese momento lograron que se de marcha atrás a la reforma previsional del entonces primer ministro conservador Alain Juppé. Se espera que logren superar los 28 días de paro que entre 1986 y 1987 llevó adelante la SNCF, también en época navideña. Especialmente porque la reanudación del diálogo entre el gobierno y las organizaciones sindicales y patronales está prevista para el 7 de enero.

Desde el gobierno, se intenta profundizar la división existente entre las centrales obreras reformistas, más dispuestas a encontrar un acuerdo, y las que parten de posiciones maximalistas y rechazan cualquier compromiso. "La CGT practica una forma de sindicalismo que rechaza cualquier reforma. Pero hay otras formas de sindicalismo, con la CFDT o la UNSA, que es más constructivo que el de la oposición sistemática", dijo el secretario de Estado de Transporte, Jean Baptiste Djebbari.

El Ejecutivo espera que la larga duración del paro y el desacuerdo sindical puedan erosionar el movimiento. Sin embargo, los manifestantes se mostraron con la misma determinación que el 5 de diciembre, cuando comenzó la movilización. El martes 31 de diciembre, Macron dará su tradicional discurso de fin de año a los franceses. Se espera que aborde la crisis social generada por el proyecto de reforma jubilatoria, una de las más graves de su mandato.

Publicado enInternacional
Raúl Zibechi: El modelo extractivista como causa del contexto latinoamericano actual

Frente al golpe de Estado en Bolivia y la crisis social, económica y política que gobierna en varios países de Latinoamérica, el periodista uruguayo Raúl Zibechi, entrevistado por Enredando las mañanas, hace foco en el extractivismo como causa fundamental de grandes conflictos actuales.

 “Lo que es común a gobiernos conservadores y progresistas es que ambos son neoliberales. Es un modelo económico basado en el despojo de los territorios, en la transformación de la naturaleza en mercancías, para lo cual es necesario desplazar poblaciones, contaminar y llevar a cabo un modelo extractivo de acumulación por despojo (soja, minería a cielo abierto, grandes obras de infraestructura, especulación inmobiliaria urbana). Ese modelo unos lo administran de un modo y otros de otro, pero el modelo es el mismo. Ahora en Argentina por ejemplo, el tema de la soja y el glifosato no entran en discusión con el cambio de gobierno”.

Zibechi afirma que, independientemente de los gobiernos, lo que está estallando en países como Bolivia, Nicaragua, Brasil y Chile es la crisis que genera el modelo extractivista, que genera un fuerte enriquecimiento del 1%, polarización social, una situación de exclusión y empobrecimiento de las mayorías. El resultado: menos posibilidad de gobernabilidad, ya que las condiciones que impone el modelo son insostenibles, muy duras y excluyentes. Como ejemplo pone lo que pasa en Uruguay: “la mitad de los asalariados tiene un ingreso menor a dos salarios mínimos. No alcanza para vivir”

En cuanto al contexto actual boliviano, el periodista remonta sus causas también a hechos referidos al modelo extractivista, partiendo de una crisis del MAS que comienza en el año 2011 cuando se intentó hacer la carretera que pasaba por reservas naturales del país, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) territorio indígena. Esta carretera estaba financiada por Brasil para la importación de commodities. “Eso es el modelo extractivo. Ahí comienza la crisis. Ahí se produce un enorme movimiento popular de base indígena para detener la carretera. Y a partir de ahí, los dos grandes movimientos  que habían estado involucrados en esa marcha son perseguidos por el gobierno del MAS”. Eso lo suma a algunos desaciertos posteriores del gobierno de Evo Morales, como el haber desoído el referendo de 2016 que proponía su reelección, habiendo modificado órganos del contralor para poder presentarse.

En 2013 Raúl Zibechi había hablado del fin del ciclo progresista, teniendo en cuenta que lo que viniera luego no iba a tener gobernabilidad: “Se evaporó la gobernabilidad porque las bases materiales de la gobernabilidad, que fue lo que Maristella Svampa llamó el consenso de las commodities, se terminó porque las guerras comerciales en el mundo después de las crisis de 2008 son muy agudas, particularmente entre China y Estados Unidos, y porque en la región latinoamericana, la fuerza que han adquirido los movimientos populares hacen que no sean aplicables paquetes de ajuste por parte de ningún gobierno”.

De este modo, el periodista y pensador uruguayo explicó para Enredando las Mañanas cómo la profundización del modelo extractivo está en el trasfondo de la crisis del MAS en Bolivia, y de otros conflictos latinoamericanos actuales.

28 diciembre 2019 

Publicado originalmente en RNMA

Publicado enSociedad
Chile decidirá el futuro de su Constitución el 26 de abril en un referéndum 

El presidente del país, Sebastián Piñera, ha convocado el plebiscito tras las protestas sociales que reclamaban una solución a la desigualdad desde el pasado octubre. La votación planteará dos opciones: deshacerse definitivamente del texto normativo vigente desde la dictadura de Pinochet y redactar uno nuevo o una nueva reforma del mismo. 

 

La incansable lucha social de los chilenos por un cambio en su Constitución finalmente ha dado sus frutos. Después de llenar las calles de protestas desde el pasado 18 de octubre, el presidente del país, Sebastián Piñera, ha escuchado sus reclamas y ha convocado un referéndum en el que los ciudadanos podrán decidir sobre el futuro de su principal texto normativo. 

