"Si no hay acciones de protesta, acciones de hecho, el Gobierno seguirá incumpliendo..."

César Jerez, un dirigente joven, urbano, pero ligado al campo colombiano, sugiere en esta entrevista algunos puntos de discusión alrededor de la perspectivas abierta para los movimientos sociales a partir del Paro Nacional Agrario de 2013, el de 2014 y el surgimiento de la Cumbre Agraria como plataforma de unidad campesina, étnica y popular; nos brinda, además, su opinión sobre la articulación de los sectores urbanos más allá de la mera solidaridad con el campo, de la tensión entre las elecciones y la protesta social, evalúa los alcances de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y aporta su mirada sobre el proceso de paz.

 

Conversamos con Jerez días antes de las jornadas de indignación llevadas a cabo en todo el país entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre, dentro de las cuales el suceso de mayor relevancia estuvo centrado en la toma simultánea a las instalaciones del Ministerio de Agricultura y del Incoder. Aquí su palabra.

 

dese abajo –da–. ¿Cómo se encuentran las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la Cumbre Agraria?
César Jerez –CJ–.El Gobierno prosigue con los incumplimientos. Esa ha sido la actuación oficial: dilatar e incumplir los compromisos y acuerdos firmados como condición para levantar el Paro Agrario del año 2014. La negociación de los 8 puntos sustanciales** ha sido lenta; por eso está en preparación un reclamo al Gobierno a través de una movilización prevista para la primera semana de septiembre. (ver artículo: De la indignación al paro... p. 16).

 

da. ¿Qué objetivos tienen estas jornadas y cuáles son los alcances esperados?
CJ. Está claro que si no hay acciones de protesta, acciones de hecho, el Gobierno seguirá incumpliendo. Dentro de estas jornadas es de vital importancia que las regiones se movilicen y que la protesta logre tener un impacto claro y contundente sobre el Gobierno Nacional. Vamos a participar en todas las expresiones que se están coordinando, pero consideramos fundamental la acción de hecho como el mecanismo más efectivo para que el Gobierno reflexione y avance en el cumplimiento de los acuerdos.

 

da. Dentro de la Cumbre Agraria convergen distintos sectores sociales y políticos, fundamentalmente agrarios, ¿cómo elevar la plataforma que es la Cumbre de cara a abanderar líneas de acción y articulación social que trasciendan la perspectiva estrictamente agraria?
CJ. Siempre hemos dicho que la Cumbre Agraria, como referente más importante de movilización social en el país, es toda una oportunidad para aglutinar, para convocar a otros sectores sobre todo del mundo urbano, en el cual hay mucha más dispersión que en el mundo rural, y en el cual sus organizaciones sociales atraviesan una crisis. No es posible desconocer la crisis del sector sindical, que se ha alejado un poco de la agenda política de los movimientos sociales, debiendo izar una agenda mucho más abierta, de cara al país, que sirva de base de lucha por las transformaciones económicas, políticas y sociales que el país requiere. En ese sentido, en esa articulación de lo urbano y lo rural hay mucho por hacer todavía.

 

da. Un punto significativo del Paro Agrario de 2013 fue la resonancia alcanzada en las ciudades. En ese sentido ¿cómo evalúa o comprende la situación política de los sectores cívico-populares, en cuanto a la movilización en las ciudades?
CJ. En el 2013, después del paro agrario del Catatumbo y del Paro Nacional Agrario, faltó enganchar esas expresiones de solidaridad con lo concreto de nuestras luchas. Esas expresiones de solidaridad debieron tener unos escenarios concretos de confluencia en los barrios, en colectivos, en las organizaciones sociales. El reto es identificar cómo la solidaridad suscitada se materializa en una agenda que se consolide en un accionar político. Nosotros pensamos que ese reto es mucho más grande para las organizaciones urbanas; hay que salir de la crisis de la marginalidad, de la dispersión, hay que construir plataformas conjuntas, y pensamos que la Cumbre Agraria todavía puede ser un referente importante, por ejemplo, en el Frente Amplio por la Paz (Fap). Este podría ser un escenario, un punto de llegada para mucha más gente, pero debemos ser amplios, dejar los sectarismos, dejar los intereses individuales.

 

da. Adentrandonos en la actual coyuntura política nacional, en las elecciones por realizarse en octubre, ¿qué piensa de ellas? ¿le parece que el momento político generará desconexiones entre organizaciones y eso repercutirá en el eco que genere la movilización?
CJ. No consideraría que deba ser un problema. Por el contrario, y pongo el ejemplo de las Zonas de Reserva Campesina: en Anzorc hemos decidido participar en las elecciones locales y regionales, y lo vemos como una forma de garantizar escenarios propicios para el cumplimiento de los acuerdos y para darle un sostén político a los procesos de paz. El reto por resolver es lograr que esos mecanismos de participación política directa los convertimos en mecanismos de participación electoral formal, y es ahí donde surgen distintas contradicciones, porque la política electoral está viciada. La izquierda electoral urbana es decadente en muchos aspectos y esa manera de hacer política convencional, cargada de vicios, de pactos por debajo de la mesa, de alianzas con sectores que no son éticos ni transparentes, nos hace daño. Pero eso no significa que no se deba participar en elecciones enel actual momento; creo que las elecciones pasadas lo demostraron cuando organizaciones sociales se proyectaron en el escenario electoral y ganaron espacios. El tema de las alcaldías y las gobernaciones es mucho más sensible. Nosotros, como Zonas de Reserva Campesina (ZRC), vamos a ganar varias alcaldías y eso será importante en el plan y acumulado de luchas que venimos gestando desde el campo colombiano.

 

da. Girando la mirada hacia la política agraria del gobierno de Juan Manuel Santos, ¿qué piensa del Plan Nacional de Desarrollo (PND) impulsado por el Gobierno Nacional para este mandato?¿Qué opinión le merece la política de desarrollo rural en particular?
CJ. Pues es una postura totalmente paradójica la del Gobierno, incluso irresponsable. Todo lo hecho en materia del Plan de Desarrollo y de paquetes legislativos va en contravía del espíritu de los acuerdos de La Habana. El Gobierno actúa como si no hubiera proceso de paz; como si el proceso no implicase reformas en lo económico, lo político y lo social. Promueve, en cuanto al sector agrario, una ley que tiene como fin apoderarse de los baldíos de la nación, que por Ley 160 deben ser para los campesinos sin tierra. El PND fortalece el modelo económico extractivo, la locomotora minera; deja sin espacio la posibilidad de implementar los acuerdos parciales de La Habana. Así que esta es una actitud oficial totalmente contradictoria que nos alarma y nos alerta. Es impensable que si se firma un acuerdo final del proceso de paz, ese acuerdo se configure como un "gran conejo", no solamente para la guerrilla sino para el país. El Gobierno también debe cumplir los compromisos con las organizaciones campesinas, indígenas y afro, y si esto no ocurre, pues se está lanzando un mensaje bastante ambiguo al país de que aquellos acuerdos por firmarse no se cumplirán.

 

da. Usted, en uno de sus más recientes artículos ("El falso positivo agrario del gobierno Santos") plantea varios puntos críticos en la política agraria. Uno de ellos es sobre la Reforma Rural Integral, que aparece a la vista de los colombianos como una democratización del campo, pero que en el fondo existe la iniciativa de crear las Zonas de Interés para el Desarrollo Rural y Económico –Zidres–, que pareciera ser una legalización del despojo a campesinos. ¿Le parece que esto va en una vía de tensionar los alcances que puedan tener las ZRC e incluso un punto crítico con respecto a las movilizaciones venideras?
CJ. Fíjese que uno de los acuerdos parciales en La Habana es la creación de un fondo de tierras para solucionar los problemas de acceso, microfundio o minifundio; y la ley que se está planteando actualmente es el sexto intento del gobierno de Santos por apropiarse de los baldíos y legalizar lo que fue ilegalmente adjudicado a grandes familias, a grandes terratenientes del país, lo que deja sin piso el acuerdo parcial. Es decir, lo que estamos viendo es una esquizofrenia donde el gobierno firma un acuerdo parcial y reconoce que hay un problema estructural de acceso a la tierra, pero por otro lado implementa acciones e iniciativas en el PND y en este proyecto de ley de Zidres que deja sin piso la posibilidad de tener un fondo nacional de tierras. Esto es muy grave, es un mal mensaje. El Gobierno ha planteado la recuperación de unas tierras supuestamente de las Farc en el Caquetá y en el Meta, en los llanos del Yarí, lo que representa un falso positivo jurídico, todo un contrasentido. En aquellos territorios lo que hay es un proceso de construcción de ZRC, fincas campesinas; y lo que busca este falso positivo es dar la sensación que se le está ganando a las Farc en cuanto a las tierras. Pero esas tierras son de campesinos y con esa iniciativa oficial lo que se configura es una nueva modalidad represiva, puesto que los que están viviendo en esas fincas, sus poseedores, van a ser catalogados como testaferros de las Farc, lo cual es muy grave.

