Estudiantes con uniforme, durante las protestas en Hong Kong este lunes. AP

Universitarios y estudiantes de secundaria lanzan una huelga de dos semanas con multitudinarios mítines

Cadenas humanas. Carteles y pegatinas con el lema “Ánimo, Hong Kong”. Algún ojo tapado. Muchas máscaras de gas, convertidas ya en parte del equipo habitual de los jóvenes manifestantes antigobierno en Hong Kong. Con varios mítines a los que han asistido decenas de miles de personas, los estudiantes universitarios y de secundaria del territorio autónomo chino han dado este lunes el pistoletazo de salida, el día de vuelta a las clases, a dos semanas de huelga para reclamar democracia y denunciar a su Gobierno y su policía autónoma. Ellos, algunos tan jóvenes como de solo 12 años, han estado en todos los actos de protesta a lo largo de todo el verano. Y aseguran que, haya clases o no, no van a cejar en sus intentos de ser escuchados.

En el centro financiero de Hong Kong, hasta 4.000 jóvenes, según los organizadores, asisten a la concentración convocada por las asociaciones de estudiantes de enseñanza media. Muchos han observado la huelga y se han saltado las clases. Otros han venido en cuanto ha terminado el medio día. Algunos con el permiso de sus padres, otros a escondidas. Casi todos con la cara tapada con mascarillas o máscaras de gas. Las camisetas negras se mezclaban con los uniformes escolares; en la mayoría de los casos, una pegatina con lemas de protesta tapaban en las camisas los emblemas del colegio correspondiente.

“Si los estudiantes de Hogwarts puede derrotar a los Mortífagos, los estudiantes de Hong Kong derrotarán a la Policía hongkonesa”. Kipper, de 18 años, enmascarado y con casco —el equipo ya habitual de los manifestantes, al que ha añadido una capa negra para reforzar su referencia a la saga de Harry Potter— quiere transmitir ánimo con su cartel casero. “Es una manera de expresar apoyo a los estudiantes con un poco de humor”, sonríe.

El humor era necesario tras la crispación de los últimos días. A las detenciones de nueve políticos de oposición y prominentes activistas el viernes, el sábado se sumaron graves enfrentamientos entre manifestantes y policía, que se saldaron con cerca de 70 detenidos. En tres meses, los arrestados ya suman casi un millar, el más joven con solo doce años. Una polémica intervención violenta de los agentes en una estación de metro esa noche ha intensificado el debate sobre el comportamiento policial y el divorcio entre el cuerpo y una buena parte de la población, que les increpa en cada salida. Gobierno y policía, por su parte, denuncian actos de vandalismo de los participantes en las protestas. El domingo, tras intentar rodear el aeropuerto, grupos de jóvenes radicales causaron daños en varias estaciones de metro.

“Hace falta una enorme dosis de valentía para que los estudiantes hayan venido hoy”, aseguraba Isaac Cheng, vicepresidente del partido Demosisto, uno de los organizadores del mitin. “Muchos han acudido debido a la violencia sin precedentes de la Policía el fin de semana, cuando agentes atacaron a golpes a pasajeros” del metro”, sostenía.

Aunque el ambiente es festivo —los lemas de los últimos tres meses se corean una y otra vez, “¡ánimo, hongkoneses!” “¡Proteged Hong Kong!”, entre aplausos— algunos de los participantes reconocen que no se presenta una salida clara y no ven cómo pueden acabar las protestas. “¿Esperanza? Ninguna. No creo que el Gobierno (autónomo) nos haga caso. Y Pekín, mucho menos. Quiere recortar nuestras libertades, nuestro sistema de vida, y cuanto antes, mejor”, opina Chiu, una joven de 17 años que confecciona pequeños lazos blancos, el color del luto, para repartir entre sus compañeros. “Pero aunque no haya esperanza, es mejor actuar e intentarlo que no hacer nada”.

En el caso de esta generación, el sentimiento de identidad hongkonesa está profundamente arraigado. Solo un 10% de los jóvenes hongkoneses se declara “orgulloso” de ser chino, según una encuesta de la Universidad de Hong Kong en junio pasado. “Mientras más jóvenes son los consultados, menos probable es que se sientan orgullosos de ser un ciudadano chino, y más negativos son sus puntos de vista sobre las políticas del Gobierno central hacia Hong Kong”, escribían los autores del sondeo.

Algunos de los jovencísimos participantes reconocen que hasta este verano apenas se habían interesado por la política. Otros aseguran que ya habían empezado a desarrollar una conciencia activista hace cinco años, cuando los estudiantes universitarios lanzaron las protestas prodemocracia conocidas como el Movimiento de los Paraguas. “Entonces ya nos hubiera gustado participar para reclamar reformas”, asegura Ho, una adolescente de 16 años que se cubre el rostro con una mascarilla quirúrgica. “Pero éramos demasiado jóvenes. Esta vez, no queríamos dejar pasar la oportunidad de contribuir y hacernos oír. Si la perdemos, tal y como se presentan las cosas, probablemente no haya otra en el futuro”.

Su amiga Lila, tan enmascarada o más que ella, está de acuerdo. “No nos pueden silenciar. Sabemos que nos pueden arrestar, pero no nos van a callar. No vamos a rendirnos. Seguiremos protestando, aunque nos detengan”, asegura, entre gestos de asentimiento de sus compañeras. “Es nuestra obligación —interviene Ho de nuevo—. No nos podemos callar. El Gobierno (autónomo) no nos escucha, pero tenemos que dejar claro que los hongkoneses queremos que se oiga nuestra voz”.

Los estudiantes sostienen que mantendrán su huelga hasta el día 13, y amenazan con medidas más duras si para entonces el Gobierno sigue sin ofrecer respuesta. Una posición que al otro lado de la bahía, en el campus de la Universidad China de Hong Kong, reiteraban los cerca de 30.000 universitarios que participaban en un mitin similar.

Las protestas reclaman la retirada del proyecto de ley de extradición, ahora suspendido, que permitiría la extradición de sospechosos a países con los que Hong Kong no tiene un acuerdo, incluida China; la dimisión de la jefa del Gobierno autónomo, Carrie Lam; una investigación independiente sobre el comportamiento de la Policía; la puesta en libertad de los detenidos en las protestas, y la reapertura de un proceso de reformas democráticas.

Pero si los estudiantes y trabajadores insisten en mantener el pulso al Gobierno, el ejecutivo también sostiene su órdago. Este lunes, el secretario de Seguridad, John Lee, elevaba la retórica oficial y por primera vez hacía referencia al “terrorismo”, una descripción a la que hasta ahora solo había recurrido Pekín: “el nivel de violencia, peligro y destrucción ha alcanzado niveles muy graves”, sostenía. “Los radicales han aumentado sus actos violentos e ilegales, mostrando elementos de terrorismo”.

En la noche, la calma del día volvía a romperse. En el popular barrio de Mong Kok, la Policía lanzaba varias rondas de gas lacrimógeno para disolver protestas.

Por Macarena Vidal Liy

Hong Kong 2 SEP 2019 - 14:50 COT

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Un paro general recibirá a la Copa América.

Las 12 centrales obreras de Brasil se movilizarán contra la reforma previsional

La Copa América comenzará envuelta por el clima de descontento social y político frente a las políticas económicas del presidente Jair Bolsonaro y la decisión de imponer una reforma previsional. Las doce centrales sindicales brasileñas, con el respaldo de las organizaciones sociales y estudiantiles, convocaron a un paro general y movilizaciones en todo el país el próximo 14 de junio.

"En menos de seis meses de (des)gobierno, Jair Bolsonaro ya puede ser considerado el presidente que más atacó la clase trabajadora y la sociedad en general desde la vuelta a la democracia", apuntaron las centrales sindicales sobre el aliado del presidente Mauricio Macri.

Las movilizaciones contra el flamante presidente de Brasil llegaron a un punto culminante el pasado 15 de mayo, cuando miles de estudiantes salieron a las calles de todo el país para protestar contra los recortes en Educación. Ahora, la CUT, la CTB, la CGTB entre otras entidades gremiales convocan al paro general para repudiar el avance sobre la ley de jubilaciones bajo la consigna: "Vamos a parar un día para evitar el retroceso de toda una vida" .

Los gremios denunciaron que la reforma previsional propuesta por Bolsonaro invisibiliza a los jubilados, pero también a miles de brasileños y brasileñas en situación de vulnerabilidad, por lo cual la calificaron como "una de las propuestas más crueles de los últimos tiempos".

El paro con movilización que protagonizarán, entre otros, los gremios de trabajadores públicos de las áreas de salud, educación y obras sanitarias, los metalúrgicos, judiciales, portuarios, camioneros y petroleros, coincidirá con la inauguración de la Copa América 2019, jornada para la cual ya están vendidas el 65 por ciento de las entradas.

