Martes, 06 Octubre 2020 05:34

Juan Guaidó se quedó sin el oro 

Juan Guaidó se quedó sin el oro 

Fallo de un tribunal de apelaciones de Londres

La Justicia estimó que el ejecutivo británico podría seguir reconociendo "de facto" a la administración de Nicolás Maduro.

 

Un tribunal de apelaciones de Londres anuló este lunes una decisión judicial previa que en julio reconoció al líder opositor venezolano Juan Guaidó como el único capacitado para determinar el destino de 31 toneladas de oro (con un valor aproximado de 900 millones de euros) que custodia desde hace años el Banco de Inglaterra.

La premisa era que el Banco de Inglaterra no estaba autorizado a darle ese dinero a Maduro, sino a Guaidó. El fallo de julio fue un gran apoyo de la justicia británica al presidente de la Asamblea Nacional del país sudamericano reconocido como presidente interino por más de 50 países. La sentencia del lunes da por tierra la sentencia de julio.

Considerando ambigua la declaración del entonces ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, que en febrero de 2019 reconoció a Guaidó como "presidente interino de Venezuela", la Corte de Apelación estimó que el ejecutivo de Londres podría seguir reconociendo "de facto" a la administración de Nicolás Maduro.

Los jueces no pudieron sin embargo determinar si esto es efectivamente así, por lo que ordenaron que se lleve a cabo una investigación en profundidad cuya consecuencia última sería determinar a cuál de los dos rivales corresponde el control real de los fondos.

"Antes de poder dar una respuesta definitiva a las cuestiones de reconocimiento, será necesario determinar si el gobierno de Su Majestad reconoce al señor Guaidó como presidente de Venezuela a todos los efectos y, por consiguiente, no reconoce al señor Maduro como presidente a ningún efecto", escribieron los jueces en su decisión reenviado el asunto a la Corte Comercial que emitió la sentencia de julio.

El tribunal de apelación señala en su fallo que es posible jurídicamente reconocer a la autoridad de un país mientras se mantienen relaciones con la que detenta en realidad el poder. “No se ha discutido al respecto que el Gobierno de Su Majestad ha seguido manteniendo relaciones diplomáticas con los representantes del señor Maduro, al recibir en la Corte de St. James las credenciales del embajador designado por el señor Maduro, y seguir manteniendo una embajada en Venezuela con un embajador acreditado por el señor Maduro”, sostiene el fallo.

El gobierno de Maduro, a través del Banco Central de Venezuela presidido por Calixto Ortega, lleva dos años intentando sin éxito recuperar las 31 toneladas de oro de la reserva nacional.

Sin embargo, la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición y presidida por Guaidó, nombró en julio de 2019 a su propia dirección adecuada del banco central venezolano y pidió a la entonces primera ministra Theresa May que no entregase los lingotes, asegurando que "podrían servir para reprimir al pueblo venezolano", o llenar los bolsillos de un régimen que califica de "cleptócrata".

El Ejecutivo de Maduro había reclamado la devolución del oro para transferirlo al Programa de Ayuda al Desarrollo de Naciones Unidas, y facilitar así la compra “de material sanitario, medicinas y alimentos básicos” que permitieran la lucha contra la pandemia del coronavirus. El Banco de Inglaterra, junto con la Reserva Federal de Estados Unidos, es el mayor custodio internacional de reservas de oro. Retiene en sus cámaras unos 400.000 lingotes, por valor de más de 200.000 millones de euros.

Afirmando necesitar los fondos para combatir la pandemia de covid-19, Caracas se querelló en mayo contra el Banco de Inglaterra. Este afirma sin embargo encontrarse atrapado entre dos grupos rivales que le dan instrucciones contradictorias y pidió a la justicia que, antes de decidir el destino final del oro, se resuelva como cuestión preliminar quién tiene su control.

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La Justicia electoral de Ecuador no aceptó la candidatura de Rafael Correa

El Consejo Nacional Electoral no aceptó la validación de su candidatura ya que el expresidente no hizo el trámite de manera presencial. "Ya no saben qué inventar", indicó Correa.

 

La Justicia electoral de Ecuador no aceptó la candidatura a vicepresidente de Rafael Correa para las elecciones del próximo 7 de febrero. Según las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) el exmandatario debía presentarse en forma personal para avalar su inscripción. Sin embargo, al encontrase en Bélgica, lo hizo a través de su hermana y apoderada Pierina Correa el martes pasado. También lo presenció en vivo, vía streaming, para dejar en claro que validaba el trámite. Sin embargo, el CNE emitió la lista con los candidatos inscriptos y sólo figura su compañero de fórmula, el economista Andrés Arauz. El expresidente denunció que la maniobra fue hecha a su medida para dejarlo afuera de las elecciones. "Cumplimos todos los requisitos de su absurdo reglamento. Ya no saben qué inventar", indicó Correa.

 

Fuera de la elección

El consejero del CNE, José Cabrera, aclaró que el acto administrativo debía realizarse de manera personal. "De acuerdo al reglamento vigente desde 2012, el trámite es indelegable y personalísimo", sostuvo el funcionario. Luego presentó una lista con los candidatos inscriptos y no figuraba la casilla de "vicepresidente" en el partido de Correa. Para el exmandatario Cabrera citó equivocadamente el reglamento para inducir a un error. "Acto personalísimo NO SIGNIFICA presencia física. Además, ¡hasta lo juicios se hacen telemáticamente!", posteó el expresidente en Twitter.