 

da. ¿Qué balance tiene de las ZRC en cuanto a sus objetivos de ordenamiento y desarrollo territorial?
CJ. Tenemos 6 ZRC constituidas legalmente y otras 7 que ya surtieron todo el proceso y trámite administrativo de constitución pero que tienen un veto impuesto por el Ministerio de Defensa que impide su constitución en el Consejo Directivo del Incoder, y además tenemos otros procesos hasta sumar 70 en diferente grado de formación y constitución en todo el país. Nosotros decimos que con ZRC, con el cabal cumplimiento de la Ley 160, como un inicio hacia la reforma agraria, con resguardos indígenas con derechos territoriales ampliados, con territorios colectivos de comunidades negras y con áreas protegidas, estaríamos constituyendo un ordenamiento territorial incluyente, popular, desde abajo, que defienda el territorio, que defienda la tierra. Esto no excluye otras modalidades del ejercicio de la territorialidad. Nosotros, en la Cumbre Agraria, hemos dicho que caben todas las propuestas de territorialidad campesina y que debemos ser concretos y acertados en la forma en que esas nuevas propuestas van a ser incluidas en las negociaciones con el gobierno. Pero la actual correlación de fuerzas nos dice que va a ser difícil imponer una ley que garantice esos territorios, por lo tanto, es mucho más viable pensar en sofisticar la actual reglamentación de la Ley 160 para que esos derechos territoriales campesinos sean reconocidos. También le hemos propuesto al Gobierno la creación de un sistema nacional de ZRC que esté dentro del PND, lo cual en esta oportunidad no se logró, pero la disputa sigue y esa es nuestra meta en el futuro inmediato.

 

da. ¿Qué percepción tiene sobre el proceso de paz en La Habana, teniendo en cuenta los últimos meses en que tanto el Gobierno Nacional como las Farc tensionaron tanto sus posiciones políticas y militares, hasta colocar en riesgo la permanencia de la Mesa?
CJ. Después de 30 años de intentos por llegar a un acuerdo de carácter político con las Farc, en esta oportunidad hay un avance sustancial, así los acuerdos sean parciales. Ahora, en la negociación el Gobierno ha tenido errores que han minado su capital político frente a la sociedad y el proceso: el secretismo, el aislamiento, el hecho de ventilar propuestas en medios de comunicación sin que hayan sido abordadas en La Habana. Pero hay un error que es mucho más estructural: el enfoque mismo del proceso que tiene un carácter doctrinario-militar. Las Farc sí quieren firmar un acuerdo; personalmente estuve reunido todo un día en La Habana abordando el tema de las ZRC y ellos me manifestaron directamente esa voluntad. Ahora, las Farc quieren firmar un acuerdo final a cambio de transformaciones mínimas en lo económico, lo político y lo social.

 

da. ¿Cómo juega ahí el tema del cese bilateral de fuegos?
CJ. Ya lo han dicho ellos, si no hay un cese bilateral al fuego va a ser muy difícil que haya un ambiente favorable a la firma de los acuerdos, a la retoma de los asuntos pendientes en lo que va negociado. El Gobierno se metió un harakiri de tiempo, un cronometro de 4 meses. Pero nosotros, en Anzorc, estamos optimistas en que esas trabas pueden superarse; el camino es retomar los asuntos pendientes, llegar a una medida concreta y definitiva sobre el desescalamiento, que es el cese al fuego. Además, lograr que el tema de justicia no se pierda, ya que hay toda una propuesta sobre justicia restaurativa que está sobre el tapete y, finalmente la refrendación, que es vital para los acuerdos con las Farc, pero también lo será para los acuerdos con el Eln, y también para los acuerdos del Gobierno Nacional con el movimiento campesino, indígena y afro. Nosotros necesitamos un escenario en el horizonte, donde los acuerdos con los movimientos sociales y las guerrillas sean incluidos y tengan un marco normativo y constitucional, y en ese sentido solamente hay una posibilidad y es la Asamblea Nacional Constituyente.

 

da. ¿Qué opinión le merece la manera en que se ha dado esta primera fase de acercamiento entre el Gobierno y el Eln?
CJ. Bueno, pienso que la fase de acercamientos, la fase no pública, debe ya culminarse, debe iniciarse la negociación entre el Eln y el Gobierno. Nosotros como Anzorc, de manera pública hemos manifestado que las partes deben ceder para lograr una agenda marco inicial, en tanto no se puede dejar pasar el tiempo. A este Gobierno le quedan 3 años que en términos de negociación es un tiempo escaso. Pareciera que el Gobierno tiene una posición doctrinal militar con el Eln, considerando que si las Farc no están van a poder aniquilar al Eln en poco tiempo, lo cual, ya lo sabemos por historia, es una postura totalmente irracional. Lo que queda aquí, son las soluciones políticas y por eso nosotros estamos reclamando a las partes el inicio del proceso. Como Anzorc, cuando se dé el inicio del proceso vamos a ser los primeros en reclamar la participación en el mismo, llevando allí nuestras propuestas y diagnósticos y sirviendo de enlace a las formulas que solucionen el conflicto en el campo colombiano.

 

da. ¿De qué manera los movimietos y organizaciones sociales, así como las políticas pueden arrebatarle la noción de paz al Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos, que pareciera ser una paz excluyente que no plantea grandes reformas para resolver los problemas estructurales del país y del campo?
CJ. Pienso que la paz estructural, la paz con justicia social, es la que está trazada aquí en la Cumbre Agraria. Si se revisan estos 8 puntos de la agenda de negociación con el Gobierno, son puntos de carácter estructural que implican política pública transformadora, no sólo para el campo sino para todo el país. La Cumbre Agraria tiene el potencial para contar ya con una agenda conjunta, de aglutinar sectores campesinos, indígenas y afros, pero le queda el reto de coordinar la movilización. Sólo la acción de la movilización va a lograr que alcancemos una paz con justicia social, incluyente y que tenga en cuenta la agenda que se está proponiendo desde la Cumbre Agraria.

 


 

* Coordinador de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina a nivel nacional; integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra.

** Los puntos que trata la agenda son: 1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial; 2. La economía propia contra el modelo de despojo; 3. Minería, energía y ruralidad; 4. Cultivos de coca, marihuana y amapola; 5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia; 6. Derechos sociales; 7. Relación campo-ciudad; 8. Paz, justicia social y solución política.

 

Publicado enEdición Nº 217
¡Indignados!, campesinos, indígenas y afros exigen al Gobierno cumplimiento de acuerdos firmados años atrás

Sí, eran 250 miembros de la Cumbre agraria, campesina, étnica y popular. Sí, se encontraban en el Ministerio de Agricultura y el Incoder. Sí, estaban exigiendo al gobierno nacional que cumpliera los acuerdos que firmaron conjuntamente en el 2014. No, no eran sólo indígenas encapuchados. No, no entraron armados con palos, flechas y papas bomba. No, no tenían la intención de pasar por encima de la ley. ¿Qué pretendían? Hacer cumplir el acta firmada por ambas partes el 13 de mayo del 2014. No, no fue una toma violenta como apareció durante el día en medios de comunicación oficiosos, sino una presencia pacífica permanente exigiendo cumplimiento de los acuerdos firmados en el anterior paro nacional agrario, acuerdos con los cuales el gobierno nacional de Juan Manuel Santos se había comprometido con las comunidades agrarias de diverso tipo.