"La seguiremos de cerca y esperamos que transcurra de forma pacífica y sin ningún problema", dijo el director de Competiciones de la Conmebol, Agberto Guimaraes, respecto de las movilizaciones que se realizarán en San Pablo, ciudad donde se encuentra el Estadio Morumbi, en el que Brasil jugará frente a Bolivia en el partido inaugural.

"Todo lo que ocurre fuera, es responsabilidad de las autoridades locales, confiamos en ellos y esperamos no tener ningún tipo de evento grave para organizar esta fiesta", se limitó a señalar Guimaraes.

"Con una política económica ‘anti-pueblo’ y un programa ideológico ultraconservador y prejuicioso, el capitán retirado profundizó los ataques iniciados hace casi tres años y está hundiendo el país en el desempleo, el hambre, la miseria y la falta de salud, educación y seguridad”, recordaron las centrales obreras dos días antes de la jornada de lucha

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Unidad sindical en el primero de mayo en Brasil (CUT São Paulo)

El principal objeto de protesta es la reforma de la seguridad social que plantea el partido de Bolsonaro


El 14 de junio es la fecha en el horizonte que pone a trabajar conjuntamente los sindicatos CUT y Força Sindical


“Sabemos que las manifestaciones no son suficientes, necesitamos parar Brasil", dicen los sindicalistas

El Gobierno brasileño, presidido por Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) tiene prisa por aprobar la reforma de la seguridad social presentada por su ministro de economía, Paulo Guedes. Quieren que el Congreso Nacional otorgue su visto bueno definitivo antes de terminar el primer semestre del año. Cuanto más tiempo pase, con mayor eficacia podrá articularse la resistencia sindical, que ya tiene una fecha marcada en el calendario: 14 de junio, huelga general.


Este primero de mayo ha sido la fecha elegida para escenificar esa resistencia, alardeando de una unión nunca vista en la historia del sindicalismo brasileño. Todas las siglas irán de la mano, y al frente de todas ellas, la Central Única de Trabajadores (CUT) –fundada en 1983, y ligada al Partido de los Trabajadores– y la Força Sindical –creada ocho años más tarde, como contrapeso a la CUT–. El principal espacio de protesta ha sido el Vale do Anhangabaú, en São Paulo.


Guedes, al frente de la cartera de economía, es el encargado de recortar el gasto público todo lo posible para que al Ejecutivo de Bolsonaro le salgan las cuentas. “Nunca hemos vivido una situación como esta”, explica Sérgio Nobre, secretario general de la CUT, “ver un sistema de seguridad social siendo desmontado, como quiere el Gobierno. Lo que está sucediendo en Brasil es un retroceso civilizatorio”.


Según los cálculos de Guedes, con la reforma las cuentas públicas ahorrarán un billón de reales –238 mil millones de euros–. La otra cara de la bonanza económica es que las exigencias para acceder al cien por cien del valor de la jubilación aumentan considerablemente, lo cual es todo un llamamiento a los planos de pensiones privados. El Gobierno impondrá condiciones de jubilación a la europea en un país donde el trabajo informal y la miseria es una constante en la ecuación.


El presidente de Força Sindical, Miguel Torres, ha calificado la propuesta de reforma de “nefasta”, porque perjudica a los más pobres, y ha realizado un llamamiento para luchar por mejorar el sistema de la seguridad social con “políticas destinadas al desarrollo y a la creación de empleo”.


De momento la reforma de la seguridad social está siendo analizada por una Comisión Especial, una vez que consiguió pasar la primera traba en la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía. Serán cuarenta sesiones antes de pasar a las votaciones finales en las dos Cámaras. En este proceso es donde la reforma corre el riesgo, en palabras de Bolsonaro y Guedes, de “deshidratarse”, lo cual significaría una dura derrota para el presidente.


El objetivo de la oposición es “presentar el mayor número posible de enmiendas y trabajar para que tengamos una reforma que no sea una oportunidad de reducir derechos y aumentar desigualdad”, describe para eldiario.es la diputada federal Tábata Amaral (del Partido Democrático Trabalhista). Es consciente de que la reforma es importante y urgente, pero no puede presentar fragilidades tan grandes.


“De forma general”, señala la diputada del PDT, “el área social en Brasil, cuando hablamos de sanidad, educación, asistencia, han sido muy relegadas con este nuevo Gobierno”. Resalta, a su vez, alguna de los olvidos más dañinos de la reforma de la seguridad social propuesta por Bolsonaro y su equipo, como las jubilaciones en el ámbito rural o la cuestión de género.


Amaral se sitúa a favor de la jubilación por edad –incluso de elevar la edad mínima, si fuera el caso–, pero nunca por tiempo de contribución. Lo considera injusto porque, en Brasil, la población más pobre no logra contribuir tantos años como son requeridos. También está en contra de aumentar este tiempo de contribución mínimo. “Habrá personas que alcancen la edad mínima pero nunca el tiempo mínimo de contribución”. En ese caso, los valores de pensión que les corresponderán perpetuarán la penuria.


Los sindicatos reclaman también que realmente no se ha generado un amplio debate en la sociedad para que el trabajador pueda formar una opinión y comprender las medidas. “Ni siquiera fue tema central en los debates presidenciales durante la campaña electoral del año pasado”, protesta João Carlos Gonçalves, secretario general de Força Sindical. Ningún partido quiso poner este tema sobre la mesa. Era demasiado impopular.


El recorte de todos los recortes era el arma secreta del ministro de economía, pero los votantes desconocían las medidas reales, por eso otro de los dirigentes sindicales que han liderado el primero de mayo, Edson Carneiro (Secretario General de la Intersindical), avisa que “el momento es muy grave”. Asume que las elecciones de 2018 dividieron a la población, y reconoce que ahora la necesitan unida. “Sabemos que las manifestaciones no son suficientes, necesitamos parar Brasil”.

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Martes, 30 Abril 2019 10:43

¿Vientos de Paro Nacional?

¿Vientos de Paro Nacional?

Abril redondea un tiempo intenso de movilizaciones en Colombia, donde comunidades indígenas, campesinas y negritudes, junto con diversas organizaciones sociales y sindicales, han salido a las calles para expresar su malestar contra el gobierno de Iván Duque. Aunque son manifiestas las coincidencias entre estas organizaciones y luchas, una agenda en perspectiva del anunciado Paro Nacional (PN) del próximo 25 de abril se ve desarticulada. ¿Qué pasara con este paro? ¿Logrará los objetivos de articular todas las inconformidades del país?

 

La movida agenda social de marzo, con encuentros regionales y nacionales en distintos lugares del país, y los brotes de protestas y manifestaciones liderados por la Minga indígena en el departamento del Cauca –ante la avalancha de desaciertos del presidente Duque y el incumplimiento continuo a viejos acuerdos con las comunidades–, lanzan la alerta sobre las posibilidades y alcances del PN, sugerido desde las multitudinarias marchas de los estudiantes a finales del año anterior, y convocado –aunque sin unanimidad– en el encuentro de Organizaciones Sociales y Políticas celebrado en Bogotá en febrero del presente año.


Ánimos de paro nacional en medio de dificultad de coordinación

 

Las motivaciones y las causas de la inconformidad popular son facilitadas por un gobierno que ha sido errático, descarado y torpe. El fracasado show montado en la frontera con Venezuela lo único que hizo fue visibilizar y desnudar ante los distraídos, la doble moral de un gobierno que ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga de la pobreza, las tragedias ambientales provocadas y las muertes de líderes sociales en su propia casa.

La muy diversa condición de las organizaciones sociales, étnicas, sindicales y de partidos políticos alternativos con sus muy distintas motivaciones, intereses y visiones, permiten pensar que la tarea de articular agendas de movilización y acción conjunta no es fácil. Está claro que los sectores alternativos hasta ahora no han logrado consenso pleno en torno a la hora cero del PN, y esto queda evidente con la temprana salida de indígenas y campesinos a la vía Panamericana desde finales de febrero y luego la Minga en marzo que se prolongó hasta principios de abril. Pese a esto resalta que el gobierno de Duque, y su arremetida contra el pueblo plasmada en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, ha despertado de manera inusitada la desconfianza popular y de sus liderazgos cívicos, que por primera vez en muchos años piensan en juntarse para alinear sus protestas buscando mayor impacto en su confrontación al gobierno.

 

Situación del Pacífico colombiano

 

Desde el Foro Regional, realizado en Buenaventura el primero de marzo con participación de voceros de los cuatro departamentos del suroccidente que conforman el Pacífico colombiano (Chocó, Valle, Cauca y Nariño), salió a relucir con inequívoca claridad el incumplimiento del gobierno con los compromisos de los paros cívicos, recientes y antiguos, y, por tanto, con las comunidades mayoritariamente negras que conforman el litoral Pacífico.

