Claudio Katz

Entrevista al economista argentino Claudio Katz

 

En los primeros meses al frente del Gobierno de Estados Unidos, Joe Biden ha anunciado planes de expansión fiscal y un “giro” keynesiano. En cuanto a la política exterior, “China persiste como el gran enemigo a derrotar.

Con más diplomacia e hipocresía, continuará la estrategia de hostilidades en el Mar de China, la militarización de Taiwán y las provocaciones en Hong Kong”, afirma el economista argentino Claudio Katz. Frente al gigante asiático, “Biden intenta recomponer las alianzas con Europa”, añade el profesor de la Universidad de Buenos Aires, en la siguiente entrevista realizada por correo electrónico.

Claudio Katz ha participado recientemente en el curso internacional El mundo después de la pandemia, organizado por la Academia de Pensamiento Crítico y la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM). Es miembro de Economistas de Izquierda (EDI), investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina y autor, entre otros volúmenes, de Bajo el imperio del Capital (2011); Neoliberalismo. Neodesarrollismo. Socialismo (2015) y La Teoría de la dependencia. 50 años después (2018). Sus artículos y reflexiones sobre Ciencias Sociales, Economía y Marxismo pueden seguirse en la página Web https://katz.lahaine.org

-A principios de junio, 6 meses después que comenzaran a aplicarse las primeras vacunas, la OMS señaló que los países de ingresos altos habían administrado cerca del 44% de las dosis del mundo, mientras que en el Sur global el porcentaje se situaba en el 0,4%. ¿Cabe atribuir alguna responsabilidad a los Estados del Norte y las multinacionales farmacéuticas?

Esa responsabilidad es tan evidente como chocante. Desde el descubrimiento de las vacunas una decena de países se apropió de esos remedios y acumuló dosis suficientes para inmunizar tres veces a su población. El grueso de la población mundial quedó marginado por la espantosa desigualdad que rige en el reparto de las vacunas. Esa inequidad es congruente con el principio del beneficio que ha gobernado toda la gestión de la pandemia.

Los laboratorios archivaron rápidamente su compromiso inicial de comercializar las vacunas a su costo de fabricación y optaron por el incremento de sus beneficios. Impusieron un patrón de precios elevados, en los contratos que suscriben con estrictas cláusulas de confidencialidad. Los países con más recursos abonaron el doble y acapararon de entrada toda la producción. Aunque el descubrimiento de las vacunas se financió con subsidios del estado, las empresas pudieron patentarlas y venderlas como si fueran el fruto de su propia inversión.

La dramática carencia de vacunas en África, América Latina y gran parte de Asia es una consecuencia directa del régimen de patentes. Muchas firmas no pueden fabricarlas por la negativa de los laboratorios a compartir el secreto de su elaboración. Hay empresas que cuentan con el equipamiento necesario para elaborar el producto, pero no tienen acceso a la fórmula o a los procedimientos necesarios para concretar esa tarea.

Algunos expertos estiman que por esa razón se está utilizando un bajo porcentaje de la capacidad instalada. El capitalismo impide la cooperación y refuerza la competencia entre los laboratorios para conseguir los mejores contratos.

Frente a tantas injusticias cobró fuerza la exigencia de anular las patentes del Covid. India y Sudáfrica encabezaron los reclamos para viabilizar esa eliminación, pero Estados Unidos y la Unión Europa han bloqueado esa posibilidad. En el caso precedente del SIDA se logró imponer la fabricación de un genérico, sólo diez años después de iniciado el reclamo y en un dramático contexto de infección. La urgencia de liberar las patentes del Covid salta a la vista. Cuando se difundió la primera propuesta, la pandemia había provocado un millón de muertos y en la actualidad esa cifra se ha triplicado.

-Pero las empresas argumentan que las patentes son imprescindibles para superar esta pandemia y afrontar eventuales situaciones de mayor dramatismo…

El lobby de los laboratorios difunde cataratas de mentiras para proteger sus patentes. Afirma que la producción no podrá incrementarse por falta de infraestructura o conocimientos en las firmas que operan fuera de su control. Pero olvida que los propios fabricantes ya fragmentan esas elaboraciones en cadenas de valor localizadas en numerosas regiones. Tampoco toma en cuenta la gran variedad de vacunas que han aparecido desde el inicio de la pandemia. Lo único que impide salvar más vidas es el inagotable apetito de lucro de Pfizer, Moderna, Johnson, Astrazeneca y cia.

Es totalmente falso que la anulación de las patentes imposibilite las inversiones requeridas para crear nuevas vacunas. El costo de esos descubrimientos es habitualmente asumido por sector público, mientras los laboratorios embolsan fortunas vendiendo esas mismas inyecciones a los estados. En el caso del Covid se ahorraron los gastos de investigación y se enriquecieron con los precios de comercialización. Por eso han logrado récords de ganancias en Wall Street.

Me parece que el rebrote de la pandemia y las mutaciones del virus reavivan la presión para modificar las patentes. Esas adversidades recrean el problema incluso en los pocos países desarrollados que han inmunizado al grueso de su población. Esa protección local no tendrá eficacia, si la enfermedad persiste en el resto del planeta. Una lenta inmunización de la periferia terminaría afectando a los propios centros del capitalismo, al obstruir la recuperación de la economía global.

En la pandemia se ha demostrado que un cataclismo global no puede remediarse con meros correctivos nacionales. La infección ha demolido también la absurda tesis neoliberal que atribuye a cada individuo la responsabilidad de su propia curación. Frente a esa tontería de libre mercado se ha corroborado la centralidad de la salud pública y la necesidad de un compromiso solidario para superar la infección.

El pasado 14 de junio el Gobierno de Argentina informó de que el país había recibido 20,6 millones de vacunas, de las que 9,4 millones corresponden a la rusa Sputnik V y 4 millones a la china Sinopharm. ¿Puede hacerse una lectura geopolítica de estos datos?

Sí, efectivamente corresponde una lectura geopolítica. El gobierno actuó con gran autonomía externa al concertar convenios que irritaron a los grandes laboratorios de Occidente. Resistió la presión de esas compañías para impedir el contrato con Rusia. El veto explícito que interpuso Washington a la adquisición de la Sputnik por parte de los gobiernos estaduales de Brasil ilustra la dimensión de esos aprietes.

Alberto Fernández optó por la compra de esa vacuna, cuando se desconocía su efectividad y sólo Bielorrusia solicitaba su provisión. Actualmente ese producto es apetecido por todos los jugadores del universo farmacéutico. El gobierno demostró la misma independencia cuando negoció con China la adquisición de varias partidas de Sinopharm.

El oficialismo acordó, además, la próxima elaboración de ambas vacunas en laboratorios instalados en el país. La Sputnik comenzará a fabricarse en la empresa Richmond y la Sinopharm en el laboratorio Sinergium Biotech. Si se concreta la rápida producción de las dosis previstas, Argentina podría reducir su actual dependencia externa en ese decisivo terreno.

-¿Qué ventajas tendría?

Ese logro permitiría afrontar en los próximos años la previsible demanda de inmunizaciones. En medio del fenomenal retroceso que padece la industria local se ha demostrado que el país preserva cierta solvencia en el campo farmacéutico. Esta elaboración local de las vacunas propina, además, un golpe simbólico a la habitual impugnación derechista de cualquier iniciativa nacional.

Pero los avances alcanzados con la Sputnik y la Sinopharm contrastan con la escandalosa inutilización de 40 millones de dosis de Astrazeneca, que fueron producidas y exportadas durante seis meses por un laboratorio de Sigman. Argentina ha sido el único país que fabricó vacunas en pleno Covid, sin poder aplicarlas en su propio territorio. El estado abonó 50 millones de dólares a esa empresa para elaborar la primera fase del remedio. Su envasado debía concretarse en México para asegurar la inmediata remisión del producto terminado. Pero recién ahora comienzan a llegar las primeras partidas de una inyección que debía aplicarse en enero.

¿Qué ocurrió?

Hubo una extraña maniobra de retención del producto -primero en México y luego en Estados Unidos- que fue amparada con el silencio oficial. Los pretextos que expuso la empresa carecen de credibilidad. Lo cierto es que el gobierno estadounidense aprovechó la colocación de un filtro fabricado en su territorio para bloquear el reenvío de la vacuna. El producto quedó inmovilizado en el Norte, cuando Trump prohibió todas las exportaciones vinculadas al Covid. Paralizaron esas remisiones para reforzar el monopolio de sus laboratorios, mientras Argentina padecía un dramático aumento de los fallecidos.

Frente a esa tropelía, la inacción de Alberto Fernández fue mayúscula. No denunció el bloqueo norteamericano y encubrió al socio argentino. Contó con el llamativo sostén de la derecha, que exceptuó el tema de su campaña contra el gobierno. La pasividad del gobierno frente a las vacunas retenidas en el exterior, contrastó con las acciones legales que por ejemplo inició la Unión Europea frente a maniobras semejantes de Astrazeneca.

Fernández no consideró la propuesta de prohibir la salida del principio activo fabricado en el país para exigir la entrega de los productos exportados. Tampoco evaluó la posibilidad de completar localmente el envasado de la vacuna. Los nuevos convenios suscriptos con Richmond incluyen esa terminación, confirmando la factibilidad de realizar ese proceso en Argentina. Esa inacción del gobierno ha sido congruente con la búsqueda del respaldo político estadounidense. Alberto y su canciller Solá equilibran los actos de soberanía con mensajes de fidelidad a Washington.

-¿Cuál es la situación actual de Argentina?

En la coyuntura actual el país padece la misma carencia de inmunizaciones que afecta al conjunto de América Latina, pero cuenta con más recursos de abastecimiento externo y producción local para revertir ese retraso. Argentina está ubicada en un lugar intermedio en el ranking global de vacunación y afronta una dramática carrera entre el ritmo de las inmunizaciones y los contagios. La segunda ola del Covid ha generado una explosión de contagios con un terrible récord de muertos.

El gobierno ha enfrentado ese rebrote a los tumbos, con grandes vacilaciones a la hora de instrumentar restricciones. Quedó muy afectado por el clima que instaló la derecha durante la cuarentena del año pasado. En lugar de explicar que ese cierre contribuyó a evitar la catástrofe sanitaria de Brasil o Perú, se quedó sin respuestas y ese vacío fue cubierto por la verborragia de los negacionistas.

-¿Se ha utilizado políticamente en Argentina la crisis sanitaria por la Covid?

La derecha transformó a la pandemia en un campo de batalla y utiliza el desconcierto creado por la infección para renovar sus mensajes de privatización. Impugna las experiencias de salud pública y ataca los cuidados requeridos para proteger a la población. Ha instalado, además, un cúmulo de mentiras en torno a las vacunas. Repite que el oficialismo fracasó en el aprovisionamiento de las inyecciones, sin mostrar algún contraejemplo de éxito latinoamericano con sus recetas. Silencia, por ejemplo, sus ensalzados modelos de Chile o Colombia que acumulan inocultables desaciertos.

