América Latina y el Caribe alcanzarán niveles máximos de población hacia mediados de siglo

El crecimiento cada vez menor de la población debido principalmente a la caída de la fecundidad y los saldos migratorios negativos, llevará a América Latina y el Caribe a alcanzar su población máxima hacia el año 2058, con 767 millones de personas, indica un análisis de las tendencias poblacionales en la región realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

A partir de 2059 se proyecta una disminución de la población regional, hecho que contrasta con el panorama a nivel mundial donde, si bien la población disminuye, no se vislumbra un crecimiento negativo en los próximos 80 años.

El análisis fue difundido esta semana, a propósito del Día Mundial de la Población, y contiene estimaciones y proyecciones de las tendencias recientes de América Latina y el Caribe para el período 2015-2020 y fueron elaboradas por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL.

El estudio, cuyas cifras fueron recientemente publicadas por la ONU, indica que la región de América Latina y el Caribe pasó de un crecimiento medio anual de 4.8 millones de personas en el quinquenio 1950-1955 a un máximo de casi 8.2 millones en 1985-1990. A partir de 1990, el crecimiento poblacional de la región comenzó a disminuir y hoy la población crece a un ritmo de 6 millones de personas al año.

En el proceso de transición demográfica de la región sobresale la acelerada caída de la fecundidad, que fue precedida por la reducción sostenida de la mortalidad desde finales de la primera mitad del siglo XX, lo que hoy se refleja en una esperanza de vida al nacer de 75.2 años y una tasa global de fecundidad de dos hijos por mujer.

La transición demográfica ha sido acelerada, aunque con rasgos de heterogeneidad entre países y también entre regiones de los países. A nivel regional, ha implicado dos grandes cambios: la disminución de la dependencia demográfica y el envejecimiento poblacional, que, apunta el estudio, plantea desafíos a las sociedades.

Para el período 2020-2025 se proyecta que la población dependiente (menores de 15 años y de 65 años y más) crecerá más que la población en edad de trabajar (de 15 a 64 años), “lo que indica el fin del bono demográfico regional, aunque con diferencias entre países”.

Ese proceso transcurre acompañado de un acelerado proceso de envejecimiento de la población, con un aumento de la proporción y el número absoluto de personas de 65 años y más. Esta población se incrementará sostenidamente en los próximos decenios y se espera que en 2047 supere a la población de menores de 15 años. En la región, se proyecta que 1 de cada 5 habitantes será una persona mayor de 65 años en 2050.

La tasa global de fecundidad (TGF) de América Latina y el Caribe es estimada en 2.04 nacidos vivos por mujer, lo que ubica a la región por primera vez por debajo del nivel de reemplazo de 2.1 nacidos vivos por mujer. Se proyecta que ese parámetro seguirá bajando hasta 1.72 en el periodo 2070-2075, refiere el estudio, que también destaca el aumento de la migración intrarregional en los últimos años.

13 julio 2019

(Con información de la CEPAL)

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Lunes, 08 Abril 2019 06:33

Inaguantable

Inaguantable

La noticia empezó a circular la noche del viernes, cuando el régimen de Trump presentó ante un tribunal en San Diego su propuesta para cumplir con una orden judicial donde indica que calcula tardar entre uno y dos años para encontrar y empezar a reunificar a miles de niños que el gobierno separó por la fuerza de sus padres y familiares. Tardará todo ese tiempo porque ahorita no sabe dónde están miles de esos menores.

Fue hace justo un año cuando oficialmente se implementó la política de "cero tolerancia", anunciada por el entonces procurador general Jeff Sessions. El régimen de Trump argumentó que la ley los obligaba a separar familias. Pero no existe tal ley. Fue una decisión política de impulsar una medida para arrestar a casi todo inmigrante indocumentado capturado cruzando la frontera, acompañado o no por niños. Como el Departamento de Justicia no puede procesar penalmente a menores de edad junto con sus padres, éstos fueron separados; así, los adultos fueron internados en centros de detención y los niños clasificados como menores no acompañados colocados en centros y albergues operados por contrato con el Departamento de Salud y posteriormente muchos fueron entregados a familiares o, bueno, no se sabe exactamente. Casi 2 mil menores de edad fueron separados en sólo un periodo de seis semanas entre abril y mayo de 2018, según cifras oficiales.

