Jueves, 28 Julio 2016 10:20

El paro camionero entre líneas

El paro camionero entre líneas

 

El paro camionero más largo de los últimos años conmociona al país. Las voluntades del Gobierno y de las asociaciones de transportadores se contraponen al tiempo que incrementan las fricciones entre las partes. Hasta el momento, producto de esta protesta, se reportan pérdidas que superan el billón de pesos. El 90 por ciento del transporte de carga continúa paralizado mientras el nerviosismo por el desabastecimiento y encarecimiento de materias primas prolifera. La puja se centra en intereses disyuntivos entre partes que en otros tiempos fueron armoniosos. El pacto entre Gobierno y transportadores para movilizar la carga por las principales carreteras, a desmedro de sistemas de transporte alternativos, está teniendo un estruendoso fin.

 

 

A la media noche del día 6 de junio inició el paro que tiene enfrentados en arenas políticas y económicas al Gobierno con las principales asociaciones de camioneros. Al amanecer de aquel día pocos en Colombia imaginaron que estaban ante una movilización sin par en la historia reciente del país. Hoy, cuando el paro de los transportadores de carga supera los 36 días, el panorama no puede ser más complejo.

 

La suspensión de actividades decretada enfrenta al Gobierno y a los camioneros, pero también pone en pugna grandes intereses que se traslapan entre las partes. A pesar de esto no es posible establecer una relación de equivalencia entre actores pues es clara la asimetría de poderes, contrarrestada por los impactos económicos introducidos por la inmovilización de las nueve décimas partes del transporte de carga, operación que el Gobierno se encuentra lejos de controlar.

 

Este es el tercer capítulo de una confrontación entre la administración de Juan Manuel Santos y el gremio de transportadores de carga, que ostenta la peculiaridad de contraponerse al Gobierno desde organizaciones esquivas a categorías propias de los movimientos sociales, pero con capacidad de movilización, presión e imposición de coyunturas que muchos de ellos echarían de menos.

 

Los efectos económicos de este paro comienzan a sentirse en las principales ciudades, los empresarios claman por una solución policial de la huelga y medios de comunicación oficiosos con gran esmero difunden su propuesta represiva.

 

 

Las pugnas del paro de transportadores

 

Varias son las razones manifestadas para el cese de actividades por Marcos Daing (Asociación de Transportadores de Colombia), Pedro Aguilar (Asociación Colombiana de Camioneros) y Jorge García (Confederación Colombiana de Transportadores), presidentes de agremiaciones de conductores de carga en el país (1). Pueden resumirse en dos ejes: las relaciones económicas y la regulación del parque automotor de carga.

 

En torno a las relaciones económicas se articulan tres peticiones específicas. La primera consiste en la revisión del valor de los fletes que los transportadores están autorizados a cobrar por la carga, precios que fueron congelados desde el año 2011 por el Gobierno. Punto álgido en la negociación pues regula las relaciones comerciales de este gremio con industriales y empresarios (exportadores e importadores) que acuden a sus servicios para trasladar sus cargas por las carreteras. Sectores que el Gobierno debe proteger, a capa y espada, en contraprestación por el apoyo político, financiamiento de campañas electorales, compromiso con las políticas de desarrollo y paz impulsadas desde el gobierno de Santos (2). Además, el Gobierno también debe cumplir compromisos pactados con el Banco Mundial, institución financiera que desde el año 2010 había propuesto, a través de su Consejo de Competitividad: “el desmonte de la tabla de fletes como una medida necesaria para mejorar los servicios de logística y transporte” (3).

 

La segunda petición es la disminución en promedio de $1.300 por galón de Acpm y gasolina, rebaja con la que los transportadores alcanzarían un mayor margen de ganancia. Pero esta es otra de las exigencias denegadas por el Gobierno pues de aceptarla vulneraría una de sus principales fuentes de financiamiento (4), no importa que en este rechazo también opte en contravía de lo ordenado por la propia Corte Constitucional (5) que desde el año 2013 declaró inexequible al denominado Fondo de Estabilización. Hasta el día de hoy el Gobierno sostiene los sobrecostos a los hidrocarburos a través de este esquema, a pesar de la drástica disminución de su precio a nivel internacional.

 

La tercera petición demanda colocarle coto a la desmesurada proliferación de peajes (cada 36 kilómetros) y al alto costo de los mismos, que hacen del nuestro, el país donde es más caro trasladarse por vía terrestre (600 pesos por kilómetro en trayectos como Buenaventura-Bogotá; la constante en América latina es 100 pesos por kilómetro). Demanda que también rechaza el Gobierno pues de lo contrario vería reducida otra de sus fuentes de ingresos, con la cual tiene proyectado sustentar parte de la financiación de su programa de vías 4G, soporte, con la construcción de vivienda, de la campaña presidencial de Vargas Lleras.


La regulación del parque automotor se erige sobre la propuesta del 1:1 en torno a la chatarrización. Esto significa que los camioneros exigen al Gobierno que el parque automotor de carga continúe regulado, no se amplíe según la oferta y la demanda, sino que cada camión viejo sea remplazado por otro nuevo de similares especificaciones técnicas al chatarrizado. Medida que podría forzar al Gobierno a poner talanqueras sobre la importación de vehículos pesados para el transporte de carga fundamentados por los TLC, de la misma manera que a transnacionales del transporte que miran con mucho interés las posibilidades renovadas de un negocio que comienza a proyectarse sobre vías, rieles y ríos que en los próximos años serán objeto de multimillonarias inversiones para incrementar sus capacidades de flujo mercantil.

 

 

El Gobierno reacciona exaltado

 

Un mes de paro fue suficiente para colmar la paciencia y agotar la estrategia de negociación del Gobierno. El apoyo de los medios de comunicación (6), empresarios (7) y constructores (8), entre otros sectores, parecen haber envalentonado al Ejecutivo que usó el accidente de tránsito del Gobernador de Boyacá –acaecido el día 12 de julio–, como pretexto para levantarse de la mesa de negociación con los camioneros. Además, destaca el triste espectáculo protagonizado por el Presidente de la República quien se pronunció a favor de militarizar las vías del país, capturar a los responsables de la protestas y retirar a los camiones apostados en las autopistas. Otra muestra de la pretensión de Santos Calderón por suplantar funciones típicas al poder judicial fungiendo como juez, parte y fiscal.

 

Un repentino cambio de actitud del Gobierno –que había mostrado una disposición conciliadora (9)– lo llevó a radicalizarse en su intransigencia. Giro impuesto por Germán Vargas Lleras quien, durante los últimos días, exhibió una postura fuerte en los medios de comunicación, catalogando como delito la protesta del gremio camionero, descalificando a sus dirigente y cerrando la posibilidad de negociación (10).

 

A la rabieta gubernamental se suman una lluvia de denuncias y señalamientos justificatorios de su proceder. La primera vino en tono jocoso y a destiempo por la exministra de transporte Cecilia Álvarez (11), quien en un video al estilo “youtuber” denunció a Pedro Aguilar como corrupto, poseedor de cientos de camiones y líder del cartel de la chatarrización. Muy pronto fue anunciada la apertura de la investigación contra los líderes del paro camionero, señala El Espectador (12): “Entre los investigados se encuentra el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Pedro Aguilar, quien estaría detrás de los bloqueos a las vías y los ataques a los camioneros”.

 

El 13 de julio este mismo diario publicó una investigación titulada “En el interior de la mafia de la chatarrización” (13) en la que un exfuncionario del ministerio de transporte afirmo: “El cartel simulaba accidentes, falsificaba los registros de la Policía que certificaban que existió ese accidente tal día de tal año, o se inventaba el robo de un carro y se falsificaban las denuncias de hurto. Con eso iban al ministerio, sumando documentos de los organismos de tránsito que también alteraban y así se inventaban cupos de la nada. Así era que se generaba un supuesto vehículo nuevo en la entidad de tránsito, pero la verdad era que el carro no existía”.

 

Graves denuncias que no deslegitiman la protesta de los camioneros, pero sí plantean serios cuestionamientos sobre el comportamiento de este gremio ampliamente respaldado por muchos sectores en movilización. Sin embargo, otras voces han llamado la atención sobre el carácter estrictamente reivindicativo de esta protesta, su rígida inscripción en el marco de las exigencias presentadas al Gobierno, así como su desconexión organizativa, programática, con movimientos y poderes socialmente constituidos en el país.

 

 

 

 

Víctimas de sus propios inventos

 

Las partes que hoy se contraponen, no siempre lo estuvieron. Hace tres décadas cuando comenzó a darse la estocada final al transporte ferroviario en el país (14), los camioneros jugaron un rol primordial en tal determinación. La fuerte confluencia de intereses económicos que dispuso las carreteras y los camiones como los medios principales para la movilización de carga estuvo liderada por la misma agremiación que hoy se levanta. Estructuraron junto al Gobierno un sistema de transporte de mercancías a la “colombiana”, controlado por particulares y prescindiendo del transporte ferroviario y fluvial, fundamentales para la proyección económica de países desarrollados y emergentes.

 

Durante años disfrutaron de las mieles de la prosperidad, apalancándose mutuamente en sus proyectos y hoy, cuando llega el momento de un nuevo recambio, cuando su antiguo socio decide adaptar el país a los parámetros impuestos por los Tratados de Libre Comercio y el yunque de las multinacionales, las contradicciones salen a flote, tornándolos en enemigos.

 

Los impactos del paro plantean serios cuestionamientos al proceder del Gobierno en esta crisis, al manejo dado a la coyuntura por parte de los camioneros, sobre los pecados de cada parte y, primordialmente, sobre la arquitectura del transporte en Colombia. La puja está centrada en quién retiene el negocio, quién se lleva o conserva los mejores beneficios, pero poco tiene en cuenta el bien colectivo de millones de connacionles que requieren un sistema de transporte de carga incluyente, eficiente, barato, amable con el ambiente, y con una participación del Estado que vaya más allá de las acciones por liberalizarlo, adaptarlo a su irresponsable vocación de apertura, globalización y favorecimiento al capital.

 

1 Consultar: “Camioneros continúan haciendo alto en el camino” (https://www.desdeabajo.info/colombia/item/29199-camioneros-continuan-haciendo-alto-en-el-camino.html) e “Inmóviles siguen los camiones en las vías del país” (http://desdeabajo.info/colombia/item/29246-inmoviles-siguen-los-camioneros-en-las-vias-del-pais.html)

2 “No podemos volver a la tabla de fletes”: Mincomercio. http://caracol.com.co/programa/2016/07/13/6am_hoy_por_hoy/1468410753_049042.html. 13 de julio de 2016.