El martes su hermana se había presentado en las oficinas del CNE para llevar la documentación necesaria, junto al candidato a presidente por el frente Unión por la Esperanza (UNES). También se pudo ver a Correa vía streaming explicando lo que allí estaba ocurriendo. “Además de la presentación que está haciendo mi apoderada, estoy mandando en este momento al CNE y a organismos internacionales, a través de internet y con firma electrónica, mi aceptación a la candidatura a vicepresidente”, había señalado el exmandatario. 

Sin embargo, avalándose en la ausencia del candidato, el funcionario del organismo electoral no le entregó a su apoderada los formularios para hacer la inscripción. El expresidente denunció que el requerimiento de presenciar personalmente el trámite fue agregado a último momento para impedir su participación. “Pusieron este trámite de `aceptación personalísima´ que no existe ni en la ley. Por el contrario, la inscripción de las candidaturas sí pude hacerse vía internet, como sí lo indica la ley. Las primarias de los partidos también las pudimos avalar vía internet. ¿Quién entiende este absurdo?”, expresó el político ecuatoriano. Ahora, el caso podría llegar hasta el Tribunal Contencioso Electoral.

 

"Presiones políticas"

 

Para Alejandra Vivanco, abogada y exsubcontralor del Estado el cambio en la reglamentación del CNE se hizo por presiones políticas. “Antes de que saquen esta nueva reglamentación algunos miembros del organismo fueron denunciados y se pidió su destitución. Ahora están a la espera de que la Contraloría General de Estado (CGE) emita una resolución sobre este asunto. En paralelo tres de sus miembros fueron llamados a declarar ante la Fiscalía. Es muy difícil que bajo estas circunstancias los miembros del CNE actúen con independencia. Deberían denunciar una intromisión electoral”, sostuvo la exsubcontralor. Además enfatizó que antes de este cambio, las inscripciones podían hacerlas en forma personal los representantes legales de cada partido. “Esta reglamentación es antidemocrática y anticonstitucional”, enfatizó Vivanco.

Correa enfrenta varios procesos judiciales en Ecuador con órdenes de prisión. Si finalmente su candidatura es validada, gozaría de inmunidad y podría regresar al país para las elecciones. La justicia ecuatoriana confirmó en julio una condena a ocho años de cárcel contra el exmandatario por cohecho, en la causa conocida como “Sobornos 2012-2016”. Allí se lo acusa junto con una decena de exfuncionarios de haber recibido dádivas de empresarios a cambio de obra pública. La empresa brasileña Odebrecht figura entre las implicadas. La Suprema Corte Nacional de Justicia resolverá este jueves si avala o no la sentencia. Correa no podría participar en política si el tribunal mantiene la condena en su contra, tal y como marca la ley.

Además el exmandatario afronta otro juicio por el secuestro en Colombia del opositor Fernando Balda en 2012. Sin embargo esta lunes el exagente de Inteligencia de Ecuador, Raúl Chicaiza, confesó que fue presionado para involucrar al expresidente en el caso. Chicaiza dijo que Balda se reunió en varias oportunidades con el ahora presidente, Lenín Moreno, para armar la denuncia.

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Navalny tiene 44 años y pelea por su vida en un hospital de Berlín.   ________________________________________ Imagen: AFP

Qué es y cómo funciona el agente químico detectado en Alemania 

 

 “Se han encontrado pruebas inequívocas del suministro de un agente nervioso del grupo Novichok”. De este modo, el gobierno de Alemania, a través de la canciller Angela Merkel, confirmó que el Alexei Navalny, el opositor ruso, recibió dosis del poderoso agente surgido en la antigua URSS. Navalny, de 44 años, sigue internado en el hospital Charité de Berlín. "Es la víctima de un crimen que mi gobierno repudia", agregó Merkel.

Tras la confirmación del gobierno alemán de que hay rastros de Novichok en el organismo de Navalny se acrecientan las sospechas de un atentado del gobierno de Vladimir Putin contra el dirigente opositor. Navalny arribó a la capital alemana el 22 de agosto luego de sentirse mal dos días antes en la ciudad de Omsk, en la estepa siberiana, lo cual motivó sospechas de haber sido envenenado por orden del Kremlin.

¿Qué es Novichok? Se trata de un agente químico desarrollado en la entonces URSS en los años 70. En ruso quiere decir “recién llegado”. Los soviéticos trabajaron en lo que es un arma química en el marco de un programa militar cuyo nombre clave era “Foliant”. 

No sería la primera vez que se atenta contra un opositor con Novichok: ese agente se usó contra el ex espía ruso Sergei Skripal y su hija en marzo de 2018. En esa ocasión, el ataque se produjo en Salisbury, en el Reino Unido. Aquel episodio derivó en una seria crisis diplomática entre el gobierno conservador de Theresa May y Vladimir Putin.

Según se sabe por un desertor, el Novichok se experimentó en un campo de ensayo en Uzbekistán. Allí viajaron a fines de los 90 técnicos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para desmantelar ese campo y descontaminar el área donde se producía y probaba el agente en pequeños lotes.

Dentro del Novichok figura el Novichok A-230, que es entre cinco y ocho veces más potente que el agente nervioso VX, y que asimismo es difícil de detectar. El VX fue el agente usado en el atentado contra Kim Jong-nam, el medio hermano del líder de Corea del Norte, Kin Jong-un, muerto en 2017.