Como es memoria, en 2017 se movilizaron masivamente Tumaco, Quibdó y Buenaventura, haciendo coincidir por varios días las movilizaciones del Chocó y Buenaventura. Pero ya en 2016 había ocurrido un paro en el Chocó, y desde 2014 se había dado la gran marcha en Buenaventura que obligó al gobierno Santos a anunciar 400 millones de dólares para obras que todavía no despegan, y según Gerardo Bazán Orobio, líder social de Guapi, en su municipio, rico en fuentes hídricas, esperan todavía el acueducto prometido en el 2005, cuando hicieron su último paro.

En el citado foro de marzo, denominado “Cómo van los acuerdos del Pacífico en el Plan Nacional de Desarrollo”, los distintos voceros regionales de las comunidades se quejaron, con cifras contundentes, ante Santiago Arroyo, experto del Departamento Nacional de Planeación que viajó a mostrar los avances en cumplimiento de los acuerdos con las regiones, y a defender las bondades del Plan Nacional de Desarrollo que propone Duque.

Las cifras muestran que en el Plan Nacional de Desarrollo, gobierno y comunidades están en orillas distintas, lo que genera un evidente conflicto en torno a lo que ambas partes entienden por estratégico.

 

¿Están dadas las condiciones para que el Pacífico colombiano se articule en un esfuerzo a nivel nacional?

 

Pese a que el foro de la región Pacífico había sido instalado con la participación del propio obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya invocando la urgencia de trabajar y orientar todos los esfuerzos por el bien común, en su intervención el también líder religioso de la iglesia católica y líder del Paro Cívico de Buenaventura, el padre Jhon Reina, lamentó con insistencia el incumplimiento de los acuerdos y ratificó la posibilidad de que el pueblo reactivara el paro cívico ante el incumplimiento gubernamental.

Esta preocupación de los voceros del paro cívico de Buenaventura, les ha demandado gran esfuerzo y tiempo en el propósito de lograr que el gobierno de Duque cumpla sus compromisos, y con ello el movimiento que aparece como nuevo referente para otras organizaciones en el ámbito nacional, y que podría resultar clave a la hora de pensar en la articulación de esfuerzos con otros sectores, se ve absorbido en su propio empeño, dejando pasar así la oportunidad de entrar en el circuito de una agenda amplia de alcance nacional. De hecho, todavía la región Pacífico, con todos los elementos en común y las sobradas razones que le da el gobierno, está lejos de construir una visión de conjunto para abordar sus propias reclamaciones, y por la misma razón carece de posibilidades para integrarse con otros sectores y regiones del país en una agenda de inclusión nacional.

 

La Minga indígena y la construcción de un llamado para el país

 

La novedad que se presenta en el actual escenario de las protestas en el Cauca y en algunas regiones del país con protagonismo también de Bogotá, radica en que por primera vez en muchos años los movimientos indígenas, representados en la Onic y en el Cric, habían accedido en los meses previos a discutir conjuntamente con otras organizaciones y diversos movimientos sociales, con miras a construir una agenda amplia de unidad política nacional y sobre las formas de reclamación y acciones comunes para enfrentar al gobierno. Del Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas en que se anunció la fecha del 25 de abril para el PN, surge una declaración que contempló un conjunto amplio de temas de interés nacional y que coincide en buena medida con las aspiraciones de la Minga: la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la autonomía de los pueblos ancestrales, el cumplimiento a los acuerdos de paz de La Habana, el rechazo al modelo económico y minero energético que destruye territorios y contamina con megaproyectos que excluyen y despojan a los pueblos.

Aunque a la Minga se han sumado pueblos indígenas de distintas regiones del país, continùa percibiéndose para el común de los colombianos una clara frontera entre el horizonte de exigencias que plantea la Minga indígena y el resto de movimientos sociales, que no logran conectarse en una visión común ni con las negritudes del Pacífico, que siguen aisladas, ni con las centrales sindicales, ni con los estudiantes universitarios –que no aparecen–, y menos con Fecode cuya marcha de marzo no logró convocar ni generar la expectativa que permita anunciar una respuesta masiva del pueblo al llamado de parar el 25 de abril.

El presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, estuvo en Buenaventura el 7 de marzo en uno de los tantos eventos programados en varias ciudades del país para hacerle análisis crítico al Plan Nacional de Desarrollo, y en la misma ciudad se dieron luego reuniones intersindicales entre los días 8 y 9 del mismo mes buscando la concertación de una agenda nacional de las organizaciones sociales, capaz de alinear también las acciones de protesta. Sin embargo, el proceso preparatorio y las reuniones posteriores no han logrado la convocatoria de sectores amplios de cara a los desafíos que plantea un paro nacional.

En ese sentido, aunque los indígenas de la Minga en el Cauca se movilizaron durante casi un mes y recibieron la visita y el acompañamiento de líderes de varios sindicatos y movimientos sociales, lo mismo que el respaldo tímido de algunas comunidades negras, y la visibilización nacional tras el apoyo abierto de un representativo número de congresistas, no logró posicionar en el ámbito nacional los enunciados que proclaman, y que contienen, una visión que incluye a la nación junto con los movimientos populares de todo el país.

 

En reto para los movimientos sociales del país

 

En el encuentro nacional de Organizaciones Sociales y Políticas se avanzó en la formulación de una declaración amplia que pretende contener a los más diversos sectores, sin embargo hasta ahora no se ha logrado la fórmula para llegar a las bases con esa propuesta común y articulada en torno a grandes problemas nacionales y capaz de concitar las voluntades de la gente del común, incluyendo a los millones de colombianos que no se sienten vinculados ni a los sindicatos ni a las organizaciones sociales, porque hacen parte de la amplia franja de desempleados o empobrecidos que sobreviven desde la economía informal y el subempleo por cuenta propia.

Son entonces las organizaciones diversas las que junto con la Minga o a partir de ella, reconocen ya la necesidad de iniciar un proceso de largo aliento en la búsqueda de la unidad nacional y la confrontación al gobierno y su modelo de desarrollo. Lo que ocurre es que una cosa es la formulación y otra la concreción de tan desafiante empresa.

Por otro lado, es necesario advertir que las protestas escalonadas que iniciaron desde marzo, aunque surgen de un nivel de discusión preliminar y de un cierto consenso en torno a la necesidad de unidad nacional en la que participan indígenas y movimientos sociales amplios, también tienen poderosos enemigos. Uno de ellos se encuentra en la postura firme del gobierno y el ala más radical del Centro Democrático, cercano a un sector de los empresarios que poco interés tienen en que se consolide un proceso de unidad nacional alternativo, y por lo tanto han reportado la protesta por los medios dominantes como la movilización de esfuerzos y liderazgos sectorizados y desconectados, que en lugar de enfatizar en las reclamaciones y exigencias bien justificadas de la Minga, inducen la atención en las pérdidas millonarias y en lo que ellos presentan como los daños a la economía para el país.

A esto se suma el hecho de que el acuerdo preliminar de la Minga con el gobierno, y la visita de Duque al Cauca, puede bajar notablemente la presión de cara a lo que podrían representar las comunidades indígenas en un paro nacional. Además, otros sectores que podrían ser en esta coyuntura decisivos, como campesinos, camioneros y gremios del transporte urbano –también golpeados por el gobierno–, e incluso los mismos estudiantes universitarios, muestran indiferencia y se mantienen al margen de este propósito. En este escenario, el paro anunciado para el 25 de abril podrá ser una jornada más de movilización, pero no nos ofrece un panorama a corto plazo en el que se visione la concreción de esas acciones articuladas en la agenda común y de unidad para la Colombia diversa y marginada en la que millones siguen excluidos tanto de los derechos, como de los escenarios mismos de lucha.

Al ser así, quedan varias incógnitas por dilucidar, de gestarse un espacio de paro nacional, entre ellas quién llevará la vocería social en un posible diálgo con la contraparte gobernante, en un escenario en el que se prolonga el viejo afán de protagonismo individual. Aun así, resulta en todo caso significativo pensar que se dan ya, a pesar de todos los obstáculos, los primeros pasos en la formulación de una agenda común desde abajo.

Publicado enEdición Nº256
Jueves, 25 Abril 2019 07:54

¿Vientos de Paro Nacional?

¿Vientos de Paro Nacional?