A las 9:30 de la mañana del 1 de septiembre, en el centro de la ciudad, campesinos, indígenas y afro colombianos hicieron presencia pacífica dentro del Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, buscando ser escuchados y exigiendo el cumplimiento de los acuerdos que se negociaron con la Cumbre agraria. A las instalaciones, quienes eran delegados de la Cumbre, se presentaron como parte de la Guardia campesina, indígena y afro colombiana, sin mayor intención que la de ocupar los edificios para exigir lo acordado.


No obstante, sin tomar reparos, hubo rápida militarización del sector. Ejército Nacional y Policía, especialmente agentes del Esmad, empezaron a hacerse partícipes de la jornada. Tanquetas, patrullas y policías armados con fusiles M16 y Galil demostraban una vez más que la primera reacción del Gobierno está sustentada en la intimidación hacia quienes protestan de forma pacífica antes que la apertura del diálogo.


Al unísono, mientras se militarizaba la zona en que se encontraban manifestando las organizaciones integrantes de la Cumbre, en redes sociales, y luego en medios de comunicación radiales, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri salió a declarar el rechazo total a la presencia pacífica que hacían los miembros de la Cumbre. Además, se difundió la idea sobre el carácter violento de la acción que llevaban a cabo, sugiriendo que habían entrado por la fuerza y que sumado a ello se encontraban armados de "palos y flechas". Para el Ministro sólo fue importante recalcar las malas formas que habían tenido quienes hicieron presencia en el Ministerio, sin mencionar el problema central que motivó la medida de hecho.


Estas acciones de desinformación corresponden a una falta a la verdad ante el país, buscando desprestigiar y quitar legitimidad a las exigencias que desde la Cumbre se hacían en el Ministerio de Agricultura. Es paradójica, incluso, la contradicción de Iragorri, pues apenas se dio inicio a la presencia pacífica y permanente, declaró que "la toma es absolutamente inaceptable, la rechazamos totalmente", para aceptar, pasadas apenas un par de horas, que negociaba con quienes manifestaban, afirmando que no se encontraban encapuchados. Como siempre, por parte del gobierno Santos, primero el pecado y luego el rezo.


En la tarde, se dio inicio a una reunión entre el Ministro de Agricultura con una comisión política de la Cumbre Agraria, además de Todd Howland y Fabricio Hochschild, Alto Comisionado de las Naciones Unidas. El intento de negociación estuvo sustentado en seis puntos. 1. Rendición pública de cuentas por parte del Gobierno nacional (Presidente de la República, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior, Ministerio de Minas y energía y Departamento Nacional de Planeación) sobre el estado de cumplimiento en los acuerdos consignados en acta 13 de mayo de 2014. 2. Retiro del proyecto Zidres del trámite legislativo en curso y concertación con Cumbre, incluida veeduría nacional e internacional. 3. No presentación del proyecto de Ley de Desarrollo Rural Integral. 4. Inmediato cumplimiento de los acuerdos del acta del 13 de mayo de 2014. 5. Respuesta a las propuestas presentadas por Cumbre Agraria. 6. Definición conjunta entre Gobierno y Cumbre de la ruta para la negociación del pliego presentado. Incluidos tiempos, metodología, mecanismos de implementación, seguimiento y veeduría nacional e internacional.


Durante la negociación, la comisión política negociadora de la Cumbre daba cuenta de cómo, tras meses de firmados los acuerdos, el Gobierno no había llegado a cumplir siquiera el 10% del total de proyectos existentes con las comunidades y organizaciones que se habían movilizado 2 años atrás. Así, después de cerca de 10 horas de diálogo, el Ministro Aurelio Iragorri se comprometió con los voceros presentes a instalar mesas de trabajo con el fin de darle viabilidad a los proyectos que desde la Cumbre se proponen. Como garantía para la negociación estuvo la entrega de los edificios.


De esta manera, el cese de la presencia pacífica dentro de las instalaciones del Ministerio de Agricultura y el Incoder es una muestra clara en la disposición que tiene la Cumbre en su totalidad por avanzar en acuerdos con el gobierno nacional.

Rueda de prensa: ¿Por qué estamos agro-indignados?

Durante este mismo día, en la Plaza de los artesanos en Bogotá, se llevaba a cabo la rueda de prensa oficial de la Cumbre agraria, campesina, étnica y popular. Los voceros encargados fueron Robert Daza, perteneciente al Congreso de los Pueblos y el Coordinador Nacional Agrario; Luis Fernando Arias, vocero y consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic; Luz Perly Córdoba, vocera de la Marcha Patriótica y José Santos Caicedo del Proceso de Comunidades Negras, PCN.


La rueda de prensa tuvo como eje central un llamado al país sobre las acciones que llevaría la Cumbre agraria entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre en lo que se ha denominado jornadas de indignación. Además, explicaron las razones por las cuales el campo se moviliza, centrándolas principalmente en los paulatinos incumplimientos de los acuerdos pactados con el Gobierno luego de los paros y movilizaciones del 2013 y 2014. Afirmaban los voceros, que luego de casi 18 meses de suscritos los acuerdos y tras reuniones con la Presidencia y los respectivos ministros, existe un estado permanente de incumplimiento basado en una ausencia de discusión con respecto al pliego único de negociación que tiene la Cumbre.


Además, según las vocerías, el Gobierno ha impulsado de manera progresiva políticas que no favorecen al campo y que, además, no se han discutido con las comunidades, como son el caso de la Ley Zidres, el Plan Nacional de Desarrollo y el estatuto rural, sumado a una situación crítica de derechos humanos, todo lo cual genera desconfianzas respecto a la verdadera voluntad que ánima al actual Gobierno. Es por ello que en general para la Cumbre ya no existe una credibilidad en cuanto a las soluciones que propone el presidente Juan Manuel Santos y sus ministros, entendiendo que las mesas de negociación suelen dilatar más que resolver las problemáticas que afectan a los pobladores del campo. Es por esta razón que las protestas que están en curso pueden asumirse como antesala de un gran paro nacional de cara al 2016, con una perspectiva de unión entre el campo y la ciudad.

¡Del campo al campus!

Al mismo tiempo que en el centro de Bogotá era palpable la presencia de indígenas, campesinos y otros sectores sociales, a la Universidad Nacional iban llegando delegados de iguales sectores para abrir diálogo con la comunidad universitaria. La cotidianidad de la Universidad esta vez abrió los oídos ante saberes no forjados en las rígidas paredes de la academia; ahora, pasillos, aulas y cafeterías se llenaban de las experiencias recogidas durante años por personas y organizaciones sociales y políticas compartiéndolas y poniéndolas a disposición de estudiantes, que les acompañaron en los recorridos por las facultades.


El intercambio de voces no sólo sirvió para conocer la profunda problemática que atraviesa el campo colombiano, y las razones por las cuales se llevan a cabo las jornadas de indignación durante esta semana por parte de la Cumbre agraria, campesina, étnica y popular, sino que también tuvo lugar la pregunta por el papel de la Universidad en los conflictos sociales existentes en el país. Por ello, en la tarde, en la Plaza Ché, fue lanzada la cátedra sobre pensamiento emancipador, evento ambientado por música de chirimía, baile y almuerzo conjunto. ¡Del campo al campus! La palabra en la universidad pública más importante del país había sido tomada

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Docentes regresarán a clase el lunes 11 de mayo

Tras dos semanas de paro, múltiples protestas y la conmoción que produjo en todo el país su cese de actividades, la junta directiva de Fecode firmó al amanecer del jueves 7 de mayo el principio de acuerdo que recoge logros, pero también promesas oficiales. Entre el 7 y el 8 de mayo los docentes realizarán por los distintos colegios jornadas de información sobre lo acordado. El 11 regresarán a clases.

 

A la 1:30 de la madrugada del jueves 7 de mayo, la junta nacional de la Federación de Educadores terminó la cesión de debate en la que aprobó cada uno de los puntos del principio de acuerdo que habían adelantado con el Gobierno. Nivelación salarial, modificación de la evaluación por competencias, mejoramiento en la prestación del servicio de salud y bienestar.

