Sábado, 19 Enero 2019 06:00

La mayor huelga del planeta

La mayor huelga del planeta

El primer ministro indio, Narendra Modi, afronta un año electoral complicado que comenzó con dos jornadas históricas de huelga en las que los sindicatos comunistas lograron movilizar aproximadamente a 200 millones de trabajadores. Entre otras cosas denuncian el desempleo y la precariedad de los contratos laborales, y reclaman una seguridad social universal, aumento del salario mínimo y que se cumplan las leyes laborales.

EN EL DÍA a día de Delhi hay protestas minoritarias que no hacen mella en la rutina de una ciudad que ni siquiera las ve. Se suelen hacer en una calle convertida en “manifestódromo”, a la que acuden grupos organizados o individuos solitarios cargados de demandas. Allí pueden pasarse meses instalados sin que nadie escuche sus gritos. Pero en ocasiones, entre infinitas reivindicaciones invisibles (invisibilizadas) se cuelan grandes movilizaciones; masivas, históricas, de decenas de miles y decenas de millones de personas; las más grandes del mundo.
En un 2019 en el que los indios pasarán por las urnas, el primer ministro ha estrenado el año afrontando una huelga general de entre 150 y 200 millones de trabajadores, según quien los cuente. La protesta multitudinaria duró dos días, el martes y el miércoles (N de E: 8 y 9 de enero), y había sido convocada por diez de los sindicatos más fuertes del país como protesta contra las políticas antiempleo del gobernante Partido del Pueblo de la India (BJP).

El paro se llevó a cabo sobre todo en el transporte, la industria, la minería, el comercio, las oficinas gubernamentales y la banca pública. Se unieron trabajadores del llamado sector informal –el que domina la economía–, en el que entran obreros de la construcción, conductores de rickshaws y autorickshaws, vendedores ambulantes y fabricantes de tabaco de liar. Agricultores, estudiantes y profesores mostraron su apoyo a la huelga, pero no la secundaron.

TRABAJADORES INDIGNADOS.

Los sindicatos celebran que el seguimiento fue masivo, especialmente en estados como Kerala, Bengala Occidental, Odisha y Maharashtra. Las minas de todo el país, dicen, cerraron; la vida quedó parcialmente paralizada en grandes urbes como Delhi o Bombay. Las zonas industriales de Punjab, Haryana y Rajastán tuvieron una “buena respuesta”; los trabajadores bloquearon las vías del tren en numerosas ciudades, como Calcuta, Chennai y Thiruvananthapuram; los autobuses públicos no salieron de las cocheras; numerosos distritos tuvieron que ordenar el cierre de los centros educativos ante las dificultades para el transporte de los alumnos.

“La expansión sin precedentes y la participación activa de los trabajadores en esta huelga de dos días es un indicador claro del grado de rabia e indignación de los trabajadores contra las políticas neoliberales y los ataques a sus condiciones de vida y trabajo perpetrados por el gobierno”, señaló la federación sindical Centre of Indian Trade Unions (CITU) en un comunicado.

Las demandas de los trabajadores son tantas como participantes en las protestas. Esta era una huelga contra la privatización del sector público, contra el desempleo, contra el aumento de los precios de los alimentos, contra la gran cantidad de contratos temporales y por obra y contra la precariedad de esos contratos. Una huelga que pedía salarios mínimos de 18 mil rupias (unos 220 euros), pensiones aseguradas, una seguridad social universal y el cumplimiento de las leyes laborales. Una huelga que exigía al Ejecutivo que tuviera en cuenta a los trabajadores en sus planes de atraer inversión extranjera. “El gobierno ha fracasado a la hora de crear empleos y ha ignorado de forma flagrante a los sindicatos”, decía Amarjeet Kaur, secretaria general del All India Trade Union Congress (AITUC), a la agencia india PTI.

El ministro de Finanzas, Arun Jaitley, respondía en las redes sociales preguntándose si de verdad existe un “problema real” en torno a todas esas demandas, o si la huelga, o lo que él llamó “malestar simbólico”, es parte de la estrategia de las organizaciones políticas de izquierda para no “ser borradas” del mapa político nacional.

PROTESTAS EN EL CAMPO.

Pero la última huelga general no es el único frente laboral que tiene abierto el gobierno nacionalista hindú de Modi. En 2018 los agricultores llevaron a cabo numerosas protestas y al menos tres marchas multitudinarias: mareas de decenas de miles de trabajadores del campo han caminado juntos cientos de quilómetros para plantarse en Delhi, la capital del país, y Bombay, el centro financiero, con el objetivo de visibilizar su situación ante las autoridades y ante los ciudadanos urbanos. Más de la mitad de la población india vive de la agricultura.

Los agricultores indios, que en sus movilizaciones inundan las ciudades de gorros rojos y banderas con la hoz y el martillo, denuncian que viven asfixiados por las deudas contraídas en préstamos agrícolas; deudas impagables en años de sequías y malas cosechas. Demandan la prometida exención de esos pagos, así como unos precios mínimos justos y tener derechos sobre la propiedad de la tierra, que en muchos casos se encuentra en manos del Departamento Forestal.
Los agricultores se sienten traicionados por un gobierno que llegó al poder en 2014 con grandes promesas en torno a la economía y los trabajadores. Cinco años después, el desempleo ha ido aumentando (11 millones de indios perdieron su trabajo en 2018) y las respuestas del Ejecutivo no convencen a los manifestantes. Tanto en 2015 como en 2016 se vivieron dos huelgas generales con paros de más de 100 millones de trabajadores. India, hogar de 1.300 millones de habitantes, tiene un mercado laboral de unos 400 millones de personas.

RUMBO A LAS ELECCIONES.

El año pasado un millón de trabajadores paralizaron durante dos días el sector bancario para pedir aumentos de sueldo, en una huelga que dejó cerradas la mayoría de las sucursales en todo el país. Un año antes se habían manifestado de forma masiva 50 millones de comerciantes y pequeños empresarios, esa vez contra la histórica reforma fiscal que lanzó el Ejecutivo: la creación de un impuesto indirecto común para todo el país, algo insólito en India. El motivo de la queja de los pequeños empresarios: no iban a poder hacer frente a ese impuesto totalmente digitalizado, ya que sus cuentas siempre han sido manuales. En la mayoría de las empresas indias los libros de cuentas son flexibles en sus anotaciones, y las facturas, si existen, están escritas con lápiz.

El impacto de esta última huelga general no se mide tanto por su peso cuantitativo, sino por el tiempo en que se produce. La indignación de decenas de millones de trabajadores le ha estallado al gobierno de Modi a las puertas de unas elecciones generales previstas para abril y mayo, en las que intentará mantener el poder frente al Partido del Congreso, una formación debilitada que, sin embargo, en diciembre ha cogido algo de fuerza tras unas elecciones regionales en las que recuperó el control de tres estados que estaban en manos del BJP. El reciente batacazo en las urnas, visibilizado poco después en las calles, aviva la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en los próximos comicios.

Por Víctor M Olazábal
18 enero, 2019

(Tomada de elsaltodiario.com, por convenio. Título y copete de Brecha.)

 

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Los profesores realizaron marchas y plantones en cientos de escuelas californianas en demanda de que se eliminen los recortes al gasto, que sea menos abultado el número de alumnos por clase y que se ponga un alto a las reformas privatizadoras. El paro se suma a una ola de acciones reivindicadoras de la enseñanza pública en al menos seis estados. Foto Afp

Sigue la rebelión contra el deterioro de la educación pública

Exigen mayores recursos y el fin de las reformas privatizadoras



Más de 30 mil maestros estallaron una huelga en Los Ángeles paralizando el segundo sistema escolar más grande de Estados Unidos con una serie de exigencias para restaurar recursos escolares, reducir el tamaño de los grupos, cuestionar los exámenes estandarizados y rescatar a la educación pública del proceso de privatización impulsado por las “reformas educativas” financiadas por multimillonarios.


Los maestros iniciaron marchas y plantones frente a cientos de escuelas con algunos de los más de 600 mil alumnos (72 por ciento de ellos latinos, aunque se hablan más de 90 idiomas en el sistema) y algunos padres que fueron a apoyarlos en un día de lluvia. “Estamos en una batalla por el alma de la educación pública”, declaró Alex Caputo Pearl, presidente del sindicato United Teachers of Los Ángeles (UTLA).


Esta huelga –la primera del UTLA en 30 años– se suma a una ola de acciones sin precedente en por lo menos seis estados de cientos de miles de maestros que estallaron a lo largo del año pasado en una rebelión contra las políticas de austeridad y privatización; en 29 estados hay menos financiamiento para educación que hace 10 años.


Aún más notable, muchas de estas acciones estatales se realizaron en estados conservadores con gobiernos republicanos –como Virginia Occidental, donde comenzó, Oklahoma, Arizona, Kentucky y Carolina del Norte– que sacudieron a sus cúpulas políticas, consiguieron conquistas sorprendentes y transformaron el panorama político regional. A diferencia de éstos, la huelga en Los Ángeles es en una ciudad y un estado bajo control demócrata liberal.


Esta huelga demuestra que la resistencia es contra el consenso bipartidista que impulsó lo que llamaron “reformas educativas” a lo largo del país, que incluyeron la promoción de un modelo de privatización de la educación pública mediante las llamadas escuelas chárter, e imponiendo medidas de evaluación de escuelas, maestros y alumnos por medio de exámenes estandarizados.


El UTLA exige que los gobiernos municipal y estatal (en Estados Unidos los sistemas de educación pública son administrados a nivel municipal y estatal, no federal) inviertan fondos para contratar a más personal de apoyo, reducir el tamaño de los grupos y disminuir los exámenes estandarizados. El sindicato señala que el deterioro de las escuelas públicas ha nutrido un éxodo a las escuelas chárter desviando así aún más fondos estatales. Denuncia que un grupo promedio tiene más de 32 estudiantes en las secundarias y preparatorias, con algunos casos donde superan 40 y literalmente no hay dónde sentarse más que en el piso.


Después de 20 meses de negociaciones –el contrato colectivo anterior caducó en junio de 2017– el sindicato rechazó la última oferta del comisionado de educación de la ciudad, el banquero inversionista Austin Beutner, quien argumenta que el distrito no puede aceptar las demandas de los maestros porque eso llevaría a la bancarrota.


Los mega-ricos son parte de la disputa en Los Ángeles. Las escuelas chárter –concepto promovido por todo el país financiado por multimillonarios como solución a los problemas supuestamente endémicos del sistema de educación pública– son escuelas públicas pero administradas de manera privada por diversos grupos, y en su mayoría su personal no está sindicalizado. Sus campeones en Los Ángeles incluyen al multimillonario filántropo Eli Broad y Reed Hastings, jefe ejecutivo de Netflix, junto con otros titanes que han impulsado estas escuelas a escala nacional como parte de una “reforma”, incluido al ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, Bill Gates, la familia Walton (los herederos de Walmart) y un diverso grupo de especuladores financieros. Aproximadamente uno de cada cinco estudiantes en Los Ángeles está en una escuela chárter.


Mientras el gobernador (cuya campaña fue respaldada por el sindicato magisterial) llamó a las partes a regresar a la mesa de negociación, los profesores fueron acompañados por representantes de los sindicatos nacionales de docentes. Randi Weingarten, de la Federacion Americana de Maestros, declaró: “los ojos de la nación están observando esto y los educadores y enfermeros del país están respaldando a los educadores en Los Ángeles”.