Abril redondea un tiempo intenso de movilizaciones en Colombia, donde comunidades indígenas, campesinas y negritudes, junto con diversas organizaciones sociales y sindicales, han salido a las calles para expresar su malestar contra el gobierno de Iván Duque. Aunque son manifiestas las coincidencias entre estas organizaciones y luchas, una agenda en perspectiva del anunciado Paro Nacional (PN) del próximo 25 de abril se ve desarticulada. ¿Qué pasara con este paro? ¿Logrará los objetivos de articular todas las inconformidades del país?

 

La movida agenda social de marzo, con encuentros regionales y nacionales en distintos lugares del país, y los brotes de protestas y manifestaciones liderados por la Minga indígena en el departamento del Cauca –ante la avalancha de desaciertos del presidente Duque y el incumplimiento continuo a viejos acuerdos con las comunidades–, lanzan la alerta sobre las posibilidades y alcances del PN, sugerido desde las multitudinarias marchas de los estudiantes a finales del año anterior, y convocado –aunque sin unanimidad– en el encuentro de Organizaciones Sociales y Políticas celebrado en Bogotá en febrero del presente año.


Ánimos de paro nacional en medio de dificultad de coordinación

 

Las motivaciones y las causas de la inconformidad popular son facilitadas por un gobierno que ha sido errático, descarado y torpe. El fracasado show montado en la frontera con Venezuela lo único que hizo fue visibilizar y desnudar ante los distraídos, la doble moral de un gobierno que ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga de la pobreza, las tragedias ambientales provocadas y las muertes de líderes sociales en su propia casa.

La muy diversa condición de las organizaciones sociales, étnicas, sindicales y de partidos políticos alternativos con sus muy distintas motivaciones, intereses y visiones, permiten pensar que la tarea de articular agendas de movilización y acción conjunta no es fácil. Está claro que los sectores alternativos hasta ahora no han logrado consenso pleno en torno a la hora cero del PN, y esto queda evidente con la temprana salida de indígenas y campesinos a la vía Panamericana desde finales de febrero y luego la Minga en marzo que se prolongó hasta principios de abril. Pese a esto resalta que el gobierno de Duque, y su arremetida contra el pueblo plasmada en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, ha despertado de manera inusitada la desconfianza popular y de sus liderazgos cívicos, que por primera vez en muchos años piensan en juntarse para alinear sus protestas buscando mayor impacto en su confrontación al gobierno.

 

Situación del Pacífico colombiano

 

Desde el Foro Regional, realizado en Buenaventura el primero de marzo con participación de voceros de los cuatro departamentos del suroccidente que conforman el Pacífico colombiano (Chocó, Valle, Cauca y Nariño), salió a relucir con inequívoca claridad el incumplimiento del gobierno con los compromisos de los paros cívicos, recientes y antiguos, y, por tanto, con las comunidades mayoritariamente negras que conforman el litoral Pacífico.

Como es memoria, en 2017 se movilizaron masivamente Tumaco, Quibdó y Buenaventura, haciendo coincidir por varios días las movilizaciones del Chocó y Buenaventura. Pero ya en 2016 había ocurrido un paro en el Chocó, y desde 2014 se había dado la gran marcha en Buenaventura que obligó al gobierno Santos a anunciar 400 millones de dólares para obras que todavía no despegan, y según Gerardo Bazán Orobio, líder social de Guapi, en su municipio, rico en fuentes hídricas, esperan todavía el acueducto prometido en el 2005, cuando hicieron su último paro.

En el citado foro de marzo, denominado “Cómo van los acuerdos del Pacífico en el Plan Nacional de Desarrollo”, los distintos voceros regionales de las comunidades se quejaron, con cifras contundentes, ante Santiago Arroyo, experto del Departamento Nacional de Planeación que viajó a mostrar los avances en cumplimiento de los acuerdos con las regiones, y a defender las bondades del Plan Nacional de Desarrollo que propone Duque.

Las cifras muestran que en el Plan Nacional de Desarrollo, gobierno y comunidades están en orillas distintas, lo que genera un evidente conflicto en torno a lo que ambas partes entienden por estratégico.

 

¿Están dadas las condiciones para que el Pacífico colombiano se articule en un esfuerzo a nivel nacional?

 

Pese a que el foro de la región Pacífico había sido instalado con la participación del propio obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya invocando la urgencia de trabajar y orientar todos los esfuerzos por el bien común, en su intervención el también líder religioso de la iglesia católica y líder del Paro Cívico de Buenaventura, el padre Jhon Reina, lamentó con insistencia el incumplimiento de los acuerdos y ratificó la posibilidad de que el pueblo reactivara el paro cívico ante el incumplimiento gubernamental.

Esta preocupación de los voceros del paro cívico de Buenaventura, les ha demandado gran esfuerzo y tiempo en el propósito de lograr que el gobierno de Duque cumpla sus compromisos, y con ello el movimiento que aparece como nuevo referente para otras organizaciones en el ámbito nacional, y que podría resultar clave a la hora de pensar en la articulación de esfuerzos con otros sectores, se ve absorbido en su propio empeño, dejando pasar así la oportunidad de entrar en el circuito de una agenda amplia de alcance nacional. De hecho, todavía la región Pacífico, con todos los elementos en común y las sobradas razones que le da el gobierno, está lejos de construir una visión de conjunto para abordar sus propias reclamaciones, y por la misma razón carece de posibilidades para integrarse con otros sectores y regiones del país en una agenda de inclusión nacional.

 

La Minga indígena y la construcción de un llamado para el país

 

La novedad que se presenta en el actual escenario de las protestas en el Cauca y en algunas regiones del país con protagonismo también de Bogotá, radica en que por primera vez en muchos años los movimientos indígenas, representados en la Onic y en el Cric, habían accedido en los meses previos a discutir conjuntamente con otras organizaciones y diversos movimientos sociales, con miras a construir una agenda amplia de unidad política nacional y sobre las formas de reclamación y acciones comunes para enfrentar al gobierno. Del Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas en que se anunció la fecha del 25 de abril para el PN, surge una declaración que contempló un conjunto amplio de temas de interés nacional y que coincide en buena medida con las aspiraciones de la Minga: la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la autonomía de los pueblos ancestrales, el cumplimiento a los acuerdos de paz de La Habana, el rechazo al modelo económico y minero energético que destruye territorios y contamina con megaproyectos que excluyen y despojan a los pueblos.

Aunque a la Minga se han sumado pueblos indígenas de distintas regiones del país, continùa percibiéndose para el común de los colombianos una clara frontera entre el horizonte de exigencias que plantea la Minga indígena y el resto de movimientos sociales, que no logran conectarse en una visión común ni con las negritudes del Pacífico, que siguen aisladas, ni con las centrales sindicales, ni con los estudiantes universitarios –que no aparecen–, y menos con Fecode cuya marcha de marzo no logró convocar ni generar la expectativa que permita anunciar una respuesta masiva del pueblo al llamado de parar el 25 de abril.

El presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, estuvo en Buenaventura el 7 de marzo en uno de los tantos eventos programados en varias ciudades del país para hacerle análisis crítico al Plan Nacional de Desarrollo, y en la misma ciudad se dieron luego reuniones intersindicales entre los días 8 y 9 del mismo mes buscando la concertación de una agenda nacional de las organizaciones sociales, capaz de alinear también las acciones de protesta. Sin embargo, el proceso preparatorio y las reuniones posteriores no han logrado la convocatoria de sectores amplios de cara a los desafíos que plantea un paro nacional.

En ese sentido, aunque los indígenas de la Minga en el Cauca se movilizaron durante casi un mes y recibieron la visita y el acompañamiento de líderes de varios sindicatos y movimientos sociales, lo mismo que el respaldo tímido de algunas comunidades negras, y la visibilización nacional tras el apoyo abierto de un representativo número de congresistas, no logró posicionar en el ámbito nacional los enunciados que proclaman, y que contienen, una visión que incluye a la nación junto con los movimientos populares de todo el país.

 

En reto para los movimientos sociales del país

 

En el encuentro nacional de Organizaciones Sociales y Políticas se avanzó en la formulación de una declaración amplia que pretende contener a los más diversos sectores, sin embargo hasta ahora no se ha logrado la fórmula para llegar a las bases con esa propuesta común y articulada en torno a grandes problemas nacionales y capaz de concitar las voluntades de la gente del común, incluyendo a los millones de colombianos que no se sienten vinculados ni a los sindicatos ni a las organizaciones sociales, porque hacen parte de la amplia franja de desempleados o empobrecidos que sobreviven desde la economía informal y el subempleo por cuenta propia.

Son entonces las organizaciones diversas las que junto con la Minga o a partir de ella, reconocen ya la necesidad de iniciar un proceso de largo aliento en la búsqueda de la unidad nacional y la confrontación al gobierno y su modelo de desarrollo. Lo que ocurre es que una cosa es la formulación y otra la concreción de tan desafiante empresa.