La decisión oficial de suplir las carencias con la provisión de vacunas Sputnik directamente enloqueció a la oposición conservadora, que presentó incluso una denuncia penal para prevenir el «envenenamiento» que generaría esa inyección. Como esas tonterías quedaron rápidamente desmentidas, los cruzados de la campaña anti-rusa dieron vuelta a la página y optaron por el cuestionamiento inverso. Ahora patalean contra la lenta o parcial aplicación de esa vacuna. Obedecen en forma muy disciplinada las órdenes que reciben de la embajada estadounidense y se han convertido en lobistas de Pfizer. Alaban a esa empresa y enaltecen los viajes de vacunación a Miami, suponiendo que los ricos deben gozar de prioridad frente a la gran masa de pobres desechables. Por distintas vías, la derecha fomenta el descreimiento en los planes de vacunación y espera lucrar con el desánimo que genera la pandemia.

-¿Qué balance harías de la gestión del presidente de Argentina, Alberto Fernández, cumplido un año y medio de gestión? ¿Podría establecerse un hilo de continuidad respecto a los gobiernos de Cristina Fernández?

Fernández asumió el manejo de un país agobiado por décadas de primarización, endeudamiento y precarización y afrontó de entrada la durísima carga legada por el vaciamiento financiero perpetrado por Macri. Esperaba remontar esa adversidad introduciendo mejoras económico-sociales, que no cuestionaran los privilegios de los grupos dominantes. Pero afrontó la desgracia de la pandemia, debió gestionarla en un escenario de furibunda agresión de la derecha y optó por el vaivén y la indefinición en todos los campos.

En el terreno sanitario intentó una gestión progresista. Propició medidas de protección con la drástica cuarentena inicial y una acelerada inversión en camas y hospitales para evitar la saturación de las terapias intensivas. De esa forma logró sortear el tremendo drama atravesado por Ecuador, Perú o Brasil. No hubo muertos en las calles, sepulturas colectivas, ni venta de oxígeno a los desesperados. Esa activa intervención alineó al principio a todo el espectro político, revitalizó la auto-estima nacional y generó gran conciencia de los peligros de la infección.

Pero esos promisorios resultados duraron poco y el operativo sanitario quedó erosionado por la expansión de la pandemia. El resguardo se diluyó, la enfermedad se descontroló y el número de víctimas escaló en forma vertiginosa. Terminó imperando la disolución de las normas de cuidado, bajo la incansable campaña de erosión que la motorizó la derecha sin respuestas por parte del gobierno.

-¿Qué sucedió en otros campos, por ejemplo la economía?

En el plano económico la oposición conservadora impuso de entrada el freno a un proyecto de expropiar una gran empresa quebrada (Vicentin), mientras arrancó concesiones a los financistas mediante la presión cambiaria. Fernández violó ahí su promesa electoral, al sancionar una fórmula de ajuste de las jubilaciones que reduce la incidencia de la inflación. Pero al mismo tiempo resistió las exigencias de devaluación de los principales grupos capitalistas e introdujo un impuesto a las grandes fortunas, que sienta las bases para una reforma fiscal progresiva.

El gobierno navegó entre dos aguas y esperaba retomar el crecimiento por el simple efecto del arreglo de la deuda alcanzado con los acreedores privados. Pero ese convenio no contuvo el desmoronamiento del nivel de actividad, ni suscitó la prometida “confianza” de los mercados.

Como todos sus pares de la región, Alberto intentó contrarrestar el gran confinamiento generado por la pandemia, con mayor expansión del gasto público. Mediante ese auxilio limitó una retracción superior del PBI, pero potenciando el quebranto fiscal, el desplome de la recaudación y un desbarranque mayúsculo de la producción.

Ahora se negocia posponer los pagos de la deuda con el FMI legitimando el mayor fraude de la historia nacional y apostando a una imaginaria benevolencia del Fondo. Lo más preocupante es el continuado deterioro del salario como consecuencia del desborde inflacionario.

-¿Cuál es la conclusión, a tu juicio?

Yo creo que en ese mar de oscilaciones, Fernández no implementa el ajuste, ni la redistribución. Pretende transitar por un camino intermedio que no satisface las necesidades populares, ni avala las exigencias de los poderosos. Por un lado soslaya el freno a la carestía y por otra parte resiste el maximalismo de la derecha. Con emisión, recortes de gasto y un nuevo endeudamiento va tirando a la espera del rebote económico y del resultado de las próximas elecciones de medio término.

Los mismos vaivenes prevalecen en la política exterior. Ha buscado ubicarse en un lugar equidistante junto a México, para apuntalar una alternativa al declive del derechista Grupo de Lima. Pero emite guiños para todos los públicos. Condena y sostiene según la ocasión al gobierno venezolano y toma distancia de la OEA, mientras afianza los vínculos con Israel.

Pero también soporta una fuerte crítica de la derecha….

Sí. Efectivamente Fernández debe lidiar con una oposición que ha buscado instalar el caos, para judicializar y paralizar el sistema político. Los derechistas intentan recuperar el gobierno por cualquier medio, con un proyecto destituyente que ha incluido todo tipo de marchas contra el “totalitarismo populista”. Actúan con la descarada complicidad del Poder Judicial, que tiene en carpeta nuevas variantes del mismo lawfare que llevó a Macri a la Casa Rosada. Cuentan además con el sostén de los principales medios de comunicación, que recurren a una prédica virulenta para crear un clima de crispación.

Los derechistas apuestan todas sus cartas a los próximos comicios y esperan repetir el triunfo conseguido por el trumpismo madrileño contra otro oficialismo progresista. Pero olvidan las grandes diferencias con un contexto latinoamericano signado por el resurgimiento de la izquierda. Además, la marginalidad política del ejército les impide concebir el golpe militar que consumaron en Bolivia y el desprestigio del poder judicial anula el protagonismo que tuvieron los tribunales en Brasil.

-¿Cómo han respondido las clases populares de Argentina?

El lugar preeminente que ha logrado el espectro reaccionario se explica también por la infrecuente desmovilización popular. La pandemia afectó a los sindicatos, en un marco de gran retracción de las luchas y demandas de las organizaciones sociales. La infección desarticuló el funcionamiento de esos movimientos, obstruyó la deliberación, impidió las asambleas y acotó las manifestaciones. Sólo la izquierda de los movimientos sociales mantiene las protestas y por primera vez en mucho tiempo, un gobierno ha logrado desembarazarse de la presión directa que suele imponer la movilización social.

Tomando en cuenta esta variedad de acontecimientos y posturas, yo diría que por ahora Alberto Fernández se ubica en un cuadrante moderado del progresismo. Es evidente que no comparte el signo derechista de Macri, pero también transita por un sendero muy distante de la radicalidad de Evo Morales o Chávez. Es afín al rumbo que inauguraron Néstor y Cristina, pero en un contexto económico-social muy diferente. Todavía no se sabe qué tipo de peronismo prevalecerá con Fernández.

El justicialismo incluyó históricamente variantes de nacionalismo con reformas sociales, virulencia derechista, virajes neoliberales y rumbos reformistas. Menem y Kirchner fueron los exponentes más llamativos de ese pragmatismo, que aún no maduró una modalidad singular con Alberto.

Por otra parte el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció en mayo unos presupuestos expansivos, planes billonarios en inversiones públicas, empleo y la elevación del impuesto de sociedades. ¿Se trata realmente de un “giro” keynesiano en la política económica estadounidense?

Los planes económicos que mencionas son indudablemente significativos no sólo por la escala del gasto previsto, sino que también se auspician cuando la economía está encaminada hacia la recuperación. Ya no alientan estímulos para contrarrestar la pandemia. Buscan asegurar un repunte que empareje el crecimiento de Estados Unidos con China, frente al continuado freno que registra Europa y Japón. Biden quiere tomar la delantera en la competencia que libra con el gigante asiático.

Pero lo más llamativo es la orientación del nuevo paquete económico. A diferencia de las intervenciones de las últimas décadas, esta vez se avizora un incremento de impuestos a las grandes corporaciones, que será convalidado con el acuerdo internacional para obstruir la evasión de esos gravámenes en los paraísos fiscales. El tradicional socorro estatal a los grandes capitalistas esta vez será reemplazado por iniciativas de mayor recaudación que contradicen todos los dogmas del ofertismo neoliberal.

Hay un giro evidente, no sólo frente a la política de reducción impositiva que propiciaba Trump. El programa de socorro a los bancos con erario público que implementó Obama es reemplazado por medidas de compensación de las pérdidas sufridas por el grueso de la población. Se intenta recomponer los ingresos de los ciudadanos medios con transferencias directas a los contribuyentes. Este viraje en el direccionamiento del gasto público es un dato muy relevante.

Esa iniciativa tiene ingredientes tan keynesianos, como el énfasis puesto en la inversión en infraestructura. La retórica utilizada por Biden para exponer estos proyectos retoma el tono del New Deal, cuestiona espejismo del derrame, convoca a estimular la economía desde abajo y avala el resurgimiento de los sindicatos.

-¿Por qué razones se produce este viraje?

Biden ha tomado nota de enorme retroceso económico de Estados Unidos que se verifica en la pérdida de competitividad fabril. El continuado liderazgo financiero y la significativa supremacía tecnológica del país no contrarrestan ese declive industrial, ni revierten la crisis de largo plazo que afecta a la estructura productiva.

Al igual que todos sus antecesores Trump no logró modificar esa regresión. Su intento de restaurar la “grandeza americana” a costa del resto del mundo fracasó. Sólo pudo inducir un alivio de la coyuntura, sin contener los desequilibrios fiscales y comerciales. Acentuó el deterioro del medio ambiente con la renovada explotación del carbón y el shale-oil y aumentó el riesgo de nuevas burbujas con la desregulación financiera. Biden necesita cambiar ese libreto para buscar otro resultado y ha recurrido al acervo keynesiano.

Ese sorpresivo curso obedece también al resurgimiento de demandas populares, que vuelven a ejercer una influencia social significativa. Por eso Biden emitió un mensaje favorable al renacimiento de los sindicatos. Necesita además impedir la reaparición de Trump, que forjó una gran base social derechista e intentará el retorno si la decepción con los Demócratas se verifica con cierta celeridad.

Estas razones económicas, sociales y políticas internas explican el llamativo rumbo que ensaya Biden, para recomponer la insoslayable cohesión interna que se necesita para intentar restaurar el poder imperial estadounidense en el mundo. Para alcanzar esa ambiciosa meta, un viejo promotor de las reducciones fiscales conservadoras como Biden, ahora propicia medidas contrapuestas de expansión del gasto público social.

Intenta suturar las divisiones internas del país para sostener las acciones imperialistas en el exterior. El neo-keynesianismo de la Casa Blanca apunta todos los cañones a la gran contienda que se avecina con China. Lo ocurrido con Trump demuestra que esa batalla está perdida, si persiste la enorme grieta que fractura a la sociedad norteamericana.

El tono progresista que asume Biden apunta a comprometer a todas las fuerzas políticas del país, en una estrategia común para frenar a China. Busca neutralizar especialmente a la corriente de Sanders para sumarla a esta campaña Yo creo que existe un real peligro de cooptación, si en la izquierda estadounidense persiste la pasiva aceptación del padrinazgo internacional norteamericano.