3 El reclamo de los camioneros contra la eliminación de la tabla de fletes es por su supervivencia. http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/contexto-colombiano/1573-el-reclamo-de-los-camioneros-contra-la-eliminacion-de-la-tabla-de-fletes-es-por-su-supervivencia.

4 La colombiana, entre las gasolinas más caras del continente. https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/28010-la-colombiana-entre-las-gasolinas-mas-caras-del-continente.html. 20 de febrero del 2016

5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-621/13. http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-621-13.htm

6 Editorial. Vuelve y juega. http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/vuelve-y-juega-editorial-el-tiempo-7-de-julio-de-2016/16638417. 7 de julio del 2016.

7 Comunicado al Gobierno Nacional y a la opinión pública.http://www.andi.com.co/Paginas/Ver_Mas.aspx?CustomID=1103. 9 de julio de 2016

8 Camacol pide a transportadores levantar el paro y dialogar. http://camacol.co/prensa/noticias/camacol-pide-transportadores-levantar-el-paro-y-dialogar. 11 de julio del 2016

9 Gobierno presenta contrapropuesta sobre el tema de fletes, transportadores la rechazan. http://www.rcnradio.com/nacional/gobierno-presenta-contrapropuesta-tema-fletes-transportadores-la-rechazan/. 6 de Julio del 2016

10 Vargas Lleras: bloquear las vías es un delito. http://www.lafm.com.co/nacional/noticias/vargas-lleras-bloquear-las-v%C3%ADa-210207. 7 de julio del 2012.

11 “Esa plata se perdió, ni vía ni prosperidad”: Cecilia Álvarez Correa, la youtuber mayor de 60. http://www.elheraldo.co/politica/esa-plata-se-perdio-ni-ni-prosperidad-cecilia-alvarez-la-youtuber-mayor-de-60-271442. 12 de julio del 2016.

12 Abren investigación contra promotores del paro camionero. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-abrio-investigacion-contra-promotores-del-paro-articulo-642965. 12 de julio del 2016.

13 http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-interior-de-mafia-de-chatarrizacion-articulo-643186. 13 de julio de 2016.

14 En la actualidad el transporte ferroviario en el país se dedica con exclusividad a la minería. Solo en el 2013 el transporte por ferrocarril movilizó 76 millones de toneladas de carga en Colombia (la mayoría de ellas carbón) lo que equivale a un 25 por ciento de la carga total. En este mismo año fueron transportadas 220.3 millones de toneladas de alimentos, productos, mercancías y materias primas por la carreteras, lo que representa un 73 por ciento del total de la carga. La única vía férrea estándar en Colombia es la que existe entre el Cerrejón y Puerto Bolívar, en la Costa Caribe, con una extensión de 150 kilómetros. A través de ella se moviliza carbón sobre un tendido de rieles propiedad de multinacionales que el ejército tiene la obligación de custodiar. Fuente: ¿Por qué se ha quedado en el olvido el transporte ferroviario en Colombia? http://www.dinero.com/economia/articulo/la-evolucion-del-transporte-ferroviario-y-vial-en-colombia/223410. 8 de mayo de 2016.

 

 

 

Publicado enEdición Nº226
Viernes, 10 Junio 2016 16:55

El paro avanza. Viva la Minga

El paro avanza. Viva la Minga

Próximos a cumplir 15 días desde que inició el Paro Agrario Nacional, encabezado por las comunidades campesinas, afros, indígenas y demás grupos sociales, representantes de todos aquellos y aquellas que trabajan la tierra y permiten que la comida llegue a nuestras mesas, demostraron que tienen voluntad de lucha y reivindicación. Pero también evidencia la incapacidad del Estado para resolver problemas fundamentales como la crisis alimentaria que vive el país, producto del desamparo económico y político del que son víctimas quienes con toda razón, tras 15 días continúan reuniéndose en las calles y principales corredores del país para protestar, para hacer escuchar sus reclamos.

 

Buscando soluciones

 

Ante las manifestaciones, la primera respuesta del Gobierno fue la represión, pero la resistencia de los integrantes de la Minga Nacional lo obligó a conciliar y empezar las negociaciones.


“Queremos informarle al país, a la Minga Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular, a la comunidad aquí reunida, a la comunidad de Quinamayo, al país indígena, campesino y afros, que hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno. Hemos tomado la decisión de desbloquear la vía a partir de la 9 am, el día 10 de junio por 36 horas, donde evaluaremos el avance de las negociaciones. Así mismo le hemos exigido al Gobierno todas las garantías y la aplicación de los protocolos en materia de garantías que hemos acordado en días pasados. La minga continua. Viva la Minga”.


Este es el comunicado de prensa que fue emitido ayer, luego de que los representantes de la Minga Nacional llegaran a un acuerdo con los representantes del Gobierno.


Santander de Quilichao Cauca, 9 de junio 2016


Dada la insistente y evidente amenaza por parte del Gobierno Nacional de iniciar una arremetida militar a sangre y fuego contra las protestas indígenas, afrodescendientes y campesinos manifestantes en la vía Panamericana; en defensa de la vida y como gesto de buena voluntad la Minga Nacional decide realizar un nuevo gesto unilateral para facilitar la movilidad en de la vía panamericana entre Santander de Quilichao y Popayán por un término de 36 horas sujeto a evaluación en avance del proceso de reactivación de la negociación con el gobierno nacional, que inicia a partir del día viernes 10 de junio de 2016 desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. del día sábado 11 de Junio de 2016, en doble carril y sentidos.


Esta apertura vial la realizamos como un gesto humanitario frente a la sociedad colombiana y como una expresión de voluntad política, previa a la instalación de la mesa de negociación de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular en el territorio colectivo del pueblo afro descendiente de Quinamayo del Municipio de Santander de Quilichao en el Departamento del Cauca y a la continuación de la Negociación el día 10 de Junio de 2016 en el Municipio de Santander de Quilichao.


Exigimos que el Gobierno Nacional otorgue garantías reales de respeto a los Derechos Humanos de quienes hoy nos movilizarnos de manera pacífica a lo largo y ancho de todo el país, en un ejercicio de reivindicación de nuestros derechos como pueblos campesinos, afro descendientes, populares e indígenas y frente al incumplimiento del gobierno nacional de los acuerdos pactados con nuestros pueblos y comunidades.


Pese a ser un acto unilateral solicitamos que el gobierno nacional brinde as garantías de seguridad y protección de las comunidades indígenas y populares movilizadas en el marco del acuerdo de “Protocolo interno para la implementación del acuerdo entre el gobierno nacional y la Minga Nacional para la apertura de la vía panamericana entre Santander de Quilichao y Popayán por un término de evaluación a 36 horas”, el cual entre otros contiene criterios para:


1. La remoción de obstáculos y limpieza de la vía.
2. La ubicación temporal de la fuerza pública (policial y militar).
3. El proceso de monitoreo y verificación a cargo de delegados de la Subcomisión de Derechos Humanos de la CACEP y el Ministerio del Interior con el acompañamiento de la OACNUDH y Defensoría del Pueblo.


Aclarando que la Minga Nacional Continua y que las comunidades movilizadas inician un proceso de asamblea permanente sobre la vía panamericana en el Departamento del Cauca y estaremos expectantes de los avances en la Mesa de Negociación y que el día 11 de Junio de 2016, realizaremos una evaluación del proceso adelantado.


Los acuerdos que se pacten en esta Minga, se enmarcan en una ruta de paz con justicia social, a la que se está convocando de manera unánime a la sociedad colombiana porque todas las reivindicaciones que estamos exigiendo benefician al conjunto de la sociedad de nuestro país.


LA ‪#‎MINGANACIONAL CONTINÚA!


CUMBRE AGRARIA CAMPESINA ÉTNICA Y POPULAR

 


Marco Aurelio Díaz Ulcue y Gersaín Cerón Tombe, asesinados por el Esmad


El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que la muerte de los jóvenes indígenas es responsabilidad del escuadrón de la muerte. “El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa a la comunidad, que el día 3 de junio de 2016 en la sede de la Regional Suroccidente en Cali se realizaron los procedimientos de necropsia a los cadáveres de las personas que en vida respondían a MARCO AURELIO DÍAZ ULCUE de 25 años y GERSAIN CERÓN TOMBE de 29 años, quienes fallecieron el día anterior en la vía que de Cali conduce al Municipio de Popayán en hechos relacionados con protestas indígenas. Los cuerpos presentan heridas por proyectil de arma de fuego, compatibles con carga múltiple. Los elementos recuperados permiten establecer que corresponden a material artesanal no convencional (recalzado). Los impactos producen heridas en tórax que lesionan órganos vitales y producen hemorragia masiva. Hallazgos que explican la muerte.


Ya son bien conocidos los métodos que usan estos asesinos para camuflar sus intenciones destructivas con el uso de armas “no letales”; cargan con metralla y materiales corto-punzantes granadas aturdidoras que al estallar esparcen restos metálicos que laceran los cuerpos de las personas causando heridas gravísimas y, en este caso y como el de muchas víctimas más, la muerte.

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La geografía política de la Minga agraria y de la resistencia

“El método consiste en saber situarse en el lugar de los pobres y desde allí efectuar un diagnóstico de la patología del Estado”.
(H. Cohen).


La Minga agraria de la resistencia indígena y campesina en curso ha cobrado grandes proporciones a pesar de la manipulación gubernamental con los medios de comunicación para invisibilizarla.


Se trata de un gigantesco movimiento social y popular con raíz rural y apalancada por las tremendas condiciones de pobreza en que se encuentran casi 14 millones de campesinos e indígenas, habitantes del campo nacional.


Lo que llama la atención de este paro es que el mismo es la respuesta a los incumplimientos reiterados del gobierno de turno de los diversos pactos firmados al término de otras huelgas, como la del 2013.


El estado y su gobierno son una pesada carga que entraba las soluciones pertinentes a las problemáticas sociales. El Estado actual es un lastre espantoso.


La explicación no es otra que la captura de las entidades públicas por grupos oligárquicos minoritarios, en este caso concreto, por las camarillas de latifundistas, terratenientes y ganaderos, con sus correspondientes operadores políticos en los escenarios electorales y legislativos.


