Miércoles, 27 Mayo 2020 06:36

Miguel Ceballos Arévalo, no lo olviden

Miguel Ceballos Arévalo, no lo olviden

Mirate
así
qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia
qué paliza paterna te generó cobarde
qué tristes sumisiones te hicieron despiadado
no escapes a tus ojos
mirate
así

(Torturador y espejo. Mario Benedetti. A once años de su muerte)

Cuesta escribir esta opinión personal, pero debo hacerlo para tomar partido ante tanta degradación moral. Me obliga el corazón y la memoria en razón de conocer a algunos líderes amenazados y asesinados en meses recientes en mi departamento, el Cauca, en el suroccidente colombiano, a donde regresé unos meses para terminar mi trabajo final de doctorado en Comunicación de la Universidad de Sofía. Justo cuando por allí paseaba un funcionario que refleja claramente la vileza de una clase política adicta a la guerra y a las órdenes de Estados Unidos. Así que es aparentemente desde la distancia que juzgo. Pero no es así. Lo hago habiendo estado por muchos años muy cerca de la guerra.

Queriendo no desprenderme del todo de lo que pasa en mi continente, en medio de las evidencias por la acción de mercenarios contra Venezuela el 3 de mayo pasado, me encuentro un titular: el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó el 13 de mayo que Cuba alberga y apoya “terroristas”. Se basa en la siguiente prueba: no ha sido entregada al gobierno de Iván Duque la comisión negociadora del ELN (Ejército de Liberación Nacional: única y última guerrilla revolucionaria de Colombia), comisión que hace dos años está en la isla caribeña a petición tanto del Estado colombiano como de esa insurgencia, para el desarrollo de diálogos de paz que el actual gobierno de extrema derecha decidió no continuar.

Entre Washington y Bogotá se ha tejido una estrategia de presión a Cuba, a Venezuela y contra las posibilidades de conversaciones de paz, valiéndose del hecho de que Cuba nunca extraditará a luchadores políticos rebeldes que están allí por un acuerdo internacional como Noam Chomsky, Federico Mayor Zaragoza, ex Director General de la UNESCO y muchos otros eruditos han dictaminado (https://rebelion.org/docs/258251.pdf; https://www.elespectador.com/noticias/politica/academicos-la-onu-hay-que-salvaguardar-cuba-de-los-ataques-desde-bogota-articulo-893278).

Consultando hace unos días Telesur para seguir algunas noticias, hallo una opinión, la de Piedad Córdoba (https://www.youtube.com/watch?v=tsTWwRe1hC0). No comentaré el muy buen análisis político que ella hace, sino un detalle que me motivó a pensar sobre esa miseria moral de mi país, o, mejor dicho, de su estamento político, y en particular de quienes encarnan esa despreciable condición de lacayos, cuando felicitan tal decisión de USA, a todas luces una decisión inmoral e ilegal. Sólo hay que consultar por Internet: Ceballos / Colombia celebra la inclusión de Cuba en la lista de países que no apoyan la lucha antiterrorista…

Lo que como periodista y profesora me llamó la atención, fue lo dicho por la ex senadora Córdoba sobre cómo posa Miguel Ceballos, Alto Comisionado de Paz, encargado de escenificar el beneplácito oficial. Piedad Córdoba se refiere a la “gestual-corporal” de Ceballos. Sugerida esa clave, la del lenguaje o el código de la “gestualidad-corporal”, voy a las declaraciones de ese funcionario. No a uno, sino a muchos vídeos suyos en los últimos meses (http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/). Me produjo más inquietud el hecho de haberle visto a Ceballos durante una visita suya a la ciudad de Popayán. Sinceramente me pareció un funcionario cualquiera, de ningún modo sobresaliente. Un burócrata.

He pasado días enteros analizando muchas muestras. Para ello escucho decenas de entrevistas de radio y televisión. Incluso me he puesto a indagar sobre su trayectoria. Efectivamente, el perfil es fácil de establecer. Y me lo corroboran hechos que se han producido en los últimos días.

Ceballos no sólo es alguien sumiso, sujeto a las decisiones de otros, o sea alguien dispuesto a ser “empleado”, a estar subordinado, sino alguien que simula ahora, y lo ha hecho siempre, una preparación que no tiene. Ha fingido para trepar donde le permitan seguir actuando de forma ladina. Como cuando fue viceministro de justicia de Álvaro Uribe Vélez, quien le concedió el puesto por una suerte de deuda familiar a una ex senadora suya, hermana de Ceballos, quien lamentablemente falleció por enfermedad.

Así que esta costumbre parece se asentó en Miguel Ceballos, probando el mismo método en su estancia en Estados Unidos con funcionarios de ese país y con adeptos en la derecha para reforzar campañas contra una perspectiva de paz negociada. Basta repasar sus columnas de opinión adversando los acuerdos suscritos con las FARC. Hasta el cargo de hoy, concedido por Iván Duque con la adicional circunstancia de haber tenido una plaza en una universidad conservadora en Bogotá, la Sergio Arboleda, donde el presidente estudió.

Sin ningún mérito intelectual y ético, encaramó entonces como Alto Comisionado de Paz en un país donde la guerra no la vive él ni su clase social, sino los pobres. Su visión y su ocupación no son otras que la del propagandista y el tramposo. De eso ahora doy fe, tardíamente sí, y en la distancia, por la circunstancia de hallarme fuera del país. Intento recordar bien lo que aquella vez le escuché en Popayán sobre los acuerdos de paz y cómo respetarían lo firmado. Vagamente recuerdo su folclórico discurso, rodeado de sus escoltas militares.

Leo que en mi ciudad recientemente pasó otra vez en abril. Participando en un nuevo acto de propaganda contrainsurgente: presentar como “desmovilizados por voluntad propia” a guerrilleros del ELN, no desertores sino capturados en una operación militar en el Cauca. Precisamente cuando la guerrilla del ELN estaba en cese al fuego unilateral como gesto al pueblo colombiano por la pandemia del COVID-19.

Retomo lo que Pablo Beltrán, jefe guerrillero de la Delegación de Diálogos en Cuba, ha manifestado en varias entrevistas fácilmente accesibles por Internet: Ceballos ha engañado sistemáticamente. Mintió una y otra vez de forma descarada prometiendo cosas que nunca ha cumplido. Hay una operación de perfidia desde hace tiempo puesta en marcha. Desde cuando arribó Iván Duque al poder, financiado por dineros del narcotráfico y el paramilitarismo (ver por ejemplo el caso de la “Neñepolítica”). Ceballos usó a un coronel de inteligencia, Sarmiento, funcionario de su Oficina, para que hablara con el gestor de paz del ELN, Juan Carlos Cuéllar, a quien capturaron luego de conversar con Uribe Vélez. Hoy ese portavoz insurgente está preso.

Es fácil descalificar o sospechar de lo anterior. Pues está dicho por Pablo Beltrán, un contradictor político alzado en armas.

Forzada a hallar más argumentos objetivos, entre decenas de opiniones, subrayo apenas tres. De personas por completo ajenas a la guerrilla, que hacen parte del estamento político, y que tienen posiciones comprometidas con la paz. Una la del ex negociador de los acuerdos de paz de Estado, ex ministro, ex vicepresidente y ex magistrado Humberto de La Calle Lombana.

De La Calle escribió en El Espectador el 17 de mayo pasado: “Los protocolos suscritos para los miembros del ELN obedecen a una práctica milenaria sin la cual se harían imposibles las conversaciones entre antagonistas armados… la actitud de Cuba de honrar el compromiso adquirido con el Estado colombiano ni significa apoyo a la barbarie ni fomento del terrorismo. Uno mi voz a quienes lamentan esta actitud de Estados Unidos, pero con más fuerza critican la intervención del doctor Ceballos aplaudiendo y cobrando un apoyo que no engrandece nuestra política exterior y que puede tener efectos funestos no solo para cualquier salida con el ELN, sino frente a las propias FARC”. Y cita instrumentos convencionales absolutamente sólidos en la tradición diplomática, como los que a efectos similares firmó Noruega para el proceso con las FARC. Remata De La Calle: “Es inaudito que se acuse a Cuba simplemente por honrar la palabra empeñada con el gobierno de Colombia. La afirmación de que eso fue suscrito “con otro gobierno” carece de toda validez internacional” (https://www.elespectador.com/opinion/cuba-ha-apoyado-la-paz-columna-919882).

Humberto de La Calle había opinado ya en el diario El Tiempo, cuando el ELN declaró el cese unilateral al fuego: “Creo que el gobierno debería aprovechar esta circunstancia para reabrir una Mesa aunque su agenda se limite solo a aspectos humanitarios por ahora” (https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/el-coronavirus-mueve-la-agenda-de-la-paz-y-la-guerra-con-el-eln-478680).

Ceballos no sólo no hizo nada positivo para corresponder a esa manifestación constructiva de la guerrilla del ELN. Hizo lo contrario. Sacó de un foso de desprestigio a dos desertores del ELN, Francisco Galán y Carlos Arturo Velandia, que habían sido hace muchos años comandantes medios de esa insurgencia, y los nombró para fingir unas conversaciones inexistentes, interpretado con razón ese hecho por el ELN como “inamistoso”, según expresó el comandante Beltrán. Es lo menos que se puede esperar de Ceballos, señor Beltrán, teniendo claro su papel como agente de la guerra. A ese rol se refiere otro político muy conocido por su defensa de la paz negociada, el senador Iván Cepeda.