Por otro lado, es necesario advertir que las protestas escalonadas que iniciaron desde marzo, aunque surgen de un nivel de discusión preliminar y de un cierto consenso en torno a la necesidad de unidad nacional en la que participan indígenas y movimientos sociales amplios, también tienen poderosos enemigos. Uno de ellos se encuentra en la postura firme del gobierno y el ala más radical del Centro Democrático, cercano a un sector de los empresarios que poco interés tienen en que se consolide un proceso de unidad nacional alternativo, y por lo tanto han reportado la protesta por los medios dominantes como la movilización de esfuerzos y liderazgos sectorizados y desconectados, que en lugar de enfatizar en las reclamaciones y exigencias bien justificadas de la Minga, inducen la atención en las pérdidas millonarias y en lo que ellos presentan como los daños a la economía para el país.

A esto se suma el hecho de que el acuerdo preliminar de la Minga con el gobierno, y la visita de Duque al Cauca, puede bajar notablemente la presión de cara a lo que podrían representar las comunidades indígenas en un paro nacional. Además, otros sectores que podrían ser en esta coyuntura decisivos, como campesinos, camioneros y gremios del transporte urbano –también golpeados por el gobierno–, e incluso los mismos estudiantes universitarios, muestran indiferencia y se mantienen al margen de este propósito. En este escenario, el paro anunciado para el 25 de abril podrá ser una jornada más de movilización, pero no nos ofrece un panorama a corto plazo en el que se visione la concreción de esas acciones articuladas en la agenda común y de unidad para la Colombia diversa y marginada en la que millones siguen excluidos tanto de los derechos, como de los escenarios mismos de lucha.

Al ser así, quedan varias incógnitas por dilucidar, de gestarse un espacio de paro nacional, entre ellas quién llevará la vocería social en un posible diálgo con la contraparte gobernante, en un escenario en el que se prolonga el viejo afán de protagonismo individual. Aun así, resulta en todo caso significativo pensar que se dan ya, a pesar de todos los obstáculos, los primeros pasos en la formulación de una agenda común desde abajo.

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Un 8M sin fronteras: Chile, Turquía o Reino Unido se suman a la huelga feminista

Cada vez son menos países los que dudan a la hora de definir su plan de actuación para el Día Internacional de la Mujer. A ellas ya no les basta con manifestarse, con salir a clamar a favor de sus derechos y en contra de los abusos, de la violencia en todos los ámbitos y de los feminicidios. Quieren hacer ver que el mundo se para si no están ellas ocupando sus puestos habituales, y este 8 de marzo va a ser testigo de esta motivación: la lista de países que se suman a las huelgas feministas de carácter general no ha hecho más que aumentar desde las movilizaciones de 2018.

Al grito de “Ni una menos, vivas nos queremos”, las mujeres de Argentina rompieron en 2017 con el miedo a oficializar un paro general, algo a lo que solo se había atrevido Polonia el año anterior e Islandia 40 años atrás. Trasladaron su lema a los países vecinos y consiguieron internacionalizarlo, animando al resto del mundo a sumarse a la convocatoria. En esa ocasión, las interrupciones fueron de una o dos horas en la mayoría de sitios. En 2018, las españolas pasaron del paro simbólico del año anterior a una huelga con respaldo sindical de 24 horas en la que se fijaron los ojos del mundo. De hecho, la movilización aquí ha servido de inspiración para otros países, que se han sumado con demandas muy explícitas y manifestaciones convocadas en alrededor de 170 territorios.


Hay algunos, como Chile, que llevan organizando la huelga desde que culminó el 8M del año pasado. “Desde marzo de 2018, haciendo balance de la marcha, iniciamos el camino para hacer huelga feminista en el territorio”, afirma Alondra Carrillo, portavoz de la Coordinadora Feminista 8M del país sudamericano. Con más de 50 encuentros y 1.300 mujeres de todo el país participando en el comité, han conseguido sacar adelante un paro de carácter nacional, además de todas las movilizaciones que tienen preparadas para inundar las calles de morado. A él están llamadas por los sindicatos nacionales todas las trabajadoras de la salud primaria y los profesores.


“El año pasado teníamos la sensación de estar haciendo algo por primera vez, pero este año llegamos a este momento con mucha historia en el cuerpo, mucha actividad que durante todo el año le ha dotado de contenido a lo que va a ser esta huelga”, comenta Carrillo. “A la segunda fila no vamos a volver más”.


De esa posición quieren salir en Turquía, donde también se estrenan con la convocatoria de una huelga general. El 5 de enero se decidió en Estambul que las mujeres turcas y kurdas seguirían el ejemplo de sus compañeras de países latinoamericanos y europeos, principalmente. Bajo el lema “Women are strong together” (Las mujeres son fuertes estando juntas), 165 organizaciones feministas y LGTBI reunieron en esa jornada a alrededor de un millar de mujeres. “Queremos ser parte de la rebelión y apuntamos a paralizar la vida aunque sea durante un día”, asevera Seda Can, de Asambleas de Mujeres Socialistas (SKM) de Turquía.


Las feministas turcas apuntan al presidente Erdogan y su gobierno. “El Estado trata de instaurar forzosamente a las mujeres en el rol tradicional de ser madre, obediente y sometida. Bajo el régimen del AKP [partido que lidera Erdogan] la violencia hegemónica masculina en todas sus formas ha aumentado de forma extrema. No es coincidencia”. Es un país que, según Can, tiene muchas razones por las que defender la libertad de los derechos de sus mujeres, y por eso llaman a parar “no solo en las áreas de producción sino en todos los ámbitos de la vida”.


¿Sin apoyo sindical? Paran igual


“We strike”. Nosotras paramos. Con tal contundencia presenta Reino Unido su posición para este 8M. Avalan el paro 36 organizaciones presentes en el país, como la Cuarta Ola Feminista, la Asamblea de Mujeres Kurdas y la Marcha de Mujeres de Londres. “El 8 de marzo hablaremos, resistiremos, atacaremos y nos negaremos a trabajar (…), estaremos en huelga por el trabajo que hacemos, sin importar si nos pagan o no”, aseguran en la página de Women’s Strike. En 2018, la convocatoria no tuvo un impacto laboral notable, pero las manifestaciones fueron multitudinarias. Es por eso que han depositado toda su confianza en que este viernes sean muchas más personas las que decidan ausentarse de su puesto de trabajo.


Otra de las sorpresas de este año es la movilización masiva que han convocado las mujeres de Alemania. Probablemente, sea uno de los países europeos con más actividades emergentes para este 8M y es tal la lucha que han propiciado contra los sindicatos para que estos avalen el paro que han terminado por declarar la jornada como día festivo para poder acudir a las manifestaciones.


En otros sitios, si la huelga no es una realidad no es precisamente por falta de ganas o de medios. En Irlanda, la Asamblea 8M de Dublín se constituyó a partir de las concentraciones de 2018 y de las mujeres extranjeras (especialmente latinoamericanas movidas por el Ni Una Menos) que residen en el país. Pese a que en el país no hay una “acción feminista organizada”, se ha contagiado del movimiento. “El 8M sencillamente sucede y si se es feminista, hay que estar”, dice Ana Rosa, integrante de la Asamblea.
“El derecho a la huelga no tiene el estatus de derecho constitucional como sucede en España. En la legislación laboral se reconocen algunas protecciones para trabajadores sindicados, pero la mayoría de las que vamos a parar el 8M hemos cambiado turnos o cogido días libres para poder ‘hacer huelga'”, explica. Han conseguido programar una mesa informativa para la víspera de ese paro simulado y varias lecturas de manifiestos y ‘acampada feministas’ para el propio 8. Aun así, asegura que sienten que “todavía hay mucho camino por recorrer en Irlanda”.


En Austria, el movimiento sufragista de la década de los 70 ha tenido que enfrentarse a los sindicatos para transmitirles su deseo de sumarse a la convocatoria de huelga internacional. Estos no han cedido, pero no por ello han desistido de organizar movilizaciones entre las mujeres más conservadoras. Otra ola algo más joven, bautizada con el lema “Take Back The Streets” (Recuperar las calles), tiene preparada una manifestación a favor de las mujeres racializadas. Con tambores, vestidos originarios y coreografías con esa temática, visibilizarán en las calles a las mujeres que residen en el país europeo y sufren la discriminación.


Ni feminicidios ni “niñas madres”


“Es aberrante lo que está sucediendo en Argentina”. Ada Rico, presidenta de una de las organizaciones feministas más conocidas de ese país, La Casa del Encuentro, se refiere a los últimos casos de menores embarazadas que han salido a la luz. En la provincia noroeste de Tucumán se negaron a practicar un aborto a una niña de 11 años, que tuvo por cesárea a un bebé tras ser violada. Este caso se suma al de otra menor de 12 años, a la que le hicieron una cesárea en la semana 24 de gestación. Son hechos que han desatado el agravio entre las ya enfurecidas feministas argentinas: “Todo el movimiento activista está con el reclamo de estas niñas”.