Es, correctamente, lo que representa y agencia el actual Ministro de agricultura, Iragorri, vástago de una poderosa y antigua familia de potentes hacendados, con amplio poder político y electoral en el departamento del Cauca y a nivel nacional. Son herederos de viejos gamonales de la tierra y la politiquería.


Iragorri no es más que la ficha de la ultraderecha reaccionaria que por años, décadas, ha manipulado a su antojo el Ministerio de Agricultura y la institucionalidad correspondiente.


El hombre simula amabilidad, pero sabe exactamente a quien le sirve.


Él es el directo culpable de la actual conflictividad que se ha generalizado por toda la geografía nacional.


Es por tal razón que debería largarse de ese cargo. Dejar esa teta y permitir que nuevos aires renueven dicho sector estatal.


Justamente es lo que se ha pactado en los diálogos de La Habana. Un ajuste institucional para permitir que los acuerdos agrarios se implementen y verifiquen. La paz esta urgida de una gran reforma democrática del Ministerio de Agricultura y de una gestión comprometida, por que los funcionarios encargados sean recíprocos con las demandas campesinas y populares.


Necesitamos un Ministro no terrateniente ganadero de la Sabana y del Cauca.


Necesitamos un líder o lideresa que atienda las demandas de los trabajadores del campo colombiano. Si Santos no entiende esto, La Minga agraria seguirá y alcanzara nuevos niveles de contundencia.


Ya hay una geografía política configurada de la Minga agraria que comprende los siguientes escenarios territoriales: Choco: con las comunidades indígenas, que han bloqueado las vías Tardó-Pereira y Quibdó-Medellín. Risaralda: donde el pueblo indígena Embera Katio bloqueo el sector Remolinos.


Antioquia: con la concentración en el resguardo Las Palmas (Apartadó, Urabá,) donde se registran bloqueo y protestas. Nariño: bloqueo de indígenas en el sector de Tangua, vía Pasto- Ipiales.


El sector de la construcción ha paralizado en un porcentaje importante su actividad porque los insumos no han llegado desde el interior del país generando pérdidas cercanas a los $8.000 millones.


Las Avícolas están sin alimentos y por ende su producción casi paralizada.


Los gremios de la región creen que la situación es insostenible y es urgente una solución para evitar escasez de alimentos. Se teme que el paro camionero agrave aún más la situación de Nariño tras una semana del paro agrario.


Huila: bloque en Hobo y en otras vías que comunican con los departamentos del Putumayo y Caquetá.


Valle del Cauca: bloqueo en la vía Buenaventura – Buga, en el sector de La Delfina.


Arauca: bloqueos de vías en ese departamento.


Antioquia: En Apartadó bloqueo de la vía al mar en el sector Las Palmas. La Guajira: bloqueo de la vía férrea del Cerrejón.


Norte de Santander: 120 personas detenidas en Silos, por el Batallón de Infantería No. 13. Caldas: bloqueo de la vía Manizales – Medellín.


Cesar: bloqueos en el sector de La Lizama y en el sur del Cesar.

Cauca y Nariño: bloqueo de la Vía Panamericana.


Es la geografía de los movimientos sociales que fractura y confronta las hegemonías de los capataces y mandamases de la elite dominante en la sociedad y el Estado.

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Maestros: otra vez al paro y a la calle este 1º de junio

En mayo del año pasado el Gobierno Nacional firmó un acta de acuerdos con la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, acta que en aquel momento posibilitó el levantamiento de un paro del magisterio del sector público que se extendió durante dos semanas.

Hoy, un año después de la firma de esos acuerdos, el balance de su cumplimiento, según Fecode, deja mucho que desear. Aún están en veremos aspectos y reivindicaciones sentidas por lo maestros, especialmente lo relativo a la atención en salud, que sigue de mal en peor, tanto para ellos como para su núcleo familiar.

Por tal razón la Junta Directiva Nacional de Fecode, por unanimidad, decidió convocar a un paro de 24 horas y a una movilización nacional para este miércoles 1° de junio. Lo que determina que 250 mil maestros y maestras del país pararán sus labores y unos 10 millones de estudiantes no tendrán clases.

Según Óver Dorado, miembro del Comité Ejecutivo de Fecode, aparte de presionar la solución del problema de la salud, el paro de este miércoles tiene otras motivaciones igualmente prioritarias. Señaló la política neoliberal del Gobierno Nacional, que se materializa en el recorte de los recursos para la educación y en proyectos de privatización que convierten a ésta en una oportunidad de negocio, tales como la Jornada Única sin condiciones y un programa de alimentación que propicia la corrupción. Asimismo, en una serie de decretos adoptadas unilateralmente por el Gobierno, que van en contravía de una educación de calidad.

Un asunto que tiene particularmente molestos a los educadores son los obstáculos y el trámite tortuoso que el Ministerio de Hacienda antepone al pago de la deuda que el Estado acumula con el magisterio, por concepto de ascensos en el escalafón, primas extraordinarias, horas extras, homologaciones y el reconocimiento de las distintas prestaciones económicas, cesantías y pensiones, entre otras.

También hay dificultades en el proceso de evaluación diagnóstico formativa de los educadores que fue acordado hace un año. Hay fallas en la plataforma tecnológica que se utiliza, y no están claras las funciones de los pares académicos. “El Icfes es el que está concentrando toda la fuerza en la calificación sin tener en cuenta a los pares académicos, y eso no está dentro de lo acordado”, señaló Dorado.

El paro de este miércoles se desarrollará con marchas y movilizaciones en las capitales de departamentos y en los municipios, casi todas en horas de la mañana. En Bogotá la Asociación Distrital de Educadores (ADE) y el sindicato de maestros de Cundinamarca citaron a las 9 de la mañana a una concentración en la sede de la Fiduprevisora (calle 72 Nº 10-03), desde donde saldrá una marcha hasta la Secretaría de Educación Distrital.

Este paro y movilización del magisterio coincide con el Paro Nacional Agrario que arrancó el lunes pasado. “Estamos llamando a los maestros y maestras a manifestar su solidaridad con la gente del Paro Agrario, la cual vaya de la mano con acciones políticas de apoyo concretas”, dijo al respecto Óver Dorado.

 

La salud, servicio cada vez más deficiente

 

Una encuesta realizada recientemente a los maestros por el Ministerio de Trabajo sobre la calidad del servicio de salud que reciben, revela una opinión bastante desfavorable a este servicio. El 52.8% de los encuestados dijo que nunca hay facilidad para conseguir una cita con un médico especialista, el 40.4% respondió que algunas veces, y solo el 6.8% contestó que siempre. Y el 69.5% asegura que el suministro de los medicamentos no se entrega de manera oportuna.

Según Fecode, la crisis de la atención en salud a los maestros se da por la falta de garantías por parte del Ministerio de Educación como fideicomitente del contrato de prestación del servicio, por la nula acción de la Fiduprevisora para hacer cumplir los compromisos a los operadores del servicio, y por la reiterada violación del Pliego de Condiciones por parte de estos operadores.

La Fiduprevisora, que es la entidad que administra los dineros del fondo de prestaciones sociales y autoriza los pagos a los contratistas que prestan el servicio de salud, les exige a éstos que cumplan con un protocolo para el pago de las cuentas. Los contratistas por su parte dicen que han cumplido con estos protocolos y que es la Fiduprevisora las que no les paga. Y mientras unos y otros “se tiran la pelota”, los maestros y su núcleo familiar, supuestamente cubiertos por un régimen especial de salud, siguen recibiendo un servicio de pésima calidad.

Se calcula que la Fiduprevisora tiene una deuda de $470.000 millones con las entidades operadores de los servicios de salud, deuda que tiene a éstas en una situación apremiante. De tal suerte que no está lejano el día en que los educadores no puedan recibir atención ni el suministro de medicamentos por falta de disponibilidad financiera para atenderlos. Con el agravante de que la mitad de esa enorme deuda está en discusión, no ha sido reconocida por la Previsora, lo que podría terminar en un tribunal de arbitramento.

Ante esto Fecode propone que haya un manual de contratación diferente, que permita sancionar a la entidad que falle en la prestación del servicio, porque el manual que existe actualmente no contempla sanciones administrativas, ni fiscales ni disciplinarias. Fecode quiere, en suma, que sin más dilaciones se abra una nueva licitación en los términos establecidos en la Ley 91 de 1989.

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Jueves, 26 Mayo 2016 07:57

Universidad Distrital. Un mes de paro

Universidad Distrital. Un mes de paro

 

El pasado 24 de mayo a las 10 am, los estudiantes de la Universidad Distrital ofrecieron una rueda de prensa en la sede de la facultad de Ingenierías –carrera 7a con calle 40, desde abajo (da) asistió y platicó con José Abraham Rivera Pérez (JAR) y con Ana María Nates Rodríguez (AMN), representantes de las y los estudiantes ante el Concejo Superior Universitario.

 

 

El acuerdo 01: la manzana de la discordia.

 

El representante José Abraham Rivera explicó las razones del paro, entre ellas el desconocimiento del estudiantado como actor político en la toma de decisiones, lo que los afecta directamente; cosa que el acuerdo 01 desconoce.

 

da. ¿Por qué el inconformismo con el acuerdo 01?

 

JAR: El Acuerdo 01 tiene poco de ilegal pero mucho de ilegitimo, porque fue votado sin la participación de las representaciones de egresados y estudiantes, aunque estos habían sido elegidos días previos a la votación, y el período de posesión empezaba a partir del primero de abril, un día después de que se votó este Acuerdo. Parte de la movilización está ligada a la ilegitimidad del acuerdo, pero sobre todo a la imposibilidad que existe en la Universidad en este momento de participación directa de la comunidad, de cómo esta participa y se hace escuchar y decide dentro de la estructura misma del funcionamiento de la universidad Distrital.

 

Por otro lado, el Acuerdo viola otros acuerdos alcanzados en paros anteriores. Por eso solicitamos que se respete la Resolución 018 del Concejo Superior Universitario (CSU) y la Resolución 071 del Consejo Académico del 2015; estas resoluciones le daban vía a una hoja de ruta metodológica que permitía, precisamente, la construcción democrática y participativa de un estatuto general para la Universidad Distrital, pero además de ello, todo un proceso de reforma universitaria que incluía estatutos derivados de este.

