Miércoles, 25 Febrero 2015 19:23

Los sindicatos en marcha

De izquierda a derecha: William Reyes (Fenaltrase), Jorge Peña (Representante CTC), William Agudelo (Asociación Distrital de Educadores), Luis Pedraza (Presidente de la CUT), Percy Oyola (Vicepresidente CGT), Francisco Maltés (Dirigente CUT), Ventura Ortíz (Únete)

La Central Unitaria de Trabajadores –Cut–, junto a líderes de diferentes sindicados afiliadas a esta organización, anunciaron que si el Gobierno no cumple con sus peticiones, a finales de marzo se irán a paro.


El doce y trece de febrero sesionó en Colombia el séptimo Encuentro nacional de trabajadores estatales, donde sus asistentes acordaron los más de 300 pliegos que en medio de marchas radicarán el 26 de febrero en alcaldías y gobernaciones, así como el pliego unificado ante el Gobierno Nacional. "El pliego unificado estatal que aprobamos [...] en la ciudad de Bogotá, donde se reunieron 116 organizaciones de 16 departamentos del país, con una audiencia de 500 dirigentes sindicales, responde a la declaratoria de guerra social que le hace el Gobierno Nacional en su Plan Nacional de Desarrollo", dijo William Reyes, presidente del comité ejecutivo de la Federación nacional de trabajadores del Estado –Fenaltrase–, en rueda de prensa realizada en la sede de la Cut el 25 de febrero.


El punto de encuentro en Bogotá para la marcha de los sindicatos estatales será la calle 19 con carrera séptima a las diez de la mañana. Mientras tanto, desde las nueve del mismo día Fecode estará radicando en el Ministerio de Educación su pliego de peticiones.


"Si el Gobierno no sede en esto, vamos a paro"


El pliego unificado tiene varios puntos, pero son dos los que pueden frenar o, por el contrario, animar a los trabajadores a realizar el paro nacional.
El primero es la nivelación salarial: "El año pasado los empleados públicos tuvimos incrementos salariales por debajo del incremento del salario mínimo. El salario mínimo se incrementó el 4.5 por ciento el año pasado y el incremento de los estatales fue 2.92 por ciento, es decir, estuvimos 1.6 por debajo del incremento general", dijo Francisco Maltés, miembro de la junta directiva de la CUT.


El segundo punto es la ampliación de plantas de personal. Explica el sindicalista: "Se calcula que en el Estado hay cerca de un millón de personas que cumpliendo con funciones permanentes y misionales, están vinculadas por la vía de prestación de servicios [...]. Entonces, el segundo punto es la ampliación de las plantas de personal para dar cumplimento a dos sentencias de la corte: la C-614 y 171, que dicen, que todos los cargos en el Estado que cumplan con funciones permanentes deben ser de planta".


La ampliación de personal de planta es un tema preocupante para los sindicatos estatales, pues, afirman que hay un decreto en el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) que pretende congelar la planta de empleados lo cual significa que "todos los puntos que tienen que ver con la ampliación para vincular a quienes están trabajando de forma deslaboralizada, no se discutirá, por eso decimos que ahí hay un atentado a la negociación colectiva".


¿Paro en marzo?

 

Pese a la radicación de los pliegos este jueves 26 de febrero, los sindicalistas anuncian desde ya la posibilidad de un paro. En la rueda de prensa explicaron que sus advertencias se deben a tres razones.


i) "El decreto que está listo para la firma del Presidente en el que se congela la nómina. Ese decreto niega la mitad de los puntos de la negociación".


ii) "El Gobierno del presidente Santos [...] se comprometió con los trabajadores colombianos a realizar un proyecto de ley para devolver los recargos a partir de las seis de la tarde, los dominicales y los festivos. Han pasado ocho meses desde la posesión del Presidente y no presentan el proyecto".


iii) "El Gobierno acordó con las centrales que se presentaría un proyecto de ley para que los pensionados no pagaran el 8 por ciento de aportes a la salud, toda vez que la reforma tributaria exoneró de pagar los aportes parafiscales a empresas [...] se trataba de un acto mínimo de equidad, que ninguno pagara aportes a salud [...]. No presentó el proyecto, lo presentaron los parlamentarios y el Gobierno le negó la viabilidad presupuestal".
En contra del recorte


"El Gobierno ha dicho que reducirá 1,2 billones en gastos de funcionamiento. El salario se paga con los gastos de funcionamiento y si tenemos en cuenta el decreto de congelación de nómina, es evidente que va afectar a los trabajadores", afirmaron los sindicalistas frente al recorte presupuestal de 6 billones de pesos anunciado por el Gobierno Nacional en días recientes, acción que califican como parte de una "guerra unilateral".


"Cuando hay unas normas que nos permiten negociar y la contraparte ya nos está diciendo que no quiere negociar, y nos impone unas normas como son congelar presupuestos, no ampliar las plantas, pues es quitarnos nuestro argumento: el Gobierno es el que está violando las normas constitucionales. Para nosotros es una declaratoria de guerra, a la cual tenemos que responder a través de lo único que tenemos: la acción conjunta unificada de un paro estatal", le dijo William Reyes, presidente del comité ejecutivo de Fenaltrase, a desdeabajo.


Por su parte, Francisco Maltés le expresó a desdeabajo que siempre hay una excusa para no aceptar sus peticiones, y que es paradójico que sean los trabajadores los que sufren las consecuencias de la política económica, pero que nunca se vean favorecidos cuando el Gobierno anuncia que "estamos bien".


"Cuando al país le iba bien –el preciode petróleo estaba a 100 dólares– y estábamos haciendo exigencias muy parecidas a las actuales, el Gobierno nos dijo que no accedía porque eso iba a generar inflación, que iba a disparar el gasto público, entonces que mejor esperáramos. Cuando nos fue bien, los trabajadores nunca nos vimos beneficiados de esa bonanza y ahora que estamos mal, entonces ellos pretenden descargar la crisis sobre nosotros. Eso es lo que está mal en la política del Gobierno".


Este es el panorama por el cual se calcula que en Bogotá desfilarán alrededor de 10.000 personas, pues a los trabajadores estatales se une la "Gran toma a Bogotá", la marcha promovida por los responsables de la educación.

Publicado enColombia
Miércoles, 18 Febrero 2015 07:07

En Colombia, pequeños mineros en paro

En Colombia, pequeños mineros en paro

Luz Stella Ramírez, la directora ejecutiva de la Confederación Nacional de Mineros, no está segura de cuántas personas se sumarán al paro que inicia el miércoles 18 de febrero, no porque sean pocas sino porque las personas afiliadas a su organización son más de 380.000. Su propósito con este paro: marchar por la formalización de la pequeña y mediana minería y el respeto por las personas que la ejercen.


Luz Stella Ramírez es la directora ejecutiva de la Confederación Nacional de Mineros (Conalminercol) y ha reiterado en medios de comunicación que las razones por las que saldrán a marchar son las mismas de los últimos años. "No estamos incluidos dentro de la ley; no hay un marco de ideas claras minero-ambientales; el decreto terrorista 2235 por el que nos queman la maquinaria y nos retienen sin un proceso constitucional como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso; y, el Rucom (Registro Único para la Comercializadores de Minerales), que empezó a regir desde este año, donde prácticamente ninguno de nosotros clasifica", dice la Directora en entrevista con desdeabajo.