-¿Opinas que funcionará el plan de Biden?

El nuevo curso recién debuta y conviene registrar sus propios límites. Aunque las mejoras sociales que propone son importantes, con su aprobación Estados Unidos recién comenzaría a aproximarse a las deterioradas prestaciones sociales que imperan en Europa.

Además, el plan de Biden no incluye el salario mínimo que demandan los sindicatos y no destina el grueso de las inversiones previstas a las comunidades más necesitadas. Prevé un número muy acotado de trabajadores alcanzados por la nueva creación de empleos y no incluye una efectiva ley de protección de los derechos gremiales.

En cualquier caso se avecinan grandes conflictos para la aprobación legislativa de las propuestas presidenciales. Los republicanos ya anticiparon su rechazo y la derecha de los demócratas pone muchos reparos. El lobby de los banqueros influye especialmente en ese sector y sus economistas ya están alertando contra el peligro de un “rebrote inflacionario”, si se aprueban las medidas expansivas que propicia Biden.

El próximo manejo de las tasas de interés indicará qué grado de recepción tienen esos cuestionamientos en la cúspide del poder económico. Pero incluso si termina efectivizándose, el nuevo plan keynesiano deberá traspasar el gran test de la utilización capitalista de los fondos públicos. Si en lugar de generar nuevas inversiones, esos recursos se canalizan hacia nuevas burbujas, el resurgimiento keynesiano quedará abortado.

La actual negociación sobre patentes puede anticipar el resultado de las tensiones económicas que se avecinan. Frente a la presión internacional creada por la pandemia, Biden sugirió suspender esas normas de protección para las vacunas del Covid. La Casa Blanca tiene enormes facultades legales para implementar esa decisión y afronta un novedoso escenario de excedentes locales por la inmunización ya completada de gran parte de la población.

Biden intenta tantear en ese terreno de las patentes la recuperación del espacio geopolítico, que Estados Unidos perdió frente a Rusia y China. El localismo egoísta que desplegó Trump debilitó seriamente a la primera potencia. Todos saben que durante la pandemia Washington distribuyó más cachetadas que auxilios entre sus socios y aliados. Pero los laboratorios, los bancos y el Wall Street Journal ya se subieron al ring para impedir cualquier alteración de los derechos de propiedad y la iniciativa oficial está frenada. Veremos si este desenlace anticipa lo que sucederá en otras esferas.

-En la última cumbre de la OTAN, celebrada el 14 de junio en Bruselas, el secretario general de la alianza militar, Jens Stoltenberg, afirmó que la relación con Rusia se situaba “en su punto más bajo desde la Guerra Fría”, y que China “también plantea algunos desafíos a nuestra seguridad”. ¿Auguras diferencias entre la política exterior de Biden y la de Trump?

Biden mantiene el propósito central del establishment norteamericano que es la recuperación del dominio internacional de la primera potencia. Seguirá buscando la forma de contrarrestar la pérdida de autoridad y capacidad de intervención de Estados Unidos y la consiguiente diseminación del poder mundial. Intentará reconquistar esa supremacía imperial para capturar riquezas y disuadir competidores. También perfeccionará la nueva variedad de guerras híbridas que propicia el Pentágono, combinando el cerco económico, la provocación terrorista y la promoción de conflictos étnicos, religiosos o nacionales en los países diabolizados.

Pero enfrentará los mismos problemas que encontraron sus antecesores para lidiar con los pantanos militares de Afganistán e Irak. El nuevo mandatario debe  convivir con el trauma de una superpotencia que pierde guerras y Biden tiene muy fresca la sucesión de frustraciones que tuvo Trump. El magnate no pudo lograr un relanzamiento de la economía utilizando la superioridad militar del país. No doblegó a China, no sumó a Europa a sus operativos, fracasó en el control de la proliferación nuclear de Corea del Norte e Irán y falló en los golpes contra Venezuela.

Para remontar esos resultados Biden pone ahora el acento en la recomposición de la cohesión interna y en la atenuación de la grieta política, las tensiones raciales y la división político-cultural, entre el americanismo del interior y el globalismo de las costas. Con ese nuevo sostén en la retaguardia retomará los propósitos estructuralmente agresivos del imperialismo. Ya seleccionó un equipo de asesores externos especializado en esa política. Todos mantienen estrechos vínculos con el complejo industrial militar.

¿China será el gran adversario?

Sí. El gigante asiático persiste como el gran enemigo a derrotar. Con más  diplomacia e hipocresía, Biden continuará la estrategia de hostilidades en el Mar de China, la militarización de Taiwán y las provocaciones en Hong Kong. Ya retomó la absurda campaña para culpabilizar a Beijing del coronavirus y se dispone a desplegar la tradicional demagogia de los demócratas con los derechos humanos para justificar las intromisiones imperiales.

Biden intenta recomponer las alianzas con Europa para reclutar aliados frente a la creciente tensión que avizora con China. Ya logró un cierto guiño de los socios transatlánticos en la última reunión del G7, pero todas las economías del Viejo Continente mantienen negocios con China que buscarán preservar. Por esa razón es incierto el alineamiento de todo el bloque occidental que demanda el nuevo ocupante de la Casa Blanca. Biden suspendió la guerra comercial de Boeing contra Airbus y parece dispuesto a olvidar las objeciones yanquis a la finalización del gasoducto Nord Stream 2 con Rusia, a cambio de una mayor agresividad contra Beijing. Pero reticencias de Europa al desacoplamiento tecnológico con China son muy grandes e incluyen también a los británicos.

La postura frente a Rusia es más ambivalente. Biden comenzó con insultos contra Putin, pero ya bajó el tono y renegocia un convenio de distensión nuclear. En Medio Oriente, no se avizoran cambios en la simbiosis con Israel y en el apuntalamiento de los sauditas. Pero la reacción frente a los desplantes de Turquía es por ahora tan incierta, como la postura frente al suspendido acuerdo nuclear con Irán. América Latina continúa en el tradicional casillero de patio trasero, pero con grandes tormentas en puerta que Biden aún no definió cómo manejar.

-El gasto militar de China alcanzó los 252.000 millones de dólares en 2020, según el instituto de investigación SIPRI, el segundo del mundo tras el de Estados Unidos. ¿Consideras acertado referirse a un imperialismo chino, por su influencia en África y América Latina? ¿Sería equiparable al estadounidense?

No. Creo que corresponde establecer una diferencia entre ambos contendientes, dado el perfil agresor de Estados Unidos y la conducta defensiva de China. Mientras que la primera potencia busca restaurar su alicaída dominación mundial, el gigante asiático intenta sostener un crecimiento capitalista sin enfrentamientos externos. China afronta, además, serios límites históricos, políticos y culturales para intervenir con actos de fuerza a escala global y por esas razones no integra actualmente el club de los dominadores del planeta. Me parece equivocado caracterizarla como una potencia imperial, depredadora o colonizadora.

Yo entiendo también que China dejó atrás su vieja condición de país subdesarrollado e integra actualmente el núcleo de las economías centrales. Desde ese nuevo lugar captura grandes flujos de valor internacional y comanda una expansión que lucra con los recursos naturales provistos por la periferia. Por esa ubicación en la división internacional del trabajo me parece igualmente desacertado ubicarla en el casillero del Sur Global.

China combina la expansión productiva con la prudencia geopolítica. No condice con el perfil imperial, que se define más por acciones internacionales de dominación que por parámetros económicos. El gigante asiático no participa hasta ahora en la política de sujeción internacional ejercida por los poderosos del planeta a través de sus estados.

Me parece que debemos prestar especial atención a la forma en que Estados Unidos hostiliza a su rival, desde que Obama inició el viraje hacia una confrontación más dura, Trump redobló esa embestida. Designó a China como el enemigo estratégico de su país, introdujo una virulenta agenda de presión económica mercantilista y acentuó la disputa por la primacía tecnológica.

Siguiendo estas pautas el Pentágono comenzó a erigir un cerco, mediante el acoso naval en el mar de China y la gestación de una “OTAN del Pacífico”. Todo el establishment de Washington apuntala esa presión geopolítico-militar. La política previa de asociación económica con China está agotada. Ese entrelazamiento quedó muy erosionado por la crisis del 2008 y ha sido fulminado por la pandemia.

La nueva potencia oriental mantiene una actitud muy distinta a su contendiente. No envía buques a navegar por las cercanías de Nueva York o California. Más bien ejerce su soberanía en un acotado radio de millas y mantiene un presupuesto militar muy inferior a su rival. La estrategia geopolítica china no enfatiza el aspecto bélico. Privilegia el agotamiento económico de su competidor, mediante una política que intenta quebrar el liderazgo estadounidense del bloque occidental.

-Por lo tanto, China actúa como una gran potencia…

Sí. China logró un impresionante protagonismo económico internacional, aprovechando las ventajas competitivas que encontró en la globalización. Pero no comparte la compulsión a la conquista territorial que aquejaba a las grandes potencias del silgo XX. Desenvolvió formas de producción mundializadas y consiguió expandir su economía con pautas de prudencia geopolítica inconcebibles en el pasado.

Los límites que afronta China para actuar como una potencia imperialista derivan del carácter inconcluso de la restauración capitalista y de la propia historia de un país acosado y carente de tradiciones expansionistas.

China obtiene grandes beneficios de sus inversiones en África, pero no despacha tropas hacia ese continente y su única base militar en el neurálgico cruce comercial de Djibuti, contrasta con el enjambre de instalaciones que ha montado Estados Unidos. Evita además involucrarse en los explosivos procesos políticos del continente negro.

También es cierto que lucra con la primarización de América Latina, pero se ubica lejos del intervencionismo estadounidense. No es lo mismo hacer negocios con la venta de manufacturas y la compra de materias primas, que enviar marines, entrenar gendarmes y financiar golpes de estado. China ha consolidado un comercio desigual con América Latina, pero sin consumar la geopolítica imperial que continúa representada por la presencia de la DEA, el Plan Colombia y la IV Flota.

-Por último, en un artículo publicado en La Haine (abril 2021), señalabas un “conflicto que opone a los sectores neoliberales y estatistas” en China. ¿En qué consiste y con qué implicaciones?  

La postura defensiva de China es coherente con el status de un país que se expandió con cimientos socialistas, complementos mercantiles y un modelo capitalista enlazado a la globalización. Esa combinación apuntaló la retención local del excedente. Además, la ausencia de neoliberalismo y financiarización permitió evitar los agudos desequilibrios que afrontaron sus competidores.

Yo creo que el conflicto con Estados Unidos tiene una enorme incidencia en el rumbo que seguirá China. Influirá en la definición del sector que prevalecerá en el comando de la sociedad. La contundente gravitación del capitalismo no se ha extendido aún a toda la estructura del país y una nueva clase dominante maneja gran parte de la economía sin controlar el estado. Ese sector logró revertir la transición socialista previa sin instaurar su preeminencia. A diferencia de lo ocurrido en Rusia o Europa Oriental, en China prevalece una formación intermedia, que no cohesiona a los funcionarios con los capitalistas, en un marco de legado socialista aún presente.

