Viernes, 08 Febrero 2019 05:45

La oposición va por Pdvsa

La oposición va por Pdvsa

El proyecto que representa Juan Guaidó no sólo se propone desguazar la estructura de protección social, sino también controlar y desnacionalizar lo más productivo de la economía venezolana: la petrolera estatal.


El proceso destituyente en Venezuela tiene algunos puntos de contacto entre las viejas dictaduras militares latinoamericanas de los años setenta. Por caso, el martes pasado la Asamblea Nacional que preside el autoproclamado Juan Guaidó aprobó una norma que lleva el rimbombante título de “Estatuto que rige la transición para la defensa y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. En su articulado se vislumbra el proyecto que representa Guaidó, que no sólo se propone desguazar la estructura de protección social sino, y sobre todo, controlar y desnacionalizar lo más productivo de la economía venezolana, la petrolera estatal Pdvsa.


El estatuto aprobado por la Asamblea tiene cierta similitud con el antiguo estatuto del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, redactado por los jerarcas de la dictadura cívico militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. La diferencia radica en que Guaidó y los suyos todavía no concretaron el golpe aunque actúen como si ya lo hubiesen logrado dictando de leyes que carecen de valor legal luego de que el Tribunal Supremo de Justicia declarara a la Asamblea Nacional en desacato. No las pueden aplicar pero desnudan su objetivo golpista.


La oposición, haciendo una lectura antojadiza de la Constitución vigente, no solo justifica la autoproclamación de Guaidó como “presidente ‘encargado’” sino que flexibiliza el plazo de 30 días que le impone la Carta Magna para convocar a elecciones.


Si se cumpliese el artículo 233 de la Constitución, que tanto declama la oposición, el tiempo que tiene Guaidó para llamar a nuevas elecciones presidenciales vencería el próximo 23 de febrero. Sin embargo, el “estatuto” aprobado establece que ese período comienza a correr una vez que Maduro abandone el cargo y se retire del Palacio de Miraflores, sede del gobierno central. Por lo tanto, hasta que eso no ocurra, los 30 días no comienzan a correr y Guaidó puede seguir jugando a ser presidente interino.


Por si acaso y para que tenga una apariencia legal, los diputados opositores de la Asamblea Nacional reinterpretaron el artículo 26, que ahora contempla que si Nicolás Maduro no abandona el gobierno o, como afirma el artículo, no se produzcan “las condiciones necesarias”, la AN ascenderá a Guadó. Esto es, pasará de “presidente encargado” a presidente provisional, momento a partir del cual los famosos plazos del artículo 233 comienzan a desvanecerse. El mandato constitucional de Maduro vence recién en 2025 por lo que Guaidó podría seguir siendo un presidente virtual por tiempo indefinido al solo efecto de mantener el esquema de ataque permanente al Ejecutivo bolivariano.


Ahora bien, si Guaidó fuera designado por sus pares como presidente provisional tendrá como tarea prioritaria la conformación de “un gobierno de unidad nacional”, que tendrá que llamar a elecciones para que se complete el mandato que hoy ejerce Maduro. Eso sí, ese eventual gobierno de unidad tendría 12 meses para llamar a “elecciones libres”, aunque el texto deja abierta la posibilidad que ese plazo se alargara.


Al mismo tiempo, la redacción del artículo 29 es tan ambigua como peligrosa. Los diputados opositores consideran, en base a ese artículo, que un eventual gobierno provisional “podrá solicitar la ayuda de la comunidad internacional a los fines de restablecer la soberanía estatal en el territorio de la República”. El artículo advierte además que esa solicitud de ayuda debería ser autorizada por la Asamblea Nacional, según lo exige la Constitución que el estatuto interpreta y modifica. Sin embargo, al no especificar qué tipo de ayuda podría reclamar Gaudió queda abierta la posibilidad de una eventual colaboración militar extranjera y así justificar una invasión.


El artículo 34 se concentra en el objetivo del plan golpista, el control de la petrolera estatal Pdvsa. En ese sentido, el gobierno provisional debería conformar una junta de administración ad-hoc, que podría estar integrada por especialistas extranjeros que, según afirma el estatuto, deberían mejorar el rendimiento de la empresa y, sobre todo, abrir Pdvsa a la inversión extranjera o, como se dice vulgarmente, privatizarla de hecho.


El estatuto se pergeñó con tanta impunidad que la oposición se permite afirmar que en todas las disposiciones que se dicten en el caso de Pdvsa “prevalecerá sobre cualesquiera otras normas aplicables y orientará la interpretación de cualesquiera otras formalidades requeridas en el ordenamiento jurídico venezolano”.


Por lo tanto, cuando Guaidó y los suyos hablan de transitoriedad cada vez queda más claro que esa condición no tiene plazos y que se propone tomar el control económico de Venezuela.

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Miércoles, 06 Febrero 2019 06:46

Promesas y show mediático

Promesas y show mediático

Juan Guaidó y la oposición venezolana construyen día a día un muro que los rodea y que de a poco los encierra en su obtusa decisión de terminar, por los medios que fueran, con el gobierno constitucional de Nicolás Maduro. Sin embargo, no se trata de un error de cálculo o construcción lo que comete el diputado, ingeniero de profesión, sino que forma parte de una estrategia antes escrita y diseñada donde su rol es ser la cara visible de este plan destituyente. En ese juego, Guaidó no tiene autoridad para negociar con el gobierno bolivariano ni con aquellos que ofrecen mesas de diálogo porque, más allá de lo que exprese en los medios, no deja de ser un peón. Su rol es azuzar la crisis a través del plan de ayuda humanitaria con el que oculta el ahogo económico y financiero que vive el país fruto del bloqueo que aplica el gobierno de los Estados Unidos con el beneplácito de Europa. Guaidó no tiene ni siquiera capacidad de salir por arriba de ese muro. No se lo perdonarán sus seguidores que dilapidan odio y reclaman sangre por las redes sociales y tampoco la administración de Donald Trump que lo controla.

De todas formas el diputado cumple con entusiasmo el rol que le adjudicaron pero el tiempo no le sobra. Mientras el gobierno de Nicolás Maduro no se repliega y mueve sus hilos en la política doméstica como en el extranjero, Guaidó sólo tiene promesas para ofrecer. La famosa ayuda humanitaria continúa siendo un anuncio y una propuesta. Sus colaboradores, mucho más histriónicos que él, hablan sin cesar por los medios diciendo que ya está llegando ese auxilio y lo hacen como si se tratara de una caja de encomienda que una madre envía a sus familiares a otra provincia. Para colmo, tanto la ONU como la Cruz Roja advirtieron que no serán parte de esa pantomima porque deben cumplirse una serie de requisitos que tienen que acordarse y cumplirse con el gobierno que recibe la ayuda, esto es, Maduro. Es por eso que el presidente bolivariano define a la ayuda humanitaria como un show mediático.
Dirigentes del chavismo consideran que el objetivo de la oposición es generar, a través de la ayuda humanitaria, un conflicto fronterizo mediático cuando no les permitan ingresar los camiones que dice la oposición contar. No está claro si aquello será suficiente como para justificar la tan mentada invasión que, de concretarse, también necesita tiempo para su puesta en marcha. Esa espera es posible que Guaidó la entienda, además de estar obligado, pero no está claro si lo comprenderán los fanáticos seguidores de la oposición que le reclaman la cabeza de Maduro. Ese sector de la población, la más adinerada y privilegiada, se autoalimenta de rencor propio de clase y consume con fruición las promesas que le hacen los partidos de la oposición.
En el mientras tanto, Guaidó llama a sesionar a la Asamblea Nacional que preside pero aunque debatan y aprueben leyes ninguna llega a transformarse porque no controla los resortes del Estado, ni siquiera la imprenta del boletín oficial para contar con la formalidad de una ley sancionada. Eso, con el correr de los días provoca desconcierto y descreimiento entre los seguidores que ven que todo sigue como siempre porque, al menos en Caracas, la vida continúa dentro de los carriles convencionales de la normalidad.