Cepeda, quien condena la lucha armada y no puede ser tildado de subversivo, acaba de pedir públicamente la renuncia del Alto Comisionado Ceballos. Las palabras de Cepeda son cristalinas (https://www.elespectador.com/noticias/politica/ivan-cepeda-pide-renuncia-del-alto-comisionado-para-la-paz-miguel-ceballos-articulo-920187). Primero, señala cómo Ceballos ha “desdeñado el hecho grave de que están ocurriendo de manera sistemática asesinatos contra los excombatientes”. Y enfatiza indignado por el agravio de Ceballos a Cuba: “Tiene el descaro de decirle al mundo que Colombia, como Estado, se siente orgulloso de que el país que contribuyó a lograr este acuerdo de paz hoy esté considerado como un país que tolera el terrorismo”.

Cepeda incursiona con fundamento en un terreno que no es extraño al derecho penal internacional, como dicen los expertos: “El señor alto comisionado lideró la traición de un protocolo internacional, en el cual el Estado colombiano se comprometió a respetar el carácter de país garante de Cuba”. Y agregó: “Eso nos lleva a pedirle que renuncie al cargo, porque usted no es un comisionado para la paz. O pedirle al Gobierno que le ponga otro nombre al cargo, porque usted ha sido un alto promotor del conflicto armado en Colombia”.

A todo esto se suma la voz del ex presidente Ernesto Samper, quien tampoco puede señalarse como afín a la guerrilla. Samper directamente en diferentes ocasiones ha calificado a Ceballos como un agente de corte militar, un Comisionado de Guerra. Dice en su cuenta de Twitter (@ernestosamperp ) el 14 de mayo: “Si el alto comisionado para la Guerra Ceballos representa la voluntad de paz del presidente, bien podrían nombrar, para ser coherentes, a un descendiente de Herodes en el ICBF para que cuide a los niños y a una cuota de Trump para que maneje Migración Colombia”. Y el 18 de mayo insistió: “¿Dónde estaba la canciller cuando Ceballos celebró el desconocimiento de los acuerdos de Colombia con Cuba y Noruega sobre la terminación de los diálogos con el ELN que, según Pepe Mujica, tendrá consecuencias muy graves para el derecho de la humanidad a entenderse a las buenas?”. Agrega Samper: “Se tiene que expedir el certificado de defunción de la política internacional de Colombia”. (https://www.elespectador.com/noticias/politica/se-tiene-que-expedir-el-certificado-de-defuncion-de-la-politica-internacional-de-colombia-ernesto-articulo-919607).

Entonces, Ceballos ahí es verdugo y sepulturero. Un Estado puede conducir una política de exitoso desarme de las guerrillas, como el gobierno Santos lo hizo nombrando gente inteligente o preparada para ello, que destapa las cartas en la mesa, siendo entonces la contraparte, como fueron las FARC, la que con sus luces escoge el camino: negociación o más guerra; o puede ese mismo Estado, pero ahora en manos de mediocres, pretender esa desmovilización jugando en el tablero de su casa con soldaditos de plomo, como Ceballos lo hace en su confinamiento mental.

Hay momentos en que a un ser racional es ya imposible pedirle sea razonable. Como igualmente es inútil pedirle a alguien que perdió toda decencia y compostura, que no se arrastre más y levante la cerviz. Resulta infructuoso también pedirle no se sumerja más en la pequeñez. De ahí que decir “Alto” comisionado le quede grande. Samper y Cepeda tienen razón. Debe cambiarse el nombre.

Pudiéndolo en todo caso hacer, rectificando de algún modo, al menos recordando sus estudios de Derecho, dado que ha pasado por alguna universidad y ostenta que sabe algo de la materia, Ceballos debería haber estudiado experiencias donde cumple una función el derecho internacional, como nos lo dice De La Calle. Ya no lo hará. Pero lo que sí le queda pendiente a Ceballos es asumir la responsabilidad penal futura que implica hacer parte de una maquinaria de guerra sucia, como en su momento en distintos regímenes genocidas cumplieron esa tarea de distracción y ocultamiento funcionarios que le homologan. Goebbels, entre los nazis, con producciones como Theresienstadt, para presentar a ojos de visitantes “la bondad del matadero”.

Sin disimulo Ceballos actúa no sólo como el propagandista que es sino como transmisor de amenazas, según afirmaciones suyas en vídeo y por escrito hace escasos días, el 15 de mayo, en las que advierte solapadamente a los guerrilleros y “a sus familias”, para enseñar la bondad de una paga y la conveniencia de más cosas, a cambio de la rendición. Lean ustedes mismas: “Es muy importante también, hacer un llamado de nuevo, a todos aquellos que hacen parte del ELN, -para ellos ya existe una ruta establecida-, para que den ese paso a la desmovilización, y opten por preservar su vida y opten por preservar la vida de sus familias” (http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/prensa/Paginas/integrantes-grupos-armados-busquen-transito-legalidad-tendran-beneficios.aspx).

Amenazar y matar a familiares de gente del ELN no es nuevo. El propio Carlos Velandia, hoy al servicio de Ceballos, cuando era militante tuvo que afrontar cómo fue salvajemente asesinado su hermano. Ceballos sabe de qué habla. Lo que ignora, o de lo que no se da cuenta al mencionar a las “familias”, es que sus hijos crecen en un país donde él como padre en lugar de sembrar esperanzas de paz, está cultivando procesos de guerra que tarde o temprano devuelve tempestades.

Una esperaría que tanto oscurantismo y entreguismo de este funcionario, fuera un poco vergonzante para él. Pues dejará una mancha imborrable agrediendo a Cuba, ovacionando que ese país sea injustamente considerado cómplice del “terrorismo”, cuando el régimen para el que trabaja Ceballos promueve acciones armadas totalmente ilegales con mercenarios amparados en bases militares, paramilitares y de narcotraficantes en suelo colombiano. Hechos prohibidos en las normas de los derechos humanos y del derecho internacional. Hay que ver la diferencia entre el anterior Alto Comisionado, Sergio Jaramillo, y el actual comisionado de guerra(https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/ivan-mora-el-embajador-cubano-que-se-la-jugo-por-la-paz-491076).

Nadie por sí sólo corregirá el rumbo, nadie. Ni el asalariado Ceballos, ni su padrino Uribe, ni su jefe Duque, ni si dios Trump. Sólo la política, de vez en cuando guiada como producción de hechos de coerción o de arrinconamiento y sanción ética que no da escape al violador, obligará a que Ceballos o su sucesor tomen otro camino. Por ahora no renunciará, senador Cepeda. Nada lo obligará. Ni a Duque a cambiarlo. Salvo para promocionarlo.

Ceballos tampoco devolverá su diploma de abogado y otras credenciales que le abultan. Definitivamente el cargo público de comisionado “para la paz” en un país en guerra, le quedó muy grande, mientras juega con fuego y riega pólvora. Por eso, a la hora de juzgar el atentado del ELN en el que mató a 22 policías en enero de 2019 en Bogotá, ¿no cabría hacer un juicio ético a quien había podido evitarlo?

En el país donde vivo una célebre película me recuerda a Ceballos. Se llama en español “Un minuto de Gloria”, de Petar Valchanov y Kristina Grozeva (2016). Ceballos es Julia Staikova. La funcionaria desalmada. La expresión de la perversión que se encadena en una burocracia a espaldas de la humanidad, de la dignidad y de la paz. Debería Ceballos verla y tomar nota de lo que al final recibirá su nombre. Miguel Ceballos Arévalo, no lo olviden.

Por María Celeste Pérez Almada | 27/05/2020

Publicado enColombia
“La implementación de los acuerdos de paz es muy ambiciosa, muy difícil, y hay que insistir”

El jefe saliente del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia analiza el panorama humanitario que enfrenta el país

 

Después de casi seis años en Colombia como delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Christoph Harnisch prepara las maletas para asumir ese mismo cargo en Irak –con algún retraso, por cuenta de la crisis mundial del coronavirus y los problemas de movilidad que conlleva para una organización internacional–. Este curtido diplomático suizo llegó a Bogotá en 2014, en plenas negociaciones entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC, y se marcha cuando el acuerdo de paz ya cumple más de tres años desde su firma, pero el país todavía afronta formidables desafíos humanitarios. En muchas de las regiones más remotas e históricamente marginadas, las enormes esperanzas de la población todavía no se materializan.

Su primera sorpresa al aterrizar fue encontrarse con un país que “estaba mirando una negociación de paz con una distancia muy grande”, rememora en esta entrevista por videollamada que atiende desde el edificio del CICR en el norte de Bogotá, donde ha dejado todo listo para partir. No se percibía el interés, y el vocabulario de la guerra seguía dominando el debate público, se utilizaban las mismas palabras que en el pasado, detalla. La segunda sorpresa, para él que ha estado acostumbrado a negociaciones con cierta confidencialidad, fue que se publicaran los tres primeros puntos antes de sellar el acuerdo – política agraria, política de drogas y participación política–, y que esos textos se distribuyeran de manera muy abierta. Era la prueba de que Colombia vivía una dinámica de negociación muy particular.

Conflictos activos

Desde que las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dejaron las armas y se convirtieron en un partido político con representación en el Congreso, “el número de actores aumentó claramente, y el análisis mismo de quiénes son se ha vuelto mucho más complejo”, señala Harnisch. “Uno no puede decir que la paz no llegó a ninguna parte del país, pero no llegó a estos territorios muy lejanos, pobres, donde hay ausencia del Estado y una situación muy difícil. Esto es lo que queda por hacer”, advierte. “La noticia muy buena es que hay un actor armado menos en el país que son las FARC-EP, y esto se olvida de vez en cuando”, señala.