El plebiscito presentará dos opciones: o bien redactar una nueva Constitución o bien reformar la actual, vigente desde el año 1980 y creada durante la dictadura de Augusto Pinochet. La votación ha sido finalmente confirmada por Piñera este viernes con la firma de un decreto en el Palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo.

"No es una elección cualquiera, porque con esta acción democrática y republicana vamos a tener que optar entre dos alternativas, las dos igualmente legítimas y democráticas", ha explicado Piñera.

La redacción de una nueva Carta Magna es uno de los principales clamores del estallido social, que deja al menos 24 fallecidos, ya que es considerada por la ciudadanía como el principal origen de las desigualdades en el país. En la Constitución actual, que ha sido reformada decenas de veces, se le concedió al Estado un papel "subsidiario" (secundario) en la provisión y administración de los recursos básicos, lo que favoreció su privatización.

En el caso de que los chilenos elijan redactar una nueva Constitución, también tendrán que votar qué procedimiento se elige para ello: una convención mixta de parlamentarios y ciudadanos o una asamblea de personas escogidas únicamente para ese fin.

"Nos va a permitir que los chilenos podamos decidir los caminos del futuro. Los chilenos vamos a tener la primera palabra en escoger qué camino queremos seguir y qué mecanismos queremos adoptar", señaló el mandatario.

Los plazos para una nueva Constitución

Si el plebiscito es aprobado, la elección de los constituyentes se realizará en octubre, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales, y la nueva Constitución –que debe redactarse en un máximo de un año– se ratificará en otro plebiscito, este con voto obligatorio.

Este proceso constitucional se acordó en noviembre entre casi todas las fuerzas políticas del Parlamento chileno –a excepción del Partido Comunista– después de que la ciudadanía pidiera en las calles de todo el país una nueva Carta Magna desde el pasado 18 de octubre.

27/12/2019 17:36 Actualizado: 27/12/2019 17:36

PÚBLICO / EFE

Publicado enInternacional
Francia: no habrá tregua navideña en la pugna por la reforma de pensiones 

Se cumplen 20 días de huelga; recién el 7 de enero habrá una nueva ronda de consultas

El país se puso al hombro la huelga en los transportes contra la reforma del sistema de pensiones y se adaptó a las múltiples perturbaciones que salen al paso en estas fiestas.

 

Las convicciones sociales requieren sacrificios. Francia se puso al hombro la huelga en los transportes contra la reforma del sistema de pensiones y se adaptó a las múltiples perturbaciones que salen al paso en estas fiestas navideñas. Siete líneas del Métro parisino cerradas, trenes que no saldrán, autobuses con cuenta gotas y una infinita fila de personas que caminan por la calle con sus valijas intentando subirse a algo que los lleve junto a sus familias. 

Papá Noel llegará tarde este año al arbolito de Navidad, a menos que sea huelguista y no venga. No se percibe malhumor, tal vez alguna que otra impaciencia. El presidente francés, Emmanuel Macron, dejó una suerte de regalo de Navidad cuando anunció que renunciaba a la pensión vitalicia de 6. 220 euros que le corresponde una vez que deje la presidencia. El gesto suscitó un aluvión de bromas y no movió la determinación de los sindicatos. No habrá tregua navideña en la pugna por la reforma que tiene a Francia caminando desde el pasado 5 de diciembre. 

Bajo el atractivo retórico de una reforma que debía desembocar en una “jubilación universal por puntos” para terminar con los 42 regímenes jubilatorios en curso se escondían algunos huecos que ponían en tela de juicio los derechos del conjunto de los futuros jubilados. Quienes se beneficiaban con los regímenes especiales fueron los primeros en oponerse a las transformaciones. En muchos casos, por ejemplo, los ferroviarios tienen la posibilidad de jubilarse a los 52 años. Ello explica por qué la huelga es más persistente en ese sector. Sin embargo, la gente entendió enseguida que el deterioro de la jubilación era más global, tanto por la ambigüedad en torno al valor del punto como por la perspectiva evidente de que la edad de la jubilación pasaría de los 62 a los 64 años.

Desde entonces, no es la lucha final sino la lucha sin final. La unión sindical se fisuró un poco con el retiro de uno los sindicatos del sector ferroviario, pero el núcleo más duro compuesto por la CGT, la CFDT y FO mantiene su confrontación con el gobierno. La huelga va perdiendo respaldos con el paso de las semanas (menos 5 puntos con relación al 5 de diciembre) pero no ha creado todavía un frente de hartazgo masivo. Con la renuncia a su pensión vitalicia, Macron quería dar un “ejemplo de coherencia” e igualdad. Los dos principios ya venían empañados, y no por él jefe del Estado sino por quien, hasta hace unos días, ocupaba el puesto de Alto Comisionado para la jubilación. Jean-Paul Delevoye se vio obligado a dimitir a raíz de un conflicto de intereses entre sus funciones y sus actividades privadas no declaradas. 