 

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Estudiantes. A parar para avanzar. ¡Viva el paro nacional!

Continúa el paro nacional universitario en pos del cumplimiento del pliego nacional de exigencias de los estudiantes de educación superior.


En medio de movilizaciones que recorren las principales ciudades del país, el pasado 8 de noviembre estudiantes y profesores marcharon exigiéndole al Presidente de la República sentarse a la mesa de negociación y realizar las acciones necesarias para solucionar la grave crisis que afecta al sistema de educación superior. Oídos sordos. La falta de voluntad política de la administración lleva a la prolongación de la protesta y del paro.


Estas movilizaciones se presentan luego de que el martes 6 de noviembre el frente amplio por la defensa de la educación superior, integrado por estudiantes y profesores universitarios se levantara de la mesa de negociación instalada con el Ministerio de Educación y delegados del Gobierno central.


En un comunicado de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior –Unes– declaran que “el gobierno y el ministerio no tienen voluntad política” de negociar y encontrarle soluciones a las demandas del sector educativo.


Mesa de negociación


La mesa de diálogo para la construcción de acuerdos y soluciones que permitan resolver la situación actual de la educación superior, es un espacio de negociación entre estudiantes, docentes universitarios, gobierno y el Ministerio de Educación, acordada el pasado 1 de noviembre luego de las movilizaciones que desde septiembre adelantan los estudiantes, transformadas en el paro nacional estudiantil decretado el 11 de octubre por las 32 universidades públicas, con la demanda de que el gobierno atienda al pliego nacional de exigencias de los estudiantes, así como las exigencias de los profesores universitarios.


Estudiantes y profesores se levantaron de la mesa al considerar que no hay condiciones para la negociación. Paulina Andrea Farfan, estudiante de la universidad pública y quien participa de la Unees nos dijo que: “se le pregunta al viceministro si hay voluntad política de revisar otras fuentes de financiación de donde sacar el presupuesto que exigimos, y el viceministro responde que no hay voluntad política, nosotros ya tenemos un acuerdo con los rectores; y entonces, todos los estudiantes y profesores deciden levantarse de la mesa, pues lo que se decida allí no tiene carácter vinculante”.


El viceministro se refiere al acuerdo firmado el 26 de octubre entre los rectores de universidades públicas y el Presidente (1), donde se anunciaron recursos adicionales para los próximos 4 años, que suman entre 1.8 y 2.2 billones, de los cuales 1.2 billones ingresarían para inversión e infraestructura y entre 0.55 y 1 billones para funcionamiento. Dinero que está muy distante de los 21 billones que necesita el sistema para saldar su déficit histórico en infraestructura y funcionamiento. Particular sobre el que la Asociación nacional de profesores universitarios –Aspu– considera que “es un muy mal acuerdo, porque no permite superar los principales factores de crisis en orden a garantizar el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación y proyección social” de las instituciones de educación superior, así lo hicieron saber en un comunicado del 27 de octubre (2).


Por su parte Beatriz Martínez, representante de los profesores ante el Consejo superior universitario de la UN dice, con respecto al acuerdo entre rectores y gobierno: “Al final de este cuatrienio se va a recibir apenas la tercera parte de lo que debía ingresar y ya aprobado por la reforma tributaria del orden de 6.5 billones de pesos”. Lo que implica que lo generado con esta negociación es una pérdida de recursos logrados en anteriores negociaciones, a saber, las negociaciones y logros en recursos adicionales alcanzados con el anterior gobierno e integrados en la ley 1819 de 2016, o reforma tributaria.


Hay que recordar que con la reforma tributaria de 2016 se agregan tres artículos que destinan nuevos recursos a las 61 instituciones de educación superior pública con que cuenta el país (3). Se estima que son cerca de 2.8 billones de pesos lo recaudado hasta el momento: 1.4 billones en 2017 y otro tanto en 2018; de los cuales solo llegaron 170 mil millones en 2017 y 100 mil millones en 2018, según lo indica Pedro Hernández Castillo presidente nacional de Aspu. El resto de recursos a ¿dónde fueron a parar?, ¿Con la reforma tributaria que ahora pretenden, se mantienen los acuerdos logrados o se eliminan estos recursos adicionales para la educación superior?


Para aclarar estos interrogantes, así como para conocer su opinión respecto a la suspensión de la mesa de negociación, nos tratamos de comunicar con el Ministerio de Educación y la respuesta de la oficina de comunicaciones es tajante: “[…] la única información disponible se encuentra en el comunicado del 7 de noviembre, donde se hace un recuento de lo pactado con los rectores”; con respecto al pliego de petición de los estudiantes no hubo respuesta.


Un movimiento en renovación


Fruto de dos encuentros nacionales de estudiantes de educación superior –Enees–, realizados en marzo y septiembre del presente año, nace la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior –Unees– (4) que construye el pliego nacional de exigencias que incluye 10 demandas para la financiación, acceso a la educación, democracia y autonomía de las instituciones de educación superior (5).


Pliego que propende por la construcción de una educación superior al servicio de las nuevas generaciones, con pertinencia social, que brinde garantías de acceso, permanencia, y proyección. En esta ocasión este movimiento está integrado por estudiantes de universidades públicas junto a los adscritos a las universidades privadas, y centros técnicos y tecnológicos públicos.


El movimiento estudiantil en Colombia se remonta a inicios del siglo XX, las movilizaciones más recordadas son las del 1970 y 2011. Ya son 100 años de movilizaciones y paros, las enseñanzas son bastantes y se renuevan con cada nueva generación de estudiantes; uno de los retos que siempre los acompañan es el de conectarse y saber llevar su mensaje al cojunto social, aclarando que protestan por derechos no cumplidos y no por simple rebeldía. La necesidad de una educación púbica universitaria y superior de verdad pública, es decir, gratuita y universal, es algo que está en deuda de que el conjunto de la sociedad colombiana acepte y acompañe en esa lucha a quienes llenan las aulas.


El de ahora es un movimiento que gana en conocimiento de causa, soportando sus demandas en estudios sesudos, que en cada reunión sus voceros saben explicar. Tal vez el Gobierno ha reconocdo este conocimiento de causa de parte de su contraparte y por ello no ve con malos ojos que la mesa de negociación no funcione.


Con sus estudios han demostrado que sus demandas pueden cumplirse, siempre y cuando haya compromiso de parte de la actual administración; los recursos necesarios se encuentra en la reducción de la corrupción, acabar con las exenciones fiscales que benefician a grandes grupos económicos, la recuperación de dineros en paraísos fiscales, la reducción del presupuesto para la guerra, detener los programas de financiamiento con dineros públicos al sector privado de la educación, pago de impuestos con visión progresiva, y cumplimiento de los acuerdos ya firmados destinados a financiar la base presupuestal de los centros de educación, entre otras alternativas.


El accionar del movimiento estudiantil demuestra a la sociedad colombiana que han madurado en la comprensión de la realidad de la educación superior, entendido el momento, por lo que, enfatizan, hay que parar ya el modelo mercantil impuesto por grandes grupos económicos al sistema educativo, que la educación se preste en las mejores condiciones posibles y que permita al estudiante educarse para construir un mejor país.


Reconocen que el nuevo gobierno, hasta el momento se está posesionando pero, como lo refiere Juan Esteban Hernández estudiante de ciencias económicas de la UN sede Bogotá “al asumir el cargo debe estar en las condiciones para abrir una mesa de negociación para hablar con los estudiantes y para llegar a un acuerdo, no es simplemente hacerse a un lado y dejarnos a nosotros en las mismas”; por lo que instan a que en la mesa de negociación se discutan con seriedad y compromiso propuestas del pliego nacional.


Ahora reconocen y asumen que es necesario unir fuerzas entre los diferentes sectores públicos y privados, técnicos y tecnológicos, estudiantes y docentes en busca de un escenario de diálogo y negociación donde se puedan concertar las demandas de cada uno, que los estudiantes de universidades privadas estén sentados con los de educación pública es un gran avance para la comprensión de que la lucha se da en diferentes sectores respetando las diferencias, que el trabajo en pro de la educación debe ir acumulando fuerzas, la movilización, el paro, y el diálogo deben ir aunados en un esfuerzo de trabajo conjunto.


Visita Maluma la casa de Nariño y los estudiantes no


El Gobierno, desconociendo el papel de esta juventud en las movilizaciones y las reivindicaciones por la educación superior, hábilmente convoca a los rectores, negocia a puerta cerrada y presenta ante la opinión pública como zanjado el paro estudiantil, como lo refiere Alejandra Cifuentes una ciudadana que ante las movilizaciones del 8 de noviembre en la ciudad de Bogotá, pregunta: “acaso el gobierno no había solucionado ya esto”, confusión comprensible si, además, se revisa la forma cómo los medios de comunicación oficiosos han reportado las manifestaciones y la negociación estudiantes- gobierno.


El Presidente no se reúne con los estudiantes pero sí con el cantante Maluma, en un esfuerzo mediático por sintonizar con la juventud del país. Un esfuerzo sin resultados pues no logra romper la protesta en curso. Por su parte el Ministerio sí se reune pero sin brindar alternativas ni propuestas adicionales a lo pactado con los rectores.


El paro, por las semanas que ya acumula, pone en riesgo la continuidad del semestre académico, y con ello presionan los rectores: buscan romper la undiad estudiantil. Como también busca el Gobierno y los medios de comunicación romper las amplias simpaatías logradas por esta lucha entre el grueso de la sociedad. Es un momento de intensa tensión.


Los más activos de cada uno de los centros educativos sabe esto, como también reconocen que el tiempo –final de año– corre en contra de ellos. Hay que maniobrar, y así obran. Las discusiones en cada centro de estudio están abiertas. El próximo 15 del mes en curso volverán a las calles, esta vez para acompañar a los trabajadores en la lucha contra la reforma tributaria.


Luego de estos meses de intensa movilización estudiantil, hay que denunciar el silencio cómplice de los rectores, así como su forma de proceder con la cual le hacen el juego al gobierno, al tiempo que quiebran cualquier posibilidad de parir una democracia de nuevo tipo en nuestro país, que pasando por los campus del saber aborde otras formas de discutir y decidir, donde unos pocos dejan de decidir por todos, donde la rectoría, como una instancia de dirección, se pliega a lo que decidan sus “dirigidos”, dejando a un lado los pergaminos que supuestamente los han llevado al trabajo que hoy tienen. El mejor saber, sin duda, es reconocer que la mejor forma de mandar es obedeciendo.