Ante una ola de protesta cada vez mayor de diversos sectores, incluidos algunos conservadores, junto con asociaciones nacionales de pediatras y sicólogos, entre otros, Trump y su gente buscaron distanciarse de la política que ellos mismos impulsaron; primero, el presidente insiste en que sólo estaba cumpliendo con leyes "horribles" promulgadas por demócratas (falso) y segundo, asegura: "odio que los niños sean llevados a otro lugar". Su secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen (quien este domingo presentó su renuncia después de múltiples críticas del presidente de ser demasiado "débil" para controlar la migración), declaró sin ninguna vergüenza: "no tenemos una política de separar familias en la frontera. Punto". Pocos días después su jefe se vio obligado, ante la ola de condenas, a suspender esa misma política que supuestamente no existía; cinco días más tarde un juez federal ordenó el fin de esa política.

Una demanda legal presentada por la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) culminó con una orden judicial federal para que el régimen reunificara a los 2 mil 737 niños que fueron separados de sus padres.

Pero resulta que son muchos, potencialmente miles, de niños más. Con la propuesta presentada ante el tribunal el pasado viernes, el régimen, en efecto, confesó que no sabe cuántas familias separó, y agregó que por ello podría necesitar entre 12 y 24 meses para identificar a "todos", al revisar unos 47 mil casos de "menores no acompañados" que estaban bajo custodia del gobierno en algún momento entre julio de 2017 y junio de 2018. El mes pasado, el inspector general del Departamento de Salud informó que hay muchos más casos de niños separados de los que anteriormente se han registrado, y que no tenían ni un cálculo sobre cuántos son.

Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU encargado del caso, criticó la propuesta al afirmar que "el gobierno fue capaz de juntar rápidamente los recursos para arrancar a estos niños de sus padres y ahora necesitan reunir los recursos para reparar el daño".

Ni un solo gobierno de los países donde nacen, crecen y viajan estos niños se ha atrevido a denunciar todo esto, mucho menos a pedir que el régimen estadunidense rinda cuentas. Todos vieron las imágenes de pequeños en jaulas, todos pudieron escuchar los gritos y el llanto de los menores arrancados de los brazos de sus padres, todos podían leer los testimonios de víctimas, de madres y padres enloquecidos por saber dónde estaban sus hijos, de reportes sobre el trauma tal vez permanente que esto les ha ocasionado.

Es inaguantable, ¿no? ¿Entonces? ¿Qué nos pasa?

"El carácter verdadero de una sociedad es revelado en cómo trata a sus niños": Nelson Mandela, 1997.

 

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Lunes, 16 Julio 2018 06:51

A gritos

A gritos

Los gritos de dolor y susto que se escuchan de niños pidiendo por sus padres, imágenes de caras aterrorizadas y traumatizadas, innumerables cuentos de padres e hijos sobre cómo fueron separados por hombres uniformados, son las historias de nada menos que uno de los mayores secuestros masivos en la historia contemporánea –todo, parte de una política oficial.

Se supone que buena parte de estas familias serán reunificadas antes de finales de mes, bajo una orden judicial contra el régimen de Trump. La gran ola de condena universal –nutrida por magníficas expresiones de denuncia, acciones de desobediencia civil y más (https://bit.ly/2Lf4zGu)– ya había obligado al presidente a suspender la práctica de arrebatar a niños de los brazos de sus padres.
Pero hoy día siguen separados miles de niños –algunos detenidos en albergues, donde tenían prohibido hasta abrazarse para consolarse– y, aunque ahora el gobierno está reunificando a algunas familia separadas, un par de preguntas necesitan respuesta: ¿Cómo se permitió esto? ¿Quedarán impunes los responsables?


Aproximadamente 3 mil y, posiblemente, hasta 4 mil (es que el gobierno no sabe cuántos exactamente) niños fueron arrancados a la fuerza de los brazos de sus padres desde el año pasado hasta junio de este año por el régimen de Trump. Las autoridades insisten en que esto es legal y explican que cuando capturan a un migrante indocumentado cruzando la frontera está cometiendo un delito, y como cualquier delincuente es enviado a la cárcel y como resultado la consecuencia es ser separado de su familia.


Pero casi todas estas familias se presentan ante autoridades solicitando asilo, y eso no es un delito. Abogados explican que las leyes nacionales e internacionales garantizan el derecho de un refugiado a buscarlo.


De hecho, hace sólo unos días un juez federal emitió un fallo contra el régimen de Trump afirmando que el gobierno está violando sus normas al encarcelar a solicitantes de asilo en lugar de otorgarles una libertad condicional (lo cual se hacía en la abrumadora mayoría de los casos antes de este gobierno) mientras esperan el proceso de su caso ante un tribunal de inmigración.