De todas maneras el peligro de la invasión forma parte del cálculo de probabilidades y Maduro no descuida ese flanco por aquello de lo imprevisible que resultó ser Trump a quien tampoco le conviene fracasar frente a un presidente latinoamericano. En ese sentido, Maduro no dejó de trabajar sobre la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que, a diferencia de países como la Argentina, no está integrada por los hijos e hijas de las clases privilegiadas. Por supuesto que hay defecciones pero esas están lejos de ser la gota que orada la piedra porque no hubo una huida en masa como preveía y había prometido el diputado Guaidó.


La crisis está lejos de resolverse. Lo que no está del todo claro es cómo se superará este momento en particular. Maduro ofreció y continúa habilitando alternativas mientras Guaidó continúa detrás de su muro que se cierra a su alrededor y que no simboliza democracia y mucho menos libertad.

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Más de 100 grupos neoliberales defienden los intereses de la industria del tabaco contra la regulación pública

TheGuardian ha investigado la relación entre las principales multinacionales del tabaco y los grupos de prensamiento, lobby e investigación académica

Más de 100 organizaciones neoliberales de todo el mundo han adoptado posturas favorables a la industria del tabaco o han recibido donaciones de las tabacaleras

Malboro niega que sus donaciones a think tanks tenga ninguna relación con su lobby a favor de eliminar regulaciones para los productos del tabaco: "Es una insinuación ridícula"

Think tanks neoliberales de todo el mundo conforman una poderosa voz de apoyo a los fabricantes de tabaco en su batalla contra una regulación más dura, según muestra una investigación de The Guardian. La industria del tabaco ha sido tratada con distancia durante mucho tiempo y por muchos gobiernos porque los datos son evidentes: sus productos matan a más de 7 millones de personas al año. Sin embargo, la industria ha encontrado apoyo en think tanks neoliberales, incluidos algunos de los más prestigiosos.


Al menos 106 think tanks en una veintena de países han aceptado donaciones de las tabacaleras o han criticado las políticas de control del tabaco solicitadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según un detallado análisis elaborado por The Guardian. Los expertos en salud pública afirman que un control público fuerte salva vidas.


Los grupos examinados por The Guardian se han opuesto de diversas maneras a las cajas de cigarrillos sin promociones, han escrito a los legisladores en apoyo a nuevos productos tabacaleros o han difundido las investigaciones financiadas por esta industria. En un caso extremo, un think tank radicado en el continente africano cuestionó el vínculo entre el cáncer y el tabaco, señalando que "todavía tiene que quedar científicamente demostrado". Posteriormente retiró tal afirmación.


Patricio Márquez, experto en prácticas globales de salud en el Banco Mundial, señala que esta actividad puede afectar a los esfuerzos de salud pública. "Los think tanks han creado un arsenal de pruebas con el objetivo de influir en la toma de decisiones políticas", señala.


The Guardian ha examinado una de las mayores redes de think tanks neoliberales independientes del mundo, organizada por Atlas Network, una organización sin ánimo de lucro radicada en Arlington, Virginia, cerca de Washington DC. Atlas Network dice conectar "una red global de más de 475 organizaciones independientes de la sociedad civil en unos 90 países con las ideas necesarias para progresar en libertad".


Donaciones de la industria tabacalera


Al menos 53 think tanks neoliberales han aceptado donaciones de grandes empresas tabacaleras, según documentos de estas empresas y revelaciones a las que ha tenido acceso The Guardian. La mayoría de los think tanks se ha negado o no ha respondido a las peticiones para revelar sus donantes.


Oposición a los impuestos al tabaco


Al menos 25 think tanks neoconservadores se han opuesto a los impuestos al tabaco argumentando que no son efectivos, que son regresivos o que aumentan el tráfico ilegal. En algunos casos, las campañas contra los impuestos son muy amplias, aunque los expertos señalan que los impuestos “están generalmente reconocidos como la forma más eficaz” de reducir el consumo


Oposición a los paquetes lisos


Al menos 30 think tanks neoliberales estaban entre los 47 firmantes de una carta de think tanks a la Organización Mundial de la Salud en la que mostraban su oposición al empaquetado liso en el año 2016. Y al menos 14 think tanks neoliberales escribieron a la FDA en apoyo a la solicitud de Philip Morris International para vender nuevos productos en EEUU.
Philip Morris International, British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco, Altria y Reynolds American han donado a think tanks neoliberales analizados por The Guardian. Los productores niegan cualquier posibilidad de que las donaciones puedan influir en la actividad de los think tanks.


Algunos del los think tanks son muy influyentes en sus países, tienen buenos contactos y algunos han recibido financiación de puestos diplomáticos. En Estados Unidos, the Heritage Foundation, Cato Institute y Americans for Tax Reform han aceptado donaciones de la industria tabacalera y han opinado sobre la política del tabaco. En Reino Unido, el Adam Smith Institute y el Institute of Economic Affairs han hecho lo mismo.


Por ejemplo the Heritage Foundation aceptó donaciones del fabricante de Marlboro en EEUU, Altria, en 2012, 2013, 2014 y 2016. En 2018, un académico de la institución declaró ante la Administración de Drogas y Alimentos de EEUU (FDA) a favor de IQOS, el nuevo producto internacional de Philip Morris, que calienta, pero no quema el tabaco, argumentando que tenía una "trayectoria impresionante".


En respuesta a las preguntas de The Guardian, los think tanks afirman que son totalmente independientes, que no están influidos por ninguna donación y que abogan por posiciones a favor de las empresas, así como por la baja regulación e impuestos reducidos como parte de una filosofía más amplia de libre mercado. Algunos dicen que no están en contra de todos los controles al tabaco, que celebran el auge de los cigarrillos electrónicos en mercados más ricos y que están en contra de los "impuestos regresivos" sobre los cigarros que, afirman, afecta a las rentas bajas.