 

AMN: El acuerdo 01 coincide con los procesos de acreditación que hay dentro de la Universidad, procesos a los cuales no tenemos acceso y de los cuales no participamos. Hemos insistido en que nosotros/as debemos ser parte activa de la potenciación de los proyectos curriculares para que de verdad sea de alta calidad. Por eso, cuando exigimos mejores aulas, mejores espacios comunes, mejores laboratorios, mejores docentes, pensamos también en el futuro de la Universidad en los impuestos que paga la ciudadanía, queremos que llegue el mensaje a Bogotá de que valoramos ese dinero y que, por lo mismo, queremos hacerles ver que se está malgastando.

 

da. ¿Hay algún otro mecanismo diferente al paro al que ustedes como estudiantes puedan recurrir? ¿Hay consenso de estudiantes o se enfrentan a la apatía política?

 

AMN: No, nuestra única herramienta de participación es la representación estudiantil, pero el CSU apenas somos 2 contra 7, dos que exigimos recursos y participación democrática directa para la toma de decisiones tan importantes como la elección del Rector. Por eso para poder ser escuchados tenemos que recurrir a las vías de hecho.

 

JAR: Cuando se incumplen los acuerdos –acuerdos logrados en un paro– la comunidad reacciona, y reacciona de maneras particulares, en el caso del estudiantado uno de sus elementos y la bandera más fuerte, o el mecanismo más fuerte de presión, es el paro indefinido. En este momento completamos desde el 28 de abril un proceso de paro indefinido en todas las facultades, con bloqueos de administrativos y con diferentes acciones tomadas de comunicación, tanto fuera como dentro de la Universidad, sobre esta discusión que es la defensa de lo público y sobre todo lo que es construcción de participación y democracia dentro de las universidades.

 

AMN: Las y los estudiantes estamos organizados por proyectos curriculares, por facultades y por representantes de facultades, de esa manera reunimos las voces, en lo posible, de todos y todas, el paro se consultó en cada instancia y se decidió de acuerdo a lo expresado por los representantes de cada facultad y así se mantiene.

 

La apatía es un problema al que nos enfrentamos siempre y es algo grave. Después de un mes se entiende que la gente se canse, se vaya agotando, pero en esta oportunidad, como puedes ver, hay una buena cantidad de estudiantes y eso nos impulsa a seguir hasta las últimas consecuencias.

 

 

Disputa por la democracia

 

En la Universidad Distrital el problema de la corrupción se ha repetido constantemente con cada administración que ha tomado sus riendas. Los estudiantes afirman que esta situación se reproduce porque la conformación del CSU responde a intereses políticos y económicos particulares.

 

da. ¿Qué es el Concejo Superior Universitario y cómo está conformado?

 

AMN: El CSU es la instancia última de toma de decisiones, es el órgano máximo de dirección y de gobierno de la Universidad. Lo conforman el alcalde de Bogotá, o su delegado –quien es el que lo preside, un representante del presidente de Colombia, un delegado del ministerio de Educación, un representante del concejo académico, un representante de los ex rectores, el representante de los profesores, el representante estudiantil y un representante de los egresados, un representante del sector productivo elegido por el Concejo Superior Universitario y el rector, que tiene voz pero no voto.

 

JAR: Es claro que el CSU cambia progresivamente, y cambia en la medida en que se eligen nuevos miembros. El CSU es un órgano de la Universidad Distrital que se renueva constantemente, en la medida en que algunos de sus miembros cambian y otros permanecen estables durante mucho tiempo, como es el caso de la representación de los gremios, pero en general tiene cambios constantes, y uno de estos está ligado a quién ejerza la presidencia del consejo, es decir, el representante de la Alcaldía. Cuando cambia el alcalde de Bogotá, cambia su representante, en este caso, la secretaría de educación.

 

Aunque se han desarrollado procesos de discusión dentro del CSU, históricamente el Consejo ha tomado decisiones desde su autonomía, una autonomía impuesta que desconoce la participación del resto de la comunidad educativa.

 

 
La Distri y Bogotá

 

da. ¿Cómo articulan el paro que adelantan con la coyuntura de la ciudad, específicamente el problema de la venta de la Etb?

 

AMN: Otra de las cosas que hemos analizado desde los procesos de discusión con los estudiantes, es cómo nos pensamos frente al modelo de ciudad de la nueva administración. En ese sentido nuestra postura es muy firme al decir no a la venta de la Etb, porque también es un proceso que nos involucra como Universidad Distrital; nos involucra en el sentido en que somos financiados por la Etb, somos accionistas (tenemos cerca del 2% de las acciones) y esto representa para nosotros un ingreso muy significativo año a año. Adicionalmente, el Distrito invierte también el dinero de la Etb en la Universidad, por lo que es para nosotros vital que no se venda la Etb.

 

Así mismo, como otros procesos desarrollados en el modelo de ciudad que propone la presente administración en temas como medio ambiente, organización de territorio, que como estudiantes hemos estado evaluando, estudiando y presentando una postura, porque es nuestra labor aportar, a través de una reforma para que sean más los estudiantes que ingresen y para que el conocimiento que aquí se genere sea de provecho para la ciudad, porque lo que buscamos es el bienestar de las/os ciudadanas/os. Sin embargo nuestro enfoque es la Universidad, es nuestro deber velar porque no sea más un negocio de unos pocos.

 

 

Represión contra el movimiento estudiantil

 

El viernes 21 varios estudiantes fueron agredidos por el Esmad mientras realizaban actividades con el fin de informar a la ciudadanía de la situación de la Universidad y del porqué del paro, esto con el objetivo de ganar solidaridad por parte de las y los bogotanos/as.

 

da. ¿Cómo se dieron los altercados contra el Esmad?

 

AMN: Salimos en horas de la tarde para manifestar a las personas sobre la situación de la Universidad; como por variar ya estaba listo un escuadrón del Esmad. Nos dijeron que no ocupáramos la vía, pero sólo estábamos bloqueando un carril, como vimos que la misma policía desvió el flujo vehicular decidimos tomarnos toda la séptima. En seguida empezaron a disparar balas de caucho. Muchos compañeros resultaron con heridas leves que tuvieron que ser tratadas en la enfermería de la Universidad.

 

da: Supimos a través de redes sociales que hubo roces con los trabajadores administrativos, ¿qué sucedió?

 

AMN: El lunes 23 de mayo, como a las 8 de la mañana, llegaron algunos trabajadores de la dirección administrativa que intentaron ingresar al edificio, pero como los compañeros que estaban de turno en el bloque no los dejaron entrar empezaron a arremeter con insultos y amenazas. Hasta llegaron al punto de romper las sillas de unas mesas de plástico para golpear la puerta de cristal y romperla. Así duraron hasta las 11, cuando por fin se calmaron y se fueron.
Esas mismas personas nos dieron su apoyo recién empezamos el paro, desconocemos las razones por las cuales procedieron de esa manera.

 

da. El temor latente entre los estudiantes en estos paros es la cancelación del semestre ¿las directivas de la Universidad se han referido sobre el tema?

 

AMN: Sí, es verdad. Esa es una pregunta permanente porque ya vamos a completar un mes en paro y el calendario académico está por finalizar. Sin embargo el concejo académico no se ha manifestado sobre el tema, ni siquiera ha habido amenazas de una posible cancelación. Además, dentro de las peticiones presentes en la declaración política de la Asamblea General de Estudiantes (ver documento anexo), se estableció que una vez terminado el paro se debería recuperar la cantidad exacta de días de clase invertidas en el paro, es decir, si se gastaron 1 mes un día; un mes y un día se debe extender el semestre.

 

Así las cosas, el movimiento estudiantil en la Universidad Distrital se mantiene firme; hay optimismo por parte de sus líderes que sienten el apoyo de la mayoría de los/as estudiantes.

 

 

 


 

 

Declaración política
Asamblea General de Estudiantes
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Mayo 3 de 2016 – Facultad Tecnológica

 

 

La universidad Pública en medio de una crisis generalizada de presupuesto, gobernabilidad, participación y Autonomía, trata de sobrevivir a los diferentes embates de los procesos de mercantilización y estandarización de la educación, como a los serios problemas de corrupción y manejo inadecuado del escaso presupuestoa manos de los intereses particulares de algunos grupos de poder al interior de las IES.

 

En el caso particular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se configuran varias problemáticas al mismo tiempo; por un lado se encuentra la necesidad de modificar las mallas curriculares de los proyectos de licenciaturas para responder a los criterios de acreditación del Ministerio de Educación Nacional en el marco del decreto 2450 de 2015 y la resolución 2041 de 2016,en una clara afectación a la autonomía universitaria a través de la estandarización de currículos. Por otro lado el CSU un proceso de designación de rector en propiedad a través del acuerdo 001 del presente año,el cual fue aprobado sin la presencia de los representantes de los egresados y los estudiantes en este órgano de dirección. Como comunidad universitaria decimos si a la elección de rector en propiedad,pero elegido de manera democrática y directa, y de esta manera acabar con la interinidad del cargo que ya suma 28 meses. Sumado a todo ello el CSU no le da continuidad al proceso de Reforma Universitaria desconociendo el alcance de las resoluciones 018 de 2014 del CSU y 071 del 2015 del Consejo Académicoy en el mismo sentido al trabajo de la comunidad universitaria durante el proceso de Reforma, que en una primera fase se materializa en el Documento propuesta de Estatuto General. La universidad igualmente sufre un serio problema de déficit de infraestructura y espacio físicos que genera serias afectaciones al normal desarrollo de las actividades académicas y a las condiciones básicas de Bienestar Institucional para la comunidad universitaria.

 

Por todo ello y con espíritu indeclinable los Estudiantes de la Universidad Distrital reunidos en Asamblea General de Estudiantes el día 3 de Mayo ratificamos el Estado de PARO INDEFINIDO acordado en Asambleas anteriores, hasta tanto no se cumplan las siguientes exigencias:

 


Exigencias

 

1. Exigimos la derogación del acuerdo 001 del CSU de 2016, con intensión de crear un proceso de elección democrática y directa del rector consensuado con la comunidad universitaria independiente del estatuto general en función.


2. Exigimos respetar las resoluciones 018 del CSU y 071 del Consejo Académico, garantizando la continuación del proceso de reforma de carácter vinculante, retomando los debates por proyecto curricular, renovando la asamblea constituyente universitaria y creando mesa de expertos jurídicos que apoyen la modificación del estatuto propuesto. Este camino, para aprobar junto al CSU y en plenaria de la Asamblea Constituyente Universitaria el nuevo estatuto general.

