Reforma constitucional para la impunidad sin paz ni justicia social
La esperanza de impunidad es para muchos
hombres una invitación al crimen.

Peter Villaume

Un aforismo popular dice que “toda situación es posible de empeorar”. La sempiterna impunidad en Colombia, de niveles hasta del 80 por ciento1, pese a las reformas judiciales que se han invocado para superarlas, no disminuye, y su existencia es una de las causas –después de las altas tasas de pobreza y marginalidad– de la persistencia de una alta criminalidad, ya que el delincuente, mientras no se le sancione, siente que “delinquir sí paga”.

Pero lo más grave es que en los homicidios la impunidad alcanza la escandalosa cifra del 97,3 por ciento. Cabe resaltar que la tasa de homicidios en Colombia es una de las más elevadas del mundo, con promedios de 52 homicidios por día2.

La impunidad en un problema estructural cuya superación requiere profundas reformas socio-económicas y jurídico-penales. Actualmente cursan cuatro reformas a la justicia en el Congreso3, que permiten prever mayor impunidad. Resulta inquietante que esas reformas favorezcan la impunidad en delitos tan graves como las violaciones a los derechos humanos, y los delitos de lesa humanidad y contra el derecho internacional humanitario, que han segado la vida de cerca de 200 mil colombianos en los últimos 20 años.

Con la Ley de Justicia y Paz, aprobada en el marco de las ‘negociaciones’ con los paramilitares en 2005, se amnistiaron cerca de 28.000 mil “ex combatientes” que no pagaron un solo día de cárcel, y se hallan procesados cerca de 3.000, postulados a sentencias de 5 a 8 años por las más de 2.000 masacres, miles de desaparecidos y decenas de miles de asesinatos. Actualmente sólo hay dos sentencias contra estos cabecillas responsables de centenares de miles de crímenes, y en 2013 recuperarán la libertad sin haber sido condenados y sin que haya habido verdad ni reparación.

El gobierno de Uribe elevó a la categoría de ‘combatientes’ a integrantes de grupos paramilitares que no eran y no han sido más que organizaciones criminales, comunes, dedicadas a narcotráfico, homicidio, extorsión, secuestro, desaparición de personas, despojo o robo de tierra y desplazamiento de millones de campesinos, y a la ‘captura’ de los presupuestos de salud, educación y obras públicas de centenares de municipios, aliados con políticos locales y nacionales con quienes firmaron numerosos ‘acuerdos políticos’ (pactos criminales) como los de Santafé de Ralito, en Pivijay, que los llevó a los concejos municipales, alcaldías, gobernaciones y al Congreso de la república (convirtiéndolo en un paracongreso). Por ello, la Corte Suprema de Justicia ha procesado a más de 100 de sus integrantes. Pese a que esta Corte y la Constitucional rechazaron el tratamiento de “sediciosos” dado a los paramilitares, se les sigue reconociendo como “ex combatientes”, y amnistiados de facto, y la Constitución sólo autoriza los indultos y las amnistías para delitos políticos.

De otro lado, se tramita una “reforma a la justicia” que debilita el juzgamiento de los congresistas por la Corte Suprema de Justicia, estableciendo un órgano e instancia que señalarán los casos que deben ser judicializados, otra instancia de instrucción, y sólo quienes logren vencer estos filtros sean juzgados por la Corte, en la cual tendrían doble instancia, es decir, que las sentencias pueden ser apeladas.

También se tramita una reforma al fuero militar en la que se presume que los delitos cometidos por integrantes de la fuerza pública (militares y policía) lo son en servicio activo y en relación con el servicio. Así, la investigación será asumida por un tribunal militar hasta que se suscite un conflicto de competencia que dirima si es un delito de lesa humanidad, una desaparición o una tortura, y que la justicia ordinaria adelante la investigación y el juzgamiento de tales crímenes.

Marco jurídico de la impunidad


Otra de las reformas jurídicas tramitadas mediante acto legislativo, es decir, como reforma constitucional que la incorpora a la Carta Política, es el “marco jurídico para la paz”. La terminación del conflicto armado por medio de una negociación, que contemple reformas de justicia social, ha sido un reclamo de las organizaciones sociales y de derechos humanos. Los sectores militaristas y los gremios vinculados al agro y la ganadería, beneficiarios de los seis millones de hectáreas despojadas a los campesinos en nombre de la guerra, reclaman la continuación del conflicto, el derecho a defender las tierras despojadas ilegalmente, e igualmente a armarse para ello en autodefensas, paramilitares, bacrim o ejércitos antirrestitución.

Pero una cosa es la paz con justicia social, con verdad, con reparación, con restitución de tierras arrebatadas, y justicia penal sancionatoria para los responsables de los miles y miles de crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos contra los campesinos, sindicalistas, líderes sociales y políticos, y otra cosa es una farsa de ‘paz’, una “desmovilización individual o colectiva” y una “justicia transicional” con la que se busca renunciar a la persecución judicial penal o la ejecución de la pena de algunos guerrilleros desmovilizados individualmente, o en falsas desmovilizaciones como los de la ‘cacica gaitana’; y, en contrapartida, y en nombre de esa “justicia transicional”, renunciar a la persecución penal o la suspensión de la pena a miles de “agentes del Estado”, la mayoría integrantes de la fuerza pública (ejército, policía, armada nacional, aviación militar) y del desaparecido DAS, alcaldes, gobernadores, congresistas, y hasta funcionarios de la Presidencia, y a los paramilitares que queden judicializados por fuera de la ley de “justicia y paz”, a través de una ley ‘estatutaria’ que señalará qué delitos son conexos con el conflicto, como la parapolítica, los “falsos positivos” en los que se mata a inocentes civiles, haciéndolos pasar luego por combatientes de la guerrilla, la desaparición forzada de personas, el despojo de tierras, el desplazamiento forzado.

Según el acto legislativo, en los delitos que no sean crímenes de guerra o de lesa humanidad se podrá renunciar a la persecución penal, pero a los responsables de estos últimos se les podrá suspender la pena si son integrantes de grupos armados que hayan participado en el conflicto que se desmovilicen colectiva o individualmente, o agentes del Estado… Esta previsión constitucional, una vez que se expida la ley estatutaria, llevará a la excarcelación de los parapolíticos presos, lo mismo que a la terminación de procesos contra agentes del Estado hoy judicializados, condenados o presos por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, sin que sea necesario que haya habido un proceso de paz o siquiera una desmovilización de las guerrillas.

Como lo advirtió José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, no se tuvo en cuenta a las víctimas, y se cobija con todos los beneficios a integrantes de las fuerzas militares violadores de derechos humanos, que no debieran ser destinatarios de estas normas, ya que no es aceptable que el Estado apruebe normas en su beneficio, conducta propia de las dictaduras, por lo que, advierte, “la Corte Penal Internacional no tiene alternativa: tendrá que reclamar jurisdicción ante situaciones de esta naturaleza”4.

Se invocará la “justicia transicional”, argumentando que ya ha habido un proceso de paz o desmovilización de los grupos paramilitares y de miles de combatientes de las guerrillas en forma individual o en pequeños grupos, y que los delitos cometidos por los paramilitares, ex guerrilleros y agentes del Estado, entre quienes se hallarán los parapolíticos y otros muchos funcionarios servidores públicos, son “conexos” con el conflicto armado.

No será necesario, entonces, que haya paz para renunciar a la acción penal y suspender la pena a los condenados, salvo para los comandantes guerrilleros que persistan en la guerra. La normatividad constitucional y legal así aprobada consolida un marco jurídico para la impunidad, sin que en la ley se mencione la insoslayable obligación de hacer justicia, develar la verdad y reparar a las víctimas. Tampoco se habla de que la paz en un conflicto armado y social como el que vive Colombia desde hace medio siglo, sin contar la violencia y el despojo de los años 50, después del crimen de Jorge Eliécer Gaitán, se halla indisolublemente unida a la reforma agraria; a la superación de la miseria y la pobreza, y la marginalización de más de 20 millones de colombianos, sin la cual nunca habrá paz social ni superación total del conflicto armado, como se ha probado históricamente.

La terminación de los conflictos armados sin justicia social, como la Guerra de los Mil Días, al comienzo del siglo XX; las amnistías, los indultos y la desmovilización de las guerrillas liberales a mediados de la pasada centuria; o las de diferentes grupos guerrilleros5 tras la aprobación de la Constitución de 1991, que permitió la conversión de estas guerrillas en movimientos políticos; o la desmovilización parcial y fraudulenta de los grupos paramilitares, no han traído la paz ni la justicia social sino una disminución con posterior escalonamiento del conflicto.

La aprobación de este acto legislativo y las demás reformas a la justicia no harán más que consolidar una estructura de impunidad respecto a la violación de los derechos humanos, profundizando los mecanismos legales que hacen de ésta una institución del Estado colombiano, y con ello se desmonta otro de los fines del Estado Social de Derecho: la justicia como instrumento de protección de la vida, la integridad, los bienes, la libertad, el derecho y la dignidad de los colombianos6.