El CICR ha evitado hablar de una situación de posconflicto. Prefiere referirse a un escenario de posacuerdo, pues considera que persisten al menos cinco conflictos armados no internacionales en Colombia. Cuatro entre el Gobierno y algún actor armado –el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras de las FARC que no se acogieron a los diálogos de La Habana– y uno entre el ELN y el EPL en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

También han sido años de un evidente crecimiento de los cultivos de coca. “He visto en África muchos conflictos que se explican por los recursos naturales, sean los diamantes o la distribución del petroleo”, dice el jefe en el país andino del CICR. “En los conflictos modernos muchas veces la motivación profunda es la presencia de recursos naturales, donde hay grupos que quieren controlar y distribuir después esta riqueza. Colombia no es diferente. Se habla muchísimo de la presencia de la coca, pero cuando uno va a algunas zonas del Cauca, o de Nariño, el problema más grande es la minería que se hace de manera ilegal. En este sentido no es una particularidad”, reflexiona. Sin ser experto en las lógicas de las economías ilegales, le sorprende que se hable tanto de la producción y el transporte. “¿Por qué no se habla más del consumo?”, se cuestiona.

La incansable búsqueda de desaparecidos

El CICR lleva medio siglo trabajando en Colombia, uno de los lugares donde su presencia ha sido más prolongada y donde es más respetado. En un país donde el Centro Nacional de Memoria Histórica ha registrado más de 80.000 desaparecidos y el Instituto de Medicina Legal calcula hasta 200.000 cuerpos por exhumar, apoyar a las familias que buscan a sus seres queridos ha sido una parte esencial de su misión. Harnisch califica la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), surgida de los acuerdos con un mandato exclusivamente humanitario y extrajudicial, como “una idea brillante”.

“Estos negociadores reconocieron el problema, y eso ya es un logro enorme”, apunta. En otros lugares se impuso la idea de que hablar de los desaparecidos complicaba las negociaciones, pero no en Colombia. Sin embargo, los avances han sido muy lentos. En algunas zonas hay miedo, los pobladores son muy cautelosos. Para obtener información, la UBPD “tendrá que luchar en los próximos años para ganar esta confianza de la gente”, valora. “La implementación es muy ambiciosa, es muy difícil, y hay que insistir”.

Justamente el CICR ha advertido que los países deben prepararse con urgencia para la correcta manipulación de los cadáveres que produzca la crisis del coronavirus, y la UBPD ha dicho que la emergencia sanitaria puede poner en riesgo los cuerpos de personas no identificadas que permanecen en los cementerios del país. El delegado, sobre la base de su experiencia, matiza ese peligro. “Este país tiene un Instituto de Medicina Legal fabuloso, que hace un trabajo inmenso; tiene una capacidad forense que muchos países no tienen; tiene unas instituciones que están involucradas en el manejo profesional, con unos estándares bastante elevados, y en ese sentido mi preocupación es muy poca”.

Crisis carcelaria

La pandemia también ha encendido las alarmas sobre el hacinamiento carcelario en diferentes lugares del mundo. En Colombia, la covid-19 ya ha provocado la muerte de dos presos contagiados en la cárcel de Villavicencio, y un sangriento motín para exigir medidas sanitarias que dejó 23 muertos en la cárcel Modelo de Bogotá hace poco más de un mes. Esos episodios han evidenciado una situación dramática. El Gobierno expidió un decretó para enviar a prisión domiciliaria a unas 4.000 personas privadas de la libertad, que ha sido duramente criticado por insuficiente. El sistema carcelario tiene capacidad para 80.000 presos, pero mantiene a unos 124.000.

El hacinamiento es apenas “la punta del iceberg”, ha dicho el delegado del CICR, que advierte sobre la emergencia carcelaria hace años. “La crisis del coronavirus no es el momento de arreglar todos los problemas sistémicos que existían, porque eso es imposible. Pero sí tiene que dar a muchos sectores de este país el empujón para decir ‘esto sí necesitamos arreglarlo’”, señala. “Durante la crisis lo que hay que hacer es salvar vidas”.

Por Santiago Torrado

Bogotá - 26 abr 2020 - 09:33 COT

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La violencia silenciosa que arrecia en el campo colombiano en medio de la pandemia

 El alto el fuego del ELN rebaja las estadísticas, pero el conflicto entre grupos armados no se detiene y se disparan las amenazas contra exguerrilleros

En pocas horas en Colombia murieron ocho disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, un militar falleció en un combate con otra columna que se separó de los acuerdos de paz, una banda de paramilitares amenazó a un periodista y el partido político nacido del grupo insurgente, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, denunció la indefensión ante estas organizaciones de los excombatientes que abandonaron las armas. Fue allí, en el municipio de Argelia, ubicado en el departamento suroccidental del Cauca, donde en los últimos días se intensificaron los combates entre un sector de las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las Fuerzas Armadas informaron este miércoles de que “ocho terroristas murieron al enfrentarse con las unidades militares” mientras trataban de contener esos enfrentamientos, que se enmarcan en la lucha por el control de una ruta del narcotráfico.

Estos son los episodios violentos más recientes conocidos en Colombia, que hace frente a la emergencia sanitaria del coronavirus -que ha dejado 130 muertos y más de 3.000 infectados- con una estricta cuarentena y el cierre de las fronteras. Sin embargo, la violencia en el campo, en un país eminentemente rural que acaba de salir de un conflicto armado de más de medio siglo, no se detiene. Y ahora es más silenciosa porque todos los ojos están centrados en la pandemia. El partido FARC deploró a través de un comunicado que “en medio de la crisis [...] hay grupos que, con una lectura equivocada del momento, no dan tregua con sus actos, agudizan los temores y la zozobra que actualmente se vive en las comunidades”. Argelia fue el último escenario de una persecución consolidada por parte de las bandas criminales: “Rechazamos el señalamiento y la declaración como objetivo militar de los dirigentes de las organizaciones sociales y de los militantes de nuestro partido y reincorporados”, señala un comunicado.

El abismo entre campo y ciudad y la escasa presencia de las autoridades en algunos territorios no supone una novedad en Colombia. Pero en estas circunstancias hace saltar las alarmas de los expertos. Lo explica Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. “El país está concentrado en el coronavirus, las Fuerzas Armadas están en acuartelamiento esperando una crisis del coronavirus, pero el país se sigue incendiando. Y la otra parte de la respuesta es que en datos, en números, en estadísticas no se ve, porque el ELN paró la actividad y los enfrentamientos entre grupos no se cuentan, porque es cuando se ataca la fuerza pública”.

El ELN es la última organización guerrillera aún activa en Colombia, aunque se disputa el control del tráfico de droga con otras bandas. Esto es, aunque a finales de marzo declarara un alto el fuego unilateral con el Estado, sus actividades siguen pese a que haya suspendido los ataques a las fuerzas militares. “Si viene el ELN y declara un cese unilateral al fuego, ellos siguen enfrentándose a otros grupos, siguen expandiéndose, aunque hayan parado la actividad frente al Ejército, la guerra sigue, con las disidencias y los paramilitares”, continúa Ávila.

El procurador, Fernando Carrillo, se pronunció públicamente a propósito del caso del Cauca. “Sobre la situación en Argelia, hacemos un llamado a la fuerza pública colombiana para garantizar la protección efectiva, la vida e integridad personal de los reincorporados en el marco de la implementación del acuerdo final”, afirmó. La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas se sumó al llamamiento, solicitando “protección inmediata tanto de reincorporados de las FARC como de las comunidades que están padeciendo el control violento de grupos armados en la zona”.

A eso se añaden los ataques sistemáticos a los líderes sociales y las preocupaciones por la compleja implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016. Entonces se acabó una guerra, pero no la violencia. El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, manifestó que la necesidad de redoblar los esfuerzos ante la epidemia de covid-19. “Tenemos la obligación colectiva de seguir garantizando el progreso en la implementación del acuerdo de paz. La paz en Colombia no puede ser una víctima de la pandemia”, señaló el martes. “La violencia en contra de excombatientes se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional. Desde la publicación del informe [a principios de marzo] otros tres excombatientes han sido asesinados, para un total de 195 desde la firma del acuerdo de paz”. Así las cosas, Ruiz Massieu considera que “así como diferentes sectores en Colombia se están uniendo para enfrentar la pandemia, es necesario que todos los sectores se unan para poner fin a la epidemia de violencia contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes”.

México - 16 abr 2020 - 03:03 COT

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El gasto militar mundial es un 50% más alto que al final de la Guerra Fría

Una campaña internacional reclama a los líderes mundiales que destinen el presupuesto armamentístico a hacer frente al coronavirus. Este viernes comienza un mes de acción global en distintos países.

Allá donde hay armas quieren ver vacunas. Allá donde se preparan ejércitos, plantean que se entrenen médicos. En plena emergencia sanitaria por el coronavirus, el International Peace Bureau (IPB), considerada la organización pacifista y antimilitarista más antigua del planeta, ha emprendido una campaña mundial para pedir a las grandes potencias que destinen su astronómico presupuesto militar a la sanidad.

No hay tregua en las oficinas –ahora instaladas en las habitaciones de casa– del IPB. Estos días, las organizaciones que forman parte de esta plataforma apuran detalles de lo que será un mes intenso: desde este viernes 10 y hasta el próximo 9 de mayo inclusive, sus participantes llevarán a cabo la campaña de acción global para la reducción del gasto militar. En total, se estima que habrá un centenar de acciones en una treintena de países.

"La idea inicial era hacer un enfoque más centrado en el cambio climático, pero ocurrió lo que todos sabemos", dice a Público Jordi Calvo, coordinador del Centro Delàs de Estudios por la Paz y vicepresidente de la Junta del IPB. "Lo que todos sabemos" es, nada más y nada menos, que una pandemia global, con miles de muertes a sus espaldas y un cambio drástico en la vida cotidiana de millones y millones de personas.