 

3. Exigimos la creación de una mesa de concertación frente al proceso de acreditación institucional de carácter amplio y democrático, que permita abrir espacios de trabajo con las dependencias académicas frente a las directrices nacionales del Plan Nacional de Desarrollo y Consejo Nacional de Acreditación.

 

4. Exigimos que ningún cuerpo colegiado de la universidad distrital adelante propuestas de reforma curricular en ningún programa de la universidad y en especial de la facultad de ciencias y educación, ni la creación de nuevos proyectos curriculares o facultades sin la participación de la comunidad universitaria.

 

Igualmente la Asamblea General de Estudiantes apoya el proceso de Defensa de la ETB ante las intenciones de venta por parte del Gobierno Distrital.

 

En relación a las garantías académicas para la finalización del paro y el retorno a la normalidad académica se exige lo siguiente:

 

a. Cancelación de cualquier materia sin importar la prueba académica
b. Cancelación de semestre y reintegro automático en el siguiente semestre
c. Invalidez de cualquier nota generada durante el proceso de paro de manera presencial y/o virtual
d. Que se complete el 100% del syllabus en términos de tiempo y contenido establecidos desde el inicio de semestre
e. Que se modifique el calendariode fechas previsto para los grados, de tal manera que se cumpla con la totalidad de graduandos que se tenía planificada para el semestre en curso. Así mismo que se garantice la aprobación de prácticas laborales y procesos de pasantía que se venían tramitando
f. Que no se genere ninguna nota durante la primera semana de retoma de la actividad después de terminado el paro estudiantil
g. Que en el marco del acuerdo 004 del 2011 no se cuente como parte del proceso de renovación de matrícula el semestre 2016-I
h. Que no se hagan válidas las multas generadas por las bibliotecas que se han expedido durante el tiempo de paro estudiantil
i. Que se garanticen los espacios en arriendo para la culminación del semestre después del paro.

 

Agenda de movilización

 

Entre los días 3 y 5 de mayo, definir vocerías para la mesa negociadora del pliego de exigencias a través de Asambleas por Facultad. La definición del futuro del paro la determina la asamblea general de la UD.

 

Viernes 6 de Mayo. Rueda de Prensa con medios de comunicación a las 2 pm en la facultad de artes ASAB.

 

Martes 10 de Mayo. Intervención de vocerías de la Universidad Distrital en la Comisión Sexta del Senado de la República.

 

Miércoles 11 de Mayo. Asamblea General de Estudiantes a las 11 am en la Facultad de Ciencias y Educación.

 

Viernes 13 de Mayo.Movilización masiva al Concejo de Bogotá.

 

Bloqueo en todas las sedes Administrativas de la Universidad Distrital mientras se siga con el carácter de PARO INDEFINIDO.

 

Nos alegra enormemente que el compañero Miguel Ángel Barbosa haya abierto los ojos y que su diagnóstico médico indique mejoría. Seguimos acompañando a su familia y amigos en esta difícil situación. Solicitamos que el Consejo Superior Universitario emita un pronunciamiento sobre el avance de la investigación que lleva acabo el CTI de la Fiscalía sobre los confusos hechos en los que resulto herido de gravedad, y en el que se acusa al ESMAD de haber atentado sobre la humanidad de Miguel.

 

Que el peso de la historia no nos juzgue como la generación que dejo perder la Universidad Pública, digna, popular, emancipadora, transparente y de Excelencia Académica

 

Asamblea General de Estudiantes
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

 

 

 

Publicado enColombia
Miércoles, 13 Abril 2016 18:47

Madres comunitarias: la puja no se detiene

Madres comunitarias: la puja no se detiene

La batalla que libran las madres comunitarias desde hace más de 20 años parece estar proyectando luces; aunque engorrosa, la negociación va por buen camino. Y así tiene que ser pues estas mujeres, que completan 10 días instaladas en cambuches en las afueras de la sede de la dirección general del Instituto colombiano de bienestar familiar (Icbf), no darán su brazo a torcer. Su propósito es uno: lograr una ley que les garantice contratos laborales justos y pensión digna, además de que a las niñas y niños a su cargo le respeten sus derechos fundamentales, entre ellos el que les asiste a una alimentación de calidad y a una formación integral.

La lucha de las madres comunitarias continúa. Este 12 de febrero las mesas integradas para dirimir este conflicto (laboral y nutricional) lograron importantes avances en las negociaciones con los funcionarios designados por el Instituto colombiano de bienestar familiar (Icbf). Los temas en discusión: estabilidad laboral, pensión digna para las madres y, en cuanto a los niños y niñas, su alimentación, en específico la calidad de los alimentos que lo operadores hacen llegar a los hogares comunitarios y, en consecuencia, la garantía de los derechos fundamentales de los/las infantes.


Entre los puntos más importantes de esta lucha, el que hace referencia a la vinculación laboral de las madres comunitarias al Icbf como trabajadoras directas, es el de mayor pugna, sin embargo se confía que el Icbf termine por garantizar a las mujeres que dirigen los hogares comunitarios la contratación por períodos mínimos de un año, con afiliación a un fondo pensional, y que el pago del seguro médico se realice de forma ininterrumpida. Aspectos relacionados con el derecho a la organización sindical y a la afiliación voluntaria de las madres comunitarias al sindicato, sin que les afecte sus contratos, también fueron tratados.


A pesar de la intransigencia de la directora general Cristina Plazas, quien el martes 12 se mostró indiferente. limitándose a presenciar los diálogos, el proceso parece que llegará a buen puerto. Este miércoles, a eso de las 11 de la mañana, ingresaron a las instalaciones del Icbf, para asumir las negociaciones en las dos mesas integradas, las representantes de las madres: Eduviges Campo, Caridad Vásquez, Edna Lagos y Nelly de la Hoz hacen parte de la mesa laboral, mientras que Olinda García, Stella Hoyos y Blanca Albarracín conforman la mesa nutricional, en la que se exponen las necesidades de los niños y niñas que ellas cuidan.


Los ánimos son positivos, y con el transcurrir de los diálogos la perspectiva de las madres es optimista. “Este paro demuestra la fuerza que tienen las madres comunitarias en el país, y la conciencia que tienen las mujeres de defender sus derechos. Si bien esta lucha no es de ahora, lleva más de 20 años, se ha podido demostrar que el movimiento avanza con una fuerza mayor, en la que además se va vinculando la opinión pública”, nos dice María Eugenia Ramírez, asesora del Instituto Latinoamericano y un Derecho Alternativos (Ilsa), quien ha acompañado a las madres en este y otros procesos.


Madres comunitarias de Sucre sin seguro médico


Mientras tanto, Marly Chamorro representante de Sintracihobi, seccional Sucre, nos comunicó que las cerca de 3 mil madres comunitarias que trabajan en el departamento no cuentan con seguro médico. “En todos los departamentos ya fue entregado el dinero correspondiente al alistamiento, en Sucre tuvimos que hacer el 17 de marzo un plantón porque la directora regional, Fabiola Palencia Morales, había dicho que para Sucre no había sido consignado ese dinero. Se mantuvo en esa posición hasta que le demostré que sí, que en todas las regionales si se realizó el pago”.


“Hoy 13 de abril es la hora que no nos han cancelado el mes de marzo. Ella dice que hasta el 22 de abril va a cancelar el mes de marzo porque los operadores no le llevaron los reportes de rendición de cuentas, cosa que no es responsabilidad de las madres comunitarias. En Sucre hay cerca de 3 mil madres comunitarias, ninguna tiene seguridad social activa. Por lo que la orden para las mujeres que mantienen el paro en Sincelejo es que más allá de lo que se logre con el gobierno, se mantendrán en paro hasta que el Icbf regional Sucre se ponga al día con los salarios y el pago de la seguridad social, porque esta situación es producto de la negligencia de la directora”, aseveró la señora Marly.


La lucha, además de nacional, tiene sus particularidades. La dinámica política del actual gobierno, sus intereses políticos, las presiones que afronta desde diferentes ángulos de los partidos tradicionales y de oposición, más el creciente malestar entre la opinión pública con la politiquería y la corrupción, así como la dinámica de la crisis económica en que se adentra el país y la región, terminarán por marcar el rumbo que finalmente tome el gobierno ante el paro que mantienen estas aguerridas mujeres.

 

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Trabajo digno para las madres comunitarias

abril 9 de 2016

 

Publicado enColombia
Martes, 05 Abril 2016 15:22

Con amor y decisión de madre

Con amor y decisión de madre

Las madres comunitarias que trabajan con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) no cesan su denuncia. Desde febrero del año en curso denuncian la decisión oficial de terminar con los programas tradicionales de Instituto, sosten fundamental de los cuales ha sido la incansalbe labor de miles de mujeres por todo el país a lo largo de por lo menos los últimos 30 años.

 

Abril llegó con miles de mujeres movilizadas en defensa de los derechos de los niños y niñas más pobres de nuestro país, así como de su derecho al trabajo. En efecto, el lunes 4 arrancó el paro nacional indefinido de las Madres Comunitarias. Su presencia se hizo sentir en varias ciudades del país, igual al inicio del segundo día de paro, donde cientos de mujeres ocuparon avenidas en ciudades capitales. A su inconformidad se suma la denuncia por las pésimas condiciones laborales a las que el Icbf las some y los pocos recursos que el Estado gira para el cuidado y la alimentación de los niños y niñas que ellas tienen a cargo.


Las Madres Comunitarias, que dependen totalmente de los recursos del Estado para su funcionamiento y sostenimiento, viven una pauperización paulatina en la calidad de la asistencia gubernamental, así como la tercerización en la prestación de algunos servicios alimenticios y dotacionales, pues al parecer la disminución en la calidad de los productos que reciben responde a la ganancia que las empresas contratadas buscan obtener.
Niños y niñas los principales perjudicados


Sus denuncias más importantes están basadas en que miles de niños y niñas no han podido ser atendidos este año debido a que aún existen falencias en la infraestructura del nuevo modelo implementado. Esto ha traído como consecuencia la muerte de niñas y niños por desnutrición o por condiciones de desatención. Según Sintracihobi estas denuncias han sido reportadas en la sede nacional del Icbf sin recibir alguna respuesta.