"Además de la publicidad, tienen a los think tanks"


Los think tanks existen para influir en las políticas, a menudo a través de asesoramiento percibido como independiente y ajeno a los intereses de empresarios y políticos. A diferencia de los lobbys, los think tanks no están obligados a revelar su financiación. Sin embargo, el mundo del think tank ha sido cada vez más controlado en los últimos años tras salir a la luz donaciones de gobiernos extranjeros y corporaciones.


En algunos casos, los think tanks parecen operar como una cámara de resonancia en la que organizaciones dentro de la red se apoyan en las investigaciones de otros para llegar a conclusiones similares.


"Además de la comercialización y publicidad [del tabaco], que está orientada a generar consumo, tienen este mecanismo adicional [los think tanks] para influir en la toma de decisiones políticas de una forma que proteja los intereses de la industria", afirma Patricio Márquez, del Banco Mundial.


"Se tiene que respetar la libertad de expresión siempre y cuando todo sea transparente", señala Márquez. "De esa forma, todo el mundo es consciente de a quién representas. De la misma forma que hacemos cuando recibimos subvenciones", añade.


Think tanks neoliberales se han posicionado a favor de las empresas tabacaleras en varios países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, España, Canadá, República Checa, Croacia, Francia, Alemania, Georgia, Irlanda, Serbia, Argentina, Chile, Perú, Honduras, Venezuela, India, Nepal, Pakistán, Ghana, Sudáfrica, Japón, Australia y Nueva Zelanda.
No todas las organizaciones de la red analizadas por The Guardian están activas en la política del tabaco y algunas lo han hecho únicamente en situaciones aisladas. Algunos think tanks publican documentos de política en torno al escepticismo con el cambio climático, la educación privada, las protecciones de las patentes farmacéuticas, la desregulación energética y otras causas conservadoras. En India, The Guaridan ha encontrado un think tank que ha realizado declaraciones alineadas con las propuestas de los expertos en sanidad pública sobre el control al tabaco.


"Estas empresas tabacaleras y otras grandes compañías no son filántropos", recuerda Stan Glantz, director de la biblioteca de documentos sobre tabaco de la Universidad de California en San Francisco. Glantz argumenta que su objetivo es influir en el debate político y señala que lo han intentado a través de varios grupos, pero han sido más exitosos con aquellos que apoyan el libre mercado y los valores neoliberales.


La respuesta de la industria


Los productores de tabaco niegan que haya nada problemático en que los think tanks defiendan posiciones favorables a la industria. Altria, Philip Morris International, British American Tobacco (BAT), RJ Reynolds y Japan Tobacco International han donado dinero a think tanks neoliberales en la última década.


Philip Morris afirma a The Guardian que "las ideas no están en venta", un sentimiento reflejado también por otra empresas tabacaleras. "Hemos trabajado y continuaremos haciéndolo con organizaciones cuidadosamente seleccionadas de todo el mundo que comparten nuestro deseo de promover políticas que producen mejoras significativas en la salud pública", señala PMI, el productor de los cigarrillos Marlboro. "Es ridículo insinuar que apoyar una organización puede hacer que esta tome determinadas acciones que de otra forma no tomaría", añade.


"Las afirmaciones que sostienen que nuestras contribuciones a organizaciones comprometidas con un cambio positivo en la sanidad pública crean un conflicto de interés no se sostienen, son irracionales y equivocadas", aseguran desde PMI.


Por su parte, Japan Tobacco Internacional explica: "Varios grupos por todo el mundo comparten nuestra visión de que cualquier regulación, relacionada o no con el tabaco, si no se comprueba y demuestra, puede tener graves efectos secundarios. Todo el mundo tiene claro que fumar tiene riesgos para la salud, somos totalmente transparentes en este asunto. Y, por eso, es importante que los productos del tabaco estén regulados".


"Como muchas otras empresas, apoyamos organizaciones que piensan como nosotros en temas que son importantes para nuestros negocios y nuestros consumidores", señala BAT.
Altria, el productor estadounidense de los cigarrillos Marlboro y donante a decenas de think tanks norteamericanos afirma: "Como la mayoría de las grandes corporaciones, Altria y sus empresas apoyan y son miembros de organizaciones de políticas centradas en asuntos que afectan a nuestros intereses".

 

Por Jessica Glenza - Nueva York
02/02/2019 - 20:10h
Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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Francia: Chalecos Amarillos se autoproclaman presidentes y dan una semana a Macron para convocar a elecciones

31 de enero de 2019.- Ante las presiones que pretenden imponer los gobiernos de Alemania, España y Francia, los Chalecos Amarillos, se han pronunciado a través de su cuenta en la red social Twitter, donde exigen la renuncia del presidente francés, Emmanuel Macron, al mismo tiempo, que le dan un ultimátum, para que convoque elecciones en el plazo de una semana.

De igual forma, el movimiento masivo, ha cuestionado que el mandatario francés ocupe más tiempo en interferir en los asuntos internos de otras naciones, mientras en su país ha hecho caso omiso a las peticiones que han realizado miles de ciudadanos, quienes se ven ahogados con sus políticas neoliberales.

“Chalecos Amarillos se autoproclama presidente de Francia en Acte XI y dan una semana a Emmanuel Macron para convocar elecciones en Francia, aprobar el RIC y responder ante el pueblo por la represion sufrida bajo su mandato”, indicó el movimiento.

Por su parte, el embajador ruso ante la Organización de Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, tildó de “ridículo” el plazo de 8 días que han dado los Gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido y los Países Bajos, para que Venezuela realice elecciones, como una manera de presionar al mandatario constitucional Nicolás Maduro.

“¿Cómo reaccionarían si Rusia propusiera abordar en el Consejo de Seguridad la situación en Francia y las protestas de los ‘chalecos amarillos”, que solo este fin de semana han sido 22.000 personas que salieron a las calles? ¿Lo considerarían como diplomacia preventiva? Quiero tranquilizar a la representante de Francia, no lo vamos a proponer. A diferencia de ustedes, no tratamos de reconocer o no reconocer a alguien, aunque sí reconocemos al Gobierno legítimo de Venezuela”, apuntó Nebenzia

Por: Resumen Latinoamericano | Jueves, 31/01/2019 10:10 AM |

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Miércoles, 30 Enero 2019 05:43

Golpe a golpe en Venezuela

John Bolton y Steven Mnuchin anunciaron las nuevas sanciones contra el gobierno venezolano.

Los anuncios de la Casa Blanca sobre el congelamiento de fondos de Pdvsa fueron un nuevo paso en la estrategia de desestabilización del gobierno de Maduro. Hoy, protesta; el sábado también. Buscan el reconocimiento de Guaidó.

Asistimos a un encadenamiento de pasos, una serie de secuencias que parecen cumplirse una tras otra según un orden. La génesis se sitúa en la ruptura de la mesa de diálogo en República Dominicana a principios del 2017, a partir de la cual la estrategia contra el chavismo descartó la vía electoral, y tiene su nuevo paso en los anuncios dados el lunes por la noche en la Casa Blanca. Lo que sucedió entre punto y punto es conocido, lo que está por venir puede ser –en parte y de manera aproximativa– anticipado. Al menos en el papel.