De ahí, precisamente, la clave de la acción global de este año. "¿Cuánto dinero hemos dedicado a investigar en salud y cuánto al ámbito militar y a la compra de armamento?", resume Calvo. "Ahora estamos pagando esa mala gestión de lo público y ese análisis equivocado", subraya.

El IPB reclama "una reducción dramática del gasto militar en favor de la asistencia sanitaria"

Precisamente por eso, el IPB reclama "una reducción dramática del gasto militar en favor de la asistencia sanitaria y para satisfacer las necesidades sociales". "Es el momento de abrir una nueva página en las relaciones mundiales y poner las tensiones geopolíticas a un lado, para acabar con las guerras, para un alto el fuego en aquellos múltiples conflictos en todo el mundo, los cuales pueden dificultar un esfuerzo de solidaridad global", sostiene la ONG, creada en 1891 en Berlín –hoy tiene su oficina descentralizada en Barcelona– y galardonada en 1910 con un Premio Nobel de la Paz.

Según datos de esta organización, "el gasto militar es un 50% más alto hoy que al final de la Guerra Fría". "Se sitúa en la asombrosa cifra de 1,8 billones de dólares al año, mientras que la OTAN exige más aumentos a sus miembros", destaca en el manifiesto elaborado para reclamar, precisamente, que esta situación se revierta.

Según datos publicados por el Centro Delàs en abril de 2019, por entonces España se mantenía en el decimosexto puesto del ranking de países que más dinero dedican a Defensa, "con un gasto de 18.200 millones de dólares según datos del SIPRI (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo) y cerca de 20.000 millones de euros según el cálculo del Centro Delàs".

La lista estaba encabezada por EEUU, que había aumentado su gasto militar hasta los 649 mil millones de dólares, un 4,6% más que el año anterior. Esa cifra representaba el 36% del gasto militar mundial en 2018. "Su gasto militar es el mismo que el de los 7 siguientes países que más gastan", destacaba el informe dado a conocer por el Centro Delás.

En segundo lugar estaba China, que había su gasto en un 5% hasta los 250 mil millones, "lo que representa el 14% del total mundial". De hehco, Estados Unidos y China juntos "representan la mitad del gasto militar mundial", seguidos por Arabia Saudí, India, Francia y Rusia.

Cambio de prioridades

Ahora, con los alarmantes datos del coronavirus sobre la mesa, el IPB encabeza esta campaña para pedir un urgente cambio de prioridades. "Pedimos a los países más ricos del mundo que se cuestionen lo que han hecho hasta ahora: se han dedicado demasiados recursos para militarizarnos. Ahora hay que utilizar estos recursos para hacer frente a las crisis sanitarias", explica Calvo, quien advierte sobre el carácter "económico y social" de la crisis que se avecina y que será sufrida, con especial intensidad, "por las comunidades más vulnerables".

En tal sentido, el IPB acompaña las jornadas de acción global con una recogida de firmas virtual para instar a los líderes del G20 a "levantar la sombra de la guerra y la política militar que ha arruinado la cooperación mundial en los últimos años y trabajar para asegurar que prevalezca un espíritu de paz y solidaridad".

"El G20 es responsable por el 82% del gasto militar mundial, representa casi todas las exportaciones de armas, y tiene en su territorio colectivo el 98% de las bombas nucleares del mundo. El G-20 es una plataforma compartida que reúne los intereses de los principales actores de la carrera de armamentos mundial", remarca.

Las firmas que se recojan serán llevadas a la próxima reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para septiembre próximo. Allí pedirán a los líderes mundiales que "actúen por una cultura de paz" y reduzcan drásticamente el gasto militar "en favor de la sanidad pública y la atención a las necesidades sociales y medioambientales".

10/04/2020 08:05

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Desmilitarizar la Policía para implementar la paz

Los informes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre Colombia, presentados el pasado 4 de marzo, recomiendan, en síntesis, que el Estado cumpla con sus normas constitucionales, entre ellas que la Policía esté bajo control de un organismo civil, como lo dice la carta magna.

 

La reacción es típica del poder, autoritario, que no aguanta cuestionamiento alguno: “Es una intromisión a la soberanía del país”. La reacción de Iván Duque el pasado 27 de febrero fue automática, reactiva, como la que desata quien sufre una fuerte pisada, en este caso al conocerse el informe de Alberto Brunori, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y en el cual llamaba la atención sobre el exceso de violencia por parte del Esmad al momento de enfrentar las protestas sociales, al tiempo que recomendaba separar la Policía de la estructura de las Fuerzas Militares. El incumplimiento con los Acuerdos de Paz también estaba en el llamado de atención.

Días después, el 4 de marzo, el informe fue entregado en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En esta ocasión no solo un informe sino dos, uno a cargo del Relator Especial de la ONU, Michel Forst y otro el informe ya aludido de la Oacnudh.

Las críticas del gobierno nacional al ojo observador de las Naciones Unidas, queriendo desdecir una evidencia de perogrullo, despertó una tensión entre las partes, la cual trató de minimizar el gobierno Duque al solicitar al organismo multilateral la firma de un nuevo tratado de cooperación para profundizar apartes comprometidos con el Acuerdo de Paz, en este caso, los programas de desarrollo con enfoque territorial y, en otro campo, la atención a población migrante.

 

Una propuesta políticamente in-viable


La criticada “intromisión a la soberanía del país” que el presidente Duque le manifestó a la ONU, fue producto de la siguiente recomendación realizada por la Oacnudh: “Insta al Estado a restringir, en la mayor medida posible, y de acuerdo con las normas y estándares internacionales, el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social. Así mismo, y de acuerdo con la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la policía, recomienda transferir la supervisión de la policía al Ministerio del Interior”.
Una observación y una sugerencia que desde tiempo atrás han realizado investigadores y estudiosos de la relación Policía-Fuerzas Armadas-sociedad civil en Colombia, así como de las medidas que en el campo de la seguridad ciudadana deben implementarse para aclimatar la paz en el país, una de las cuales tiene que ver precisamente con desmilitarizar la Policía.

Uno de los estudiosos que ha incursionado en esta temática es Edwin Cruz Rodríguez, politólogo e integrante del Grupo de Investigación en Teoría Política Contemporánea de la Universidad Nacional, quien resumió su visión sobre el particular en el libro Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia*, donde se adentra a profundidad en el cómo sería la reestructuración a nivel institucional, operativa y doctrinaria para ejecutar una reforma al organismo policial.

Con él conversamos sobre la tensión gobierno nacional-Naciones Unidas, y le pedimos luz sobre la viabilidad que tiene transferir la supervisión de la Policía al Ministerio del Interior, como es la norma en la mayoría de países. Con seguridad y sin dilaciones Edwin nos aclaró de la viabilidad de tal recomendación, pero, también nos enfatizó, “por resolver un problema se corre el riesgo de crear problemas potencialmente más graves. Esa es una recomendación que se viene haciendo desde 1993. Colombia es de los pocos países en la región en donde la Policía depende del Ministerio de Defensa”.

Explicación que con curiosidad nos lleva a preguntarle, Edwin, ¿Cuáles serían esos riesgos potenciales? Y sin rodeos amplía: “El problema de la militarización de la Policía, con todo lo que acarrea, pasándola al Ministerio del Interior se la puede terminar partidizando. El Mininterior es encargado de las relaciones políticas del gobierno, con el Congreso y, por tanto, con los partidos. A cambio de apoyo para los proyectos de ley, reformas, etcétera, que propone el Ejecutivo, se dan recursos para las regiones de los Congresistas y cargos. Luego, primero, pondría en un lugar peligroso a la Policía, puesto que abriría la puerta para que, por ejemplo, altos oficiales cabildearan y tomaran partido de manera más abierta que ahora para conseguir apoyo del Congreso y los partidos para ascensos y cosas de ese tipo. Segundo, podría llevar a un uso político de la Policía por parte del gobierno de turno. Un Departamento Administrativo de Policía resolvería parcialmente el problema. Parcialmente, porque no evitaría que el gobierno lo usara políticamente, como ocurrió con el DAS.

Aunque no es algo nuevo, otro tema que molestó al gobierno colombiano fue el de Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad. Dice el informe que el acceso a la justicia continúa siendo un desafío que perpetúa ciclos de impunidad y violencia, como sucede con la Fiscalía General de la Nación, que solamente tiene presencia en la mitad de los municipios del país. El informe resaltó que la respuesta de las autoridades a la violencia de género continuó siendo insuficiente. La Oacnudh observó que algunas autoridades en Antioquia, Arauca, Guaviare y Nariño desconocían el protocolo de la Fiscalía General de la Nación para responder a los casos de violencia sexual.

La falta de articulación entre autoridades es evidente, pero ¿Qué más ventajas tendría la desmilitarización de la Policía, Edwin? La mirada tranquila que había mantenido nuestro interlocutor ahora parece inquietarse, sus ojos buscan la respuesta a su interior, mueve también sus manos y nos indica: “Una estructura de mando vertical, copiada del Ejército, como la que todavía tiene la Policía, muchas veces obstaculiza la coordinación con las autoridades civiles municipales y departamentales. Por ejemplo, cuando la orden del Alcalde choca contra la orden del oficial superior, ¿a quién debe obedecer el subalterno? Un soldado es alguien que debe cumplir unas órdenes muy precisas en el marco de sus actividades. Un policía tiene que interactuar con la ciudadanía y eso supone cierta flexibilidad”.