Luego de nueve horas de discusión en las que se presentaron problemas de desinformación por parte de los medios de comunicación, al notificar "conflictos internos" dentro de la junta directiva, los delegados de los distintos sindicatos regionales lograron ponerse de acuerdo; ahora esperan la reacción de los docentes distribuidos por toda la geografía nacional, algunos de los cuales no esconden su malestar con lo firmdo por la dirección de la Federación.

 

Lo acordado

 

En lo referente a la nivelación salarial, según el documento final, se confirmó que quedará establecido en un 12 por ciento y que los primeros 10 puntos porcentuales deberán ser asignados durante los próximos cuatro años, de la siguiente manera: "Dos puntos en el 2016; dos puntos en el 2017; tres puntos en el 2018 y tres para el 2019", adicionales al incremento salarial de ley anual que se decreta para los empleados estatales.

Por su parte, los educadores del escalafón 14 recibirán una bonificación anual equivalente al 10 por ciento de su asignación básica mensual. Durante el 2016 y 15 por ciento para el 2017. Y para los etnoeducadores se establecerá una comisión para poder equilibrar su remuneración con los decretos anuales de salario.

El punto que resultó ser el más difícil de consensuar durante la noche del miércoles fue el de la evaluación por competenticas, sin embargo, finalmente quedó establecida la aprobación de una Evaluación diagnóstico formativa como requisito de ascenso y reubicación para los docentes de 1278 de 2002, con las modificaciones realizadas por Fecode, en la que los profesores que no han logrado asenso de grado o reubicación salarial –habiendo participado en procesos de evaluación por competencias–, tendrán la oportunidad de presentar la nueva evaluación con la posibilidad de tomar cursos de capacitación de no llegar a aprobarla y luego de eso poder volver a presentarla en la siguiente convocatoria.

El comunicado afirma que la primera evaluación diagnóstica se realizara la tercera semana de septiembre del 2015 y que las capacitaciones estarán a cargo de facultades de educación de reconocida idoneidad. "En adelante, y mientras se consensua un Estatuto Único Docente, los educadores cobijados por el estatuto 1278 de 2002 deberán presentar esa evaluación diagnóstica formativa", aclaró la Federación en el comunicado.

En salud, para garantizar la mejora de la calidad del servicio, será creada una figura del Defensor del Usuario y se tomarán otras medidas para velar por el funcionamiento de la entidad.

En cuanto al regreso a clases, el presidente de la Asociación Distrital de Educadores –ADE–, afirmó que serán hasta el día lunes 11 de mayo debido a que este jueves y viernes se realizarán actividades informativas en los colegios. "Hoy (jueves) realizaremos reuniones en los colegios para leer el documento final, el día de mañana (viernes) hay circuitos en los diferentes colegios a partir de las 10 de la mañana y el lunes será el recibimiento de los estudiantes en los planteles educativos", confirmó William Agudelo.

Por lo pronto, los campamentos de los docentes que estaban establecidos en la sede de la Universidad Nacional y otros lugares del Distrito, ya fueron levantados esta madrugada y los maestros/as de otras zonas del país ya salieron para sus respectivas regiones.

 

Universidad Nacional también levanta el paro

 

Luego de cinco horas de conversaciones en la Defensoría del Pueblo, directivas y trabajadores de la Universidad Nacional llegaron a un acuerdo para terminar con la protesta que habían iniciado el 13 de abril

"Se termina la asamblea permanente de los trabajadores, en espera del cumplimiento. Solamente esperamos que con el cronograma que se plantee desde acá la Universidad termine cumpliendo con lo pactado en los acuerdos de 2013", señaló Jaime Salamandra, representante de los trabajadores quien confirmó que esta misma noche se levantará la carpa en la que permanecían desde hace varias semanas en el campus universitario.

"Los trabajadores se comprometen a que inmediatamente levantan el paro y levantan toda la situación de anormalidad en la Universidad, nosotros como Universidad Nacional vamos a hacer un ajuste al calendario para que los estudiantes puedan culminar su semestre de la mejor manera y adicionalmente nos comprometemos a que no ejerceremos ningún tipo de represalias", dijo el vicerrector Diego Hernández.

El viernes habrá una reunión de las partes con la comisión que verificará los acuerdos. "Nosotros vamos a hacer esa verificación, daremos las conclusiones y a partir de ahí diremos cuáles puntos se han cumplido y cuales no y la Universidad se compromete a que si hay puntos por cumplir automáticamente despliega las acciones necesarias para honrar ese compromiso", dijo el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora.

 

El texto completo del acuerdo lo puede consultar en el enlace:

http://tribunamagisterial.co/acta-de-acuerdos-fecode-gobierno-nacional-mayo-7-de-2015/

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Fecode y Gobierno llegan a principio de acuerdo

Dirigentes delegados por el magisterio a la negociación con el Gobierno aceptan propuesta de un reajuste salarial del 12 por ciento y mantener evaluación por competencias con modificaciones, mientras que discuten si levantan o continúan con el paro. Lo que puede entenderse como un pre-acuerdo desató intenso debate al interior del gremio educador.

Luego de diez horas de diálogos entre el Gobierno y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), a las dos de la madrugada de este miércoles 6 de mayo, la ministra de educación Gina Parody y el Defensor del Pueblo informaron a la opinión pública del preacuerdo alcanzado sobre las demandas que motivaron el paro de los docentes. Solo falta la última palabra por parte de Fecode –su Junta Nacional– para terminar con el paro.

Entre lo acordado se encuentra el tema del incremento salarial, que quedó definido finalmente en un 12 por ciento.

Y se planteó, además, una fórmula para el cierre de la brecha salarial que consiste en aumentar los salarios de los etnoeducadores y otorgar una bonificación anual para los maestros que pertenezcan al escalafón 14, es decir aquellos que llevan el mayor tiempo de trabajo y que cuentan con más experiencia.

Según comunicado de la Federación, tanto el Gobierno como Fecode acordaron sentarse nuevamente en dos años para retomar la discusión y establecer el alcance del tope correspondiente.

En cuanto a la evaluación docente, se aceptó mantenerla como requisito de ascenso pero con modificaciones en la forma, de esta manera, se garantizaría, "la movilidad en el escalafón para todos los docentes del estatuto 1278", según afirma el comunicado del Magisterio.

Sobre el tema del sistema de salud docente, se acordó que cambiaría el sistema de selección de las entidades prestadoras del servicio médico-asistencial, de manera que se controle y aseguren los términos para su prestación.

De igual manera, se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo el artículo con el cual la Nación concurre con los entes territoriales para el pago de deudas laborales; así mismo, éste garantiza la gratuidad educativa, dotación, alimentación e infraestructura para las escuelas.

Se espera que la Junta Directiva de la Federación termine de socializar y analizar el principio de acuerdo al final del día miércoles para que pueda ser firmado el documento final. Solo así, podrá darse por terminado el paro que hoy cumple 15 días. Por lo pronto, el defensor del pueblo Jorge Armando Otálora celebra este resultado entre las partes y confía en que durante la jornada se anuncie oficialmente el levantamiento de la protesta, mientras que el presidente de la Federación, Luis Grubert, aclaró en su último informe que "Hasta hoy tenemos avance pero no hay acuerdo hasta no se pase por la Junta Nacional".

 

 

Inconformidad en las redes sociales

Luego de que la Federación de educadores difundiera en sus redes sociales los puntos acordados en la mesa, los comentarios de inconformismo sobresalieron, sobre todo los de aquellos maestros que hacen parte del estatuto 1278, que cubre a los docentes que empezaron a ejercer su profesión desde el 2002, y que no se sienten beneficiados con lo decidido por la Junta Directiva de Fecode.

"En nada me beneficia, ni a mi ni a ninguno de mis compañeros del 1278. Creímos en ustedes, confiamos en que de verdad lucharían por nuestro estatuto, pero una vez más nos han dejado a un lado", comentó Liliana Arguello en la página de Facebook de la Federación, luego de que ellos publicaran el acuerdo.