La primera conclusión es que no improvisan. Ni cuando eligieron a Juan Guaidó como nuevo héroe a ser construido en redes sociales, ni al iniciar la primera fase de violencia interna en los barrios populares del 21 al 24, ni la autojuramentación, ni la reunión en la Organización de Estados Americanos el 24, en la Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y en los recientes anuncios de los golpes sobre la economía.

Resultó claro al ver a John Bolton, consejero de seguridad nacional, y a Steven Mnuchin, secretario de tesoro, pararse ante las cámaras en la Casa Blanca para anunciar los nuevos asaltos a la economía venezolana. Declararon que congelarán siete mil millones de dólares de la petrolera Pdvsa en Estados Unidos (EE.UU.), y que el dinero de las compras que se realicen en Citgo, filial de Pdvsa en EE.UU., irán a cuentas bloqueadas. Es decir que realizarán un robo. Guaidó, casi en simultaneidad, anunció que designará una nueva comitiva en Citgo. La cadena de mando es vertical: el autonombrado presidente acata.

Los nuevos ataques sobre la economía estaban previstos. La diferencia con los que se dieron en años anteriores es la cantidad de cámaras, la magnitud de lo que implican, el cuadro de asalto en el que se desarrollan. Una suma de los últimos números brindados de manera pública da: 23 mil millones de dólares de daños, según reportó el canciller venezolano Jorge Arreaza, 1.2 mil millones de oro venezolano retenidos en Gran Bretaña, 7 mil millones sobre Pdvsa, y 11 mil millones que se generarán a partir de estos nuevos ataques, según Bolton.


En ese encadenamiento de pasos se enmarcan los cuatro próximos ya anunciados: las acciones de calle hoy, la movilización el sábado, la declaración ya formal por parte de la Unión Europea y Gran Bretaña del reconocimiento de Guaidó, y la reunión del Grupo de Lima el 4 de febrero. Se trata de los pasos públicos, los internacionales para avanzar en la conformación del cuadro, los nacionales -al parecer- para ganar tiempo hasta nueva activación de actos violentos de diferentes tipos combinados con las movilizaciones semipúblicas -ningún medio que sospechen afín al gobierno puede ingresar.

No significa que cada paso sea de triunfo dentro de la estrategia en marcha. Siempre es necesario preguntarse cómo medir victorias y derrotas dentro de varios planes en simultáneo. Por ejemplo: ¿no haber logrado mayoría en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es una derrota? ¿O sabían que no lo lograría y el objetivo era la reunión en sí, articulada con la conformación de todos los actores que los EE.UU. necesitan para dar los próximos pasos económico, políticos y armados? ¿Están dispuestos a avanzar aún con los desacuerdos de gobiernos como Rusia y China, con las nuevas situaciones creadas como, por ejemplo, el impacto de los anuncios sobre Citgo donde Rusia tiene casi la mitad de las acciones?


La hipótesis indica que avanzarán en otros niveles. “Nosotros los estamos esperando, estamos esperando a los violentos, los mercenarios, y a quienes pretendan meterse en Venezuela”, afirmó Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Lo dijo luego de describir el escenario en curso: “Esto es un asedio, un libreto, estuvimos viendo el formato que se aplicó en Libia y vemos los mismos actos progresivos que se han generado con la República Bolivariana de Venezuela”.

La “ayuda humanitaria” parece un punto central dentro de ese plan que avanza como campanadas. Guaidó y diferentes voceros de la derecha afirman que harán ingresar al país la ayuda, aunque no han dado detalles de cómo. Sería, dicen, el punto de inflexión en caso de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se niegue a dejarla pasar. ¿En qué territorio piensan montar el escenario con las cámaras, diplomáticos y organismos por delante, y los paramilitares/bandas criminales en las sombras? ¿Será a través de la frontera colombiana?


Es necesario caracterizar los actores locales e internacionales, en el primer caso los factores de derecha apéndices de los EE.UU. como es el partido Voluntad Popular al cual pertenece Guaidó, vinculado a la construcción de los escenarios de política criminal desde su nacimiento. En el segundo caso quienes están al mando de la Operación Venezuela: Donald Trump, John Bolton, Mike Pence, Mike Pompeo, Elliot Abrams, Marco Rubio, los vectores del neoconservadurismo norteamericano vinculados a las tramas más oscuras de las intervenciones declaradas o por debajo de la mesa en el mundo.

Describir el escenario, las posibles lógicas de las secuencias, las preguntas acerca de los límites o no de la avanzada dirigida desde los EE.UU., puede esclarecer el tipo de enfrentamiento en el que se está. El cuadro venezolano se ha desacoplado de los tiempos conocidos en los demás países del continente, guarda relaciones con factores como el paramilitarismo colombiano dentro de una estrategia que parece haber ingresado en claves aplicadas en Medio Oriente. Equivocarse en el análisis puede conllevar errores gruesos de apreciación.

La dimensión de lo inédito demanda actualizar las claves de análisis. Estamos ante un escenario novedoso dentro de una situación mundial inestable, de disputa, emergencias de potencias y manotazos norteamericanos para recuperar un terreno que se le escapa. Venezuela es uno de los puntos centrales que buscan tener bajo control y ceniza. El chavismo lo tiene claro, pelea.

 


 Guaidó nombró enviados diplomáticos ante diez estados y ante el Grupo de Lima

 

Puso representantes en los países que lo reconocen

 

El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, designó ayer a los enviados diplomáticos en los diez países americanos que lo reconocieron como representante del poder Ejecutivo. También designo a un representante ante el Grupo de Lima. Mediante una publicación en la red social Twitter, Guaidó dio a conocer a quienes representarán a su gobierno paralelo en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá y Perú.

En los últimos días había trascendido que el opositor Carlos Vecchio había sido aprobado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como representante de negocios del gobierno de Venezuela en Washington. Esto significa que Vecchio pasaría a ser la máxima autoridad venezolana en el país y a quien el gobierno del presidente Donald Trump recurrirá para tratar los asuntos bilaterales. “Con mucha humildad recibo la responsabilidad de ser el primer diplomático ante un país de la Venezuela Libre que encabeza nuestro presidente interino Juan Guaidó. Esto ha sido posible gracias a la lucha de nuestro pueblo, partidos, diputados, sociedad civil y exiliados”, escribió Vecchio en Twitter. Coordinador político del partido Voluntad Popular (VP), el mismo partido del que proviene de Guaidó, Vecchio lleva más de cuatro años exiliado debido a que en su contra pesaba una orden de detención relacionada con las protestas de 2014 en Venezuela, que derivaron en hechos violentos. En su cuenta de Twitter, el político de VP reveló que se había reunido en Washington con el recientemente nombrado enviado especial para Venezuela, Elliott Abrams. En dicha reunión participaron, además, los exalcaldes venezolanos Antonio Ledezma y David Smolansky, el llamado representante especial de Guaidó ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre Briceño, y el militante de VP Francisco Márquez, según una fotografía tuiteada por Ledezma. También asistió a la reunión la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, Kimberly Breier. En el encuentro, según el tuit de Ledezma, hablaron sobre la consolidación del gobierno de Guaidó, la urgencia humanitaria y, siempre siguiendo al ex alcalde, crear fondos con recursos recuperados de la corrupción.