El ejemplo resultó un contra ejemplo. Este martes 24 de diciembre se cumplen 20 días de huelga. La cifra es tanto más expresiva cuanto que está muy cerca de superar los 22 días de huelga del invierno de 1995, cuando una reforma de las pensiones de corte liberal levantó a la sociedad francesa y forzó a la renuncia a quien la había promovido, el ex primer ministro Alain Juppé. Ni la comunicación gubernamental, ni la reunión con los sindicatos ni las incomodidades de la ausencia de transportes lograron que se decretara una tregua. Recién el 7 de enero de 2020 habrá una nueva ronda de consultas. Los sindicatos llamaron a otra jornada de movilización el 9 de enero. Ello muestra que habrá que seguir caminando. Los sindicatos han emprendido decenas de acciones para acercarse a los usurarios enojados y “mantener viva la llama de la protesta”. Conciertos en las estaciones de trenes, manifestaciones, distribución de comida en las estaciones y algunas acciones “puñetazo” como la ocupación de estaciones del Métro que recorren París sin conductor (automatizadas como la número 1).

Toda la sociedad se reciente: el turismo ha menguado, la gente necesita horas para llegar al trabajo y volver y el comercio, desde luego, también se ve afectado. Pese a ello, nadie que camine por París podría creer que en este mismo momento hay una doble crisis: una con respecto a la reforma, y otra de confianza ante un Ejecutivo que es mirado con recelo. Reina una suerte de activismo silencioso, casi inexpresivo, pero no por ello menos real. El escritor y documentalista Sylvain Tesson, adepto al rooftopper (caminar por los techos de París) y apodado “el príncipe de los gatos”, dijo hace unos días que Francia “es un paraíso poblado de gente que se cree en el infierno”. La frase apunta contra ese ingrediente de la identidad social francesa que huele a conflicto, manifestaciones, huelgas, movimientos sociales y una sensación permanente de malestar. 

Muchísimos turistas se preguntan “por qué los franceses protestan tanto si lo tienen todo: una de las mejores protecciones sociales del planeta, índices de pobreza bajísimos, unos vino de sabores de ensueño, una cocina delicada, paisajes que parecen pinturas, una capital extraordinaria y una cultura potente y tractiva”. Tal vez por eso protesten: para que su paraíso no se vuelva un infierno.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
Sábado, 21 Diciembre 2019 06:40

2019: cambio de época

2019: cambio de época

“Te husmean la boca/no sea que hayas dicho: te amo. Te husmean el corazón”, escribió el gran poeta persa del siglo XX, Ahmad Shamlú, en su poema En este callejón sin salida de 1977.

Shamlú evidenció en estos versos la atmósfera del régimen del Shá de Irán, anticipó la naciente República islámica, y, especialmente, criticó el totalitarismo en cualquier época y forma.

Una década después, comenzó la imposición del proyecto neoliberal como sistema global hegemónico. Conservadores y progresistas, incluso aquellos que, como en Irán, tienen retórica antiestadunidense, fueron permitidos en el concierto civilizatorio, siempre y cuando sean capitalistas. Hoy no hay gobierno que no sea arrastrado por alguna atadura al extractivismo y el dependentismo.

Pero la promesa de la paz y el orden neoliberal nunca fue cumplida. Ni el fin de la historia ni el choque de civilizaciones ocurrieron, y más bien conformaron el disfraz retórico que ocultaba el afán expansivo neoliberal. Las cíclicas crisis (desde los 80 hasta 2008) fueron la rueda con la que caminó el nuevo sistema global. Las afectaciones más palpables golpearon a las clases populares de todo el mundo.

Desde la contracumbre y protesta de Seattle, acaecida en noviembre-diciembre, justo hace 20 años, hasta las protestas de este 2019 en diversas latitudes, desde Ecuador y Chile en América Latina hasta Irán, Irak, Líbano en Medio Oriente, y más allá: Argelia, Sudán, Hong Kong, India, muestran que desde el principio el neoliberalismo fue cuestionado.

La globalización no fue el triunfo de la libertad. Fue y es la etapa actual de la tiranía y la esclavitud escribieron los zapatistas ante el triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos en 2017. Los rebeldes mayas del sureste caracterizaban así el agotamiento del modelo neoliberal para la transformación en algo peor: una rancia fórmula chovinista como nuevo garante del sistema.

Este agotamiento del modelo, y las insurrecciones que lo evidencian, alcanza a países muy disimiles. Irán por ejemplo, vive manifestaciones extendidas a 200 ciudades. Es la mayor rebelión desde el inicio de la República Islámica. El aumento de 200 por ciento del precio de los combustibles por el moderado detonó la salida a las calles de las mayorías del país golpeadas por las sanciones económicas estadunidenses en 2015. En la pasada década, después del llamado Movimiento Verde, el gobierno de Irán combinó su fundamentalismo religioso con el fundamentalismo de mercado, y siguió los dictados de políticas de shock contra las clases populares.

El poeta iraní murió después del fracaso del movimiento estudiantil de su país en 1999. Hasta entonces no dejó de escribir críticamente y preguntar: ¿cuánto falta para un nuevo nacimiento de la esperanza? Hoy parece llegar ese momento.

En el otro extremo, pero con iguales consecuencias, se encuentra su vecino Irak. A 17 años de la invasión encabezada por Estados Unidos, y tras una guerra civil que ha causado más de 200 mil muertos, la nueva democracia exportada por los estadunidenses sólo ha traído miseria. Así, la población joven tuvo que levantarse en este octubre en protestas por razones parecidas: las terribles condiciones de los servicios públicos (incluida la insalubridad del agua) y la rampante corrupción.

Todos estos países vivieron a lo largo de la época neoliberal un proceso gradual de precarización de la vida mediante políticas de shock y recortes de políticas que beneficiaban a los más desfavorecidos.