Se han fabricado variantes del A-230 y, de acuerdo a la prensa norteamericana, se aprobó el uso de una de ellas en el Ejército para usarse como arma química.

Ahora bien, aunque es líquido, se cree que funciona en estado sólido y que también puede esparcirse como polvo extrafino. Funcionaría como “arma binaria”, esto es, se almacena dividido en dos componentes químicos menos tóxicos, que activan al Novichok cuando se mezclan. Esto facilita su desarrollo, dado que los componentes, por separado, no figuran en las listas de sustancias prohibidas

¿Cómo es el efecto? La reacción al contacto es muy rápida, no importa que sea por inhalación o por tocar Novichok. Los primeros síntomas aparecen a los dos minutos, aunque podrían tardar casi 24 horas en algunos casos. Al exponerse al agente, lo primero que hay que hacer es quitarse la ropa y lavarse el cuerpo con agua y jabón, además de enjuagarse los ojos y recibir suministro de oxigeno.

El agente actúa a través del bloqueo de las señales nerviosas a los músculos, lo que deriva en el colapso de las funciones del organismo. Los síntomas van de los ojos en blanco, convulsiones, babeo y dificultades para respirar, hasta la entrada en coma.

Novichok puede llevar a la muerte. Primero se produce la ralentización del ritmo cardíaco y las vías respiratorias se obstruyen, lo cual produce la muerte por asfixia.

Los expertos estiman que hay variantes de Novichok diseñadas especialmente para resistir los antídotos ya desarrollados para combatir a los agentes nerviosos. 

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El líder opositor ruso Alexei Navalny. EFE/Maxim Shipenkov/Archivo

 

El opositor ruso Alexéi Navalni es el último activista crítico con el Kremlin que, según sospecha su entorno, ha sido envenenado en circunstancias misteriosas. La lista de opositores que ha enfermado de manera sospechosa en el último siglo es larga. Muchos han muerto. Aparentemente todos parecen haber sido víctimas de un laboratorio secreto especializado en la elaboración de venenos y establecido en Moscú por Vladimir Lenin en 1921.

Su función era lidiar, de manera tan eficiente como despiadada, con los enemigos del Estado. Algunos eran domésticos y otros, exiliados incómodos para el Kremlin. Según el exjefe de espías de Stalin, Pavel Sudoplatov, la KGB llegó hace mucho tiempo a la decisión de que el veneno era el mejor método para eliminar a personas incómodas. La institución sucesora de la KGB, el FSB, parece que tiene la misma opinión.

Durante la Guerra Fría, la KGB exterminó a sus adversarios con creatividad. En 1959, un agente asesinó al líder nacionalista ucraniano Stepan Bandera con una pistola de cianuro escondida en un periódico. En 1979 otro agente asesinó al disidente búlgaro Georgi Markov mientras esperaba un autobús en el puente de Waterloo en Londres. El arma: un paraguas con punta envenenada.

En los años 90, durante la presidencia de Boris Yeltsin, se detuvieron estos extraños ataques. Por aquel entonces Rusia y Occidente cooperaban. Sin embargo, una vez que Vladimir Putin llegó a la presidencia en el año 2000, los asesinatos políticos regresaron en silencio. Se especuló con que la fábrica de veneno, un siniestro edificio de color beige a las afueras de Moscú camuflado como centro de investigación, había vuelto manos a la obra.

Entre las posibles víctimas de dichas prácticas está Roman Tsepov, guardaespaldas de Putin en San Petersburgo en la década de los 90. Murió después de beber un té en 2004 en una oficina local del FSB. Ese mismo año, la periodista Anna Politkovskaya perdió el conocimiento en un vuelo interno a la ciudad de Rostov después de tomar té en el avión. Sobrevivió. Dos años después, un pistolero asesinó a Politkovskaya cerca de su piso de Moscú.

El envenenamiento más notorio del siglo tuvo lugar apenas unas semanas más tarde. El objetivo esta vez era Alexander Litvinenko, un antiguo oficial del FSB convertido en un crítico del presidente Putin. Dos asesinos, Dmitry Kovtun y Andrei Lugovoi, se reunieron con Litvinenko en el hotel Millennium de Londres. Se tomó unos sorbos de té verde mezclado con polonio radioactivo. Moriría tres semanas después.

El asesinato condujo a un período en que las relaciones ruso-británicas fueron tensas y estuvieron marcadas por la acritud. Marcó una época de sospechas: no se sabía si Putin decidió que el Estado eliminase a quien percibía como enemigos o instauró una política de manga ancha para que los responsables de los servicios secretos interpretaran que las órdenes no dadas permitían actuar así. Una investigación oficial en el Reino Unido en 2016 dictaminó que era "probable" que Putin hubiera aprobado la operación junto al entonces jefe del FSB. El Gobierno no ha hecho pública toda la información de que dispone.

En marzo de 2018, otros dos asesinos fueron enviados por el Kremlin de Moscú a Londres, siguiendo la misma pauta de comportamiento de Kovtun y Lugovoi 12 años antes. Su objetivo era Sergei Skripal, un doble agente ruso que había espiado para el MI6. Los dos hombres eran coroneles de la inteligencia militar rusa que manejaban identidades ficticias: Anatoliy Chepiga y Alexander Mishkin.