Por ellas y contra el concepto de “niñas madres” que se viene denunciando en el país, marcharán este 8M. El derecho a decidir, una vez más, aparece implícito en el discurso feminista, que casi consigue despenalizar el aborto más allá de los casos excepcionales que contempla la legislación actual. “Uno de los temas principales va a seguir siendo el aborto, más allá de que nos vamos a manifestar por los feminicidios y todo tipo de violencia sexual”, dice Rico. El año pasado, el país arrojaba una proporción devastadora: una mujer asesinada cada 30 horas.


En Australia, el foco está puesto en el ámbito laboral, desde donde opinan que se tienen todas las herramientas para empoderar a la mujer. “Desde ahí se puede pelear”, dice Flavia Guardia, componente del movimiento Ni Una Menos en Melbourne. Ha movilizado a la comunidad latina de esa urbe y a mujeres nativas que sufren agresiones sexuales en el trabajo para unirse al grito global. “En Australia hay muchas leyes que se llegan a aplicar, pero si no las conoces, pasan por arriba de ti” en el trabajo, dice. “Se pelea por el sueldo igualitario y respetar a sus aborígenes, reivindicar la lucha y que ellos son los dueños de la tierra”.


India lleva protestando semanas en una reunión inusual y cambiante: la Mahila Suraksha Padyatra (Marcha por la Seguridad de las Mujeres). Swati Maliwal, la presidenta de la Comisión de Mujeres de Delhi, se encuentra a la cabeza de una marcha de 13 días a pie para conocer a mujeres de todos los rincones de la capital india, atendiendo a sus problemas y reclamos, y que culminará el 8 de marzo en una manifestación multitudinaria.


Un 8M silenciado


No obstante, no en todo el mundo se escuchará el grito feminista. En Nicaragua, ha sido literalmente silenciado. El pasado 25 de noviembre, las mujeres que salieron para manifestarse en el Día Internacional contra la Violencia de Género fueron duramente reprimidas. El Gobierno de Daniel Ortega ha contenido todas las movilizaciones y este 8M goza precisamente de ese tono agitador de demanda que el presidente quiere abolir a toda costa. Las compañeras turcas, por su parte, también sufrieron una represión similar el pasado 25N, según recuerda Seda Can.


Queda pocos días para que el mundo vuelva a retumbar con las batucadas feministas y para que las calles se llenen con mujeres que han dejado su casa y su silla vacía o sus puestos libres en el trabajo. El 8M volverá una vez más a demostrar que la huelga feminista ya tiene un empuje internacional.

Por Naiara Bellio
7 marzo 2019 

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Lunes, 25 Febrero 2019 06:10

La mejor lección

Manifestación en respaldo al movimiento de los maestros en Oakland, California, hace unos días

La lección más fundamental –la de la esperanza, la defensa de un derecho fundamental, la lucha por la dignidad– fue ofrecida al pueblo estadunidense a lo largo de un año por cientos de miles de maestras y maestros de educación pública vestidos de rojo, del movimiento Red4Ed (Rojo por la educación), quienes encabezaron lo que ha sido la lucha laboral más poderosa e importante en una generación.

Y todo empezó hace justo un año (el 22 de febrero de 2018) en el lugar menos esperado, donde cualquier tipo de acción laboral y sobre todo de trabajadores del sector público era considerada imposible aun por sus propios líderes sindicales en West Virginia. Entre los estados más pobres de Estados Unidos y con una clase política conservadora y antisindical estalló un movimiento de huelga dirigido desde abajo, por las propias bases, en demanda no sólo de mejores salarios y condiciones de trabajo para ellos, sino exigiendo mayor inversión en la educación pública para bien de todos. Duró nueve días y ganaron.


El ejemplo de West Virginia fue contagioso y poco después, como una ola, estallaron huelgas en un estado tras otro, muchos en donde las cúpulas políticas estatales habían encabezado ofensivas antisindicales durante años. Decenas de miles realizaron huelgas en Oklahoma, Kentucky, Arizona, Colorado, Washington y Carolina del Norte. Y todos insistieron en que no se trataba sólo de ellos y sus contratos, sino de defensa de la educación y fondos para más enfermeras, más artes y música, mayor apoyo para los más necesitados, o como decían sencillamente, para los niños.


Todos ganaron u obtuvieron promesas que harán cumplir, afirman.


Según datos oficiales del gobierno sobre suspensiones de trabajo por empleados, medio millón de trabajadores interrumpieron sus jornadas por acciones de huelga o por ser expulsados de sus sitios de trabajo durante una disputa laboral en el transcurso de 2018; el nivel más alto registrado desde 1986 en este país. Casi cuatro de cada cinco trabajadores fue un maestro.


Y la ola continúa este año, ahora con acciones de sindicatos del magisterio en grandes ciudades, incluyendo recientemente Los Ángeles, Denver y la semana pasada Oakland. Mucho de esto empezó hace unos años con maestros en Chicago en 2012.


Esta ola de rebeliones magisteriales son resultado de una sistemática reducción de gasto y apoyo de la educación pública durante por lo menos 20 años. Esto se combinó, a propósito, con propuestas de reforma educativa con magnífica retórica que evitaba mencionar los intentos para destruir las escuelas públicas y acusando a los maestros y sus sindicatos de todo. Gobiernos demócratas y republicanos a nivel federal y estatal, financiados por algunos de los multimillonarios más ricos del planeta (Bill Gates, la familia Walton de Walmart y Eli Broad, entre otros), impulsaron la evaluación de maestros y alumnos a través de exámenes estandarizados como medidas para privatizar el sector, incluso a través de las escuelas chárter.
Los maestros ganan mucho menos que otras profesiones con el mismo nivel educativo. Según una encuesta el año pasado de NPR/Ipsos, 59 por ciento de los maestros se han visto obligados a tener un segundo empleo y 86 por ciento han gastado su propio dinero en artículos para sus aulas.


Pero al estallar un ya basta estos movimientos fueron cobijados de inmediato por la amplia solidaridad del público, con padres de familia y alumnos saliendo a marchar con sus maestros. Ante algunas respuestas represivas de gobernantes, incluyendo hasta amenazas de encarcelarlos, no sólo no se replegaron haciendo temblar a los políticos, sino decenas de maestros retaron a los gobernantes en su propio terreno, lanzándose como candidatos a legislaturas estatales y hasta la federal en estas últimas elecciones intermedias. Jahana Hayes, nombrada Maestra del Año de 2016, se convirtió en la primera diputada federal afroestadunidense de Connecticut en la historia. Más aún, ahora cada vez más políticos, incluyendo demócratas que junto con Barack Obama promovieron las supuestas reformas, ahora de repente han adoptado posiciones en favor de los maestros y la educación pública.


Mientras tanto, viejos aliados intensifican su defensa. “No creo que sea aceptable que los 25 gerentes de hedge funds más ricos en Wall Street hayan ganado más de 15 mil millones de dólares en compensación en 2017; casi el doble de lo que ganaron todas las 140 mil maestras de kínder en Estados Unidos”, tuiteó recientemente Bernie Sanders.


Los educadores dejaron claro que todo esto se trata en el fondo sobre la función más fundamental de cualquier sociedad supuestamente civilizada: la educación. “Nuestros maestros están al frente y dando a ‘Nosotros, el pueblo’, una voz”, escribió una madre de alumnos en las escuelas de Los Ángeles. Una estudiante de preparatoria durante la huelga en esa ciudad comentó a los medios: mientras maestras como la mía se levanten en mi defensa, yo me levantaré en defensa de ellas.
La mejor lección del año.

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Docentes de Los Ángeles ganan una batalla contra la privatización de la educación

Llevó una semana, pero los docentes de las escuelas públicas de Los Ángeles ganaron la batalla. Más de 30.000 docentes y personal escolar, miembros del sindicato “Docentes Unidos de Los Ángeles” (UTLA , por su sigla en inglés), se declararon en huelga por primera vez en 30 años, en demanda de más recursos para sus aulas, personal auxiliar y de biblioteca en cada escuela, grupos más pequeños por clase y mejores salarios. Tanto al sol como bajo la lluvia, estudiantes, madres, padres y otros aliados se unieron a los piquetes y manifestaciones convocadas por los maestros. El martes, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ( LAUSD ) —el segundo mayor distrito escolar del país, del cual casi tres cuartos de sus estudiantes son latinos— acordó satisfacer las demandas de los docentes en huelga. Las clases se reanudaron el miércoles. Esta importante huelga también se suma a una ola de medidas similares llevadas a cabo en todo el país por docentes que luchan contra el intento de los intereses corporativos de privatizar la educación pública.