Actualmente, la ley 1450 de 2011 en su artículo 112 establece las "Medidas de control a la comercialización de minerales"; el artículo resalta la importancia de contar con las licencias ambientales y ser parte de la lista de los titulares mineros publicada por Ingeominas. Si no garantiza esto, les decomisan el mineral y deberán pagar una multa.


Esta ley es el dolor de cabeza de los pequeños y medianos mineros. Ellos no cuentan con licencias ambientales y mucho menos aparecen en las listas de Ingeominas. Dolor que aumenta, con los decretos 2235 y 2261 de 2012. Por eso, han intentado y siguen intentando que su trabajo se formalice, para que las personas que dependen de la minería puedan trabajar tranquilas.


Según Ramírez, son tres los acuerdos firmados con el Gobierno para lograr la formalización. El primero fue alcanzado en el año 2011, donde les pidieron la georreferenciación de cada minero, pero afirma, que los datos fueron usados para hacer operativos en contra de ellos.


El segundo data del 2012, firmado en la sede del Ministerio de Minas y Energía. Ellos le propusieron al Gobierno realizar un laboratorio de formalización minera como prueba piloto. Sin embargo, la prueba lleva dos años, y ningún minero está formalizado.


El tercero fue logrado en el año 2013 con el paro nacional suscitado por el decreto 2235. Ese paro fue levantado gracias a que el Gobierno se comprometió a llevar al Congreso un proyecto de ley para crear un estatuto de pequeña y mediana minería con calidad de urgencia –por lo que se aprobaría en seis meses–. Pero, afirma Ramírez, "no está ni el borrador".


Por esos incumplimientos siguen vinculados por el gobierno en el grupo de la minería ilegal y la principal característica que les atribuyen es que colaboran con grupos armados ilegales. Frente a eso, la Directora afirma, "Nosotros no vamos a tapar el sol con un dedo. Si hay criminales, como dice el Gobierno dentro de la minería, que los persigan, los atrapen y los condenen. Pero la minería en nuestro país no es un delito".


Para ella se trata de un error en la asignación de roles: el Gobierno los califica como criminales, pero realmente están en medio de todos los actores, "Lo que somos es víctimas. Nos persiguen los distintos grupos guerrilleros, los llamados paramilitares y los que denominamos 'Águila verdes', que es la Fuerza Pública. Como en cualquier parte, hay gente corrupta y ellos también nos vacunan. Y como no tenemos protección o un ejército o un batallón, o una estación de policía dentro de nuestras minas –como sí las tienen las distintas multinacionales que en este momento están operando en nuestro país– obviamente estamos expuestos".


La legalización de la minería informal parece un sueño. Desde 1993, en el gobierno de César Gaviria fue planteada la propuesta. Con el gobierno de Ernesto Samper, en 1994, se intentó legalizar a 4 mil mineros, y solo se presentaron 566 solicitudes en todo el país, de las cuales, no se sabe cuántas lograron aprobación.


Durante el gobierno de Andrés Pastrana se habló sobre formalización como una obligación. En ese tiempo nacieron iniciativas prometedoras pero finalmente no funcionaron. En el periodo de Álvaro Uribe Vélez aumentaron las solicitudes para adquirir títulos, pero surgió una gran tensión porque las empresas se quedaron con los permisos en las zonas en que los pequeños y medianos mineros estaban trabajando.


Por su parte, Juan Manuel Santos le ha apostado a la asociación de mineros y empresas, para que las compañías tengan el control del área donde tienen títulos y los pequeños y medianos mineros logren acceder a todos los beneficios de la formalización. Pero ellos afirman que no son contratos que les beneficie.


Para la directora de Conalminercol, la explicación del incumplimiento por parte del Gobierno es obvia. "Aquí existe un plan minero energético 2019 donde dice que Colombia debe ser minera sin cambiarle la vocación agrícola. Por eso le entregaron a las multinacionales cinco millones de hectáreas en contratos para que las empiecen a formalizar. En las áreas que entregaron estamos nosotros. Entonces, nos hemos convertido en un estorbo".


Ellos están dispuestos a cumplir con su objetivo, a pesar de los obstáculos presentados y que seguramente seguirán. Por eso, no cabe duda que el paro continúa y es posible que se extienda, pues si el Gobierno Nacional no plantea propuestas y no demuestra que las va a cumplir, el conflicto entre los pequeños y medianos mineros, y las políticas en boga, no terminarán de la mejor manera.


"A medida que ellos van avanzando (las multinacionales) no solamente la pequeña y mediana minería, y los mineros artesanales, sino también las comunidades indígenas y los afros, se están oponiendo. Obviamente, nosotros tampoco nos vamos a dejar desplazar. Este es nuestro oficio.", concluyó Ramírez.

Publicado enColombia
Domingo, 14 Diciembre 2014 05:45

Más de millón y medio de disconformes

Más de millón y medio de disconformes

Recesión económica, de-socupación, huelgas, manifestaciones, mafia en Roma, inmigración y crisis dentro de su propio partido, el Partido Democrático (PD), al primer ministro italiano Matteo Renzi no le espera un tranquilo y feliz fin de año y el que viene tampoco se presenta como muy fácil, según algunos analistas.


Por primera vez desde que Renzi llegó al cargo de primer ministro, el pasado 22 de febrero, las medidas económicas y sobre todo laborales impulsadas por su gobierno, que habían sido motivo de mucha discusión y críticas, fueron el motor de una huelga general de ocho horas el viernes y de manifestaciones en 54 ciudades del país. El centro de las protestas fue el llamado Jobs Act, una nueva ley laboral que recorta numerosas prerrogativas adquiridas por los trabajadores desde hace años. El paro –se habla de una adhesión del 60 por ciento y de un millón y medio de manifestantes en todo el país– fue una de las expresiones más claras de la inmensa desazón reinante entre los trabajadores italianos que, en tiempos de recesión económica, se han visto, dicen, "traicionados" por un gobierno de centroizquierda (aliado con el centroderecha).
Pero las marchas del viernes fueron también una muestra de la profunda crisis que está afectando al mismo Partido Democrático, el heredero del viejo Partido Comunista Italiano, el más grande partido comunista de Europa en los años '70-'80 del siglo pasado y creador de una nueva visión comunista no soviética del mundo: el "eurocomunismo".

De las manifestaciones participaron numerosos exponentes del área disidente del PD, un hecho que tampoco tiene muchos precedentes. Mientras algunos disidentes atacan a Renzi por ser soberbio y "autoritario", otros, como el diputado Pippo Civati, reiteran su amenaza de fundar otro partido "de izquierda" si él sigue en la dirección emprendida hasta ahora. Porque, según Civati, las propuestas laborales del primer ministro no son de izquierda, sino que parecen copiadas de Silvio Berlusconi (centroderecha). "Un partido de izquierda que está en el gobierno no puede estar tan lejos de los problemas de los trabajadores. Y que está lejos lo demuestra el éxito de la huelga general –comentó, por su parte, la diputada Rosy Bindi, otra de las disidentes–. No creo que Renzi esté haciendo políticas de izquierda, pero sobre todo es su método el que puede provocar conflictos en el país. Cada día se inventa un enemigo para justificar actitudes y decisiones incluso un poco autoritarias." Cuán importante es la crisis dentro del PD lo dirá también la reunión que hoy tendrá la dirección en Roma y en las que se esperan chispas y cortocircuitos de todo tipo.