Según el Gobierno británico, Mishkin y Chepiga utilizaron un agente nervioso de la era soviética –novichok– en el pomo de la puerta de entrada de la casa de Skripal en Salisbury. Él y su hija Yulia cayeron desplomados varias horas después en un banco del centro de la ciudad. Sobrevivieron, pero otra mujer, Dawn Sturgess, murió dos meses más tarde después de rociarse las muñecas con novichok. El Reino Unido y otros países aliados expulsaron entonces a más de 150 espías rusos de sus embajadas.

No existen pruebas concluyentes de la participación de Putin en estas operaciones. No se sabe hasta qué punto él pudo ordenar o estar informado de los hechos ni la cadena de mando que siguieron los asesinos. El hecho de que la lista de víctimas, tanto en Rusia como en el extranjero, sea larga sugiere que el Kremlin, vea como vea este comportamiento, lo acepta como un mal necesario aunque implique altos costes. Envía un mensaje al mundo: que la disidencia tiene límites y que la oposición frontal al Estado puede acarrear el mayor de los precios. 

21 de agosto de 2020 21:21h

Traducido por Alberto Arce

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Sábado, 22 Agosto 2020 05:36

Navalny

Navalny

El intento de asesinato de Aleksei Navalny, una de las voces más críticas con el Kremlin –envenenado con una sustancia tóxica no identificada que lo dejó en estado de coma y conectado a un aparato de respiración artificial en un hospital de Omsk, en Siberia–, se añade a una larga lista de crímenes cuyo denominador común es quedar sin castigo.

Por más que se investigue nunca se autoriza revelar quién ordenó atentar contra la vida –con balas y veneno, sobre todo– de políticos, como Boris Nemtsov y Serguei Yushenkov, o periodistas, como Anna Politkovskaya y Yuri Schekochijin, o activistas, como Piotr Verzilov o el propio Navalny, todos ellos una suerte de piedra en el zapato de los miembros de la élite gobernante, sin hablar de otra categoría que ni siquiera hace falta investigar: los ex espías, como Aleksandr Litvinenko o Serguei Skripal, que cometieron alta traición.

Es obvio que el Kremlin no se deshace de sus adversarios ordenando su muerte, pero a la vez contribuye a que recaiga sobre él la sombra de la sospecha al proteger al autor intelectual de cada crimen, ofreciendo completa impunidad al responsable, y distrayendo la atención con todo tipo de especulaciones difundidas desde los medios de comunicación bajo su control.

El envenenamiento de Navalny no es la excepción y hay canales de la televisión pública que no se sonrojan al afirmar que la víctima sufrió una intoxicación etílica por tomar en ayunas dos vasos grandes de vodka o que tuvo una sobredosis de algún narcótico, mientras no se permitía a Yulia Navalnaya ver a su marido por no haber llevado el certificado de matrimonio o por que el paciente en coma no quería que entrara.

También se negaban a entregarle la ropa de su esposo y tardaron en permitir que un avión-ambulancia, equipado con un quirófano, transportara a Navalny a una clínica especializada de Berlín, pues en opinión del director del hospital de Omsk su delicado estado podría empeorar con un vuelo tan largo, a pesar de que su esposa asumía el riesgo.

Muy larga es la relación de políticos y funcionarios, legisladores y empresarios cercanos al poder, cuyas corruptelas exhibió Navalny en Internet, que pudieran querer vengarse de él. Ahora, lo importante es que el líder opositor se recupere cuanto antes y que el veneno no le cause graves secuelas.

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Aleksei Navalny (al centro) en el autobús que lo llevaba a abordar el avión en que viajaría de Tomsk a Moscú. En el vuelo se desmayó y el capitán aterrizó de emergencia en Omsk; ahí fue hospitalizado. Kira Yarmysh, jefa de prensa, y otros miembros de su equipo, en la imagen.Foto Ap

Moscú. La figura más destacada de la oposición al Kremlin, Aleksei Navalny, se debate entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad siberiana de Omsk, donde ayer fue ingresado de urgencia por lo que los médicos diagnostican como envenenamiento con una sustancia tóxica aún por definir.

Navalny, quien se encuentra en estado de coma y está conectado a un aparato de respiración artificial, con pronóstico grave pero estable, empezó a sentirse mal apenas despegó su avión del aeropuerto de Tomsk –otra ciudad siberiana– en vuelo hacia Moscú y, tras sufrir fuertes dolores y perder el conocimiento, el capitán de la nave solicitó un aterrizaje de emergencia en Omsk.

El famoso bloguero –quien asumió de modo simbólico el liderazgo de la oposición extraparlamentaria en Rusia con sus denuncias en Internet de la corrupción de miembros prominentes de la élite gobernante (titulares de carteras en el gobierno, funcionarios de dependencias públicas, legisladores oficialistas, empresarios del primer círculo presidencial)– regresaba a Moscú después de visitar Novosibirsk y Tomsk.

En ambas regiones seguidores de Navalny se presentan como candidatos en las elecciones convocadas para septiembre, aparte de que pudo reunir evidencias de los malos manejos y la riqueza acumulada por los aspirantes avalados por el Kremlin, según trascendió.

Muy larga resulta la lista de personas que –exhibidos su enriquecimiento ilícito y abusos de poder– pudieran querer vengarse de Navalny, por lo cual hay elementos para suponer que su intoxicación en Tomsk no tiene que ver necesariamente con su estancia en Siberia.