El martes por la noche, el presidente del sindicato docente de Los Ángeles, Alex Caputo-Pearl, hizo estas declaraciones después de que una gran mayoría de los miembros del sindicato ratificara el acuerdo: “Hicimos huelga, una de las huelgas más grandes que ha vivido Estados Unidos en décadas. La creatividad, la innovación, la pasión, el amor y la emoción de nuestros afiliados estuvieron presentes en las calles, en las comunidades, en los parques, a la vista de todos”.


Arlene Inouye, especialista del habla y el lenguaje con 18 años de experiencia en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, presidió el comité de negociación por parte del UTLA . En una entrevista para Democracy Now!, Inouye declaró: “Este fue un acuerdo histórico y nos dio más de lo que esperábamos”. Se cumplieron todas sus demandas principales, como poner un límite a las escuelas “chárter” para revertir la tendencia hacia la privatización, y además se pusieron sobre la mesa otro tipo de demandas. Inouye explicó: “También pudimos incluir en nuestras escuelas algunos temas de negociación no obligatorios, los que llamamos ‘asuntos de bien común’, como espacios verdes en los campus, detener la criminalización de los jóvenes. Pudimos conseguir un fondo de defensa para inmigrantes. Estamos haciendo una declaración de valores”.


También en Democracy Now!, la investigadora y periodista Sarah Jaffe, autora del libro “Necessary Trouble: Americans in Revolt” (“Problemas necesarios: estadounidenses en rebelión”, en español), manifestó: “Ha habido corrientes de reforma dentro del UTLA desde hace al menos una década. Los docentes me contaron que estos movimientos se remontan a la crisis financiera de 2008, la recesión y el despido masivo de muchos docentes, y que de allí surgió el intento de conformar una nueva corriente interna. En 2014, la agrupación Union Power ganó las elecciones y con docentes como Arlene y Alex Caputo-Pearl al frente introdujo un departamento de organización, un departamento de investigación, un departamento político, que el sindicato no tenía anteriormente, y logró que los docentes votaran a favor de aumentar sus propias cuotas sindicales para poder llevar a cabo estas propuestas. En este clima, tras [el juicio de Mark] Janus, que fue [desfavorable] para los trabajadores del sector público, deberíamos prestarle atención a un sindicato que, nuevamente, hizo que los docentes aumentaran sus propias cuotas para invertir en convertirse en un sindicato de lucha y movilización de verdad”.


En sus manifestaciones, los maestros y profesores mencionaron en reiteradas ocasiones el tema de la privatización. La docente Marianne O’Brien expresó en diálogo con Democracy Now!: “Básicamente, esta lucha aborda la privatización de las escuelas. El superintendente Austin Beutner está presionando para privatizar las escuelas. Y eso es un problema para nosotros porque, si todos los fondos para las escuelas públicas se destinaran a las escuelas chárter, nuestros estudiantes se verían perjudicados de manera desproporcionada y no tendrían acceso a una educación de calidad”.


El superintendente Austin Beutner, un acaudalado banquero de inversión, no tiene experiencia previa en educación. ¿Cómo llegó al cargo? La escritora Sarah Jaffe explicó cómo fue la elección de la junta escolar del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles en 2018: “El año pasado hubo elecciones para designar a la nueva junta escolar. La campaña involucró 14,7 millones de dólares provenientes de fondos externos, invertidos por defensores de las escuelas chárter, grandes fondos de cobertura y cosas por el estilo; las personas que normalmente vemos introducirse en estos lugares. Así que obtuvieron una mayoría de candidatos a favor de las escuelas chárter y colocaron a Beutner en el cargo”.


Uno de los planes de Beutner es dividir el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles en 32 distritos “modelo”, imitando los procedimientos de ciudades como Detroit y Newark que, según el UTLA , “están plagados de un entramado de planes de privatización que no mejoran los resultados de los estudiantes”.


Las escuelas chárter no solo pueden despedir docentes más fácilmente que las escuelas públicas; también pueden despedir a los alumnos. Al elegir estudiantes de alto rendimiento y rechazar a aquellos que tienen necesidades especiales o puntaje bajo en los exámenes estandarizados, las escuelas chárter agotan los recursos de las escuelas públicas de los vecindarios más pobres. Lilit Azarian, otra docente presente en el piquete, nos dijo: “Se trata de luchar por las comunidades de color, porque esas son las comunidades afectadas por esta corriente privatizadora que ha tomado el control”.


En marzo habrá una elección especial para cubrir un cargo en la junta escolar del Distrito Unificado de Los Ángeles que quedó vacante cuando un miembro se declaró culpable de haber cometido delitos financieros graves en la campaña. La elección está siendo fuertemente disputada entre los defensores de las escuelas chárter y el UTLA y otros aliados de las escuelas públicas tradicionales. Jaffe opinó: “Si los docentes quieren a Beutner afuera, esta será la forma de lograrlo”.


El año pasado, una ola de huelgas docentes atravesó el país, pero en estados de mayoría republicana, como Virginia Occidental, Oklahoma y Arizona. Los docentes se declararon en huelga y lograron mejoras notables; no solo en salarios y beneficios, sino también en recursos para las escuelas y aulas. Ahora los maestros se están alzando en bastiones demócratas como Los Ángeles. El martes, cuando el UTLA declaró la victoria y puso fin a la huelga, el sindicato docente de Denver, Colorado, votó por abrumadora mayoría a favor de hacer huelga. También se espera que los docentes sindicalizados de Oakland, California, hagan huelga, al igual que los de las universidades comunitarias de Chicago.


Si los docentes de Los Ángeles son una señal de lo que está por venir, los privatizadores y su defensora en Washington D.C., la multimillonaria secretaria de Educación Betsy DeVos, podrían estar frente a oponentes más que fuertes.


Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Sábado, 19 Enero 2019 06:00

La mayor huelga del planeta

La mayor huelga del planeta

El primer ministro indio, Narendra Modi, afronta un año electoral complicado que comenzó con dos jornadas históricas de huelga en las que los sindicatos comunistas lograron movilizar aproximadamente a 200 millones de trabajadores. Entre otras cosas denuncian el desempleo y la precariedad de los contratos laborales, y reclaman una seguridad social universal, aumento del salario mínimo y que se cumplan las leyes laborales.

EN EL DÍA a día de Delhi hay protestas minoritarias que no hacen mella en la rutina de una ciudad que ni siquiera las ve. Se suelen hacer en una calle convertida en “manifestódromo”, a la que acuden grupos organizados o individuos solitarios cargados de demandas. Allí pueden pasarse meses instalados sin que nadie escuche sus gritos. Pero en ocasiones, entre infinitas reivindicaciones invisibles (invisibilizadas) se cuelan grandes movilizaciones; masivas, históricas, de decenas de miles y decenas de millones de personas; las más grandes del mundo.
En un 2019 en el que los indios pasarán por las urnas, el primer ministro ha estrenado el año afrontando una huelga general de entre 150 y 200 millones de trabajadores, según quien los cuente. La protesta multitudinaria duró dos días, el martes y el miércoles (N de E: 8 y 9 de enero), y había sido convocada por diez de los sindicatos más fuertes del país como protesta contra las políticas antiempleo del gobernante Partido del Pueblo de la India (BJP).

El paro se llevó a cabo sobre todo en el transporte, la industria, la minería, el comercio, las oficinas gubernamentales y la banca pública. Se unieron trabajadores del llamado sector informal –el que domina la economía–, en el que entran obreros de la construcción, conductores de rickshaws y autorickshaws, vendedores ambulantes y fabricantes de tabaco de liar. Agricultores, estudiantes y profesores mostraron su apoyo a la huelga, pero no la secundaron.

TRABAJADORES INDIGNADOS.

Los sindicatos celebran que el seguimiento fue masivo, especialmente en estados como Kerala, Bengala Occidental, Odisha y Maharashtra. Las minas de todo el país, dicen, cerraron; la vida quedó parcialmente paralizada en grandes urbes como Delhi o Bombay. Las zonas industriales de Punjab, Haryana y Rajastán tuvieron una “buena respuesta”; los trabajadores bloquearon las vías del tren en numerosas ciudades, como Calcuta, Chennai y Thiruvananthapuram; los autobuses públicos no salieron de las cocheras; numerosos distritos tuvieron que ordenar el cierre de los centros educativos ante las dificultades para el transporte de los alumnos.

“La expansión sin precedentes y la participación activa de los trabajadores en esta huelga de dos días es un indicador claro del grado de rabia e indignación de los trabajadores contra las políticas neoliberales y los ataques a sus condiciones de vida y trabajo perpetrados por el gobierno”, señaló la federación sindical Centre of Indian Trade Unions (CITU) en un comunicado.