El día 18 de febrero de este año las Madres Comunitarias citaron a la directora del Icbf, Cristina Plazas Michelsen, a una audiencia pública que tuvo desarrollo en la sede central del Instituto. Allí denunciaron abiertamente la lamentable situación que viven los niños atendidos a nivel nacional. Entre las denuncias más destacadas se encuentra la miserable minuta de alimentación (seguimiento nutricional y alimenticio) que otorga el Icbf para la atención de las niñas y los niños a nivel nacional. Desde este año este Instituto aumentó una ración más de alimentación para los niños, pero el Estado no aumentó el presupuesto para esa nueva ración de comida.


Las Madres Comunitarias reciben $ 2 mil 500 por día para la alimentación de cada niño que está a su cuidado, dinero con el cual deben garantizarle desayuno, y las onces de la tarde. Ahora, con ese mismo dinero, tienen que garantizar, además de los platos ya relacionados la media mañana. Es decir, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les aumentó sus obligaciones sin incrementar el aporte en dinero.


Derechos laborales no reconocidos


Además de las graves falencias en la administración de insumos para la alimentación y la educación de las niñas y los niños, las Madres Comunitarias también están afectadas por el incumplimiento de algunos acuerdos pactados. El Ministerio de Trabajo y el Icbf les han incumplido con su contrato laboral. Desde 2013 están vinculadas laboralmente y se pactó que sus contratos serían a término indefinido, pero nunca ha sido así. Los contratos son por término definido, por tres o cuatro meses, máximo seis, lo que genera la interrumpción de las prestaciones sociales y que las liquidaciones no lleguen completas.


Esta inestabilidad laboral, denuncian representantes de Sintracihobi, se agudizó desde el 2015, cuando tomó cuerpo la iniciativa del Banco Nacional de Oferentes, la cual es una “invitación pública” a todos los interesados en participar en los programas de primera infancia, que cuenten con músculo financiero y experiencia al cuidado de la infancia y adolescencia. La puesta en marcha de este sistema fue nefasta para el personal de las programas de Icbf, los niños a su cargo y las asociaciones de padres de familia, debido a que las pusieron a competir contra los operadores privados –que cuentan con una amplia capacidad económica–, operadores muchas veces elegidos a dedo por funcionarios del Instituto con intereses monetarios o con situación de cercanía con los mismos, evidenciando la corrupción con la que en algunas regiones realizaron el proceso de contratación.


Esto ha obligado a las madres comunitarias a solicitar contratos con operadores privados, a menudo sin ser recibidas por estos a pesar de que la directriz del Icbf es la de contratación obligatoria.


Las madres comunitarias sin pensión


Estas injusticias provocaron la deserción de las madres vinculadas al programa desde hace más años, muchas de ellas fundadoras del Programa, dejando esta labor sin haber sido reconocidos sus derechos prestacionales, adeudados por el Estado desde hace tantos años. Estos derechos desde el 2014 son motivo de litigio laboral por parte de las Madres. Tienen ellas claro que el Estado, y no los intermediarios, es quien les debe su derecho a pensión y contra él encausan sus esfuerzos. Por el momento éste las quiere despachar con un bono equivalente a $ 200.000 por veinte y hasta treinta años de servicio, todo un insulto y una violación a los derechos fundamentales.

Estas y otras reivindicaciones están relacionadas en su pliego de peticiones, en el cual está resumida una lucha de muchos años, diversidad de derechos violados por el Estado y los mismos derechos de las niñas y niños de los sectores populares los cuale continúan vistos por el Estado como sujetos de segunda clase.

Expresiones desde algunas regiones

 

Bolívar


Las madres comunitarias del departamento se unen así al paro nacional indefinido que busca crear una mesa de negociación para debatir un pliego de peticiones en los que se resalta el pago de seguridad social, pensión y calidad alimentaria para los niños bajo su protección.


“Quedamos desafiliadas de la seguridad social y tenemos muchas madres comunitarias enfermas que hasta el momento no han sido atendidas. Le exigimos al Estado contrato indefinido, pensión digna para aquellas que lo necesiten, que son las enfermas y mayores de 70 años”, denunció, Eduviges Campos, quien viajó desde Cartagena al paro indefinido frente a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Bogotá.


Santander


Alrededor de 200 madres comunitarias salieron a protestar en la mañana de este lunes 4 de abril al parque García Rovira, frente a la gobernación de Santander, para exigir mejores condiciones laborales y un aumento en el presupuesto de alimentación por niño.


Diana Patricia Arguello, lideresa de las madres comunitarias en el departamento aseguró que “si hay desnutrición en Colombia no es por culpa de las madres comunitarias, sino del Estado. Si no aumentan los recursos entonces que quiten una de las raciones de comida, que vuelvan a ser tres raciones diarias, como era el año pasado y no cuatro como en la actualidad”.

 

Pereira


Cerca de 400 madres comunitarias de Pereira se unieron a la protesta para reclamar por mejores condiciones labores; entre otras peticiones.
Bárbara Oviedo Ospina, fiscal del Sindicato de Madres Comunitarias de Pereira afirmó, “estamos peleando los derechos porque a las madres comunitarias les están cerrando los hogares y no los quieren volver a abrir; adicionalmente quieren volver la modalidad satelital, es decir que van a agrupar los hogares tradicionales en una sola sede. También reclamamos porque no es justo que mamitas de más de 70 años sigan laborando. Incluso hay mamitas que se han muerto sin recibir nunca una pensión”.


Entre las peticiones de las madres comunitarias también se encuentra la reducción de la presión laboral a que están sometidas por causa de los altos estándares de calidad demandados por el Icbf –a través de sus intermediarios–, los cuales exigen que una sola persona haga lo que le corresponde a diferentes profesionales.

 

La Guajira


La madre comunitaria Nelly de la Hoz aseguró que se ve obligada a racionar la poca comida que recibe por parte de la entidad. “Me veo obligada a hacer una sopa para 12 niños con solo 6 onzas de frijoles”, dijo De la Hoz,


Pliego de exigencias


1. Vinculación con contrato a término indefinido directamente con el Icbf para quienes laboran en los programas de primera infancia y adolescencia, para permitir la estabilidad laboral de las madres trabajadoras. Dar continuidad entre diciembre y enero para el pago de este último mes bajo contrato laboral y todas las prestaciones que representa, así como la certeza de contar todo el año con seguridad social.


2. Pensión digna que abarque todos los años en los cuales se prestó el servicio a la primera infancia y adolescencia, independientemente de la modalidad en la cual se haya desempeñado la madre.


3. Revocar el banco de oferentes y permitir que las asociaciones que históricamente han venido contratando con el Icbf y han cumplido estándares de calidad lo continúen haciendo en el manejo de los recursos de los niños y niñas. Para ello se exige que todas las asociaciones que contrataron en el 2015 lo hagan actualmente para no generar más traumatismos en la atención de los niños y niñas y se brinde la capacitación necesaria para fortalecer administrativamente las asociaciones y capacitar a sus integrantes en la correcta administración de los recursos para poder garantizar la calidad del servicio.


4. Igualdad presupuestal en términos locativos —arriendo— y de canasta para los programas tradicionales frente a la estrategia de ‘Cero a Siempre’. Frente a este punto, se rechaza deliberadamente la propuesta de Bienestar Familiar de los programas de hogares integrales, por vulnerar la privacidad y la propiedad privada, por eso se exige la equidad presupuestal, con garantías reales sobre los inmuebles de las madres y garantía de una igualdad laboral. Exigimos que la modalidad Fami no atienda por fuera de su casa, y además se cubran para HCB, HI y HCB Fami todos los rubros necesarios para alistamiento como pintura, adecuación, auxiliar operativo, entre otros, que permita que las modalidades tradicionales puedan brindad una atención gratuita.


5. Las madres Fami deben tener la opción de trabajar tiempo completo y continuar con su calidad de madre comunitaria tradicional Fami. Adicional a esto debe existir igualdad entre el complemento alimenticio que se entrega para la modalidad Fami con el entregado en la modalidad familiar.


6. La contrapartida exigida a las asociaciones en la vigencia 2016 debe ser eliminada, y las asociaciones y operadores que firmaron este año el documento entregado no debe afectar el salario o prestaciones sociales de las madres y trabajadoras.


7. En consonancia con el memorando emitido en el mes de febrero, en el cual se expresa la obligatoriedad de vinculación de las madres comunitarias para los operadores, se rechaza deliberadamente la disposición del párrafo 3° en el cual se da la disposición clara de que las madres comunitarias transitadas a modalidad familiar y CDI, por el hecho de pasar a los programas de ‘Cero a Siempre’ pierden la calidad de madre comunitaria. Exigimos se retire este mandato expreso por parte del Icbf y se respeten los derechos adquiridos de las madres transitadas, manteniendo su estatus de madre comunitaria.


8. Las madres sustitutas deben ser cubiertas en su totalidad por parte del Icbf en los montos correspondientes a salud y pensión.


9. Los perfiles laborales de las modalidades: madre comunitaria, Fami, modalidad familiar y CDI deben ser respetados y remunerados justamente teniendo en cuenta los criterios de formación académica, pero más importante aun reconociendo la experiencia y todos los años de servicio que han prestado las madres trabajadoras en los programas de primera infancia. Este último criterio debe ser determinante para realizar un reajuste salarial a las madres con mayor experiencia.


10. En caso de que exista el cierre de un hogar o la renuncia temporal o definitiva de la madre trabajadora, cuando se logre la reapertura del mismo, debe hacerse en la modalidad que históricamente ha desarrollado, no en una modalidad integral como se está obligando por parte de algunas regionales.


11. Se debe revisar integralmente los estándares aplicados en los últimos años por parte del Icbf, ya que son lesivos para las madres trabajadoras, su estabilidad, e imponen condiciones imposibles y difíciles de cumplir por parte de los hogares tradicionales.


12. Se exige el pago de las prestaciones sociales independientemente, si existe contrato laboral para las trabajadoras de todas las modalidades. De igual manera el pago de enero debe ser reconocido para las madres trabajadoras de CDI, modalidad familiar y hogares infantiles.

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Con la presentación del pliego petitorio al Gobierno, quedó en firme el paro y la movilización nacional este jueves

Hoy el Comando Nacional Unitario (CNU) le presentó al Gobierno Nacional una carta en la que expresa las razones por las cuales convocó al paro nacional este jueves 17 de marzo, y expone un pliego petitorio de 15 puntos, el cual se espera sea respaldado masivamente con ceses de actividades y movilizaciones en todas las ciudades del país.