Según relata Kira Yarmysh, encargada de comunicación social en el equipo de Navalny que viajaba con él, el opositor por precaución no quiso desayunar nada en el hotel y sólo tomó una taza de té en un local del aeropuerto de Tomsk.

Tuvo tiempo para sacarse una foto con sus acompañantes en el autobús que los llevaba para abordar el avión –disponible la foto en las redes sociales– hasta que, en pleno vuelo, su rostro se descompuso, comenzó a tener intenso dolor en el vientre y, al intentar ir al baño, se desmayó.

El capitán del vuelo Tomsk-Moscú de la compañía S7 solicitó permiso para un aterrizaje de emergencia, lo que evitó lo que hubiera sido una muerte inevitable en el aire y ahora depende de la capacidad de los médicos para tomar decisiones acertadas y, si no fallan, del propio paciente para recuperarse.

No es la primera vez que se atenta contra la vida de Navalny, ya intoxicado durante un encarcelamiento y también afectado con el lanzamiento de ácido en los ojos que requirió tratamiento en una clínica de España.

En esta ocasión, si Navalny logra despertar del coma, no se descarta que su esposa Yulia, quien ayer llegó a Omsk, autorice su traslado en un vuelo especial para seguir tratamiento en un hospital de otro país, pero los médicos que lo están tratando consideran que su estado no permite moverlo a ningún lado.

Por Juan Pablo Duch

Corresponsal

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Venezuela: un sector de la oposición no participará de las elecciones

De cara a los comicios legislativos del 6 de diciembre 

 

Faltan cuatro meses para las elecciones legislativas en Venezuela. Finalmente, como se anticipaba, un sector de la oposición no participará. La decisión fue anunciada el domingo a través de un comunicado suscrito por 27 organizaciones opositoras, donde afirman que lo que sucederá el 6 de diciembre no será una contienda electoral sino un fraude.

En el comunicado aparecen las firmas del denominado G4, es decir Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, junto con otras organizaciones articuladas alrededor de la estrategia abstencionista. Esa opción de boicot electoral no es nueva en la historia reciente venezolana, ocurrió en época de Hugo Chávez y volvió a repetirse en el 2017 y 2018.

Sin embargo, no se trata de una estrategia compartida por el conjunto de la oposición. Si eso ya había quedado de manifiesto en las contiendas anteriores, ahora lo es con mucha más fuerza ya que un sector mayoritario de fuerzas de oposición participará de las elecciones del 6 de diciembre. El Consejo Nacional Electoral ya indicó que para estas elecciones se han inscrito 105 partidos.

La apuesta por la abstención tampoco es compartida dentro de muchos de los partidos del G4, divididos en su interior. Un caso paradigmático es el de Primero Justicia, públicamente fracturado en tres posturas. Por un lado, quienes son parte de la apuesta alrededor de la figura del “gobierno interino”, como, por ejemplo, Julio Borges. Por otro lado, quienes se oponen a esa línea y ahora, tarjeta del partido en mano, anuncian que serán parte el 6 de diciembre. 

Y, por otra parte, Capriles Radonski, que sostiene una tercera posición. “¿Vamos a seguir haciendo política con los pies a dónde? Los pies hay que tenerlos en la tierra, usted tenía un plan y el plan fracasó, ¿va a seguir pegándose con el fracaso?, se acabó. (…) Tenemos que salir de la gran contradicción gobierno vs fantasía. ¿Gobernar en internet? ¡Por favor!”, afirmó el excandidato presidencial pocos días atrás, desmarcándose tanto de Guaidó -“el fracaso”- como del gobierno.

Esto mismo se repite dentro de Acción Democrática donde por un lado un sector, encabezado por Henry Ramos Allup, firmó el comunicado denunciando anticipadamente el fraude, mientras que otro, dirigido por Bernabé Gutiérrez, ya se encuentra en campaña desde hace varias semanas. Ambos se dicen representantes del partido, pero el segundo es parte de la junta directiva que reconoce el Tribunal Supremo de Justicia. A la opción de participar se sumó además la gobernadora del estado Táchira, miembro del partido, Laidy Gómez.

Si el mapa de fuerzas es complejo, la división política, en cambio no lo es. El comunicado de abstención ocurre pocos días después de que Washington vuelva a sentar posición respecto a las elecciones. Elliot Abrams, denunciado por sus implicaciones en masacres en América Central en la década del 80 y encargado del asunto Venezuela por el Departamento de Estado, volvió a ratificar la posición estadounidense.

“Las condiciones para unas elecciones libres y justas son de hecho mucho peores de cómo estaban en el 2018 (…) las elecciones parlamentarias en diciembre ya están manipuladas”, declaró ante la prensa.

Así, detrás de la decisión de participar o no participar el 6 de diciembre, se encuentra el parteaguas principal: mantenerse detrás de la estrategia diseñada y conducida desde Estados Unidos, que cuenta con apoyo bipartidista interno, o tener una política propia desacoplada de Washington. Es entonces mucho más que un debate sobre abstención.

El alineamiento a Estados Unidos significa tres aspectos centrales. Por un lado, sostener la ficción del gobierno paralelo, inexistente dentro del país, pero reconocido por el arco de gobiernos que siguen la política exterior estadounidense hacia Venezuela. Por otro lado, y vinculado con lo primero, apoyar la política cada vez más exacerbada de bloqueo económico y robo de activos venezolanos en el extranjero. Por último, y como central, mantener la apuesta a una salida vía derrocamiento de Nicolás Maduro.