*    Abogado, especialista en derecho constitucional.
1    “La impunidad en el sistema penal acusatorio en Colombia”, estudio realizado por Sneider Rivera y Luis H. Barreto, en el marco del proyecto “Fortalecimiento del sector justicia para la reducción de la impunidad en Colombia”, financiado por la Cooperación de la Unión Europea, que analiza estadísticas del 2005 al 2008. En: www.mij.gov.co/econtent/.../DocNewsNo4362DocumentNo2463.PD.
2    ibídem.
3    Esas reformas son: reforma a la justicia, marco jurídico para la paz, ley de justicia y paz (Ley 975 de 2005), y reforma al fuero militar.
4    “CPI tendrá que pedir jurisdicción”. El Espectador, 6 de junio de 2012, p. 4.
5    Estos grupos fueron: Movimiento 19 de abril (M-19), Ejército Popular de Liberación (EPL), Movimiento Quintín Lame (QL), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT); Corriente de Renovación Socialista (CRS), desprendida del ELN; Frente Francisco Garnica (FFG) y algunas milicias urbanas asentadas en Medellín.
6    Art. 2. Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. C.N. Editorial Leyer, Bogotá, 2011.

Publicado enEdición 181
¿Qué significa pensar un país sin guerra?
Iván Cepeda, consciente de que los tiempos urgen, aboca todo a la vez, desplegando una pasmosa energía. Cada uno de sus emprendimientos se desarrolla bajo el signo de la ejemplaridad, lo que le ha hecho merecedor de una fe que comparten los sectores más disímiles. Acude sin esperar a que lo llamen, se ocupa de defender los derechos humanos de los sectores sociales más duramente golpeados por la violencia desnuda o encubierta: los desterrados, las mujeres víctimas de agresión sexual como infame arma de guerra, los prisioneros de guerra, los presos de conciencia y los presos comunes, las víctimas del genocidio político. Y, sin duda ni dilaciones, se concentra en un esfuerzo permanente en buscar caminos para hacer realidad el más profundo y siempre postergado anhelo de nuestra sociedad: la paz. Para compartir sobre este espinoso tema nos dimos cita. Aquí sus reflexiones.

Héctor Arenas. ¿Cuál es el punto que concentra su reflexión y su quehacer en este tiempo?
Iván Cepeda. El tema político central de la coyuntura política nacional es saber si en Colombia habrá en los próximos meses y años un proceso de solución política del conflicto armado. Creo que ese es el núcleo en el que convergen muchísimos de los problemas más graves del país. Han madurado las condiciones para que se dé favorablemente una salida a ese conflicto. Esto significaría un cambio cualitativo, esencial en la vida política del país. La resolución del conflicto armado es una aspiración de las fuerzas democráticas que se ha frustrado una y otra vez por distintas circunstancias.

H.A. ¿Pero acaso ha cambiado algo en este escenario? Hace tiempo se respira un descreimiento en la posibilidad de una salida negociada.…
I.C. En la actual coyuntura tenemos signos fuertes que apuntan en la dirección de la resolución política del conflicto. Tenemos un gobierno que ha sostenido que tiene voluntad política para resolverlo, y ha dado señales que apuntan en esa dirección. La agenda legislativa, si bien ha merecido criticas y reparos muy serios por parte de la bancada del Polo Democrático, es, sin embargo, una agenda que por lo menos plantea temas esenciales: el conflicto armado –una realidad negada por las dos administraciones de Uribe–, las víctimas y su reparación, el tema de cuál debe ser el conjunto de normas que acompañen la salida del conflicto, lo que se ha llamado la justicia transicional o el marco jurídico para la paz. Estas iniciativas no están exentas de gravísimos problemas y de ambigüedades profundas que riñen incluso con el modelo general que impulsa el propio gobierno.

H.A. ¿Y, además de estas señales?
I.C. También está presente una realidad que es necesario no perder de vista. La adopción y la puesta en práctica de Tratados de Libre Comercio es una realidad económica que se estrella, entre otras circunstancias, con la existencia del conflicto armado.

Creo que hay sectores de la élite de este país, sectores empresariales muy poderosos, que entienden que sus intereses y su apuesta de hacer negocios, lo que se denomina la inversión, riñe con la realidad del conflicto.

Obviamente, ahí nosotros tenemos posiciones muy críticas. No estoy señalando que la existencia de Tratados de Libre Comercio sea benéfica para el país. Señalo que tiene una consecuencia que puede ser no querida, y es que esta realidad de la necesidad de desarrollar estos tratados puede tener en el conflicto un gran obstáculo. Así lo han señalado sectores de la banca internacional, el Fondo Monetario Internacional, que hablan de la necesidad de crear condiciones de seguridad jurídica, condiciones de seguridad en los negocios, que pueden dar a entender que es necesario un giro. Junto a lo anterior, está presente el interés que ha manifestado el gobierno Santos de insertarse en una serie de clubes de comercio internacional que difícilmente pueden admitir como socio a un país con una realidad de conflicto armado y con la situación de derechos humanos resultante de esta circunstancia.

H.A. ¿Y, por la otra parte del conflicto, alguna señal?
I.C. Están una serie de gestos, de acciones, de pronunciamientos, que tanto la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, como la de las Farc , han venido produciendo, y que también apuntan en la misma dirección. La voluntad, en el caso de las Farc, de liberar a las personas que tenían en su poder, el compromiso de no seguir incurriendo en el secuestro por razones económicas y la voluntad expresa de avanzar hacia esa salida.

H.A. ¿Son suficientes estas señales para suscitar un nuevo entusiasmo colectivo con la paz?
I.C. Las preguntas son: ¿Lograremos en estos próximos años salir del conflicto armado? ¿En qué forma se producirá, si es que es posible, esta salida? ¿Cuál es la relación que guarda esta circunstancia con el resto de las contradicciones, las luchas sociales y con la izquierda colombiana? ¿Cómo se puede producir una convergencia en torno a ese propósito?

Los debates de control político que hemos hecho sobre las tierras, sobre la situación carcelaria, sobre el tema del paramilitarismo, sobre la violencia sexual contra las mujeres, sobre el tema de la desaparición forzada, convergen con relación a esta circunstancia que puede configurar una nueva situación en el país.

H.A. ¿Cuáles son los obstáculos para aclimatar un nuevo devenir conducente a la solución política del conflicto?
I.C. Existen grandes obstáculos para que esto se materialice. Uno, tal vez el más significativo, es que hay sectores en la ultraderecha que están dispuestos a hacer cualquier clase de cosas y emplear cualquier clase de métodos para que esto se frustre. La oleada de atentados, amenazas, circunstancias que se han venido presentando en el último tiempo, las explico con relación a este proceso. Parte de mi acción parlamentaria tiene que ver con debilitar a ese sector; debilitar la posibilidad de que ese sector frustre esta nueva oportunidad.

H.A. ¿Cuál podría ser la importancia de un movimiento social por la paz?
I.C. Una primera cuestión es: ¿En cabeza de quién o de quiénes está un proceso de paz en Colombia? La discusión con el Gobierno ha sido si es potestad exclusiva de él generar las condiciones propicias para la paz. Es necesario diferenciar dos niveles: uno, aquel de las gestiones que tienen que ver con los acercamientos y el comienzo de unos diálogos y unas negociaciones. Y esas gestiones debe adelantarlas el Gobierno, y debe adelantarlas la comandancia de las guerrillas, porque son las dos partes del conflicto. Esto no significa de ningún modo, y así se lo hemos expresado al Presidente y al Gobierno, que la paz sea un tema y un espacio de debate vedado a la opinión pública, a los movimientos sociales y en general a la sociedad colombiana. Hemos recordado insistentemente que hay un artículo de la Constitución Nacional, el 22, que le plantea al ciudadano que la paz no es solamente un derecho sino también un deber de obligatorio cumplimiento.

H.A. ¿Qué significa esto para una comunidad nacional que anhela la paz pero se debate entre el escepticismo y el temor?
I.C. Que es necesario, en un primer momento, sentar claramente posición y ganar terreno con relación a que la paz no es posible si no se involucra a la sociedad colombiana. Significa que es legítima y necesaria la presión social, y es necesario que todos los sectores de la sociedad colombiana afirmen y se movilicen en torno a la paz. Hay necesidad de producir un cambio en el imaginario social. Los últimos años no sólo implicaron una insistente campaña para sacar del debate público este problema, que es el problema crucial de la sociedad colombiana, al punto de negarlo. Igualmente, durante los gobiernos de Uribe Vélez se llegó hasta el punto de declarar ilegal la lucha por la paz, por la solución negociada del conflicto armado. Así que es necesario revertir ese proceso, y creo que eso se está produciendo.

H.A. ¿Cómo pudiera participar la sociedad civil en el proceso de paz
I.C. Un plano es participar propiamente de la negociación o, por lo menos, tener voz e intervención en la deliberación sobre la agenda de la negociación. Esto ha sido una vieja discusión en otros procesos de paz. ¿Se tomará en cuenta o no la voz de la sociedad civil?

