ONU: Acuerdan un tratado internacional para prohibir las armas nucleares

Entrará en vigencia dentro de tres meses

 

Los principales países con tecnología armamentística, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia, hasta ahora no lo firmaron.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que en tres meses entrará en vigencia un tratado internacional que prohíbe las armas nucleares. La norma alcanzó el aval de 50 Estados, luego de haber sido ratificado este sábado por Honduras.

"Comienza una nueva era en la que las armas nucleares finalmente están prohibidas, en la que se construye y fortalece la normativa que las condena, que desplaza la hegemonía nuclear y que se trae abajo la retórica tóxica que nos obliga a vivir todos los días bajo esta gran amenaza existencial", expresó Carlos Umaña, miembro de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), en declaraciones a la agencia Pressenza.

Cabe recordar que, en 2017, la ICAN recibió el Premio Nobel de la Paz por promover el tratado internacional que prohíbe las armas nucleares. 

Por su parte, Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), afirmó que "hoy es un día de victoria para la humanidad y una promesa para salvar el futuro".

El Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares es una norma internacional que tiene por objetivo prevenir la propagación de la tecnología armamentística, promover la cooperación en la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos y lograr el desarme nuclear y general. 

En julio de 2017, el tratado fue aprobado por la ONU con el voto de 122 países. Luego de la ratificación por parte de 50 estados, entrará en vigencia en 90 días a partir de hoy

Los principales países con armas nucleares, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia, no lo han firmado.

Los activistas a favor de la abolición esperan que su ratificación tenga el mismo impacto que los tratados internacionales anteriores que prohíben las minas terrestres y las municiones en racimo, estigmatizando la posesión y el uso de armas nucleares, lo que podría conducir a un cambio de comportamiento incluso de países no signatarios.

Los estados poseedores de armas nucleares, por su parte, sostienen que sus arsenales sirven de disuasión y dicen que están comprometidos con el Tratado de No Proliferación de armas nucleares. 

Publicado enInternacional
Trump anunció un acuerdo de paz entre Bahrein e Israel  

Hace un mes Israel había firmado un tratado similar con Emiratos Árabes Unidos

El presidente de Estados Unidos dijo que espera llegar a más pactos de este tipo entre los países de la región. “Restauré la confianza con nuestros socios regionales, y juntos hemos eliminado el califato del Estado Islámico", sostuvo el mandatario.

 

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que Bahrein e Israel llegaron a un acuerdo de paz. El hecho se produjo un mes después del pacto firmado entre los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y el Estado hebreo. La administración Trump busca normalizar las relaciones entre sus aliados en Medio Oriente como una estrategia para contener a Irán. El presidente norteamericano dijo que espera llegar a más pactos de este tipo entre los países de la región. “Restauré la confianza con nuestros socios regionales, y juntos hemos eliminado el califato del Estado Islámico al 100 por ciento”, sostuvo el mandatario.

"Medio Oriente era un caos"

Trump catalogó el acuerdo entre ambos países como un logro histórico. “Nuestros dos GRANDES amigos Israel y el Reino de Bahrein han acordado un Acuerdo de Paz- el segundo país árabe en hacer la paz con Israel en 30 días!", dijo el mandatario. Minutos más tarde, desde el Despacho Oval y acompañado por el vicepresidente Mike Pence, el presidente dio las gracias a los líderes de ambos países. "Su liderazgo se mueve hacia un futuro que puede llenarse con esperanza y no tiene por qué estar predeterminado por conflictos del pasado", indicó el magnate republicano. A su vez, destacó que el anuncio haya coincidido con el aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. "Cuando llegué a la presidencia Oriente Medio estaba en un estado de caos absoluto”, dijo el mandatario. También resaltó que no existía respuesta más poderosa al odio que acuerdos de ese tipo.

En paralelo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu realizó el mismo anuncio desde Jerusalén. "Ciudadanos de Israel, me conmueve informarles que esta noche llegaremos a otro acuerdo de paz con otro país árabe, Bahrein. Este acuerdo se suma a la paz histórica con los EAU", señaló el dirigente israelí. Es el segundo pacto de paz que la Administración de Trump anuncia en menos de un mes tras el alcanzado el pasado 13 de agosto entre los EAU y las autoridades israelíes. El martes se darán cita en Washington representantes de los tres país para firmar los respectivos tratados. Ya confirmaron su presencia el primer ministro israelí; por los EUA concurrirá el príncipe heredero, jeque Mohamed bin Zayed; y el ministro de Exteriores de Bahrein, Abdulatif al Zayani.

Bahrein tiene una población de mayoría chiita y una monarquía sunita protegida por Arabia Saudita. Es un pequeño archipiélago del golfo Pérsico donde está emplazada la Quinta Flota Naval de EEUU. Esta fuerza tiene la función de supervisar las operaciones marítimas en toda la región, fundamentales para contrarrestar las acciones de Irán en la zona. Con el anuncio de este viernes, Bahrein se conviertió en el cuarto país árabe en establecer relaciones diplomáticas plenas con Israel, tras los EAU, Egipto (1979) y Jordania (1994).

Más acuerdos

Trump reveló en el Despacho Oval que había conversado con el rey de Arabia Saudita Salmán bin Abdulaziz sobre este acuerdo y la lucha contra el terrorismo. El presidente adelantó que habrá más pactos de este tipo en el futuro. "Tengo mucha esperanzas de que les seguirán más. Puedo decirles que hay un entusiasmo tremendo por parte de otros países que quieren unirse", adelantó el líder republicano. Además volvió a mostrar su optimismo sobre el desarrollo de las relaciones con los palestinos. "Van a estar en una muy buena posición. (…) Querrán ser parte de las conversaciones porque todos sus amigos estarán allí", dijo el mandatario.

Sin embargo la Autoridad Palestina y el movimiento islamita Hamas criticaron inmediatamente el anuncio. "El acuerdo entre Bahrein e Israel es una puñalada en la espalda de la causa palestina y el pueblo palestino", dijo Ahmad Majdalani, ministro de Asuntos Sociales de la Autoridad Palestina. Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, denunció por su parte que el acuerdo supone un grave perjuicio para los palestinos. Desde su llegada al poder, Trump se alejó de la Autoridad Palestina multiplicando las decisiones favorables a Israel, consciente de satisfacer así a la gran franja cristiana evangélica de su electorado.

Estos acuerdos entre Israel y naciones árabes coinciden con un momento de tensión entre EEUU e Irán. El malestar entre ambos países se potenció desde la retirada del país norteamericano del acuerdo nuclear con Teherán. Esta semana el gobierno norteamericano anunció que reduciría sus tropas en Irak y Afganistán. Queda por ver si esos soldados vuelven a casa o si son reubicados en otras partes de la región como el golfo Pérsico, donde EEUU viene reforzando sus posiciones en el último año. 

Publicado enInternacional
El Acuerdo Abraham y la peligrosa entrada de Israel en el Golfo Pérsico en 27 notas

Mientras bombardea Siria y Gaza, y pocos días después del misterioso incendio del puerto del Líbano y un mes después de los discretos ataques a varios centros estratégicos de Irán, Israel anuncia a bombo y platillo la firma del Acuerdo Abraham con Emiratos Árabes Unidos (EAU), con el que es reconocido oficialmente por el primer estado situado en el Golfo Pérsico. Será el tercer régimen árabe, – después de Egipto (1977) y Jordania (1994)-, que establece relaciones oficiales con el país que hace 72 años fue establecido en las tierras palestinas.

  1. El hecho considerado "histórico", y vendido como "el triunfo de la diplomacia por haber parado la anexión de Cisjordania a Israel", no fue la decisión tomada en los parlamentos de los firmantes, sino que es un acuerdo opaco entre unos hombres corruptos de extrema derecha: Donald Trump, su yerno Jared Kushner, Benjamín Netanyahu, el príncipe heredero del Reino de Arabia Saudí (RAS) Mohammed bin Salman (MbS), y el mandatario emiratí, Mohammed bin Zayed (MbZ).
¿En qué consiste el acuerdo?
  1. Es falso que EAU se ha sacrificado con este pacto para que Netanyahu abandonase el plan de anexionar gran parte de Cisjordania que anunció en julio, porque:
  2. Israel nunca ha parado de ocupar más tierras palestinas, ni lo hará. De hecho, el propio Netanyahu aseguró que se trata sólo de una suspensión temporal del proyecto, que hace de espada de Damocles colgada encima del cuello de los países "musulmanes" para arrodillarles aun más. El objetivo de Israel ha sido y es imposibilitar un estado palestino, y obligarles a su gente asimilar con una sonrisa su sometimiento a un sistema de Apartheid.
  3. En el momento que todas las potencias mundiales, salvo EEUU, se opusieron a este proyecto, al igual que su socio del gobierno Benny Gantz y los sionistas liberales -que priorizan la resolución del conflicto con palestina con el fin de garantizar la seguridad de Israel-, el viejo político judío se dio cuenta de que llevar a cabo el proyecto sería un grave error estratégico. Por lo que, sacó esta carta de la manga, tapando un escándalo con otro, disfrazándolo de papel rosa, para salir de una embarazosa situación: ¿Quién sino él puede, con una sola amenaza y sin dar nada a cambio (ni siquiera la paralización de nuevos asentamientos), obtener tanto, e incluso pasar de ser "corrupto e incompetente" ante su propio pueblo a ser un "héroe"?
Lo que obtiene Israel

3 . Entrar en el Golfo Pérsico e instalarse a pocos kilómetros de Irán, país que ya está rodeado de las bases militares de EEUU y al OTAN por los cuatro costados. De hecho, todos los contactos oficiales previos al acuerdo que han tendido ambos estados desde 1996 han girado en torno a cómo contener a la República Islámica de Irán (RII). La teocracia chiita, en un gravísimo error, nada más nacer en 1978 declaró una guerra religiosa contra Israel, EEUU y también los regímenes sunnitas tanto las repúblicas (como Iraq de Sadam Husein o Libia de Gadafi) como las monarquías, poniendo a los iraníes y a la integridad territorial de Irán en un serio peligro ante el poder arrasador de EEUU y sus socios, quienes han borrado del mapa a varios estados, sin piedad.