Buscar asilo no es delito. El ilícito lo está cometiendo el gobierno al intentar criminalizar a los refugiados, separar a sus familias, incluyendo arrebatarles a sus niños bajo justificaciones oficiales ,que van de argumentos legales torcidos (casi siempre rechazados por los jueces, hasta la fecha) a “seguridad nacional”y hasta la Biblia. A esta práctica se le debe llamar lo que es: secuestro.


Esta política no es nueva en la historia de este país. Políticas oficiales llevaron a que miles de niños indígenas fueran secuestrados de sus familias para ser lavados de su cultura (idioma, costumbres, historia). Fue una práctica común contra las familias esclavas. Se separaron y/o encarcelaron en campos de concentración a familias japonesas-estadunidenses. “Fueron caracterizados como alimañas infestando Estados Unidos, como una amenaza a la seguridad nacional”, recuerda la escritora y crítica literaria Michiko Kakutani, cuya madre fue una de las 120 mil personas de descendencia japonesa internadas en centros de detención en la costa oeste del país, durante la Segunda Guerra Mundial, sin ningún proceso debido de ley.


Es increíble observar a este gobierno presentarse como juez ante otros países y sostener intercambios respecto de la cooperación sobre valores compartidos, incluyendo democracia y justicia.
Los gritos y sufrimiento de niños deberían colocar al responsable, a este juez, en el banquillo de los acusados. Logarlo es responsabilidad y deber de esta sociedad y de los representantes de lo que llaman comunidad internacional.


Mientras tanto, perdón por tener que repetir mucho lo que ya se sabe. Perdón por insistir. Perdón por no hacerlo de manera suficientemente efectiva para ya no tener que hacerlo más. A veces uno tiene que gritar también.

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Lunes, 04 Junio 2018 07:29

La línea

La línea

Cruzan una línea y de repente sus hijos son arrebatados de sus brazos por agentes uniformados. No son casos aislados (van más de mil 200 de estos actos hasta donde se sabe a la fecha), ni es abuso de autoridad, no se trata de una aberración. Es la política oficial de Estados Unidos.

Frente a esto, hay otra línea que se está cruzando, una muy clara y definida para todos de ambos lados de la frontera. Una línea que define si aún existe la conciencia o si ya estamos tan abrumados de tanta violencia, tan acostumbrados al horror, que ya no reaccionamos ante esta barbaridad, otra más.

Estos niños son encarcelados temporalmente –a veces eso implica varios meses y en algunos casos más de un año– en centros de detención, mientras otra burocracia busca colocarlos en hogares, frecuentemente con familiares si éstos existen y se atreven a presentarse (corren el riesgo de ser detenidos si no tienen papeles)

En algunos de estos centros los niños separados de sus padres, o los que llegaron no acompañados, viven con cientos de menores esperando ser procesados. Son ofrecidos algunos servicios médicos y hay cientos de oficiales que muestran compasión, pero a fin de cuentas son niños enjaulados sin sus padres, algunos menores de 4 años.

Vale señalar que todo esto no empezó con Trump, sino que frente a la llamada crisis de los menores de edad que inmigran no acompañados hace unos años, el gobierno de Barack Obama ya los alojaba en centros de detención (aunque no se llamaban formalmente así). El Arizona Republic consiguió en 2014 algunas de las primeras imágenes de un centro de detención especializado para niños en Nogales, donde se ven durmiendo en el piso de un almacén organizado en jaulas.

Pero ahora, la política oficial es la separación de menores de edad de sus familias al cruzar la línea fronteriza con México. Hoy día, estos centros han llegado a 90 por ciento de su capacidad, y las autoridades están buscando nuevos lugares para depositar a los menores de edad porque pronto ya no habrá espacio, y entre las opciones están algunas bases militares.

Se han detonado protestas en decenas de ciudades del país, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles y otras más han impulsado demandas legales ante tribunales nacionales y hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otros promueven peticiones o campañas de cabildeo ante el Congreso para exigir el fin a esta prácticas, tal como lo ha reportado La Jornada en estos días.

Pero ante la crueldad extrema de esta política –y sus obvias consecuencias de traumatizar a refugiados e inmigrantes que huyen de la violencia, atraviesan uno o varios países en condiciones extremadamente peligrosas, sólo para ser criminalizados y separados de los hijos que buscaban proteger por el régimen de Trump, tras sus grandes escapes– se esperaría una respuesta mucho más masiva y universal, tanto aquí como de los países de donde provienen o cruzan, ¿o no? (En este mismo espacio la semana pasada también se abordó este mismo asunto, con esta misma pregunta. Una semana después, con disculpas al lector por insistir, se tiene que repetir).