Aquí la cuestión es: ¿Con qué alcance y en qué momento podrán participar los movimientos sociales, los partidos políticos, todos aquellos que tengan algo substancial por decir en esa discusión?

H.A. En Colombia ya hubo un pacto de paz que fue la Constitución de 1991.
I.C. Pero ese pacto se mostró claramente insuficiente. Los millones de hectáreas de tierra que fueron despojados a los campesinos, los hechos criminales que en la década entre 1995 y 2005 ocurrieron en Colombia. Los paramilitares han confesado 170.000 crímenes. Todos esos hechos ocurrieron después de la Constitución de 1991.Toda esta realidad de violencia, de despojo, muestra que la Constitución como pacto de paz fue un pacto a todas luces insuficiente.

La pregunta es: ¿Cómo un nuevo pacto de paz puede significar un cambio cualitativo que implique la no repetición de hechos semejantes sobre los que he hecho alusión? Y no solamente eso , sino que además signifique un avance hacia la democracia y la justicia social en Colombia. Y todo esto no se resuelve simplemente con un pacto de cúpulas o por lo alto.

H.A. La paz entre el Estado y la insurgencia es indispensable, pero no es suficiente para traer la paz a una sociedad repleta de miseria, miedos, odios, heridas y rencores.
I.C. ¿Se requerirá otra clase de pactos, para poder avanzar hacia la paz? En otros procesos de paz, paralelos a la discusión de los actores en conflicto, se han producido diálogos transversales en la sociedad, entre los partidos políticos, por ejemplo. Entre sectores empresariales y sindicalistas. Entre los dueños de la tierra y campesinos, indígenas, afrodescendientes despojados. ¿Hay otras instancias en que se deban construir procesos de solución del conflicto?

Aquí es necesario recordar que siempre hemos afirmado que el conflicto es armado pero también es social y que tiene otras esferas en que se ha desarrollado. Ha existido permanentemente una especie de retroalimentación entre el conflicto armado y el conflicto social. Así que es necesario explorar y plantearse la pregunta sobre esto.

Acabamos de hacer una visita con Carlos Lozano, figura muy destacada en todos estos procesos de paz que se han intentado en los últimos tiempos, y Marleny Orjuela de Asfamipaz, a Irlanda del Norte. Y allí una de las experiencias que nos presentaban los Diputados de distintos partidos políticos, los sindicalistas, era precisamente esta cuestión.

Aquí, nos dijeron, hubo una instancia de negociación entre el Ejército Republicano Irlandés, los sectores unionistas y las Fuerzas Británicas, para poder llegar al Pacto del Viernes Santo, que fue el que selló la paz. Pero paralelamente hubo otra clase de diálogos con sectores de la sociedad que hicieron posible que al final del proceso se refrendara, mediante el voto popular, el pacto de paz. Para que nosotros obtengamos definitivamente la paz en Colombia, es necesaria la vinculación muy estrecha de todos los sectores, para que el acuerdo y ese nuevo momento tengan una solidez, social y política.

H.A. ¿Cómo mover las barreras infranqueables de mínimos que impiden abordar la solución negociada del conflicto?
I.C. Hay que intentar, si es que se produce, que un proceso de solución negociada del conflicto armado tenga el mayor alcance posible, con una visión de realismo político y con una buena dosis de flexibilidad para poder salir de la guerra. Buscando siempre ampliar los espacios democráticos.

El solo fin del conflicto armado en Colombia implicaría una serie de consecuencias benéficas para la situación de muchos sectores de la sociedad que son afectados por esa confrontación. No solamente desde el punto de vista de la violencia que implica, y de los intereses económicos y sociales que se vehiculan a través del conflicto, sino asimismo por el simple hecho de que muchos recursos y fuerzas que se emplean hoy en ese conflicto podrían ser reorientadas y redireccionadas en otro sentido, que nosotros esperamos sea el de generar condiciones mejores desde el punto de vista social y democrático para la sociedad colombiana.

H.A. Conmueve en lo más profundo el sólo hecho de imaginar lo mucho que se podría hacer por la vida cesando la guerra y el desangre…
I.C. ¿Qué significa desde el punto de vista económico y político el final del conflicto armado? Hay unas cuentas que se pueden hacer con relación al Presupuesto Nacional. Pero también con relación a la desmilitarización de la sociedad colombiana. Muchos de los aspectos de la vida del país giran en torno al aparato militar y al accionar bélico. Y muchas de las fuerzas políticas, de los esfuerzos políticos, se concentran en torno a esa dinámica. Si se acaba el conflicto, habría un espacio que cabria llenar con contenidos. Y esa es una discusión fundamental.

Hay dos asuntos centrales: uno tiene que ver con el tema de la tierra, la democratización del mundo rural. la relación entre este mundo rural y el urbano. ¿Cómo ir acabando con ese inmenso abismo que separa a regiones enteras del país de los centros urbanos?. Ahí hay una circunstancia que exige un debate social.

H.A. ¿Cuál es el segundo tema?
I.C. Es el de la democratización del país, de las garantías a la oposición. De erradicar la criminalidad como una herramienta de la solución de los conflictos políticos y sociales. De acabar con la criminalidad de Estado, y del Estado como un aparato criminal. No solamente superar la represión y la persecución, sino acabar el exterminio de los movimientos sociales como una práctica consuetudinaria de la vida política.

H.A. En Colombia, hoy como ayer, cómo seguimos siendo libres si no expresamos lo que pensamos, si el olvido reemplaza a la memoria…
I.C. Aquí hay otra gran cuestión, que tiene múltiples aristas. Tiene que ver con el sistema político, pero también con los crímenes del pasado. Aquí cabe preguntarse la relación entre un proceso de reparación colectiva a la Unión Patriótica y la discusión sobre un nuevo contexto democrático en el país. ¿Cómo esa reparación entra a hacer parte de ese nuevo contexto? ¿Cómo las fuerzas que han sido históricamente exterminadas encuentran en esa nueva condición un espacio que vitalice las estructuras que han sido tan gravemente lesionadas en todo este proceso?

Hemos avanzado en Colombia en pensar sobre: ¿Qué significa Verdad, Justicia y Reparación? ¿Quiénes son las víctimas, cuál es su lugar, su papel en la sociedad? ¿En qué han consistido la criminalidad y la violencia? Ahora viene un momento en que vamos a tener que pensar esos y otros problemas. ¿Qué significa pensar un país sin guerra? ¿Cuál es el reto que eso plantea? ¿Cuáles son las grandes oportunidades que pudieran abrirse? Para eso se requiere imaginación política, se requiere generosidad y se requiere desprenderse de una muy espesa capa de relaciones, formas de actuación, estructuras de pensamiento, que tiene la densidad de 60 años de cuerpos sometidos a la confrontación.

Cuando la guerra se prolonga en una sociedad, se convierte en parte de una manera de pensar y actuar autodestructiva.
Publicado enEdición 181
Para la paz en Colombia es necesario: voluntad, agenda abierta, cese al fuego y paciencia.
Con la presencia de unas 250 personas entre representantes del gobierno irlandés, parlamentarios, eurodiputados, académicos, dirigentes de diversos movimientos políticos, sociales y solidarios de diferentes países que tienen conflictos internos, se realizó en Dublín, el seminario internacional  "La Geopolítica de la Paz y el Conflicto en Colombia, Kurdistán, Sri Lanka e Irlanda del Norte", desarrollado los días 24 y 25 de mayo. Este evento fue impulsado por La Universidad Trinity College de Dublín y su objetivo fue el de promover acuerdos negociados, como una alternativa a la solución militar, en varios de los países del mundo donde hoy existen conflictos armados. El seminario se desarrolló dentro de una libertad en las discusiones, libre de estigmatizaciones, con respeto y altura.

Participación política


El acto que fue inaugurado por el Ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Joe Costello, contó ademas con la participación de los europarlamentarios Paul Murphy (socialista) y Eimer Costello (laborista), quienes participaron en la apertura los días 24 y 25 respectivamente. Fue importante el aporte y la presencia del parlamentario y encargado de relaciones exteriores del partido republicano irlandés Sinn Féin, Pádraig Mac Lochlainn. También el evento contó con la presencia del embajador de Colombia en el Reino Unido e Irlanda, Mauricio Rodríguez Múnera, quien solicitó participar en los espacios abiertos a la discusión y el debate del evento.

No criminalizar los movimientos sociales


Dentro de las conclusiones tangibles de la discusión y análisis académicos, desarrollados en dos días, podemos destacar la opinión mayoritaria de los participantes en oponerse a la criminalización de las organizaciones en resistencia en el mundo, así como también a aplicar el calificativo de terroristas a cualquier forma de movilización social y protesta contra gobiernos represivos o contra intereses transnacionales, como en el caso colombiano donde tradicionalmente están siendo estigmatizadas las luchas campesinas por la tierra y contra los negocios agroindustirales y mineros de carácter multinacional.