  1. Crear una alianza militar conjunta contra el enemigo iraní, ahora que la prioridad de la política exterior de EEUU – más allá de quien sea su presidente-, es China que no la RII. Desde 2016, las fuerzas aéreas de ambos países participan en las maniobras militares de la OTAN.
  2. Un inmenso mercado de armas. Israel se llevará una buena tajada del presupuesto anual de defensa de los EAU, unos 23.000 millones de dólares. La empresa emiratí Group 42 se ha asociado con la israelí Industrias Aeroespaciales y Rafael Advanced Defense Systems, para la compra de drones, artefactos de reconocimiento facial (AnyVision), vigilancia cibernética, e incluso el sistema antimisiles Cúpula de Hierro, que tras el misterioso ataque contra las instalaciones petrolíferas saudíesde Aramco, ha encontrado mercado en esta zona. Israel, de paso, roba este cliente a EEUU que en 2019 firmó un contrato de armas por 5.5 mil millones de dólares, que incluye el sistema de misiles Patriot. Ahora, aunque EEUU pueda vender armas avanzadas a este país árabe, incluidos los "prohibidos" F35 sacándole miles de millones de dólares, nunca le otorgará sus claves para que pueda usarlas de forma independiente: Israel siempre tendrá la superioridad militar.
  3. La posibilidad de hacerse con el control del Comando Central de EEUU en el Golfo Pérsico, por lo que no sólo Irán, sino ningún estado se salvará del chantaje israelí que ve el mundo solo desde la óptica de sus propios y estrechos intereses.
  4. Poder infiltrarse en los servicios de inteligencia y en la inteligencia militar emiratí, para tomarle como rehén. Los regímenes de Iraq, Siria y Libia, por ejemplo, no podían haberse sido desmontado de esta manera si no fuera, en parte, porque EEUU les obligó a cooperar en la supuesta lucha contra el terror, accediendo a sus servicios de seguridad nacionales.
  5. Cambiar la alineación geopolítica de la zona: los países árabes, como RAS y EAU, han pasado de unirse contra Israel a unirse con él contra Irán. Dijo Mike Pompeo que este acuerdo será una "pesadilla" para Irán.
  6. Aislar aún más a Irán, justo cuando estaba mejorando sus relaciones con las monarquías del Golfo Pérsico. Da igual que la RII haya dejado de lanzar la consigna "muerte de Israel" (y sus mandatarios quieren que este cambio se sepa en Occidente), haya levantado la prohibición a los atletas iraníes de competir con los israelíes, y haya autorizado a Hizbolá tener contacto con Tel Aviv, que es un reconocimiento indirectamente de aquel estado.
  7. Convertir a EAU en un socio y cómplice en sus agresiones militares a otras naciones. Pues, el diminuto país cuenta con ejércitos privados en Siria, Yemen y Libia. Además, es el único país árabe con tácticas y estrategias claras, y el mejor organizado en su política expansionista.
  8. Obtener una fuente segura de petróleo. Israel importa unos 240.000 barriles por día, y EAU posee inmensas reservas el 6% de las reservas mundiales: hasta la década de 1950, vivía del cultivo de dátiles, la pesca y el buceo de perlas.
  9. Enterrar la Iniciativa de Paz Árabe del 2002 que condicionaba la normalización de las relaciones con Israel a la desocupación de las tierras palestinas.
  10. Aleja a otro poderoso y rico país árabe de los palestinos

14 . Recibirá inversiones millonarias de los jeques, sangre inyectada en la economía israelí afatada por la crisis económica. EAU es la segunda economía más grande árabe, después del RAS.

¿Y qué consigue EAU?
  1. Mientras la fiesta por el acuerdo en Israel era pública, en Abu Dabi había silencio, no por estar avergonzados, sino por el miedo a provocar más protestas en los países "musulmanes", a pesar de haberlo vendido como un acuerdo para "salvar a los palestinos de la anexiona". Aun así, el jeque Zayed puede:
  2. Presentarse como el líder de la diplomacia en la región, a pesar de las bombas que sigue lanzando sobre "las naciones musulmanas" de Yemen y Libia. Ya ven que eso de "choque de civilizaciones" no era más que una coartada de la extremaderecha del Occidente y de Orienye, en su asalto a los derechos de los ciudadanos, también en ambos lados.
  3. Presentar su "modelo" de país musulmán, ahora que han fracasado las versiones iraní, turca, y saudí. Vale, las mujeres (extranjeras) pueden ir en bikini a las playas, pero la disidencia se castiga con tortura y desapariciones, igual que en todo Oriente Próximo.
  4. Protegerse de las exigencias de la democratización del país por parte de su propia población, teniendo a un "primo zumosol" como Israel; la familia real piensa que sería una póliza de seguro. Las dictaduras de la región se han dado cuenta de que la amenaza a su poder y privilegio provine más del interior que de fuera (Irán, 2009las verdaderas"primaveras árabes" de 2011). Las consignas contra Israel, lanzadas desde los países árabes, Turquía e Irán, son simple distracción por dichos regímenes de derecha y corruptos, acusando a sus ciudadanos críticos de estar al servicio de un régimen impresentable como Israel.
  5. Meter un gol al RAS en Washington, donde los saudíes, incluso entre los republicanos, han perdido su peso.MBS no puede reconocer a Israel mientras vive su padre el rey Salman, muy anti israelí, y quien llegó a señalar al Mosad como el autor de los atentados del 11S.
  6. Recibirá no solo tecnología, sino muchos turistas israelíes, que podrán disfrutar (no sé cómo) del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo.
  7. Se apoyará en Israel en su afán expansionista. En Siria, ambos patrocinaron al Estado Islámico. ¿Quién hubiera pensado que unos diminutos emiratos consiguieran hacerse con el control de las vías fluviales estratégicas en los mares Árabe y Rojo, ocupando el sur de Yemen?
  8. Sustituir sus frágiles relaciones con EEUU por Israel de forma progresiva, al igual que otros países árabes. Bahréin, Kuwait, Omán e incluso Qatar se van preparando para reconocer el Estado de Israel a precio de mantener el statu quo de la ocupación de las tierras palestinas.
  9. Utilizar su alianza con Israel para resolver las disputas que tiene en la región con países como Omán y Qatar. Es curioso que la Irán también recurrió a Israelpara luchar contra sus enemigos: le compró armas en su guerra contra Iraq en los años ochenta.
Las ganancias de Trump
  1. Tras su fracaso en poner en marcha el Acuerdo del Sigloy perder un Noble de la Paz, Donald Trump puede presumir de su única victoria en la política exterior, tras sus derrotas con Irán, Corea del Norte, Venezuela, Afganistán y China. Pero, este acuerdo no se traducirá en votos para las elecciones presidenciales de noviembre: no solo porque los estadounidenses seguramente ni saben dónde está EAU, sino porque están indignados por la gestión de la pandemia por el presidente y por la situación económica que ha dejado otros 22 millones de parados. Jimmy Carter consiguió la firma de paz entre Israel y Egipto en 1978, pero perdió las elecciones de 1980 -en parte por una alianza entre Teherán y el candidato republicano Ronald Reagan-, y George Bush, el artífice del Nuevo Orden Mundial, que supuestamente expulsó a Iraq de Kuwait, perdió la reelección por ignorar el aumento de la pobreza y desempleo.
  2. La indignación de los ciudadanos es tal que Trump no se ha atrevido a convertir este acuerdo en una gran celebración como la hizo Carter en Camp David.
Palestina tendrá la última palabra
  1. El error clásico de las élites es menospreciar la fuerza de los pueblos en la lucha por sus derechos, y este acuerdo morirá justamente por no haber contado son las sociedades palestina y emiratí. Está por ver 1) si utilizar estrategias como la emisión televisiva del deporte, sobre todo el futbol, por los firmantes de Abraham, normalizará la opresión de los palestinos entre los espectadores, y 2) si la sociedad palestina consigue apartar a la extremaderecha religiosa y a la derecha desfallecida e inmóvil del liderazgo de su batalla y tarazar nuevas estrategias y tácticas para la nueva situación y ser protagonista de su propio destino. Habría que acabar con el error de pedir la solidaridad con la "causa árabe", concepto despojado del enfoque de la lucha y la alianza de clases a nivel nacional, regional y mundial.
  2. El Oriente Próximo, a pesar de estar acostumbrado de resolver sus problemas con violencia, siempre tiene un lugar para el "tit-for-tatism", "La toma y daca" en la teoría de juegos. Cierto, los pueblos de esta región están cansados de tantas guerras, y deben incluir el dialogo y negociación con el enemigo en su política exterior, pero este tipo de "paz" injusta con un régimen como el israelísolo significa más guerras contra otros millones de personas indefensas. No es tarde para organizar un movimiento antimilitarista a nivel mundial y sobre todo en esta región tan azotada del planeta, y poner fin a las guerras contra los palestinos, los kurdos, yemeníes, iraquíes, afganos, sirios, libios y sudaneses, entre otros integrantes de una larga lista de nombres.

20 AGOSTO 2020

Publicado enInternacional
Las razones del acuerdo entre Emiratos Árabes e Israel

El triunfo del statu quo

 

Ambos países ya poseen importantes contactos de inteligencia y un considerable comercio de armamento. La verdadera explicación del acuerdo, que dejó de lado a los palestinos, hay que buscarla en la preocupación conjunta frente a los nuevos polos de poder regional: Irán y el eje Turquía-Qatar.

 

El lenguaje empleado en el comunicado del Likud –el partido gobernante israelí– para saludar el acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel con el fin de establecer plenas relaciones diplomáticas lo decía todo: el arreglo es «paz por paz» y «el primer ministro Benjamin Netanyahu sigue comprometido con Eretz Israel». La noción «paz por paz» era un tiro por elevación contra las fórmulas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el campo de la paz israelí plasmadas en la resolución 242, la cual insta al estado hebreo a abandonar los territorios conquistados durante la guerra de los Seis Días de 1967 y, a cambio de dicha retirada, conseguir una paz duradera con sus vecinos. En cuanto a «Eretz Israel», el mismo es toda una declaración de principios territoriales del primer ministro israelí y su partido. Significa «Tierra de Israel» y se refiere a la actual extensión del Estado de Israel junto al territorio de Cisjordania (por lo menos).

La declaración del Likud –que ha dominado la escena política del estado por 32 de los últimos 43 años– no es nueva y replica su propia plataforma electoral de 1999 (vigente y nunca alterada): «El Gobierno de Israel rechaza rotundamente el establecimiento de un estado árabe palestino al oeste del río Jordán», «las comunidades judías de Judea, Samaria [el nombre bíblico con el que los judíos se refieren a Cisjordania] y Gaza son la realización de los valores sionistas» y «el asentamiento es una expresión clara del derecho inexpugnable del pueblo judío a la ‘Tierra de Israel’».