 

1- Siete rectores de universidades públicas se negaron a participar en la reunión, y el rector de la Universidad Pedagógica se negó a firmar el acuerdo final
2- ASPU, Posición de Aspu sobre acuerdo Gobierno-Rectores https://aspucol.org/posicion-de-aspu-sobre-acuerdo-gobierno-rectores/
3- Ley 1819 de 2016, artículos 102: tarifas de impuesto sobre la renta se destina 1.4% para el Sena y el 0.6 para instituciones de educación superior e Icetex; art 142: el 5% de los excedentes de cooperativas del fondo de educación y solidaridad deberá ser destinado a financiar cupos y programas de educación superior pública; art 184: impuesto IVA se destinará 0.5% a la educación superior y 40% del mismo a instituciones de educación públicas. http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201819%20DEL%2029%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf
4 – Declaración Política Enees 2.0 https://www.facebook.com/UNEES.COL/photos/a.145142972824967/237140343625229/?type=3&theater
5 – Pliego nacional de exigencias https://www.facebook.com/UNEES.COL/photos/a.145142972824967/237778233561440/?type=3&theater


Cronología


17-19 de marzo, primer encuentro nacional de estudiantes de la educación superior
25 de abril: marcha de antorchas
14-17 de septiembre: segundo encuentro nacional de estudiantes de la educación superior –Unees 2.0
17 de septiembre: nacimiento de la Unees
27 de septiembre: pliego nacional de exigencias
8-12 de octubre: semana de la indignación
6–7 de octubre: encuentro nacional de delegados
11 de octubre: inicio paro nacional
10, 17, 27 de octubre: marchas de carácter nacional
15 de octubre: encuentro nacional de estudiantes –Enees, emergencia A
30 de octubre: frente amplio por la educación superior: Unees, Acress, Fenares, Aspu, Asoprudea, Departamento nacional de planeación, Ministerio de Educación Nacional
31 de octubre: marcha movilización nacional
1 noviembre: creación de la Mesa de diálogo para la construcción de acuerdos y soluciones que permitan resolver la situación actual de la educación superior
6 de noviembre: suspención de la Mesa de diálogo para la construcción de acuerdos y soluciones que permitan resolver la situación actual de la educación superior
8 de noviembre: movilización nacional

 

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¿El silencio del esquirol? Posgrados y universidad pública.

Los diferentes estamentos, agentes y facciones políticas que convergen en la universidad pública (profesores, administrativos, estudiantes, empleados, sindicatos, etc.) se han ido pronunciando a medida que avanza la coyuntura nacional por la que atraviesa la universidad pública de nuestro territorio. El problema de financiación es el que toma más fuerza en el escenario de la opinión pública, pero, cabe decir, reducir el problema de la universidad pública a una cuestión económica es arbitrario.

La universidad pública padece de un proceso de privatización económica que transforma, y, a su vez, reestructura su quehacer, científico, investigativo y creativo en un quehacer servil y utilitario dada su condición de empresa.

Los programas de posgrado aceleran la transformación de la universidad del siglo XXI de universidad/científica a universidad-empresa al autofinanciarse mediante la prestación de servicios.La privatización de posgrados en Colombia supone una medida de contingencia por medio de la cual se ayuda a financiar pregrados universitarios y, se aumenta la produccióninvestigativaprocurando el pensamiento científico para la regióndesde la universidad.Por el contrario, lo que ha sucedido con algunos posgrados obedece a una estrategia de marketing mediante la cual algúnagente (no necesariamente devenido del contexto investigativo) estructura un programa (especialización, maestría o doctorado) y utilizando “la marca” de una universidad lo promueve como oferta universitaria (sin contenido universitario).
Lejos de una subjetividad cognoscente, los posgrados reafirman al sujeto como productor y comprador de servicios, una subjetividad que corrobora una cultura mercantil burguesa.

Marcuse,comprendía la cultura afirmativa –burguesa- como una convención de valores de un mundo obligatorio para todos según la sociedad y el mercado, así lo expresó enEl carácter afirmativo de la cultura .Esta cultura está en apogeo a propósito de la educación como servicio y no como derecho.
Por ejemplo, en la mayoría de familias de clase media/baja colombianas se convierte en un propósito familiar enviar a un joven a la universidad para que este pueda acceder a mejores condiciones laborales una vez terminados sus estudios universitarios sin acudir a préstamos bancarios. Bajo este modelo de asistencialismo familiar, la universidad pública a graduado a muchos “primer miembro de una familia que asiste a la educación superior”. Sin embargo, el calvario empieza cuando se exigen laboralmente no solo los pregrados sino también los posgrados que cuestan X veces más que una carrera universitaria. De aquí que, si el estudiante no tuvo que acceder a créditos en su pregrado, para continuar con su formación es indispensable los mismos. Basta con mirar las innumerables ofertas de créditos para Posgrado que oferta el mismo Estado mediante el ICETEX para saber que lo dicho aquí es cierto.

El 2% de los 2,39 millones de estudiantes –aproximadamente- participan de programas de posgrado conducidos, en su mayoría, por una demanda de capacitación laboral, lejos de una motivación científica o investigativa. Tal 2% de estudiantes de posgrado ha ido en aumento en lo que va de 2016 a 2018 por lo que convierte a las especializaciones, maestrías, doctorados en el nicho de servicios más apreciado por sectores privados.

Los estudiantes universitarios pasaron de1,36 millones a 2,39 millones entre el 2007 y el 2016 ,lo que quiere decir que la universidad es un centro formativo relevante para la educación de los jóvenes y ciudadanos colombianos. Pero bajo las actuales políticas gubernamentales parece que al gobierno le pesa, le duele y le molesta el clamor por la educación de tantos ciudadanos. Aunque, por otra parte, entiende y celebra que la universidad/empresa tenga tantos clientes dispuestos a solicitar créditos para participar del “aquelarre” de la universidad con condición privada.

Mi interés no es denunciar la realidad de los posgrados de una universidad específica, considero es quehacer de todos/as el cuidar de la excelencia académica, de la formación investigativa, del progreso científico y de la pasión por la educación que ha de tener cada centro de estudios desde el grado 0 hasta el doctorado. Mi interés es señalar que sí el “ideal” gubernamental en torno a la educación superior es privatizarla no sólo volverá la educación un privilegio para quienes puedan pagar, también disminuirá la calidad de los programas, diezmará la investigación docente (actualmente algunos programas de posgrado carecen de planta profesoral propia y se caracterizan por la contratación cátedra o la vinculación de profesores de pregrado), reducirá la producción científica, y, en suma, suprimirá la capacidad creativa que tiene la universidad de plantear soluciones a los problemas sociales de nuestro territorio, todo esto en favor de las plataformas prestadoras de servicio y de capacitación laboral (del “cognitariado”) tal cual pasa con los posgrados en el territorio nacional.

Los programas de posgrado ante la coyuntura nacional no solo han guardado un silencio ensordecedor, sino que han sido esquiroles en sus propias universidades. ¿Por qué solicitamos el reconocimiento y apoyo de las universidades privadas dada la emergencia de la universidad públicay no exigimos también el apoyo incondicional de los programas de posgrado? programas que fundacionalmente deberían ser accesibles a todo aquel que tenga motivación científica, académica e investigativa, programas que saben y padecen el terrible escenario de la privatización de la universidad pública.

Ante el actual contexto de la educación superior en Colombia es imperativo apelar a los posgrados para que estudiantes, profesores, administrativos y empleados de dichos programas asuman el acontecimiento nacional de la universidad pública como suyo también. A estos agentes no solo les es propio pronunciarse sino denunciar desde su contextola metamorfosis de la universidad pública alma mater de la ciencia, la investigación, la tecnología y las humanidades en una universidad empresarial, utilitaria y paria de sus propias luchas y resistencias por su estatus público, democrático e incluyente.

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Los movimientos sociales bajo el gobierno Santos: legado y perspectivas

Los movimientos sociales conocieron y padecieron la real personalidad del gobierno saliente: decir una cosa y hacer otra; fungir de conciliador y actuar de acuerdo a los intereses del capital. En estos últimos años, decenas de acuerdos firmados en distintos municipios y con diferentes actores comunitarios, como condición para levantar las protestas, quedaron ahí, en las firmas…

 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) tuvieron lugar las más grandes movilizaciones sociales en la historia reciente de Colombia: el paro universitario de octubre de 2011, el paro nacional cafetero en febrero y marzo de 2013, el paro en el Catatumbo en junio y julio de 2013, el paro nacional agrario en agosto de ese año, otro paro agrario en abril y mayo de 2014, y la “Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular” en mayo y junio de 2016. ¿Cómo se explica este ciclo de protesta y cuáles son los retos de los movimientos de cara al retorno del uribismo al gobierno?

 

Para que las movilizaciones se produzcan no sólo se requieren situaciones que afecten la satisfacción de las necesidades de las personas, también es necesario que exista un contexto político propicio, unas formas organizativas mínimas y unos discursos que posibiliten una interpretación de los problemas, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones, con miras a articular las personas en torno a propósitos comunes.

 

El contexto político en el que tuvo lugar el ciclo de protesta se caracterizó por un cierre relativo de la arena política institucional, que incentivó formas de tramitar demandas sociales alternativas a la política representativa, como la protesta social. Al mismo tiempo, la represión y las consecuencias adversas del conflicto armado sobre las organizaciones y la protesta sociales se mantuvieron como una constante que impone altos costos para la acción colectiva.

 

No obstante, las movilizaciones han sido posibles porque, por una parte, existe una recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales, necesaria para agenciar acciones colectivas de grandes magnitudes y articular diversos actores, cuyas bases se desarrollaron durante el gobierno Uribe (2002-2010) y, por otra, las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde agosto de 2012 incentivaron la movilización, puesto que los potenciales beneficios de posicionar reivindicaciones sistemáticamente bloqueadas en la agenda pública que están en la raíz de la guerra son superiores a los costos en términos de la represión.

 

El cierre institucional

 

En parte, las protestas sociales son un recurso de última instancia que la ciudadanía implementa para hacerse oír de las autoridades públicas. Las masivas protestas indican que los mecanismos de agregación y representación de intereses no funcionan como predice la teoría democrática. En efecto, la política institucional en Colombia se caracteriza por un cierre frente a ciertas demandas y reivindicaciones de los sectores populares que tiene parte de su explicación en sus propias dinámicas.


Para enfrentar la fragmentación partidaria que introdujo la Constitución de 1991, la reforma política de 2003, mediante el Acto Legislativo 1, estableció restricciones de entrada a la arena electoral. El umbral y la cifra repartidora, tenían como fin disminuir el número de partidos legalmente reconocidos y fortalecer los partidos más votados. Pero no se trata únicamente de restricciones formales. La “parapolítica” puso en evidencia otros mecanismos restrictivos, como el alto costo de las campañas y, en general, un problema de legitimidad y crisis de representación.

 

Como consecuencia de la vinculación entre distintas expresiones de la criminalidad organizada y los actores de la política institucional, el principio un ciudadano=un voto difícilmente aplica en ciertos lugares del país, por el secular gamonalismo armado transmutado de formas diversas en medio de la guerra, por los electorados cautivos de las maquinarias clientelistas, o por una combinación de ambos. El “voto de opinión” si acaso opera en algunas de las grandes ciudades, debido a la fluidez entre legalidad e ilegalidad que caracteriza la competencia partidaria. Para completar, tanto la infiltración del crimen organizado como la ausencia de controles efectivos por parte de una autoridad electoral politizada, el Consejo Nacional Electoral, aumentan astronómicamente los costos de las campañas, volviéndolos restrictivos y excluyendo de la competencia a buena parte de los actores políticos representativos.

 

En suma, este cierre de la arena política institucional de cierto modo incentiva la búsqueda de formas alternativas de participación y tramitación de demandas, como la protesta social, entre 2010 y 2016.