Así, en este cambio epocal, los Estados responden con violencia: 800 muertos en Irán, 400 en Irak, y las cifras de asesinados que ya conocemos en Chile y Bolivia, además de desapariciones, uso de milicias contra manifestantes, cancelación del servicio de Internet para evitar la difusión de la protesta y la denuncia.

Diez años después de las llamadas primaveras árabes –y de otros movimientos en Grecia y hasta México, y la imposición de regímenes terribles– las poblaciones insurrectas de este 2019 tienen un reto mayor: pensar su horizonte en otra clave, a la vez dentro y a la vez fuera de las grandes fechas y las demandas frente a los gobiernos. El cambio de enfoque está en su existencia misma. En ellas como fundación de comunidad y formas de vida diversas; formas que comienzan con un gesto, un freno, un levantamiento contra el viejo régimen hace pocas décadas presentado como nuevo.

En Irán, por ejemplo, la quema de bancos y de símbolos de la república fundamentalista, y que continúan con espacios liberados y reconstituidos desde abajo, como la Plaza Tahrir de Irak. El periodista del Washington Post Mustafa Salim lo define así: La plaza Tahrir se ha convertido en un templete del tipo de sociedad en el que los manifestantes dicen que quieren vivir. En Tahrir cientos de personas proveen de comida gratis, decenas de voluntarios médicos dan atención. Se barre por las mañanas, prenden velas por sus muertos y anotan sus nombres con caligrafía en las paredes. La población tomó edificios vacíos alrededor de la plaza, generaron su electricidad y formaron bibliotecas en él.

El reto frente al chovinismo global, la nueva actualización del capital, no es menor. Y aunque pareciera que las insurgencias no tienen un plan: ellas son el plan, dice el politólogo Benjamin Arditi. Así, la renuncia de los primeros ministros de Líbano e Irak son poca cosa comparado con la bella paradoja del mundo distinto que es el quehacer del otro mundo posible, generado diariamente, presente en todo el mundo: los cabildos chilenos, los cantones del Kurdistán sirio, y la semilla de la primera rebelión contra el neoliberalismo que son los pueblos zapatistas, los cuales multiplicaron sus caracoles autónomos a mediados de este año, con la certeza que canta la poeta palestina Fadwa Tuqan, saben que: más allá de las fronteras de la noche/el sol nos sigue esperando, y la luna.

* Cronista

Publicado enSociedad
¿Por qué genera tanta indignación la reforma de las pensiones de Macron?

Por primera vez desde 2010, los sindicatos franceses se movilizan conjuntamente el martes contra el nuevo modelo de jubilación. Analizamos cinco cuestiones claves de esta polémica medida.

 

Es una de las medidas claves en el proyecto neoliberal de Emmanuel Macron. Tras dos años de negociaciones con la patronal y los sindicatos, el gobierno francés presentó el pasado miércoles su reforma de las pensiones. Una medida con la que el joven presidente pretende convertir el actual modelo de 42 regímenes de cotización en un único sistema por puntos. “Ha llegado el momento del sistema universal y se acaba el de los regímenes especiales”, aseguró el primer ministro Édouard Philippe durante la presentación de esta medida con un discurso trufado de fórmulas progresistas.

El ejecutivo centrista repite el mantra de que con el nuevo modelo “un euro cotizado dará los mismos derechos a todo el mundo”. La contestación a esta medida originó, sin embargo, la huelga del 5 de diciembre. Con cerca de un millón de personas en la calle, representó la mayor movilización social en Francia en la última década. “Este discurso de un sistema universal se trata en realidad de un mensaje propagandístico para lograr adoptar un régimen de pensiones por puntos cuyo principal objetivo será limitar sus costes”, defiende Romaric Godin, periodista en el diario digital Mediapart.

Con la presentación de la reforma, el gobierno cabreó incluso a aquellos sindicatos que hasta ahora no se oponían a la medida, como la moderada CFDT, la organización sindical con un mayor número de afiliados en Francia. Lo que favoreció la unidad de acción entre los sindicatos. Por primera vez desde 2010, todos ellos se movilizarán conjuntamente en la jornada de huelga y protestas prevista para este martes.

¿Por qué la reforma de las pensiones de Macron genera tanta indignación en Francia? ¿Qué sacrificios comportará al modelo de jubilación francés, uno de los más avanzados del viejo continente? ¿Favorecerá a las mujeres como promete el ejecutivo? Analizamos cinco cuestiones claves para entender el malestar desatado por esta medida.

1. ¿La reforma comportará una disminución de las pensiones?

Sí, probablemente. Según el colectivo ciudadano RéformedesRetraites (Reforma de las Pensiones), formado por trabajadores y economistas, los futuros jubilados percibirán unas pensiones entre un 15% y un 23% más bajas que las de sus conciudadanos que se jubilen ahora con el mismo perfil profesional, salario y años cotizados. Las pensiones dejarán de calcularse en función del salario de los seis últimos meses en el caso de los funcionarios o los 25 mejores años en los trabajadores del sector privado. Con el nuevo sistema, lo harán a partir de los puntos acumulados a lo largo de la carrera profesional. Esto perjudicará a aquellos trabajadores con trayectorias salariales que hayan tardado más en despegar o periodos de desempleo en medio de su carrera.