El jueves 13 de agosto Israel y Emiratos Árabes Unidos alcanzaron un arreglo negociado por Washington para normalizar las relaciones entre los dos países. No es un tratado de paz como los firmados por Israel con Egipto en 1979 y con Jordania en 1994 –dos países con los cuales los israelíes tuvieron importantes conflictos bélicos– ni tiene su pasada significancia. El acuerdo con Egipto puso fin a una disputa bélica con el ejército más poderoso y grande del mundo árabe y el firmado con Jordania terminó con la preocupación israelí sobre la defensa de su límite más extenso y poroso.

Lo que ahora consiguió realmente Israel con el «Acuerdo Abraham» es una hoja de ruta para normalizar lazos con un Estado del golfo con el que nunca vivió una conflagración y con el que ya posee importantes contactos de inteligencia además de un considerable comercio de armamento y productos de seguridad que asciende a los mil millones de dólares por año. En pocas palabras: ambos pusieron arriba de la mesa lo que ya venía sucediendo debajo de ella.

El argumento público esgrimido por los emiratíes para negociar con Israel es que el acuerdo logró comprometer a este último a suspender (no cancelar) los anunciados planes de anexión de parte de Cisjordania. Lo cierto es que la cuestión de la anexión (que nunca se materializó tanto por la ambivalencia estadunidense como por las propias dudas de Netanyahu) es la excusa perfecta para que Emiratos Árabes Unidos se atreva a tomar una decisión pendiente desde hace tiempo. Asimismo, Donald Trump se anota un importante triunfo diplomático –previo a las elecciones presidenciales de noviembre– como no tuvo otro en sus cuatro años de gestión. Y por último, pero no por eso menos importante, Netanyahu consigue, en un complicado contexto interno, lo que no logró ningún líder israelí antes que él: reconocimiento árabe sin que la cuestión palestina esté en el tablero de negociación (en el acuerdo con Egipto se contemplaba una «autonomía» palestina y el firmado con Jordania vinculaba diferentes artículos del tratado al proceso de paz israelí-palestino).

La verdadera explicación del por qué del acuerdo hay que buscarla en la preocupación conjunta de emiratíes e israelíes ante nuevos polos de poder regional: Irán y el eje Turquía-Qatar. Del Irán chiíta les preocupa su avance sobre Medio Oriente y de Turquía-Qatar la activa promoción del islamismo político junto a sus intervenciones en la región. Es pertinente recordar que luego de la Primavera Árabe de 2011 se articularon dos claros bandos como consecuencia de los levantamientos ciudadanos: Turquía y Qatar, que consideraron que se venía un cambio inexorable hacia el islamismo que era mejor tratar de conducir que repeler; y Emiratos Árabes y Arabia Saudita que vieron a ese movimiento como un hecho desestabilizador para la región y sus sistemas de gobierno. Estos últimos no solo creyeron que el mundo árabe no estaba preparado para una democracia que pavimentaría el acceso al poder de los islamistas, sino también reafirmaron su idea de que los dictadores locales (dispuestos a usar todo su poder represivo) eran la última línea de defensa para detener al islamismo y la inestabilidad en la zona.

El importante apoyo emiratí al golpe de estado en Egipto en 2013 contra el gobierno democrático de la Hermandad Musulmana fue la primera acción de una disputa que se extiende hasta hoy y que incluyó tanto la intervención en Yemen en 2015 como el bloqueo contra Qatar en 2017. Un claro ejemplo de esta disputa se pudo observar cuando el viernes pasado el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan anunció que estaba considerando retirar su embajador de Emiratos Árabes Unidos por el arreglo con Israel. Lo que pareció no recordar el mandamás de Turquía –a pesar de que los contactos con los israelíes vienen deteriorándose desde la guerra en Gaza de 2009 y el incidente naval con el Navi Narmara un año después– es que su país fue el primero de la región en reconocer al estado judío y que aún hoy conserva con él relaciones comerciales y diplomáticas.

Detrás de toda la movida en Emiratos Árabes Unidos está la mente del príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed Bin Zayed, quien maneja todos los hilos en la actual confederación de los antiguos Estados Truciales. Los numerosos oficiales estadunidenses que han cultivado una importante relación de confianza con MBZ (como se lo conoce a Bin Zayed) lo consideran el verdadero estratega detrás del bloque de las monarquías árabes del Golfo que integra junto al príncipe heredero saudí, el mediático Mohammed Bin Salman.

MBZ es también el responsable de haber reformado de raíz las fuerzas armadas de Emiratos Árabes Unidos, que cuentan con una poderosísima fuerza aérea. Incluso MBZ se atrevió a dar una demostración de su audacia cuando rompió el embargo armamentístico de la ONU sobre Libia para empezar a armar militarmente al general Khalifa Haftar (un mini Gadafi en proceso) en su cruzada contra el gobierno islamista reconocido por la comunidad internacional. A la vez, también dio sobradas muestras de su independencia al desestimar todos los pedidos estadounidenses de poner fin a su conflicto con Qatar, territorio donde se encuentra la más importante base aérea de Estados Unidos en la zona.

Mientras «Bibi» Netanyahu consigue escapar de una anexión de la que nunca estuvo muy convencido –la cual podía perjudicar a Israel más que beneficiarlo– y Abu Dabi logra conformar un bloque de poder de cara a un posible cambio en la administración estadounidense, los que volvieron a ser olvidados son los palestinos. En ninguna parte del arreglo figura referencia alguna al establecimiento de un Estado palestino o a la no construcción de asentamientos en territorio palestino en el marco de una ocupación cuestionada por la amplia mayoría de la comunidad internacional.

Emiratos Árabes Unidos simplemente premió y normalizó el statu quo israelí. Precisamente, el statu quo siempre ha sido la opción preferida por las fuerzas políticas de Israel. Sus ventajas siempre han estado claras: no es necesario retirarse o anexar Cisjordania sino mantener la situación actual bajo la cual una población judía privilegiada vive entre una mayoría palestina sin derechos civiles.

En este marco, sostener el statu quo es probablemente la opción más racional para los israelíes: los que sufren como resultado de la ocupación son los palestinos (y hasta son ellos mismos los que realizan la mayor parte del trabajo policial en Cisjordania, al mismo tiempo que diversos países extranjeros asumen la carga económica de la ocupación). Asimismo, año a año, Israel mejora su posición en el mundo y la región sin necesidad de lograr una solución al conflicto territorial con los palestinos o realizar concesiones: en 2017, Trump premió a los israelíes con el establecimiento de la embajada estadounidense en la disputada Jerusalén y hoy un rico país del Golfo establece relaciones con ellos solo por abstenerse temporalmente de cometer otra violación al derecho internacional.

Mucho se ha escrito estos días argumentando que al «mundo árabe» ya no le importa el futuro de los palestinos, pero esta subestimación contiene un error de raíz: el «mundo árabe» no se compone solo de los dictadores que lo controlan a base de mano dura y represión. La única solución a largo plazo para que Israel reclame su lugar en un Medio Oriente siempre convulsionado –que seguro nos traerá más de una sorpresa en el futuro– es lograr la aceptación de las poblaciones locales. Un propósito imposible si los palestinos no consiguen su autodeterminación.

Publicado enInternacional
Miércoles, 27 Mayo 2020 06:36

Miguel Ceballos Arévalo, no lo olviden

Miguel Ceballos Arévalo, no lo olviden

Mirate
así
qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia
qué paliza paterna te generó cobarde
qué tristes sumisiones te hicieron despiadado
no escapes a tus ojos
mirate
así

(Torturador y espejo. Mario Benedetti. A once años de su muerte)

Cuesta escribir esta opinión personal, pero debo hacerlo para tomar partido ante tanta degradación moral. Me obliga el corazón y la memoria en razón de conocer a algunos líderes amenazados y asesinados en meses recientes en mi departamento, el Cauca, en el suroccidente colombiano, a donde regresé unos meses para terminar mi trabajo final de doctorado en Comunicación de la Universidad de Sofía. Justo cuando por allí paseaba un funcionario que refleja claramente la vileza de una clase política adicta a la guerra y a las órdenes de Estados Unidos. Así que es aparentemente desde la distancia que juzgo. Pero no es así. Lo hago habiendo estado por muchos años muy cerca de la guerra.

Queriendo no desprenderme del todo de lo que pasa en mi continente, en medio de las evidencias por la acción de mercenarios contra Venezuela el 3 de mayo pasado, me encuentro un titular: el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó el 13 de mayo que Cuba alberga y apoya “terroristas”. Se basa en la siguiente prueba: no ha sido entregada al gobierno de Iván Duque la comisión negociadora del ELN (Ejército de Liberación Nacional: única y última guerrilla revolucionaria de Colombia), comisión que hace dos años está en la isla caribeña a petición tanto del Estado colombiano como de esa insurgencia, para el desarrollo de diálogos de paz que el actual gobierno de extrema derecha decidió no continuar.

Entre Washington y Bogotá se ha tejido una estrategia de presión a Cuba, a Venezuela y contra las posibilidades de conversaciones de paz, valiéndose del hecho de que Cuba nunca extraditará a luchadores políticos rebeldes que están allí por un acuerdo internacional como Noam Chomsky, Federico Mayor Zaragoza, ex Director General de la UNESCO y muchos otros eruditos han dictaminado (https://rebelion.org/docs/258251.pdf; https://www.elespectador.com/noticias/politica/academicos-la-onu-hay-que-salvaguardar-cuba-de-los-ataques-desde-bogota-articulo-893278).

Consultando hace unos días Telesur para seguir algunas noticias, hallo una opinión, la de Piedad Córdoba (https://www.youtube.com/watch?v=tsTWwRe1hC0). No comentaré el muy buen análisis político que ella hace, sino un detalle que me motivó a pensar sobre esa miseria moral de mi país, o, mejor dicho, de su estamento político, y en particular de quienes encarnan esa despreciable condición de lacayos, cuando felicitan tal decisión de USA, a todas luces una decisión inmoral e ilegal. Sólo hay que consultar por Internet: Ceballos / Colombia celebra la inclusión de Cuba en la lista de países que no apoyan la lucha antiterrorista…

Lo que como periodista y profesora me llamó la atención, fue lo dicho por la ex senadora Córdoba sobre cómo posa Miguel Ceballos, Alto Comisionado de Paz, encargado de escenificar el beneplácito oficial. Piedad Córdoba se refiere a la “gestual-corporal” de Ceballos. Sugerida esa clave, la del lenguaje o el código de la “gestualidad-corporal”, voy a las declaraciones de ese funcionario. No a uno, sino a muchos vídeos suyos en los últimos meses (http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/). Me produjo más inquietud el hecho de haberle visto a Ceballos durante una visita suya a la ciudad de Popayán. Sinceramente me pareció un funcionario cualquiera, de ningún modo sobresaliente. Un burócrata.