Derecho a la rebelión


Se concluyó también que, para hablar de paz, primero se debe reconocer el derecho que también tienen los pueblos a la rebelión cuando se les vulneran sus derechos básicos, sus derechos humanos, algo reconocido en el mismo preámbulo de la declaración universal de los derechos humanos de 1949. « Es algo que muchas de las organizaciones que hablan de derechos humanos prefieren obviar y es que la defensa de los derechos humanos, en última instancia, está garantizada por el derecho a la rebelión cuando éstos son vulnerados», señaló un participante en este seminario.

Levantar calificativo de terroristas


Se discutió la necesidad que se levante el calificativo de « terroristas » a organizaciones insurgentes como los Tigres Tamiles en Sri Lanka, el PKK en Kurdistán, o el ELN y las FARC-EP en Colombia, ya que esta política no es conducente al diálogo y menos a la paz. Se concluyó en la necesidad e importancia de ir abriendo espacios de discusión y diálogo político en Europa y la utilización de estos calificativos, que no se basa en ningún criterio objetivo o apoyado en el Derecho Internacional, hace más difícil el acercamiento de las partes en conflicto.

 Intercambiaron experiencias


Otro resultado del encuentro, fue la oportunidad que tuvieron diversos participantes de intercambiar experiencias con organizaciones de defensa de derechos humanos, y así aprender de las experiencias de diálogos políticos en diferentes negociaciones de paz y de diversas resistencias populares en diferentes contextos. Pese a que los cuatro territorios tienen conflictos sociales, políticos y armados, así como culturas, en nada parecidos, y están en lugares geográficos muy distantes, comparten elementos bastante parecidos.

Los procesos de paz en Sri Lanka (2002-2006) y el del Caguán en Colombia (1999-2002), reafirman cómo opera la geopolítica al vincular conflicto con intereses geopolíticos y económicos de determinadas potencias, en el cual las primeras víctimas son las comunidades en resistencia al modelo impuesto manu militari en el contexto de la guerra. También son ilustrativos de cómo fuerzas internacionales e imperialistas han saboteado la posibilidad de encontrar la paz en estos dos países al fortalecer el militarismo de los Estados, al hacer la vista gorda ante los crímenes de los aparatos paramilitares funcionales a la estrategia contrainsurgente y negar espacio político para las propuestas de las insurgencias.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda Joe Costello destacó en su discurso inaugural que lo fundamental para conseguir la paz en un conflicto depende de la voluntad de las partes involucradas en el mismo, dentro de lo cual tienen un rol bastante importante que jugar los presos políticos y de guerra. También indicó que para adelantar  un proceso de paz político, la solución también tiene que ser política y que tal cosa implica tener una agenda abierta para tratar las causas estructurales de los mismos y todos los temas que son sensibles para las partes.

El Ministro Costello, planteó así mismo la importancia de que las negociaciones ocurran en un marco de cese al fuego, así como entender además que los procesos de negociación de paz son muy largos y que los resultados se dan tras muchos años: en el caso irlandés, el proceso tardó 12 ó 13 años.

El representante del gobierno irlandés expresó su voluntad y disposición de compartir la experiencia del proceso de paz en Irlanda del Norte con distintos gobiernos y con diferentes representantes de la sociedad civil de los países con conflictos internos que así lo soliciten.

Amplia participación colombiana con presencia, ponencias y saludos.

Dentro de las ponencias y saludos que permitieron alimentar y desarrollar el debate desde la parte colombiana se destacan las presentadas por la dirigente de Colombianas y Colombianos por la Paz, Piedad Córdoba Ruiz, (1) la del abogado español y miembro de Europeas y Europeos por la Paz de Colombia, Enrique Santiago, (2) la del académico Renán Vega Cantor, la de Soledad Campoalegre, de la plataforma de organizaciones sociales del Sur de Bogotá, del periodista canadiense Garry Leech, autor de numerosos libros y reportajes sobre el conflicto colombiano, así como los saludos del Polo Democrático Alternativo, PDA, de la Marcha Patriótica, de Dick Emmanuelson del medio de comunicación alternativo ANNCOL,(3) entre otros. Los cuales serán publicados (4) También el parlamentario Iván Cepeda y el periodista Carlos Lozano del semanario VOZ y miembro de Colombianas y Colombianos por la Paz, durante una visita de cabildeo a Dublín manifestaron la importancia del evento para generar espacios de debate amplio sobre los problemas del conflicto y la paz en Colombia y en otros rincones del mundo.

Marcha Patriótica: Unidad, Lucha y disposición a trabajar por la solución negociada


La delegación de la Marcha Patriótica estuvo encabezada por Carlos García Marulanda, quien además de presentar este nuevo movimiento social y político, conformado por 1.700 organizaciones sociales y populares, reiteró a los presentes que dentro de los objetivos de la conformación de la Marcha Patriótica está la necesidad de trabajar y buscar la salida dialogada y política al conflicto social y armado que vive el pueblo colombiano desde hace varias décadas. Se refirió de paso a las muestras y gestos de paz dados por la insurgencia de las FARC-EP durante los últimos meses, así como los constantes mensajes públicos enviados por la dirigencia, tanto de las FARC-EP como del ELN, al gobierno colombiano para sentarse a dialogar con miras a buscar una paz con bases en un nuevo modelo de país construido colectivamente, mediante un diálogo nacional amplio, y no mediante la rendición que reclaman algunos sectores del poder.


Solución política del conflicto, única salida para la paz


Una característica de la clase dominante colombiana, desde la época de las dictaduras reaccionarias conservadoras en la década de 1940, es que el medio privilegiado mediante el cual ha respondido a las demandas de reforma social es la violencia oficial. Aunque hoy utilicen de pretexto para justificar la violencia oficial a la existencia de la insurgencia armada, ésta en realidad nació en respuesta a la ofensiva por parte del Estado y de los núcleos dirigentes contra el movimiento popular.

El conflicto armado colombiano, teniendo sus raíces en causas sociales, no puede tener una solución militar duradera. García Marulanda insistió en la necesidad que todos los movimientos sociales y partidos políticos de oposición en Colombia se unan para poder avanzar en la búsqueda de la paz, ya que la llave de la misma no la tiene el gobierno sino el pueblo a través de su lucha y su movilización.

Participación del embajador colombiano en el Reino Unido


Un hecho a destacar en este seminario es que el embajador de Colombia para el Reino Unido e Irlanda, Mauricio Rodríguez Múnera, mostró activo interés en participar : “para los organizadores fue un gesto interesante que nos haya contactado y buscado un espacio para participar, lo cual  también fue valorado positivamente por la delegación colombiana” dijo el investigador José Antonio Gutiérrez, responsable de las discusiones en el área Colombia. Afirmó Gutiérrez que la decisión del embajador de participar « fue hecha en una forma muy rápida, con lo cual el debate con el diplomático colombiano no tuvo todo el alcance y la profundidad que hubiéramos querido darle y ojalá en un próximo escenario si es en Irlanda o fuera de ella, estaremos dispuestos a dar esos debates con más tiempo, de manera más detallada y con más gente ».

 El embajador Rodríguez Múnera, planteó lo que es la política del gobierno en áreas como víctimas y tierras, así como las condiciones de éste para negociar con la insurgencia, indicando que el gobierno tiene la voluntad y disposición para dialogar si éstas se cumplen.

Hubo debate entre los asistentes, si éstas condiciones no son un impedimento en realidad para el diálogo, si realmente contribuyen a la construcción de confianza entre las partes, sobre las exigencias unilaterales sin entregar nada a cambio y sobre el alcance limitado que estas reformas tendrían para superar las causas estructurales del conflicto. Sin embargo, en contraste con las posiciones sostenidas por el expresidente Uribe, hubo un reconocimiento por parte de la autoridad colombiana de la naturaleza fundamentalmente política del conflicto colombiano y del rol central que la concentración de tierras ha jugado en él.

Debate radial entre embajador colombiano y organizador


En una entrevista debate para el show de Pat Kenny, (5) en la radio estatal RTE1, uno de los programas más populares del país, el embajador de Colombia: Rodríguez Múnera y José Antonio Gutiérrez, responsable del evento para el tema Colombia, discutieron sobre la actual coyuntura en Colombia así como sobre la naturaleza del conflicto, contrastando la visión de las organizaciones sociales, populares y de izquierda con lo que es la visión del gobierno, en un debate público, respetuoso, en que se reconoció que un elemento fundamental en el conflicto colombiano es la concentración de tierras. “Esto es importante ya que aunque ellos, el gobierno, tengan propuestas muy distintas y opuestas a las de las organizaciones campesinas y sociales, este reconocimiento abre ciertos espacios en donde podemos empezar a discutir lo que es un proyecto de país y entender que la paz no es solamente que cesen las armas, sino  sentar las bases para un país alternativo, diferente”, afirmó Gutiérrez.