En el contexto de un país que no logra salir de la recesión económica, a la mencionada desazón de los trabajadores y a la desilusión de muchos militantes de izquierda se le agrega la sensación de asco profundo que han sentido los ciudadanos comunes cuando hace pocos días salió a relucir la llamada "mafia capital", una asociación de ex militantes de ultraderecha con mafiosos de distintos orígenes –pero sobre todo de la 'Ndrangheta (mafia) calabresa– y con personajes políticos y de la administración pública que, entre otras cosas, han decidido volcarse a actividades más "nobles", como el "negocio" de los inmigrantes. "¿Tenés idea de cuánto se gana con los inmigrantes? Con el tráfico de droga se gana menos", le dijo a su secretaria –según una escucha telefónica– uno de los cerebros de este negocio y titular de una cooperativa de ayuda a los inmigrantes, Salvatore Buzzi, arrestado como parte de "mafia capital". Buzzi se ocupaba, gracias a sus contactos a nivel administrativo y político y pagando consistentes coimas, de conseguir todos los fondos públicos posibles destinados al tema inmigración para luego, por supuesto, dedicar al objetivo de su cooperativa una mínima parte de esos fondos. "Es una vergüenza que se quiera lucrar con los inmigrantes", comentó Francesco Rocca, presidente de la Cruz Roja italiana que ayuda verdaderamente a los migrantes que a millares llegan de Africa. Y sobre la infiltración mafiosa en Roma el sacerdote Luigi Ciotti, todo un personaje en Italia por su batalla contra las mafias que ha llevado a cabo sobre todo en el sur del país, comentó: "Lo digo con sinceridad, con respeto y humildad, pero me sorprenden aquellos que se sorprenden", como dando a entender que muchas cosas se saben y se sabían pero poco se ha hecho para contrarrestarlas.
Si se trata de recesión económica y desocupación, el ministro de Economía de Renzi, Pier Carlo Padoan, salió a defender el criticado Jobs Act. "El gobierno no tiene miedo. Esta reforma sirve y permitirá incluir en el mercado laboral a quien ha sido excluido. Los decretos que pondrán en marcha el Jobs Act están casi listos y realizarán la reforma de modo eficaz", subrayó.

Aunque oficialmente no salió a relucir, no se descarta que las marchas y los problemas de la desocupación hayan sido tocados por Renzi y el papa Francisco, que ayer se encontraron en el Vaticano en audiencia privada. El papa Francisco en repetidas ocasiones ha bregado públicamente por soluciones para los desocupados italianos que en 2014 superaron el 13 por ciento de la población mientras los de-socupados menores de 25 años fueron más del 43 por ciento.

Publicado enInternacional
Dos meses cumple toma de planta de Prodenvases en Barranquilla por parte de los trabajadores

Desde el pasado 10 de julio, 24 trabajadores de la planta de Prodenvases Crown en Barranquilla adelantan la toma pacífica de la misma, como una manera de resistir a la decisión que tomó la empresa de cerrarla pasando por encima de sus derechos laborales.

Estos trabajadores, afiliados a los sindicatos Sintraprodenvasescrown y Sinaltrametal (ambos de industria), justifican su acción en el hecho de que el cierre de la planta no solo les viola derechos laborales y el fuero sindical, sino que se hizo sin el permiso expreso del Ministerio de Trabajo.

Prodenvases Crown es filial de la multinacional estadounidense Crown Corp and Seal Company, líder mundial en la fabricación de envases metálicos para productos industriales y alimentos, como atún, sardinas y otros. Y en Colombia está asociada al Grupo Mundial, cuya matriz está en Antioquia.

La toma de esta planta se suma a otra que en la misma ciudad de Barranquilla, y casi por los mismos motivos, protagonizan trabajadores de Aluminio Reynolds, quienes ya casi completan dos años de toma de la planta de producción de esta empresa.

Por su parte, el sindicato global IndustriAll manifestó su apoyo a la lucha de estos 24 trabajadores. Carlos Bustos, su coordinador en Colombia, dijo al respecto: "Nosotros hicimos un pronunciamiento muy fuerte a la empresa. Ahora estamos haciendo un llamado a todo el movimiento sindical nacional e internacional para que se pronuncien a favor de estos compañeros, rechazando la actitud de la empresa y que se desplacen a Barranquilla para que se solidaricen con ellos".

La cronología del conflicto

El conflicto laboral en Prodenvases Crown, asociado a la intención de ésta de cerrar la planta de Barranquilla, no es nuevo, se remonta a 3 años atrás y, según las organizaciones sindicales, ha sido traumático.

El 8 de septiembre de 2011 Prodenvases Crown solicitó al Ministerio de Trabajo autorización para cerrar la planta y dar por terminados los contratos de sus trabajadores, aduciendo como causa su inviabilidad técnica y económica. Un año después, el 29 de octubre de 2012, el Ministerio autorizó el despido de los trabajadores y el cierre de la planta, decisión que las dos organizaciones sindicales, Sintraprodenvasescrown y Sinaltrametal, califican de irregular porque no tuvieron la oportunidad de intervenir en el proceso administrativo.

Ante la violación clara de sus derechos, Sinaltrametal interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Trabajo, presentada ante la sala laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, el cual falló en contra Aspecto interno de la planta tomada por los trabajadores.
del sindicato; fallo que
fue impugnado y el caso pasó a segunda instancia en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que mediante la sentencia T–706 de 2012, tutelando los derechos al debido proceso y el derecho de defensa del sindicato, ordenó al Ministerio de Trabajo retrotraer el procedimiento para darles a los sindicatos la oportunidad de intervenir en el proceso administrativo.

Así que dos días después de este fallo la Dirección Territorial de Atlántico del Ministerio de Trabajo revocó la resolución del permiso de cierre de la planta y el despido de los trabajadores.

Pero el 21 de marzo de 2013, la misma Dirección Territorial de Barranquilla nuevamente autorizó el cierre de la planta y el despido colectivo. Tal decisión volvió a ser impugnada por las organizaciones sindicales ante la Dirección Nacional Territorial del Ministerio, que todavía no ha tomado decisiones al respecto, y por tanto no está en firme la decisión de la Territorial de Barranquilla.

No obstante lo anterior, a primera hora del 8 de julio de 2014 se presentaron en la planta de Barranquilla varios directivos de Prodenvases Crown, para comunicarles a los trabajadores que ese día dejaba de funcionar la planta, ya que las máquinas serían enviadas a la planta de Medellín. Y llamaron uno por uno de los trabajadores para ofrecerles $5 millones de bonificación si aceptaban un acuerdo de retiro voluntario, argucia con la que lograron convencer a 20 trabajadores.

Cuando las directivas sindicales indagaron por el recurso de apelación que cursaba en el Ministerio de Trabajo, y que mientras no fuera desatado la empresa no podía proceder al cierre, los directivos de Prodenvases Crown explicaron que lo hacían porque el proceso en los estrados judiciales y en el Ministerio "se había tornado muy extenso". Es decir, tomaron la decisión por su cuenta, sin que les importara las normas legales colombianas.

A los trabajadores sindicalizados la empresa les dio a escoger entre dos opciones: su traslado a la planta de Medellín, donde se les respetaría su trabajo; o una bonificación irrisoria para dejar la empresa. Los sindicalizados se niegan a aceptar cualquiera de las dos, ya que ambas violan sus derechos.