El representante en el Grupo de Lima será el diputado opositor y fundador del partido Primero Justicia, Julio Borges. Ayer, tras conocerse la designación, Borges tuiteó: “Agradecemos este nombramiento Juan Guaidó, lo asumimos con mucha responsabilidad para seguir trabajando e impulsando de la mano de la comunidad internacional el desenlace democrático en nuestra Venezuela”. Borges ha sido un fuerte impulsor de la presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro. Así se ve en un video que el diputado publicó, en el que se lo ve junto a Vecchio, durante la jornada de reuniones con los estadounidenses. Allí, dicen estar trabajando para articular la presión de Estados Unidos y del Grupo de Lima para lograr la fractura de la cúpula de civil y militar que, afirman, sostiene al gobierno chavista.


El encargado de la diplomacia en Colombia será Humberto Calderón, quien fue ministro de Energía y Minas (1979-83), presidente de Petróleos de Venezuela S.A (1983-1984) y canciller en los períodos 1979-1984 y 1989-1993.


Guarequena Gutiérrez, por su parte, será la representante del autoproclamado gobierno en Chile. Gutiérrez, ciudadana venezolana residente en Santiago, representa al partido Acción Democrática de Venezuela. Dicha organización forma parte de la mesa de trabajo de inmigración venezolana en el país trasandino, según informó el diario chileno La Tercera.
El diplomático en Canadá será el politólogo y profesor de cultura comparada Orlando Viera; la contadora pública María Faría será la enviada en Costa Rica, donde reside actualmente; el abogado especialista en Derecho Comercial René de Sola Quintero, será el representante de Guaidó en Ecuador; Claudio Sandoval, politólogo, se desempeñará en Honduras, y Carlos Scull será el embajador en Perú.

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Venezuela. El golpe tuitero quedó en el ruido

El autoproclamado presidente provisional dice que va a derribar a Maduro el 23 de enero. El gobierno le contestó que le tienen preparada una celda si hace algo ilegal.

 

El autoproclamado presidente provisional de Venezuela y líder de la opositora Asamblea Nacional Juan Guaidó, sólo hizo un poco de ruido. A pesar de tener el respaldo de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA), y los gobiernos de Brasil y Colombia, el mandatario Nicolás Maduro consideró que lo de Guaidó sólo fue “un golpe tuitero” y la ministra de Servicios Penitenciarios, por su parte, le dijo al opositor que ya hay una celda con su nombre. “Guaidó, ya te acomodé la celda, con tu respectivo uniforme, espero que nombres rápidamente a tu gabinete para saber quienes te van a acompañar”, expresó en Twitter Iris Varela.


Sin embargo Guaidó insiste en su idea de derrocar a Maduro. Y el primer paso para lograrlo, dijo, será la movilización del próximo 23 de enero. “Hoy tenemos todas las piezas del rompecabezas: tenemos el respaldo social y el acompañamiento internacional, ahora toca armar ese rompecabezas y la protesta del 23 de enero es fundamental para eso”, aseguró.

Ayer, en su intervención en la asamblea de la coalición opositora Frente Amplio, Guaidó reiteró su pedido de ayuda para lograr una transición porque, como aseguró el viernes, el decreto firmado por la Ásamela Nacional no alcanza para sacar a Maduro del Palacio de Miraflores. Sólo bastó esa declaración para que el grupo de países que consideran ilegítimo el nuevo gobierno de Maduro volvieran al ataque contra el líder bolivariano. Con algunos matices, pero todos subrayaron la misma palabra: dictadura. Estados Unidos, por su parte, dio un paso más de sus meras críticas y pidió la formación de un nuevo gobierno. Declaró abiertamente que llegó la hora de “comenzar la transición ordenada de un nuevo gobierno en Venezuela” a la vez que dio su explícito respaldo al Guaidó. “Elogiamos el coraje de los líderes de la Asamblea Nacional, particularmente de su presidente, Juan Guaidó, y su decisión de invocar a las autoridades de la Constitución venezolana”, sostuvo en declaración pública el Departamento de Estado de EE.UU. “El pueblo de Venezuela se merece vivir libremente en una sociedad democrática gobernada por un Estado de derecho”, indicó. Además, aseguró que el gobierno de Estados Unidos continuará usando todo el peso del poder económico y diplomático para presionar por la restauración de la democracia en Venezuela. Una declaración similar hizo el nuevo presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que luego de saludar al autoproclamado presidente afirmó que está en coordinación con los demás países, entre ellos el Grupo de Lima al que pertenece, para terminar con el gobierno de Maduro. “Nicolás Maduro no atendió las exhortaciones del Grupo de Lima, formuladas en la Declaración del cuatro de enero e inició un nuevo mandato presidencial ilegítimo”, señaló la Cancillería brasileña.


En la misma el jefe de la diplomacia argentina Jorge Faurie anticipó que el presidente Mauricio Macri y su par brasileño emitirán un pronunciamiento en conjunto cuando ambos tengan su acuerdo bilateral el próximo miércoles en Brasilia. El presidente de Colombia, Iván Duque, celebró como un hecho histórico la declaración del Grupo de Lima y argumentó: “la declaración insta a que los pueblos que defendamos la democracia no reconozcamos el régimen opresor y dictatorial de Maduro”.


Mientras tanto, desde el Palacio de Miraflores Maduro desestimó las declaraciones de los países vecinos y fue más lejos. Los invitó a una cumbre para vencer “la intolerancia política” que aplican a Venezuela. “Insistimos en la propuesta que hizo el presidente Nicolás Maduro (de) una cumbre de presidentes (...) o un grupo de países de la región también, que faciliten el acercamiento ante la intolerancia ideológica que ha surgido en los últimos años”, afirmó el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Luego sugirió que el encuentro podría realizarse durante la cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que realiza reuniones anuales desde 2013 y que este año la presidencia pro témpore está en manos del mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén. “Allí iría Nicolás Maduro con la verdad de Venezuela, allí iría Nicolás Maduro a responder lo que tenga que responder con la Constitución de Venezuela en la mano y con la legitimidad que le ha dado el pueblo”, finalizó el canciller

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Sábado, 12 Enero 2019 06:39

Estrechando el cerco

Estrechando el cerco

A casi nueve meses de iniciada una rebelión nacional, en Nicaragua las aguas no se han aquietado. Más bien todo lo contrario: una nueva fase de la represión ha comenzado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) maneja una periodización de este conflicto que no tiene visos de solución en el futuro cercano.