Seguirán apoyando las luchas y trabajando por la paz en Colombia



Los organizadores expresaron que “seguiremos trabajando por la resolución política del conflicto, apoyando irrestrictamente las movilizaciones populares en Colombia que van en una espiral de ascenso, y apoyando los escenarios de mayor unidad del pueblo. Acompañaremos esos movimientos sociales para evitar que la represión los golpee y estaremos atentos a la denuncia internacional. Seguiremos trabajando para que en Europa se sigan abriendo espacios para el debate político y para el apoyo solidario a las luchas del pueblo colombiano, kurdo, tamil, palestino y otros muchos pueblos oprimidos y sumidos en la guerra por intereses foráneos e intereses de las elites y oligarquías locales aliadas con las multinacionales”.

Afirmaron también que «trabajaremos en escenarios más amplios de diálogos políticos que puedan darse acá en Irlanda o en la misma Europa, pero la búsqueda de estos espacios pasa por el trabajo mano a mano con esos movimientos que están luchando por esas demandas desde Colombia u otros países ». Además, se elaboró una declaración de apoyo a la Marcha Patriótica y las demás organizaciones y movimientos que hoy luchan en Colombia.

(1) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=150161&titular=“colombianos-por-la-paz”:-una-experiencia-de-la-sociedad-civil-para-humanizar-el-conflicto-y-
(2)http://www.rebelion.org/noticia.php?id=150149&titular=el-derecho-internacional-humanitario-una-herramienta-para-construir-la-paz-en-colombia-
(3)http://www.rebelion.org/noticia.php?id=150291&titular=anncol-saluda-la-conferencia-internacional-de-dublín-
(4) http://geopolitics2012.com/
(5)http://www.rte.ie/radio/radioplayer/rteradiowebpage.html#!rii=9%3A3296481%3A133%3A24%2D05%2D2012%3A 
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Bogotá, 4 de abril. El grupo internacionalista de Mujeres del Mundo Gestoras por la Paz instó al presidente José Manuel Santos a cumplir el compromiso hecho antes de la liberación de rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de permitir que una comisión de este colectivo visite las cárceles donde son procesados o cumplen condenas presos políticos y guerrilleros, y aseguró que, pese a la negativa de una autorización para cumplir dicha misión en este viaje, insistirán ante el gobierno colombiano, sus respectivos gobiernos e instancias internacionales.
 

En un comunicado que dieron a conocer esta tarde en rueda de prensa, la diputada salvadoreña Nidia Díaz, a nombre de las 12 mujeres de la delegación de Gestoras, también exhortó al mandatario a “usar lo más pronto posible la llave que usted tiene” para abrir una vía de solución pacífica al prolongado conflicto armado colombiano.
 

También dirigieron una carta al secretariado del Estado Mayor de las FARC en la que expresan su “gratitud y reconocimiento” por “el cumplimiento de la palabra dada y asumida”, no sólo por la entrega de los oficiales que mantenían secuestrados desde hace tres lustros, sino también por haberse comprometido al cese de los secuestros extorsivos.
 

Además le reiteran al mando guerrillero que mantienen “firme nuestro compromiso de visitar a las y los privados de la libertad a causa del conflicto social y armado”.
 

En Colombia, de una población carcelaria cercana a los 90 mil presos, 10 por ciento son activistas perseguidos, presos de conciencia, campesinos capturados en arrestos masivos en zonas de presencia de las FARC o el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según cifras de las propias autoridades penitenciarias, de estos nueve mil, mil son integrantes de los grupos armados. El resto son presos de conciencia –líderes campesinos, de derechos humanos, sindicalistas, estudiantes u opositores– acusados en el contexto de una política de judicialización de la protesta social.
 

Ante los periodistas habló también Liliany Obando, presa de conciencia que pasó cuatro años en cárceles de máxima seguridad como parte del proceso penal por terrorismo que el gobierno colombiano fabricó con las computadoras del jefe de las FARC, Raúl Reyes, muerto en Ecuador en 2008.


Socióloga, organizadora de campesinos y de defensores de derechos humanos, Obando fue liberada apenas hace un mes (el primero de marzo) luego de que los tribunales decretaran ilegales las pruebas presentadas por la fiscalía. Al expresar su reconocimiento a las familias de los uniformados recién liberados y compartir su felicidad por verlos retornar sanos y salvos a sus hogares, destacó también el contraste con la pena y el agobio de las familias de los más de nueve mil prisioneros políticos y de guerra, “que añoran todos los días tener la misma posibilidad y lloran al verlos pudrirse en las cárceles con condenas de más de 40 años”.
 

Por su parte, la ex senadora y dirigente de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz, Piedad Córdoba, refirió que durante las gestiones confidenciales que a la postre hicieron posible el retorno de los secuestrados de las FARC , el presidente Santos se comprometió directamente con el legislador Iván Cepeda a autorizar el acceso de la delegación de mujeres a las cárceles inmediatamente después del arribo de los liberados.
 

“Nos sorprende y preocupa el incumplimiento de los compromisos anunciados”, dice la carta de las internacionalistas. La negativa de permitir la entrada de la delegación de mujeres latinoamericanas a los penales fue justificada por funcionarios de la presidencia con el argumento de que “los problemas de los colombianos los resolvemos los colombianos”.
 

Ante esta respuesta, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, la dirigente del nuevo partido hondureño Libre y esposa del presidente derrocado Manuel Zelaya, Xiomara Castro, y la diputada por el FMLN de El Salvador, Nidia Díaz, recordaron que en distintas etapas críticas, sucesivos gobiernos colombianos hicieron aportes a la solución pacífica de conflictos en Centroamérica, especialmente con su participación en le Grupo Contadora en los 80 y en años recientes a raíz de la ruptura institucional en Honduras. Ahora debería corresponder con la misma apertura a los aportes que pueda hacer en la búsqueda de soluciones pacíficas para la humanización de la prolongada guerra en este país, insistieron.
 

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Domingo, 01 Abril 2012 06:40

El Salvador

El Salvador

A veinte años del Acuerdo de Paz en El Salvador, el proceso de Verdad y Justicia marcha lento, pero marcha. Mucha agua corrió bajo el puente desde que el gobierno neofascista liderado por Roberto D’Aubisson y sus secuaces desa-tó una feroz represión sobre la población civil a fines de la década del ’70 y principios de la década del ’80, la cual derivó en una guerra civil que terminó con la firma del tratado de Chapultepec en enero de 1992, poniendo fin a la lucha armada. Es oportuno recordarlo aquí porque Argentina tuvo mucho que ver con la represión primero y con la búsqueda de Verdad y Justicia después, así que aprovechamos la presencia de Terry Karl en el país para hacer el recorrido. Karl, profesora Gildred de Derechos Humanos en la Universidad de Stanford, es una de las principales expertas en el tema. Sus investigaciones, que incluyen una valiente y memorable entrevista con D’Aubisson y testimonios ante distintos jueces, comisiones y entidades gubernamentales en El Salvador, Estados Unidos y España, fueron fundamentales para avanzar la causa de las víctimas de una represión que le costó la vida a unos 85.000 civiles en un país de menos de un millón y medio de habitantes, un promedio de asesinatos per cápita mucho mayor al sufrido en la Argentina durante los años más oscuros de la dictadura.
 

Al igual que en la Argentina, en El Salvador, después del terror llegó la impunidad y a partir de ahí el camino se hizo cuesta arriba. En 1993, apenas dos días después de la publicación del Informe de la Verdad, que nombró a los represores con nombre y apellido, el Congreso salvadoreño, dominado por el ultraderechista partido Arena, promulgó una ley de amnistía para los asesinos y represores que se mantiene vigente hasta el día de hoy, a pesar de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha fallado más de una vez que esa ley es ilegal.
 

A partir de esa ley, muy poco es lo que se ha hecho en El Salvador. Apenas un soldado y un oficial han sido condenados, en 1991, antes de la amnistía, por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989. Y eso ocurrió bajo una fuerte presión de Estados Unidos, que había amenazado con dejar de mandar ayuda financiera al país centroamericano si no se hacía algo con semejante masacre. Fue una condena corta, en un juicio que la Justicia española luego calificaría de “farsa,” porque fueron muchos los militares que participaron en la matanza, varios hasta lo confesaron en el juicio, pero igual fueron absueltos. Algo similar había ocurrido en 1984, en plena guerra, cuando cuatro soldados, cuatro perejiles, fueron condenados a treinta años de prisión por violar y asesinar a cuatro monjas estadounidenses en 1980. La Justicia salvadoreña determinó que los perejiles habían actuado por su cuenta y que el crimen no entraba en la ley de amnistía porque había sido un crimen común, no político. Sin embargo, para la Comisión de la Verdad no había dudas: la masacre de las monjas había sido ordenada por el entonces ministro de Defensa, general José Guillermo García, y por el entonces director de la Guardia Nacional, coronel Carlos Eugenio Vides Casanova.
 