En respuesta a la arbitrariedad de la empresa, el 10 de julio los trabajadores se presentaron en la planta acompañados por otros trabajadores de la ciudad, y de manera pacífica 24 de ellos se tomaron la planta. Desde entonces allí permanecen a la espera de solución a sus problemas laborales.

Como una forma de presión, el 21 de julio la empresa decidió no cancelarles más su salario. De ahí que estos trabajadores hayan hecho un llamado al movimiento sindical nacional e internacional en busca de ayuda y solidaridad para su causa.

Publicado 11 de septiembre de 2014.

Publicado enColombia
El gobierno incumple los acuerdos del Paro Agrario

"El gobierno Santos ha incumplido su palabra empeñada" aseveró César Jeréz, vocero de la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular, al referirse a la actitud gubernamental con respecto a los acuerdos que dieron fin el pasado 13 de mayo al Paro Nacional Agrario.

 

El 11 de agosto, en medio del céntrico barrio Teusaquillo, los voceros nacionales de la Cumbre Agraria Alberto Yase –Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC–, Sofía Garzón –Proceso del Comunidades Negras, PCN– , Cesar Jerez –Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc– y Robert Daza –en representación del Coordinador Nacional Agrario–, anunciaron al país su disposición de volver a las vías de hecho gracias al incumplimiento de los acuerdos pactados con el ministro de Interior Aurelio Iragorri, resumidos en el decreto presidencial 870 de 2014, con el cual el gobierno reconocía legalmente a la Mesa Única de Negociación como espacio de acuerdo con la Cumbre y daban vida a por lo menos 5 mesas regionales para construir soluciones al problema agrario.

 

Los por qué de los incumplimientos

 

"El incumplimiento por parte del gobierno es una dilación planificada: Primero nos tuvieron con el cuento de la coyuntura electoral, ahora ocurre lo mismo con la posesión de los nuevos ministros", afirmó Cesar Jerez. Es tal la dilación que pasados tres meses desde la firma del acuerdo por parte de la Cumbre agraria y el gobierno nacional no se ha instalado la mesa de negociación, a pesar que el acuerdo reclamaba urgencia. Ni el recuerdo que precisamente fue "la negligencia del gobierno la que ha convocado dos paros nacionales agrarios ha permitido que el Ejecutivo se movilice con agilidad", sintetizo el referente de ANZORC.

 

El inquilino de la casa de Nariño que inició su segundo periodo el 7 de agosto pasado da un tratamiento a la Cumbre agraria que solo hace pensar que el decreto 870 fue firmado con el único objetivo de detener la movilización rural en medio de la campaña presidencial, y hoy tal pacto está convertido en una piedra en el zapato para su agenda. Con los inminentes debates sobre el presupuesto general de la nación y la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, es determinante obviar a los movimientos sociales para que ellos no contaminen las políticas públicas del reelecto gobierno.

 

El interés del reelegido pasa por la anulación de actor social que implica la Cumbre, a través por lo menos de dos vías: el pacto agrario y el tratamiento militar de la movilización y organización campesina, negra e indígena.

 

El pacto agrario

 

En su discurso presidencial Juan Manuel Santos aseguro "Nuestros campesinos necesitan mejores servicios públicos, más escuelas, acueductos y alcantarillados rurales, distritos de riego, buenas vías para sacar sus productos. Por eso vamos a dedicar al agro el presupuesto de inversión más grande que jamás se haya destinado a nuestro campo". El aumento elevaría los recursos presupuestales al agro en un 7,3% llegando a los 4 billones 449 mil millones de pesos. Sin embargo, la cabeza del Ejecutivo ocultó que el otorgamiento de estos dineros está mediado por el llamado pacto agrario que ha sido denunciado por las organizaciones pertenecientes a la Cumbre agraria pues según ellos, "es un sofisma, un pacto de corbatas, que lo que busca es una repartija de recursos públicos, del 4 x mil en las administraciones regionales y locales".

 

La represión

 

A pesar que en los compromisos acordados con el gobierno las organizaciones agrarias largaron el compromiso de desmilitarizar el tratamiento que el Estado brinda a las organizaciones y movilizaciones rurales, la impunidad de los 19 muertos y 660 heridos que dejó el paro agrario de marzo pasado permiten visualizar otra condición. Si a ello sumamos las recientes 10 capturas de indígenas y campesinos en el Paro Cívico en curso en la Guajira la situación queda plenamente referenciada. Para los voceros de la cumbre agraria "los bombardeos a zonas campesinas como el Catatumbo, El Pato y Guayabero –departamento del Tolima–, así como Chocó y Putumayo, junto a las capturas de dirigentes sociales, evidencian la ausencia total de voluntad por parte del estado para negociar con las comunidades rurales del país".

 

"Si mil veces nos incumplen, mil veces estamos dispuesto a movilizarnos", con esta contundente frase Robert Daza le recordó a la opinión publica que la única garantía para el cumplimientos de los acuerdos con el gobierno es la movilización social en las calles y carteras del país. De hecho el mismo 11 de agosto acontecen tanto el paro Cívico de la Guajira como la movilización de campesinos y pueblos afro en el Pacifico, al tiempo que están en preparación protestas regionales en los departamentos de Putumayo, Cauca y Nariño.

 

El agro sigue en debacle

 

El país agrario sigue afectado "por el vigor de los TLC que Colombia firmó [... ] y las políticas neoliberales que afectan las zonas rurales del territorio nacional", afirma el comunicado número 010 de la Cumbre agraria. Afirmaciones que, junto con pronunciamientos brindados alrededor de la sequia que afecta diversas regiones del país, recuerdan que "hace años las comunidades campesinas, negras e indígenas venimos alertando al país sobre los efectos negativos que tiene el cambio climático, las instituciones del Estado no han querido oír estas recomendaciones [...], el movimiento campesino tiene propuestas estructurales para mitigar esta situación, hemos dicho que la agricultura campesina enfría el planeta, ella misma es una solución".

 


 

Recuadro


¿Quiénes son la cumbre?

 

La Cumbre Agraria, étnica y popular, resume la articulación del movimiento agrario colombiano que recoge las tradiciones de confrontación de la izquierda durante los últimos diez años, alrededor de trece estructuras que combinan los acumulados de campesinos colonos, comunidades indígenas y negras. A ella pertenecen: la Organización Nacional Indígena de Colombia –Onic-, el Congreso de los Pueblos, el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario –CNA-, la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo –MIA-, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia –Comosoc-, el Proceso de Comunidades Negras -PCN-, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria –Fensuagro-, la Mesa de Unidad Agraria –MUA-, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –Anzorc-, el Movimiento por la Constituyente Popular –MCP- , la Asociación Campesina y Popular –Asocampo-, y la Asociación Nacional Agraria Campesina –Asonalcam-

 

Vea integro el comunicado numero 010 de la Cumbre Agraria: http://prensarural.org/spip/spip.php?article14800

Publicado enColombia
Martes, 22 Julio 2014 15:58

La ira que paró a Yopal

La ira que paró a Yopal

Tres días de paro, con protestas que lograron paralizar a Yopal, obligaron a todo el país a mirar de nuevo hacia el Casanare. El motivo de la parálisis no fue gratuita: días, semanas, meses, años, sin agua potable, e incluso, sin que el agua llegue por tubería a los hogares de los más de 80 mil habitantes de esta ciudad. Mientras tanto, los presupuestos destinados para garantizar el precioso líquido fueron licuados en bolsillos particulares.