“Esta reforma comportará un empobrecimiento de los futuros jubilados”, advierte Godin. Según este reputado analista económico, su objetivo principal “es pasar de un sistema con prestaciones definidas a uno nuevo con cotizaciones sociales definidas, en el que las pensiones servirán para ajustar el equilibrio financiero”. Es decir, adoptar un modelo que permita mantener estables, o incluso reducir, las cotizaciones sociales. De esta forma, garantizar el objetivo de “equilibrio financiero” del ejecutivo macronista, que consiste en limitar en el 13,8% el gasto público destinado a las prestaciones de jubilación. Una política, que unida al envejecimiento de la población, favorece una reducción de las pensiones.

“Nos comprometemos a que el valor del punto no sea establecido de forma arbitraria y pediremos a los actores sociales (patronal y sindicatos) que establezcan su valor, con la aprobación del Parlamento”, afirmó Philippe para calmar el malestar ante una futura caída de las pensiones. Además, indicó que establecerán una “regla de oro” para garantizar que el valor del punto no disminuirá. Y precisó que evolucionará en función de los salarios, en lugar de la inflación. No obstante, la disminución de las pensiones también puede hacerse retrasando de manera progresiva la edad de jubilación. Lo que reducirá las pensiones de aquellos que por motivos de salud o laborales se vean obligados a jubilarse antes.

2. ¿Macron quiere retrasar la edad de jubilación?

Durante la campaña de las presidenciales de 2017, Macron prometió que mantendría en 62 años la edad legal de jubilación. La nueva ley no modificará este aspecto, pero sí que establecerá una “edad de referencia” para jubilarse a los 64 años. El ejecutivo se ha sacado de la chistera este concepto de “edad de referencia” que servirá para disminuir las pensiones de aquellos que se jubilen antes de los 64, a pesar de que hayan cotizado durante un periodo completo, entre 42 y 43 años –en España es de 36 años y nueve meses–. Por cada año que se jubilen antes de la “edad de referencia”, la prestación disminuirá en un 5%.

Además, esta medida no solo se aplicará para aquellos afectados por el nuevo sistema por puntos –los nacidos a partir de 1975–, sino también a los que se jubilen en los próximos años. Según las previsiones del gobierno, a partir de 2022 la edad para jubilarse aumentará cuatro meses cada año antes de establecerse en 64 en 2027. “La única solución es trabajar un poco más, como ya sucede en el resto de Europa y del mundo”, defendió Philippe. Aunque los franceses pueden retirarse ahora a partir de los 62 años, la edad real de jubilación se sitúa en 63. En España es de 64 años y dos meses.

3. ¿Qué sectores se verán perjudicados?

Si la reforma es aprobada con su diseño actual, numerosos sectores saldrán perjudicados. Los grandes perdedores pueden ser aquellos funcionarios que empiezan su carrera con salarios modestos y estos aumentan progresivamente. Por ejemplo, los profesores, enfermeras, auxiliares de medicina… Sus pensiones se verán recortadas por el nuevo cómputo que ya no se realiza a partir de los seis últimos meses, sino de toda la carrera. También perjudicará a los asalariados del privado, después de que sus pensiones dejen de calcularse en función de los 25 mejores años. O profesiones liberales como los abogados, que perderán su régimen específico de cotización.

Además, saldrán perjudicados los trabajadores de las empresas públicas en los transportes ferroviarios (SNCF), metropolitanos (RATP) y en el sector eléctrico (EDF y Engie). Todos ellos verán como desaparecen sus regímenes especiales. Estos les garantizaban ventajas a la hora de jubilarse, como retirarse de la vida activa antes de los 60 años, en compensación a sus duras condiciones laborales. La desaparición de estos regímenes especiales se producirá, sin embargo, a partir de aquellos trabajadores nacidos en 1980 o 1985.

4. ¿Quiénes serán los ganadores?

El ejecutivo ha prometido que “una carrera completa tendrá una pensión mínima de 1.000 euros”. Según el proyecto actual, se compromete a establecer una jubilación mínima que equivalga al 85% del salario mínimo. No obstante, según el digital francés Basta!, esta medida ya forma parte de la legislación francesa desde 2003, pero no fue respetada durante la última década. Si Macron cumple con su palabra, esta pensión mínima beneficiará a aquellos sectores con jubilaciones más modestas, como los artesanos o los campesinos, cuya pensión media es de 970 euros. Tampoco se verán demasiado perjudicados los policías, militares o bomberos, ya que conservarán sus regímenes específicos de jubilación.

No obstante, los verdaderos ganadores serán los empresarios. Estos verán limitadas las cotizaciones sociales y, por consiguiente, el coste de la mano de obra. La nueva reforma “servirá para financiar la política de competitividad neoliberal del gobierno. Es el objetivo principal del sistema de jubilación por puntos”, afirma Godin, quien ha publicado recientemente el libro La guerre sociale en France.

5. ¿La reforma favorecerá a las mujeres?

Es uno de los mantras del gobierno. El nuevo modelo recompensará a las mujeres, con pensiones inferiores a las de los hombres. “Las mujeres serán las grandes ganadoras del sistema universal. Actualmente, las pensiones de las mujeres representan casi la mitad de las de los hombres. ¿Quién puede aceptarlo? Nadie”, dijo el primer ministro durante la presentación de la medida. Para mejorar sus jubilaciones, el gobierno pretende establecer una bonificación del 5% por cada hijo y del 7% a partir del tercero. Un bonus que deberán repartirse entre el padre o la madre, pero que de preferencia será para la progenitora.