 

La ventana de oportunidad del proceso de paz

 

Las dinámicas propias del conflicto armado afectan de distintas formas a la protesta social y a los movimientos sociales, principalmente al vulnerar los derechos de asociación, reunión y expresión, que hacen posible la formación de organizaciones y la construcción de tejido social. En medio de la guerra, las organizaciones sociales son blanco de las acusaciones de los distintos actores armados, quienes tratan de usarlas para conseguir el dominio de la población, presumen que colaboran con su enemigo o impiden los desplazamientos y las comunicaciones. En medio de la confrontación es muy improbable la emergencia de discursos políticos alternativos a la polarización amigo-enemigo, pues tienden a ser reprimidos por todos los bandos. En últimas, la guerra deteriora las redes de confianza interpersonal, tanto entre conocidos como entre extraños, haciendo prácticamente imposibles los procesos organizativos. Por todo ello, el conflicto armado ha tenido como consecuencia global el que los movimientos sociales asuman un comportamiento más defensivo y/o reactivo que propositivo y/o proactivo, puesto que la defensa de la vida desplaza otras demandas urgentes de las poblaciones.

 

El gobierno de Santos implicó una ventana de oportunidad para los movimientos sociales, al suspender algunas de estas dinámicas. El presidente le imprimió a su gobierno un cambio de estilo que, entre otras cosas, se vio reflejado en un tratamiento distinto de la protesta y de los movimientos sociales. La transformación más notable fue en el discurso del propio Presidente, al reconocer la existencia de un conflicto armado, que contrasta con la creencia de su antecesor, quien diagnosticaba la situación de guerra como una agresión terrorista frente a un Estado legítimo, y sostener que la protesta social es un derecho y una forma de participación legítima.

 

La represión es una constante en la historia de Colombia y no mermó pese a la reconfiguración política del gobierno Santos. La represión de la protesta fue ascendiendo conforme esta iba ganando fuerza. Pero también ha persistido la represión política, que se ensaña contra los activistas de organizaciones de víctimas y de distintos movimientos sociales. Sin embargo, la apertura de negociaciones de paz con las Farc desde agosto de 2012 le imprimió una dinámica distinta al escenario político, que no solamente enemistó las élites políticas representadas por Uribe y Santos, sino que amplió la agenda pública a todas aquellas demandas que están en la raíz de la guerra y que habían quedado congeladas desde el fin de las negociaciones de paz con Pastrana en febrero de 2002. Por consiguiente, para los activistas, en la coyuntura del proceso de paz los beneficios de la protesta, posicionar dichas demandas en la agenda política, probablemente superaban los costos en términos de represión.

 

La recomposición organizativa y discursiva

 

La caída del muro de Berlín puso en evidencia la crisis de las formas organizativas que habían soportado la acción colectiva, basadas en el partido de vanguardia y el sindicato. El sindicalismo, además, se vio afectado por la reestructuración capitalista propiciada por las reformas neoliberales, que flexibilizaron y precarizaron las formas de vinculación laboral, por ejemplo al acabar con los contratos a término indefinido, favoreciendo la informalidad. Como consecuencia, los trabajadores fluctúan en el espacio, deben desplazarse a donde exista la posibilidad de trabajar, y el tiempo, una buena parte del cual lo dedican a conseguir trabajo, como desempleados o trabajadores informales. El sindicato, estructurado en función del territorio o del sector económico, no ha podido responder a estas nuevas dinámicas, perdiendo la posibilidad de articular la acción colectiva.

 

Además, tras la apertura política provista por la Constitución de 1991, buena parte de los activistas de movimientos sociales se orientaron a la política institucional, y si bien tuvieron diversos resultados, lo cierto es que abandonaron el campo de los movimientos sociales. Así mismo, el recrudecimiento de la guerra desde mediados de los años noventa, que incrementó el costo de la organización y la movilización social, incentivó a los activistas a formar ONGs, organizaciones que tienen como prioridad influir en la opinión pública y en las decisiones de actores relevantes utilizando como principal recurso la información, más que promover la acción colectiva.

 

Por consiguiente, fue únicamente como consecuencia de la oposición al gobierno de Uribe que se desplegaron renovados procesos organizativos en los movimientos sociales, caracterizados por estructuras flexibles y tendientes a la horizontalidad y abiertas hacia la diversidad de reivindicaciones de diversos sectores sociales. Esta dinámica es coronada a fines de la primera década del siglo XXI con la Minga nacional liderada por el pueblo Nasa en 2008, que significó una influencia definitiva sobre otras iniciativas. En efecto, el encuentro entre el pueblo Nasa y diversos sectores sociales congregados en el campus de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue fundamental para la renovación de los lenguajes políticos de los movimientos sociales, empezando precisamente por el movimiento estudiantil. A fines del gobierno Uribe los procesos organizativos se multiplicaron por todo el país, hasta la conformación de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, espacios de encuentro de los movimientos sociales que reúnen una diversidad de organizaciones sociales de distintos sectores, rurales, urbanos y étnicos, y que dinamizaron el ciclo de protestas desde 2010.

 

Las dos plataformas representan un esfuerzo por recomponer los proyectos políticos desde abajo. En este sentido, ambos procesos han conllevado una reconfiguración del discurso político que finalmente consigue dar una respuesta al declive de los idearios que trajo consigo la crisis de la izquierda e incorpora la diversidad de reivindicaciones que se fueron decantando a lo largo de las décadas de los noventa y de los dos mil, como las cuestiones ambiental, cultural, étnica, de género, la defensa de los derechos humanos y la salida negociada del conflicto social y armado.

 

Así, aunque Colombia siempre ha sido una excepción en términos de las dinámicas de los procesos políticos latinoamericanos, los actores sociales y políticos poco a poco se han ido permeando de eso que podríamos denominar “revolución semántica”, que ha caracterizado los procesos de transformación, con todo y sus limitaciones, en otros países de la región. Por ejemplo, hoy es común que en el campo de los movimientos sociales se hable de buen vivir, interculturalidad, descolonización, despatriarcalización y sinónimos, pero también se está empezando a hablar de socialismo articulando todos estos conceptos y se ha puesto nuevamente en escena el proyecto de la revolución aunque no sea muy preciso aún, igual que en otros casos de América Latina.

 

Perspectivas hacia el nuevo gobierno uribista

 

Las posibilidades de los movimientos sociales en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), dependerán en buena medida de su capacidad para cohesionar el campo popular y articular actores externos a sus reivindicaciones, tal como lo hicieron en el adverso contexto de fines del gobierno de Álvaro Uribe. Claramente, se trata de un retorno de Uribe al poder, pues a diferencia de Santos, quien también fue nominado por el expresidente, Duque no tiene una red de relaciones propia sobre la cual soportar su muy hipotética independencia, teniendo que apoyarse necesariamente en las redes de lealtades de su patrón.

 

Sin embargo, existen considerables diferencias entre la llegada de Uribe al gobierno en 2002 y el arribo de Duque, que pueden significar oportunidades políticas para la acción de los movimientos sociales y otros actores del campo popular. Para empezar, la legitimidad de Duque no es comparable a la de su padrino político, así ahora él mismo opere en la trastienda. Uribe llegó a la presidencia en primera vuelta en 2002 y 2006, nunca contó con una oposición como la que representan los ocho millones de votos de Gustavo Petro. Por otro lado, si bien Duque, al igual que Uribe, ha articulado toda la clase política tradicional, el pegamento de su coalición es distinto y tal vez menos efectivo.

 

En efecto, la coalición uribista estaba cohesionada en función del antagonismo hacia las Farc, que hacia 2002 amenazaba con un repunte en sus acciones urbanas, y de la política de seguridad democrática. En cambio, la coalición que sustenta a Duque no tiene un proyecto análogo. Si bien el antagonismo que los unió en la coyuntura electoral fue el temor frente a Colombia Humana y Petro, el pegamento real es la conocida “mermelada”. Ciertamente, ese antagonismo ideológico persistirá, aunque sea en un nivel retórico, pero al estar Petro en la oposición la estigmatización de sus propuestas como “castrochavismo” pierde efectividad. Por tanto, hay muchas probabilidades de que la coalición de gobierno presente fisuras, una vez se advierta que los recursos públicos no alcanzan para satisfacer los apetitos de corrupción y clientelismo de la totalidad de actores que aglutina.

 

Es por esa razón que desde ya el uribismo busca con desespero un reemplazo a las Farc, un antagonismo capaz de cohesionar más allá de la “mermelada” a su coalición y de brindar una mejor base de legitimidad a su gobierno. No hay mejor escenario para el uribismo que la reactivación de la guerra. De ahí la renovación de la política policiva y represiva contra los cultivos ilícitos, apuntando a erigirlos en un mal análogo al que en su discurso representó las Farc. De ahí también la creciente beligerancia del presidente electo en contra del gobierno venezolano.

 

La represión oficial y paraoficial, que ya ha cobrado la vida de medio millar de líderes sociales y que debería concebirse como otro genocidio político, tenderá a aumentar en el corto plazo. A las élites políticas y económicas no les conviene detener la carnicería, pues de esa manera se debilitan los liderazgos que nacieron y se consolidaron durante el ciclo de protesta, eliminando la base de apoyo a las reformas contenidas en el acuerdo de paz que tanto temen. Pero además los asesinatos y las masacres crean el clima de guerra que, esperan, legitime su discurso de necesidad de “seguridad” y contribuya a la legitimación de la coalición de gobierno. Por consiguiente, los costos de organización y movilización social se incrementarán. La represión debilita las redes de confianza interpersonal, el tejido social y las organizaciones donde anidan los movimientos sociales.

 

Tanto la búsqueda de un factor de legitimación bélico como la represión configuran un contexto político necesariamente polarizado, similar al que operó durante los gobiernos de Uribe. Los movimientos sociales no pueden marginarse de ese contexto, pero pueden articular sus demandas en función de la defensa de los acuerdos de paz y de la implementación de las reformas necesarias para evitar el retorno de la guerra. Incluso ahora pueden hacerlo con más efectividad que bajo el gobierno de Santos, pues su adversario, el gobierno de Duque, ya no tendrá una visión alternativa de la paz, que dispute su significado, sino su contrario.

 

En ese empeño cuentan inicialmente, al menos mientras se fracture la coalición de gobierno, con muy pocos aliados: la comunidad internacional favorable a la paz y la oposición política en el Congreso. Las posibilidades de articular estos actores a su lucha dependen en primer lugar de la cohesión que alcancen los propios movimientos sociales. En este sentido, el principal obstáculo es la dinámica centrífuga que ha tenido en la historia del país la interacción entre los ámbitos político y social. En general, la fragmentación de las organizaciones y los movimientos sociales se explica por las disputas entre los partidos políticos que sobre ellos influyen. La propuesta de Gustavo Petro, para hacer oposición con un pie en la calle y otro en el Congreso, apunta a una articulación de repertorios de acción entre el campo de los movimientos sociales y el de la política institucional. Sin embargo, depende también de la articulación de los actores de la oposición institucional con influencia sobre movimientos y organizaciones sociales de distintas regiones, por el momento reacios a aceptar su liderazgo y, sobre todo, su estilo de política basado en la interpelación directa del pueblo. Pero además, no necesariamente implica un fortalecimiento de los movimientos ni de su autonomía.

 

En fin, bajo el gobierno Duque los movimientos sociales enfrentan un contexto similar al de los gobiernos de Uribe en términos de la represión y de la polarización del campo político. Sin embargo, el gobierno no goza de una legitimidad considerable, no tiene un proyecto político ni un antagonismo que articule su coalición más allá del reparto de recursos públicos, lo cual debilita las probabilidades de que se consolide. Las oportunidades de acción y organización de los movimientos sociales dependerán de su capacidad para articular la oposición política y social, y conseguir aliados, en torno a un proyecto político que no solo dispute el discurso guerrerista del gobierno sino que llene de contenido la defensa de los acuerdos de paz y su implementación.