Tras la primera fase de “represión tradicional”, marcada por el uso desmedido de la fuerza contra los manifestantes que salieron a las calles en abril pasado, vino la “operación limpieza”, por la que el gobierno de Daniel Ortega buscó la eliminación de las barricadas en distintos lugares del país. Se continuó con la “represión burocrática”, que incluyó la persecución, encarcelamiento y procesamiento –sin garantías mínimas del debido proceso– de diversos líderes del movimiento estudiantil y campesino. Y en vísperas de Navidad comenzó una nueva fase, la cuarta, que apunta a acallar por completo las voces que han venido desnudando al régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo: la supresión de la personería jurídica de diversas Ong vinculadas a la defensa de los derechos humanos, el ataque decidido a la prensa independiente y la impugnación de los mecanismos de contralor internacional.

El 14 de diciembre el Ministerio de Gobernación de Nicaragua anunciaba la cancelación inmediata de nueve organizaciones no gubernamentales presentes en el país, acusadas de haber incumplido “los requerimientos legales para su funcionamiento”. Esas asociaciones, afirmó, habían “participado activamente durante el fallido intento de Golpe de Estado,promoviendo Terrorismo, crímenes de odio, y alentando y celebrando la destrucción de Propiedades Públicas y Privadas, de Viviendas, Negocios, y de asalto a la Dignidad Humana de miles de Personas y Familias, a quienes les fue infringido un trato denigrante, humillante, con secuestros, torturas, todo tipo de amenazas a su Vida, en absoluto irrespeto a su Dignidad y a los Derechos Humanos de [email protected] l@s nicaragüenses” (todo sic).


Las Ong alcanzadas por la medida gubernamental son el Centro de Información y Servicios de Asesoría y Salud, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), Hagamos Democracia, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia, la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua, el Centro de Investigación de la Comunicación, y el Instituto de Liderazgo de las Segovias.


A algunas de estas organizaciones se les allanaron sus locales y se les incautaron computadoras y documentación. El Ministerio de Gobernación dijo que con los bienes muebles e inmuebles crearía un Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas de Terrorismo.


Según ha expresado el Cenidh, el Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional “se han coludido para ejecutar un vergonzoso plan de represión por órdenes directas del gobierno Ortega-Murillo. Estas acciones violentan los procedimientos establecidos en la ley 147, ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, ya que no se abrió ningún procedimiento administrativo contra las organizaciones civiles y tampoco han tenido el derecho a la defensa”.

LA PRENSA EN LA MIRA

La misma noche del 14 de diciembre la policía allanó la redacción del periódico digital Confidencial y de los programas periodísticos de televisión Esta semana y Esta noche. El director de estos medios es el periodista Carlos Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Chamorro y fundador y director del diario Barricada, órgano oficial del Fsln durante el decenio de la revolución sandinista.


No existe ninguna causa legal contra Chamorro ni sus empresas. Mientras se tramita un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, la redacción y trasmisión de los programas se realiza desde lugares clandestinos.


Una semana más tarde la policía llegó a las instalaciones del canal de televisión abierta 100 por 100 Noticias, destruyendo equipamientos y llevándose detenidos a sus directores Miguel Mora y Verónica Chávez –liberada horas después– y a la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, además de otros funcionarios del medio. Luego de la intervención policial, el canal dejó de operar en Internet y por cable. Antes había cesado su trasmisión satelital. Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau continúan detenidos.


Paralelamente ha comenzado a circular una “lista negra” de profesionales de la comunicación considerados “golpistas” y “enemigos de la revolución”. Esto hizo que junto a la pérdida de las fuentes de trabajo varios periodistas salieran del país para asegurar su vida o su libertad.


Uno de ellos es Gerall Chávez, de 28 años, que trabajaba hasta hace un par de semanas en el canal 14 Vos TV cubriendo la actualidad política.


En diálogo con Brecha desde su exilio, Chávez aseguró que el gobierno ha desarrollado diversos “mecanismos para intimidar, asediando a la prensa independiente, buscando la manera de que no se difunda la realidad”.


En agosto pasado, tras llegar de su trabajo, Chávez encontró en la fachada de la casa donde vivía, en el departamento de Carazo, la pintada “Plomo Fsln. No olvidamos”. Estas marcas, realizadas por simpatizantes del oficialismo, son frecuentes. “Son expresiones que ellos acostumbran utilizar como intimidación”, dice Chávez.


“La campaña se intensificó cuando comenzaron a difundir información falsa y difamatoria de mi persona, y a decir que era un periodista mentiroso y golpista”, relata.


Tras la detención de Mora y Pineda “hicieron circular fotografías mías y pidieron mi detención. Como no hay en este momento una organización legal que ampare el desarrollo libre del trabajo periodístico, renuncié a mi trabajo y salí del país a través de un punto ciego, indocumentado”.

PRESIÓN INTERNACIONAL.


El 19 de diciembre el gobierno de Nicaragua expulsó del país al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) y al Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Cidh, que habían sido creados en acuerdo con Daniel Ortega.


El Giei, cuyo cometido era coadyuvar en las investigaciones sobre los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, presentó finalmente el 27 de diciembre en Washington un informe de 485 páginas que recoge más de tres millones de twits y 10 mil videos generados por ciudadanos.


El voluminoso documento concluye que se cometieron por parte del gobierno “crímenes de lesa humanidad”, entendidos como “ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil”, la definición recogida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998.


En diálogo con Brecha, la historiadora Dora María Téllez, conocida por su participación en la revolución sandinista como jefa del Estado Mayor que liberó la ciudad de León en 1979 y que fuera posteriormente ministra de Salud, reconoce que Nicaragua vive “la crisis de derechos humanos más violenta a la que se ha enfrentado algún país de América Latina en las últimas décadas”.


“La solución es bastante sencilla: hay que reconocer la grave crisis política que tiene el país y el total déficit de legitimidad del régimen Ortega-Murillo”, dice. La salida, agrega, debe ser “constitucional y política, por la vía pacífica”, con una “convocatoria a nuevas elecciones nacionales y generales anticipadas, y con el apoyo de la comunidad internacional. Tenemos expectativas de que pueda hacerse mdiante la aplicación de la carta democrática de la Oea, como ya ocurrió en 1979 contra el régimen de Somoza”.
Téllez sostiene que desde julio pasado Ortega “ha decidido cerrar toda puerta de diálogo”. Sólo entiende “el lenguaje de las sanciones” que “le signifiquen un costo”, afirma la ex militante del Fsln. Y concluye: “No puede haber borrón y cuenta nueva, sino verdad y justicia, reparación a las víctimas y mecanismos para que no vuelvan a ocurrir cosas similares”, concluye Téllez.

Por Alejandro Ferrari
11 enero, 2019

 

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“Fue apenas un show, un juego y una burla”

El presidente de la asamblea opositora se proclamó presidente y fue validado de inmediato por la OEA, Brasil y Colombia.

 

El presidente de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela Juan Guaidó se declaró ayer presidente de Venezuela. Lo hizo con rodeos, al pedir el apoyo de ciudadanos, militares y la comunidad internacional para asumir el mando del Ejecutivo en un nuevo acto de desconocimiento del presidente Nicolás Maduro que el jueves asumió su segundo mandato. La medida fue saludada de inmediato por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y por los gobiernos de Brasil y Colombia. Maduro la rechazó y ridiculizó la actitud de la Asamblea y convocó a los venezolanos a defender su gobierno.