He pasado días enteros analizando muchas muestras. Para ello escucho decenas de entrevistas de radio y televisión. Incluso me he puesto a indagar sobre su trayectoria. Efectivamente, el perfil es fácil de establecer. Y me lo corroboran hechos que se han producido en los últimos días.

Ceballos no sólo es alguien sumiso, sujeto a las decisiones de otros, o sea alguien dispuesto a ser “empleado”, a estar subordinado, sino alguien que simula ahora, y lo ha hecho siempre, una preparación que no tiene. Ha fingido para trepar donde le permitan seguir actuando de forma ladina. Como cuando fue viceministro de justicia de Álvaro Uribe Vélez, quien le concedió el puesto por una suerte de deuda familiar a una ex senadora suya, hermana de Ceballos, quien lamentablemente falleció por enfermedad.

Así que esta costumbre parece se asentó en Miguel Ceballos, probando el mismo método en su estancia en Estados Unidos con funcionarios de ese país y con adeptos en la derecha para reforzar campañas contra una perspectiva de paz negociada. Basta repasar sus columnas de opinión adversando los acuerdos suscritos con las FARC. Hasta el cargo de hoy, concedido por Iván Duque con la adicional circunstancia de haber tenido una plaza en una universidad conservadora en Bogotá, la Sergio Arboleda, donde el presidente estudió.

Sin ningún mérito intelectual y ético, encaramó entonces como Alto Comisionado de Paz en un país donde la guerra no la vive él ni su clase social, sino los pobres. Su visión y su ocupación no son otras que la del propagandista y el tramposo. De eso ahora doy fe, tardíamente sí, y en la distancia, por la circunstancia de hallarme fuera del país. Intento recordar bien lo que aquella vez le escuché en Popayán sobre los acuerdos de paz y cómo respetarían lo firmado. Vagamente recuerdo su folclórico discurso, rodeado de sus escoltas militares.

Leo que en mi ciudad recientemente pasó otra vez en abril. Participando en un nuevo acto de propaganda contrainsurgente: presentar como “desmovilizados por voluntad propia” a guerrilleros del ELN, no desertores sino capturados en una operación militar en el Cauca. Precisamente cuando la guerrilla del ELN estaba en cese al fuego unilateral como gesto al pueblo colombiano por la pandemia del COVID-19.

Retomo lo que Pablo Beltrán, jefe guerrillero de la Delegación de Diálogos en Cuba, ha manifestado en varias entrevistas fácilmente accesibles por Internet: Ceballos ha engañado sistemáticamente. Mintió una y otra vez de forma descarada prometiendo cosas que nunca ha cumplido. Hay una operación de perfidia desde hace tiempo puesta en marcha. Desde cuando arribó Iván Duque al poder, financiado por dineros del narcotráfico y el paramilitarismo (ver por ejemplo el caso de la “Neñepolítica”). Ceballos usó a un coronel de inteligencia, Sarmiento, funcionario de su Oficina, para que hablara con el gestor de paz del ELN, Juan Carlos Cuéllar, a quien capturaron luego de conversar con Uribe Vélez. Hoy ese portavoz insurgente está preso.

Es fácil descalificar o sospechar de lo anterior. Pues está dicho por Pablo Beltrán, un contradictor político alzado en armas.

Forzada a hallar más argumentos objetivos, entre decenas de opiniones, subrayo apenas tres. De personas por completo ajenas a la guerrilla, que hacen parte del estamento político, y que tienen posiciones comprometidas con la paz. Una la del ex negociador de los acuerdos de paz de Estado, ex ministro, ex vicepresidente y ex magistrado Humberto de La Calle Lombana.

De La Calle escribió en El Espectador el 17 de mayo pasado: “Los protocolos suscritos para los miembros del ELN obedecen a una práctica milenaria sin la cual se harían imposibles las conversaciones entre antagonistas armados… la actitud de Cuba de honrar el compromiso adquirido con el Estado colombiano ni significa apoyo a la barbarie ni fomento del terrorismo. Uno mi voz a quienes lamentan esta actitud de Estados Unidos, pero con más fuerza critican la intervención del doctor Ceballos aplaudiendo y cobrando un apoyo que no engrandece nuestra política exterior y que puede tener efectos funestos no solo para cualquier salida con el ELN, sino frente a las propias FARC”. Y cita instrumentos convencionales absolutamente sólidos en la tradición diplomática, como los que a efectos similares firmó Noruega para el proceso con las FARC. Remata De La Calle: “Es inaudito que se acuse a Cuba simplemente por honrar la palabra empeñada con el gobierno de Colombia. La afirmación de que eso fue suscrito “con otro gobierno” carece de toda validez internacional” (https://www.elespectador.com/opinion/cuba-ha-apoyado-la-paz-columna-919882).

Humberto de La Calle había opinado ya en el diario El Tiempo, cuando el ELN declaró el cese unilateral al fuego: “Creo que el gobierno debería aprovechar esta circunstancia para reabrir una Mesa aunque su agenda se limite solo a aspectos humanitarios por ahora” (https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/el-coronavirus-mueve-la-agenda-de-la-paz-y-la-guerra-con-el-eln-478680).

Ceballos no sólo no hizo nada positivo para corresponder a esa manifestación constructiva de la guerrilla del ELN. Hizo lo contrario. Sacó de un foso de desprestigio a dos desertores del ELN, Francisco Galán y Carlos Arturo Velandia, que habían sido hace muchos años comandantes medios de esa insurgencia, y los nombró para fingir unas conversaciones inexistentes, interpretado con razón ese hecho por el ELN como “inamistoso”, según expresó el comandante Beltrán. Es lo menos que se puede esperar de Ceballos, señor Beltrán, teniendo claro su papel como agente de la guerra. A ese rol se refiere otro político muy conocido por su defensa de la paz negociada, el senador Iván Cepeda.

Cepeda, quien condena la lucha armada y no puede ser tildado de subversivo, acaba de pedir públicamente la renuncia del Alto Comisionado Ceballos. Las palabras de Cepeda son cristalinas (https://www.elespectador.com/noticias/politica/ivan-cepeda-pide-renuncia-del-alto-comisionado-para-la-paz-miguel-ceballos-articulo-920187). Primero, señala cómo Ceballos ha “desdeñado el hecho grave de que están ocurriendo de manera sistemática asesinatos contra los excombatientes”. Y enfatiza indignado por el agravio de Ceballos a Cuba: “Tiene el descaro de decirle al mundo que Colombia, como Estado, se siente orgulloso de que el país que contribuyó a lograr este acuerdo de paz hoy esté considerado como un país que tolera el terrorismo”.

Cepeda incursiona con fundamento en un terreno que no es extraño al derecho penal internacional, como dicen los expertos: “El señor alto comisionado lideró la traición de un protocolo internacional, en el cual el Estado colombiano se comprometió a respetar el carácter de país garante de Cuba”. Y agregó: “Eso nos lleva a pedirle que renuncie al cargo, porque usted no es un comisionado para la paz. O pedirle al Gobierno que le ponga otro nombre al cargo, porque usted ha sido un alto promotor del conflicto armado en Colombia”.

A todo esto se suma la voz del ex presidente Ernesto Samper, quien tampoco puede señalarse como afín a la guerrilla. Samper directamente en diferentes ocasiones ha calificado a Ceballos como un agente de corte militar, un Comisionado de Guerra. Dice en su cuenta de Twitter (@ernestosamperp ) el 14 de mayo: “Si el alto comisionado para la Guerra Ceballos representa la voluntad de paz del presidente, bien podrían nombrar, para ser coherentes, a un descendiente de Herodes en el ICBF para que cuide a los niños y a una cuota de Trump para que maneje Migración Colombia”. Y el 18 de mayo insistió: “¿Dónde estaba la canciller cuando Ceballos celebró el desconocimiento de los acuerdos de Colombia con Cuba y Noruega sobre la terminación de los diálogos con el ELN que, según Pepe Mujica, tendrá consecuencias muy graves para el derecho de la humanidad a entenderse a las buenas?”. Agrega Samper: “Se tiene que expedir el certificado de defunción de la política internacional de Colombia”. (https://www.elespectador.com/noticias/politica/se-tiene-que-expedir-el-certificado-de-defuncion-de-la-politica-internacional-de-colombia-ernesto-articulo-919607).

Entonces, Ceballos ahí es verdugo y sepulturero. Un Estado puede conducir una política de exitoso desarme de las guerrillas, como el gobierno Santos lo hizo nombrando gente inteligente o preparada para ello, que destapa las cartas en la mesa, siendo entonces la contraparte, como fueron las FARC, la que con sus luces escoge el camino: negociación o más guerra; o puede ese mismo Estado, pero ahora en manos de mediocres, pretender esa desmovilización jugando en el tablero de su casa con soldaditos de plomo, como Ceballos lo hace en su confinamiento mental.

Hay momentos en que a un ser racional es ya imposible pedirle sea razonable. Como igualmente es inútil pedirle a alguien que perdió toda decencia y compostura, que no se arrastre más y levante la cerviz. Resulta infructuoso también pedirle no se sumerja más en la pequeñez. De ahí que decir “Alto” comisionado le quede grande. Samper y Cepeda tienen razón. Debe cambiarse el nombre.

Pudiéndolo en todo caso hacer, rectificando de algún modo, al menos recordando sus estudios de Derecho, dado que ha pasado por alguna universidad y ostenta que sabe algo de la materia, Ceballos debería haber estudiado experiencias donde cumple una función el derecho internacional, como nos lo dice De La Calle. Ya no lo hará. Pero lo que sí le queda pendiente a Ceballos es asumir la responsabilidad penal futura que implica hacer parte de una maquinaria de guerra sucia, como en su momento en distintos regímenes genocidas cumplieron esa tarea de distracción y ocultamiento funcionarios que le homologan. Goebbels, entre los nazis, con producciones como Theresienstadt, para presentar a ojos de visitantes “la bondad del matadero”.

Sin disimulo Ceballos actúa no sólo como el propagandista que es sino como transmisor de amenazas, según afirmaciones suyas en vídeo y por escrito hace escasos días, el 15 de mayo, en las que advierte solapadamente a los guerrilleros y “a sus familias”, para enseñar la bondad de una paga y la conveniencia de más cosas, a cambio de la rendición. Lean ustedes mismas: “Es muy importante también, hacer un llamado de nuevo, a todos aquellos que hacen parte del ELN, -para ellos ya existe una ruta establecida-, para que den ese paso a la desmovilización, y opten por preservar su vida y opten por preservar la vida de sus familias” (http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/prensa/Paginas/integrantes-grupos-armados-busquen-transito-legalidad-tendran-beneficios.aspx).