Edwin, pero todos sabemos que la Policía antes era un cuerpo dependiente de los municipios, y eso facilitó, con lo acontecido a finales de los años 40 del siglo XX su militarización, situación que terminó por normalizarse con el paso de los años, una fuerza militarizada y que abusa de su poder. Pese a esa realidad que terminó haciéndose norma, ¿Por qué la Policía como un cuerpo de naturaleza civil, no militar, está amparada por el Ministerio de Defensa?

“No debe estar subordinada a otras fuerzas ni debe estar amparada, por ejemplo, por el fuero militar, nos aclara Edwin con toda determinación. Pero su salida del Ministerio de Defensa debe estar comprendida en una reforma estructural profunda, que incluso apunte a la desmilitarización de la institución en términos de su doctrina, su estructura jerárquica (de mandos) y sus formas de operación. Un Departamento Administrativo podría ser mejor alternativa, siempre y cuando se tengan en cuenta aspectos que, aunque se ha intentado implementar nunca han funcionado, como los sistemas de veeduría ciudadana con instancias y cargos específicos”.

Lo aludido por el profesor e investigador nos lleva a recordar que una experiencia similar ya tuvimos en Colombia con el antiguo DAS, la cual no fue nada buena para los defensores de derechos humanos, que terminaron siendo objeto de persecución y asesinatos, con la complicidad de la antigua institución, instrumentalizada desde el alto gobierno, además de comprada por bandas criminales. Teniendo esto claro, sin dejar de mirar a quien estamos seguros tiene una opción para ello, abrimos un nuevo interrogante, ¿Qué ventajas traería para el país separar la Policía del Ministerio de Defensa? Y él no nos defrauda, “La principal ventaja es desmilitarizar la Institución en términos de su estructura, su doctrina y sus formas de operación. Eso implicaría repensar la Policía en el contexto del posacuerdo de paz y las tareas que debe enfrentar. Por ejemplo, implica modificar los esquemas mentales y las estrategias para gestionar la protesta social”.


ONU admite que muerte de Dilan Cruz fue una ejecución

 

Uno de los temas que despertó polémica y debate, y le dio la razón a investigadores y parte de la opinión pública, fue el punto de derecho a la reunión pacífica, a propósito del cual resalta el informe: “algunos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza. La Oacnudh documentó una presunta privación arbitraria de la vida de un estudiante de 18 años en Bogotá, cometida por un agente del Esmad armado con un rifle de calibre 12 cargado con munición del tipo ‘beanbag’”. Aparte del informe que, claramente, hace referencia al asesinato del estudiante Dilan Cruz el pasado 23 de noviembre en Bogotá, durante las jornadas de protesta.

Con enfoques desde diferentes ángulos, las tomas realizadas por diferentes personas, comprobaron que el agente del Esmad que disparó contra Dilan no implementó los protocolos de dispersión de protesta que el Escuadrón tiene, sin embargo el Gobierno calló. Es una realidad que nos permite continuar la conversación con Edwin: ¿Cómo modificar los esquemas mentales y estrategias para gestionar la protesta social? le preguntamos. Y el hilo de la conversación es retomado sin demora: “En la gestión que desarrolla el Esmad, están patentes todos los problemas que acarrea la militarización sobre la función policial. Producto de la doctrina contrainsurgente, al manifestante se lo ve como un potencial ‘subversivo’, como parte del ‘enemigo interno’ a enfrentar y no como un ciudadano ejerciendo un derecho. De ahí que se privilegie un modelo de gestión basado en la represión y que en cada coyuntura de grandes movilizaciones el despliegue de fuerza es totalmente desproporcional”, contestó el politólogo.

“El espíritu corporativo de la Policía –continúa Edwin con su respuesta–, puede apreciarse muy claramente en el reciente asesinato del joven manifestante Dilan Cruz: la reacción fue en bloque y toda crítica se interpretó como un antagonismo con la Policía. Recientemente, la investigación del caso pasó a manos de la Justicia Penal Militar, gracias al fuero que cobija a la Policía. Eso es algo muy particular de este país: la Policía no tiene por qué estar comprendida en el fuero militar porque interactúa con ciudadanos de la misma comunidad política, no con adversarios de guerra. Pero una vez se tiene el fuero va a ser muy difícil quitárselo”.

 

Colombia, con el mayor índice de asesinatos de defensores de DD.HH en América Latina

 

El otro informe, el del Relator Especial de la ONU, Michel Forst, está antecedido de una visita oficial que el Relator realizó a Colombia del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018 por invitación del Gobierno, y con el propósito de determinar si en nuestro país las personas defensoras están seguras y empoderadas para promover y defender los derechos humanos, y si el Gobierno garantiza el ejercicio de la defensa y promoción de los derechos humanos en un entorno seguro y propicio. Como su visita fue al inicio del mandato Duque, decidió volver a finales de 2019 para observar avances, momento en el cual el Gobierno dilató su visita e impidió su entrada, como el mismo Michel Forst confirmó en medios de comunicación.

Un clase dirigente que siempre ha estado emparentada con las Fuerzas Armadas para su beneficio; por ejemplo, el informe del Relator recogió su preocupación por la aparente conexión entre la compañía americana Frontera Energy y la Fiscalía, el Ejército y la Policía, para que estas autoridades protegieran su actividad ¿Por qué la clase dirigente colombiana es reacia a desmilitarizar la Policía, Edwin?  “Hay resistencias de lado y lado. Es decir, tanto de la clase dirigente como de la propia Policía, que ha desarrollado un fuerte espíritu corporativo. La militarización de la Policía viene desde el gobierno de Rojas Pinilla (1953-1957). Desde que se estableció el Frente Nacional (1958) la clase política ha sido reacia a meterse con las FF.AA., incluso luego de las reformas de principios de los años noventa. Claramente, el problema está ligado a la persistencia del conflicto armado, en la medida en que la Policía se convirtió en un blanco de la insurgencia. Pero la razón de fondo es que ese tipo de reforma altera una de las columnas del sistema político”, precisa con claridad nuestro interlocutor.

En su informe Forst comentó que desde 2016 y hasta el 30 de junio de 2019, Colombia se mantiene como el país con el mayor índice de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en América Latina. Agregó que históricamente la tasa de impunidad de los homicidios contra los defensores y defensoras está situada en torno al 95 por ciento, frente a la tasa de impunidad de los casos de homicidios dolosos conocidos por las autoridades, situados entre el 86 y el 94 por ciento.

El Relator recomendó al Gobierno nacional que: “Reafirme el compromiso político con el Acuerdo de Paz, priorice su implementación, dotándolo de los recursos necesarios para ello, y en particular de los mecanismos de protección de las personas defensoras”. Recomendación que la Canciller Claudia Blum objetó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, calificándola como que: “no refleja objetividad ni integridad”.

Un avance hacia la paz real, difícil de lograr sin desmilitarizar la Policía, para lo cual es necesario retomar la esencia constitucional de este cuerpo de carácter civil, potenciándolo como un reconstructor de los derechos humanos. Para proyectar luz sobre este particular, abrimos un nuevo interrogante, Edwin ¿Por qué es fundamental que la fuerza pública tenga que pasar por una reforma para una efectiva implementación del Acuerdo de Paz?,  y su respuesta llega de inmediato, “Los Acuerdos de Paz, en la región, los de Centroamérica, por ejemplo, incluyeron reformas de las FF.AA. Acá ese aspecto no se tocó, tanto por el cuidado que tiene la clase política en afectar esa columna del sistema político como por la posición de ventaja que tuvo el Estado. No obstante, construir la paz hace necesaria una reforma de las FF.AA. Claramente, un contexto de posacuerdo requiere una reconciliación y eso es imposible si una parte de la sociedad, los reinsertados, los manifestantes, los críticos, la izquierda, siguen viéndose como potenciales “enemigos internos”, concluyó nuestro interlocutor.

En la rueda de prensa brindada por Duque después de reunirse con el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, el presidente colombiano enfatizó que las relaciones con el organismo “atraviesan por un muy buen momento”.

Es la voz de la diplomacia, la misma que debería tener efectos reales en la política de paz del gobierno nacional, en la implementación de medidas que ciertamente lleven a la concreción de los derechos humanos, y demás recomendaciones que contienen los informes de la ONU acá retomados. Ese es el deber del gobierno Duque, lo que sí confirmaría que las relaciones con el organismo multilateral no han sufrido deterioro alguno.

En apariencia el Gobierno da un paso hacia delante, al firmar un nuevo tratado de cooperación con la ONU en pro de aspectos implícitos en los Acuerdos de Paz ¿Simple formalidad? ¿Engavetará este nuevo tratado de cooperación el Gobierno Duque? ¿Lo aplicará, sin que ello le implique un giro sustancial en la política global que sobre el particular ha comportado su administración. Sea uno u otro su comportamiento, no toca esperar hasta comienzos del 2021 para que la ONU nos brinde la respuesta con su próximo informe.

* Edwin Cruz Rodríguez, ediciones desdeabajo, 2016.