También hoy las organizaciones sindicales, sociales y movimientos políticos que conforman el CNU (centrales CUT, CGT, CTC; confederaciones de pensionados CDP y CPC; dignidades agropecuarias; Cruzada Camionera; Fecode, USO, Asonal y otros grandes sindicatos estatales y de sectores eléctricos y del carbón; gremios de taxistas, movimiento estudiantil, el E-24, entre otros) ofrecieron una rueda de prensa en la que ratificaron la realización del paro y presentaron los 15 puntos del pliego petitorio entregado al gobierno.

En sus declaraciones, los líderes de la protesta fueron enfáticos en que se trata de un paro contra las políticas económicas y sociales del Gobierno Nacional, no contra el proceso de paz, que el movimiento sindical ha venido apoyando desde el principio, así como el mecanismo de refrendación que se acuerde en La Habana.

“El proceso de paz no puede ser una cortina de humo para ocultar la inconformidad de la población, ni la exigencia de políticas realmente incluyentes para la mayoría de los colombianos”, dijo al respecto Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, quien invitó a la ciudadanía a expresar este jueves su inconformidad ante la ausencia de respuestas del gobierno a los graves problemas que padece el país.

Gómez agregó que será un día de movilizaciones y de anormalidad laboral en el sector público y privado, pero no de confrontaciones con los agentes de la fuerza pública. “Ellos también son pueblo, hijos de campesinos y trabajadores. No nos interesa agredirlos ni que nos agredan”, señaló, al insistir en el carácter pacífico que deberán tener las movilizaciones.

“Hay una inconformidad creciente en la población. Quienes no están directamente afectados por las medidas impopulares y los incumplimientos del Gobierno, están preocupados por la situación del país, por el desempleo galopante, la corrupción desbordada y el alza de la canasta familiar”, dijo por su parte Fabio Arias, Secretario General de la CUT.

“Hay muchas y suficientes razones para la protesta, por eso convocamos a todos los colombianos, no solo a los sindicalistas, a que se sumen a este paro nacional y salgan a la calle con toda la energía, pero de manera pacífica”, señaló a su vez el presidente de la CTC, Miguel Morantes.

 

Las razones de la protesta

 

En la carta dirigida al presidente Santos (ver su texto completo en el enlace http://cut.org.co/pliego-de-peticiones-paro-nacional-17-de-marzo/) se mencionan como razones para el paro, entre otras:

El fracaso en la negociación del salario mínimo en diciembre pasado, la “absurda y arbitraria” venta de ISAGEN, el escándalo de REFICAR, el anuncio de una reforma tributaria lesiva para los sectores populares, la liquidación de Caprecom y Saludcoop, el incumplimiento de una serie de promesas que el Gobierno no ha cumplido, como: restablecimiento del recargo nocturno y los dominicales y festivos, reducción de los aportes en salud del 12% al 4% a los pensionados, los acuerdos con Dignidad Agropecuaria y la Cumbre Agraria, con los camioneros y taxistas, sectores éstos que han visto burlados acuerdos firmados y por lo mismo participarán de la protesta.

La Agencia de Información también conversó con Cesar Pachón, vocero nacional de Dignidad Agropecuaria Colombiana y presidente de Dignidad Papera, quien confirmó la participación de su organización en el paro de este jueves, así como la de los sectores cacaotero, arrocero, cafetero y campesinos, entre otros.

Sobre las razones de los paperos para sumarse a la protesta, dijo que se debe básicamente al incumplimiento compromisos del gobierno relacionados con la escasea regulación de las importaciones de papa precocida, que se han duplicado en los últimos años; con la falta de recursos para proyectos ya aprobados, con problemas de mercadeo, asistencia técnica e investigación.

Pachón mencionó especialmente el problema de las deudas con el Banco Agrario, que está rematando las tierras de los campesinos, no porque éstos no quieran pagar sus deudas, sino por las difíciles condiciones en la producción y mercado de la papa, y la falta de una seria política agropecuaria. “Ahora se aprobó la llamada Ley Zidres, que entregará tierras a inversionistas extranjeros, mientras a nosotros los campesinos nos la están quitando, y eso no es justo”, puntualizó.

 

Las movilizaciones del jueves

 

El llamado del CNU es que este jueves los trabajadores del sector público y privado, y la ciudadanía en general, se declaren en anormalidad laboral y se sumen a la protesta con mítines y asambleas en sus puestos de trabajo, y asistan a las marchas y concentraciones programadas. Algunas son:

En Bogotá la concentración principal será en el Parque Nacional, desde donde, a eso de las 10 de la mañana, se iniciará una marcha hasta la Plaza de Bolívar, donde hacia el mediodía confluirán las otras marchas, por lo menos seis más, que saldrán desde diferentes sitios de la ciudad.

En Medellín la marcha también saldrá a las 10 de la mañana desde la Plaza de los Deseos, al norte de la ciudad, tomará la carrera Carabobo, luego tomará la Avenida Oriental, donde se sumará la marcha de los maestros agremiados en Adida, para terminar en la plazoleta de La Alpujarra.

En Cali la concentración está programada para las 9 de la mañana en la llamada Rotonda, de la Avenida Estación.

En Cartagena la movilización callejera se programó para las 3 de la tarde en el Colegio Departamental, Avenida Pedro de Heredia.

En Bucaramanga los líderes de la protesta invitaron a realizar mítines en las empresas en la mañana, y a una concentración a las 2 de la tarde en la plaza Luis Carlos Galán.

Sobre las garantías para realizar estas movilizaciones, Julio Roberto Gómez dijo que cuentan con la palabra del propio Presidente Santos, quien en la reunión que tuvieron con él en la Casa de Nariño la semana pasada manifestó que su gobierno respetará el derecho a la protesta siempre y cuando ésta se haga en forma pacífica.

Sin embargo, es de esperarse que haya dificultades en la movilidad, toda vez que los taxistas anunciaron paros y manifestaciones en las distintas ciudades para protestar por el servicio “ilegal” que presta Uber, que los está desplazando de su trabajo ante la indiferencia del Gobierno. Y en la misma actitud están los gremios de camioneros, que ante el incumplimiento de algunos acuerdos manifestarán su descontento con concentraciones en las carreteras.

 

Sí al Proceso de Paz

 

En vista de que el partido Centro Democrático viene promocionando para el próximo 2 de abril una jornada de protesta contra el Gobierno, y en especial contra los acuerdos con las FARC en La Habana, consultamos con los dirigentes del CNU sobre las afinidades y diferencias de esa protesta con la de este este jueves 17 de marzo.

Al respecto Fabio Arias, de la CUT, explicó: “En la carta al Señor Presidente Santos decimos que no se piense que por las contradicciones que tenemos con el Gobierno en razón a su política económica y social, nos vamos a atravesar en el proceso de paz. Ni más faltaba. En eso nos diferenciamos totalmente del uribismo. No tenemos ningún compromiso con la jornada que éste está preparando para el 2 de abril, que es para otra cosa muy distinta: es para que sigamos en guerra, y ya estamos cansados de la guerra”.

Sobre el mismo particular Julio Roberto Gómez, de la CGT, expresó: “La protesta convocada para el 2 de abril por el Centro Democrático nos merece todo el respeto, por el derecho legítimo de cada cual a manifestarse y a expresarse en la plaza pública. La diferencia es que el paro y la jornada de protesta de este 17 de marzo es una movilización del movimiento social y sindical, y la otra es de un sector político”.

 

Apoyos del sindicalismo internacional

 

La Confederación Sindical de las Américas (CSA), por intermedio de su presidente Víctor Báez Mosqueira, emitió un comunicado en el que manifiesta su total apoyo al Paro Nacional convocado y organizado por las centrales sindicales colombianas y otras organizaciones sociales y políticas.

De otro lado, las centrales sindicales finlandesas SAK, STTK, y el Centro de Solidaridad Sindical (SASK) también se solidarizó con la jornada de protesta liderada por sus pares colombianos.

“Esperamos que esta expresión pacífica, pero contundente, sirva como un insumo para que las demandas legítimas del movimiento sindical sean tomadas en consideración para las decisiones que debería tomar el Gobierno en beneficio de la población colombiana”, afirman en su comunicado las centrales finlandesas.

 

El contenido del pliego al Gobierno

 

En resumen, los 15 puntos petitorios al gobierno nacional por parte del CNU, son:

1. Desarrollar un programa estructural y medidas de emergencia para el pueblo guajiro.

2. Cumplir los acuerdos firmados con las organizaciones de trabajadores, pensionados, campesinos, afros, estudiantes, indígenas, transportadores y empresarios agrarios.

3. Alza general de salarios y del subsidio de transporte; reducción de las tarifas de los servicios públicos y del transporte urbano; disminución del costo de la canasta familiar y establecimiento de mínimos vitales.

4. Defensa del patrimonio público, especialmente de Ecopetrol y las empresas públicas territoriales como ETB, EAAB, EEB, Emcali, entre otras.

5. Evaluación y revisión de los TLC. Defensa de la producción nacional mediante mecanismos arancelarios, tributarios, financieros, condonación parcial de deudas y rebaja de intereses para los productores agropecuarios.

6. Incremento presupuestal para la salud y la educación, y no a su privatización; pago de las deudas al magisterio y dignificación del servicio de salud que reciben; reforma universitaria democrática y concertada, condonación de deudas de estudiantes con el ICETEX, y fortalecimiento presupuestal del SENA.

7. Promoción del trabajo decente, política de formalización laboral en el sector privado y ampliación de las plantas de personal en el sector público, protección del derecho al trabajo para los informales.

8. Ordenamiento territorial con base en la protección del medio ambiente, del agua como un derecho fundamental y de los ecosistemas estratégicos; moratoria minera, acatamiento a los fallos de la Corte Constitucional, consulta previa vinculante y decisoria para los proyectos mineroenergéticos.

9. Reducción de los precios de los combustibles y congelamiento de peajes, e impedir la cesión de corredores viales.

10. Eliminación de exenciones tributarias a las multinacionales, que no se aumente el IVA ni se amplié su base gravable, no se impongan cargas tributarias a la clase trabajadora y pensionados, que se elimine el 4x1.000.

11. Defensa de la tierra y los territorios para la producción agropecuaria del campesinado y el reconocimiento de sus derechos. Sustitución concertada y gradual para los pequeños productores de cultivos de uso ilícito.

12. Garantía plena de los derechos humanos, libertades sindicales y no criminalización ni judicialización de la protesta social y reparación colectiva. Desmonte del ESMAD.

13. Fortalecimiento del régimen de Prima Media y no hacer modificaciones regresivas al régimen pensional. Pleno reconocimiento de los derechos prestacionales de militares y policías en retiro.