Sin embargo, economistas, sindicalistas y grupos de reflexión pusieron en duda estas supuestas ventajas para las mujeres. “Hasta ahora aquellas familias con tres hijos veían cómo aumentaba su pensión un 10% tanto para la madre como el padre. Ahora será un 5% por cada hijo. Pero si el marido percibe una pensión de 3.000 euros y la mujer de 1.000, ¿quién se beneficiará de esta bonificación del 5%?”, se pregunta sobre sus posibles efectos contraproducentes el economista Henri Sterdyniak, director de departamento del Observatorio Francés de Coyunturas Económicas (OFCE) y considerado uno de los mayores expertos en el sistema de pensiones francés.

Según un informe reciente del Instituto de la protección social, esta medida comportará una disminución de las prestaciones para “muchas mujeres”. El ejecutivo también ha previsto suprimir una compensación de la que se benefician actualmente: la obtención de ocho trimestres suplementarios de cotización por cada hijo. Además, el hecho de retrasar la edad de jubilación a los 64 años también puede perjudicar a todas aquellas mujeres que por motivos laborales o de salud se ven obligadas a dejar su trabajo antes. Dieciséis mujeres sindicalistas, feministas y economistas lamentaron en un artículo en Le Monde que “al tomar en cuenta toda la carrera (…), esto disminuirá las pensiones para numerosas funcionarias y todas aquellas personas con carreras con altibajos, entre ellas muchas mujeres”.

PARÍS

ENRIC BONET

 @EnricQuart

Publicado enInternacional
La ofensiva neoliberal en Ecuador y la contraofensiva popular

La viabilidad política del actual gobierno ecuatoriano llegó a punto cero. Negado por el legislativo su proyecto de reformas acordadas con el FMI y con un movimiento social constituido en Parlamento de los Pueblos, con amplio apoyo a lo largo del país, lo que tiene ante sí Lenín Moreno, y los grupos económicos que lo sostienen, es el amargo pasar de los días, hasta que llegue el día para dejar el Palacio de Carondelet

 

La rebelión de octubre de 2019, sin duda alguna fue un acontecimiento en el sentido más amplio de ontología política que puede otorgare a este concepto, porque marca de forma trascendente la trayectoria política del Ecuador y altera de forma significativa las coordenadas tanto del sistema político y sus relaciones de poder, cuanto de sus discursos así como de su capacidad hegemónica.
Como acontecimiento histórico, generó la suficiente energía política para transformar toda la política contemporánea e inscribirla en una dimensión novedosa en la cual los movimientos sociales y la izquierda política renuevan su espacio político y empiezan a reinscribirlo desde sus propias posibilidades.


A partir de este acontecimiento político, emerge el movimiento indígena, representado en la Conaie, como el sujeto histórico de este acontecimiento político. Su capacidad de interpelación, representación y aglutinamiento es indudable; precisamente por eso y para generar la legitimidad necesaria, el movimiento indígena convocó al conjunto de organizaciones sociales del país, para que sean ellas quienes asuman la responsabilidad establecida en las negociaciones con el Estado ecuatoriano durante la rebelión popular de octubre de 2019, de buscar alternativas económicas a la crisis. Como resultado de esa convocatoria, acudieron al llamado de la Conaie más de 180 organizaciones sociales con representación local, regional y nacional, que se auto-constituyeron como Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales del Ecuador.


Es desde este espacio que se genera un proyecto económico que nace desde el consenso y la participación de la sociedad ecuatoriana. Se trata de un ejercicio de democracia directa relativamente inédito en el Ecuador y que da continuidad al proceso político que nació con la rebelión del décimo mes del año.


Sin embargo, y a pesar de la contundencia, importancia, proyección y trascendencia histórica de este acontecimiento, la burguesía ecuatoriana respondió radicalizando el proyecto neoliberal y anclándose aún más firmemente a los acuerdos con el FMI.


En efecto, habría cabido suponer que luego de la contundente movilización social ecuatoriana que logró la derogatoria del Decreto 883 que pretendía liberalizar los precios de los combustibles, las oligarquías y el gobierno nacional cederían espacios y entrarían en un proceso al menos de reflexión interna que les permitiese comprender, evaluar y asimilar su derrota.


Empero de ello, apenas a los cuatro días de negociar la paz con el movimiento indígena y en plena conformación del Parlamento de los Pueblos y las Organizaciones Sociales, el gobierno envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económico urgente con un nombre pomposo: “Ley Orgánica para la transparencia fiscal, optimización del gasto tributario, fomento a la creación de empleo, afianzamiento de los sistemas monetario y financiero, y manejo responsable de las finanzas públicas”.


Se trataba de la radicalización neoliberal más importante de las últimas décadas y que hacía tabula rasa de todos los acuerdos establecidos con el movimiento indígena y que sirvieron para dar por terminada la movilización social. Con este proyecto de Ley, las élites ecuatorianas apostaban por crear nuevas condiciones para la acumulación de capital que incluso implicaban en el mediano plazo la salida del esquema de dolarización de la economía y sometían a la economía a una crisis determinada en la misma ley como “crisis sistémica”.