En respuesta a la oposición, el sucesor del legado del ex presidente Hugo Chávez respondió que la Asamblea Nacional, órgano declarado en desacato por el ejecutivo en 2016, lidera un show mediático para intentar desestabilizar la situación política del país. “Allá ellos con su show, su juego y su burla, porque se burlan de su propia gente, acá nosotros con nuestro trabajo, tenemos mucho trabajo por hacer y yo seguiré cumpliendo mis funciones para las que ustedes me eligieron, con firmeza y con valentía”, respondió Maduro ante periodistas en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo. Asimismo, rechazó la decisión que tomó la OEA el jueves de no reconocer el nuevo gobierno, y advirtió que esa postura sienta un peligroso precedente para el hemisferio. “Nicolás Maduro fue reelecto por el soberano pueblo venezolano”, subraya el comunicado que también denuncia las “prácticas de coerción” utilizadas por Estados Unidos en Latinoamérica. “Estados Unidos promueve una campaña agresiva con el fin de avanzar sus políticas de cambio de régimen en el país caribeño”, denuncia. El mandatario expresó además su agradecimiento a los que llamó países amigos que decidieron no acompañar la resolución de la OEA. La resolución del organismo internacional, aprobada por 19 países, declaró ilegítimo el gobierno de Maduro e hizo un llamado para realizar nuevas elecciones presidenciales, debido a que el organismo no reconoció las realizadas el 22 de mayo argumentando que la oposición no pudo participar.


Guaidó sostuvo la misma propuesta ayer en su discurso frente a la sede la Organización de Naciones Unidas (ONU), de Caracas. Ante una multitud que levantaba carteles con la consigna “Maduro usurpador”, Guaidó declaró que la Cámara se apegará a la Constitución venezolana y, en este sentido, asumirá las “competencias de la encargaduría de una Presidencia de la República”. No obstante, en un pedido de ayuda a las fuerzas armadas y a sus aliados internacionales como Washington y el Grupo de Lima, advirtió que el mero decreto no será suficiente para sacar a Maduro del ejecutivo. “Asumimos entonces la convocatoria a las Fuerzas Armadas, a la comunidad internacional al ejercicio de los artículos de nuestra constitución 333, 350 y 233 para ejercer mandato”, prosiguió el opositor. “A esa familia militar que quiere cambio, que quiere lo mismo que nosotros, le hacemos un nuevo llamado, aquí está la legítima Asamblea Nacional que claro que asume su responsabilidad y la va a asumir”, dijo a la institución castrense que el jueves juró lealtad a Maduro. Para finalizar, Guaidó llamó a la oposición a manifestarse en las calles el próximo 23 de enero –fecha en la que se conmemora la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez–. “Llamamos a una gran movilización en todos los rincones de Venezuela para exigir un gobierno de transición que llame a elecciones presidenciales”, anunció en su efusivo discurso. “¡Asume! ¡Juraméntate!”, le exigían algunos de los asistentes en la especie de cabildo abierto convocado por el Parlamento. Al cierre de su intervención Guaidó aseguró que el cuerpo legislativo seguirá trabajando para lograr un gobierno de transición y un una nueva vuelta electoral.


Casi en simultáneo, pero desde el Palacio de Miraflores, Maduro también llamó a los venezolanos y les pidió unidad en las calles para evitar, dijo, cualquier intento de protestas opositoras como “guarimbas” de 2017.


“¿cuántas veces dijeron de Hugo Chávez que era ilegítimo? ¿Cuántas veces no lo han dicho de Maduro? ¿Cuántas veces, entre comillas, jugaron a la política de manera inconstitucional”, agregó en referencia al desconocimiento de la oposición y de Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea respecto de su nuevo gobierno. “El pueblo movilizado es la garantía de paz, es la vacuna contra cualquier proceso de desestabilización (...) hay gente de la oposición que está desesperada (...) y la vacuna es el pueblo movilizado y el Gobierno trabajando”, finalizó.


Mientras tanto, del otro lado del océano, la oposición venezolana en el exilio realizó una conferencia de prensa en Madrid junto a representantes del conservador Partido Popular (PP) español y del liberal Ciudadanos para pedir a la comunidad internacional que presionen el gobierno de Maduro con más sanciones.

 

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Sábado, 12 Enero 2019 06:45

¿Ruptura o perpetuación?

¿Ruptura o perpetuación?

La nueva toma de posesión de Nicolás Maduro se llevó a cabo ayer, jueves, en el Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional, enteramente controlada por la oposición, fue declarada “írrita”, al haber votado un impeachment contra Maduro. Hoy, viernes, la Asamblea Nacional Constituyente, bajo control del chavismo, debía reconocer la investidura del presidente.

El viernes 3 los cancilleres del Grupo de Lima consensuaron, a excepción de México y con apoyo de Estados Unidos, una declaración en la que desconocen al nuevo gobierno que asumió Maduro ayer jueves. Si por ahora no se habla de intervención militar para “restaurar la democracia” en el país, según palabras del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, los rumores en ese sentido persisten en Venezuela y se sabe que funcionarios estadounidenses continúan instando a los militares caribeños a tumbar a Maduro. Otras señales en esa dirección provinieron, meses atrás, de políticos y militares brasileños muy cercanos al ahora presidente Jair Bolsonaro. Uno de ellos fue el ahora vicepresidente, el general Hamilton Mourão, quien fue encargado militar de la embajada en Venezuela. Mourão se pronunció, antes de la toma de posesión de Bolsonaro, a favor de un golpe de Estado en Venezuela. “Las Naciones Unidas tendrán que intervenir a través de las tropas de paz (…) y allí está el papel de Brasil: liderar las tropas de paz”, afirmó. Pero una vez en el poder, Bolsonaro fue más cauto, quizá esperando la movida definitiva de su aliado Donald Trump y también la actitud que asuma la Colombia de Iván Duque, otro “trumpista” que se manifestó en su momento favorable a una acción armada y luego se desdijo.


En el plano regional, México y Uruguay, fuera de los aliados clásicos del chavismo, como Nicaragua y Bolivia, aparecen como los países más opuestos a acciones tendientes a buscar la caída del gobierno chavista. A su vez, la llegada al gobierno del Psoe en España ha sumado una voz en la Unión Europea a quienes privilegian el diálogo con el Ejecutivo de Maduro.
La intervención militar abierta es, de todas maneras, la hipótesis de menos peso de todas las que evalúan la oposición interna y externa para lograr que el nuevo sexenio de Maduro no llegue a su término en 2024. Estados Unidos continúa, por ejemplo, apretando el torniquete económico. Nuevas sanciones del Tesoro fueron publicadas el martes 8 en Washington contra un grupo de ex funcionarios del chavismo. Lo curioso es que todos ellos, o bien están detenidos en el país, o se han ido de él o han sido sancionados. Es muy poco probable que esas medidas puedan entonces ejercer presión real sobre el Ejecutivo de Maduro.