Amenazar y matar a familiares de gente del ELN no es nuevo. El propio Carlos Velandia, hoy al servicio de Ceballos, cuando era militante tuvo que afrontar cómo fue salvajemente asesinado su hermano. Ceballos sabe de qué habla. Lo que ignora, o de lo que no se da cuenta al mencionar a las “familias”, es que sus hijos crecen en un país donde él como padre en lugar de sembrar esperanzas de paz, está cultivando procesos de guerra que tarde o temprano devuelve tempestades.

Una esperaría que tanto oscurantismo y entreguismo de este funcionario, fuera un poco vergonzante para él. Pues dejará una mancha imborrable agrediendo a Cuba, ovacionando que ese país sea injustamente considerado cómplice del “terrorismo”, cuando el régimen para el que trabaja Ceballos promueve acciones armadas totalmente ilegales con mercenarios amparados en bases militares, paramilitares y de narcotraficantes en suelo colombiano. Hechos prohibidos en las normas de los derechos humanos y del derecho internacional. Hay que ver la diferencia entre el anterior Alto Comisionado, Sergio Jaramillo, y el actual comisionado de guerra(https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/ivan-mora-el-embajador-cubano-que-se-la-jugo-por-la-paz-491076).

Nadie por sí sólo corregirá el rumbo, nadie. Ni el asalariado Ceballos, ni su padrino Uribe, ni su jefe Duque, ni si dios Trump. Sólo la política, de vez en cuando guiada como producción de hechos de coerción o de arrinconamiento y sanción ética que no da escape al violador, obligará a que Ceballos o su sucesor tomen otro camino. Por ahora no renunciará, senador Cepeda. Nada lo obligará. Ni a Duque a cambiarlo. Salvo para promocionarlo.

Ceballos tampoco devolverá su diploma de abogado y otras credenciales que le abultan. Definitivamente el cargo público de comisionado “para la paz” en un país en guerra, le quedó muy grande, mientras juega con fuego y riega pólvora. Por eso, a la hora de juzgar el atentado del ELN en el que mató a 22 policías en enero de 2019 en Bogotá, ¿no cabría hacer un juicio ético a quien había podido evitarlo?

En el país donde vivo una célebre película me recuerda a Ceballos. Se llama en español “Un minuto de Gloria”, de Petar Valchanov y Kristina Grozeva (2016). Ceballos es Julia Staikova. La funcionaria desalmada. La expresión de la perversión que se encadena en una burocracia a espaldas de la humanidad, de la dignidad y de la paz. Debería Ceballos verla y tomar nota de lo que al final recibirá su nombre. Miguel Ceballos Arévalo, no lo olviden.

Por María Celeste Pérez Almada | 27/05/2020

Publicado enColombia
“La implementación de los acuerdos de paz es muy ambiciosa, muy difícil, y hay que insistir”

El jefe saliente del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia analiza el panorama humanitario que enfrenta el país

 

Después de casi seis años en Colombia como delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Christoph Harnisch prepara las maletas para asumir ese mismo cargo en Irak –con algún retraso, por cuenta de la crisis mundial del coronavirus y los problemas de movilidad que conlleva para una organización internacional–. Este curtido diplomático suizo llegó a Bogotá en 2014, en plenas negociaciones entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC, y se marcha cuando el acuerdo de paz ya cumple más de tres años desde su firma, pero el país todavía afronta formidables desafíos humanitarios. En muchas de las regiones más remotas e históricamente marginadas, las enormes esperanzas de la población todavía no se materializan.

Su primera sorpresa al aterrizar fue encontrarse con un país que “estaba mirando una negociación de paz con una distancia muy grande”, rememora en esta entrevista por videollamada que atiende desde el edificio del CICR en el norte de Bogotá, donde ha dejado todo listo para partir. No se percibía el interés, y el vocabulario de la guerra seguía dominando el debate público, se utilizaban las mismas palabras que en el pasado, detalla. La segunda sorpresa, para él que ha estado acostumbrado a negociaciones con cierta confidencialidad, fue que se publicaran los tres primeros puntos antes de sellar el acuerdo – política agraria, política de drogas y participación política–, y que esos textos se distribuyeran de manera muy abierta. Era la prueba de que Colombia vivía una dinámica de negociación muy particular.

Conflictos activos

Desde que las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dejaron las armas y se convirtieron en un partido político con representación en el Congreso, “el número de actores aumentó claramente, y el análisis mismo de quiénes son se ha vuelto mucho más complejo”, señala Harnisch. “Uno no puede decir que la paz no llegó a ninguna parte del país, pero no llegó a estos territorios muy lejanos, pobres, donde hay ausencia del Estado y una situación muy difícil. Esto es lo que queda por hacer”, advierte. “La noticia muy buena es que hay un actor armado menos en el país que son las FARC-EP, y esto se olvida de vez en cuando”, señala.

El CICR ha evitado hablar de una situación de posconflicto. Prefiere referirse a un escenario de posacuerdo, pues considera que persisten al menos cinco conflictos armados no internacionales en Colombia. Cuatro entre el Gobierno y algún actor armado –el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras de las FARC que no se acogieron a los diálogos de La Habana– y uno entre el ELN y el EPL en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

También han sido años de un evidente crecimiento de los cultivos de coca. “He visto en África muchos conflictos que se explican por los recursos naturales, sean los diamantes o la distribución del petroleo”, dice el jefe en el país andino del CICR. “En los conflictos modernos muchas veces la motivación profunda es la presencia de recursos naturales, donde hay grupos que quieren controlar y distribuir después esta riqueza. Colombia no es diferente. Se habla muchísimo de la presencia de la coca, pero cuando uno va a algunas zonas del Cauca, o de Nariño, el problema más grande es la minería que se hace de manera ilegal. En este sentido no es una particularidad”, reflexiona. Sin ser experto en las lógicas de las economías ilegales, le sorprende que se hable tanto de la producción y el transporte. “¿Por qué no se habla más del consumo?”, se cuestiona.

La incansable búsqueda de desaparecidos

El CICR lleva medio siglo trabajando en Colombia, uno de los lugares donde su presencia ha sido más prolongada y donde es más respetado. En un país donde el Centro Nacional de Memoria Histórica ha registrado más de 80.000 desaparecidos y el Instituto de Medicina Legal calcula hasta 200.000 cuerpos por exhumar, apoyar a las familias que buscan a sus seres queridos ha sido una parte esencial de su misión. Harnisch califica la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), surgida de los acuerdos con un mandato exclusivamente humanitario y extrajudicial, como “una idea brillante”.

“Estos negociadores reconocieron el problema, y eso ya es un logro enorme”, apunta. En otros lugares se impuso la idea de que hablar de los desaparecidos complicaba las negociaciones, pero no en Colombia. Sin embargo, los avances han sido muy lentos. En algunas zonas hay miedo, los pobladores son muy cautelosos. Para obtener información, la UBPD “tendrá que luchar en los próximos años para ganar esta confianza de la gente”, valora. “La implementación es muy ambiciosa, es muy difícil, y hay que insistir”.

Justamente el CICR ha advertido que los países deben prepararse con urgencia para la correcta manipulación de los cadáveres que produzca la crisis del coronavirus, y la UBPD ha dicho que la emergencia sanitaria puede poner en riesgo los cuerpos de personas no identificadas que permanecen en los cementerios del país. El delegado, sobre la base de su experiencia, matiza ese peligro. “Este país tiene un Instituto de Medicina Legal fabuloso, que hace un trabajo inmenso; tiene una capacidad forense que muchos países no tienen; tiene unas instituciones que están involucradas en el manejo profesional, con unos estándares bastante elevados, y en ese sentido mi preocupación es muy poca”.

Crisis carcelaria

La pandemia también ha encendido las alarmas sobre el hacinamiento carcelario en diferentes lugares del mundo. En Colombia, la covid-19 ya ha provocado la muerte de dos presos contagiados en la cárcel de Villavicencio, y un sangriento motín para exigir medidas sanitarias que dejó 23 muertos en la cárcel Modelo de Bogotá hace poco más de un mes. Esos episodios han evidenciado una situación dramática. El Gobierno expidió un decretó para enviar a prisión domiciliaria a unas 4.000 personas privadas de la libertad, que ha sido duramente criticado por insuficiente. El sistema carcelario tiene capacidad para 80.000 presos, pero mantiene a unos 124.000.

El hacinamiento es apenas “la punta del iceberg”, ha dicho el delegado del CICR, que advierte sobre la emergencia carcelaria hace años. “La crisis del coronavirus no es el momento de arreglar todos los problemas sistémicos que existían, porque eso es imposible. Pero sí tiene que dar a muchos sectores de este país el empujón para decir ‘esto sí necesitamos arreglarlo’”, señala. “Durante la crisis lo que hay que hacer es salvar vidas”.

Por Santiago Torrado

Bogotá - 26 abr 2020 - 09:33 COT

Publicado enColombia
La violencia silenciosa que arrecia en el campo colombiano en medio de la pandemia

 El alto el fuego del ELN rebaja las estadísticas, pero el conflicto entre grupos armados no se detiene y se disparan las amenazas contra exguerrilleros

En pocas horas en Colombia murieron ocho disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, un militar falleció en un combate con otra columna que se separó de los acuerdos de paz, una banda de paramilitares amenazó a un periodista y el partido político nacido del grupo insurgente, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, denunció la indefensión ante estas organizaciones de los excombatientes que abandonaron las armas. Fue allí, en el municipio de Argelia, ubicado en el departamento suroccidental del Cauca, donde en los últimos días se intensificaron los combates entre un sector de las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las Fuerzas Armadas informaron este miércoles de que “ocho terroristas murieron al enfrentarse con las unidades militares” mientras trataban de contener esos enfrentamientos, que se enmarcan en la lucha por el control de una ruta del narcotráfico.

Estos son los episodios violentos más recientes conocidos en Colombia, que hace frente a la emergencia sanitaria del coronavirus -que ha dejado 130 muertos y más de 3.000 infectados- con una estricta cuarentena y el cierre de las fronteras. Sin embargo, la violencia en el campo, en un país eminentemente rural que acaba de salir de un conflicto armado de más de medio siglo, no se detiene. Y ahora es más silenciosa porque todos los ojos están centrados en la pandemia. El partido FARC deploró a través de un comunicado que “en medio de la crisis [...] hay grupos que, con una lectura equivocada del momento, no dan tregua con sus actos, agudizan los temores y la zozobra que actualmente se vive en las comunidades”. Argelia fue el último escenario de una persecución consolidada por parte de las bandas criminales: “Rechazamos el señalamiento y la declaración como objetivo militar de los dirigentes de las organizaciones sociales y de los militantes de nuestro partido y reincorporados”, señala un comunicado.