 

 

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Publicado enEdición Nº266
Diomedes Sandoval, solicitante de asilo y líder social colombiano, en la terraza de la Parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías, Madrid.- JAIRO VARGAS

Las apenas 600 peticiones de asilo de ciudadanos colombianos en 2016 se han disparado a más de 29.000 en 2019. Sólo se le concedió a 48 personas. En enero han sido la nacionalidad que más lo ha demandado, superando a los venezolanos, pero el proceso de paz y la diversidad de perfiles les cierran las puertas de la protección casi de forma automática. Mientras esperan la respuesta a sus peticiones, muchos se ven abocados a vivir en la calle durante días por la saturación del exiguo sistema de acogida español

Cuando Diomedes Sandoval aterrizó en Madrid el pasado noviembre pensó que todo iría bien. Este líder social colombiano, amenazado de muerte y superviviente de un intento de asesinato, pidió asilo en el aeropuerto de Barajas y los policías le dijeron que su caso "era de manual" y "bien documentado". Le dieron un papel que acreditaba que era solicitante de protección internacional, una tarjeta transporte con diez viajes y un consejo: "Que fuera al Samur Social si no tenía dónde dormir" mientras el Ministerio de Interior estudiaba su solicitud, recuerda.

Eso hizo, pero cuando vio la cantidad de gente en su misma situación y que no había hueco para todos en los albergues de Madrid empezó a sospechar que Europa, en cuanto a protección internacional, no era como se había imaginado en su Tolima natal. "Esa noche me quedé en un hostal. A la mañana siguiente, cuando salí de la ducha, me habían robado mi documentación y todo mi dinero", lamenta.

Sandoval relata su historia a Público mientras toma café en la parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías. Es el único lugar de Madrid que considera un hogar, dice. "Aquí venimos muchos a pasar el día, a comer algo sin que nos cueste dinero, a buscar compañía", describe, porque no tiene aún permiso de trabajo ni nada que hacer además de esperar. El alojamiento que le ofrece el Ministerio de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social sólo está abierto por las noches.

Más de tres meses después, sigue en la fase de acogida temporal para solicitantes de asilo sin recursos económicos, es decir, un albergue "en malísimas condiciones" que comparte con otros 120 demandantes de asilo en Vallecas. Este jueves, por fin, le darán la una plaza que ha quedado libre en Málaga. Pasará a la primera fase del programa de acogida estatal, aunque no sabe si esa plaza es una habitación en un piso compartido o en un centro. "Será mejor que esto, eso seguro, pero tiene que mejorar el sistema porque van a seguir viniendo", afirma.

Los colombianos triplican sus peticiones de asilo

Por paradójico que resulte, desde que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016, la violencia ha repuntado en casi todo el país. En la diana están personas de como Sandoval, los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, personas de referencia en las comunidades rurales, gente que denuncia la corrupción con fondos destinados a cumplir con la parte social de los acuerdos de paz, por ejemplo.

En 2019, más de 29.000 colombianos solicitaron protección internacional en España. En 2018 fueron tres veces menos, 8.800. En 2016, año de la firma de los acuerdos de paz, apenas superaron las 650. Solo en enero de este año ya han superado a los venezolanos, con 4.860, y son la nacionalidad que más protección pide en España, según el avance de datos del Ministerio del Interior, aunque también de las que menos la recibe.

"Es muy posible que este año superen a los venezolanos, la tendencia es muy clara, aunque el nivel de resoluciones favorables de sus solicitudes es muy bajo. Sólo se le ha dado el estatuto de refugiado a 48 personas de las 5.000 que se han estudiado. El resto han sido rechazadas", explica Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de CEAR.

Reconoce que los casos que llegan son muy variados, aunque apuntala el problema de la persecución de los líderes sociales. "Son un grupo social bien definido y claramente amenazado y perseguido, deberían recibir más protección, a juzgar por las cifras", apunta. "Recibimos muchos casos de personas de Colombia que huyen de amenazas o la extorsión de bandas criminales, pero el Gobierno las rechaza alegando que no hay conflicto armado o que esa persecución o amenazas no están promovidas por autoridades o el Gobierno del país, que hay medidas judiciales y legislativas para perseguir este tipo de crimen", explica Favieres, que apunta que hay una gran discusión sobre esta circunstancia en los tribunales.

Sandoval, en cambio, apunta a la connivencia del Gobierno de Iván Duque con estos grupos armados. "Yo empecé a recibir amenazas cuando mi organización comenzó a denunciar el desvío de fondos para las víctimas del conflicto y para el desarrollo de infraestructuras", sostiene. "Tenía escoltas asignados pero decidí marcharme cuando sufrí un atentado por parte de sicarios del que salí con vida", recuerda mostrando los papeles que lo acreditan.

"Huí de la muerte pero no esperaba que, después de todo esto, en España me fuera a convertir en un mendigo, en un indigente. Nos ha pasado a muchos", señala este solicitante de asilo. Recuerda que algunas noches le tocó dormir en las calles de Madrid. "No había plazas en el Samur Social, no había plazas del Ministerio de Migraciones. Muchos días, tampoco en los albergues para personas sin hogar para la campaña del frío. Es indigno el trato que recibimos. No quiero pensar que estoy pasando por esto para que luego me denieguen el asilo y tenga que volver al lugar del que huyo", argumenta. Por eso prefiere que su rostro no aparezca en la fotografía. "Denunciar siempre trae problemas, en España o en Colombia", sentencia.

El mismo temor tienen Heber Erazo y su mujer, dos sexagenarios que llevan en Valencia casi un año y medio. Eran periodistas de Bogotá y de la región colombiana del Cauca, una de las más afectadas por la violencia de paramilitares, disidentes de las FARC, narcotraficantes y otros grupos armados. 

"Hemos presenciado y contado casi todo el conflicto. Siempre hemos alzado la voz, hemos sido testigo de masacres, hemos denunciado corrupción e irregularidades y nos ha costado ataques de todos los flancos: alcaldes, concejales, congresistas, gobernadores...", recuerda. Han recibido amenazas, el pasado año sufrieron un allanamiento de su vivienda en Bogotá, de donde desaparecieron "documentos sensibles y confidenciales, denuncias contra quienes les perseguían, miles de fotografías y los archivos originales de su periódico y fundación", entre otros episodios. "No nos ha matado porque hemos sido nómadas. Huimos por varias zonas de Colombia hasta que ya nos tuvimos que venir a España", aclara.

"Pero el acceso al sistema de protección es una carrera de obstáculos", denuncia. Se tarda en obtener citas para cada trámite burocrático, para obtener una respuesta, para recibir una plaza. Todo es siempre cuestión de meses.

Actualmente se encuentran en la fase dos del sistema. Reciben una ayuda para pagar el alquiler del piso en el que viven y una ayuda para manutención. Entre los dos llegan casi a los mil euros mensuales, pero la mitad se lo lleva el alquiler, describe. Antes pasaron medio año en una casa compartida, durante la fase uno del programa de acogida. "Se generaban problemas de convivencia constantes. Es normal, solo teníamos un baño para ocho personas, poco espacio y mucha tensión acumulada", recuerda, pero al menos tenían un baño, puntualiza.

"El sistema no está preparado. El colapso no está solo en Madrid. Nosotros tuvimos que dormir en la calle durante un tiempo", recuerda. Decidieron ir a Valencia porque allí tenían un conocido que les dio alojamiento durante los primeros meses, "pero son tantas las trabas administrativas que ya no pudo acogernos más y acabamos en situación de calle hasta que nos dieron una plaza", afirma.

El temor al rechazo de la solicitud

Ahora ve con miedo la próxima cita para renovar el permiso de residencia. "Cuando vayamos pueden decirnos que no nos conceden ningún tipo de protección y quitarnos el permiso de residencia. A los colombianos se nos está rechazando de forma masiva", advierte. "La diplomacia del Gobierno hace bien su trabajo. Dice que allí hay posconflicto, que hay paz, pero hay muertos cada día, por eso nos vemos obligados a irnos", sentencia.

Viendo las cifras de asilo para colombianos, no tiene mucha fe en que sus solicitudes sean aprobadas. Su mayor esperanza es que, en caso de rechazo, se les conceda el permiso de residencia por razones humanitarias, que no lleva aparejada ninguna ayuda económica, pero permite la estancia regular en el país durante un año con posibilidad de prórroga.

El Gobierno español comenzó a conceder este permiso el pasado año ante el drástico aumento de solicitantes de asilo venezolanos, aunque es difícil que lo obtengan los ciudadanos de otros países. "Aunque esa figura está recogida en la ley de asilo, en el caso de los venezolanos se está implementando de forma masiva para dar respuesta a una recomendación de la ONU por la crisis que atraviesa el país", explica la portavoz de CEAR, que recuerda que este permiso no se puede considerar una medida de protección internacional como tal.

Algunas organizaciones consideran que la situación en la mayoría del territorio colombiano no dista mucho de la que atraviesa Venezuela en cuanto a falta de servicios básicos, pobreza, índices de criminalidad y vulneraciones de los derechos humanos, por lo que piden al Ministerio del Interior español que aplique el mismo rasero. "El problema es que en España no se sabe qué es un líder social y el peligro que corre en Colombia. O quizás es que no quiere saber de forma intencionada", explica Sandoval.  

madrid

11/03/2020 22:39

Por jairo vargas

 

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Excombatientes talibanes entregan sus armas este domingo en Jalalabad. GUHLAMULLA HABIBI EFE

El presidente de Afganistán rechaza liberar a los milicianos prisioneros como precondición para el diálogo interno

El acuerdo de Estados Unidos con los talibanes ha encontrado este domingo su primer obstáculo. El presidente afgano, Ashraf Ghani, ha rechazado la cláusula que prevé la liberación de miembros de la guerrilla. “El Gobierno de Afganistán no se ha comprometido a liberar a 5.000 prisioneros talibanes”, ha declarado Ghani al día siguiente de asistir en Qatar a la firma de ese pacto, presentado como un primer paso para alcanzar una solución política en aquel país. No obstante, el presidente extiende la tregua que se respetó durante la semana pasada.