 

 


 

Recuadro

 

Perspectivas de los movimientos sociales bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022)

Contexto político

 - Polarización en torno a las alternativas de paz y guerra.

- Continúa el cierre institucional.
- Aumenta la represión y los costos de movilización.
- Aliados: la comunidad internacional y la oposición en el Congreso.
- Probabilidades de fragmentación en la coalición de gobierno basada en la “mermelada”.

Estructuras
de movilización
- Organizaciones, liderazgos y tejido social debilitados por la represión.
- Posibilidades de articulación entre organizaciones de movimientos sociales y entre éstas y los partidos de oposición institucional.
Discursos- El gobierno busca un antagonismo que reemplace a las Farc para cohesionarse y ganar legitimidad (el narcotráfico, Venezuela), pero más allá del rechazo a los acuerdos de paz no tiene un proyecto propio.
- Retorno de los discursos contrainsurgentes que estigmatizan toda política alternativa.
- La defensa de los acuerdos de paz y de su implementación puede articular las diversas demandas de los movimientos sociales.

 



 

Publicado enColombia
Los movimientos sociales bajo el gobierno Santos: legado y perspectivas

Los movimientos sociales conocieron y padecieron la real personalidad del gobierno saliente: decir una cosa y hacer otra; fungir de conciliador y actuar de acuerdo a los intereses del capital. En estos últimos años, decenas de acuerdos firmados en distintos municipios y con diferentes actores comunitarios, como condición para levantar las protestas, quedaron ahí, en las firmas…

 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) tuvieron lugar las más grandes movilizaciones sociales en la historia reciente de Colombia: el paro universitario de octubre de 2011, el paro nacional cafetero en febrero y marzo de 2013, el paro en el Catatumbo en junio y julio de 2013, el paro nacional agrario en agosto de ese año, otro paro agrario en abril y mayo de 2014, y la “Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular” en mayo y junio de 2016. ¿Cómo se explica este ciclo de protesta y cuáles son los retos de los movimientos de cara al retorno del uribismo al gobierno?

 

Para que las movilizaciones se produzcan no sólo se requieren situaciones que afecten la satisfacción de las necesidades de las personas, también es necesario que exista un contexto político propicio, unas formas organizativas mínimas y unos discursos que posibiliten una interpretación de los problemas, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones, con miras a articular las personas en torno a propósitos comunes.

 

El contexto político en el que tuvo lugar el ciclo de protesta se caracterizó por un cierre relativo de la arena política institucional, que incentivó formas de tramitar demandas sociales alternativas a la política representativa, como la protesta social. Al mismo tiempo, la represión y las consecuencias adversas del conflicto armado sobre las organizaciones y la protesta sociales se mantuvieron como una constante que impone altos costos para la acción colectiva.

 

No obstante, las movilizaciones han sido posibles porque, por una parte, existe una recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales, necesaria para agenciar acciones colectivas de grandes magnitudes y articular diversos actores, cuyas bases se desarrollaron durante el gobierno Uribe (2002-2010) y, por otra, las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde agosto de 2012 incentivaron la movilización, puesto que los potenciales beneficios de posicionar reivindicaciones sistemáticamente bloqueadas en la agenda pública que están en la raíz de la guerra son superiores a los costos en términos de la represión.

 

El cierre institucional

 

En parte, las protestas sociales son un recurso de última instancia que la ciudadanía implementa para hacerse oír de las autoridades públicas. Las masivas protestas indican que los mecanismos de agregación y representación de intereses no funcionan como predice la teoría democrática. En efecto, la política institucional en Colombia se caracteriza por un cierre frente a ciertas demandas y reivindicaciones de los sectores populares que tiene parte de su explicación en sus propias dinámicas.


Para enfrentar la fragmentación partidaria que introdujo la Constitución de 1991, la reforma política de 2003, mediante el Acto Legislativo 1, estableció restricciones de entrada a la arena electoral. El umbral y la cifra repartidora, tenían como fin disminuir el número de partidos legalmente reconocidos y fortalecer los partidos más votados. Pero no se trata únicamente de restricciones formales. La “parapolítica” puso en evidencia otros mecanismos restrictivos, como el alto costo de las campañas y, en general, un problema de legitimidad y crisis de representación.

 

Como consecuencia de la vinculación entre distintas expresiones de la criminalidad organizada y los actores de la política institucional, el principio un ciudadano=un voto difícilmente aplica en ciertos lugares del país, por el secular gamonalismo armado transmutado de formas diversas en medio de la guerra, por los electorados cautivos de las maquinarias clientelistas, o por una combinación de ambos. El “voto de opinión” si acaso opera en algunas de las grandes ciudades, debido a la fluidez entre legalidad e ilegalidad que caracteriza la competencia partidaria. Para completar, tanto la infiltración del crimen organizado como la ausencia de controles efectivos por parte de una autoridad electoral politizada, el Consejo Nacional Electoral, aumentan astronómicamente los costos de las campañas, volviéndolos restrictivos y excluyendo de la competencia a buena parte de los actores políticos representativos.

 

En suma, este cierre de la arena política institucional de cierto modo incentiva la búsqueda de formas alternativas de participación y tramitación de demandas, como la protesta social, entre 2010 y 2016.

 

La ventana de oportunidad del proceso de paz

 

Las dinámicas propias del conflicto armado afectan de distintas formas a la protesta social y a los movimientos sociales, principalmente al vulnerar los derechos de asociación, reunión y expresión, que hacen posible la formación de organizaciones y la construcción de tejido social. En medio de la guerra, las organizaciones sociales son blanco de las acusaciones de los distintos actores armados, quienes tratan de usarlas para conseguir el dominio de la población, presumen que colaboran con su enemigo o impiden los desplazamientos y las comunicaciones. En medio de la confrontación es muy improbable la emergencia de discursos políticos alternativos a la polarización amigo-enemigo, pues tienden a ser reprimidos por todos los bandos. En últimas, la guerra deteriora las redes de confianza interpersonal, tanto entre conocidos como entre extraños, haciendo prácticamente imposibles los procesos organizativos. Por todo ello, el conflicto armado ha tenido como consecuencia global el que los movimientos sociales asuman un comportamiento más defensivo y/o reactivo que propositivo y/o proactivo, puesto que la defensa de la vida desplaza otras demandas urgentes de las poblaciones.

 

El gobierno de Santos implicó una ventana de oportunidad para los movimientos sociales, al suspender algunas de estas dinámicas. El presidente le imprimió a su gobierno un cambio de estilo que, entre otras cosas, se vio reflejado en un tratamiento distinto de la protesta y de los movimientos sociales. La transformación más notable fue en el discurso del propio Presidente, al reconocer la existencia de un conflicto armado, que contrasta con la creencia de su antecesor, quien diagnosticaba la situación de guerra como una agresión terrorista frente a un Estado legítimo, y sostener que la protesta social es un derecho y una forma de participación legítima.

 

La represión es una constante en la historia de Colombia y no mermó pese a la reconfiguración política del gobierno Santos. La represión de la protesta fue ascendiendo conforme esta iba ganando fuerza. Pero también ha persistido la represión política, que se ensaña contra los activistas de organizaciones de víctimas y de distintos movimientos sociales. Sin embargo, la apertura de negociaciones de paz con las Farc desde agosto de 2012 le imprimió una dinámica distinta al escenario político, que no solamente enemistó las élites políticas representadas por Uribe y Santos, sino que amplió la agenda pública a todas aquellas demandas que están en la raíz de la guerra y que habían quedado congeladas desde el fin de las negociaciones de paz con Pastrana en febrero de 2002. Por consiguiente, para los activistas, en la coyuntura del proceso de paz los beneficios de la protesta, posicionar dichas demandas en la agenda política, probablemente superaban los costos en términos de represión.

 

La recomposición organizativa y discursiva

 

La caída del muro de Berlín puso en evidencia la crisis de las formas organizativas que habían soportado la acción colectiva, basadas en el partido de vanguardia y el sindicato. El sindicalismo, además, se vio afectado por la reestructuración capitalista propiciada por las reformas neoliberales, que flexibilizaron y precarizaron las formas de vinculación laboral, por ejemplo al acabar con los contratos a término indefinido, favoreciendo la informalidad. Como consecuencia, los trabajadores fluctúan en el espacio, deben desplazarse a donde exista la posibilidad de trabajar, y el tiempo, una buena parte del cual lo dedican a conseguir trabajo, como desempleados o trabajadores informales. El sindicato, estructurado en función del territorio o del sector económico, no ha podido responder a estas nuevas dinámicas, perdiendo la posibilidad de articular la acción colectiva.

 

Además, tras la apertura política provista por la Constitución de 1991, buena parte de los activistas de movimientos sociales se orientaron a la política institucional, y si bien tuvieron diversos resultados, lo cierto es que abandonaron el campo de los movimientos sociales. Así mismo, el recrudecimiento de la guerra desde mediados de los años noventa, que incrementó el costo de la organización y la movilización social, incentivó a los activistas a formar ONGs, organizaciones que tienen como prioridad influir en la opinión pública y en las decisiones de actores relevantes utilizando como principal recurso la información, más que promover la acción colectiva.

 

Por consiguiente, fue únicamente como consecuencia de la oposición al gobierno de Uribe que se desplegaron renovados procesos organizativos en los movimientos sociales, caracterizados por estructuras flexibles y tendientes a la horizontalidad y abiertas hacia la diversidad de reivindicaciones de diversos sectores sociales. Esta dinámica es coronada a fines de la primera década del siglo XXI con la Minga nacional liderada por el pueblo Nasa en 2008, que significó una influencia definitiva sobre otras iniciativas. En efecto, el encuentro entre el pueblo Nasa y diversos sectores sociales congregados en el campus de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue fundamental para la renovación de los lenguajes políticos de los movimientos sociales, empezando precisamente por el movimiento estudiantil. A fines del gobierno Uribe los procesos organizativos se multiplicaron por todo el país, hasta la conformación de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, espacios de encuentro de los movimientos sociales que reúnen una diversidad de organizaciones sociales de distintos sectores, rurales, urbanos y étnicos, y que dinamizaron el ciclo de protestas desde 2010.

 

Las dos plataformas representan un esfuerzo por recomponer los proyectos políticos desde abajo. En este sentido, ambos procesos han conllevado una reconfiguración del discurso político que finalmente consigue dar una respuesta al declive de los idearios que trajo consigo la crisis de la izquierda e incorpora la diversidad de reivindicaciones que se fueron decantando a lo largo de las décadas de los noventa y de los dos mil, como las cuestiones ambiental, cultural, étnica, de género, la defensa de los derechos humanos y la salida negociada del conflicto social y armado.

 

Así, aunque Colombia siempre ha sido una excepción en términos de las dinámicas de los procesos políticos latinoamericanos, los actores sociales y políticos poco a poco se han ido permeando de eso que podríamos denominar “revolución semántica”, que ha caracterizado los procesos de transformación, con todo y sus limitaciones, en otros países de la región. Por ejemplo, hoy es común que en el campo de los movimientos sociales se hable de buen vivir, interculturalidad, descolonización, despatriarcalización y sinónimos, pero también se está empezando a hablar de socialismo articulando todos estos conceptos y se ha puesto nuevamente en escena el proyecto de la revolución aunque no sea muy preciso aún, igual que en otros casos de América Latina.