El proyecto de ley contemplaba más de 400 artículos, con cambios a más de 20 cuerpos legales, y dentro de los cuales existían aspectos como: la eliminación del anticipo del impuesto a la renta para las empresas, al momento el mecanismo más importante para detener la elusión tributaria; la prohibición de transparencia y libre acceso a los datos sobre el pago de impuestos de los grandes contribuyentes; nuevos impuestos al uso de las plataformas tecnológicas; la exoneración de controles al lavado de dinero; la imposición de nuevas reglas fiscales para impedir toda inversión social, en especial en salud y educación; la vulneración de la autonomía constitucional del sistema de seguridad social y de los gobiernos locales; la autonomía del Banco Central; la conformación de un directorio para controlar al sistema financiero privado y estructurado con personas que provienen del mismo sector financiero al que deben controlar; la entrega de la liquidez monetaria y del manejo de la dolarización a los bancos privados; la exoneración de impuestos a las grandes operadoras de telefonía celular y la entrega del espacio radio eléctrico en condiciones ventajosas a estas empresas; el retorno de las universidades de garaje; la imposición de férreas medidas de encaje y control a las cooperativas y a la economía popular y solidaria; la prohibición para que el Banco Central pueda utilizar sus propios recursos y también los recursos de las reservas internacionales en beneficio de la economía y, concomitante con ello, la obligación a que el Estado solo tenga como principal vía de deuda pública los mercados financieros internacionales; entre otras medidas.


Lo que asombra es la audacia (¿o la torpeza?) de un gobierno que en la rebelión de octubre había perdido todo margen de maniobra y que, en un acto de imprudencia política, envía a la Asamblea Nacional las reformas económicas e institucionales más importantes de los últimos años para ser tratadas de forma urgente. Reformas que, incluso, iban más allá de los acuerdos suscritos con el FMI, en pleno proceso de movilización social que esta vez construía un espacio de democracia directa como es el Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales.


Es como si la burguesía ecuatoriana hubiese perdido todo principio de realidad y la confundiese con sus propios deseos. La apuesta del gobierno era entrampar a la Asamblea Nacional en sus propias indecisiones y jugar a las ambigüedades de sus bloques políticos para que se cumpla el plazo previsto por la Constitución de treinta días para los proyectos económicos urgentes, y que su propuesta pueda ser aprobada por la figura del “Ministerio de ley”.


El gobierno pensaba que se podía separar los eventos de octubre de 2019 de los cumplimientos con el FMI, porque la Asamblea no había jugado ningún rol durante tales sucesos. Consideraba, además, que su alianza con los grandes medios de comunicación le generaban el espacio político suficiente para cumplir su agenda, cuando la legitimidad de esos grandes medios de comunicación estaba en pleno proceso de cuestionamiento por parte de la sociedad.


Mas los hechos son tenaces y la Asamblea Nacional le demostró al gobierno que su margen de maniobra política es prácticamente nulo. En efecto, contra todo pronóstico el poder legislativo negó la propuesta de ley del gobierno y ordenó su inmediato archivo.


Empero, es necesario aclarar que en forma previa, las organizaciones sociales, entre ellas la Conaie, entendieron rápidamente la coyuntura y cambiaron de registro político de forma inmediata y, apenas enviada la propuesta de ley del gobierno, ejercieron presión sobre la Asamblea y articularon una estrategia que buscaba el consenso suficiente para negar esa propuesta de ley. El Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales, luego de sus primeras sesiones definió el nuevo proyecto económico no solo pensando en resolver la crisis económica sino también para contrarrestar este proyecto de ley económica urgente enviado por el gobierno.


En varias comparecencias en las instancias de la Asamblea que discutían esta ley, los dirigentes indígenas y sociales fueron claros en advertir a los asambleístas que la aprobación de esta ley creaba las condiciones para una nueva movilización social.


Varios bloques de asambleístas fueron receptivos a las demandas de la Conaie y empezaron a trabajar en la línea de rechazar la propuesta gubernamental negándola. Asimismo, las organizaciones sociales empezaron un proceso de análisis de las consecuencias de esta ley en sus bases, para advertir y preparar a sus organizaciones sobre la nueva coyuntura política que se estaba conformando.


El movimiento indígena asumió la coyuntura y comprendió la importancia estratégica de la propuesta del gobierno. Por ello activó toda su estructura nacional a fin de prepararla para la nueva coyuntura que se estaba creando.


No obstante, la Asamblea comprendió que esta vez no podía soslayarse de la historia y que tenía que cumplir un rol que no sea el de mera comparsa del gobierno. En un áspero debate, se logró lo que parecía imposible: la mayoría legislativa suficiente para negar la propuesta gubernamental y, de esta forma, poner el contador a cero en el acuerdo con el FMI.


Así, el gobierno ecuatoriano pierde toda capacidad de maniobra en el sistema político y su margen de gobernabilidad se reduce al mínimo. La energía política acumulada en el acontecimiento de octubre fue el factor desequilibrante en esta coyuntura. La capacidad de veto al neoliberalismo por parte de la Conaie, la organización indígena y social más importante del Ecuador, y quizá de América Latina, se fortalece. El Parlamento de los Pueblos y las Organizaciones Sociales emerge, asimismo, fortalecido y como espacio de alternativa política para construir el país que se requiere.


El acuerdo con el FMI entra en una etapa crítica porque el gobierno no podrá cumplir con un conjunto de condicionalidades prescritas por esta institución financiera, porque implican capital político del cual el gobierno carece totalmente. No obstante, el FMI respaldó al gobierno y emitió un comunicado público en ese sentido. Se trataba, para el FMI, de una jugada política en la cual le extendía la confianza de esta institución y, por tanto, de la administración norteamericana, al gobierno ecuatoriano y su adscripción irrestricta al programa neoliberal establecido en la Carta de Intención. Es por ello que apenas negado este proyecto de Ley, el gobierno envía nuevamente otro proyecto de ley con reformas tributarias que favorecen de forma explícita y evidente a los grandes conglomerados empresariales.