“Estados Unidos carece de autoridad para dejar en libertad a los prisioneros, esa es una prerrogativa que corresponde al Gobierno de Afganistán”, ha subrayado Ghani durante una conferencia de prensa de la que se ha hecho eco la web afgana ToloNews. Es tan solo la segunda vez que el presidente comparece ante los medios en sus cinco años de mandato.

Según los términos del acuerdo, “Estados Unidos se compromete a trabajar con todas las partes implicadas para la liberación de los presos políticos y combatientes”. El texto prevé que hasta 5.000 talibanes encarcelados serán liberados a cambio de un millar de presos del lado gubernamental antes del 10 de marzo, para facilitar el inicio del diálogo interafgano. Pero Ghani rechaza que esa medida se considere una precondición y defiende que debe ser parte de las conversaciones con los talibanes.

“Un acuerdo que se alcanza a puerta cerrada va a tener problemas básicos en su ejecución desde mañana mismo”, añadió el presidente afgano en una poco velada crítica a la ausencia de su Gobierno en las negociaciones que llevaron al pacto. Pero los talibanes siguen sin reconocer la legitimidad del Gobierno de Kabul, lo que ha obligado a Estados Unidos a hacer equilibrios para contar con la participación de éste y ofrecer la imagen de que va a incorporarse en una segunda fase.

Previo a la firma del acuerdo de EE UU con la guerrilla, un comunicado conjunto afgano-estadounidense anunció los planes de reducción de tropas, presentándolos dentro de un marco bilateral. Sin embargo, el asunto del intercambio de presos aparecía de forma mucho más ambigua: “La República Islámica de Afganistán participará en un debate facilitado por Estados Unidos con representantes talibanes sobre medidas de fomento de la confianza, que incluirá la posibilidad de liberar a un número significativo de prisioneros de ambos lados”.

Las objeciones del presidente pueden muy bien ser una mera táctica para hacerse valer ante el diálogo interafgano que debe empezar ahora y en el que la participación del Gobierno no está clara. El enviado estadounidense Zalmay Khalilzad, ha mencionado una delegación “incluyente” con “importantes figuras del Gobierno, responsables clave de partidos políticos, miembros de la sociedad civil y mujeres” para hablar con los talibanes.

El Gobierno querría determinar los participantes. Sin embargo, el rifirrafe que Ghani mantiene con su principal rival, Abdullah Abdullah, que le disputa el resultado de las últimas elecciones presidenciales, dificulta formar el equipo. En principio, solo tras el lanzamiento de esas conversaciones, empezará la retirada de las tropas estadounidenses que es lo que buscan tanto Washington como la guerrilla.

De momento, el presidente afgano ha dicho que, por su parte, “la reducción de la violencia va a continuar con el objetivo de alcanzar un alto el fuego definitivo”. Kabul ha informado a los talibanes a través del general Scott Miller, jefe de las fuerzas norteamericanas en Afganistán. La guerrilla aún no se ha manifestado al respecto. La víspera el responsable político del grupo, Mohammad Abbas Stanikzai, declaró a ToloNews que el alto el fuego llegará una vez que se acuerde el Gobierno interino (de transición) y dio a entender que seguirían atacando a las fuerzas afganas, aunque mantendrían la tregua con Estados Unidos.

Dubái 1 MAR 2020 - 11:14 COT

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El Salvador aprueba una ley de reconciliación rechazada por las víctimas de la guerra civil

La legislación reduce las penas de prisión a quienes hayan cometido crímenes de guerra y conmuta las de los condenados que sufran problemas de “salud”

A toda y prisa y a puerta cerrada los partidos de derecha con representación en la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron la noche del miércoles en una sesión extraordinaria una ley de reconciliación que es vista por las víctimas de la guerra civil que desangró a este país como una puerta abierta a la impunidad. La legislación reduce hasta en un 75% las penas a quienes confiesen haber cometido crímenes durante el conflicto y pidan perdón, a la vez que permite a los jueces conmutar las condenas cuando se alegue problemas de salud o edad. Organismos internacionales han rechazado la nueva ley, que, dicen, es un retroceso importante en el camino de este país centroamericano para lograr justicia para las víctimas de una sangría que dejó más de 70.000 muertos según organizaciones de derechos humanos.

La guerra civil se extendió de 1980 a 1992 y dejó algunos de los capítulos más terribles de vejaciones en el continente americano. Entre ellos destaca la matanza de El Mozote de 1981, cuando soldados del Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño asesinaron a al menos 986 personas en una operación que tenía como objetivo arrasar con la guerrilla izquierdista que combatía a la dictadura militar. Desde los acuerdos de paz firmados a inicios de los años noventa, las víctimas del conflicto han exigido una respuesta del Gobierno salvadoreño. “Lo que ha pasado es muy grave para toda la sociedad y nos causa mucho dolor”, dice a EL PAÍS Amanda Castro, cuyos padres fueron desaparecidos durante el conflicto.

Castro forma parte del Colectivo Vidas, conformado por supervivientes y familiares de víctimas de la guerra, y no esconde su enojo por la decisión de los diputados salvadoreños. Sus padres eran jóvenes estudiantes universitarios que se involucraron dentro de organizaciones de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El padre, Jorge Enrique Jiménez fue desaparecido en agosto de 1981 junto a otros nueve compañeros, en Honduras, por integrantes del Ejército de ese país. La madre, Lisbeth Castro, fue capturada en una estación de autobuses cuando se dirigía a la Universidad Nacional. Más tarde hombres de civiles y fuertemente armados la llevaron, con signos de tortura, a la casa familiar, donde realizaron un cateo. Luego Lisbeth fue desaparecida. Amanda tenía 14 meses. "Desde entonces estamos buscando justicia y no ha sido posible hallarla", dice.

La noche del miércoles el FMLN, ahora convertido en partido político de oposición, se abstuvo de votar por la legislación, que fue aprobada sin consultas. “Pero tampoco mostró una posición clara a favor de las víctimas”, acota Castro. “Su posición es pueril. Los diputados del FMLN también son cómplices”.

Entre los partidos que votaron la ley está la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fundada en 1981 por Roberto d'Aubuisson, militar a cargo de los denominados Escuadrones de la muerte que sembraron el terror durante la guerra. La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) había advertido el 25 de febrero que la legislación podría significar una “restricción del derecho a la justicia” y una “prescripción de facto para crímenes que, por su naturaleza y definición, son imprescriptibles”. Para el organismo, la conmutación de las penas “propicia la impunidad”.

El presidente Nayib Bukele, que hace dos semanas se enfrentó al Parlamento por la negación de este a votar un préstamo internacional para financiar su estrategia contra la violencia, anunció que vetará la ley. Las víctimas, sin embargo, tampoco confían en el controvertido mandatario. “Si el presidente veta la ley es importante, pero un presidente que tiene toda una práctica autoritaria y militarista. Tampoco es garantía de nada. Vamos a seguir luchando para que haya verdadera justicia”, dice Castro. Su esperanza, afirma, es que la Sala Constitucional del Supremo “se pronuncie con fuerza sobre esta ley que es un pacto de impunidad.”

Por Carlos Salinas Maldonado

México 27 FEB 2020 - 15:55 COT

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"No necesitamos una tercera revolución en los métodos de hacer una guerra." Imagen: EFE

Entrevista a la Premio Nobel de la Paz en 1997 por su lucha contra las minas antipersonales

A horas de su llegada a Buenos Aires para participar de la "Campaña para Detener a los Robots Asesinos", Williams repudia al presidente Donald Trump y remarca la importancia del movimiento feminista en el mundo.

 

Su libro autobiográfico, "My name is Jody Williams", fue traducido al español con el particular título de "La hippie que llegó a ser Nobel de la Paz". A la ganadora del prestigioso premio en 1997 por su militancia contra el uso de minas antipersonales no le molesta esa definición. Al contrario, la reivindica: "Si ser hippie quiere decir ser una activista informal e incapaz de decir palabras bonitas solamente para caerle bien a otros, entonces sí, soy una hippie".

Jody Williams nació el 9 de octubre de 1959 en Brattleboro, pequeño pueblo del estado de Vermont, Estados Unidos. Se formó en Relaciones Internacionales, pero las mejores experiencias las vivió en su recorrida como voluntaria por países de América Central. A horas de llegar al país para participar de la "Campaña para Detener a los Robots Asesinos", Williams dialogó con Página/12. A lo largo de la entrevista, revela la importancia de la guerra de Vietnam en la elección de su vida militante, manifiesta su rechazo hacia el presidente Donald Trump y remarca la importancia de que el movimiento feminista siga creciendo a nivel mundial.

-En su autobiografía de 2013, usted dice que la religión ocupó un lugar importante en su vida.

- Mi abuela maternal nació en Italia y crecí en una casa católica y sí, eso fue una parte importante de mi infancia y de mi juventud. Pero la iglesia no podía o no quería contestar preguntas difíciles y siempre decía que teníamos que aceptar cosas inexplicables por fe. Yo no creo en esa idea de fe. No acepté no tener respuestas a mis preguntas. Soy espiritual, pero no creo en el Dios de la iglesia.

- ¿La guerra de Vietnam significó un quiebre a la hora de elegir su vocación?

- Mi experiencia con Vietnam fue algo que me abrió los ojos en cuanto a la historia de los Estados Unidos. Aprendí que el país no es un país pacífico, sino uno de lo más intervencionistas en la historia. Vietnam me dio ganas de intentar buscar un camino para influir en la política externa del país.

- Usted trabajó en distintos países de Centroamérica como voluntaria. ¿Cómo recuerda esa experiencia? 