El abismo entre campo y ciudad y la escasa presencia de las autoridades en algunos territorios no supone una novedad en Colombia. Pero en estas circunstancias hace saltar las alarmas de los expertos. Lo explica Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. “El país está concentrado en el coronavirus, las Fuerzas Armadas están en acuartelamiento esperando una crisis del coronavirus, pero el país se sigue incendiando. Y la otra parte de la respuesta es que en datos, en números, en estadísticas no se ve, porque el ELN paró la actividad y los enfrentamientos entre grupos no se cuentan, porque es cuando se ataca la fuerza pública”.

El ELN es la última organización guerrillera aún activa en Colombia, aunque se disputa el control del tráfico de droga con otras bandas. Esto es, aunque a finales de marzo declarara un alto el fuego unilateral con el Estado, sus actividades siguen pese a que haya suspendido los ataques a las fuerzas militares. “Si viene el ELN y declara un cese unilateral al fuego, ellos siguen enfrentándose a otros grupos, siguen expandiéndose, aunque hayan parado la actividad frente al Ejército, la guerra sigue, con las disidencias y los paramilitares”, continúa Ávila.

El procurador, Fernando Carrillo, se pronunció públicamente a propósito del caso del Cauca. “Sobre la situación en Argelia, hacemos un llamado a la fuerza pública colombiana para garantizar la protección efectiva, la vida e integridad personal de los reincorporados en el marco de la implementación del acuerdo final”, afirmó. La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas se sumó al llamamiento, solicitando “protección inmediata tanto de reincorporados de las FARC como de las comunidades que están padeciendo el control violento de grupos armados en la zona”.

A eso se añaden los ataques sistemáticos a los líderes sociales y las preocupaciones por la compleja implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016. Entonces se acabó una guerra, pero no la violencia. El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, manifestó que la necesidad de redoblar los esfuerzos ante la epidemia de covid-19. “Tenemos la obligación colectiva de seguir garantizando el progreso en la implementación del acuerdo de paz. La paz en Colombia no puede ser una víctima de la pandemia”, señaló el martes. “La violencia en contra de excombatientes se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional. Desde la publicación del informe [a principios de marzo] otros tres excombatientes han sido asesinados, para un total de 195 desde la firma del acuerdo de paz”. Así las cosas, Ruiz Massieu considera que “así como diferentes sectores en Colombia se están uniendo para enfrentar la pandemia, es necesario que todos los sectores se unan para poner fin a la epidemia de violencia contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes”.

México - 16 abr 2020 - 03:03 COT

Publicado enColombia
El gasto militar mundial es un 50% más alto que al final de la Guerra Fría

Una campaña internacional reclama a los líderes mundiales que destinen el presupuesto armamentístico a hacer frente al coronavirus. Este viernes comienza un mes de acción global en distintos países.

Allá donde hay armas quieren ver vacunas. Allá donde se preparan ejércitos, plantean que se entrenen médicos. En plena emergencia sanitaria por el coronavirus, el International Peace Bureau (IPB), considerada la organización pacifista y antimilitarista más antigua del planeta, ha emprendido una campaña mundial para pedir a las grandes potencias que destinen su astronómico presupuesto militar a la sanidad.

No hay tregua en las oficinas –ahora instaladas en las habitaciones de casa– del IPB. Estos días, las organizaciones que forman parte de esta plataforma apuran detalles de lo que será un mes intenso: desde este viernes 10 y hasta el próximo 9 de mayo inclusive, sus participantes llevarán a cabo la campaña de acción global para la reducción del gasto militar. En total, se estima que habrá un centenar de acciones en una treintena de países.

"La idea inicial era hacer un enfoque más centrado en el cambio climático, pero ocurrió lo que todos sabemos", dice a Público Jordi Calvo, coordinador del Centro Delàs de Estudios por la Paz y vicepresidente de la Junta del IPB. "Lo que todos sabemos" es, nada más y nada menos, que una pandemia global, con miles de muertes a sus espaldas y un cambio drástico en la vida cotidiana de millones y millones de personas.

De ahí, precisamente, la clave de la acción global de este año. "¿Cuánto dinero hemos dedicado a investigar en salud y cuánto al ámbito militar y a la compra de armamento?", resume Calvo. "Ahora estamos pagando esa mala gestión de lo público y ese análisis equivocado", subraya.

El IPB reclama "una reducción dramática del gasto militar en favor de la asistencia sanitaria"

Precisamente por eso, el IPB reclama "una reducción dramática del gasto militar en favor de la asistencia sanitaria y para satisfacer las necesidades sociales". "Es el momento de abrir una nueva página en las relaciones mundiales y poner las tensiones geopolíticas a un lado, para acabar con las guerras, para un alto el fuego en aquellos múltiples conflictos en todo el mundo, los cuales pueden dificultar un esfuerzo de solidaridad global", sostiene la ONG, creada en 1891 en Berlín –hoy tiene su oficina descentralizada en Barcelona– y galardonada en 1910 con un Premio Nobel de la Paz.

Según datos de esta organización, "el gasto militar es un 50% más alto hoy que al final de la Guerra Fría". "Se sitúa en la asombrosa cifra de 1,8 billones de dólares al año, mientras que la OTAN exige más aumentos a sus miembros", destaca en el manifiesto elaborado para reclamar, precisamente, que esta situación se revierta.

Según datos publicados por el Centro Delàs en abril de 2019, por entonces España se mantenía en el decimosexto puesto del ranking de países que más dinero dedican a Defensa, "con un gasto de 18.200 millones de dólares según datos del SIPRI (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo) y cerca de 20.000 millones de euros según el cálculo del Centro Delàs".

La lista estaba encabezada por EEUU, que había aumentado su gasto militar hasta los 649 mil millones de dólares, un 4,6% más que el año anterior. Esa cifra representaba el 36% del gasto militar mundial en 2018. "Su gasto militar es el mismo que el de los 7 siguientes países que más gastan", destacaba el informe dado a conocer por el Centro Delás.

En segundo lugar estaba China, que había su gasto en un 5% hasta los 250 mil millones, "lo que representa el 14% del total mundial". De hehco, Estados Unidos y China juntos "representan la mitad del gasto militar mundial", seguidos por Arabia Saudí, India, Francia y Rusia.

Cambio de prioridades

Ahora, con los alarmantes datos del coronavirus sobre la mesa, el IPB encabeza esta campaña para pedir un urgente cambio de prioridades. "Pedimos a los países más ricos del mundo que se cuestionen lo que han hecho hasta ahora: se han dedicado demasiados recursos para militarizarnos. Ahora hay que utilizar estos recursos para hacer frente a las crisis sanitarias", explica Calvo, quien advierte sobre el carácter "económico y social" de la crisis que se avecina y que será sufrida, con especial intensidad, "por las comunidades más vulnerables".

En tal sentido, el IPB acompaña las jornadas de acción global con una recogida de firmas virtual para instar a los líderes del G20 a "levantar la sombra de la guerra y la política militar que ha arruinado la cooperación mundial en los últimos años y trabajar para asegurar que prevalezca un espíritu de paz y solidaridad".

"El G20 es responsable por el 82% del gasto militar mundial, representa casi todas las exportaciones de armas, y tiene en su territorio colectivo el 98% de las bombas nucleares del mundo. El G-20 es una plataforma compartida que reúne los intereses de los principales actores de la carrera de armamentos mundial", remarca.

Las firmas que se recojan serán llevadas a la próxima reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para septiembre próximo. Allí pedirán a los líderes mundiales que "actúen por una cultura de paz" y reduzcan drásticamente el gasto militar "en favor de la sanidad pública y la atención a las necesidades sociales y medioambientales".

10/04/2020 08:05

Publicado enInternacional
Desmilitarizar la Policía para implementar la paz

Los informes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre Colombia, presentados el pasado 4 de marzo, recomiendan, en síntesis, que el Estado cumpla con sus normas constitucionales, entre ellas que la Policía esté bajo control de un organismo civil, como lo dice la carta magna.

 

La reacción es típica del poder, autoritario, que no aguanta cuestionamiento alguno: “Es una intromisión a la soberanía del país”. La reacción de Iván Duque el pasado 27 de febrero fue automática, reactiva, como la que desata quien sufre una fuerte pisada, en este caso al conocerse el informe de Alberto Brunori, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y en el cual llamaba la atención sobre el exceso de violencia por parte del Esmad al momento de enfrentar las protestas sociales, al tiempo que recomendaba separar la Policía de la estructura de las Fuerzas Militares. El incumplimiento con los Acuerdos de Paz también estaba en el llamado de atención.

Días después, el 4 de marzo, el informe fue entregado en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En esta ocasión no solo un informe sino dos, uno a cargo del Relator Especial de la ONU, Michel Forst y otro el informe ya aludido de la Oacnudh.

Las críticas del gobierno nacional al ojo observador de las Naciones Unidas, queriendo desdecir una evidencia de perogrullo, despertó una tensión entre las partes, la cual trató de minimizar el gobierno Duque al solicitar al organismo multilateral la firma de un nuevo tratado de cooperación para profundizar apartes comprometidos con el Acuerdo de Paz, en este caso, los programas de desarrollo con enfoque territorial y, en otro campo, la atención a población migrante.

 

Una propuesta políticamente in-viable


La criticada “intromisión a la soberanía del país” que el presidente Duque le manifestó a la ONU, fue producto de la siguiente recomendación realizada por la Oacnudh: “Insta al Estado a restringir, en la mayor medida posible, y de acuerdo con las normas y estándares internacionales, el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social. Así mismo, y de acuerdo con la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la policía, recomienda transferir la supervisión de la policía al Ministerio del Interior”.
Una observación y una sugerencia que desde tiempo atrás han realizado investigadores y estudiosos de la relación Policía-Fuerzas Armadas-sociedad civil en Colombia, así como de las medidas que en el campo de la seguridad ciudadana deben implementarse para aclimatar la paz en el país, una de las cuales tiene que ver precisamente con desmilitarizar la Policía.

Uno de los estudiosos que ha incursionado en esta temática es Edwin Cruz Rodríguez, politólogo e integrante del Grupo de Investigación en Teoría Política Contemporánea de la Universidad Nacional, quien resumió su visión sobre el particular en el libro Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia*, donde se adentra a profundidad en el cómo sería la reestructuración a nivel institucional, operativa y doctrinaria para ejecutar una reforma al organismo policial.