El último día de paro la tensión fue inmensa, pero luego de nueve horas de reunión entre líderes del "Movimiento cívico ciudadano en defensa del agua potable para Yopal" y el Gobierno Nacional, el paro fue levantado. Así lo permitió la concreción de un acuerdo resumido en 12 puntos, enmarcados en tres líneas temáticas: financiación del sistema de acueducto municipal, el pago de tarifas y la instalación de mesas de trabajo permanentes.


Cansados de estar buscandosoluciones desesperadas al desabastecimiento de agua, los pobladores de la capital casanareña se tomaron las principales vías de su municipio por más de dos días. Las arengas no pararon hasta que el Gobierno Nacional respondió con soluciones concretas a la problemática que enfrenta Yopal desde hace tres años. Doce fueron los acuerdos a los que llegaron el Gobierno Nacional y los líderes del Movimiento en defensa del agua potable, reunidos en la mesa de trabajo constituida para tal fin.


Inicialmente, el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao y el gobernador de Casanare, Marco Tulio Ruíz, asumieron el compromiso de financiar la construcción de la planta de tratamiento del agua potable, con aportes de 50% por parte del Ministerio y el restante 50 por parte de la gobernación de este departamento.


Entre los acuerdos firmados en la noche del domingo 20 de julio está, por ejemplo, la publicación en la página web de la Fiduciaria de los prepliegos para la construcción de la planta de agua de Yopal, con fecha máxima para el 30 de julio, para que pueda ser conocida y debatida por los miembros de la mesa de trabajo.


También acordaron, entre otros aspectos, continuar con los procesos contractuales entre la Gobernación y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY) para la construcción de tres nuevos pozos: uno para finales de noviembre y otros dos, de los cuales se recibirán propuestas el 22 de julio, para que estén en funcionamiento en el primer trimestre del próximo año. Mientras que La Unidad de Gestión de Riesgo y el ejército construirán cuatro pozos adicionales.


Las soluciones planteadas hasta ahora son a mediano y largo plazo y, según Isaac Marín, miembro de la Corporación Social para la Asesoría y la Capacitación Comunitaria (Cospacc), no resuelven el problema de fondo, "Las soluciones serán demoradas por que hay que hacer estudios geológicos y eso implica un proceso largo".


Por ahora la única solución inmediata dada al problema de desabastecimiento del agua es la utilización de plantas portátiles de suministro de agua enviadas por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y diferentes instituciones, además de la utilización de carrotanques, que hasta ahora ha sido la salida frecuentemente utilizada por los pobladores. Agua que, según información del medio Ola Política del Casanare, no es apta para el consumo humano y sólo cubre necesidades de higiene.


Esta es otra de las preocupaciones de la población yopaleña, pues un estudio del Instituto Nacional de Salud sobre el agua suministrada en la zona concluyó que existen en ella importantes concentraciones de virus, identificándose: hepatitis A, enterovirus y adenovirus, que afectan a gran parte de los 86.860 habitantes del municipio

.
¿Quién tiene la culpa?


Según lo dicho por Luis Felipe Henao en diferentes entrevistas a medios de comunicación, la crisis del desabastecimiento de agua en el municipio de Yopal es un problema netamente de corrupción de la administración local. Tres años pasaron desde que la planta de tratamiento del líquido vital fuera destruida por un alud de tierra en mayo de 2011, sin que el alcalde William Celemín, hoy destituido e inhabilitado por manejo irregular de los recursos del municipio, invirtiera en el arreglo de la planta.


Ante estas acusaciones Celemín se defendió en una entrevista transmitida por Blu Radio argumentando que "todos los procesos contractuales que hace la Alcaldía son independientes del alcalde. Hoy el alcalde de Yopal no tiene el control de la empresa de acueducto. Lo que hace es supervisar".


Por otro lado, aspectos como las condiciones climáticas del municipio y la falta de planeación de su crecimiento demográfico, son factores que influyen en la problemática del desabastecimiento del agua que vive y que deben ser analizados para que no sigan afectando a su población. Según Isaac Marín, "Yopal tuvo un crecimiento muy acelerado y las condiciones de equipamiento de infraestructura no pudo responder a ese crecimiento", pasando de 44.761 pobladores en 1993 a 86.860 en el 2003 registrando en la actualidad tasas de crecimiento superiores casi cinco veces a las del promedio nacional.


A esto debe agregarse la concentración de un enorme porcentaje de la población en barrios subnormales donde existe carencia de acueducto, alcantarillado e infraestructura escolar, lo que agrava las condiciones de vida de los pobladores.


El padecimiento no es sólo de Yopal. Municipios como Agua Azul y Tauramena, influenciados por la bonanza petrolera, padecen una problemática similar: "por lo general la empresa petrolera ofrece puestos de trabajo, pero las condiciones sociales de la gente, esas sí no las resuelve", agrega Marín.


Ese fue verdaderamente el punto de inflexión que generó que los yopaleños cerraran las principales vías del municipio el 18 de julio, pues además de no contar con el servicio de agua, los pobladores ya tenían serias dificultades con la infraestructura de puestos de salud y una deficiencia en el servicio de gas, a lo que debe sumársele la problemática del sector educativo que apenas hace dos meses salió a protestar a las calles en busca de una solución a la falta de infraestructura y docentes en el departamento. El problema del agua solo fue una gota que rebosó el vaso y que se ahondó aún más con la crisis administrativa por la que ahora pasa Yopal con la destitución de su alcalde.


Entonces, ¿de quién es la culpa? Los dedos de sus pobladores señalan diversas personas e instituciones, pero aún no es del todo claro. La improvisación aún reina, la corrupción en cabeza de diversas instituciones es pan común en las conversaciones entre vecinos, los efectos nocivos de la minería no dejan de estar presentes, el clientelismo, las manipulaciones con origen bogotano, todas ellas están en la base de esta problemática que secó la paciencia de sus pobladores.


Por lo pronto, entre los 12 acuerdos pactados se encuentra el estudio que realizará el Ministerio de Minas y Energía, de los acuíferos y del impacto de la exploración petrolera, para determinar la zona de recarga para protección del acuífero subterráneo de Yopal. Mientras que la Superintendencia de Servicios Públicos interviene la empresa municipal de acueducto en busca de más culpables.


Por su parte los ciudadanos yopaleños esperan que por esta vez los acuerdos sí sean cumplidos (Ver recuadro, acuerdos totales), garantía que fue delegada en la Defensoría del Pueblo, Institución que deberá hacerle seguimiento a lo firmado.


 

Recuadro

Los 12 acuerdos pactados

1. Para la construcción de la planta de tratamiento del agua potable, el Ministerio de Vivienda financia el 50% y la Gobernación de Casanare el otro 50 %, siempre y cuando la nación compense al departamento para cofinanciar nuevos proyectos de los municipios de todo Casanare. Para esto, se debe enviar memorial al Tribunal Administrativo de Casanare expresando acuerdo de voluntades.

 

2. Se publicarán los pre-pliegos en la página www.fidubogota.com.co para la construcción de la planta de agua de Yopal el 30 de julio a las 4.00 pm, mientras surten efectos licencias y permisos ambientales.