No se necesita mucho para imaginarse –está detallado en reportajes y hasta fotografiado– los gritos de angustia y dolor, de terror. Una y otra vez, agentes de migración, algunos que, se supone, también tienen hijos, están arrebatando a niños gritando y llorando de los brazos de sus madres, y al fin del día han de llegar a cenar con sus familias, algunos seguramente abrazan a sus hijos; sólo están cumpliendo órdenes de trabajo de Washington. Muchos han comentado –incluso familiares de víctimas– que esto mismo lo hacían los nazis. Una pancarta en una protesta reciente señalaba: Por favor, no seamos buenos alemanes, en referencia a cómo oficiales, burócratas y militares de bajo rango nazi justificaban sus crueles tareas argumentando que eran gente patriota y buena que sólo estaba cumpliendo órdenes (urge leer de nuevo a Hannah Arendt, quien exploró todo esto).

El peor terror que un niño puede padecer es ser arrebatado a sus padres. ¿Niños rubios con ojos azules jamás serían tratados tan brutalmente en nuestras fronteras? No, el trumpismo es racismo, Dios mío, ¿en que nos hemos convertido?, preguntó por tuit el actor y cómico Jim Carrey (muchos comediantes se han convertido en los portavoces de la conciencia en este país).

Tristemente, este tipo de prácticas no son nuevas en este país. Miles de niños de comunidades indígenas fueron separados por las autoridades y enviados a escuelas de indios a miles de kilómetros de sus pueblos donde sistemáticamente se anulaba su idioma, su cultura, su historia, a veces acompañado con castigo físico y abusos de todo tipo; una práctica que empezó en el siglo XIX y se extendió a lo largo de un siglo hasta 1970.

También los niños de esclavos africanos y sus descendientes fueron robados a sus madres por sus amos. Día y noche, uno podía escuchar a hombres y mujeres gritando... sus familiares eran arrebatados sin ningún aviso... La gente siempre se estaba muriendo con un corazón roto, recordó en una entrevista en 1938 una testigo a las subastas de esclavos. Un ex esclavo narró en 1849 cómo un niño fue arrebatado de los brazos de su madre ante los chillidos más desgarradores entre madre e hijo por un lado, y las declaraciones amargas y latigazos crueles de los tiranos por el otro, antes de que la madre fuera vendida al postor más alto, según documenta una exhibición en el Museo de Historia Afroamericana del Smithsonian en Washington llamada Tiempo de llanto, reportó el Washington Post.

No, no es algo nuevo, pero sí es un momento en el que uno tiene que decidir sobre si ya se cruzó o no una línea que debería ser absoluta y rígida: son nuestros niños, hijos de todos, de ambos lados de la frontera.

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Kufu o el intento de Postobón por ocultar la desnutrición sufrida por miles de niños en La Guajira

El hambre de los niños indígenas del departamento de La Guajira, que ha llevado a cientos de estos a la tumba, ahora es retomado como motivo de filantropía por grandes empresas privadas en Colombia.
El caso más reciente de esta “bondad capitalista”, informado por la Liga Contra el Silencio –una organización de distintos medios de comunicación nacionales que están en contra de la censura– denuncia el experimento realizado por la empresa de gaseosas Postobón S.A., y su bebida azucarada Kufu, pensada para controlar la desnutrición en los menores.


El filantrópico expeirmento lo llevaron a cabo con 3.125 niños de los municipios de Manaure, Nazareth y Ríohacha; a quienes durante los últimos seis meses de 2017 esta empresa les “regaló” dos bebidas: la primera era un agua gasificada con sabor artificial de mora azul y la segunda una bebida de mango y avena; ambas con una tabla nutricional que resalta sus componentes de vitaminas A, B, C, E, Magnesio y Zinc. La empresa manifestó rechazo ante las acusaciones, sin embargo, aún no sale bien librada de lo que es una evidente violación a los derechos de los niños.
Los antecedentes


A inicios del mes de julio de 2017, de acuerdo con el periódico La República, Miguel Escobar, presidente de Postobón, aseguró “Con el lanzamiento de este producto estamos contribuyendo a la construcción de un mejor futuro para los niños y niñas de Colombia afectados por la inseguridad alimentaria”, su meta era la entrega de 10.000 bebidas en La Guajira con proyección a otros departamentos de Colombia. Según el presidente de la empresa, la bebida Kufu es de carácter social, y permite cambiar los hábitos alimenticios de los niños. La iniciativa fue apoyada por la Diócesis de Ríoacha, Chevron, Fupad y Ecósfera.
Ante la decisión, la delegada de la dirección de Primera Infancia del Icbf, Angélica Martínez, expresó “estamos muy contentos de que entidades de diferentes partes del país le estén apostando a los niños y las niñas. Sabemos que en estas regiones necesitamos del acompañamiento, no solo de las entidades estatales, sino también de otras entidades que han acompañado procesos importantes”.