"Según los comunicados emitidos por Fecode, no estamos de acuerdo. Usted muy bien sabe la situación del 1278. Queremos que gane el magisterio, no el gobierno", opinó el usuario guzzie19 en la cuenta de Youtube de la Federación. (Escuchar último informe de Fecode)

 

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Docentes y otros trabajadores del Estado en vísperas de paro nacional indefinido

Con el 22 de abril llega la hora cero declarada por Fecode y los trabajadores del Estado en Colombia, para darle partida a un paro nacional en defensa de sus derechos. Los docentes saldrán a la calle por la defensa de la educación pública, reajuste salarial, defensa de su régimen de salud, entre otros aspectos. Salarios, carrera administrativa, Plan Nacional de Desarrollo, son aspectos claves de las reivindicaciones defendidas por los trabajadores del Estado.

Desde el pasado lunes 13 de abril, Fecode, junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación General de Trabajo (CGT) y las Federaciones de trabajadores estatales adscritas comunicaron, con cantos y arengas, en un plantón realizado frente al Palacio de Nariño, el futuro paro indefinido que iniciará este miércoles 22 de abril.

El paro fue acordado debido a la falta de soluciones a las peticiones presentadas por la Federación de educadores el 26 de febrero, de modificar el Plan Nacional de Desarrollo en lo referente al nivel salarial de los trabajadores, la atención a la primera infancia para cumplir el preescolar de tres grados y al sistema de salud para el magisterio y sus familias.

Luis Pedraza, presidente de la CUT, comentó por su parte la necesidad del incremento salarial para el sector estatal "debido a que para la presente vigencia fiscal se contempló en el presupuesto el 3,6 por ciento para los salarios del sector, lo que es equivalente a la inflación causada para este año. Lo cual es absolutamente precario", opinó Pedraza.

Gobierno sin voluntad de concertación. "El viceministro del Trabajo, Enrique Borda, le ha dicho a las centrales y federaciones que la definición de lo presupuestal y lo salarial la hace el Ministerio de Hacienda. Así ha transcurrido todo, pasándose la responsabilidad de una dependencia a la otra, sin que nadie dé respuestas concretas", comentó en reciente comunicado la Fecode.

Las peticiones por parte de las diferentes centrales y confederaciones de trabajadores, así como de Fecode no han sido atendidas, por lo que el sector cree que las conversaciones entre ellos y el Gobierno se encuentra en un momento crítico. "Ya llevamos varias sesiones en las cuales hemos abordado el tema de las plantas de personal, carrera administrativa, el tema económico y salarial, y el Plan Nacional de Desarrollo. Encontramos que no hay una respuesta a las exigencias de las centrales obreras y las federaciones estatales", comentó Alberto Vanegas, directivo de la CUT.


Este tipo de respuesta no es nueva ni sucede solamente con estos gremios. Campesinos, pequeños mineros y otros sectores sociales colombianos denuncian que el actual Gobierno ha impuesto un método de dilación que pasa por la aparente atención de problemas, atención que nunca trasciende, ni incluso cuando firman compromisos, pues siempre está dispuesta a irrespetarlos. De ahí que la calle parezca ser la única alternativa para todo sector que pretenda unas mejores condiciones de vida para ellos o para el conjunto del país.

Ante estas circunstancias, las centrales de trabajadores CUT, CTC y CGT, realizan el martes 21 de abril un Comité Ejecutivo que busca "concretar las actividades que realizarán durante toda la semana a nivel nacional", comentó Luis Pedraza, presidente de la CUT.

 

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Lunes, 13 Abril 2015 19:34

La educación en cese de actividades

La educación en cese de actividades

Desde el lunes 13 de abril los trabajadores de la Universidad Nacional están en paro. El sindicato promotor del cese de actividades aclara que no se trata de un conflicto nuevo, sino del resultado de irregularidades presentadas en el cumplimiento de los acuerdos pactados el 20 de septiembre de 2013, firmados tras un paro de más de cuatro semanas.


Por medio de un comunicado de prensa, el Comité Pro-mejora salarial aclara a los medios de comunicación, estudiantes y comunidad en general, que el paro declarado a partir del lunes 13 de abril, no se trata de una medida para pedir aumentos en el salario, sino de una presión para concluir con los conflictos que no han podido solucionarse desde el 2013.


Según el comité, el aumento salarial fue decretado desde el 1 de enero de 2014, sin embargo no se concretó de manera efectiva, "Se dejó sin aumento a 60 profesores del colegio Iparm y a 75 trabajadores oficiales que realizan labores de mantenimiento". Aunque estos incrementos quedaron pendientes, las autoridades del centro de estudio si aprovecharon la declaración de aumento salarial para hacer efectivo el incremento de sus ingresos, beneficiándose del mismo el rector Ignacio Mantilla y todo el cuerpo directivo y asesor.


Además, informa el sindicato,139 cargos de libre nombramiento y remoción no fueron reconvertidos a carrera administrativa como se había comprometido la Institución al momento de la negociación del anterior cese de labores, y se siguen otorgando cargos a dedo, señalaron. Lo que más les preocupa de este punto, es que los contratos de los administradores de justicia disciplinaria de la Universidad son de dicha modalidad, por lo cual, dependen directamente del rector, quitándole independencia al ente.


Toda esta situación se torna en un contexto de malestar por la reelección de Mantilla, "corresponde a la más descarada expresión de la antidemocracia y de la política gubernamental que pretende hacer estallar nuestra Institución desde adentro, con actos de despilfarro y desgreño de los recursos de la Universidad, como los que han venido cometiendo Mantilla y el vicerrector Hernández, lo que se convierte en un acto oprobioso que agravia aún más a una comunidad burlada por el gobierno nacional", afirmaron.


Finalmente, resaltaron que están en total disposición para encontrar soluciones por medio del diálogo, pero al mismo tiempo rechazan la "criminalización que están haciendo los vicerrectores (Jorge Iván) Bula y (Diego) Hernández del movimiento de Trabajadores".


Docentes en paro indefinido


"Ehh ohh, paro nacional, ehh ohh todos a marchar", canta la Asociación Distrital de Educadores (ADE), luego del anuncio oficial del 22 de abril como el día para iniciar el paro indefinido por parte de los docentes agremiados en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode.
Ya han trascurrido 44 días intentando acuerdos pero, según Luis Grubert, presidente de Fecode, "no hay un solo punto en el que podamos decir que hay avance" por lo cual, este lunes realizaron un plantón frente al Palacio de Nariño, donde llevaran puesto tapabocas para pedirle al presidente Santos que él mismo negocie con los educadores.


La invitación del magisterio para que se unan al paro se extiende a los padres de familia, los estudiantes, la Mane. Mientras esto sucede, la Central Uitaria de Trabajadores y los sindicatos estatales ya anunciaron el acompañamiento a este nuevo conflicto laboral que se cierne sobre el país.

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Viernes, 20 Marzo 2015 18:02

Camioneros vuelven a las carreteras

Camioneros vuelven a las carreteras

En la madrugada del 19 de marzo el Gobierno Nacional y los gremios camioneros firmaron los acuerdos y levantaron el paro que inmovilizó miles de camiones durante 24 días. Fueron el alza en los precios de los alimentos y los inconvenientes en el transporte de mercancía lo que le confirmó a los incrédulos que el tal paro sí existía.


Desde el 23 de febrero los camioneros asociados en la ATC, la ACC, la ANT y la CCT, anunciaron la inmovilización de sus vehículos, acción de fuerza con la cual buscaban que el actual Gobierno aceptara sus propuestas para solucionar los problemas que aún los aquejan.


El 18 de marzo se cumplieron 24 días de inmovilización. Ese día, en una reunión –que terminó en la madrugada del 19–, con la ministra de Transporte, Natalia Abello, el ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón y el superministro de Presidencia, Néstor Humberto Martínez, las partes firmaron los acuerdos.


Era una firma esperada por diversos sectores de la sociedad colombina, sobre todo por los efectos ya evidentes en el abastecimiento de algunas ciudades con productos del campo, así como de materias primas para la menguada industria nacional. Efecto acumulado a pesar de que durante todo el tiempo el Gobierno pretendió minimizar la potencia y la misma existencia del paro. Pero también, porque las conversaciones entre las partes venían desde mucho antes de llegarse a declarar la hora cero para esta parálisis de automotores de carga, interrumpidas por los alargues e incumplimientos del Gobierno con respecto a compromisos anteriores con los caminoneros, como su terquedad para valorar de manera cabal sus demandas.