 

3. Los pre-pliegos se dejarán en página durante 15 días para las respectivas observaciones.

 

4. Se realizará una audiencia pública para la adjudicación del contrato a finales de octubre e inicios de noviembre.

 

5. El ejército Nacional construirá un pozo profundo junto a la Décima Sexta Brigada por ofrecimiento de un particular y otro de propiedad del Ejército en la finca El Remanso, previa evaluación de pruebas de calidad de agua hechas por la EAAAY, para determinar factibilidad de ser usados en el llenado de carrotanques en un tiempo de 8 días a partir de la fecha.

 

6. Se continúa ejecutando el convenio 1313 de julio de 2012 suscrito entre la Gobernación y la EAAAY para la construcción de tres nuevos pozos: Uno para finales de noviembre ubicado en la manga de coleo con capacidad para 50 litros por segundo que está en ejecución, y otros dos para los cuales se reciben propuestas el 22 de julio, para ponerlos en funcionamiento en el primer trimestre del próximo año ubicados uno en la central de abastos y el otro en el núcleo urbano dos.

 

7. Se construirán cuatro pozos adicionales con apoyo del Ejército con cargo a recursos de la Unidad de Gestión de Riesgo, los cuales tienen un avance del 30%. Estos se ubicarán en el Mega Colegio, en el Materno Infantil, y dos sitios más por determinar según resultados del acuífero.

 

8. El 28 de julio se creará una mesa con funcionamiento en Yopal para evaluar y optimizar el plan de contingencia.

 

9. El servicio geológico que depende del Ministerio de Minas y Energía, realizará el estudio de los acuíferos y del impacto de la exploración petrolera, para determinar la zona de recarga para protección del acuífero subterraneo de Yopal.

 

10. Se Expedirá un comunicado de prensa y un 'trino' de la Presidencia de la República con los compromisos adquiridos.

 

11. El Gobernador de Casanare, marco Tulio Ruiz, garantiza la llegada del Presidente de la República, Juan Manuel Santos a Yopal, para hacer seguimiento y discutir con el movimiento los distintos temas planteados en el pliego de peticiones.

 

12. El 28 de julio se instalará en Yopal una mesa donde hagan presencia los ministros y/o viceministros de Minas, Ambiente, Educación y Agricultura, para establecer cronogramas de trabajo para cada uno de los puntos del pliego de peticiones.

Publicado enColombia
Rousseff cede ante los manifestantes para frenar las protestas antes del Mundial

A dos días de que empiece el Mundial de 2014 en São Paulo, el Gobierno brasileño anunció la noche de este lunes que atenderá las reivindicaciones del movimiento que ha organizado durante estos meses las mayores protestas contra los gastos de la Copa. El acuerdo alcanzado con el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) se supone que desinflará las protestas durante la celebración del campeonato, un alivio para la presidenta Dilma Rousseff, que en los últimos días ha visto cómo las huelgas y las marchas han convertido en un caos algunas de las principales ciudades del país.


Después de este primer acuerdo aún está por ver qué pasará con la huelga de metro, que este lunes provocó en São Paulo uno de los peores días de tráfico que se recuerdan. Los funcionarios del suburbano también decidieron suspender el paro a última hora de la tarde, pero solo durante un día y con condiciones. El miércoles, víspera del comienzo del Mundial, volverán los paros si el Gobierno del Estado de São Paulo no readmite a los 42 funcionarios que despidió horas antes por su participación en piquetes para exigir mejoras salariales. Si no hay acuerdo, la huelga puede paralizar la metrópoli el día que empiece a rodar el balón.


Desde las protestas multitudinarias que comenzaron en junio del año pasado a causa del aumento de los billetes del transporte público, el Movimiento de los Sin Techo ha seguido organizando protestas en las calles contra los gastos del evento. Creen que el Gobierno debería invertir en educación, salud y vivienda de la misma forma que ha invertido en las infraestructuras del Mundial. El MTST lideró la ocupación de 2.000 familias de un terreno próximo al Arena Corinthians, que será este jueves el escenario de apertura del campeonato. Su lema es que "si se tiene dinero para la Copa de la FIFA, se tiene que tener para la Copa del pueblo".


La ocupación de los terrenos fue bautizada como la Copa del Pueblo. La construcción del Corinthians en la lejana zona de Itaquera revalorizó el lugar, que sufrió un aumento de los alquileres del 165% en los últimos seis años, según la organización, lo que ha expulsado a parte de la población. Una de las principales exigencias del MTST era la construcción de viviendas para sus habitantes. El Gobierno se ha comprometido este lunes a construir 2.000 casas para ellos.


El movimiento también ha logrado que se amplíe y mejoren las condiciones de un programa social de vivienda y el Gobierno se ha comprometido a estudiar entre varios ministerios cómo mejorar la resolución de conflictos en las calles. El objetivo del MTST es que se limite el uso de la fuerza en las actuaciones de la Policía Militar durante los desalojos de zonas ocupadas.


Rousseff ha dado su brazo a torcer para tratar de garantizar la paz durante el campeonato, ahora que el calendario ya corre en contra y después de las amenazas del líder del Movimiento, Guillerme Boulos, que días atrás prometió una "radicalización" de las protestas si el Gobierno no cedía.


El otro frente abierto, el de la huelga del suburbano, va más al límite. Este lunes, un nuevo choque entre la policía y los trabajadores de metro elevó la tensión en São Paulo. El incidente, que se originó en la estación de Ana Rosa, una de las principales de la capital paulista, terminó con la detención de 13 manifestantes. El choque se produjo antes del amanecer. Los huelguistas, que cuentan con el apoyo de otros grupos como el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) o el Movimiento por el Pase Libre (MPL), habían convocado una manifestación en ese lugar a las siete de la mañana. El conflicto se extendió hasta la calle Vergueiro, una concurrida vía cerca de la Avenida Paulista y por la que se accede a la estación de metro. En la calle, los manifestantes levantaron barricadas con los contenedores de basura a los que prendieron fuego. La Policía Militar utilizó gases lacrimógenos contra los manifestantes.


La protesta colapsó el tráfico de la ciudad. A las 10.30 hora local, se registraron 170 kilómetros de atascos. "He tardado dos horas para hacer un recorrido que suelo hacer en 30 minutos", aseguraba el taxista Dorivaldo Aguiar. Si el tráfico sigue igual el próximo jueves, cuando empiece el Mundial, el recorrido desde el centro hasta el estadio Itaquerão, sede del partido de inauguración entre Brasil y Croacia, será de dos horas y media de viaje y a un coste de 150 reales (67 dólares), según sus cálculos. En días normales, este mismo recorrido se puede hacer en 50 minutos y por 90 reales (40 dólares).


El secretario de Transportes del Estado de São Paulo, Jurandir Fernandes, cumplió la amenaza de despedir a los trabajadores que participaran en la huelga. Fernandes notificó el despido a 42 empleados por medio de un telegrama. Si no hay marcha atrás, conductores y revisores prometen convertir en un caos la inauguración del Mundial.

Publicado enInternacional
Primera victoria de la unidad agraria: campesina, indígena, afrocolombiana y popular en Colombia

Luego de 15 días de movilización y seis jornadas de diálogo con Gobierno Nacional, Cumbre Agraria logra llegar a acuerdos en puntos iniciales de confianza para la instalación de la Mesa Única de Diálogo y Concertación.