LEER MÁSPolítica o Nopolítica

Ese alineamiento significa para los partidos opositores apoyar un bloqueo que golpea sobre el conjunto de la economía, la sociedad y cuenta con poca legitimidad. Implica también una renuncia al ejercicio político, a la participación electoral. La pregunta, ante la cual no tienen respuesta es: ¿cuál es el plan? Bajo ese silencio se esconden las tramas de operaciones encubiertas, intentos de fractura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el colapso económico nacional como estrategia de acceso al poder.

Este escenario se desarrolla mientras el país enfrenta el aumento de la pandemia de covid-19. Existen actualmente 20.206 casos de contagio y 174 fallecidos, un número menor en comparación con el cuadro de los países vecinos. Sin embargo, el número preocupa debido a la velocidad con la cual se multiplican los contagios, y por las dificultades económicas que enfrenta el país, que, además, venía presentando retrocesos en el ámbito sanitario, en particular en los hospitales públicos.

Ante la aparición de la pandemia el gobierno reforzó tanto la dotación de insumos médicos a través de convenios con gobiernos aliados, como China, Rusia y Cuba, así como la red desarrollada durante años en los barrios populares, a través, por ejemplo, de los Centros de Diagnóstico Integral. El viernes, por ejemplo, fue inaugurado un centro especial de lucha contra la covid-19 en el conocido Poliedro de Caracas, con 1.200 camas hospitalarias, unidad de cuidado intensivo, quirófano y laboratorio móvil. El acceso, cuidado y tratamiento será gratuito para los pacientes.

Con el mapa ya definido ante el 6 de diciembre, la pandemia en pleno desarrollo, queda ahora por ver si Washington, en medio de tormentas internas, dará luz verde a una acción para, nuevamente, intentar un derrocamiento. 

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Martes, 21 Julio 2020 06:13

Bolivia en la encrucijada  

Bolivia en la encrucijada  

La derecha boliviana (bueno, sus asesores norteamericanos y argentinos) leyeron las encuestas del derecho y del revés. Y llegaron a la conclusión de que no hay forma de que Jeanine Añez gane en los comicios si es que estos se realizan el 6 de septiembre. Es más, el MAS podría repetir un triunfo histórico.

Por ello, enarbolan el temor como bandera: si se va a votar los sufragantes corren peligro de contraer coronavirus. El último en sumarse a esta cruzada ha sido Jorge Tuto Quiroga, quien ha puesto el ejemplo de sus padres octogenarios para decir que él no los pondría en peligro.

Y Jeanine Añez ha comenzado a soñar de nuevo. Sus oraciones podrían hacerse realidad y ella seguir sentada en la silla. Pero tiene un gran problema: con el equipo que cuenta no tiene posibilidad alguna se continuar pues la población les ha perdido el respeto debido a la corrupción y la incapacidad para enfrentar las crisis generadas por las dos pandemias: la salud y el hambre.

Por ello requiere de un segundo aire. Cuando comenzó la crisis de la covid-19 los oficialistas estaban seguros de que ella permitiría que puedan tener el favor ciudadano si lograban salir airosos de la prueba. Por muy al contrario se aplazaron.

Pero ahora proponen un gobierno de Unidad Nacional, es decir la alianza de toda la derecha, posiblemente sin Mesa, pero claramente sin el MAS para poder “ahora sí hacer las cosas bien”.

Por eso, su exministro de la Presidencia y hombre de Luis Fernando Camacho, Jerjes Justiniano, ha planteado suspender los comicios y hacer gobierno de unidad hasta el 6 de agosto del 2021.

La presidenta contempla entonces marzo como fecha de elecciones.

La furia popular

Claro que para eso la ultraderecha tiene que superar dos grandes escollos: primero el del MAS que por supuesto no aceptará la postergación y luego la molestia popular que quiere que hayan elecciones para tener un nuevo gobierno que enfrente con legitimidad la pandemia.

En el primer caso el oficialismo buscará conseguir los votos necesarios en el Congreso tratando de sumar a parte de la bancada del Movimiento al Socialismo. Ya el presidente de la Cámara de Diputados y militante del partido de Evo Morales, Sergio Choque, se pronunció sobre darle la potestad al Tribunal Supremo Electoral para que vea la mejor fecha para la realización de las elecciones.

El pedido de inhabilitación de la sigla izquierdista al haber supuestamente revelado Luis Arce encuestas internas sería la carta de transacción para que se acepte la postergación con el límite de noviembre de 2020. Y cuando se acerquen los plazos al penúltimo mes del año habría una nueva postergación, o mejor aún una nueva convocatoria para el próximo año.

Las cartas sobre la mesa

Pero el MAS también tiene un joker entre sus cartas. Si bien el artículo 136 de la Ley Electoral prohíbe la difusión de encuestas, una ley posterior la de Organizaciones Políticas no contempla esta variante; por lo tanto, no habría posibilidades de inhabilitación dado que quien debe definir la contradicción de dos leyes es el Parlamento y tiene primacía la más nueva. Además ya se presentó ante Tribunal Constitucional Plurinacional la inconstitucionalidad del 136 al violar el derecho a la libre expresión.