Pasó el tiempo. D’Aubisson murió en 1992 sin ser juzgado por los crímenes que cometió, pero algunos de sus lugartenientes no tuvieron tanta suerte. En 1998, el abogado William Ford, hermano de Ita, una de las monjas masacradas, descubrió por casualidad que García y Casanova estaban viviendo en Florida. Les inició un juicio criminal, pero ambos fueron absueltos porque la Justicia estadounidense determinó que no estaba suficientemente probada la cadena de responsabilidades. Ford insistió en 1999 con un juicio civil basado en la ley estadounidense en contra de la tortura y el derecho internacional que condena los crímenes de lesa humanidad. En el 2002, García y Casanova fueron condenados a pagarles 54,6 millones de dólares a las víctimas. A partir de esa condena, en el 2004, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estadounidense llamó a audiencias públicas y al año siguiente aprobó una ley que ordena al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Interior y al Servicio de Inmigración a deportar del país a abusadores de los derechos humanos. En el 2006, la Corte Suprema rechazó la apelación de los militares salvadoreños y los familiares de las víctimas lograron cobrar los primeros treinta mil dólares al coronel Casanova, con los cuales se construyó una clínica gratuita para los pobres en San Salvador. Debió pasar todo el gobierno de Bush para que las autoridades estadounidenses aplicaran la nueva ley en contra de los represores salvadoreños. En el 2009, bajo el gobierno de Obama, se inició el proceso administrativo en contra de los represores y en diciembre del año pasado Seguridad Interior emitió un dictamen ordenando la expulsión del país de García y Casanova. Se trata de un hecho histórico, explica la profesora Karl, porque por primera vez Estados Unidos inicia por cuenta propia un proceso de deportación de violadores de derechos humanos que no sean nazis. (El proceso de deportación en contra del general García también está en marcha, a la espera de un dictamen de Seguridad Interior.)
 

Mientras tanto avanzaban otras causas. En el 2003 descubrieron al capitán Alvaro Saravia, jefe de seguridad de D’Aubisson, vendiendo autos usados en Fresno, California. Le iniciaron un juicio civil por el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero en 1980, pero antes de que el caso llegue a juicio Saravia se escapó del país y actualmente sigue prófugo. En el 2004 Saravia fue condenado en ausencia a pagar diez millones de dólares. El juicio fue muy importante para el registro histórico, porque sirvió para establecer, entre otras cosas, la conexión argentina en el asesinato del arzobispo y porque el juez determinó que se trató de un crimen de lesa humanidad, ya que se había cometido con el claro propósito de intimidar a la población y abrir la puerta a la represión que vendría después. No por casualidad 1980 y 1981 fueron los peores años de la represión, el de las peores masacres, más de 20.000 civiles murieron en esos dos años. “Fueron los asesores militares argentinos quienes prepararon el terreno para el asesinato. A través del aparato de propaganda de los medios afines a D’Aubisson diseñaron una campaña de prensa para pintar a Romero, un arzobispo más bien conservador, como un marxista subversivo cuya alma había sido tomada por el demonio. Todo eso aparece en documentos escritos por militares argentinos.”
 

En el 2005 encontraron a Nicolás Carranza en Memphis, donde trabajaba como guardia de seguridad en un museo. Carranza había sido viceministro de Defensa entre 1979 y 1981 y también director de la Policía de Hacienda, notoria por sus escuadrones de la muerte, en 1983 y 1984. Fue enjuiciado y condenado a pagar seis millones de dólares por torturas y asesinatos extrajudiciales. Significativamente, el juez de Memphis, al igual que el de Fresno, falló en el 2008 que el acusado había cometido crímenes de lesa humanidad por ordenar el asesinato en 1980 de los seis máximos dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, partido que entonces lideraba la oposición pacífica y democrática en El Salvador. En el juicio civil se demostró que, además de su actividad en el aparato represivo salvadoreño, Carranza era soplón de la CIA, por lo cual cobraba noventa mil dólares al año. Su deportación se hace más complicada porque no hay registro de su ingreso a Estados Unidos, ya que fue la misma CIA quien lo trajo al país en 1985, cuando el gobierno de Reagan le ordenó a sus aliados del gobierno salvadoreño que lo separaran de su cargo por impresentable. En 1995, Carranza recibió la ciudadanía estadounidense en agradecimiento por los servicios prestados. El juicio a Carranza también es significativo porque durante el juicio el gobierno salvadoreño presentó un escrito de amicus curiae argumentando que Carranza estaba cubierto por la ley de amnistía. Eso permitió que una coalición de destacados jurista presentara otro escrito respondiendo que la ley salvadoreña es inválida bajo el principio de Justicia internacional y la jurisprudencia vigente. El juez no opinó sobre la validez de la ley de amnistía, pero falló que no era aplicable al caso Carranza.
 

Ese mismo año, el 2008, empezó en el juzgado de Eloy Velazco de la Audiencia Nacional de España el juicio criminal por el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989, aprovechando que algunos de los asesinados ostentaban doble ciudadanía española. Toda la plana mayor del ejército salvadoreño de entonces fue procesada y nueve pedidos de extradición remitidos a la Corte Suprema salvadoreña. La Corte salvadoreña hasta ahora se ha negado a conceder extradiciones por razones burocráticas, eludiendo opinar sobre el fondo del caso. Pero la profesora Karl no da por terminado el asunto, ya que España es el segundo socio comercial de El Salvador y tiene con qué presionar. Además, en poco tiempo podría recibir a su primer acusado, gentileza del servicio migratorio estadounidense, ya que el año pasado fue encontrado en Boston el general Inocente Orlando Montano, uno de los veinte militares salvadoreños procesados en España por el asesinato de los curas jesuitas. Montano, que tiene 70 años, se encuentra bajo arresto domiciliario por fraude criminal y enfrenta penas de hasta 40 años de prisión por haberle mentido al servicio migratorio estadounidense. Entre otras mentiras groseras, Montano, que era viceministro de Defensa cuando mataron a los jesuitas, había declarado en su formulario de entrada a Estados Unidos que nunca había sido miembro del ejército salvadoreño. Cuando la Justicia estadounidense termine con él, si sigue vivo, “Inocente” tendría que ser deportado a España para ser juzgado por su rol en la masacre de los curas.
 

Mientras tanto, en El Salvador, en el 2009, tras ganar las elecciones, asumió la presidencia Mauricio Funes de la ex guerrilla Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La llegada al poder de la izquierda por primera vez en la historia de El Salvador generó muchas expectativas entre los defensores de los derechos humanos de que ahora sí se podría remover el velo de impunidad que sigue encegueciendo a la sociedad salvadoreña. Pero no sucedió. Hubo algunos gestos simbólicos que sirvieron para establecer la verdad histórica, como la tardía reivindicación de monseñor Romero, homenajeado con un mural que cuelga del aeropuerto internacional de San Salvador (foto). También fue significativa la visita de Obama el año pasado a la tumba del arzobispo. Pero la ley de amnistía sigue vigente y, peor aún, muchas víctimas salvadoreñas todavía no tienen mucha idea de lo que les pasó.
 

“A diferencia de la Argentina, donde muchos de los desaparecidos tenían una formación política y educativa importante, en El Salvador la mayoría de los muertos y torturados eran campesinos que no comprendían bien por qué los perseguían. Cuando testifiqué en el juicio de los generales en Miami recuerdo que muchos de los familiares de las víctimas que estaban en la audiencia se largaron a llorar, y después me dijeron que era la primera vez que alguien les explicaba lo que les había pasado”, dice Karl. El camino de Verdad y Justicia en El Salvador, como en tantos otros países, se hizo largo y tortuoso. Así como la Argentina debió recurrir a los juicios de la Verdad para saltear las leyes de impunidad de Menem y Alfonsín, en El Salvador hizo falta recurrir a la Justicia civil y la ley migratoria de Estados Unidos y a las cortes españolas para avanzar a pesar de la ley de amnistía local. Karl dice que el ejemplo argentino es una enseñanza y una inspiración para los defensores de derechos humanos en El Salvador, del mismo modo que los militares argentinos de la dictadura inspiraron e instruyeron a los represores salvadoreños.
 

“Los militares argentinos, especialmente del Batallón 601, enseñaron a los salvadoreños cómo armar escuadrones de la muerte, cómo interrogar, cómo tirar a las víctimas desde aviones, cómo hacer secuestros extorsivos para financiarse, cómo deshacerse de los cadáveres. Suárez Mason fue el mentor de D’Aubisson, el hombre a quien más admiraba. Por eso es tan importante lo que se hizo en la Argentina para castigar a los represores. Los salvadoreños siguen de cerca el proceso argentino, aprenden de él y se sienten esperanzados por todo lo que se avanzó en este país”, señala la experta.
 

Para Karl, un beneficio impensado del caso salvadoreño es que llevó a desarrollar una metodología para erosionar las leyes estadounidenses que protegen a los violadores de derechos humanos que buscan refugio en ese país. “Desde que empezamos con los salvadoreños el mismo método se ha repetido para perseguir violadores de derechos humanos de Chile, Honduras, Somalia y Haití. Se estima que hay unos mil criminales de guerra refugiados en Estados Unidos. Ninguno de los torturadores de Abu Ghraib y Guantánamo han sido juzgados, pero ahora existe la posibilidad de hacerlo con acciones civiles aplicando la ley de tortura.”
 