1. Este triunfo radica en el reconocimiento de la Cumbre Agraria como actor político en la definición de la política pública para el agro colombiano que abordará los 8 ejes de nuestro pliego de exigencias, mandatos populares en tierra y territorio, derechos políticos de comunidades agrarias, minería y medio ambiente, economía étnica y campesina, cultivos de coca, marihuana y amapola, derechos sociales y paz con justicia social. La lucha agraria y popular triunfará totalmente cuando logremos los cambios de fondo que requiere el campo colombiano.


2. Hemos logrado la creación de un Fondo Para el fortalecimiento de la economía campesina, indígena y afrocolombiana; y garantías en DDHH para movilización, entre otros acuerdos alcanzados; sin embargo, no hubo acuerdos en la normatividad que incluya la categoría de campesino al censo Nacional agropecuario realizado por el DANE, por lo tanto las organizaciones de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular llama a la oponerse a la aplicación de este instrumento en los territorios de las comunidades campesinas.


3. Para la semana siguiente presentaremos un informe detallado de los acuerdos alcanzados a nuestras comunidades y procesos, así mismo que a toda la opinión pública.


4. Naciones Unidas acompañarán el retorno de las caravanas a sus lugares de origen para garantizar la integridad de manifestantes, luego adelantaran procesos de revisión en denuncias hechas por parte de las comunidades, en las que se presentaron violaciones a los DDHH por parte de la fuerza pública.


5. Desde la Cumbre Agraria saludamos y nos solidarizamos con nuestro procesó hermano de las Dignidades Agropecuarias, a su vez demanda del gobierno nacional abordar con celeridad sus exigencias.


6. Volvemos a nuestras parcelas, resguardos, territorios colectivos y barrios populares, con un primer parte de victoria, convencidos de la efectividad de la unidad, las propuestas desde la base y la movilización.

Agradecemos al grupo de garantes y facilitadores por su compromiso y labor en su ejercicio de acompañamiento. Así mismo subrayamos el papel desempeñado por la oficina del coordinador residente de las Naciones Unidas y a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Todo nuestro reconocimiento a las compañeras y compañeros que en las calles y carreteras ejercieron su derecho a la movilización y brindaron las condiciones favorables para que la negociación se cumpliera en el marco de los mandatos acordados en la Cumbre.

Comisión Política
Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular
9 de mayo de 2014

Organización Nacional Indígena (ONIC), Congreso de los Pueblos, Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, Coordinador Nacional Agrario (CNA), Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA), Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC), Proceso de Comunidades Negras (PCN), Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), Mesa de Unidad Agraria (MUA) Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) y Movimiento por la Constituyente Popular (MCP)

Publicado enColombia
Ante el escalamiento de la protesta del país rural

Con airadas declaraciones del Director Administrativo de la Policía, General Luis Eduardo Martínez, abrió la jornada del séptimo día del paro agrario nacional. El oficial denunció supuestos ataques con compuestos químicos de los que salieron heridos dos agentes del Esmad en la carretera que del Huila conduce al Caquetá, a la altura del municipio de Suaza.

 

Esta denuncia sirve de tapadera de la abierta represión padecida por la población que circunda la conexión del sur colombiano, donde hasta el momento se cuentan por lo menos 15 personas heridas, entre las cuales confirman dos con perdida de por lo menos un ojo cada una de estas, producto del disparo directo de balas de goma por parte de los uniformados.


La represión policial toma fuerza en los departamentos alejados de las tres principales ciudades del país: Huila, Caquetá, Catatumbo, Cesar, Arauca y Casanare, en cabeza del coronel Rafael Alberto Méndez, comandante del Esmad, y de los diferentes comandantes regionales de los cuerpos de Policía.


Producto de estos actos represivos las personas heridas en todo el país suman 16, aglunas de ellas con desmembramientos, es decir, campesinos e indígenas que han perdido dedos, ojos, manos o fueron afectados en sus extremidades inferiores. El accionar por parte de las fuerzas estatales ha incluido el lanzamiento a tiro directo – y no en ángulo de 45 grados, como obliga la ley de seguridad ciudadana de gases con lanza granadas–: el desarrollo, en unión con el Ejército, de empadronamientos y bloqueos alimentarios en la región del Catatumbo, así como el uso de machetes y caucheras, como quedó registrado en grabaciones captados en Suaza Huila.

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ab84_t49ukA . Las denuncias de la población afectada por estos desmanes aluden incluso a la explosión de artefactos instalados por miembros de la Sijin en el departamento de Arauca.


Tras una semana de paro, se cuentan 27 puntos de concentracion de campesinos en 12 departamentos. Estos puntos incluyen 17 bloqueos viales, entre los cuales resaltan la congregación del pueblo Uwa en Arauca, la continuidad de las protestas de campesinos en La Calera –goteras de Bogotá–, el desarrollo de una caravana que moviliza a no menos de mil productores paneleros de la hoya del río Suárez, y la parálisis de la conexión entre los departamentos de Santander y Norte de Santander en el intervalo que de Pamplona conduce al paramo de Berlín.

Mientras tanto, en sitios como La Calera el mismo Director de la Policía, general Rodolfo Palomino, en mensaje propagandístico sobre como debe ser la protesta, llegó sin ningún impedimiento en bicicleta al sito de concentración campesina.

 

La negociación


Delegados de las Dignidades Agropecuarias, por segundo día consecutivo, prosiguen la negociación con el Ministro de Agricultura Lizarralde y demás integrantes de las delegaciones del gobierno nacional.


Las conversaciones, a pesar de su prolongación, están empantanadas en el punto de condonación crediticia y nuevos instrumentos para la financiación del agro.

 

Negociación empantanda pese a las afujías del Gobierno por conjurar la movilización de arroceros, paneleros, paperos, cafeteros y cacahueteros, las cuales tienden a escalonarse con la inminente entrada al paro de los sectores que componen la Cumbre Agraria. Hay que recordar que de acuerdo a los voceros de este sector, su plazo para sumarse de manera masiva a la protesta se cumple este lunes 5 de mayo a las 12 de la noche.


Según Ricardo Herrera, integrante del Coordinador Nacional Agrario y vocero de la Mesa Única de Negociación de la Cumbre Agraria, "estamos ante una inminente radicalización del paro", anunciándose la instalación de una decena más de puntos de concertación en el sur del Bolívar, los departamentos de Santander, Tolima, Cundinamarca y Cauca. De igual manera, comienzan a sentirse acciones de solidaridad en la principales ciudades el país: al finalizar la tarde del lunes tomaron cuerpo mítines de apoyo en Medellín, así como Bogotá –al frente del ministerio de Agricultura.

 

 Mitin en Bogotá, al finalizar la tarde del lunes 5 de mayo. Cortesía congreso de los pueblos

Publicado enColombia
Al frente Ministro Iragorri y Luis Ernesto Gómez (Dignidad Papera),  al fondo César Pachón

Un paro con desarrollos. Tras una semana de movilización campesina, el gobierno Santos reconfirma en los hechos su incapacidad para cumplir los acuerdos firmados en septiembre del 2013, tras el fin de aquella intensa movilización del país rural. 5.3 billones de pesos a través del pacto agrario nacional, con destinación definida por el Ministerio de Agricultura, las gobernaciones departamentales y los gobiernos municipales no fueron más que paños de agua tibia para algunos pocos campesinos, recursos que funcionaron, al mismo tiempo, como tabla de salvación temporal para los sectores terratenientes.