Mas, el costo político de este acuerdo con el FMI para la burguesía ecuatoriana, hasta el momento ha sido muy alto. En menos de un mes la burguesía ecuatoriana ha visto cómo se han derrumbado sus apuestas más estratégicas para el sistema político y, por lo visto, no tiene un plan B, ni tampoco ha logrado articular un discurso que le permita asimilar la coyuntura.


El gobierno de Lenín Moreno, es ya un fardo muy pesado para las élites. Cada vez que intentan sostenerlo y apoyarlo, más alta es la factura política que tienen que pagar. A medida que transcurre el tiempo, las organizaciones sociales se fortalecen cada vez más, al tiempo que la capacidad hegemónica de las élites se debilita. En un contexto de esta naturaleza, cabe preguntarse: ¿qué viabilidad política tiene el gobierno de Lenín Moreno? Y quizá la respuesta sea evidente: ninguna.

 

 

 

Para suscripción: https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=180

Publicado enInternacional
Domingo, 15 Diciembre 2019 06:34

El paro se estira y llega Navidad

Una mujer camina por la estación vacía de Gare de L'Est en Paris durante el paro de transporte. Imagen: AFP

Décimo día de huelga de transportes en Francia

La perspectiva de una Navidad sin trenes ni metros y con los aeropuertos colapsados preocupa a los ciudadanos y al gobierno

Diez días de huelga de transportes en Francia y la perspectiva de una Navidad sin trenes ni metros y con los aeropuertos colapsados preocupa a los ciudadanos y al gobierno, que quiere reunirse con los sindicatos para hablar sobre su polémica reforma del sistema de pensiones.

El sábado, entre un 25 y un 30 por ciento de los trenes de alta velocidad y los regionales funcionaban en el país. En París había nueve líneas de metro cerradas, sobre un total de 16, y algo más de la mitad de los autobuses conseguían circular.

El domingo la situación se mantendrá igual y los servicios de transporte en la capital se verán "muy afectados" por este movimiento de protesta el lunes. Faltan diez días para Navidad y ni gobierno, ni sindicatos, ni ciudadanos saben hasta cuándo durará esta huelga y de qué manera podría desbloquearse la situación.

Si el movimiento continúa podría poner en peligro las vacaciones de decenas de miles de personas, ya que harán falta varios días para recuperar la normalidad en los transportes. "Cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades. No creo que los franceses aceptarían que algunos les privaran de ese momento" dijo el primer ministro Édouard Philippe en declaraciones al periódico Le Parisien. "La mitad de los viajeros" tendrán trenes para las fiestas de fin de año, según la SNCF, la compañía nacional de trenes francesa. 

Los sindicatos rechazaron de plano esta semana la idea de una tregua de Navidad. "Si el gobierno quiere que el conflicto termine antes de las fiestas, le queda una semana para tomar la buena decisión, optar por el sentido común y retirar su reforma de las pensiones", dijo a la AFP Laurent Brun, secretario general del sindicato CGT-Ferroviarios, el sindicato más importante de la SNCF.

"Para que circulen los trenes, el gobierno tiene que enviar un mensaje positivo", corroboró Roger Dillenseger, del sindicato UNSA-Ferroviarios.

- Protestas nacionales el martes

El sábado se celebraron protestas en algunas ciudades de Francia como Estrasburgo (este), Lyon (centro-este) y Rennes (oeste) y se esperan grandes manifestaciones el martes en todo el país en las que participarán no sólo empleados del sector transportes sino funcionarios, estudiantes, personal sanitario, abogados, profesores o jueces.

El primer sindicato francés CFDT se ha unido a esta movilización, furioso por que el gobierno haya añadido a su nuevo sistema de pensiones una "edad de equilibrio" fijada en los 64 años, por debajo de la cual no se cobrará la pensión completa. La edad de 64 años es "negociable", respondió el sábado la secretaria de Estado para el ministro de Economía, Angès Pannier-Runacher.

Esta semana, el gobierno y los profesores llegaron a un acuerdo para revalorizar sus salarios, lo que costará al Estado unos 10.000 millones de euros, aunque por ahora no se dijo cuándo entrará en vigor.

Los policías también suspendieron su movimiento de protesta el viernes después de haber obtenido la garantía del gobierno de que podrán jubilarse antes, dados los riesgos que entraña su profesión. El primer ministro, Edouard Philippe, invitó además a los sindicatos a una reunión la próxima semana, aunque por ahora no se sabe si éstos respondieron afirmativamente.

Pese a mostrar que puede hacer alguna concesión, el gobierno del presidente Emmanuel Macron no va a renunciar a su reforma del sistema de pensiones que quiere unificar los 42 sistemas diferentes que tiene el país en uno solo, con el que, según el gobierno, "todo el mundo saldrá ganando".

Desde Bruselas, el jefe de Estado consideró el viernes que esta reforma era "histórica". Los franceses están divididos sobre la reforma, según un sondeo. El 50% se dice favorable y el 49% está en contra. La jubilación es un tema sensible en Francia ya que la población defiende con uñas y dientes uno de los sistemas más generosos del mundo. 

Publicado enInternacional