El proceso de Verdad y Justicia en El Salvador avanza lento pero avanza, inspirado en el de Argentina. Por eso está bueno decirlo acá, veinte años después, aprovechando la discreta visita de una incansable luchadora.

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El Salvador tantea un inédito plan de paz con las maras
La situación que actualmente vive El Salvador es inédita, y hasta cierto punto, también increíble. Las pandillas violentas, mejor conocidas como maras, parecen haber llegado a un acuerdo entre ellas para detener el derramamiento de sangre y parecen dispuestas a negociar con el Gobierno una salida para poner fin a una violencia que ha puesto al país en la cumbre de la tasa de homicidios por habitantes de todo el mundo. De confirmarse el acuerdo entre las maras y la negociación con el Gobierno del presidente Funes, sería el primer proceso de paz en marcha entre un gobierno democrático y una pandilla criminal en América Latina.

A finales de febrero, se cernía sobre el país una grave confrontación entre las fuerzas policiales y militares y las maras. En público y en privado, los más altos funcionarios de la seguridad declaraban: ¡Vamos con todo! ¡La represión contra las maras! Antes de estas declaraciones el presidente Mauricio Funes había nombrado a los generales de división David Munguía Payés y Francisco Salinas en los cargos de ministro de Justicia y Seguridad y director General de la Policía Nacional Civil (PNC), respectivamente. La oposición política y social interpretó tales designaciones como el retorno de la mano dura, es decir, la imposición de la represión sobre el modelo de prevención de la violencia. Funes ya venía desde los primeros días de mandato con la idea de ilegalizar la sola pertenencia a una mara.

“Somos conscientes que hemos ocasionado un profundo daño social, pero por el bien del país, de nuestras familias y de nosotros mismos, pedimos que se nos permita contribuir en la pacificación de El Salvador, que no sólo es de ustedes, sino nuestro también", dicen en una carta los llamados Voceros Nacionales de la Mara Salvatrucha MSX3 y Pandilla 18.

Esta misiva la dieron a conocer los mareros el pasado 19 de marzo con la finalidad de negar la existencia de un pacto entre sus organizaciones y el Gobierno de Funes, de que informó el periódico digital El Faro tras una investigación propia. En el artículo se afirmaba que había un pacto y que consistía en que los líderes de las pandillas serían trasladados del presidio de máxima seguridad, ubicado en la ciudad de Zacatecoluca y conocido como Zacatraz —abreviatura de dicha ciudad y de Alcatraz—, hacia penales con regímenes más flexibles de seguridad, todo a cambio de que frenaran los homicidios.

En la misiva los líderes de la MSX3 y de la Pandilla 18, criticaron al director de El Faro, Carlos Dada, por la publicación del artículo, pero en declaraciones otorgadas a El Diario de Hoy, “garantizaron” que no han amenazado a Dada ni a ningún otro periodista local.

Los generales Munguía Payés y Francisco Salinas, que son los únicos autorizados por el Gobierno para hablar del tema, han negado cualquier negociación de paz con los “grupos criminales”, pero han reconocido la autorización para el traslado de los líderes mareros y de otros presidiarios que estaban en Zacatraz, así como también que los jefes criminales han aceptado rebajar a más de la mitad el índices de homicidios a partir del 9 de febrero pasado.

Ver para creer. El Salvador desde hace más de una década registra una media de entre 12 y 14 homicidios diarios. Desde el pasado 9 de febrero, los homicidios llegan a unos 6 ó 5 diarios. El último fin de semana se registraron 11 (entre sábado y domingo), cuando lo usual eran entre 30 y 40.

Aunque el Gobierno de Funes mantiene la negativa sobre la supuesta negociación con las maras, se acumulan las señales que sugieren que el Ejecutivo ya no solo da palos, sino también zanahorias a las maras. Aparte de los traslados, se ha autorizado a los periodistas de los principales medios a entrevistar en las cárceles a los líderes de las maras y la celebración de misas en los penales de Cojutepeque, donde están ahora recluidos los cabecillas de la Pandilla 18; y en el penal de Ciudad Barrios, donde permanecen recluidos los de la Mara Salvatrucha.

Los encargados de oficiar la misa el lunes pasado fueron nuncio apostólico, Luigi Pezzuto, y monseñor Fabio Colindres, capellán del Ejército. Pezzuto, muy emocionado, dijo ese día que los pandilleros “quieren la paz y ser colaboradores y artesanos de la paz”, retomando las palabras que Juan Pablo II dedicó a los firmantes de los acuerdos que pusieron fin a la guerra civil (1980-1992)—. Por su parte, Colindres, quien se proclama como el mediador entre las dos pandillas rivales y ha dicho creer en su “conversión”, proclama que “se ha emprendido un camino histórico que no puede dar pasos hacia atrás”. En las misas, los presuntos jefes nacionales de las bandas, Dionisio Umanzor (alias El Sirra), y Carlos Mujica (alias El Viejo Lin), reconocieron la labor de la Iglesia Católica en el proceso de “pacificación”. También pidieron perdón por el daño ocasionado a la sociedad.


Por Juan José Dalton San Salvador 28 MAR 2012 - 18:26 CET
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Viernes, 13 Enero 2012 07:29

La paz mundial pende de un hilo

La paz mundial pende de un hilo

Ayer tuve el gusto de conversar sosegadamente con Mahmoud Ahmadinejad. No lo había visto desde septiembre del 2006, hacía más de cinco años, cuando visitó nuestra Patria para participar en la XIV Cumbre del Movimiento de Países No Alineados que tuvo lugar en La Habana, donde se eligió por segunda vez a Cuba como Presidente de esa organización por el tiempo establecido de tres años. Yo había enfermado gravemente el 26 de julio de 2006, mes y medio antes de la misma y apenas podía sentarme en la cama. Varios de los más distinguidos líderes que asistían al evento tuvieron la amabilidad de visitarme. Chávez y Evo lo hicieron más de una vez. Un mediodía lo hicieron cuatro a los que siempre recuerdo: Kofi Annan, Secretario General de la ONU; un viejo amigo, Abdelaziz Buteflika, Presidente de Argelia;  Mahmoud Ahmadinejad, Presidente de Irán; y un Viceministro de Relaciones Exteriores del gobierno de China y actual Canciller de ese país, Yang Jiechi, en representación del líder del Partido Comunista y Presidente de la República Popular China, Hu Jintao. Fue realmente un momento de importancia para mí que con gran esfuerzo reeducaba la mano derecha que había sufrido un serio accidente en la caída en Santa Clara.

 
Con los cuatro comenté aspectos de los problemas que el mundo afrontaba en aquellos instantes. Estos, ciertamente, se han ido tornando cada vez más complejos.

 
En el encuentro de ayer observé al Presidente iraní absolutamente sosegado y tranquilo, indiferente por completo a las amenazas yankis, confiado en la capacidad de su pueblo para enfrentar cualquier agresión y en la eficacia de las armas, que en gran parte producen ellos mismos, para ocasionar a los agresores un precio impagable.

 
En realidad del tema bélico apenas habló, su mente se concentraba en las ideas expuestas en la conferencia impartida en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, centrada en la lucha por el ser humano: “caminar hacia llegar y lograr la paz, la seguridad, el respeto y la dignidad humana como un deseo de todos los seres humanos a lo largo y ancho de la historia.”

 
Estoy seguro de que, por parte de Irán, no deben esperarse acciones irreflexivas que contribuyan al estallido de una guerra. Si esta inevitablemente se desata, será fruto exclusivo del aventurismo y la irresponsabilidad congénita del imperio yanki.
 

Pienso por mi parte que la situación política creada en torno a Irán y los riesgos de una guerra nuclear que de ella emanan y a todos involucra -posean o no tales armas-, son sumamente delicados porque amenazan la propia existencia de nuestra especie. El Oriente Medio se ha convertido en la región más conflictiva del mundo, y el área donde se generan los recursos energéticos vitales para la economía del planeta.

 
El poder destructivo y los sufrimientos masivos que originaban algunos de los medios utilizados en la Segunda Guerra Mundial motivaron una fuerte tendencia a prohibir algunas armas como los gases asfixiantes y otras empleadas en aquella guerra. Sin embargo, las pugnas de intereses y las enormes ganancias de los productores de armas los llevó a la confección de armamentos más crueles y destructivos, hasta que la tecnología moderna aportó el material y los medios cuyo empleo en una guerra mundial conducía al exterminio.
 

Sostengo el criterio, sin dudas compartido por todas las personas con un sentido elemental de responsabilidad, de que ningún país grande o pequeño tiene el derecho a poseer armas nucleares.
 
Nunca estas debieron usarse para atacar dos ciudades indefensas como Hiroshima y Nagasaki, asesinando e irradiando con horribles y duraderos efectos a cientos de miles de hombres, mujeres y niños, en un país que ya estaba militarmente vencido.