Las acciones iniciadas el 28 de mayo pasado traslucen la existencia de un proceso de movilización en el cual confluyen dos paros nacionales: el primero, concitado por las Dignidades Agropecuarias (DA) y que convoca a paperos, cafeteros, cacahuateros, arroceros, cebolleros, que han hecho retumbar algunas de las regiones más próximas de Bogotá, Medellín, Neiva y Villavicencio; el segundo, el paro convocado por la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular (Cacep) punto de conjunción de las principales plataformas de la izquierda de masas en el país y de importantes sectores que movilizan el mundo rural: Congreso de los Pueblos (CP), Marcha Patriótica (MP), la Coalición de Movimientos Sociales y Políticos (Comosoc), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), entre algunas de estas. Según Andrés Gil, vocero de este proceso, la Cumbre agrupa a no menos del 80 por ciento del movimiento agrario colombiano.

Dos paros, dos pliegos, dos territorialidades, para un solo nuevo campo

 

La primera semana de estos dos paros agrarios, punto de inflexión campesina, obligó al Gobierno a centrar su atención en una protesta que puede desatar solidaridades y despertar descontentos por doquier. Adelantándose a este escenario, el Ejecutivo,


raudo y veloz, designó al Ministro Lizarralde, a sus viceministros y al Incoder, para atender las mesas de diálogo social; las primeras sesiones de la negociación han tenido un camino truncado.


En el caso de las DA, al frente de la mesa se sitúan Cesar Pachón, Luis Ernesto Gómez – dirigente de La Calera–, y Juan Matamoros –líder agrario, ambientalista y luchador contra la minería en Villa de Leyva (Boyacá), en contracara nuevamente Rubén Darío Lizarralde.
Al instalar la mesa de diálogo, el 28 de abril, el ministro Lizarralde, de manera ágil, les planteó a los campesinos una agenda en la cual simplemente hacía un recorrido alrededor de los acuerdos firmados al finalizar el anterior paro agrario, confundiendo con habilidad los desarrollos del pacto agrario con las exigencias de las DA, situación denunciada por los voceros campesinos.


Por su parte, Cesar Pachón rechazó la no interlocución directa con el Presidente de la República, y enfatizó que los temas de diálogo son cuatro: 1) la renegociación de los tratados de libre comercio en sus capítulos agropecuarios y la instalación de un nuevo comercio internacional; 2) condonación crediticia, firmando un indulto a los campesinos del país que no han podido pagar los empréstitos del ultimo periodo gracias al desigual comercio con productos agrícolas importados, a su vez se concita la necesidad de conformar una nueva política de fomento agropecuario; 3) abaratamiento de los insumos agropecuarios y reconversión agroeconómica de la producción del país rural; 4) protección de paramos, fuentes fluviales y el medio ambiente en contra de la minería.


La mesa fue interrumpida por el gobierno el miércoles 30 de abril, al levantarse con la justificación de los bloqueos presentados desde el 29 de abril en la vía La Calera –goteras de Bogotá. Sin embargo, fuentes de desdeabajo alertaron que la discusión de las primeras rondas fueron alrededor del tema de financiamiento y condonación crediticio, y ante la negativa del ministro Lizarralde por debatir cualquier punto que afectara al sector financiero, así como los intereses del banco Agrario –que actúa como entidad privada–; los voceros de la Dignidad enjuiciaron en la mesa al gobierno Santos retirándose también de ella. Esta realidad de no poder negociar sobre los intereses de la burguesía financiera criolla, y sobre los tratados de libre comercio (TLC), obstruye las posibilidades de solución inmediata de los problemas agrarios del país.


La tensión prosiguió por varios departamentos, y las llamadas para reactivar las negociaciones surtieron efecto. Al medio día del domingo 4 de mayo la mesa tomó forma en la sede del ministerio de Agricultura. La discusión fluye en caliente, pues las dignidades adelantan más de 15 bloqueos en el país, destacándose las concentraciones en La Pintada (Antioquia), las del Eje Cafetero (sobre los conectores viales de Risaralda), en el Huila (sobre poblaciones arroceras), y en el centro del país (con bloqueos sobre la vía a La Calera), además de puntos de protesta en la carretera Tunja–Bogotá, y Tunja–Sogamoso. A este paro (de las Dignidades) llegan los apoyos de la Confederación Colombia de Transportadores, que a través de Jorge García –ex candidato al Congreso por el Partido Verde– exige reducción de los precios de la gasolina.

Doble escena


La otra cara de la moneda es la Mesa Única de Negociación, organismo constituido por la Cumbre Agraria, cuyo pliego incluye más de 48 medidas concretas agrupadas en ocho grandes puntos: 1) Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, 2) La economía propia contra el modelo de despojo, 3) Minería, energía y ruralidad, 4) cultivos de coca, marihuana y amapola, 5) Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia, 6) Derechos sociales, 7) Relación campo-ciudad, 8) Paz, justicia social y solución política. Aunque han mencionado que tienen 20 sitios de concentración en todo el país, los activados hasta el domingo 4 eran cinco, toda vez que la hora cero para desatar toda su fuerza fue centrada para el 5 de mayo.


Marylen Serna y Alonso Campiña –del Congreso de los Pueblos–, voceros de la Cumbre Agraria informaron sobre la firma de un decreto presidencial que oficializa el inicio de una mesa de negociación con este sector, tras negociaciones consumadas en la noche del 3 de mayo.
Tres serán los bloques temáticos por trabajar con el Ejecutivo nacional: primero garantías de negociación y movilización, incluyendo la libertad de los presos del anterior paro agrario nacional; segundo, un bloque de economía campesina, que negociará como punto fuerte la construcción de un fondo de economía campesina regulado por las organizaciones agrarias y no por el gobierno nacional, como ocurre con los dineros aprobados producto del anterior paro agrario y, tercero, reglamentación de la política agraria nacional, que tiene que ver con la implementación de la ley 160 de reforma agraria, con el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y la construcción de figuras territoriales: zonas de reserva campesina, agroalimentarias, y de reserva ambiental, resguardos indígenas y los consejos comunitarios afrocolombianos.


De acuerdo a lo anunciado por los líderes de la protesta, el 5 de mayo escalará el paro nacional, lo que sucederá a pesar de la represión que hasta ahora produjo más de dos decenas de heridos, un muerto e incluso empadronamientos por parte del ejército, así como los bloqueos de la Policía a productos alimentarios en regiones como el Catatumbo. Pese a todo ello, 20 mil campesinos, indígenas y comunidades afro instalarán su fuerza en 20 puntos de bloqueo a nivel nacional que tocaran al suroccidente del país, al Magdalena medio, los Llanos Orientales (en los departamentos de Casanare y Arauca) , así como Putumayo, Caquetá, y Choco.


De esta manera, la protesta campesina tensa al Gobierno, para el cual esta negociación es una guerra de posiciones, con el 25 de mayo como plazo asfixiante, necesitando menoscabar la influencia de un paro agrario que puede acrecentar las opciones de la no continuidad de Santos en la Casa de Nariño.


Así las cosas, el Gobierno tendrá que aceptar negociar con bloqueos, mientras que los dos paros agrarios en curso ponen en debate la imperiosa necesidad de reconstruir una política agraria nacional que supere tanto al libre comercio como al ordenamiento territorial, así como el desequilibrio agropecuario, caldo y cultivo de la guerra en Colombia.

Publicado enColombia