Se calcula que la inmovilización provocó pérdidas por 6.000 millones de pesos. Empresas como Mabe –Manizales– tuvieron que cerrar porque no había quién transportara al puerto la mercancía por ellos producia; en ciudades como Pasto y otras se sintió el alza en el precio de los productos del campo, pero, además, la tensión en el orden público llegó a crisparse ante los choques de los caminoneros con el infaltable Escuadrón Móvil Antidistirbios (Esmad) y la orden de última hora de militarizar las carreteras del país, una medida que recuerda que la protesta social está criminalizada. Cuatro tractomulas incineradas y 49 personas detenidas es el saldo trágico de la protesta.


Esas consecuencias, dejan reflexiones con respecto al transporte de carga en Colombia:


Primero, queda en el aire la sensación de desinformación sobre la inmovilización, principalmente porque las noticias de los grandes medios se enfocaron más en las divisiones del gremio de la ACC –luego del anuncio del inicio del paro– que en el porqué, en dónde, etcétera del mismo, buscando en todo momento desvirtuar la iniciativa de los camioneros.


Segundo, ¿qué pasaría si los camioneros, en su totalidad, dejaran de realizar sus actividades? La dependencia de otros sectores económicos del trabajo de los camioneros es evidente, sobre todo porque Bogotá y Medellín, a diferencia de otras capitales y ciudades importantes del mundo, están ubicadas lejos de los puertos.


Tercero, con tantos vehículos de carga, la falta de carreteras de calidad, y los daños ambientales que inevitablemente provocan tantos carros, ¿no será hora de abocar de nuevo, con seriedad y sentido estratégico, el tema del transporte ferreo? Un transporte que, como es conocido, es más amable con el medio ambiente, menos costoso y de mayor capacidad económica. Un transporte necesario de encarrillar, tanto para movilizar carga como para facilitar y abaratar la movilidad de miles de persona pero también, para que lo público prime de nuevo sobre lo privado y el interés inmediato de los comerciantes.


Los acuerdos


Según el acta firmada por las partes, será creada una comisión permanente integrada por expertos en "materia de logística, multimodalidad y prestación del servicio de carga". En cuanto a las relaciones económicas, la principal petición era el flete mínimo obligatorio, y frente a esta demanda se acordó lo siguiente:


- No se pueden efectuar pagos por debajo de los "Costos Eficientes de Operación", que se encuentran en el sistema de información Sice Tac.
- El Ministerio de Transporte, la Cancillería y las Gobernaciones de Arauca, Norte de Santander, Guajira y Nariño, junto a los gremios transportadores, iniciarán la campaña "Presencia institucional en fronteras", sobre temas de transporte, para establecer el control sobre la operación, las relaciones económicas, la soberanía, etcétera.


Referente al parque automotor, pedían renovar los vehículos y dejar a un lado la vía útil:


- El Ministerio y otras instituciones del Gobierno Nacional garantizarán la política de no implementar la vida útil para el Transporte de Carga en Colombia, dentro del PND 2014-2018.


- El Gobierno mantendrá la política de reposición uno a uno.


- "Para los vehículos postulados de conformidad con la Resolución 4160 de 2008 y 7030 de 2012, el valor del reconocimiento económico se indexará de acuerdo a la variación anual del IPC, para lo cual será emitido el acto administrativo pertinente. Será reconocida la indexación por IPC desde el año siguiente a la fecha de expedición de la resolución 4160 y se llevará a valor presente"


Otro aspecto de los demandado por los transportadoes de carga, el precio de la gasolina, y la garantía por parte de Ecopetrol para brindar contratos a los caminoneros para el transporte de hidrocarburos, fue abordado así:


- En medio del paro fueron realizadas múltiples reuniones. El acuerdo logrado recuerda que, luego de la reunión del 10 de marzo con Ecopetrol, el Ministerio de Transporte y el de Minas y Energía, para revisar los contratos que tienen con terceros, se continuarán reuniones con las empresas contratistas de la petrolera y pequeños transportadores, las cuales estarán en seguimiento por parte del Grupo de Logística y Carga del Ministerio de Transporte.

 

- A más tardar el 19 de abril será realizada una reunión con Ecopetrol, el Ministerio de Transporte, el de Minas y de Hacienda para evaluar la posibilidad de refinar y comercializar el combustible para abastecer el sector de transporte público a través de la Reficar. Dice el acta, "proceso que se realizará con la fórmula Colombia". Es decir, se continuará con la forma de calcular el precio de la gasolina.


La pensión a 20 años de trabajo por el bienestar y la salud de los conductores que se ven expuestos a diversos climas, horas de trabajo, y sustancias químicas. Sobre este aspecto el acuerdo dice:


- Evaluar los estudios existentes para determinar si se presentaron las condiciones técnicas para justificar la propuesta de pensión especial, y en tal sentido promocionar un proyecto de ley.


- El próximo 27 de marzo será revisado un proyecto de decreto que permita la afiliación y la autoliquidación para el pago por parte de los conductores propietarios de vehículos de carga al Sistema General de Riesgos Laborales.


- Se revisarán alternativas reglamentarias para que la base de liquidación sobre la cual cotizan a seguridad social los conductores propietarios de vehículos de carga permita reducir los costos que se generan de la ejecución de la actividad. Las alternativas se incluirán en el PND.
- El Ministerio de Transporte promoverá líneas de crédito en el Fondo Nacional del Ahorro, y con el Ministerio de Vivienda gestionarán un programa especial para el gremio.


También fueron acordados otros puntos referentes a temas operativos, exactamente una lista de 18 puntos será examinada en los próximos treinta días.
Fue así como el paro terminó. A pesar de que el Gobierno intentó evitarlo con la rebaja de $300 pesos en el precio del galón de gasolina, su maniobra no lo rompió. Sin duda, el paro demostró de nuevo la importancia de este sector en Colombia. Sin embargo, pese a lo que lograron, como el referente mínimo de pago, queda la sensación de que en materia de combustible el Gobierno puede escabullirse y dilatar como lo ha hecho hasta ahora, muy a pesar de los acuerdos firmados, lo que sería materia suficiente para un nuevo paro.

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Paros, negociaciones y otros conflictos en ciernes

Los paros y protestas de diferentes sectores sociales, son el pan diario de la realidad colombiana, expresión meridiana que las solicitudes respetuosas, pliegos, concertaciones, poco operan. La "democracia" funciona pero por acción popular directa. Aquí, una breve radiografía de lo que está en curso.


Sindicato petrolero saldrá a paro antes del 26 de marzo


Como desaprobación de los 600 trabajadores despedidos del Instituto Colombiano de Petróleo (ICP) en Barrancabermeja, la Unión Sindical Obrera (USO) determinó llevar a cabo un paro nacional petrolero para antes del 26 de marzo, día en que se reunirán los accionistas de Ecopetrol para recibir el informe del presupuesto anual y conocer las inversiones de la estatal petrolera para este año.


Otra de las razones esgrimidas por el sindicato para el anunciado paro es el rechazo a la posible privatización de la empresa, plasmada en el Artículo 241 del Plan Nacional de Desarrollo que acaba de presentar el gobierno Santos al Congreso de la República, intención que el Ministro de Trabajo negó así*: "No es cierto que desde el Ministerio tengamos la intención de privatizar Ecopetrol, les hemos dicho: discutamos junto con el Ministerio de Minas, Hacienda y Planeación y evitemos el paro".


En cuanto a los despidos masivos realizados por Ecopetrol, Garzón afirmó que no ha firmado solicitudes formales de autorización para ejecutar los despidos colectivos. A lo que la USO responde que la postura del Ministro justifica la masacre laboral, debido a que [...] omite el contexto laboral en relación a la tercerización e informalidad laboral que no permite bajo la premisa de la temporalidad terminar masivamente los contratos de trabajo, y no tiene en cuenta la Ley 50 de 1990 en su artículo 67, que plasma la protección en caso de despidos colectivos y el requerimiento de la solicitud de autorización previa del Ministerio de Trabajo".


Por lo pronto, la Unión Sindical lleva a cabo reuniones para concretar la fecha exacta en la que desatará el paro, mientras continúan los despidos masivos de los trabajadores petroleros en las instalaciones de la Icp y en plantas como las de Pacific Rubiales Energy en el Meta.