La otra carta ganadora es la molestia de grandes sectores sociales que están esperando las elecciones como la posibilidad de terminar con un gobierno al que califican como dictatorial.

Hasta el momento el Movimiento al Socialismo ha sido el dique que ha evitado que se desborden las movilizaciones. Si se postergan las elecciones, habrá problemas.

Claro que Jeanine y, sobre todo el hombre detrás del trono, Arturo Murillo, juran que con represión y con el miedo a contagiarse de covid-19 es posible frenar a los díscolos “aunque sea a bala”, lo que Murillo ha repetido a quien quiera oírle. Su pasado hace creíble esto.

Como todo juego de tronos éste también es el de enmascaramientos. El Tribunal Electoral lanzará su propuesta de tener la facultad de cambiar la fecha. Quieren elecciones en noviembre pero no quieren decirlo así (o no pueden) y prefieren dejar la cosa en un margen que iría del 6 de septiembre al 29 de noviembre. La ultraderecha quiere elecciones para el próximo año pero propondrá como primer paso noviembre para luego postergar este plazo también.

De momento la pelea pasará a Congreso. Jeanine dará como ofrenda a los dioses bajar su postulación, Camacho y Tuto ya tejen ser parte del gobierno y de sus mieles, el MAS vela las armas para el combate, pero ¿y Mesa?: como siempre el expresidente juega a las dos puntas, a algunos les dice que no hay que mover la fecha pero públicamente dice que si la pandemia aprieta habría que postergar.

En una reciente entrevista Arturo Murillo dijo que el 6 de septiembre habría violencia y que Bolivia se jugaba los próximos 30 años. Parece que esta vez no ha mentido.

Jaime Iturri Salmón es periodista.

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Jeanine Áñez sujeta los Evangelios tras proclamarse presidenta interina, el pasado noviembre

Las fuerzas de seguridad arrestan a la alcaldesa vejada por una turba de violentos en noviembre y otros ediles del MAS

Mientras se cumple la cuarentena por el coronavirus en Bolivia, se han producido varios incidentes en los que han estado involucrados la Policía y el principal partido de oposición, el Movimiento al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales. El último de ellos fue la detención de Patricia Arce, alcaldesa de la pequeña ciudad de Vinto, candidata a senadora y una de las figuras más simbólica de este partido izquierdista. Arce se volvió conocida en noviembre del año pasado, cuando fue golpeada y humillada por un grupo de manifestantes violentos opositores a Morales. Su caso constituye una pieza importante en la investigación internacional sobre las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron antes, durante y después de la caída del poder del exmandatario boliviano.

Ahora Arce ha sido acusada por la Policía de reunir a un grupo de personas en su casa y de beber alcohol en ella, lo que rompe las reglas de la cuarentena. Según la alcaldesa, los agentes allanaron sin orden judicial ni medidas de bioseguridad su domicilio, en el que solo estaban ella, sus hijos y su chófer celebrando el cumpleaños de uno de los miembros de la familia, sin romper el aislamiento que impone la cuarentena. Arce también aseguró que el control de alcoholemia que le hicieron arrojó un resultado normal, aunque esto último no ha sido confirmado oficialmente. “Es el peor abuso que he sufrido en mi vida; mi hijo menor ha sido llevado a un reformatorio y mis otros hijos están presos conmigo como delincuentes, cuando ellos no son responsables de nada”, declaró en un vídeo. La Policía comunicó que la alcaldesa será procesada por “daños a la salud”, delito sancionado con entre tres y diez años de prisión. Esta grave acusación ya se ha realizado y probado en otros casos, durante el mes de cuarentena. Si Arce fuera declarada culpable, quedaría inhabilitada como candidata al Senado en las próximas elecciones.

Evo Morales publicó en un tuit que el delito de su compañera de partido fue “ser solidaria con familias pobres” y afirmó que denunciaría lo sucedido a los organismos internacionales de derechos humanos. Relacionó así la detención de la alcaldesa, que en las últimas semanas se había dedicado a repartir comida a los hogares pobres de su municipio, con otro apresamiento, realizado cuatro días antes, de funcionarios de la alcaldía de Villa Tunari, también dirigida por el MAS, que habían viajado por carretera en un camión, según dijeron, a llevar alimentos a otros municipios.

Villa Tunari se encuentra en el Chapare, una zona controlada por los sindicatos de campesinos cocaleros que constituyeron el núcleo fundador del MAS. Según el dirigente de estos sindicatos e importante líder del partido, Andrónico Rodríguez, su propósito de trasladar productos agropecuarios del Chapare a la ciudad de Cochabamba y otros sitios ha sido obstaculizado por el Gobierno por razones políticas. “La solidaridad se criminalizó, llegamos al extremo de que la cuarentena se judicializó, tal parece que la justicia tiene un fin político", declaró Rodríguez a la prensa.

En el Chapare no se habían estado repartiendo las ayudas en efectivo que aprobó el Gobierno interino de Jeanine Áñez para posibilitar que las familias más vulnerables sigan en cuarentena. Esto se debía a que los bancos no funcionaban en esta región. Así lo había decidido el gabinete después de que los policías asignados a proteger uno de estos centros financieros en el pueblo de Shinaota fueran expulsados por un grupo de ciudadanos. Aunque finalmente se llegó a un acuerdo y la Policía volverá a Shinahota, esta institución no puede operar con tranquilidad en el Chapare desde el derrocamiento de Morales, en el que participó activamente. Esto provocó la animadversión contra ella de una importante parte de la población de esta zona del país. El MAS ha negado haber organizado la protesta y Morales ha denunciado que la suspensión de la ayuda financiera a los habitantes del Chapare fueron una sanción política contra sus adherentes.