Esa peculiar estructura determina la política exterior diferenciada que te mencionaba en la pregunta anterior. China diverge de Estados Unidos por la vigencia de un status capitalista insuficiente que obstruye la implementación de políticas imperialistas.

Pero la continuidad de ese curso está sujeta al desenlace del conflicto que opone en el país a los sectores neoliberales y estatistas. El primer núcleo aglutina a los grupos capitalistas que auspician el libre-comercio con proyectos expansivos y tentaciones imperiales. El segundo segmento propicia reforzar la gestión estatal, moderar el curso capitalista y preservar la prescindencia geopolítica internacional.

Xi Jinping ejerce un fuerte arbitraje entre todas esas vertientes de la elite gobernante. Y para asegurar la cohesión territorial del país mantiene a raya a los enriquecidos acaudalados de la costa. Ha defenestrado a varios multimillonarios y multiplicado las campañas contra la corrupción, para sepultar los gérmenes que condujeron a la disgregación semicolonial padecida en el pasado.

China evita el conflicto con Estados Unidos, pero la propia búsqueda de ese compromiso está obstruida por la expansión del capitalismo. Las exigencias competitivas que impone el apetito por el lucro acentúan la sobreinversión y las consiguientes presiones para descargar excedentes en el exterior. La distensión con Estados Unidos es socavada por los proyectos expansivos que China acrecienta para atemperar la sobreproducción.

En síntesis: hay un conflicto irresuelto dentro del oficialismo y una tensión con la clase dominante que no maneja los resortes del estado y debe aceptar la estrategia internacional cauta que propicia el Partido Comunista.

Por Enric Llopis | 03/07/2021

Publicado enInternacional
Viernes, 13 Noviembre 2020 06:08

Golpe (rascuache y zafio) a la peruana

Manuel Merino

En tiempos de fake news y prensa embozada, el solo hecho de llamar las cosas por su nombre es valiente y útil. En Perú, únicamente dos medios –la revista IDL Reporteros y el diario La República– han definido como "golpe de Estado" lo que la mayoría de la prensa y las agencias internacionales han titulado asépticamente "Vacancia del presidente Martín Vizcarra por el Congreso de Perú".

Y es que la emboscada iba ya bien ensayada, con un intento fallido hace dos meses que utilizaba la misma causal de "incapacidad moral permanente" y parecía inspirado en la acción parlamentaria que derrumbó al presidente anterior, Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de 2018.

Sobre la transformación del presidente del Congreso, Manuel Merino, en presidente de la República con una simple votación parlamentaria y sin ninguna acusación probada, se escribe en el editorial del martes de La República:

"El golpe no deja de ser golpe. El allanamiento de Martín Vizcarra a la decisión del Congreso no anula el grave acto perpetrado y el hecho de que un grupo conspirador se haya apropiado del gobierno poniendo fin a 20 años de democracia, quebrando la Constitución y colocando al país nuevamente en un tránsito aciago gobernado por la codicia y la corrupción."

Y añade: "La disposición de la Constitución es precisa respecto a la prohibición de acusar al presidente durante su mandato salvo las razones expresadas con detalle en el artículo 117. Esa prohibición ha sido violada groseramente para lo cual se ha forzado inconstitucionalmente la figura de la vacancia y la incapacidad moral utilizando declaraciones de aspirantes a colaboradores oficiales, fotos maquilladas y otros documentos que forman parte de un proceso de investigación sobre las actividades del presidente de la nación Martín Vizcarra. El papel desempeñado en esta alevosa operación por el presidente del Congreso lo cubre de vergüenza a él y a su partido. Manuel Merino será un presidente indigno que se aúpa al poder con métodos reprobables".

La acusación contra el presidente Vizcarra de que habría recibido coimas del llamado Club de la Construcción –una red mafiosa para ganar licitaciones– cuando era gobernador de Moquegua (2011-14), no ha sido probada por ningún juez o fiscal, y sólo se sostiene en las declaraciones de unos aspirantes a colaborar con la justicia, gente que con tal de salvar el pellejo declararía cualquier cosa.

Lo grotesco de la situación es que de los 109 congresistas (de un total de 130) que han votado el lunes por defenestrar al presidente, 68 –como ha recordado el propio Vizcarra frente al Congreso en su última alocución– tienen investigaciones judiciales en curso y denuncias por diversos delitos, pero ninguno de ellos ha dejado el cargo o renunciado a la inmunidad. Al contrario, este Congreso parece más un refugium peccatorum que un parlamento.

El traspaso de poderes ha encontrado un fuerte rechazo popular. En las principales ciudades del país, sin excepción, a partir de la capital, manifestaciones espontáneas han encontrado una represión policial desproporcionada, que no promete nada de bueno. El Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado definitivamente sobre la vacancia, pero las ceremonias de investidura ya han sido oficiadas.

La difusión internacional de la noticia no explica claramente quién ha tomado el poder. Manuel Merino, actual presidente, es un empresario ganadero del norte cuya sóla acción política memorable es la de haber obtenido una condonación fiscal por el sector agropecuario de Tumbes. ¡Ah!, y también el intento fallido de golpe anterior, por el cual un grupo de ciudadanos lo ha denunciado "por los presuntos delitos de sedición, conspiración y usurpación de poderes".

Sus familiares obtuvieron contratos con el Estado durante su segundo mandato como congresista, lo cual es abiertamente ilegal.

A cinco meses de la elecciones generales, que deberían renovar las instituciones en ocasión del bicentenario de la independencia, con los graves problemas económicos y de salud pública que afligen a la población, parece sumamente irresponsable provocar una crisis política de esta gravedad. Todo por ambiciones e intereses personales.

Sin embargo, las manifestaciones crecientes de estos días hablan de una sociedad civil "hasta el gorro".

Fascinado por la idea de ser presidente interino, aunque sea por unos meses (las próximas elecciones generales serán en abril de 2021), animado por la masa de corruptos incrustada en las instituciones –hablando sólo de magistrados, 151 jueces y 183 fiscales involucrados en actos de corrupción, según datos oficiales– Manuel Merino ha logrado sin mucha dificultad juntar una mayoría parlamentaria para que proceda el pedido de vacancia presidencial.

Por Periodista italian, periodista peruano

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Bolivia realizará las elecciones presidenciales el 6 se septiembre

Acuerdo entre las fuerzas políticas, incluido el MAS, a siete meses del golpe

El Tribunal Supremo Electoral presentará el acuerdo en el Congreso para su aprobación. El presidente del organismo, Salvador Romero, dijo que una vez aprobado propondrán esa fecha para la votación. 

 

Las principales fuerzas políticas de Bolivia, incluido el Movimiento Al Socialismo (MAS), y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) establecieron el 6 de septiembre como fecha límite para realizar las elecciones presidenciales. El acuerdo, que tiene que ser refrendado por el Parlamento, fue presentado por candidatos y miembros del TSE. El presidente del organismo Salvador Romero dijo que una vez aprobada la ley propondrán esa fecha para la realización de los comicios. 

Las elecciones generales estaban previstas para el pasado 3 de mayo. Pero a finales de marzo habían sido aplazadas sin fecha por el gobierno de facto al declarar el estado de emergencia sanitaria por el coronavirus.

El pasado 30 de abril el Parlamento boliviano, donde el partido de Evo Morales tiene mayoría, había promulgado una ley que daba un plazo máximo de noventa días para ir a las urnas. En ese momento la presidente interina Jeanine Áñez se había manifestado en contra de la decisión. Ese plazo se cumpliría el próximo 2 de agosto. Sin embargo esta vez buena parte del arco político boliviano llegó a un acuerdo junto con las autoridades electorales. El mismo quedó rubricado en un proyecto de ley donde se puso como fecha límite para realizar las elecciones el 6 de septiembre. Aún resta que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto que enviará el TSE al Parlamento. Se espera que así ocurra ya que el MAS tiene mayoría en ambas cámaras y formó parte de la elaboración del mismo.

El presidente del TSE declaró que el proyecto de ley acordado es fruto del diálogo entre las ocho candidaturas. “El proyecto prevé la realización de la elección general hasta el domingo 6 de septiembre de 2020. Una vez publicada la ley, el Órgano Electoral fijará ese día como fecha de la elección general a través de una resolución”, indicó Romero. Las declaraciones de los candidatos tras el acuerdo apuntan a que las elecciones se celebrarán ese primer domingo de septiembre.

Bolivia tiene que elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados, después de que fueran anuladas las elecciones de octubre pasado. En ellas Morales había logrado imponerse a Carlos Mesa, el segundo candidato más votado. Pero las denuncias de fraude crearon el caldo de cultivo para lo que luego fue el golpe de Estado. El líder del MAS se exilió en México y desde el 13 de diciembre se encuentra como refugiado político en la Argentina.

Casi todos dieron el sí

En su comparecencia el presidente de TSE estuvo rodeado de varios candidatos. Entre ellos se encontraba Luis Arce Catacora, elegido por el MAS para llegar a la presidencia. "Hemos viabilizado este acuerdo para que podamos tener el cuidado en la salud, en primera instancia, pero también dar la certeza a los bolivanos y bolivianas que este año habrá elecciones, y que se realizarán el 6 de septiembre. Esperamos que el Tribunal tome las decisiones para que esa fecha se cumpla", sostuvo Arce. 

También estuvo presente el candidato de Comunidad Ciudadana y expresidente Carlos Mesa. Por su parte la presidenta interina Jeanine Áñez, candidata por Alianza Juntos, publicó un mensaje en Facebook donde dijo que aceptará la decisión del TSE. Sin embargo pidió al organismo escuchar a los especialistas antes de determinar la fecha de la elección. En contra de la decisión del órgano electoral se manifestó el partido Creemos que lleva como candidato a Luis Fernando Camacho, expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz.

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La demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, como si fuera una vulgar trumpiana fustigó que la red 5G de Huawei permitiría a China espiar las comunicaciones de los aliados de Estados Unidos.Foto Ap

Lo peor que pueden hacer los cándidos mandatarios del mundo es tomar partido por demócratas y/o republicanos, que son las dos caras de la misma moneda cuando se trata de la "seguridad nacional" de Estados Unidos y sus intereses, como fue notorio en la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM) en su versión 56, donde demócratas, encabezados por Nancy Pelosi (NP) y Adam Schiff –fallidos defenestradores de Donald Trump–, se fusionaron con sus supuestos "enemigos" de la dupla "evangelista sionista" Pence-Pompeo y el secretario del Pentágono Mark Esper (ME), representantes del trumpismo, para arremeter conjuntamente contra China y la 5G de Huawei (https://bit.ly/2T5fJzw).

La amazona católica NP, desde la inmoralidad del sistema bélico de Estados Unidos, moralizó el pleito con la 5G de Huawei, que redujo a un dilema entre la "autocracia" china y la "democracia" (sic) de la "autopista de la información" (https://bit.ly/2TaC4eQ).

NP no conoce el sistema que dirige en Estados Unidos, que no es una "democracia", sino una "plutocracia prototeocrática", tanto en la fase del ayer demócrata y hoy republicano Trump como de la candidatura híbrida del ayer republicano y hoy demócrata Mike Bloomberg, con una fortuna que ya alcanzó 65 mil millones de dólares (https://bit.ly/2HOJmzP) y quien, al unísono de George Soros, lubricó la candidatura de NP.