Corteros de caña y el ingenio Risaralda firmaron acuerdo


Desde el lunes dos de marzo los corteros de caña de La Virginia anunciaron que dejarían sus actividades por la falta de la formalización de su trabajo, por el privilegio que el Ingenio le estaba dando al corte de caña mecánico y el despido de corteros afiliados a los sindicatos, más la discriminación que estos estarían sufriendo dentro de la empresa.


Tras tres días de protesta y luego de la violenta arremetida del Esmad en la madrugada del día 3 que dejó varios lesionados entre los corteros, entre ellos uno en estado de coma, en la madrugada del cinco de marzo se firmaron los acuerdos entre el Ingenio y los trabajadores en paro, por lo cual, regresó la tranquilidad a la zona. Luis Pedraza, presidente de la Cut y miembro de Sintrainagro, le dijo a desdeabajo que se logró la formalización laboral y que frente a la mecanización del corte de caña "Se acordó un sistema de asignación de tareas que no discrimine a los trabajadores sindicalizados, porque les estaban asignando porciones de corte que no les garantizaban más de 40 mil pesos semanales [...]".


Dijo Pedraza, que "[...] lograron el reintegro de cinco trabajadores que habían sido despedidos en el mes de diciembre del año pasado, por actividades de carácter sindical. Y la empresa se comprometió a participar conjuntamente con el sindicato y el viceministerio del trabajo en una reunión en la que se establecerá la seguridad jurídica para el cumplimiento de los acuerdos y el sistema administrativo y jurídico que se implementará para hacer efectiva la transición de contratos de término fijo a contratos directos y de manera indefinida". Agregó que en un término de dos meses y medio debe finiquitarse la formalización.


Otro de los temas que fueron abordados concierne con la situación de Carlos Ossa Trejos, trabajador en coma luego de los enfrentamientos entre el Esmad y los protestantes. Medios de comunicación señalaron que fue un machetazo en la cabeza lo que le provocó ese estado, pero Pedraza le dijo a desdeabajo que fue un gas lacrimógeno que le cayó en la cabeza.


"La empresa y el sindicato conjuntamente con el Ministerio (Trabajo) harán las respectivas acciones para que el compañero obtenga una pensión por invalidez. Y además el Ingenio se comprometió a asignar una cuantía económica de carácter humanitario para ayudar a la familia del trabajador", afirmó Pedraza.


Resaltó el presidente de la Cut que los trabajadores aseguran que miembros del Esmad estaban dotados con machetes, "estamos investigando quién les asignó esa herramienta [...] con la que lesionaron a algunos trabajadores", agregó.


Los camioneros siguen varados


Desde inicios del mes en curso estaba anunciado que los camioneros volverían a sentarse en la mesa de negociaciones con el Ministerio de Transportes en Bogotá. Aunque, según un comunicado de la ATC, ya se han logrado cosas aún no se ha acordado uno de los puntos más importantes en materia económica: el establecimiento de un flete mínimo.


El gremio afirma que el Ministerio no tiene las herramientas ni el apoyo requerido para darle solución a sus problemas, por lo cual la inmovilización de camiones continúa.


Día decisivo para los pequeños mineros


Luego de varias mesas de trabajo entre representantes del Gobierno y los líderes de pequeños mineros, largas jornadas de discusión sin acuerdos palpables, se acordó que la fecha para definir los acuerdos será el 6 de marzo.


Los pequeños mineros esperan que a esta cita sí lleguen los ministros de Ambiente, Defensa y el presidente de la Agencia Nacional de Minería. Se rumora que aún hay grandes diferencias entre las partes y que si las mismas no encuentran canales efectivos para ser solucionadas las calles será el recinto que ahora llenaran hombres y mujeres que buscan en el subsuelo y los ríos su sustento.


Tensiones y problemas venideros


En el norte del Cauca continúa la tensión entre los indígenas y el Esmad. Los enfrentamientos bajaron en intensidad, el Esmad redujo sus provocaciones, pero la exigencia de tierra y respeto a sus derechos humanos por parte de los indígenas no encuentra solución efectiva.


Debe recordarse que "la liberación de la madre tierra" en las haciendas Granadita, García arriba, Miraflores y Quebradaseca, donde están los cultivos del ingenio azucarero Manuelita, han causado por lo menos 75 heridos.


Empresas de energía


Mientras tanto, el tema de Isagen, con el anuncio del Ministro Cárdenas de sacarla de nuevo a subasta pública, volvió a la palestra nacional. Un bien estratégico de inmensa importancia para el país, empresa propietaria de embalses y generadoras de energía en diversos departamentos del país, así como propietaria de extensos terrenos de reserva natural, autosuficiente y rentable, se disponen a venderlo para financiar las llamadas vías de 4 Generación (4G), o como dicen en la calle "plata para sus socios y amigos", una acción demencial que desnuda el carácter del Gobierno y del régimen político encabezado por Juan Manuel Santos.


Desde el 4 de marzo y hasta el miércoles 15 de abril se hará la precalificación de los candidatos a quedarse con una de las empresas más importantes del país. Con el anuncio su acción reaccionó al alza en la Bolsa de Valores en la sesión del día 4 de marzo.


Al mismo tiempo y desde hace varias semanas, con la solicitud de atributos especiales para reforma la estructura del ente administrativo de la capital paisa, crecen los rumores sobre la intensión de privatizar una parte de las Empresas Públicas de Medellín, la empresa más querida por los pobladores de Medellín. La tensión crece en ese territorio y desde ahora diversas organizaciones y equipos humanos preparan demandas para impedir que esto suceda. Alternativas como un Cabildo Popular para discutir tal posibilidad, se barajan en diversos espacios de la ciudad.


¿Será que bajo el manto de la paz posible Santos logrará sacar adelante la agenda neoliberal impuesta por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos –Ocde?

 

*Entrevista realizada recientemente en el programa "Pregunta a Yamid", http://youtu.be/VP0cgzjo-nU

 

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USO instala carpas de resistencia en la entrada del ICP de Bucaramanga

Trabajadores se organizan en carpas a las afueras del Instituto Colombiano de Petróleo de Bucaramanga en busca de respuestas, luego de que Ecopetrol prohibiera su entrada a las empresas donde laboraban por participar en la movilización social del pasado 17 de febrero. Junta directiva nacional de la Uso convoca a paro nacional.

 

Han pasado 14 días luego de que Ecopetrol señalara ante el Ministerio del Trabajo la prohibición del ingreso de trabajadores y líderes sindicales a las empresas Tip y Pexlab donde laboraban. Por su parte desde el sábado 28 de febrero los trabajadores decidieron instalar carpas a las afueras de la sede del Instituto Colombiano de Petróleo (Icp) de Bucaramanga, a la espera de que su ingreso vuelva a ser permitido.

 

La prohibición del ingreso a los trabajadores fue decidido luego de que Ecopetrol determinara ante el Ministerio del Trabajo como "acto de sabotaje" la realización de la marcha del 17 de febrero protagonizada por los trabajadores para expresarse en contra de la terminación de los contratos laborales entre el Icp y las firmas Tip y Pexlab, que dejó sin empleo a 557personas., medida que hace parte del plan de ajuste de Ecopetrol para el 2015 con el cual busca reducir costos debido a la crisis petrolera que enfrenta el país, y que pocas semanas ya causó más de 600 despidos.

 

Un comunicado divulgado por Ecopetrol indicó que con la empresa Tip el contrato se inició el 10 de julio de 2012 y con Pexlab el 13 de agosto de 2012. Ambos compromisos vencían originalmente el 30 de noviembre de 2014. "Las partes habían acordado a finales de noviembre del año pasado ampliar el plazo hasta el próximo 31 de marzo", reza el boletín de prensa.

 

Sin embargo, solo el 27 de febrero los trabajadores de las contratistas se enteraron de la terminación de sus contratos de operación de laboratorios y plantas piloto que prestaban al Icp.