Los escenarios más radicales, como un bloqueo económico o un embargo petrolero, terminarían por otro lado atrincherando al gobierno y consolidando las alianzas que ya ha hecho con países como China, Rusia y Turquía. Los dos primeros han otorgado a Caracas créditos por 5.000 y 6.000 millones de dólares, respectivamente, destinados a reactivar la industria petrolera. Rusia, además, envió por unos días el mes pasado algunos de sus bombarderos estratégicos TU-160 a tierras venezolanas para marcar presencia y como forma de advertencia.


El escenario de presión económica externa tampoco beneficia al empresariado, uno de los principales sostenes de los sectores antichavistas.
La oposición política, por su lado, se halla en este plano, como en muchos otros, dividida. Hay quienes –como el diputado Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, controlada enteramente por las fuerzas adversas a Maduro– rechazan las intervenciones externas, y quienes –como los dirigentes opositores radicados fuera del país– respaldan sin cortapisas cualquier iniciativa que conduzca al derrocamiento de Maduro.


Lo cierto es que la oposición ya no aparece con fuerzas como para convocar a nuevas movilizaciones contra el gobierno, incluso en un contexto de crisis económica y social como el actual, que podría serle propicio para agitar nuevamente las aguas, como lo hizo en 2017, cuando alentó las “guarimbas”, acciones violentas que derivaron en una espiral saldada con decenas de muertes.


El Plan de Recuperación Económica lanzado por Maduro cuatro meses atrás no ha dado los resultados esperados por el gobierno: no hay muestras de crecimiento de la economía, la hiperinflación continúa descontrolada, y la actividad petrolera, la principal del país, sigue decayendo.


Pero su debilidad política ha llevado a algunos sectores de la oposición a cambiar de discurso, y a dejar incluso de cuestionar la legitimidad del nuevo gobierno de Maduro, un tema en el que estuvo enfrascada, buscando nuevas estrategias. Habrá que ver cómo se van decantando las aguas en las próximas semanas.

Por Ociel Alí López
11 enero, 2019

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Viernes, 31 Agosto 2018 07:51

Plebiscitos y movimientos antisistémicos

Plebiscitos y movimientos antisistémicos

Las consultas populares tienen una extensa historia en América Latina. Se han multiplicado en los años recientes, buena parte de ellas organizadas por los movimientos sociales. En algunos casos, para apoyar o rechazar una legislación determinada avanzada por el gobierno o el parlamento. En otros, para fortalecer la posición de los movimientos ante el modelo extractivista. Siempre tienen ventajas y problemas serios.

Uruguay es uno de esos países donde han sucedido una decena de plebiscitos, con resultados muy diversos y hasta desastrosos. Voy a abordar sólo aquellos casos que están directamente vinculados a los movimientos, o sea que no han sido iniciativa de los gobiernos, o que éstos han aceptado por presión de aquellos para zanjar luchas sociales importantes.


En 1989 un amplísimo movimiento popular contra la impunidad llevó a plebiscito la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, o ley de impunidad, con la que el primer gobierno pos dictadura pretendía no juzgar a los militares violadores de los derechos humanos.


La ley había sido aprobada en diciembre de 1989 bajo fuertes presiones del entonces presidente Julio María Sanguinetti, con la excusa de que los uniformados no iban a aceptar ser juzgados y que podían amenazar nuevamente la democracia. Sólo la izquierda se opuso en el parlamento, cuando tenía apenas 20 por ciento de los votos.


Apenas aprobada la ley, un tsunami social recorrió el país. En pocas semanas se formaron más de 300 comités en Montevideo para recoger firmas y derogar la ley. El proceso fue largo y complejo, hubo trampas burocráticas que obligaron a una impresionante movilización social: 30 mil brigadistas recorrieron todas las viviendas del país pidiendo firmas, dialogando con los vecinos y retornando hasta seis y siete veces para hacer efectiva la rúbrica.


Ese movimiento cambió el país y estuvo en la base del crecimiento imparable del Frente Amplio hasta que superó 50 por ciento de los votos. Pero el plebiscito se perdió (60 por ciento votó amarillo, en favor de la impunidad) y la derrota del “voto verde” supuso un batacazo para el movimiento popular del cual nunca se repuso.


Moraleja: las cuestiones éticas no deben someterse a plebiscito, hay que luchar por ellas toda la vida, como nos dijeron en su momento Madres de Plaza de Mayo.


A partir de aquel momento hubo varios plebiscitos, varios de ellos victoriosos, como aquel de diciembre de 1992 que frenó las privatizaciones. Sesenta y cinco por ciento de los uruguayos votamos por anular los artículos más importantes de la ley, caminando a contracorriente del continente donde se expandía una fiebre privatizadora, en particular en Argentina de Carlos Menem. Fue un triunfo importante del movimiento popular, pero a diferencia del plebiscito de 1989, la movilización no generó entramados y redes organizativas duraderas.


En Argentina hubo un plebiscito que cambió la lucha contra la minería a cielo abierto. Sucedió en Esquel en 1993 y fue, según Página 12, “la primera gran derrota de la megaminería en Argentina”(goo.gl/3NWpYi). El movimiento lo inició una comunidad mapuche que advirtió la presencia de la minera en sus territorios. Los vecinos hicieron múltiples reuniones hasta crear la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina.


Las numerosas marchas y asambleas forzaron a la autoridad local a convocar un plebiscito: 81 por ciento de los vecinos votaron No a la mina de oro y plata de Meridian Gold, pese a la campaña de los principales partidos de la provincia, en una ciudad de 30 mil habitantes en la sureña provincia de Chubut. Fue el comienzo de un amplio movimiento nacional contra la minería y el extractivismo que se agrupa en la Unión de Asambleas Ciudadanas, donde participan personas de más de 100 pueblos y ciudades de todo el país.


Un año antes había sucedido algo similar en Tambogrande (Perú) y en los años siguientes hubo decenas de plebiscitos en varios países de la región, entre los que cabe destacar los más recientes realizados en Colombia contra mineras. En Guatemala decenas de municipios han accedido a las peticiones de la población rechazando la minería y otros emprendimientos extractivos.


Llegados a este punto, es necesario sacar algunas conclusiones. La primera es que los plebiscitos pueden fortalecer a los movimientos cuando son convocados bajo su influencia y en las condiciones dictadas por ellos, siempre que no afecten cuestiones éticas, que nunca deben ser sometidas a votación.


La segunda es que siempre que se ha convocado a los habitantes de sitios donde hay emprendimientos mineros o grandes obras de infraestructura (hidroeléctricas, aeropuertos y puertos), la respuesta ha sido invariablemente negativa y esto ha fortalecido la resistencia.


La tercera es quiénes debe pronunciarse. No tiene sentido que todo un país decida lo que se va a hacer en un territorio; le corresponde sólo a la población afectada. En no pocas ocasiones los gobiernos han tomado la iniciativa pero sólo para desactivar resistencias.

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