 

Perspectivas hacia el nuevo gobierno uribista

 

Las posibilidades de los movimientos sociales en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), dependerán en buena medida de su capacidad para cohesionar el campo popular y articular actores externos a sus reivindicaciones, tal como lo hicieron en el adverso contexto de fines del gobierno de Álvaro Uribe. Claramente, se trata de un retorno de Uribe al poder, pues a diferencia de Santos, quien también fue nominado por el expresidente, Duque no tiene una red de relaciones propia sobre la cual soportar su muy hipotética independencia, teniendo que apoyarse necesariamente en las redes de lealtades de su patrón.

 

Sin embargo, existen considerables diferencias entre la llegada de Uribe al gobierno en 2002 y el arribo de Duque, que pueden significar oportunidades políticas para la acción de los movimientos sociales y otros actores del campo popular. Para empezar, la legitimidad de Duque no es comparable a la de su padrino político, así ahora él mismo opere en la trastienda. Uribe llegó a la presidencia en primera vuelta en 2002 y 2006, nunca contó con una oposición como la que representan los ocho millones de votos de Gustavo Petro. Por otro lado, si bien Duque, al igual que Uribe, ha articulado toda la clase política tradicional, el pegamento de su coalición es distinto y tal vez menos efectivo.

 

En efecto, la coalición uribista estaba cohesionada en función del antagonismo hacia las Farc, que hacia 2002 amenazaba con un repunte en sus acciones urbanas, y de la política de seguridad democrática. En cambio, la coalición que sustenta a Duque no tiene un proyecto análogo. Si bien el antagonismo que los unió en la coyuntura electoral fue el temor frente a Colombia Humana y Petro, el pegamento real es la conocida “mermelada”. Ciertamente, ese antagonismo ideológico persistirá, aunque sea en un nivel retórico, pero al estar Petro en la oposición la estigmatización de sus propuestas como “castrochavismo” pierde efectividad. Por tanto, hay muchas probabilidades de que la coalición de gobierno presente fisuras, una vez se advierta que los recursos públicos no alcanzan para satisfacer los apetitos de corrupción y clientelismo de la totalidad de actores que aglutina.

 

Es por esa razón que desde ya el uribismo busca con desespero un reemplazo a las Farc, un antagonismo capaz de cohesionar más allá de la “mermelada” a su coalición y de brindar una mejor base de legitimidad a su gobierno. No hay mejor escenario para el uribismo que la reactivación de la guerra. De ahí la renovación de la política policiva y represiva contra los cultivos ilícitos, apuntando a erigirlos en un mal análogo al que en su discurso representó las Farc. De ahí también la creciente beligerancia del presidente electo en contra del gobierno venezolano.

 

La represión oficial y paraoficial, que ya ha cobrado la vida de medio millar de líderes sociales y que debería concebirse como otro genocidio político, tenderá a aumentar en el corto plazo. A las élites políticas y económicas no les conviene detener la carnicería, pues de esa manera se debilitan los liderazgos que nacieron y se consolidaron durante el ciclo de protesta, eliminando la base de apoyo a las reformas contenidas en el acuerdo de paz que tanto temen. Pero además los asesinatos y las masacres crean el clima de guerra que, esperan, legitime su discurso de necesidad de “seguridad” y contribuya a la legitimación de la coalición de gobierno. Por consiguiente, los costos de organización y movilización social se incrementarán. La represión debilita las redes de confianza interpersonal, el tejido social y las organizaciones donde anidan los movimientos sociales.

 

Tanto la búsqueda de un factor de legitimación bélico como la represión configuran un contexto político necesariamente polarizado, similar al que operó durante los gobiernos de Uribe. Los movimientos sociales no pueden marginarse de ese contexto, pero pueden articular sus demandas en función de la defensa de los acuerdos de paz y de la implementación de las reformas necesarias para evitar el retorno de la guerra. Incluso ahora pueden hacerlo con más efectividad que bajo el gobierno de Santos, pues su adversario, el gobierno de Duque, ya no tendrá una visión alternativa de la paz, que dispute su significado, sino su contrario.

 

En ese empeño cuentan inicialmente, al menos mientras se fracture la coalición de gobierno, con muy pocos aliados: la comunidad internacional favorable a la paz y la oposición política en el Congreso. Las posibilidades de articular estos actores a su lucha dependen en primer lugar de la cohesión que alcancen los propios movimientos sociales. En este sentido, el principal obstáculo es la dinámica centrífuga que ha tenido en la historia del país la interacción entre los ámbitos político y social. En general, la fragmentación de las organizaciones y los movimientos sociales se explica por las disputas entre los partidos políticos que sobre ellos influyen. La propuesta de Gustavo Petro, para hacer oposición con un pie en la calle y otro en el Congreso, apunta a una articulación de repertorios de acción entre el campo de los movimientos sociales y el de la política institucional. Sin embargo, depende también de la articulación de los actores de la oposición institucional con influencia sobre movimientos y organizaciones sociales de distintas regiones, por el momento reacios a aceptar su liderazgo y, sobre todo, su estilo de política basado en la interpelación directa del pueblo. Pero además, no necesariamente implica un fortalecimiento de los movimientos ni de su autonomía.

 

En fin, bajo el gobierno Duque los movimientos sociales enfrentan un contexto similar al de los gobiernos de Uribe en términos de la represión y de la polarización del campo político. Sin embargo, el gobierno no goza de una legitimidad considerable, no tiene un proyecto político ni un antagonismo que articule su coalición más allá del reparto de recursos públicos, lo cual debilita las probabilidades de que se consolide. Las oportunidades de acción y organización de los movimientos sociales dependerán de su capacidad para articular la oposición política y social, y conseguir aliados, en torno a un proyecto político que no solo dispute el discurso guerrerista del gobierno sino que llene de contenido la defensa de los acuerdos de paz y su implementación.

 

 


 

Recuadro

 

Perspectivas de los movimientos sociales bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022)

Contexto político

 - Polarización en torno a las alternativas de paz y guerra.

- Continúa el cierre institucional.
- Aumenta la represión y los costos de movilización.
- Aliados: la comunidad internacional y la oposición en el Congreso.
- Probabilidades de fragmentación en la coalición de gobierno basada en la “mermelada”.

Estructuras
de movilización
- Organizaciones, liderazgos y tejido social debilitados por la represión.
- Posibilidades de articulación entre organizaciones de movimientos sociales y entre éstas y los partidos de oposición institucional.
Discursos- El gobierno busca un antagonismo que reemplace a las Farc para cohesionarse y ganar legitimidad (el narcotráfico, Venezuela), pero más allá del rechazo a los acuerdos de paz no tiene un proyecto propio.
- Retorno de los discursos contrainsurgentes que estigmatizan toda política alternativa.
- La defensa de los acuerdos de paz y de su implementación puede articular las diversas demandas de los movimientos sociales.

 



 

Publicado enEdición Nº248
Brasil: Jugar al diésel en las elecciones

Los precandidatos responden a la protesta, pero la reacción del electorado es imprevisible


Los camioneros mostraron su poder. Pocos días después de la protesta, comenzó a falta de combustible, el precio de los alimentos subió, los medicamentos desaparecieron de los estantes. Temer decidió llamar de nuevo a los militares, creando un hecho un hecho político mayor.


Antes de la decisión del presidente, la crisis del combustible tendía a convertirse en el eje de la precampaña electoral. Por lo tanto, cualquier aplicación Gobierno sufriría desgaste, porque a pesar de que la intervención de las fuerzas de seguridad ahuyente el caos, difícilmente al Planalto se le perdonará por dejar que la situación llegar a donde llegó.


A la derecha del gobierno, Jair Bolsonaro (PSL), ha publicado vídeos en apoyo del movimiento de huelga. Por otro lado, hay fotos, en internet, de camioneros paralizados, pidiendo intervención militar. Parece contradictorio, pero cierta radicalización reivindicativa combina con la fantasía de que una autoridad fuerte sea capaz de resolver por encima de todo.


Evitando compromiso con la paralización, los candidatos más al centro buscaron mostrar moderación. Geraldo Alckmin (PSDB) piensa que se “carecía de diálogo” y defendió aumentos del diésel espaciados y predecibles. En la misma línea, Marina Silva (Red) criticó al Ejecutivo por no anticiparse a los hechos.
Al otro lado de la valla ideológica, Ciro Gomes (PDT) dice que la política de precios de la Petrobras es contraria a su razón de ser, que es servir a los intereses del país, no al de sus accionistas. Llegó a decir que la compañía sería reestatizada si ganaba la elección. La nota del PT, cuyo candidato está preso en Curitiba, va un poco más lejos, declarando que la protesta era “justo”, después de 229 aumentos de precio en dos años.


Guilherme Boulos (PSOL) también dio solidaridad a los camioneros, pero sin mencionar, como hicieron los petistas, que grandes empresas de transporte “se aprovecharon del movimiento para realizar un lock-out”. El candidato más a la izquierda tampoco se ocupó de alertar sobre la posibilidad de “aventuras autoritarias”, lo que consta del texto emitido por los partidarios de Lula.


En condiciones normales, el electorado tendería a elegir aquel a quien identificara con mayores posibilidades de, en el futuro, evitar situaciones como ésta. En el contexto actual, los desdoblamientos son imprevisibles.


Teniendo en cuenta lo que he escrito en esta columna, debo señalar que la detención del ex gobernador de Mina Gerais empieza a equilibrar el triste saldo de las penas impuestas por los tribunales a los tres partidos mayoritarios en el país. La inclusión de tucanos en la lista de detenidos, en el que sólo había PT y emedebistas, parece ser parte de una búsqueda de legitimidad que se acentuó por el encarcelamiento de Lula. Vamos a ver hasta dónde llega.
politólogo brasileño, profesor de la USP, fue portavoz del primer gobierno de Lula.

 

André Singer
27/05/2018

 

Publicado enInternacional
Grecia sin derecho a huelga, ajustada, acosada

El gobierno de Tsipras tuvo que limitar derechos y crear un sistema de desalojos que incluye una subasta online de la propiedad desalojada. La protesta y la tendencia a la autogestión en una sociedad golpeada.

 ¿La “salida limpia” que el Primer ministro griego Alexis Tsipras dice estar llevando con respecto a la crisis que tuvo al país al borde de la quiebra, no es vista con tanto optimismo por la ciudadanía, todavía asfixiada y herida. Después de haber firmado en 2015 un memorándum que la población rechazó en referéndum, el líder de Syriza procuró cumplir una y cada una de las exigencias de los acreedores extranjeros, llevando el programa de austeridad de la Troika hasta sus últimas consecuencias. El pasado enero el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea condicionaron la entrega del último tramo del rescate –18,400 millones de euros– a la aplicación de un paquete de medidas que fue la gota que colmó el vaso para sindicatos y oposición.


El documento contiene alrededor de cien reformas dirigidas a la “limpieza” de las cuentas estatales, el aumento de la recaudación fiscal y el recorte del gasto público, con el acento puesto en nuevos cortes en pensiones, la drástica eliminación de hipotecas impagas y el inicio de trámites para la privatización de compañías energéticas.
También el recorte del derecho a huelga figura entre las demandas que el gobierno de Tsipras está dispuesto a complacer, un derecho que si ya en todo el mundo es considerado intocable, en Grecia alcanza el rango de sagrado. Desde el comienzo de la crisis económica en 2009 hubo más de cincuenta paros generales y es rara la semana en la que algún servicio público o privado no pare para reclamar mejoras en las condiciones laborales. Sin embargo –o precisamente por eso– la cúpula del capitalismo mundial puso la limitación de tan intenso activismo sindical como una de sus condiciones básicas para seguir depositando fondos de emergencia en las arcas helenas.