 

En estas circunstancias, y ante esta realidad, más de 800 trabajadores de las empresas Tip y Pexlab se encuentran por fuera de las instalaciones mientras llevan a cabo acciones de tutela en contra de la petrolera colombiana, según cuenta el director de la Unión Sindical del Petróleo Edwin Castaño, quien indica que la determinación de Ecopetrol violenta el derecho a la protesta social: "Esperamos que las autoridades, el ministerio público y el Ministerio del Trabajo garanticen el ejercicio del derecho de la manifestación pública y la protesta en los términos de la Constitución y la ley", agrega.

 

¿Seguirán despidos?

 

Según el portal Inteligencia Petrolera, "Ecopetrol ejecuta contratos con cerca de 4.000 contratistas que ascienden a un monto de 19 billones de pesos al año". Por su parte, Andrés Mantilla, director del Icp, afirma que los ajustes presupuestales de Ecopetrol obligan a finalizar los contratos de operación de los laboratorios, teniendo en cuenta que la entidad operará durante este año con menos de la mitad de los recursos financieros que requiere. "Hay dos contratos con dos empresas que emplean a unas 600 personas que no se renovarán a partir del 31 de marzo", enfatiza Mantilla.

 

Afirmación que resulta preocupante teniendo en cuenta que el Icp provee soluciones tecnológicas y científicas a Ecopetrol, lo que implica colocarle límite a los avances tecnológicos que estas empresas desarrollan para la estatal colombiana, lo que pudiera traducirse en graves consecuencias para el desarrollo de la investigación en materia de hidrocarburos.

 

Se avecina paro nacional

 

La crítica situación por la que está pasando el sector obrero de los hidrocarburos, es para la Uso solo un inicio de lo que será "una masacre laboral sin precedentes". Por lo que la junta directiva nacional del sindicato petrolero planea convocar una reunión el próximo jueves cinco de febrero en Barrancabermeja para determinar la fecha para una movilización a nivel nacional que tendrá como hoja de ruta, inicialmente, la problemática de despidos masivos, la posible venta de una parte de Ecopetrol y las medidas que están aplicando las empresas que "desmejoran las condiciones de los trabajadores en sus trabajos y su calidad de vida".

 

Este último hace referencia especialmente al caso de los trabajadores de las entidades de servicio –vigilancia, mantenimiento, manipulación de alimentos, entre otras– que se encuentran con contratos tercerizados y que contaban con salarios legales un poco más arriba del mínimo", alza obtenida gracias a la movilización trabajadora en 2007", según cuenta Castaño, pero que recientemente Ecopetrol ha determinado rebajar al salario mínimo.

 

"El 20 de marzo se vencerán los contratos que se rigen por el antiguo salario. Pero en el caso de que ese mismo personal continúe, entrarían a laborar con un salario más bajo, afectando alrededor de 12 mil trabajadores", explica Castaño.

 

Por lo pronto Mariano Cabanzo, director de la Uso Bucaramanga, advierte que podría venirse una huelga de trabajadores tercerizados a nivel nacional "El Icp fue denominado el cerebro de Ecopetrol porque todos los proyectos de exploración salen de aquí a los diferentes campos. Pero esta también será la punta de la lanza para la gran resistencia de los tercerizados que realizan actividades misionales en Ecopetrol", concluyó Cabanzo.

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Brasil enfrenta un cuadro especialmente grave

Brasil vive tiempos de tensión creciente e igualmente creciente es la polarización entre gobierno y la verdadera oposición, instalada en los grandes conglomerados de comunicación que obedecen a los intereses de siempre, o sea, de los beneficiados de siempre. Ocurre que esa oposición dispone de un arma efectiva, al contrario de lo que le ocurre al gobierno: la capacidad de manipular y convencer a la opinión pública. La capacidad de los medios brasileños para distorsionar y deformar la información, transformándose en medios de desinformación, es formidable.


Todavía no se llegó al nivel de enfrentamiento existente en Argentina, otro país que padece del mismo mal, para quedarnos en un solo ejemplo de tensión en Sudamérica. Pero de seguir tal como están las cosas (no hay que olvidar que Dilma Rousseff recién cumple dos meses de su segundo mandato presidencial) en poco tiempo las presiones sobre Cristina Fernández podrán ser comparadas a la quietud de un lago austriaco (dicen que son más serenos que los suizos) frente a las que se desplomarán por aquí.


Hay una muy rara huelga de camioneros imponiendo cortes en carreteras, principalmente en el sur del país. Sus exigencias son tan concretas como inviables: quieren rebajas en el precio del gasoil, en los precios de los peajes y aumento en las tarifas que cobran.


Es fácil entender el impacto de una huelga como esa. En Brasil, más de 60 por ciento de las cargas son transportadas por carreteras. En Minas Gerais, por ejemplo, la Fiat tuvo que suspender la producción de unos seis mil automóviles, porque las autopartes no llegaron.


Hay ciudades amenazadas con quedarse sin combustible, porque los caminos están cerrados. Y en otras, como Río de Janeiro, el precio de algunos alimentos experimentó aumentos siderales, porque no llegan a las centrales de distribución. Esta semana, algunos llegaron a costar el doble que hace 15 días.


Hay filas infinitas de camiones impedidos por sus colegas camioneros para llegar a algunos puertos cruciales, tanto para llevar como para buscar productos y luego distribuirlos por regiones del país.


El gobierno, que en este inicio de segundo mandato presidencial dio generosas pruebas de no ser hábil a la hora de dialogar y negociar, ahora al menos tiene una espléndida excusa: es que no hay con quien negociar. Sindicatos y dirigentes de los transportistas parecen atónitos. Nadie sabe de dónde partió la orden de cerrar carreteras, ni de dónde vienen los recursos para mantenerla y para que sea ágil y extensa. Se cierran carreteras en cuatro estados hoy, en otros cinco mañana, en los nueve a la vez pasado mañana. Todo eso, claro está, exige logística y estructura que los sindicatos de clase ignoran de dónde surgieron.
Los grandes medios de comunicación, que a la hora de las manifestaciones callejeras de hace año y medio tanto exigían que las protestas no impidiesen el derecho constitucional de ir y venir en las ciudades, ahora defienden el pleno derecho de camioneros de ir y venir por doquier cerrando carreteras y aislando ciudades. Para el domingo 15 de marzo se convocan marchas de protesta en las ciudades brasileñas. En teoría se trata de protestar contra la corrupción y exigir respeto a la Constitución. Los partidos de oposición se suman a la convocatoria, pidiendo que todo se haga en paz y en orden y respetando los principios del Estado de derecho.


La verdad es realmente otra: se convocan marchas para destituir a Dilma Rousseff. La opinión pública, al menos en los grandes centros urbanos del sureste y del sur brasileño, las regiones más ricas y desarrolladas del país, es bombardeada de manera incesante por la idea de que o se expulsa al PT del gobierno o Brasil explotará. En una sociedad tan poco politizada, más bien ignorante y fácilmente manipulable, esa palabra de orden funciona.


Este es, en verdad, un resumen muy sucinto del tenso clima que se vive en mi país. Muchos medios de comunicación –que funcionan como verdadero monopolio– dicen, con todas las letras, que el gobierno del PT y de Dilma no puede seguir: hay que impedir que eso ocurra.


La oposición, carente de propuestas y huérfana de líderes con arraigo popular, navega al sabor de los vientos soplados por quienes defienden los intereses de las clases dominantes.


La agresividad de los sectores conservadores es muy bien administrada. Para empezar, sus voceros más actuantes dicen que defienden el Estado de derecho y se oponen a la corrupción generalizada. Se quejan de la agresividad del PT. Admiten que la corrupción siempre existió, pero que nunca antes había alcanzado los niveles escandalosos de ahora. O sea, antes se robaba, pero de manera civilizada. Con el PT llegó una gentuza que no tiene idea de lo que sean los buenos modales a la hora de robar. Antes, se robaba poquito. Ahora se roba muchito. Si a todo eso se suma la poca –para ser delicado– habilidad de Dilma Rousseff en las lides de la negociación y del diálogo, resulta claro que el cuadro es grave.


Queda poco tiempo para que la presidenta reaccione de manera clara y concreta contra la imagen que se construye, con velocidad vertiginosa, de una mandataria aislada, debilitada y sin interlocución con el Congreso.


Resta tiempo para que empiece a gobernar.

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