Ni Alemania ni Francia ni Gran Bretaña –cuyo primer ministro conservador, Boris Johnson, es el gran aliado de Trump– se han doblegado a las amenazas de Estados Unidos para abandonar la 5G de Huawei.

NP, como si fuera una vulgar trumpiana, fustigó que la red 5G de Huawei permitiría a China espiar las comunicaciones de los aliados de Estados Unidos, a lo que China replicó que este último persiste en monopolizar (¿"democracia"?) el control cibernético global para perpetrar su espionaje. NP amenazó que “quienes opten por Huawei tendrán que pagar un alto precio (¿"democracia"?). Cuando le preguntaron a NP si estaba de acuerdo "con la política china del presidente Trump", respondió sin sonrojarse que "estamos de acuerdo en este punto". Y en otros más que oculta…

El diplomático chino Fu Ying preguntó a NP cuál era su explicación para que las trasnacionales de Estados Unidos que han operado en China durante décadas no hayan podido cambiar el sistema político chino y que ahora resulte que Huawei sola amenace la "democracia" de Occidente (https://bit.ly/2vRVQ6Z). ¡Touché!

Justamente, días antes, The Washing-ton Post –portavoz del establishment y propiedad de Jeff Bezos, mandamás de Amazon–reportó que la CIA espía las comunicaciones encriptadas de los gobiernos de todo (sic) el mundo desde hace cinco décadas (sic), gracias a la instalación secreta de la empresa de "seguridad" CryptoAG, en Suiza (https://wapo.st/2Pw9aVN).

Si Europa rechazara la 5G de Huawei, se quedaría secuestrada eternamente a Estados Unidos y muy rezagada frente a China.

El Secretario de Defensa ME advirtió que el mundo se encuentra ahora en la "era de competencia de las grandes potencias", por lo que “debemos pasar de los conflictos de baja (sic) intensidad y prepararnos de una vez por todas para una guerra de alta (sic) intensidad”, que es la misma perorata del reporte del Pentágono de 2018 (https://bit.ly/39TpKXd).

En forma espectacular participaron también en la CSM Mark Zuckerberg, de Facebook, y el canciller iraní, Javad Zarif, lo que puso nerviosos a tirios y troyanos.

Las diatribas de republicanos y demócratas por igual contra la 5G de Huawei va mucho más allá de una prosaica guerra "comercial" y de la defensa hilarante de "valores democráticos" inexistentes en Estados Unidos. Más bien refleja el acelerado declive de Occidente, en particular, de Estados Unidos, su otrora superpotencia tecnológica que ha sido ya rebasada en varios rubros por la panoplia hipersónica militar de Rusia y por las hazañas científicas de China, hoy puesta doblemente en cuarentena por el extraño coronavirus y por el cerco de Estados Unidos, que empezó con la contención de Barack Obama y prosigue en forma desesperada con Trump, mientras Rusia y China han codificado una "asociación estratégica", cuya envergadura secreta se ignora y ha dejado atrasado a Estados Unidos.

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Lunes, 27 Enero 2020 06:32

Contrastes

Analistas consideran que el aspirante "socialista democrático" Bernie Sanders tiene posibilidades de ganar la candidatura demócrata para enfrentar a Donald Trump en los comicios presidenciales de este año. La imagen, ayer en Iowa.Foto Ap

El socialista democrÁtico Bernie Sanders, precandidato presidencial demócrata, está ganando –ocupa el primer lugar en las encuestas en los dos primeros estados en realizar elecciones internas del Partido Demócrata, así como en algunas encuestas nacionales, cuenta con más fondos que todos sus contrincantes (de contribuciones individuales de más de 5 millones de donantes, sin un millonario), y de repente todo el elenco de analistas, comentaristas y periodistas del llamado mainstream que lo habían descartado durante meses ahora afirman que, pues fíjense que el candidato más progresista podría ganar la nominación presidencial demócrata.

Al mismo tiempo, el populista derechista Donald Trump está ganando. Todo indica que será exonerado en el juicio político, lo cual proclamará como un triunfo contra los diabólicos izquierdistas del Partido Demócrata que deseaban anular los resultados de la pasada elección, así como su relección este año. A pesar de pruebas abrumadoras del uso corrupto y abusivo de su puesto para intereses propios, y la obstrucción de las investigaciones sobre su comportamiento ilegal, Trump ha mantenido fieles a sus filas y de manera sorpresiva sigue con la misma aprobación pública desde que llego a la Casa Blanca, alrededor de 40 por ciento, que aunque es históricamente baja para un presidente, es suficiente para mantener el poder, por ahora.

Trump intenta imponer su marca sobre el mundo, al anunciar en Davos que en su mando, Estados Unidos está ganando de nuevo como nunca antes y que por eso sus aliados en el mundo están mejor. Su secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó hace unos días que “a pesar de lo que algunos leen en otras partes de que a la gente no le gusta America, donde yo vaya veo un profundo amor por nuestro país… El mundo sabe lo que representamos… la libertad… y lo quieren también”.

Pero resulta que no –un sondeo reciente del Centro de Investigación Pew entre personas de 32 países registra que una amplia mayoría, 64 por ciento, no tienen confianza en que Trump haga lo correcto en política exterior–; en México, 89 por ciento no le tiene confianza ( https://www.pewresearch.org/global/2020/ 01/08/trump-ratings-remain-low-around- globe-while-views-of-u-s-stay-mostly-favorable/ ).

Y aquí, mientras todos repiten que el país está polarizado, integrantes destacados de la cúpula de ambos partidos y sus patrocinadores cenan juntos. Jeff Bezos, jefe de Amazon y del Washington Post –frecuentemente atacado como medio enemigo– y el hombre más rico del país, hizo una gran fiesta en su nueva mansión de 23 millones de dólares en Washington a la cual asistieron varios ejecutivos, incluido el segundo hombre más rico del país, Bill Gates, la hija de Trump, Ivanka, y su marido Jared Kushner, la consejera presidencial Kellyanne Conway, los secretarios de Transporte y Comercio, la conductora del noticiero nacional de CBS News, el ex secretario de Defensa de Trump, Jim Mattis, los ejecutivos en jefe de Goldman Sachs y JP Morgan Chase, un ex secretario de prensa de Obama, y así.

Mientras se habla de la grave polarización en este país, parece que hay suficiente consenso entre la élite como para poder impulsar políticas rechazadas por las mayorías, como el libre comercio, anulación de regulaciones ambientales, reducción de impuestos sobre empresas y multimillonarios, y el negocio de guerras interminables.

Hace recordar esa famosa frase del escritor y crítico Gore Vidal: “hay un solo partido en Estados Unidos, el Partido de la Propiedad… y tiene dos alas derechas: republicanos y demócratas”.

Tal vez lo más importante es quién no asistió a la fiesta, por ejemplo, no invitaron a Sanders ni a sus aliados.

Los contrastes sirven para saber lo mas importante: de qué lado estás.

https://www.youtube.com/watch?v=9X EnTxlBuGo"https://www.youtube.com/watch?v=9XEnTxlBuGo

https://www.youtube.com/ watch?v=Sx-ATtinIj4

https://open.spotify.com/track/ 4rzhyomGxgWvvXQSdcZbCA?si=23M-GrHLS0OwCDqowja7Ng

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 Rafael Vela, en una imagen de archivo. Agencia Andina

El fiscal que investiga las ramificaciones del 'caso Odebrecht' defiende las medidas preventivas para asegurar la acción de la justicia

 La corrupción ya ha hecho temblar los cimientos del poder político en Perú, pero los responsables de las principales investigaciones están determinados a llegar hasta el final para garantizar la acción de la justicia. Las repercusiones del caso Odebrecht, una gigantesca trama de sobornos millonarios tejida en América Latina por la constructora brasileña durante dos décadas, han sacudido al país y han reavivado la conciencia crítica de la sociedad. El escándalo llegó a acorralar a cuatro expresidentes. Alan García se suicidó el pasado miércoles minutos antes de ser detenido. La justicia impuso el viernes tres años de prisión preventiva a Pedro Pablo Kuczynski. Alejandro Toledo huyó hace dos años. Ollanta Humala también ha pisado la cárcel. En este contexto trabaja el fiscal superior Rafael Vela Barba (Lima, 45 años). Desde agosto de 2018 es el coordinador del denominado Equipo Especial Lava Jato, el grupo de investigadores encargado de esclarecer las circunstancias de las contrataciones de Odebrecht en Perú.


Vela conversó con EL PAÍS por teléfono poco después de que el juez dictara la medida cautelar contra Kuczynski, quien está acusado de lavado de dinero. Fue juez de lo penal entre 2003 y 2011, consultor y profesor de Derecho Procesal. Habla con serenidad de las dificultades a las que se enfrentan las investigaciones y defiende la necesidad de las detenciones durante la fase de instrucción para facilitar las indagaciones de un caso. La próxima semana interrogará a Jorge Barata, antiguo director ejecutivo de la compañía brasileña en Perú.


- ¿Qué está pasando en Perú con el caso Odebrecht? ¿En qué fase está?


- Estamos en una fase ya de mayor madurez procesal, buscando medidas que aseguren que los fines de la investigación sean los que correspondan al procesamiento de la información que estamos recibiendo. A través de la actividad investigativa de los fiscales soportada y tal vez potenciada por herramientas procesales como la colaboración eficaz. Son mecanismos en los que a partir de asumir culpabilidad se acercan a la Administración de justicia para brindar toda la información que tienen sobre los delitos que puedan haber cometido y reciben en contraprestaciones beneficios premiales, o sea, premios por esa información. Hemos culminado ya un convenio de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. Con esa información entramos a esa mayor agresividad procesal. Porque ya tenemos información que puede superar los altos estándares que hay para las medidas coercitivas y que nos permite asegurar a los investigados lo necesario y hacer nuestro trabajo ya con una planificación estratégica.


El fiscal se refiere a la fuga de algunos investigados. "Hemos tenido experiencias acá en el país, hay varios casos, el de Alejandro Toledo, el de Hinostroza Pariachi, el caso del señor Félix Moreno... Hay muchos casos en los que, por diferentes razones, generalmente vinculadas a esta campaña agresiva que tenemos en contra de hacer un presunto mal uso de las herramientas procesales de aseguramiento como es la prisión preventiva o la detención preliminar, no puedan permitir que esa flexibilidad genere impunidad. Y eso es contra lo que nos encontramos".


Estas medidas, defiende, responden a los métodos de consecución de la información. "Estos casos son muy complejos y la información no es de fácil acceso, sino es completamente más bien clandestina u oculta, por eso necesitamos muchas veces negociar acuerdos de colaboración eficaz porque de otra manera no podríamos acceder a la prueba y eso significaría más bien por el contrario las defensas que son muy activas".