14. Disminución de las tasas de interés y acabar con la especulación financiera, protección a la economía solidaria (cooperativas, cajas de compensación).

15. Política concertada de lucha contra la corrupción y la impunidad, que tenga en cuenta el fortalecimiento de los órganos de control y la justicia.

 

Los voceros del CNU advirtieron que si el Gobierno se niega a negociar este pliego de exigencias, se realizarán nuevos paros y otras medidas de presión hasta lograr la solución de las peticiones.

 

Publicado 14 de marzo de 2016.

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Miércoles, 09 Marzo 2016 11:46

El pico de la crisis

El pico de la crisis

Con el apagón eléctrico, estamos en el corazón de la crisis política, económica, social y fiscal del régimen oligárquico colombiano. Es lo que explica el afán santista por firmar una paz express, sin resolver cruciales asuntos de la Agenda pactada y por imponer un plebiscito saturado de mermelada y politiquería bipartidista.

El pueblo no es un covidado de piedra en esta coyuntura, prepara su presencia con grandes acciones colectivas como el paro cívico proyectado para el jueves 17 de marzo para exigir una salida democrótica y progresista a la enorme crisis que sacude el establecimiento neoliberal. para exigir la negociación de su pliego directamente con Santos y su gabinete ministerial.

Estamos en el vórtice de la crisis orgánica de la sociedad, la nación, el Estado y las formas de vida.

El apagón santista que se disfraza, se esconde, se encubre y disimula con artificios propagandísticos, ya es una realidad que impacta a millones de seres humanos.

Se desploma la base energética de la sociedad como consecuencia de la destrucción ambiental (el Niño y la Niña) que propicia el modelo neoliberal y como fruto de la rampante corrupción en el aparato institucional que gestiona la infraestructura eléctrica de la nación. Lo de Electricaribe, afectada por el desfalco de la mafia de los Char de Cambio Radical y de los clanes santistas costeños, ya anunciaba hace algunos meses el colapso en curso.

La crisis fiscal no para y los recortes en el gasto social ya están en curso, acompañados de una onerosa reforma tributaria que castigará con nuevo IVA a los más pobres.

La devaluación y la inflación destruyen la capacidad adquisitiva de los salarios de quienes tienen el privilegio de ingresos mínimos.

Para el capitalismo de la oligarquía colombiana ha sido demoledor el estallido de la burbuja petrolera y minera.

La crisis bancaria y financiera se conocerá pronto, pues las acciones de los bancos caen en picada como reflejo de la tormenta global (http://bit.ly/24QC2IP).

El instituto Colombiano de Bienestar Familiar/Icbf, sucumbe ante la arremetida del desfalco costeño de la familia de los Char, dueños absolutos de la Región Caribe, donde a diario mueren niños indígenas por hambre y desnutrición.

Caen generales policiales, Ministros y altos burócratas comprometidos en el robo a la salud.

Las disputas entre las facciones de la casta dominante se expresan enacciones judiciales como la captura, bien merecida e imprescindible, de Santiago Uribe, hermano del caballista del Ubérrimo, pendiente éste de otros procesos judiciales vinculados con masacres y homicidios, al igual que sus hijos, dueños de una asombrosa fortuna adquirida mediante el fraude al Estado y su presupuesto, e igualmente Oscar Iván Zuluaga, el candidato de bolsillo de la ultraderecha que se dio licencias criminales para bloquear la campaña de Santos, mediante acciones terroristas en las redes con el auxilio de una Hacker que hoy paga una larga condena en La Picota.

Están pendientes las investigaciones a Francisco Santos por su responsabilidad en la creación de grupos paramilitares en Bogotá, La Sabana y Cundinamarca.

En este contexto es que se da la escalada de presiones del gobierno y su delegación en la Mesa de diálogos de La Habana para firmar precipitadamente un acuerdo final de terminación del conflicto que omite asuntos centrales pendientes de consensos bilaterales.

Bien sopesa la delegación de la resistencia campesina revolucionaria sus pasos para impedir las trampas y maniobras del establecimiento oligárquico. Un acuerdo definitivo debe ser el fruto de un tratamiento adecuado de todos los temas y asuntos pendientes, como la erradicación del paramilitarismo, la refrendación de los consensos, la implementación de lo acordado, las garantías efectivas para la acción política de las Farc, las reformas estatales correspondientes y la aplicación efectiva de la nueva y revolucionaria Justicia Especial para la paz, que tanto molesta al expresidente Andrés Pastrana y a los empresarios financiadores de los grupos de autodefensa.

Por supuesto, el pueblo no está expectante, las masas (centrales obreras, movimientos populares, etcétera) organizan y promueven la acción colectiva, con pliegos petitorios muy puntuales, para exigir paz con justicia social, trabajo, tierra, techo, salud, educación y el derecho a la vida.

El paro cívico del próximo 17 de marzo nos indica que la potencia popular está dispuesta para encontrar una salida democrática a la generalizada crisis que sacude a la nación.

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Miércoles, 02 Marzo 2016 16:12

La bancarrota del Quindío.

La bancarrota del Quindío.

Los agentes políticos de Cambio Radical, el garaje político de bolsillo de Germán Vargas Lleras, aquejado por una muy complicada enfermedad, son una verdadera plaga política que destruye a su paso todo lo que tocan en el Estado, el gobierno y los diferentes niveles de la administración pública.

Es bien conocida la situación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar/Icbf, en manos del clan mafioso de la familia Char de Barranquilla, uno de cuyos vástagos es alcalde de la capital del Atlántico; institución que es objeto del más descarado atraco por dichos politiqueros, mediante contratación fraudulenta, ocasionando la terrible tragedia que afecta a miles de niños de la comunidad Wayuu de la Guajira, Magdalena y Cesar, que mueren por hambre y desnutrición en las rancherías y las salas de urgencia de los centros de salud.

El departamento del Quindío, su gobierno y administración, atraviesan una situación similar.

Esta región, donde se asientan más de 700 mil personas, ligadas a la caficultura y el turismo rural, fue gestionada en los últimos 4 años por unas fichas de confianza de Vargas Lleras, la señora Sandra Paola Hurtado y su siniestro marido, C.A. Pareja, alias Toto, antiguo limpiador de carros, hoy un potente mayoral regional, dueño de vidas y esclavos.

Estos agentes de la politiquería dispusieron, en los últimos 48 meses, de monumentales partidas presupuestales derivadas de las transferencias de regalías petroleras y mineras. Fueron más de 300 mil millones de pesos (cuando el barril de petróleo rondaba los 120 dólares) que ingresaron a los presupuestos regionales, a través de los Fondos organizados para el efecto.

Ese dineral, manejado a discreción por la Sandra y su Toto, prácticamente se fue por la alcantarilla de la corrupción y el contratismo criminal.

Situación que puso en evidencia la Senadora verde Claudia López, en varias denuncias planteadas ante la opinión pública y los organismos judiciales y de control.

Las obras, unos supuestos pozos sépticos, no existen y el departamento se encuentra en una bancarrota descomunal.

El nuevo gobernador, el sacerdote C.E. Osorio, postulado por un número significativo de ciudadanos, quien derrotó de manera contundente la maquinaria Vargasllerista, no puede hoy avanzar en sus planes y estrategias debido a que el escenario es calamitoso. Lo primero que hará es acogerse a la Ley 550, de quiebras y reordenamientos fiscales y presupuestales.

La maquinación de Sandra Paola y su consorte contra el departamento no conoció límites y llegaron hasta el punto de alterar, con Ordenanza amañadas de la Asamblea departamental, todo el régimen general de competencias y transferencias fiscales, para quitarle a la gobernación sus funciones y recursos para pasarlos a los municipios. Se trata de un giro absurdo en la administración del gobierno que el Tribunal Administrativo y el Consejo de Estado revisan para corregir el dislate consumado.

Este caos institucional no puede quedar al margen y requiere de la rápida intervención de las autoridades nacionales como la Presidencia de la Republica, el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Publica, pues la afectación del régimen de la
administración pública es demoledor, todo en perjuicio de miles de ciudadanos que dependen de la acción del Estado y el gobierno seccional.

Lo menos que puede pedirse es que las autoridades judiciales intervengan prontamente para impedir que los delitos contra la administración y la sociedad, en que pudieron incurrir los personajes de marras queden en la impunidad. Que les caiga todo el peso de la ley.

No puede haber paz en Colombia si prevalecen estas cadenas de atraco y desfalco de los bienes públicos como está ocurriendo en Reficar, Icbf y el Departamento del Quindío.

Son los riesgos que se corren con los dineros de la venta de Isagen, 6 billones de pesos, colocados a disposición de la precandidatura presidencial de Germán Vargas Lleras, supuestamente para construir las autopistas de Cuarta Generación, y que inescrupulosamente podrán ser desviados para favorecer sus pretensiones políticas, adversas, digámoslo así, a la conquista de la paz.

Estos asuntos se incluyen, por supuesto, en el pliego de demandas del Paro cívico del 17 de marzo del año en curso, al que Santos le tiene que poner la cara, para que no escurra su responsabilidad y sus obligaciones frente a tan grave asunto que afecta la moral pública.

Nota 1. Grave la situación de la ESAP, Escuela de Administración Publica del Quindío, donde se educan más de 800 jóvenes. Mientras se robaron en mermelada billones de pesos de las regalías, las instituciones educativas
superiores fallecen con las quiebras y el abandono de las autoridades públicas. Es también el caso de la moribunda Universidad del Tolima.

Nota 2. Encomiable la labor del Representante a la Cámara por el Quindío, Luciano Grisales y de la Alcaldía de Armenia en apoyo a la paz. La administración municipal avanza en la aprobación de un Plan de Desarrollo comprometido a fondo con los productos y resultados de los diálogos de paz de la Mesa de La Habana. Es un Plan para la paz en Armenia. Municipio, capital del departamento, en el que se ha constituido un poderoso Frente Amplio por la paz que congrega diversos movimientos y tendencias políticas democráticas y populares comprometidas con la paz y la terminación del conflicto social y armado. El Partido Comunista, liberales, conservadores, Unión Patriótica, Marcha Patriótica, lideres sociales, sindicales, religiosos, cooperativos y comunales, trabajan de manera mancomunada en las labores de pedagogía y socialización de los acuerdos de paz entre el gobierno de Santos y la delegación plenipotenciaria de las Farc/Ep

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