El 14 de enero los diputados de Syriza aprobaron en solitario una nueva legislación que endurece las posibilidades de convocatoria de huelga, ya que las asambleas de las delegaciones sindicales locales deben contar ahora con una participación mínima del cincuenta por ciento de los afiliados- aquellos que tengan su cuota al día únicamente- mientras que antes bastaba con el veinte por ciento.


La Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE) y el sindicato de estatales ADEDY estallaron desde el anuncio de estas medidas en una ola de protestas contra “los dramáticos recortes de los derechos sociales y el programado aumento de impuestos”, y por la reivindicación de una “acción sindical libre, sin ninguna intervención estatal ni patronal en el ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores”, tal como anunciaron sus portavoces durante las primeras manifestaciones. Mientras, el Primer Ministro defiende su decisión amparándose en el nulo margen de maniobra que le dejan desde el FMI, el BCE y la Comisión Europea. “Nos enfrentamos a las exigencias de los acreedores respecto a la liberalización de los despidos, el restablecimiento del cierre patronal y el cambio del quórum para las asambleas sindicales de primer grado. Solo cedimos en lo último”, destacó Tsipras a la agencia EFE.


Según la Autoridad Helénica de Estadística (ELSTAT), la tasa de desempleo se sitúa en el punto más bajo desde 2011 con un 20,7 por ciento y el alarmante 44,4 que en 2017 todavía afectaba a los más jóvenes, bajó a un 40,8. Los números siguen siendo los más altos dentro de la Unión Europea. La recuperación económica en la que el partido de gobierno se escuda de las críticas constantes de sus antiguos compañeros de izquierda tranquiliza a los mercados e inyecta en la población cierto alivio, aunque el “progreso” radique en más trabajo precario y contratación temporal. Así lo reconoce Iorgos Petrópoulos, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de trabajadores públicos de Grecia (ADEDY), quien afirma que, “si bien la mejora es innegable, la situación sigue siendo muy grave, sobre todo, en los sectores de educación y salud, donde se necesita con urgencia el aumento de puestos de trabajo y de salarios”.


Otro terreno que tiembla ante las reformas requeridas por el Eurogrupo para el desembolso del último tramo de préstamos iniciados con el rescate del 2010 es el de la vivienda. Desalojar a miles de deudores de hipotecas a través de un nuevo sistema electrónico es la condición que le falta cumplir al gobierno griego si quiere ser supuestamente libre en agosto de las presiones de la Troika. Por eso los diputados de Syriza pusieron en marcha el sistema de subastas electrónicas en 2016, pero la resistencia de la ciudadanía que, organizada en torno al colectivo “Den plirono” (No pagamos), se plantó en los juzgados cada miércoles e impidió el proceso, consiguiendo que escribanos e incluso policías se negaran a hacerlo efectivo.


La justificación del gobierno para este inédito plan de desahucios se basa en los 110 mil millones de préstamos “malos” que se derivaron del descontrol durante los años de burbuja económica y que ahora perforan la confianza de los acreedores internacionales. El economista, empresario naval y ex asesor de Tsipras, Evangelos Kritikós, explica que los bancos griegos “escondieron el problema bajo la alfombra” porque intentaron, especialmente entre 1997 y 2010, aplazar las deudas el mayor tiempo posible para obtener la recapitalización extranjera que necesitaban. “Podías pagar 20 euros por mes cuando la hipoteca era de 300, no había ningún límite”, dice Kritikós. Y esta “mala praxis”, que también incluye la nula verificación de la viabilidad económica de los solicitantes antes la concesión de un crédito, es lo que ahora la Federación Nacional para la Protección de Prestatarios que el especialista preside desde 1999 quiere probar ante las cortes. A través de lo que la veintena de abogados y economistas que forman la plataforma denominan “activismo científico”, la campaña para paralizar los desahucios se basa en una rigurosa investigación de los orígenes del dinero prestado y de la gestión de la hipoteca a lo largo del tiempo por parte del banco, con el objetivo de forzar a los demandantes a replantearse el echar al demandado.


El mes pasado, por ejemplo, los activistas “científicos” evitaron un desalojo al mandar una carta documento al presidente de Alpha Bank –una de las entidades financieras recapitalizadas por el Estado y después vendida al extranjero por casi nada– donde le informaban que probarían ante las Cortes que aquel desahucio causaría grandes pérdidas a los ingresos del banco. “Si usted hace el desalojo, recibirá menos dinero que del pago del préstamo. Lo invitamos a ir al juzgado para probar que este proceso es bueno para su entidad, así como que toda la gestión de la deuda quede acuerdo a la ley”, increpa el texto que los abogados redactaron minuciosamente acompañado de documentos y que, además, enviaron a todas las autoridades, Primer ministro y presidente del Tribunal Supremo incluidos.


“Los propietarios de los grandes bancos nacionales metieron en sus bolsillos ocho mil millones de euros en un lapso de ocho años y, cuando todo colapsó, abandonaron las entidades financieras y pidieron su rescate”, advierte Kritikós. “¿Cómo no se exigieron responsabilidades al gobierno? El problema privado se transformó en público y nosotros tuvimos que pagar desde entonces, directa o indirectamente, más de 200 mil millones de euros”, denuncia el economista. “Es el mayor saqueo de la historia europea. Papandreu [ex presidente griego] tendría que haber dejado caer en bancarrota a la banca”.

 

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“En Colombia no hay derecho a la huelga, ni al debido proceso, ni derecho a la defensa, ni a la contradicción”

“No solo somos nosotros los perjudicados con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ni con los despidos realizados por Avianca. Somos todos los colombianos”: fueron las palabras del capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) en entrevista con desdeabajo, quien comentó los detalles de las audiencias realizadas durante el mes de marzo, y que han implicado el despido de más de cien pilotos. A continuación el diálogo sostenido”.

 

desdeabajo (da): Las primeras audiencias ya dejan como resultado 109 pilotos despedidos, ¿cuál es la posición de Acdac frente al proceso adelantado por parte de Avianca?


Jaime Hernández (JH): El 70 por ciento de los pilotos que se presentaron fueron despedidos en primera instancia, a través de procesos disciplinarios que no contaron con la presencia de la Asociación ni de sus abogados defensores, pues hemos tenido días con 21 procesos disciplinarios simultáneos, lo que imposibilita atender la defensa de todos al mismo tiempo.

 

El lunes 5 de marzo estuvo una delegada de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, presenciando todo lo que estaba pasando. Así mismo, el senador Alexander López como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso también estuvo el martes 6 de marzo y Avianca no le permitió la entrada, precisamente en el momento en el que estaban dictándoles fallo a 16 pilotos, de los cuales 13 estaban solos, pues nosotros solo tenemos capacidad para defender a 3 pilotos de manera simultánea.

 

da. Es la misma ley nacional la que ha llevado al movimiento al sitio en el que está, ¿piensan acudir a alguna instancia internacional para denunciar lo sucedido?

JH. Por supuesto. La OIT ya tiene conocimiento y ya enviamos documentación, y ahora estamos esperando un pronunciamiento de su parte. La Comisión Interamericana también tiene conocimiento. El abogado de Avianca, el doctor López, precisó que el pronunciamiento de la OIT no afectaría en nada el fallo, lo cual nos indica que la OIT se pronunciará aclarando que la huelga fue legal, pues si él está demeritando a la OIT, es por algo.

 

da. ¿Es verdad que la empresa tomó como materiales de prueba contra ustedes las fotos y videos subidas a redes sociales durante el paro?

JH. Es correcto, pero ojalá apareciera la gente en los videos. La mayoría de los disciplinados ni siquiera aparece allí, usan fotos posteriores a la huelga. Por ejemplo, tenemos una capitán que es copiloto de 787, avión que solo hace vuelos hacia Europa y Norte América, pero durante la huelga le programaron vuelos a Pasto y a Popayán como copiloto de Atlas20. Esa programación está en contra del reglamento colombiano, y fue despedida por no haber hecho tales vuelos. Entonces, aquí no hay debido proceso, ni derecho a la defensa ni a la contradicción.

 

da. ¿Qué piensan hacer jurídicamente ante estos despidos?

JH. Ante la constatación no solamente nuestra, ni de nuestros pilotos, sino de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos del Senado, cada vez es más evidente que no hay ninguna garantía de defensa y replica; jurídicamente las opciones que tenemos son las acciones de tutela para que respeten el derecho de ser juzgados de manera transparente.

Al mismo tiempo, continuaremos buscando jurídicamente la legalidad de nuestra huelga, porque fue legal; la OIT establece que no somos un servicio público esencial, no tenemos porque ser calificados y juzgados por haber hecho algo que está reconocido dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional. A nosotros nos respaldaba la ley: la huelga fue declarada ilegal el 9 de febrero, fecha para la cual ya estábamos volando.

 

da. ¿Cuándo presentarán tales recursos?

JH. Tenemos que esperar a que termine la segunda instancia, ya estamos instaurando las apelaciones. Apenas se repita el ejercicio en esta instancia, y una vez queden ratificadas las medidas, acudiremos a los jueces de tutela para que detengan esta barbaridad, ya que el Estado y el Gobierno como tal lo único que han sido, no es ni siquiera testigos mudos, sino partícipes activos. El Gobierno no hizo presencia ni para garantizar, ni para constatar nada, los ministerios no aparecen. De hecho, lo que sí han hecho los ministerios es jugar a favor de Avianca. El número de despedidos será proporcional al de pilotos extranjeros que el Ministro de Transporte le autorice contratar a Avianca, lo cual vemos como un claro matrimonio entre la administración de Avianca, el Ministerio de Transporte y, el Gobierno.

 

da. Conocimos una publicación editada en Estados Unidos con respecto a este caso, también sabemos que a ustedes le llegó, ¿qué comentarios tienen frente a esta publicación?
JH. Bueno pues ahí hablan de masacres de las Farc, masacres del Eln, masacres de líderes sociales y masacres de Avianca; es lo que está pasando acá. Creemos que la denuncia está acorde, la asociación de pilotos de EU ya está contactando al Senado porque el cumplimiento del TLC firmado por Obama y Santos contempla garantías laborales para procesos como el nuestro, entre ellos el derecho a la huelga, que no puede desaparecer por el hecho de que Avianca sea amiga del gobierno. Hemos estado ya en Washington, nos reunimos con varios senadores y las investigaciones están andando, seguramente a partir de la tercera semana de marzo, cuando terminen los procesos disciplinarios, nos volveremos a reunir allá y tendremos nuevas audiencias.

 

da. A propósito de las dificultades de asistencia jurídica que usted a relatado, ¿están recibiendo apoyo jurídico de las centrales obreras?
JH Por supuesto. La CUT está encima, la USO nos ha ayudado, otros sindicatos también. La verdad es que el movimiento sindical colombiano está respaldando a nivel nacional e internacional todo lo que está pasando.