Vela hace hincapié en un paréntesis que considera clave, esto es, el pulso con los abogados. "No se olvide usted que estamos enfrentando no solamente a toda la clase política del país que está involucrada en hechos de lavado de activos y corrupción sino también propiamente a un fenómeno de espaldas financieras muy grandes en donde también las personas de alto perfil tienen mucho dinero para pagar defensas técnicas muy calificadas", sostiene. "Nos estamos enfrentando sin excepción a todos los grandes estudios de abogados de Lima en materia penal. Es una pelea con todo lo que el dinero puede pagar, dinero que además muchas veces tiene una condición ilimitada en la medida de que la corrupción tiene grandes fondos. La abogacía es siempre una profesión que está vinculada al ejercicio del derecho, todos tienen derecho a la defensa y todos en este caso tienen defensa muy calificada", continúa.


A eso se añade el clima político. "Nosotros tenemos investigada a la lideresa de la mayor fuerza del Congreso, que es la señora [Keiko] Fujimori, teníamos investigado al señor García. Tenemos investigado al señor Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, al señor Ollanta Humala Tasso, expresidente de la República, al señor Alejandro Toledo, expresidente de la República, tenemos también a personas vinculadas a la política que están siendo también objeto de investigación. Es decir, la señora Susana Villarán, el señor Luis Castañeda Lossio [exalcaldes de Lima]. Para nosotros es un fenómeno muy complejo porque no solamente nos enfrentamos al poder del dinero para contratar defensas técnicas muy calificadas, sino también a la clase política del país que en este momento está presente".


- ¿Y estas circunstancias generan presiones?


- Absolutamente. Con un ejemplo se puede tratar de establecer una fotografía de lo que nosotros pasamos. El día 31 de diciembre, cerca de las nueve de la noche, la cabeza de nuestra institución, que es la Fiscalía de la Nación, dejó sin efecto nuestras designaciones en el equipo especial, tanto a mí, que soy el jefe del equipo, fiscal superior, como el doctor José Domingo Pérez, que es un componente muy representativo del equipo especial, fiscal provincial. A partir de lo que entendemos era una injerencia de la política dentro de la institución. Dejaron sin efecto nuestras designaciones luego de una permanente hostilización que se desató a partir de que tomamos la decisión primero de detener preliminarmente y no solicitar una prisión preventiva, que no se suele conseguir por el poder judicial, contra la señora Fujimori. Tenemos presiones de ese tipo, presiones parlamentarias permanentes, porque los parlamentarios son los primeros que siempre nos atacan.


Vela admite que la resolución sobre el arresto de Kuczynski, ingresado en una clínica, puede ser "controvertida". "Sin embargo", prosigue, "es un asunto judicial que tiene que resolverse a partir de la defensa técnica que tiene el señor Kuczynski". "Vamos a una doble instancia, una instancia plural, donde hay un derecho de apelación y eso se resolverá ahí. Nosotros podemos ganar o perder, pero nos sometemos a la ley. Sin embargo, si usted ve la televisión yo he contado hasta siete congresistas criticando la resolución judicial y más bien cuestionándola fuera del contexto de respeto de lo que es poder del Estado y una institución autónoma como es el Ministerio Público y muchas veces generando un comentario sin conocer el caso. Entonces vemos que es más una consigna política".


El equipo de investigadores, que lidia con 36 carpetas, está integrado por cuatro fiscales provinciales y un fiscal superior, apoyados por algunos adjuntos. El coordinador asegura que no hacen nada extraordinario más allá de su propio trabajo y lamenta la falta de recursos, aunque asegura que cuenta con el apoyo "en todos los sentidos" de la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. "Tal vez sí somos un grupo especializado, pero bastante corto. Cuando hemos pedido más dinero por ejemplo para crecer porque tenemos un caso sumamente complejo nos han dicho que no hay dinero".


- Perú ha sido el país donde las investigaciones de Odebrecht han avanzado más. ¿Por qué?


- Tiene que haber gente calificada, pero fundamentalmente tiene que haber gente que tenga la mística para hacer un trabajo por el cual uno no gana más dinero que el que corresponde a su salario. Ha sido bien complejo el proceso de selección de las personas del equipo especial. También es verdad que, dentro de la propia institución, al tratarse de un caso de gran envergadura sometido a mucha presión y a muchas circunstancias y vicisitudes complejas, de interferencia política, muchos fiscales no se quieren comprometer. Tiene que haber una tecnificación propia de enfrentarte a los mejores abogados que el dinero puede pagar. No sería tampoco una igualdad de armas si no tienes un fiscal que pueda enfrentarse con eficiencia y con preparación académica a un abogado que seguramente es muy bien calificado porque es el dinero el que puede pagar. En esa medida, a partir del factor humano que es un hecho básico, viene la estrategia procesal y creo que es lo que define finalmente también el avance de la investigación, que es una apertura a mecanismos alternativos como las colaboraciones eficaces.


- Parece, además, que existe una mayoría social que apoya una regeneración de la vida pública en Perú. ¿Es así?


- Quisiera añadir un aspecto medible. Cuando fuimos cesados por el doctor Chávarry, que era el fiscal de la Nación de ese momento que luego dio marcha atrás, la única razón más allá de la discusión legal de esto creo que fue por la fuerza de la presión pública respecto de la legitimidad del trabajo que nosotros hacemos. Por eso retrocedió.


- Anunció en marzo que estaba cerca la acusación del expresidente Humala, pero aún no la presentaron. ¿Por qué?


- Venimos pretendiendo acusar a Ollanta Humala desde octubre 2017, pero su defensa ha presentado muchos recursos que nos han obligado a litigar. En ese momento teníamos una estrategia y habíamos logrado hablar con Marcelo Bahía Odebrecht [antiguo responsable de la constructora], algo que ninguna fiscalía del mundo lo había podido hacer. Sucedió que contábamos que íbamos a tener la ayuda del anterior fiscal, Hamilton Castro, para obtener testimonios de otros tres ejecutivos, pero se empezaron a enrarecer las relaciones entre el fiscal Castro y el señor Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, y otros se negaron a declarar. Entonces hubo que renegociar con ellos en un nuevo acercamiento para que pudieran declarar.

 

Por, Francesco Manetto / Jacqueline Fowks

Lima 20 ABR 2019 - 22:04 COT

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Justicia de Brasil ordena el arresto de Temer, acusado de corrupción

Río de Janeiro. Desde el último día del año pasado, cuando terminó su mandato presidencial y perdió el derecho al fuero, la duda no era si Michel Temer y algunos de sus ministros serían detenidos, sino cuándo sucedería, ya que existen 10 juicios por corrupción contra el ex presidente.

Además de Temer fueron detenidos Wellington Moreira Franco, su brazo derecho y ex ministro de Minas y Energía, y Joao Baptista Lima, coronel retirado de la policía militar de Sao Paulo, acusado de ser su testaferro desde hace 40 años en un esquema de corrupción. Los tres se encuentran en prisión preventiva por tiempo indeterminado, de acuerdo con la legislación brasileña.


La defensa presentó ya un recurso en segunda instancia, y según medios jurídicos, es probable que haya una decisión favorable al ex mandatario.


La prisión preventiva a Temer ocurre en un momento propicio para el gobierno. La noticia concentrará la atención durante los próximos días, justo cuando la popularidad del ultraderechista Jair Bolsonaro, el capitán que lo sucedió en el cargo, se desploma a velocidad vertiginosa. Apartarse de los reflectores será, aunque sea por algún tiempo, un alivio.


Además, la noticia sirve para rescatar la imagen de la operación Lavado Rápido (Lava Jato) y la de su mentor, el ex juez y actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, quien se encuentra sumamente desgastado.


Hasta hace poco ídolo de la clase media, de los grupos hegemónicos de comunicación y de los dueños del capital, encargado de encarcelar e impedir que Luiz Inácio Lula da Silva contendiera en las elecciones presidenciales, Moro fue nombrado superministro.


Sin embargo, rápidamente perdió fuerza al sufrir sucesivas derrotas. La más reciente se dio cuando fue duramente criticado en público por el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, precisamente el día anterior a las prisiones.


A propósito, puede que sea coincidencia, pero vale la pena recordar que Moreira Franco está casado con la suegra de Maia. La orden de prisión firmada por el juez de primera instancia de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, tiene fecha del pasado viernes.


Esta nueva erupción se da a pocos días de que el Supremo Tribunal Federal impuso varias limitaciones al establecer que los casos de uso de dinero ilegal en campañas políticas sean llevados por la justicia electoral. Bajo esa acusación, la operación Lavado Rápido cometió una vasta serie de arbitrariedades.


Además, sus integrantes impidieron que Lavado Rápido se apoderara, para crear una fundación privada, de unos 630 millones de dólares de un acuerdo entre la estatal Petrobras y la justicia de Estados Unidos. Desatado el escándalo, el máximo tribunal actuó con inusual velocidad.


El juez Bretas, al ordenar el arresto de Temer, trató de pasar al electorado bolsonarista el mensaje de que, pese a las presiones, la operación Lavado Rápido sigue combatiendo la corrupción.


Es verdad que en el caso de Temer y los demás detenidos, al contrario de lo que pasa en la situación del ex presidente Lula, sobran las pruebas. Las acusaciones se remontan a los tiempos en que Temer era diputado local en Sao Paulo, y siempre fueron conocidos sus intereses en el puerto de Santos, que controló durante décadas. Las pruebas van desde grabaciones de audio hasta filmaciones que no dejan lugar a dudas, como la de su entonces asesor especial Rodrigo Rocha Loures, corriendo por la calle arrastrando una valija con unos 200 mil dólares. Según la fiscalía, se trataba de la cuota semanal del esquema de sobornos destinada al entonces presidente.


Ya instalado en el poder gracias a un golpe institucional, Temer no sólo mantuvo la costumbre de cobrar sobornos, sino que la amplió enormemente.


Sin embargo, la noticia, que sirvió de alivio para el ultraderechista Bolsonaro, podría traerle problemas.


Las relaciones de su gobierno con el Congreso andan mal y la escandalosa prisión de Temer y Moreira Franco servirá para elevar el precio de cada diputado a cambio del apoyo a las reformas pretendidas por Bolsonaro.


Es natural que el capitán presidente pretenda capitalizar los beneficios de los arrestos de ayer ante la opinión pública, pero para aprovecharlos tendrá que demonizar una vez más a la clase política, justo cuando más la necesita.


La Bolsa de Valores se desplomó, el dólar y el euro se dispararon, la difusa opinión pública aplaudió. Ahora, a ver qué pasa. Todo depende del tiempo que Temer y compañía sigan presos.

 

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El Frente Amplio liderado por Beatriz Sánchez obtuvo un 20 por ciento pisándole los talones a Guillier.

 

La coalición se convirtió en la tercera fuerza política

 

El conglomerado liderado por Beatriz Sánchez tiene un gran abanico para negociar con Alejandro Guillier de cara al ballottage. Sin embargo, hay quienes ven como traición negociar con un representante de la política tradicional.