Con él conversamos sobre la tensión gobierno nacional-Naciones Unidas, y le pedimos luz sobre la viabilidad que tiene transferir la supervisión de la Policía al Ministerio del Interior, como es la norma en la mayoría de países. Con seguridad y sin dilaciones Edwin nos aclaró de la viabilidad de tal recomendación, pero, también nos enfatizó, “por resolver un problema se corre el riesgo de crear problemas potencialmente más graves. Esa es una recomendación que se viene haciendo desde 1993. Colombia es de los pocos países en la región en donde la Policía depende del Ministerio de Defensa”.

Explicación que con curiosidad nos lleva a preguntarle, Edwin, ¿Cuáles serían esos riesgos potenciales? Y sin rodeos amplía: “El problema de la militarización de la Policía, con todo lo que acarrea, pasándola al Ministerio del Interior se la puede terminar partidizando. El Mininterior es encargado de las relaciones políticas del gobierno, con el Congreso y, por tanto, con los partidos. A cambio de apoyo para los proyectos de ley, reformas, etcétera, que propone el Ejecutivo, se dan recursos para las regiones de los Congresistas y cargos. Luego, primero, pondría en un lugar peligroso a la Policía, puesto que abriría la puerta para que, por ejemplo, altos oficiales cabildearan y tomaran partido de manera más abierta que ahora para conseguir apoyo del Congreso y los partidos para ascensos y cosas de ese tipo. Segundo, podría llevar a un uso político de la Policía por parte del gobierno de turno. Un Departamento Administrativo de Policía resolvería parcialmente el problema. Parcialmente, porque no evitaría que el gobierno lo usara políticamente, como ocurrió con el DAS.

Aunque no es algo nuevo, otro tema que molestó al gobierno colombiano fue el de Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad. Dice el informe que el acceso a la justicia continúa siendo un desafío que perpetúa ciclos de impunidad y violencia, como sucede con la Fiscalía General de la Nación, que solamente tiene presencia en la mitad de los municipios del país. El informe resaltó que la respuesta de las autoridades a la violencia de género continuó siendo insuficiente. La Oacnudh observó que algunas autoridades en Antioquia, Arauca, Guaviare y Nariño desconocían el protocolo de la Fiscalía General de la Nación para responder a los casos de violencia sexual.

La falta de articulación entre autoridades es evidente, pero ¿Qué más ventajas tendría la desmilitarización de la Policía, Edwin? La mirada tranquila que había mantenido nuestro interlocutor ahora parece inquietarse, sus ojos buscan la respuesta a su interior, mueve también sus manos y nos indica: “Una estructura de mando vertical, copiada del Ejército, como la que todavía tiene la Policía, muchas veces obstaculiza la coordinación con las autoridades civiles municipales y departamentales. Por ejemplo, cuando la orden del Alcalde choca contra la orden del oficial superior, ¿a quién debe obedecer el subalterno? Un soldado es alguien que debe cumplir unas órdenes muy precisas en el marco de sus actividades. Un policía tiene que interactuar con la ciudadanía y eso supone cierta flexibilidad”.

Edwin, pero todos sabemos que la Policía antes era un cuerpo dependiente de los municipios, y eso facilitó, con lo acontecido a finales de los años 40 del siglo XX su militarización, situación que terminó por normalizarse con el paso de los años, una fuerza militarizada y que abusa de su poder. Pese a esa realidad que terminó haciéndose norma, ¿Por qué la Policía como un cuerpo de naturaleza civil, no militar, está amparada por el Ministerio de Defensa?

“No debe estar subordinada a otras fuerzas ni debe estar amparada, por ejemplo, por el fuero militar, nos aclara Edwin con toda determinación. Pero su salida del Ministerio de Defensa debe estar comprendida en una reforma estructural profunda, que incluso apunte a la desmilitarización de la institución en términos de su doctrina, su estructura jerárquica (de mandos) y sus formas de operación. Un Departamento Administrativo podría ser mejor alternativa, siempre y cuando se tengan en cuenta aspectos que, aunque se ha intentado implementar nunca han funcionado, como los sistemas de veeduría ciudadana con instancias y cargos específicos”.

Lo aludido por el profesor e investigador nos lleva a recordar que una experiencia similar ya tuvimos en Colombia con el antiguo DAS, la cual no fue nada buena para los defensores de derechos humanos, que terminaron siendo objeto de persecución y asesinatos, con la complicidad de la antigua institución, instrumentalizada desde el alto gobierno, además de comprada por bandas criminales. Teniendo esto claro, sin dejar de mirar a quien estamos seguros tiene una opción para ello, abrimos un nuevo interrogante, ¿Qué ventajas traería para el país separar la Policía del Ministerio de Defensa? Y él no nos defrauda, “La principal ventaja es desmilitarizar la Institución en términos de su estructura, su doctrina y sus formas de operación. Eso implicaría repensar la Policía en el contexto del posacuerdo de paz y las tareas que debe enfrentar. Por ejemplo, implica modificar los esquemas mentales y las estrategias para gestionar la protesta social”.


ONU admite que muerte de Dilan Cruz fue una ejecución

 

Uno de los temas que despertó polémica y debate, y le dio la razón a investigadores y parte de la opinión pública, fue el punto de derecho a la reunión pacífica, a propósito del cual resalta el informe: “algunos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza. La Oacnudh documentó una presunta privación arbitraria de la vida de un estudiante de 18 años en Bogotá, cometida por un agente del Esmad armado con un rifle de calibre 12 cargado con munición del tipo ‘beanbag’”. Aparte del informe que, claramente, hace referencia al asesinato del estudiante Dilan Cruz el pasado 23 de noviembre en Bogotá, durante las jornadas de protesta.

Con enfoques desde diferentes ángulos, las tomas realizadas por diferentes personas, comprobaron que el agente del Esmad que disparó contra Dilan no implementó los protocolos de dispersión de protesta que el Escuadrón tiene, sin embargo el Gobierno calló. Es una realidad que nos permite continuar la conversación con Edwin: ¿Cómo modificar los esquemas mentales y estrategias para gestionar la protesta social? le preguntamos. Y el hilo de la conversación es retomado sin demora: “En la gestión que desarrolla el Esmad, están patentes todos los problemas que acarrea la militarización sobre la función policial. Producto de la doctrina contrainsurgente, al manifestante se lo ve como un potencial ‘subversivo’, como parte del ‘enemigo interno’ a enfrentar y no como un ciudadano ejerciendo un derecho. De ahí que se privilegie un modelo de gestión basado en la represión y que en cada coyuntura de grandes movilizaciones el despliegue de fuerza es totalmente desproporcional”, contestó el politólogo.

“El espíritu corporativo de la Policía –continúa Edwin con su respuesta–, puede apreciarse muy claramente en el reciente asesinato del joven manifestante Dilan Cruz: la reacción fue en bloque y toda crítica se interpretó como un antagonismo con la Policía. Recientemente, la investigación del caso pasó a manos de la Justicia Penal Militar, gracias al fuero que cobija a la Policía. Eso es algo muy particular de este país: la Policía no tiene por qué estar comprendida en el fuero militar porque interactúa con ciudadanos de la misma comunidad política, no con adversarios de guerra. Pero una vez se tiene el fuero va a ser muy difícil quitárselo”.

 

Colombia, con el mayor índice de asesinatos de defensores de DD.HH en América Latina

 

El otro informe, el del Relator Especial de la ONU, Michel Forst, está antecedido de una visita oficial que el Relator realizó a Colombia del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018 por invitación del Gobierno, y con el propósito de determinar si en nuestro país las personas defensoras están seguras y empoderadas para promover y defender los derechos humanos, y si el Gobierno garantiza el ejercicio de la defensa y promoción de los derechos humanos en un entorno seguro y propicio. Como su visita fue al inicio del mandato Duque, decidió volver a finales de 2019 para observar avances, momento en el cual el Gobierno dilató su visita e impidió su entrada, como el mismo Michel Forst confirmó en medios de comunicación.

Un clase dirigente que siempre ha estado emparentada con las Fuerzas Armadas para su beneficio; por ejemplo, el informe del Relator recogió su preocupación por la aparente conexión entre la compañía americana Frontera Energy y la Fiscalía, el Ejército y la Policía, para que estas autoridades protegieran su actividad ¿Por qué la clase dirigente colombiana es reacia a desmilitarizar la Policía, Edwin?  “Hay resistencias de lado y lado. Es decir, tanto de la clase dirigente como de la propia Policía, que ha desarrollado un fuerte espíritu corporativo. La militarización de la Policía viene desde el gobierno de Rojas Pinilla (1953-1957). Desde que se estableció el Frente Nacional (1958) la clase política ha sido reacia a meterse con las FF.AA., incluso luego de las reformas de principios de los años noventa. Claramente, el problema está ligado a la persistencia del conflicto armado, en la medida en que la Policía se convirtió en un blanco de la insurgencia. Pero la razón de fondo es que ese tipo de reforma altera una de las columnas del sistema político”, precisa con claridad nuestro interlocutor.

En su informe Forst comentó que desde 2016 y hasta el 30 de junio de 2019, Colombia se mantiene como el país con el mayor índice de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en América Latina. Agregó que históricamente la tasa de impunidad de los homicidios contra los defensores y defensoras está situada en torno al 95 por ciento, frente a la tasa de impunidad de los casos de homicidios dolosos conocidos por las autoridades, situados entre el 86 y el 94 por ciento.

El Relator recomendó al Gobierno nacional que: “Reafirme el compromiso político con el Acuerdo de Paz, priorice su implementación, dotándolo de los recursos necesarios para ello, y en particular de los mecanismos de protección de las personas defensoras”. Recomendación que la Canciller Claudia Blum objetó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, calificándola como que: “no refleja objetividad ni integridad”.

Un avance hacia la paz real, difícil de lograr sin desmilitarizar la Policía, para lo cual es necesario retomar la esencia constitucional de este cuerpo de carácter civil, potenciándolo como un reconstructor de los derechos humanos. Para proyectar luz sobre este particular, abrimos un nuevo interrogante, Edwin ¿Por qué es fundamental que la fuerza pública tenga que pasar por una reforma para una efectiva implementación del Acuerdo de Paz?,  y su respuesta llega de inmediato, “Los Acuerdos de Paz, en la región, los de Centroamérica, por ejemplo, incluyeron reformas de las FF.AA. Acá ese aspecto no se tocó, tanto por el cuidado que tiene la clase política en afectar esa columna del sistema político como por la posición de ventaja que tuvo el Estado. No obstante, construir la paz hace necesaria una reforma de las FF.AA. Claramente, un contexto de posacuerdo requiere una reconciliación y eso es imposible si una parte de la sociedad, los reinsertados, los manifestantes, los críticos, la izquierda, siguen viéndose como potenciales “enemigos internos”, concluyó nuestro interlocutor.