En las últimas horas fue detenido, además, un activista digital del MAS, acusado de sedición por llamar, en las redes, al “levantamiento popular“ contra la “dictadura de Áñez”. Para este partido, se trata de una acción directamente orientada contra la libertad de expresión.

La Paz - 23 abr 2020 - 20:26 COT

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Elecciones en Venezuela: legislativas vs. presidenciales

El gobierno y sectores de la oposición llaman a legislativas, mientras Guaidó asegura que sólo participará de presidenciales. 

Nicolás Maduro ha mantenido una constante desde el año pasado: afirmar que habrá elecciones legislativas en el 2020, como indica el calendario electoral. Si entonces se trataba de una fecha lejana tomando en cuenta la dinámica vertiginosa de la política venezolana, ya es un escenario cercano alrededor del cual se centran los debates.

Se trata de una cuestión compleja por tres razones centrales. En primer lugar, es una elección a la Asamblea Nacional (AN), espacio sobre el cual la oposición construyó su trinchera institucional desde el 2016 y que, desde el año pasado, fue nombrado por Estados Unidos como única institución legítima, ardid a partir del cual designaron a Juan Guaidó como presidente encargado.

En segundo lugar, porque desde el mes de enero existe un nuevo presidente de la AN, Luis Parra, miembro del partido opositor Primero Justicia, que sesiona en las instalaciones del poder legislativo. Pero Guaidó y los diputados articulados alrededor de su bloque no han reconocido esa victoria y realizan sesiones en plazas públicas atribuyéndose la verdadera presidencia legislativa.

En tercer lugar, esa misma división en filas opositoras responde no solamente a disputas por negocios y corrupción como se han acusado mutuamente, sino justamente a la estrategia ante las próximas elecciones. La AN presidida por Parra, así como la oposición nucleada en la denominada Mesa Nacional de Diálogo, trabaja hacia el escenario de las legislativas, mientras que el sector de Guaidó sostiene que las próximas elecciones deben ser las presidenciales.

La oposición que participará de las legislativas era minoritaria hasta el año pasado. Pero, desde septiembre hasta la fecha ha tomado fuerza, sumado dirigentes, partidos, y el efecto se ha invertido: Guaidó, que responde al plan trazado desde Washington, luce ahora en minoría.

Existe un punto central transversal a este debate: la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta semana fue reactivada una comisión integrada por diputados del chavismo, de la AN presidida por Parra y diputados nucleados alrededor de Guaidó, para trabajar sobre la conformación del nuevo poder electoral.

Pero, mientras los diputados del chavismo y de la oposición alejada de Guaidó afirman que el nuevo CNE será para elecciones legislativas, Guaidó mantiene que, aunque sea parte de la comisión para el nuevo poder electoral, sólo participará de presidenciales.

Esa misma posición tiene su correlato internacional. El Grupo de Lima, por ejemplo, se reunió el día jueves en Canadá y expuso en la declaración final que “las parlamentarias solas son un problema y que lo necesario en este momento son unas elecciones presidenciales libres”.

Esa posición sigue la política norteamericana que sostiene que además de una elección presidencial, es necesario que sea sin Maduro en la presidencia. Es lo que, traducido en Venezuela, Guaidó afirma semanalmente desde hace más de un año: el cese de la usurpación, seguido de un gobierno de transición y elecciones libres, es decir la fórmula que sí resultó en Bolivia con el golpe de Estado.

Mientras el debate electoral avanza hacia un posible CNE y fecha de contienda, la estrategia norteamericana es agudizar el bloqueo contra la economía venezolana. El Departamento del Tesoro sancionó esta semana a la empresa petrolera rusa Rosneft Trading S.A, filial de Rosneft Oil, una acción que se suma al ataque a la empresa estatal de aviación Conviasa, anunciada pocas semanas atrás.

El objetivo de Estados Unidos es cercar la economía, impedir el funcionamiento de sus áreas vitales como la industria petrolera, la venta de oro, o el acceso a los sistemas financieros. Esa presión, junto con operaciones encubiertas y promesas de salvación a quienes traicionen, busca forzar al gobierno a ceder o lograr un quiebre interno.

El plan norteamericano no ha dado ese resultado y, en vez de contar con un respaldo mayoritario en Venezuela, ha ampliado rechazos tanto en la sociedad como en sectores de la dirigencia opositora política y económica. Quienes se oponen la política de asfixia son quienes a su vez se presentarán a las elecciones legislativas.

Quedan días, semanas y meses de negociación. El plan del chavismo y del sector con quien se dialoga es lograr traccionar a la mayor cantidad de fuerzas opositoras para darle mayor legitimidad a la contienda.

El desafío de Guaidó es el de frenar esa emigración política, para lo cual necesita poder ofrecer un plan que no sea únicamente asfixiar la economía, que brinde resultados concretos. Una vez más, quien podría tener la capacidad para hacerlo, no será él, sino el poder norteamericano, lo que dependerá de una superposición de cálculos electorales y geopolíticos. 

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