Cuando el polvo que levantó la elección presidencial del pasado domingo en Chile comienza a disiparse, también aparecen los primeros recuentos en frío, lejos de los acalorados análisis del domingo por la noche, donde muchos de los que ganaron abultaban más ese triunfo con arengas ampulosas y los que perdieron minimizaban la derrota con discursos de bajo calado. Lo primero es señalar que la segunda vuelta no será pan comido para Sebastián Piñera, que deberá enfrentarse al senador Alejandro Guillier, que representa a Fuerza de la Mayoría. El multimillonario empresario, logró el 36 por ciento de los sufragios, muy por debajo del 45 por ciento que indicaban las encuestas previas y que incluso lo llevó a soñar con un triunfo en primera. Los electores dijeron otra cosa y la duda e incertidumbre se posó sobre sus adherentes, que ya no cantan victoria a grito pelado, sino que más bajo, con susto en algunos casos.

Por el lado de Guillier, tampoco las cuentas deben ser muy alentadoras, apenas un 22 por ciento y con el sorpresivo 20 por ciento de Beatriz Sánchez, la candidata del Frente Amplio –coalición más a la izquierda y transformista que la aún pacata centroizquierda chilena– pisándole los talones y que con su excelente votación, transformó a su sector en la tercera fuerza política de Chile y a ella en la principal ganadora de estos comicios, donde la alta abstención sigue siendo un fantasma que sigue preocupando.

Lograron 20 diputados y un senador. Hasta antes de estas elecciones, contaban con apenas tres parlamentarios y un alcalde de peso en Valparaíso. Ahora, con la chapa de proyecto político grande, el Frente Amplio tiene un amplio abanico para negociar con Guillier, su aliado que podría pensarse como natural dada el paladar político de sus miembros, pero que no es así. Ahora, el conglomerado liderado por Giorgio Jackson y Gabriel Boric, diputados reelectos con amplia mayorías e hijos sobresalientes de la crisis estudiantil del 2011 (que puso en jaque a Piñera, derribando a varios de sus ministros de Educación), saben que tienen en sus manos, buena parte de los resultados del ballottage del próximo 17 de diciembre.

Parte de estos resultados se explican en los detalles. Mientras los otros candidatos se reunieron en lujosos hoteles de Santiago de Chile tras las elecciones del domingo, el Frente Amplio se instaló en plena calle de un barrio de clase media.

Como cuenta una crónica de La Tercera, la iluminación era insuficiente. No había comida para los invitados ni salón de prensa. Los asistentes no solo eran militantes y periodistas: había estudiantes, parejas de homosexuales, niños.

El contraste con los partidos tradicionales está en la esencia del Frente Amplio. Su acto del domingo lo reflejaba.

“Vamos a ir a una conversación”, aseguró Sánchez quien en la víspera decía que no pedirá a su gente votar por Guillier.

Pero el teatro de operaciones se modificó y su nuevo capital político puede lograr concesiones relacionadas con su programa como cambiar la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet.

No será del todo fácil. Dentro del Frente Amplio, que está conformado por 11 asociaciones, muchos ven como una traición negociar con un representante de la política tradicional como Guillier.

El movimiento que se destapó en las protestas estudiantiles de 2011, tiene sus mayores adherentes entre los jóvenes, y se proyecta como una alternativa a la política binominal que gobernó a Chile por los últimos 19 años.

 

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EFE / Guillier trabaja en los puentes que deberá tender con el Frente Amplio.

 

“En el seno de su nacimiento está su mayor obstáculo: no poder negociar con las principales fuerzas políticas del país”, dice el análisis de La Tercera.

“Sus integrantes son todos de izquierda, pero no son todos iguales; y su voto no es popular, sino el del estudiante, del ilustrado”, le dijo a BBC Mundo José Cabezas, politólogo de la Universidad Diego Portales, en Santiago.

Cabe consignar que en 2010, cuando ganó Piñera, el joven político Marco Enríquez-Ominami obtuvo un también sorpresivo 20% y se proyectó como una renovación de la Concertación que gobernó al país desde 1990; sin embargo, el en ese entonces joven dirigente no negoció con el candidato democratacristiano que competía en la segunda vuelta, Eduardo Frei, y finalmente Piñera llegó a La Moneda luego de 50 años sin que la derecha lo lograra. MEO, como le conocen en Chile, no terminó de despegar e incluso fue candidato el domingo y obtuvo un 5%.

Cabezas sostiene que Sánchez tendrá que ser hábil en su relación con la política tradicional, que sigue siendo mayoritaria, si no quiere desinflarse. “Llegamos para quedarnos”, es su último eslogan. “Si las encuestas hubieran dicho la verdad (le daban hasta un 9 por ciento de los votos), estaríamos en segunda vuelta”, acusó la dirigente.

En ese escenario, Alejandro Guillier, ya trabaja en los puentes que deberá tender con el Frente Amplio y la Democracia Cristiana si quiere ponerse la banda tricolor. En su primera entrevista tras las elecciones publicada por EMOL, aseguró que con ambos sectores tiene muchas coincidencias en la “esencia” de los programas, pero aclaró que no negociará sólo con el fin de atraer esos votos, ya que prefiere ser coherente con el país. “A veces más vale perder defendiendo tus principios, a entregarlo todo a un triunfo porque después tienes que cumplir lo que dijiste y si después vienes y no cumples, la gente se va a sentir engañada”.

El candidato reconoció que se sintió sorprendido por los resultados que obtuvo el Frente Amplio y que eso representó la nueva generación de chilenos que está interesado en la política que no se siente representada por los dos bloques hasta ahora posicionados en el país, pero señaló que no por eso “les voy a decir, ya pásame tu programa, voy a gobernar con el tuyo...No hay que empezar a confundir las cosas. No es mi tarea empezar a negociar. Mi tarea es dirigir un mensaje al país y si ese mensaje le hace sentido a la Democracia Cristiana, al Frente Amplio y a la izquierda, la idea es obviamente integrarlos.

Por el lado de la DC, las cosas parecen menos complejas a la hora de los apoyos, no así en el seno interno. La candidata y actual senadora Carolina Goic renunció ayer a la presidencia de la Democracia Cristiana, tras la derrota electoral y parlamentaria que enfrentó la colectividad el domingo.

“Nuestra campaña se ha basado en la ética y la responsabilidad, hoy en el momento de la derrota esos conceptos están más presentes que nunca...no necesito que nadie venga a pedirme la renuncia, menos por la prensa y lejos de la institucionalidad del partido. Yo a diferencia de otros asumo y asumiré siempre mis responsabilidades”.

Respecto al respaldo a Guillier, le entregó un apoyo implícito: “es él quien debe liderar la tarea que se le ha encomendado. Será su responsabilidad como candidato tomarlas, si lo estima pertinente, y conducir este proceso con todos aquellos que queremos seguir avanzando en el desarrollo que requiere nuestro país”.

Desde la vereda del frente, hasta el comando de Sebastián Piñera, llegaron los presidentes y secretarios generales de Chile Vamos, para reunirse con su abanderado. Cita que estuvo marcada por el análisis de los resultados de las elecciones del domingo y ante los cuales se hicieron algunas autocríticas, pensando también en la estrategia de la segunda vuelta. Es que el 36,64% de los votos obtenido por el ex mandatario, estaba por debajo de las proyecciones.

“Mantendremos el rumbo, no nos vamos a izquierdizar ni a derechizar”. “Yo creo que hubo un exceso de triunfalismo, yo creo que hubo una mala lectura de las encuestas, lo reconocieron también quienes hacen las encuestas. Pero al final del día lo importante es que se suman todos los votos del sector, estamos en un escario muy parecido al del 2009”, afirmó la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe.

En la misma línea, uno de los voceros del comando y senador Alberto Espina (RN), planteó que “nosotros sinceramente en el comando siempre fuimos muy cautelosos, lo que sí hubo en sectores de nuestros partidarios una sensación de exitismo, de que esta era una carrera corrida, de que la elección estaba ganada y nosotros advertimos siempre que lo que nos interesaba era obtener 10 puntos sobre nuestro competir y eso se logró”.

Las fichas de la derecha ahora estarán puestas en un mayor despliegue territorial de alcaldes, salir a la calle a buscar el voto, que siendo el mismo, hoy vale mucho más que hasta antes del domingo.

 

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EFE / Piñera ganó la primera vuelta con menos de lo esperado.

 

 

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Sábado, 18 Noviembre 2017 07:53

Los independentistas, juntos pero no revueltos

Los abogados de Puigdemont hicieron declaraciones a la prensa desde el Palacio de Justicia en Bruselas.

 

Tres formaciones del bloque se presentan por separado, con Puigdemont como candidato desde Bélgica y Junqueras desde la prisión. Podemos se une al partido de Colau. Socialistas, PP y Ciudadanos son las opciones unionistas.

 

Desde Barcelona

El rompecabezas catalán renueva sus piezas para intentar rearmarse, por fin, tras las elecciones impuestas por Mariano Rajoy el 21 de diciembre. Los últimos dos meses frenéticos no solo acabaron con políticos encarcelados, gobernantes exiliados en Bruselas y una Comunidad autónoma intervenida por el Ejecutivo central sino también que trajeron consigo la reconfiguracióñ de los partidos de cara a los próximos comicios regionales.

La primera novedad llega desde el propio independentismo, el cual optó –después de semanas de negociaciones– por romper la coalición que lo llevó al gobierno de Cataluña en 2015 y presentar este viernes listas separadas. Aunque el partido de Carles Puigdemont, PDeCAT, hizo todo lo posible por mantener el bloque unido, ni Esquerra Republicana (ERC) ni la formación anticapitalista CUP quisieron repetir el pacto, por lo que el “tripartito” que gobernó los últimos años bajo el paraguas del secesionismo no podrá reeditarse. No obstante esta disolución, desde las filas independentistas se insiste en que habrá una estrategia en común para “ensanchar muchísimo la base independentista y afrontar con garantías las elecciones del 21 de diciembre” o, al menos, así lo aseguró la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al volver esta semana de un viaje a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont. Su objetivo, según declaró la dirigente republicana, es “obtener de nuevo la mayoría en escaños entre las candidaturas secesionistas y superar, de manera conjunta, el 50% en votos”, lo cual, desde su punto de vista, les daría la legitimidad necesaria para seguir adelante con el proyecto de la independencia.

Juntos pero no revueltos, así se presentarán los partidos defensores de la separación de España. El presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, volverá a ser cabeza de lista de su formación aunque, para ello, los actos de campaña los tenga que hacer desde Bélgica. Ayer el líder independentista y los consellers cesados por la aplicación del artículo 155 de la Constitución declararon ante los tribunales belgas a la espera de que el juez decidiera si acepta o no la petición de extradición de la Audiencia Nacional española, pero el magistrado no decidió. La resolución se pospuso para el 4 de diciembre con el objetivo de que “las defensas puedan tener más tiempo para hacer sus alegaciones por escrito”, explicó el abogado del expresident. Además, sea cual sea la decisión del juez, tanto la defensa como la fiscalía podrán recurrirla hasta dos veces, por lo que todo el proceso es susceptible de alargarse hasta dos meses.