- Allí aprendí lo que es ser activista. Entendí que el trabajo avanza por nosotros, no por mí. O sea, una persona solita no cambia el mundo para beneficio de todos. Para lograr eso, es necesario trabajar con otros con la misma visión y determinación de hacer de la visión una realidad. Después de mi labor humanitaria en la región, empecé a trabajar en la campaña antiminas.

- La llevo al momento en que usted recibió el Nobel en 1997 por su lucha contra las minas antipersonales y las bombas de racimo. ¿Cómo se enteró que había ganado?

- Estaba con mi novio (ahora esposo) Steve Goose y mi familia en Vermont. Steve y yo nos conocimos en la campaña antiminas. El nueve de octubre es mi cumpleaños y habíamos ido a Vermont para festejarlo. El diez de octubre hacen el anuncio del Nobel de la Paz. ¡Fue un regalo inesperado! Y me costó procesarlo, porque sigo siendo introvertida por naturaleza.

- Ha sido muy crítica del Premio Nobel de la Paz otorgado a Barack Obama en 2009. ¿Cómo se explica que haya recibido ese premio?

- Obama mismo sabía y sabe que no merecía ese premio. No hizo más que sentarse a esperar un mundo sin armas nucleares, pero luego procedió a modernizarlas. Una total hipocresía. Creo que el Comité del Nobel estaba tan feliz de ver algo diferente de George W. Bush en el poder, que se dejó llevar. Pero no se dieron cuenta de que iban en la dirección equivocada.

- Usted se unió a otras mujeres ganadoras del Premio Nobel, entre ellas la guatemalteca Rigoberta Menchú, para trabajar por la paz. ¿Cómo surgió la idea?

- En 2005, nos dimos cuenta de que eramos varias mujeres que habíamos conquistado el Nobel de la Paz. Entonces decidimos juntarnos y usar la influencia y poder del Nobel para apoyar a organizaciones de mujeres en zonas de conflicto. Trabajamos para hacer un mundo con paz sostenible, y ya llevamos casi quince años de trabajo exitoso.

- El feminismo como movimiento no para de crecer en el mundo. ¿Cuáles son los principales desafíos que observa en la actualidad?

- Lamentablemente, los desafíos siguen siendo esencialmente los mismos en todo el mundo. Los hombres controlan la mayor parte del poder, y parecen creer que el poder es de alguna manera finito. Y si las mujeres tienen algún poder, eso significará que los hombres tendrán menos poder. Es un razonamiento absurdo.

- En Argentina existe una fuerte campaña para que el Congreso apruebe el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Está a favor del derecho a abortar?

- Absolutamente. Las mujeres debemos tener control sobre las decisiones que nos afectan. Eso quiere decir control sobre nuestros cuerpos, nuestro dinero, nuestras vidas. Yo no voy a obligar a otra mujer a tener un aborto. Pero al mismo tiempo, no quiero que otra gente me diga que no puedo tomar esa decisión. Me indigna que los hombres crean que tienen ese derecho.

- El año electoral arrancó con fuerza en Estados Unidos. Usted nació en Vermont, estado por el cual Bernie Sanders es senador. ¿Le genera alguna esperanza su precandidatura demócrata?

- En este momento es el líder del espacio demócrata. Sinceramente, mi esperanza más grande es vivir la derrota de Trump en las elecciones de noviembre.

- ¿Pero cree que Trump puede ser vencido en las presidenciales del próximo tres de noviembre?

- Siempre ha tenido presunciones de ser un rey. Con los resultados del impeachment en el Senado parece que de veras cree que es el rey. Creo que puede ser vencido, pero también creo que puede ganar y si es horrible hoy, no puedo imaginarlo si ganara en noviembre.

- Sus críticas hacia el presidente parecen ir en línea con lo que llama "excepcionalismo estadounidense".

- Todo el mundo ya sabe que los gringos se creen los dueños del mundo y eso proviene de la creencia de que el país y su gente, los blancos obviamente, son excepcionales en el mundo. Por eso, todo lo que hace Estados Unidos contribuye al bienestar de todo el mundo, incluso cuando el mundo no se da cuenta de eso...

Este miércoles 26 de febrero a partir de las 10:30 horas, en el Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia, Williams brindará una conferencia en Buenos Aires como parte de la Campaña para Detener a los Robots Asesinos junto a la directora de la división Armas de Human Rights Watch, Mary Wareham, la ingeniera de software, Laura Nolan, la investigadora del CONICET, Vanina Martínez, y la Coordinadora de la Red de Seguridad Humana en Latinoamérica y el Caribe, María Pía Devoto.

- ¿Cómo podría explicarle a los habitantes de la región, no habituados a ese tipo de discusiones, cuál es la importancia de frenar la actividad de estos robots asesinos?

- Desde la Campaña nos preocupa pensar que las armas autónomas decidirían quién vive y quién muere, sin intervención humana, algo que cruza los límites morales. El mundo ya es lo suficientemente peligroso. No necesitamos una tercera revolución en los métodos de hacer una guerra. Y menos cuando serían guerras impredecibles, ya que los seres humanos quedarían fuera de decidir quién vive y quién muere. Sería un desarrollo completamente asqueroso.

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Sábado, 22 Febrero 2020 06:34

Acuerdo de paz entre EE.UU. y los talibanes

Pomeo llega el viernes a Omán, primera escala de su gira por Africa y Oriente Medio.  ________________________________________ Imagen: AFP

Se firmaría el 29 de Febrero y pondría fin a 18 años de guerra

Empezó un alto el fuego de siete días en Afganistán que culminaría con la firma del acuerdo, informaron las partes por separado, luego de un año de negociaciones en Qatar.

 

Estados Unidos y el movimiento islamista talibán anunciaron ayer su intención de firmar un acuerdo de paz el próximo 29 de febrero para tratar de poner fin a 18 años de guerra en Afganistán, el conflicto militar más prolongado de la historia de Estados Unidos.

El anuncio llegó poco después de que los talibanes, Estados Unidos y el gobierno afgano confirmaran que este fin de semana entrará en vigor un pacto ya anunciado de alto el fuego durante siete días, del cual dependerá el éxito del resto del delicado proceso.

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo que, si la tregua tiene éxito, Estados Unidos firmará un acuerdo de paz con el movimiento insurgente el 29 de febrero, coronando más de un año de negociaciones entre ambas partes en Qatar.

Luego de la firma del acuerdo con Estados Unidos, los talibanes iniciarán negociaciones con el gobierno de Afganistán que, en última instancia, permitirían que Washington empiece a retirar a los miles de soldados que tiene en el país asiático desde 2001.

El gobierno afgano no ha participado de las negociaciones en Doha.

"Nos estamos preparando para que la firma tenga lugar el 29 de febrero", dijo Pompeo en un comunicado en el que, no obstante, condicionó el acuerdo a "una implementación exitosa del entendimiento de reducción de violencia" durante una semana. "Las negociaciones internas afganas comenzarán poco después, y este paso fundamental echará los cimientos para cumplir con un alto el fuego integral y permanente, y con una hoja de ruta para el futuro político de Afganistán", agregó.

Los talibanes confirmaron el acuerdo para firmar el pacto con Estados Unidos el 29 de febrero en Doha, capital de Qatar y sede de los contactos entre las partes. "Tras las largas negociaciones, ambas partes han acordado firmar el acuerdo en presencia de observadores internacionales" el sábado 29 de febrero, afirmó la formación insurgente en un comunicado.

Estados Unidos espera que, a partir de ambas negociaciones, pueda comenzar a retirar a sus soldados de Afganistán casi 18 años después de invadir el país para derrocar a los talibanes del gobierno por dar refugio al líder de Al Qaeda Osama Bin Laden. El objetivo de las negociaciones entre talibanes y gobierno afgano sería un alto el fuego nacional y una retirada escalonada de fuerzas estadounidenses, que totalizan unos 12.000 soldados y que según el Pentágono podrían reducirse a 8.000 "con el tiempo".

Los talibanes, además, se comprometieron a no dar refugio a organizaciones "terroristas" internacionales como Al Qaeda, según dijeron la semana pasada fuentes de ambas partes en declaraciones en "off" a varios medios estadounidenses.

Uno de los jefes de la delegación afgana en Qatar, Abdul Salam Hanafi, dijo la semana pasada que, luego de firmar el acuerdo de este mes, Estados Unidos y el gobierno afgano liberarán a 5.000 prisioneros talibanes y los rebeldes liberarán a 1.000 prisioneros.

El vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Afganistán, Javed Faisal, y fuentes talibanes dijeron ayer más temprano que el acuerdo de "reducción de violencia" entre todas las partes entrará en vigor mañana. En Estados Unidos, los principales medios citaron a un funcionario de alto rango del Departamento de Estado que dijo que el alto el fuego de siete días comenzaría a regir ayer a la noche, pero no dijo a qué hora exactamente.  El funcionario habló bajo condición de anonimato, dijeron los medios.

En Pakistán, donde los talibanes también tienen presencia, un dirigente del movimiento insurgente dijo que, tras la firma del acuerdo del 29 de febrero, las negociaciones con el gobierno afgano comenzarán el 10 de marzo, informó el canal qatarí Al Jazeera.

Estados Unidos y los talibanes ya estuvieron a punto de firmar la paz el año pasado, pero el presidente Donald Trump se echó atrás a último momento, en septiembre, luego de la muerte de un soldado norteamericano en un ataque de los rebeldes.

Analistas han advertido que el camino a la paz en Afganistán no será fácil y que los acuerdos podrían naufragar en cualquier momento. En el peor de los casos, esos analistas han dicho que las partes en conflicto podrían aprovechar la distensión para reposicionar sus fuerzas en busca de asegurarse ventajas en el frente militar.

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