En la rueda de prensa brindada por Duque después de reunirse con el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, el presidente colombiano enfatizó que las relaciones con el organismo “atraviesan por un muy buen momento”.

Es la voz de la diplomacia, la misma que debería tener efectos reales en la política de paz del gobierno nacional, en la implementación de medidas que ciertamente lleven a la concreción de los derechos humanos, y demás recomendaciones que contienen los informes de la ONU acá retomados. Ese es el deber del gobierno Duque, lo que sí confirmaría que las relaciones con el organismo multilateral no han sufrido deterioro alguno.

En apariencia el Gobierno da un paso hacia delante, al firmar un nuevo tratado de cooperación con la ONU en pro de aspectos implícitos en los Acuerdos de Paz ¿Simple formalidad? ¿Engavetará este nuevo tratado de cooperación el Gobierno Duque? ¿Lo aplicará, sin que ello le implique un giro sustancial en la política global que sobre el particular ha comportado su administración. Sea uno u otro su comportamiento, no toca esperar hasta comienzos del 2021 para que la ONU nos brinde la respuesta con su próximo informe.

* Edwin Cruz Rodríguez, ediciones desdeabajo, 2016.

 

 

Para suscripción:

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscri

Publicado enEdición Nº266
Diomedes Sandoval, solicitante de asilo y líder social colombiano, en la terraza de la Parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías, Madrid.- JAIRO VARGAS

Las apenas 600 peticiones de asilo de ciudadanos colombianos en 2016 se han disparado a más de 29.000 en 2019. Sólo se le concedió a 48 personas. En enero han sido la nacionalidad que más lo ha demandado, superando a los venezolanos, pero el proceso de paz y la diversidad de perfiles les cierran las puertas de la protección casi de forma automática. Mientras esperan la respuesta a sus peticiones, muchos se ven abocados a vivir en la calle durante días por la saturación del exiguo sistema de acogida español

Cuando Diomedes Sandoval aterrizó en Madrid el pasado noviembre pensó que todo iría bien. Este líder social colombiano, amenazado de muerte y superviviente de un intento de asesinato, pidió asilo en el aeropuerto de Barajas y los policías le dijeron que su caso "era de manual" y "bien documentado". Le dieron un papel que acreditaba que era solicitante de protección internacional, una tarjeta transporte con diez viajes y un consejo: "Que fuera al Samur Social si no tenía dónde dormir" mientras el Ministerio de Interior estudiaba su solicitud, recuerda.

Eso hizo, pero cuando vio la cantidad de gente en su misma situación y que no había hueco para todos en los albergues de Madrid empezó a sospechar que Europa, en cuanto a protección internacional, no era como se había imaginado en su Tolima natal. "Esa noche me quedé en un hostal. A la mañana siguiente, cuando salí de la ducha, me habían robado mi documentación y todo mi dinero", lamenta.

Sandoval relata su historia a Público mientras toma café en la parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías. Es el único lugar de Madrid que considera un hogar, dice. "Aquí venimos muchos a pasar el día, a comer algo sin que nos cueste dinero, a buscar compañía", describe, porque no tiene aún permiso de trabajo ni nada que hacer además de esperar. El alojamiento que le ofrece el Ministerio de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social sólo está abierto por las noches.

Más de tres meses después, sigue en la fase de acogida temporal para solicitantes de asilo sin recursos económicos, es decir, un albergue "en malísimas condiciones" que comparte con otros 120 demandantes de asilo en Vallecas. Este jueves, por fin, le darán la una plaza que ha quedado libre en Málaga. Pasará a la primera fase del programa de acogida estatal, aunque no sabe si esa plaza es una habitación en un piso compartido o en un centro. "Será mejor que esto, eso seguro, pero tiene que mejorar el sistema porque van a seguir viniendo", afirma.

Los colombianos triplican sus peticiones de asilo

Por paradójico que resulte, desde que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016, la violencia ha repuntado en casi todo el país. En la diana están personas de como Sandoval, los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, personas de referencia en las comunidades rurales, gente que denuncia la corrupción con fondos destinados a cumplir con la parte social de los acuerdos de paz, por ejemplo.

En 2019, más de 29.000 colombianos solicitaron protección internacional en España. En 2018 fueron tres veces menos, 8.800. En 2016, año de la firma de los acuerdos de paz, apenas superaron las 650. Solo en enero de este año ya han superado a los venezolanos, con 4.860, y son la nacionalidad que más protección pide en España, según el avance de datos del Ministerio del Interior, aunque también de las que menos la recibe.

"Es muy posible que este año superen a los venezolanos, la tendencia es muy clara, aunque el nivel de resoluciones favorables de sus solicitudes es muy bajo. Sólo se le ha dado el estatuto de refugiado a 48 personas de las 5.000 que se han estudiado. El resto han sido rechazadas", explica Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de CEAR.

Reconoce que los casos que llegan son muy variados, aunque apuntala el problema de la persecución de los líderes sociales. "Son un grupo social bien definido y claramente amenazado y perseguido, deberían recibir más protección, a juzgar por las cifras", apunta. "Recibimos muchos casos de personas de Colombia que huyen de amenazas o la extorsión de bandas criminales, pero el Gobierno las rechaza alegando que no hay conflicto armado o que esa persecución o amenazas no están promovidas por autoridades o el Gobierno del país, que hay medidas judiciales y legislativas para perseguir este tipo de crimen", explica Favieres, que apunta que hay una gran discusión sobre esta circunstancia en los tribunales.

Sandoval, en cambio, apunta a la connivencia del Gobierno de Iván Duque con estos grupos armados. "Yo empecé a recibir amenazas cuando mi organización comenzó a denunciar el desvío de fondos para las víctimas del conflicto y para el desarrollo de infraestructuras", sostiene. "Tenía escoltas asignados pero decidí marcharme cuando sufrí un atentado por parte de sicarios del que salí con vida", recuerda mostrando los papeles que lo acreditan.

"Huí de la muerte pero no esperaba que, después de todo esto, en España me fuera a convertir en un mendigo, en un indigente. Nos ha pasado a muchos", señala este solicitante de asilo. Recuerda que algunas noches le tocó dormir en las calles de Madrid. "No había plazas en el Samur Social, no había plazas del Ministerio de Migraciones. Muchos días, tampoco en los albergues para personas sin hogar para la campaña del frío. Es indigno el trato que recibimos. No quiero pensar que estoy pasando por esto para que luego me denieguen el asilo y tenga que volver al lugar del que huyo", argumenta. Por eso prefiere que su rostro no aparezca en la fotografía. "Denunciar siempre trae problemas, en España o en Colombia", sentencia.

El mismo temor tienen Heber Erazo y su mujer, dos sexagenarios que llevan en Valencia casi un año y medio. Eran periodistas de Bogotá y de la región colombiana del Cauca, una de las más afectadas por la violencia de paramilitares, disidentes de las FARC, narcotraficantes y otros grupos armados. 

"Hemos presenciado y contado casi todo el conflicto. Siempre hemos alzado la voz, hemos sido testigo de masacres, hemos denunciado corrupción e irregularidades y nos ha costado ataques de todos los flancos: alcaldes, concejales, congresistas, gobernadores...", recuerda. Han recibido amenazas, el pasado año sufrieron un allanamiento de su vivienda en Bogotá, de donde desaparecieron "documentos sensibles y confidenciales, denuncias contra quienes les perseguían, miles de fotografías y los archivos originales de su periódico y fundación", entre otros episodios. "No nos ha matado porque hemos sido nómadas. Huimos por varias zonas de Colombia hasta que ya nos tuvimos que venir a España", aclara.

"Pero el acceso al sistema de protección es una carrera de obstáculos", denuncia. Se tarda en obtener citas para cada trámite burocrático, para obtener una respuesta, para recibir una plaza. Todo es siempre cuestión de meses.

Actualmente se encuentran en la fase dos del sistema. Reciben una ayuda para pagar el alquiler del piso en el que viven y una ayuda para manutención. Entre los dos llegan casi a los mil euros mensuales, pero la mitad se lo lleva el alquiler, describe. Antes pasaron medio año en una casa compartida, durante la fase uno del programa de acogida. "Se generaban problemas de convivencia constantes. Es normal, solo teníamos un baño para ocho personas, poco espacio y mucha tensión acumulada", recuerda, pero al menos tenían un baño, puntualiza.

"El sistema no está preparado. El colapso no está solo en Madrid. Nosotros tuvimos que dormir en la calle durante un tiempo", recuerda. Decidieron ir a Valencia porque allí tenían un conocido que les dio alojamiento durante los primeros meses, "pero son tantas las trabas administrativas que ya no pudo acogernos más y acabamos en situación de calle hasta que nos dieron una plaza", afirma.

El temor al rechazo de la solicitud

Ahora ve con miedo la próxima cita para renovar el permiso de residencia. "Cuando vayamos pueden decirnos que no nos conceden ningún tipo de protección y quitarnos el permiso de residencia. A los colombianos se nos está rechazando de forma masiva", advierte. "La diplomacia del Gobierno hace bien su trabajo. Dice que allí hay posconflicto, que hay paz, pero hay muertos cada día, por eso nos vemos obligados a irnos", sentencia.

Viendo las cifras de asilo para colombianos, no tiene mucha fe en que sus solicitudes sean aprobadas. Su mayor esperanza es que, en caso de rechazo, se les conceda el permiso de residencia por razones humanitarias, que no lleva aparejada ninguna ayuda económica, pero permite la estancia regular en el país durante un año con posibilidad de prórroga.

El Gobierno español comenzó a conceder este permiso el pasado año ante el drástico aumento de solicitantes de asilo venezolanos, aunque es difícil que lo obtengan los ciudadanos de otros países. "Aunque esa figura está recogida en la ley de asilo, en el caso de los venezolanos se está implementando de forma masiva para dar respuesta a una recomendación de la ONU por la crisis que atraviesa el país", explica la portavoz de CEAR, que recuerda que este permiso no se puede considerar una medida de protección internacional como tal.

Algunas organizaciones consideran que la situación en la mayoría del territorio colombiano no dista mucho de la que atraviesa Venezuela en cuanto a falta de servicios básicos, pobreza, índices de criminalidad y vulneraciones de los derechos humanos, por lo que piden al Ministerio del Interior español que aplique el mismo rasero. "El problema es que en España no se sabe qué es un líder social y el peligro que corre en Colombia. O quizás es que no quiere saber de forma intencionada", explica Sandoval.  

madrid

11/03/2020 22:39

Por jairo vargas

 

Publicado enColombia
Página 1 de 59