Kufu, la bebida que prometió ser un complemento nutricional


Mauricio Ramírez, director del Departamento administrativo de planeación de La Guajira, en entrevista con desdeabajo contextualizó la situación del experimento “Cuando se presentó la iniciativa el año pasado, varias organizaciones se preocuparon frente a lo que iba hacer Postobón y sí realmente iba ayudar a solucionar el tema de desnutrición severa y crónica dentro de la población indígena, especialmente de los niños de La Guajira. La Asociación Nacional de Pediatría y algunos pediatras independientes, generaron alertas porque consideraron que realmente no era una ayuda para reducir la desnutrición y que por el contrario iba a ser un distractor, es decir, como le estaban dando esa bebida a esas comunidades, entonces el Estado podía lavarse las manos diciendo que ya había una intervención en el territorio en esa materia y efectivamente eso ocurrió, en esas comunidades donde se dio esas bebidas, se bajó la guardia en materia de atención, porque se supone que Postobón lo está haciendo, pero lo que estaba dando Postobón no era un complemento nutricional ni un medicamento sino, simplemente, una bebida azucarada con unos cuantos componentes reforzados pero que en nada soluciona el problema de desnutrición”.


Según todo indica, el tema quedó sepultado por el silencio, hasta conocerse la denuncia de marras. Ahora los hilos de la acción complaciente de un Estado que no cumple con su población, que no le garantiza sus derechos humanos fundamentales, y la acción interesada de la empresa privada, quedan al denudo. Por ello nos interezó conocer la opinión de Mauricio Ramírez frente a la reacción de las autoridades encargadas de velar por los derechos de los niños en Colombia, a propósito de lo cual manifestó: “Es extraño que el Icbf, que tiene la competencia de velar por los derechos de los niños, diga que no podían hacer nada, cuando era su obligación hacerlo, cuando yo veo que como institución tengo la responsabilidad de salvaguardar la vida de los niños, y veo que hay una intervención de este tipo, es necesario tomar una acción inmediatamente, es decir, ellos no son policías administrativos ni judiciales, pero sí pueden interponer las denunciar pertinentes para revisar todo lo que pudiera pasar, porque es una bebida nueva en estado experimental con niños”.


Ante las acusaciones, Postobón sacó un comunicado donde rechaza “enfática y categóricamente los cuestionamientos hechos por el colectivo denominado La Liga contra el Silencio, al proyecto social KUFU, que se desarrolla en La Guajira, pues tergiversan los propósitos que éste tiene de contribuir al progreso de la región”. Agregando que en ningún momento su bebida Kufu sería un suplemento nutricional o un medicamento, y de manera contradictoria enfatiza: “KUFU se entregó gratuitamente a 3.125 niños como acompañamiento de sus planes alimenticios”.


Lo más grave del asunto es que a la par de las bebidas la empresa adelanto exámenes de sangre con los niños, sacando análisis antropométricos, de glicemia y cuadro hemático, con la intención de analizar posibles impactos de la bebida. Tal como lo expresó Mauricio Ramírez, aunque no pueden decir que la bebida es mala, tampoco pueden asegurar lo contrario, y hacer estas pruebas con niños que tienen problemas de salud a raíz de la desnutrición y la contaminación generada por la expansión minera en el departamento, es un riesgo mucho mayor e incluso una irresponsabilidad.


El problema de la desnutrición más allá de una gaseosa


Los niveles de desnutrición presentan en la población indígena guajira, no se resuelven con la buena voluntad de empresas privadas y multinacionales. El problema que viven los niños wayúu ante la escasez del agua y de alimentos, y ante la precaria atención médica que reciben, es fruto del modelo extractivo que por más de 30 años ha desarrollado Cerrejón Limited en este territorio, por tanto, la solución efectiva sería frenar la minería a gran escala; es evidente que el desarrollo de “programas sociales” como Kufu, no aportan soluciones concretas a una realidad tan violenta como la desnutrición, sino que más bien ayudan a que las empresas privadas lleguen a ciertas conclusiones con sus investigaciones, además de evitar el pago de impuestos por supuesta inversión social.


En La Guajira sus indígenas esperan justicia social, también con este caso de manipulación y utilización de sus niños.

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