 
Si el fascismo obligaba a las potencias coaligadas contra el nazismo a competir con ese enemigo de la humanidad en la fabricación de tal arma, finalizada la guerra y creada ya la Organización de Naciones Unidas, el primer deber de esa organización era prohibir tal arma sin excepción alguna.

 
Pero Estados Unidos, la potencia más poderosa y rica, impuso al resto del mundo la línea a seguir. Hoy posee cientos de satélites que espían y vigilan desde el espacio a todos los habitantes del planeta. Sus fuerzas navales, aéreas y terrestres están equipadas con miles de armas nucleares, manejan a su antojo, a través del Fondo Monetario Internacional, las finanzas y las inversiones del mundo.

 
Si se analiza la historia de cada una de las naciones de América Latina, desde México hasta la Patagonia, pasando por Santo Domingo y Haití, podrá observarse que todas, sin una sola excepción han sufrido durante doscientos años, desde los inicios del siglo XIX hasta hoy, y de una u otra forma están sufriendo cada vez más los peores crímenes que el poderío y la fuerza pueden cometer contra el derecho de los pueblos. Escritores brillantes surgen en creciente número: uno de ellos, Eduardo Galeano, autor de “Las venas abiertas de América Latina”, que describe lo anterior, acaba de ser invitado a inaugurar el prestigioso Premio Casa de Las Américas, como un reconocimiento a su relevante obra.

 
Los acontecimientos se suceden con increíble rapidez; pero la tecnología los transmite al público de forma aún más rápida. Un día cualquiera, como el de hoy, noticias importantes se suceden con extraordinario ritmo. Un despacho cablegráfico fechado ayer 11, recoge la siguiente noticia textual: “La presidencia danesa de la Unión Europea afirmó el miércoles que una nueva serie de sanciones europeas más severas contra Irán se decidirá el 23 de enero en razón de su programa nuclear, apuntando no sólo el sector petrolero sino también al banco central.
 

“‘Iremos más lejos a la vez en lo que se refiere a las sanciones petroleras y contra las estructuras financieras’” dijo el jefe de la diplomacia danesa Villy Soevndal, durante un encuentro con la prensa extranjera. Puede apreciarse con claridad que, a fin de impedir la proliferación nuclear, Israel puede acumular cientos de ojivas nucleares mientras Irán no puede producir uranio enriquecido al 20%.

 
Otra noticia sobre el tema, de una conocida y experta agencia informativa británica refiere que: “China no dio señales el miércoles de ceder terreno a las demandas de Estados Unidos de que reduzca sus compras de petróleo iraní y consideró un exceso las sanciones de Washington contra Teherán…”.

 
Cualquiera se asombraría de la tranquilidad con que Estados Unidos y la civilizada Europa promueven esta campaña con una pasmosa y sistemática práctica terrorista. Baste estas líneas trasmitidas por otra importante agencia europea de noticias: “El asesinato, el miércoles, de un responsable de la planta nuclear de Natanz, en el centro de Irán, cuenta tres precedentes desde enero de 2010.”
 

El 12 de enero de ese año “un físico nuclear internacionalmente reconocido, Masud Alí Mohamadi, profesor en la universidad de Teherán y que trabajaba para los Guardianes de la Revolución, murió en la explosión de una moto bomba delante de su domicilio…”

 
“29 de noviembre de 2010: Majid Shahriari, fundador de la Sociedad nuclear de Irán y ‘encargado de uno de los grandes proyectos de la Organización iraní de la energía atómica’ [...] fue muerto en Teherán por la explosión de una bomba magnética fijada a su automóvil.

 
“El mismo día, otro físico nuclear, Fereydoun Abasi Davani, fue objeto de un atentado en condiciones idénticas cuando estacionaba su coche delante de la universidad Shahid Beheshti en Teherán, donde los dos hombres eran profesores.” -Fue solo herido.

 
“23 de julio de 2011: El científico Dariush Rezainejad, que trabajaba en proyectos del ministerio de la Defensa, fue muerto a balazos por desconocidos que se desplazaban en una moto en Teherán.”
 

“11 de enero de 2012: -es decir, el mismo día en que Ahmadinejad viajaba de Nicaragua a Cuba, para dar su conferencia en la Universidad de La Habana- El científico Mostafa Ahmadi Roshan, que trabajaba en la planta de Natanz, de la cual era vice-director para los asuntos comerciales, murió en la explosión de una bomba magnética colocada sobre su automóvil, cerca de la universidad Allameh Tabatabai, al este de Teherán”.  Como en años anteriores “Irán acusó nuevamente a Estados Unidos e Israel.”

 
Se trata de una carnicería selectiva de brillantes científicos iraníes sistemáticamente asesinados. He leído artículos de conocidos simpatizantes de Israel que hablan de crímenes realizados por sus servicios de inteligencia, en cooperación con los de Estados Unidos y la OTAN, como algo normal.

 
Al mismo tiempo, desde Moscú las agencias informan que “Rusia advirtió hoy que en Siria está  madurando un escenario similar al de Libia, pero alertó que está  vez el ataque vendrá desde la vecina Turquía.

 
“El Secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai  Patrushev, sostuvo que Occidente desea ‘castigar a Damasco no  tanto por la represión a la oposición sino por su renuencia a interrumpir su alianza con Teherán’.”

 
“…en su opinión, en Siria está madurando un escenario como el de Libia, pero en esta oportunidad, las fuerzas de ataque no vendrán de Francia, Gran  Bretaña e Italia sino de Turquía’.”

 
“Incluso, se atrevió a adelantar que ‘es posible que Washington y Ankara están ya definiendo varias opciones de zonas de exclusión de vuelo, donde ejércitos armados de rebeldes sirios podrían ser entrenados y concentrados’.”
 

Las noticias no solo proceden de Irán y el Oriente Medio, sino también de otros puntos del Asia Central próximos al Oriente Medio. Las mismas nos permiten apreciar la complejidad de los problemas que pueden derivarse de esa peligrosa zona.

 
Estados Unidos ha sido conducido por su contradictoria y absurda política imperial a problemas serios en países como Pakistán, cuyas fronteras con otro importante Estado, Afganistán, fueron trazadas por los colonialistas sin tomar en cuenta cultura ni etnias.

 
En este último país, que durante siglos defendió su independencia frente al colonialismo inglés, la producción de drogas se ha multiplicado desde la invasión yanki, y los soldados europeos apoyados por los aviones sin piloto y armamento sofisticado de Estados Unidos cometen bochornosas matanzas que incrementan el odio de la población y alejan las posibilidades de paz. Eso y otras inmundicias también se reflejan en los despachos de las agencias occidentales de noticias.

 
“WASHINGTON, 12 Enero 2012  - El secretario estadounidense de Defensa,  Leon Panetta, calificó este jueves de ‘absolutamente lamentable’ el comportamiento de cuatro hombres presentados como marines norteamericanos orinando sobre cadáveres en Afganistán en un video difundido por internet.

 
“‘He visto las imágenes y encuentro el comportamiento (de esos hombres) absolutamente lamentable’…”
 
“‘Este comportamiento es totalmente inapropiado de parte de miembros del ejército estadounidense y no refleja en ningún caso los criterios y los valores que nuestras fuerzas armadas juran respetar’…”

 
En realidad ni lo afirma ni lo niega. Cualquiera puede quedarse con la duda y posiblemente el mismo Secretario de Defensa.
 

Pero también resulta extremadamente inhumano, que hombres, mujeres y niños, o un combatiente afgano que lucha contra la ocupación extranjera, sea asesinado por las bombas de los aviones sin piloto. Algo también muy grave: decenas de soldados y oficiales pakistaníes, que cuidaban las fronteras del país, han sido destrozados por esas bombas.
 

En declaraciones del propio Karzai, Presidente de Afganistán este expresó que el ultraje a los cadáveres era “’simplemente inhumano’, y pidió al gobierno estadounidense que ‘aplique el castigo más severo a quién sea que acabe siendo condenado por este crimen’.”

 
Portavoces de los talibanes declararon que “‘en los diez últimos  años se dieron centenares de actos similares que no fueron revelados’…”

 
Uno incluso siente lástima por aquellos soldados, separados de familiares y amigos, a miles de kilómetros de su propia patria, enviados a luchar en países que ni siquiera tal vez oyeron mencionar como escolares, donde les asignan la tarea de matar o morir para enriquecer a empresas transnacionales, fabricantes de armas y políticos inescrupulosos, que dilapidan cada año los fondos que se necesitan para la alimentación y la educación de los incontables millones de hambrientos y analfabetos en el mundo.

 
No pocos de esos soldados, víctimas de los traumas sufridos, terminan privándose la vida.

 
¿Acaso exagero cuando afirmo que la paz mundial pende de un hilo?
 


Fidel Castro Ruz
 
Enero 12 de 2012
 
9 y 14 p.m.
 

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