En cualquier caso, el ex president, será el candidato presentado por su partido para el 21 de diciembre, repitiendo fórmula pero no nombre. Los del PdeCAT en vez de integrar la coalición “Junts pel Sí” que hasta ahora formaba con Esquerra Republicana, serán parte de Junts Per Catalunya (JUNTSxCAT), una confluencia entre su actual partido y el antiguo, Convergència. Esta nueva– vieja– marca pretende diferenciarse de la anterior en que cuenta con una mayor presencia de figuras independentistas que no son necesariamente del mundo de la política. Así, la lista de Puigdemont tendrá como número dos al presidente de la asociación independentista Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, encarcelado desde hace un mes en Madrid; ocupando puestos prominentes a los ex consejeros Clara Ponsatí –huida en Bruselas– y Jordi Turull, Josep Rull y Lluis Puig– los dos primeros en prisión preventiva y el tercero en Bruselas pendiente de extradición a España– y a periodistas, actores, escritores o historiadores fuertemente involucrados en la causa separatista.

Los republicanos, por su parte, también harán campaña desde la prisión. El partido que todas las encuestas dan, de momento, como vencedor en los próximos comicios regionales se presenta bajo la marca ERC-Catalunya Sí (ERC-CatSí) con su líder y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, como candidato, aun encontrándose entre rejas por orden de la Audiencia Nacional a raíz de la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre. Los siguientes puestos en la lista también están ocupados por miembros del grupo “castigado” por la Justicia española y el gobierno del Partido Popular: Raül Romeva, Carles Mundó y Toni Comín en los números 3, 5 y 7 por Barcelona; Dolors Bassa como cabeza de lista por Girona, y Meritxell Serret liderando la de Lleida, son los consellers en prisión preventiva o en Bruselas que buscarán recuperar sus antiguas sillas en el Palacio de la Generalitat.

Para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sin embargo no es buena idea que quienes están en la cárcel por su papel en el proceso independentista se presenten a las elecciones sino que “deberían estar inhabilitados”. En una entrevista a la radio española COPE, el jefe del Ejecutivo afirmó que tanto el ex presidente Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras están “inhabilitados políticamente” y que los ciudadanos tomarán nota de sus “mentiras”. “Ahora se le está diciendo a la gente que se les ha engañado. No solo no estaban preparados (para la independencia), sino que era imposible”, expresó Rajoy en referencia a las declaraciones que diversos miembros del bloque secesionista hicieron durante la semana matizando la inminencia de la separación de España. Pero más allá de las opiniones del líder conservador y de las aparentes reculadas de los independentistas, lo cierto es que Junqueras y los siete ex consejeros del gobierno catalán actualmente en prisión están todavía pendientes de juicio y, por tanto, pueden presentarse a las urnas mientras no haya sentencia firme de inhabilitación.

Contra los dos partidos independentistas competirá el que hasta la intervención del Poder central compartía con ellos el gobierno de la Generalitat, la plataforma anticapitalista CUP, quienes tras las cada vez mayores desavenencias con ambos irán a los comicios en solitario. Podemos, por su parte, se une a la formación de Ada Colau –después de que sus bases aprobaran la confluencia en una consulta– para defender en Cataluña la opción soberanista no independentista. Xavier Domènech será el número uno de Catalunya En Comú-Units Podem, una coalición que integran cinco partidos de izquierda favorables al derecho a decidir y a la implementación de políticas sociales como prioridad, por encima de la formación o no de un Estado independiente.

Dentro del bloque unionista estarán quienes apoyaron la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, es decir, la suspensión del autogobierno catalán para evitar que siguiera adelante el proceso hacia la secesión. Los socialistas, con Miquel Iceta a la cabeza, los populares, con Xavier García Albiol y Ciudadanos, con Inés Arrimadas, coinciden en repetir los candidatos de los comicios del 2015 y en conformar nuevamente la opción en las urnas para aquellos que rechazan el proyecto independentista.

 

 

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El presidente estadunidense, Donald Trump, habla con reporteros el viernes pasado en la Casa Blanca

 

En medio del fracking geopolítico cada país se mueve y se adapta conforme a su idiosincrasia y su circunstancia.

En el llamado Occidente (whatever that means) –que incorpora a Japón, país oriental– agoniza el centrismo político que le confirió su caduca estabilidad y que, en su fractura, se mueve hacia sus dos polos extremos de la disfuncional cuan anacrónica taxonomía decimonónica entre derecha e izquierda y que, a inicios del siglo XXI, adopta la colisión entre el depredador globalismo bancario neoliberal y el denostado nacionalismo económico populista (https://goo.gl/ddqMbk): cada quien con su versión de fake news en la fase global de posverdad (https://goo.gl/eiinDM).

En Estados Unidos (EU) gobierna un híbrido triunvirato del trumpismo –supremacismo blanco con nacionalismo económico (EU Primero)– acompasado del neomilitarismo –de la triada del general Kelly, jefe del gabinete; del general McMaster, asesor de Seguridad Nacional, y del general James Mad Dog Mattis, mandamás del Pentágono–, acoplados a los banqueros de Goldman Sachs y sus fondos de coberturas ( hedge funds) representados por Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, y Gary Cohn, jefe de economistas de la Casa Blanca.

En la coyuntura reciente y en espera de las cruciales elecciones intermedias de 2018 que definirán el rumbo y el destino de la presidencia de Trump y sus cuatro escenarios (https://goo.gl/ZCcsJ4), el trumpismo del supremacismo blanco –con o sin Trump, en forma paradójica– descolgó una simbólica victoria en la primaria por el alma del Partido Republicano en Alabama, donde el ideólogo del trumpismo (con o sin Trump), defenestrado por el general Kelly, humilló al candidato apoyado por el presidente Trump y el establishment republicano.

El trumpismo del ideólogo Steve Bannon, con o sin Trump, aprovecha la lastimosa realidad de 50 millones de miserables (del total de 324 millones de habitantes) que han proliferado en el cinturón bíblico y en el cinturón industrial (https://goo.gl/hrkQeN): base electoral del trumpismo (con o sin Trump).

Desde que Bannon fue defenestrado de la Casa Blanca por las intrigas palaciegas de Jared Kushner, yerno de Trump –quien, por cierto y sin contar sus crapulosos negocios a la sombra del poder, no pasa sus mejores momentos cuando ha sido desnudado al haber imitado el mismo pecado capital de Hillary (haber usado correos públicos en su cuenta personal) y al haber votado en forma polémica como mujer (https://goo.gl/P3Fpzg).

Según Breitbart , portavoz del nacionalismo económico populista (adonde regresó Bannon), el yerno incómodo Kushner volvió a empinar a su suegro (https://goo.gl/ns8424) al persuadirlo de apoyar en la primaria de Alabama a Luther Strange, al mismo tiempo candidato del establishment y del vapuleado jefe de la bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell.

Breitbart se refocila con el triunfo del juez Roy Moore, todo un personaje del Viejo Oeste: el músculo popular de la base venció el dinero corporativo del Partido Republicano (https://goo.gl/oRQDP7).

Tras borrar sus legendarios tuits, donde apoyaba al derrotado Strange, Trump prometió apuntalar al insurgente juez de Alabama Roy Moore en la elección del 12 de diciembre frente a Doug Jones, candidato deslucido del Partido Demócrata –que todavía no se atreve a romper sus lazos con el caduco centrismo de los Clinton y Obama, en lugar de apuntalar a sus más carismáticas figuras como Bernie Sanders y Elizabeth Warren: más cargados a la izquierda antifinanciera.

La base supremacista evangelista blanca (los WASP) se ha rebelado contra las recientes tratativas bipartidistas de Trump: su acuerdo con el liderazgo demócrata en el Congreso para incrementar el tope fiscal (debido al huracán Harvey, pero sin Puerto Rico) a cambio del apoyo a los dreamers y, quizá, del olvido transitorio de la erección de la tercera parte del muro con México, como ha declarado Chuck Schumer, líder neoyorquino de la minoría senatorial demócrata.

El incipiente bipartidismo de Trump ha sido zaherido por su mismo Partido Republicano que no le puede otorgar la mayoría funcional (en su segundo fracaso consecutivo) para repeler el polémico Obamacare (reforma de salud instalada por Obama).

Ahora Trump intenta diluir sus fracasos camarales, y de otra índole, con una temeraria cuan masiva reforma de recorte de los impuestos que beneficia a la plutocracia bancaria y satisface a todos los sectores del hoy fragmentado Partido Republicano y que, a juicio de la oposición demócrata, daña a la clase media y a la desahuciada clase obrera (https://goo.gl/MJyXci).

Según John Nolte, el “Partido Republicano teme que el fracaso de repeler el Obamacare signifique más Roy Moores en las elecciones intermedias de 2018”. ¿Cundirá un efecto dominó del evangelista nacionalismo económico populista?

El falso centrismo del establishment republicano lo ha autoflagelado debido a la revuelta en su granja evangelista (https://goo.gl/hFjBwH).

Bannon arremetió contra el Partido de Davos (sic) que representa Mitch McConnell, quien se nota muy cansado a sus 75 años (https://goo.gl/sxYki4).

Demetri Sevastopulo, del Financial Times (FT), portavoz del globalismo neoliberal, admite que la derrota del candidato de Trump en Alabama estimula a los insurgentes: a grado tal que el triunfo del sector evangelista es susceptible de detonar una revolución (¡supersic!) en el seno del Partido Republicano (https://goo.gl/tyh6pv).

Edward Luce, comentarista del FT y gran conocedor de la casa de naipes en EU, ubica la batalla ideológica y electoral de Trump contra Bannon en el sur profundo (https://goo.gl/Lh9CvF).

¿Opera Trump un doble juego: coquetea con el bipartidismo y con el establishment republicano que lo detesta (como el Partido Demócrata), al mismo tiempo que deja maniobrar desde el portal Breitbart a su ideólogo Bannon para propulsar la agenda del evangelista nacionalismo económico populista?

The New York Times, portavoz del centrismo clintoniano y de George Soros, diagnostica que el “triunfo de Alabama provee el plan de acción ( blueprint) de la nueva alianza de Bannon” (https://goo.gl/g56SdQ) con el multimillonario inversionista de hedge funds Robert Mercer y su hija Rebekah: se trata de “sustituir al establishment del Partido Republicano”.

¿Asistimos a la privatización de la vieja política en EU: de las dinastías de los Bush y los Clinton, con Obama, el establishment republicano, con el trumpismo (con o sin Trump) y con Bannon y sus financieros de la familia multimillonaria Mercer?

Bannon no oculta que libra una guerra contra los amigotes capitalistas y sus gatos obesos (sic) en Washington, Nueva York y Silicon Valley (sic). Contempla crear un partido en la sombra para avanzar el trumpismo (con o sin Trump).

Robert Mercer, científico en computación e IA, maneja 65 mil millones de dólares en su exitosa empresa Renaissance Technologies y estuvo detrás del financiamiento al Brexit mediante Cambridge Analytica (empresa de mina de megadatos y análisis) que captura las tendencias, motivaciones e ciberintimidad del electorado.

Hoy la vieja política en agonía ha sido tecnificada y secuestrada por los financieros de hedge funds tanto del Partido Demócrata (vía George Soros) como del Partido Republicano: la pléyade ultraconservadora de los hermanos Koch (Charles y David) y la familia Mercer.

 

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