 

Esto es buen resaltarlo, pues no solo somos nosotros los perjudicados con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ni con los despidos ordenados por Avianca, no, somos todos los colombianos que en un momento dado, cuando tengan que protestar por los abusos que están sufriendo, van a terminar judicializados, señalados como ilegales, embargados, demandados en todos sus bienes para responder por las protestas llevadas a cabo. Ese es el mensaje que quiere mandar el gobierno al respaldar y felicitar a Avianca por el comportamiento asumido.


da. ¿Además de la manipulación de pruebas que usted ya mencionó, que otro tipo de manipulaciones evidenciaron en este proceso?
JH. Existe un caso vergonzoso, por resaltar: de 8 mujeres disciplinadas, 7 terminaron despedidas. Mujeres que estaban en maternidad durante el cese de actividades y que Avianca las despide por haber participado en la huelga, con fotos y videos donde no aparecen, mujeres con licencias de maternidad, capitanes que fueron suspendidas 8 días por estar en vacaciones durante la huelga. Siempre hemos tenido problemas con nuestras copilotos, pero sabemos que no pueden volar embarazadas, y para Avianca ello significa un costo, por eso aprovecharon esta oportunidad para poder deshacerse de todas las mujeres que pudieran.

 

da. ¿Pueden verse afectadas las hojas de vida de las personas que han sido despedidas y que quieren buscar trabajo en otros países?
JH. Lo que pasa en Avianca no es un secreto para los colombianos ni para el mundo. Pero en el mes de marzo vendrán aquí a contratar a los pilotos que Avianca está despidiendo. De Europa están llamando, y todos saben que se hizo una huelga en Colombia, que participamos la mitad de los pilotos de Avianca, que la huelga duró 54 días, y están viniendo por nosotros porque saben la magnitud del crimen que están perpetrando. Entonces, creemos que más que una sanción, será como un mérito, que somos responsables con lo que hacemos, que exigimos que la seguridad aérea se cumpla, que cumplimos las normas y que somos pilotos valorados a nivel mundial, no solamente profesional, sino también éticamente.

 

da. ¿Qué le ha dicho la Defensoría del Pueblo específicamente al grupo de Acdac?
JH. Ellos simplemente van y realizan una función de verificación de cómo se están dando las cosas, pero en ningún momento han tomado partido, nos gustaría que lo hicieran pero no lo han hecho. Han sido muy imparciales, pero esperamos que todas las constancias de lo que ellos vieron queden plasmadas en los documentos que van a apoyar las demandas de rigor.

da. Hace unos años la OIT dio orden de reintegro de trabajadores de la USO que habían sufrido un despido masivo por parte de Ecopetrol, ¿eso es lo que están contemplando al mirar instancias internacionales?
JH. Sí, porque el origen de todo esto, y el final, todo lo hecho, es legal. Entonces, nosotros confiamos no solamente en la Comisión Interamericana sino también en la OIT, desde la misma legalidad de la huelga realizada, pues es falso que somos servicio público esencial, y lo que están cometiendo para poder ajusticiar a quienes nos atrevimos a denunciar la administración actual, todo esto es una clara violación de los derechos humanos.

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“En Colombia no hay derecho a la huelga, ni al debido proceso, ni derecho a la defensa, ni a la contradicción”

“No solo somos nosotros los perjudicados con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ni con los despidos realizados por Avianca. Somos todos los colombianos”: fueron las palabras del capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) en entrevista con desdeabajo, quien comentó los detalles de las audiencias realizadas durante el mes de marzo, y que han implicado el despido de más de cien pilotos. A continuación el diálogo sostenido”.

 

desdeabajo (da): Las primeras audiencias ya dejan como resultado 109 pilotos despedidos, ¿cuál es la posición de Acdac frente al proceso adelantado por parte de Avianca?


Jaime Hernández (JH): El 70 por ciento de los pilotos que se presentaron fueron despedidos en primera instancia, a través de procesos disciplinarios que no contaron con la presencia de la Asociación ni de sus abogados defensores, pues hemos tenido días con 21 procesos disciplinarios simultáneos, lo que imposibilita atender la defensa de todos al mismo tiempo.

 

El lunes 5 de marzo estuvo una delegada de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, presenciando todo lo que estaba pasando. Así mismo, el senador Alexander López como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso también estuvo el martes 6 de marzo y Avianca no le permitió la entrada, precisamente en el momento en el que estaban dictándoles fallo a 16 pilotos, de los cuales 13 estaban solos, pues nosotros solo tenemos capacidad para defender a 3 pilotos de manera simultánea.

 

da. Es la misma ley nacional la que ha llevado al movimiento al sitio en el que está, ¿piensan acudir a alguna instancia internacional para denunciar lo sucedido?

JH. Por supuesto. La OIT ya tiene conocimiento y ya enviamos documentación, y ahora estamos esperando un pronunciamiento de su parte. La Comisión Interamericana también tiene conocimiento. El abogado de Avianca, el doctor López, precisó que el pronunciamiento de la OIT no afectaría en nada el fallo, lo cual nos indica que la OIT se pronunciará aclarando que la huelga fue legal, pues si él está demeritando a la OIT, es por algo.

 

da. ¿Es verdad que la empresa tomó como materiales de prueba contra ustedes las fotos y videos subidas a redes sociales durante el paro?

JH. Es correcto, pero ojalá apareciera la gente en los videos. La mayoría de los disciplinados ni siquiera aparece allí, usan fotos posteriores a la huelga. Por ejemplo, tenemos una capitán que es copiloto de 787, avión que solo hace vuelos hacia Europa y Norte América, pero durante la huelga le programaron vuelos a Pasto y a Popayán como copiloto de Atlas20. Esa programación está en contra del reglamento colombiano, y fue despedida por no haber hecho tales vuelos. Entonces, aquí no hay debido proceso, ni derecho a la defensa ni a la contradicción.

 

da. ¿Qué piensan hacer jurídicamente ante estos despidos?

JH. Ante la constatación no solamente nuestra, ni de nuestros pilotos, sino de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos del Senado, cada vez es más evidente que no hay ninguna garantía de defensa y replica; jurídicamente las opciones que tenemos son las acciones de tutela para que respeten el derecho de ser juzgados de manera transparente.

Al mismo tiempo, continuaremos buscando jurídicamente la legalidad de nuestra huelga, porque fue legal; la OIT establece que no somos un servicio público esencial, no tenemos porque ser calificados y juzgados por haber hecho algo que está reconocido dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional. A nosotros nos respaldaba la ley: la huelga fue declarada ilegal el 9 de febrero, fecha para la cual ya estábamos volando.

 

da. ¿Cuándo presentarán tales recursos?

JH. Tenemos que esperar a que termine la segunda instancia, ya estamos instaurando las apelaciones. Apenas se repita el ejercicio en esta instancia, y una vez queden ratificadas las medidas, acudiremos a los jueces de tutela para que detengan esta barbaridad, ya que el Estado y el Gobierno como tal lo único que han sido, no es ni siquiera testigos mudos, sino partícipes activos. El Gobierno no hizo presencia ni para garantizar, ni para constatar nada, los ministerios no aparecen. De hecho, lo que sí han hecho los ministerios es jugar a favor de Avianca. El número de despedidos será proporcional al de pilotos extranjeros que el Ministro de Transporte le autorice contratar a Avianca, lo cual vemos como un claro matrimonio entre la administración de Avianca, el Ministerio de Transporte y, el Gobierno.

 

da. Conocimos una publicación editada en Estados Unidos con respecto a este caso, también sabemos que a ustedes le llegó, ¿qué comentarios tienen frente a esta publicación?
JH. Bueno pues ahí hablan de masacres de las Farc, masacres del Eln, masacres de líderes sociales y masacres de Avianca; es lo que está pasando acá. Creemos que la denuncia está acorde, la asociación de pilotos de EU ya está contactando al Senado porque el cumplimiento del TLC firmado por Obama y Santos contempla garantías laborales para procesos como el nuestro, entre ellos el derecho a la huelga, que no puede desaparecer por el hecho de que Avianca sea amiga del gobierno. Hemos estado ya en Washington, nos reunimos con varios senadores y las investigaciones están andando, seguramente a partir de la tercera semana de marzo, cuando terminen los procesos disciplinarios, nos volveremos a reunir allá y tendremos nuevas audiencias.

 

da. A propósito de las dificultades de asistencia jurídica que usted a relatado, ¿están recibiendo apoyo jurídico de las centrales obreras?
JH Por supuesto. La CUT está encima, la USO nos ha ayudado, otros sindicatos también. La verdad es que el movimiento sindical colombiano está respaldando a nivel nacional e internacional todo lo que está pasando.

 

Esto es buen resaltarlo, pues no solo somos nosotros los perjudicados con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ni con los despidos ordenados por Avianca, no, somos todos los colombianos que en un momento dado, cuando tengan que protestar por los abusos que están sufriendo, van a terminar judicializados, señalados como ilegales, embargados, demandados en todos sus bienes para responder por las protestas llevadas a cabo. Ese es el mensaje que quiere mandar el gobierno al respaldar y felicitar a Avianca por el comportamiento asumido.


da. ¿Además de la manipulación de pruebas que usted ya mencionó, que otro tipo de manipulaciones evidenciaron en este proceso?
JH. Existe un caso vergonzoso, por resaltar: de 8 mujeres disciplinadas, 7 terminaron despedidas. Mujeres que estaban en maternidad durante el cese de actividades y que Avianca las despide por haber participado en la huelga, con fotos y videos donde no aparecen, mujeres con licencias de maternidad, capitanes que fueron suspendidas 8 días por estar en vacaciones durante la huelga. Siempre hemos tenido problemas con nuestras copilotos, pero sabemos que no pueden volar embarazadas, y para Avianca ello significa un costo, por eso aprovecharon esta oportunidad para poder deshacerse de todas las mujeres que pudieran.

 

da. ¿Pueden verse afectadas las hojas de vida de las personas que han sido despedidas y que quieren buscar trabajo en otros países?
JH. Lo que pasa en Avianca no es un secreto para los colombianos ni para el mundo. Pero en el mes de marzo vendrán aquí a contratar a los pilotos que Avianca está despidiendo. De Europa están llamando, y todos saben que se hizo una huelga en Colombia, que participamos la mitad de los pilotos de Avianca, que la huelga duró 54 días, y están viniendo por nosotros porque saben la magnitud del crimen que están perpetrando. Entonces, creemos que más que una sanción, será como un mérito, que somos responsables con lo que hacemos, que exigimos que la seguridad aérea se cumpla, que cumplimos las normas y que somos pilotos valorados a nivel mundial, no solamente profesional, sino también éticamente.

 

da. ¿Qué le ha dicho la Defensoría del Pueblo específicamente al grupo de Acdac?
JH. Ellos simplemente van y realizan una función de verificación de cómo se están dando las cosas, pero en ningún momento han tomado partido, nos gustaría que lo hicieran pero no lo han hecho. Han sido muy imparciales, pero esperamos que todas las constancias de lo que ellos vieron queden plasmadas en los documentos que van a apoyar las demandas de rigor.

da. Hace unos años la OIT dio orden de reintegro de trabajadores de la USO que habían sufrido un despido masivo por parte de Ecopetrol, ¿eso es lo que están contemplando al mirar instancias internacionales?
JH. Sí, porque el origen de todo esto, y el final, todo lo hecho, es legal. Entonces, nosotros confiamos no solamente en la Comisión Interamericana sino también en la OIT, desde la misma legalidad de la huelga realizada, pues es falso que somos servicio público esencial, y lo que están cometiendo para poder ajusticiar a quienes nos atrevimos a denunciar la administración actual, todo esto es una clara violación de los derechos humanos.

Publicado enEdición Nº244