Las demandas de los trabajadores son tantas como participantes en las protestas. Esta era una huelga contra la privatización del sector público, contra el desempleo, contra el aumento de los precios de los alimentos, contra la gran cantidad de contratos temporales y por obra y contra la precariedad de esos contratos. Una huelga que pedía salarios mínimos de 18 mil rupias (unos 220 euros), pensiones aseguradas, una seguridad social universal y el cumplimiento de las leyes laborales. Una huelga que exigía al Ejecutivo que tuviera en cuenta a los trabajadores en sus planes de atraer inversión extranjera. “El gobierno ha fracasado a la hora de crear empleos y ha ignorado de forma flagrante a los sindicatos”, decía Amarjeet Kaur, secretaria general del All India Trade Union Congress (AITUC), a la agencia india PTI.

El ministro de Finanzas, Arun Jaitley, respondía en las redes sociales preguntándose si de verdad existe un “problema real” en torno a todas esas demandas, o si la huelga, o lo que él llamó “malestar simbólico”, es parte de la estrategia de las organizaciones políticas de izquierda para no “ser borradas” del mapa político nacional.

PROTESTAS EN EL CAMPO.

Pero la última huelga general no es el único frente laboral que tiene abierto el gobierno nacionalista hindú de Modi. En 2018 los agricultores llevaron a cabo numerosas protestas y al menos tres marchas multitudinarias: mareas de decenas de miles de trabajadores del campo han caminado juntos cientos de quilómetros para plantarse en Delhi, la capital del país, y Bombay, el centro financiero, con el objetivo de visibilizar su situación ante las autoridades y ante los ciudadanos urbanos. Más de la mitad de la población india vive de la agricultura.

Los agricultores indios, que en sus movilizaciones inundan las ciudades de gorros rojos y banderas con la hoz y el martillo, denuncian que viven asfixiados por las deudas contraídas en préstamos agrícolas; deudas impagables en años de sequías y malas cosechas. Demandan la prometida exención de esos pagos, así como unos precios mínimos justos y tener derechos sobre la propiedad de la tierra, que en muchos casos se encuentra en manos del Departamento Forestal.
Los agricultores se sienten traicionados por un gobierno que llegó al poder en 2014 con grandes promesas en torno a la economía y los trabajadores. Cinco años después, el desempleo ha ido aumentando (11 millones de indios perdieron su trabajo en 2018) y las respuestas del Ejecutivo no convencen a los manifestantes. Tanto en 2015 como en 2016 se vivieron dos huelgas generales con paros de más de 100 millones de trabajadores. India, hogar de 1.300 millones de habitantes, tiene un mercado laboral de unos 400 millones de personas.

RUMBO A LAS ELECCIONES.

El año pasado un millón de trabajadores paralizaron durante dos días el sector bancario para pedir aumentos de sueldo, en una huelga que dejó cerradas la mayoría de las sucursales en todo el país. Un año antes se habían manifestado de forma masiva 50 millones de comerciantes y pequeños empresarios, esa vez contra la histórica reforma fiscal que lanzó el Ejecutivo: la creación de un impuesto indirecto común para todo el país, algo insólito en India. El motivo de la queja de los pequeños empresarios: no iban a poder hacer frente a ese impuesto totalmente digitalizado, ya que sus cuentas siempre han sido manuales. En la mayoría de las empresas indias los libros de cuentas son flexibles en sus anotaciones, y las facturas, si existen, están escritas con lápiz.

El impacto de esta última huelga general no se mide tanto por su peso cuantitativo, sino por el tiempo en que se produce. La indignación de decenas de millones de trabajadores le ha estallado al gobierno de Modi a las puertas de unas elecciones generales previstas para abril y mayo, en las que intentará mantener el poder frente al Partido del Congreso, una formación debilitada que, sin embargo, en diciembre ha cogido algo de fuerza tras unas elecciones regionales en las que recuperó el control de tres estados que estaban en manos del BJP. El reciente batacazo en las urnas, visibilizado poco después en las calles, aviva la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en los próximos comicios.

Por Víctor M Olazábal
18 enero, 2019

(Tomada de elsaltodiario.com, por convenio. Título y copete de Brecha.)

 

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Los profesores realizaron marchas y plantones en cientos de escuelas californianas en demanda de que se eliminen los recortes al gasto, que sea menos abultado el número de alumnos por clase y que se ponga un alto a las reformas privatizadoras. El paro se suma a una ola de acciones reivindicadoras de la enseñanza pública en al menos seis estados. Foto Afp

Sigue la rebelión contra el deterioro de la educación pública

Exigen mayores recursos y el fin de las reformas privatizadoras



Más de 30 mil maestros estallaron una huelga en Los Ángeles paralizando el segundo sistema escolar más grande de Estados Unidos con una serie de exigencias para restaurar recursos escolares, reducir el tamaño de los grupos, cuestionar los exámenes estandarizados y rescatar a la educación pública del proceso de privatización impulsado por las “reformas educativas” financiadas por multimillonarios.


Los maestros iniciaron marchas y plantones frente a cientos de escuelas con algunos de los más de 600 mil alumnos (72 por ciento de ellos latinos, aunque se hablan más de 90 idiomas en el sistema) y algunos padres que fueron a apoyarlos en un día de lluvia. “Estamos en una batalla por el alma de la educación pública”, declaró Alex Caputo Pearl, presidente del sindicato United Teachers of Los Ángeles (UTLA).


Esta huelga –la primera del UTLA en 30 años– se suma a una ola de acciones sin precedente en por lo menos seis estados de cientos de miles de maestros que estallaron a lo largo del año pasado en una rebelión contra las políticas de austeridad y privatización; en 29 estados hay menos financiamiento para educación que hace 10 años.


Aún más notable, muchas de estas acciones estatales se realizaron en estados conservadores con gobiernos republicanos –como Virginia Occidental, donde comenzó, Oklahoma, Arizona, Kentucky y Carolina del Norte– que sacudieron a sus cúpulas políticas, consiguieron conquistas sorprendentes y transformaron el panorama político regional. A diferencia de éstos, la huelga en Los Ángeles es en una ciudad y un estado bajo control demócrata liberal.


Esta huelga demuestra que la resistencia es contra el consenso bipartidista que impulsó lo que llamaron “reformas educativas” a lo largo del país, que incluyeron la promoción de un modelo de privatización de la educación pública mediante las llamadas escuelas chárter, e imponiendo medidas de evaluación de escuelas, maestros y alumnos por medio de exámenes estandarizados.


El UTLA exige que los gobiernos municipal y estatal (en Estados Unidos los sistemas de educación pública son administrados a nivel municipal y estatal, no federal) inviertan fondos para contratar a más personal de apoyo, reducir el tamaño de los grupos y disminuir los exámenes estandarizados. El sindicato señala que el deterioro de las escuelas públicas ha nutrido un éxodo a las escuelas chárter desviando así aún más fondos estatales. Denuncia que un grupo promedio tiene más de 32 estudiantes en las secundarias y preparatorias, con algunos casos donde superan 40 y literalmente no hay dónde sentarse más que en el piso.


Después de 20 meses de negociaciones –el contrato colectivo anterior caducó en junio de 2017– el sindicato rechazó la última oferta del comisionado de educación de la ciudad, el banquero inversionista Austin Beutner, quien argumenta que el distrito no puede aceptar las demandas de los maestros porque eso llevaría a la bancarrota.


Los mega-ricos son parte de la disputa en Los Ángeles. Las escuelas chárter –concepto promovido por todo el país financiado por multimillonarios como solución a los problemas supuestamente endémicos del sistema de educación pública– son escuelas públicas pero administradas de manera privada por diversos grupos, y en su mayoría su personal no está sindicalizado. Sus campeones en Los Ángeles incluyen al multimillonario filántropo Eli Broad y Reed Hastings, jefe ejecutivo de Netflix, junto con otros titanes que han impulsado estas escuelas a escala nacional como parte de una “reforma”, incluido al ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, Bill Gates, la familia Walton (los herederos de Walmart) y un diverso grupo de especuladores financieros. Aproximadamente uno de cada cinco estudiantes en Los Ángeles está en una escuela chárter.


Mientras el gobernador (cuya campaña fue respaldada por el sindicato magisterial) llamó a las partes a regresar a la mesa de negociación, los profesores fueron acompañados por representantes de los sindicatos nacionales de docentes. Randi Weingarten, de la Federacion Americana de Maestros, declaró: “los ojos de la nación están observando esto y los educadores y enfermeros del país están respaldando a los educadores en Los Ángeles”.

 

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