Carta abierta a Santos. "Usted deja la Presidencia con una enorme deuda frente a la humanidad"

San José de Apartadó, julio 13 de 2018

Señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de Colombia

Bogotá, D. C.

De toda consideración.

A muy pocos días de terminar su segundo período de gobierno, queremos manifestarle sinceramente y de manera somera lo que hemos vivido y sentido durante estos 8 años en los cuales usted ha ocupado el cargo de Presidente y Jefe de Estado, período que se proyecta hacia atrás por el tiempo en que usted ejerció como Ministro de Defensa del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Durante su mandato, Presidente Santos, acudimos en 20 ocasiones a usted, haciendo uso del derecho constitucional de petición, para pedirle, de manera apremiantes, que en atención a obligaciones muy claras que la Constitución le impone al Jefe de Estado, interviniera directamente para frenar la cadena de crímenes de lesa humanidad que su ejército, sobre todo a través de la Brigada XVII y otras unidades, en unidad de acción con las estructuras paramilitares, había perpetrado y aún sigue perpetrando contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y contra el campesinado de su entorno. Usted siempre esquivó esas peticiones y les dio órdenes a sus secretarías jurídicas de remitirlas a los mismos victimarios: el Ministerio de Defensa y sus diversas unidades, alegando decretos que no pueden oponerse a órdenes constitucionales y que se ajustan a la figura universalmente antijurídica de convertir al victimario en su propio investigador y juez.

Nadie ignora que una política evasiva frente a cadenas de crímenes horrendos y sistemáticos, encubiertos por los veredictos autoabsolutorios de sus propios subordinados, compromete con toda evidencia al primer mandatario ante una Comunidad Internacional que durante ya muchas décadas ha elaborado tratados y convenciones para proteger a las víctimas de esos horrores. Usted, pues, Presidente Santos, sale responsable ante la historia y ante el mundo de centenares de crímenes horrendos que han tratado de exterminar a nuestra Comunidad de Paz, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, abusos sexuales, masacres, desplazamientos forzados, torturas, retenciones, detenciones y enjuiciamientos ilegales y arbitrarios, amenazas por millares, anuncios de exterminio, cercos de hambre, destrucciones e incineraciones de viviendas y de campos de cultivos, asaltos a mano armada para robar los bienes de sobrevivencia de las víctimas, profanación y ocultamiento de cadáveres, pillajes, robos de animales domésticos, principalmente de bestias de carga, único medio que posee el campesino de la zona para comercializar sus pobres productos, robo de los instrumentos de trabajo agrícola, campañas de calumnia, difamación y estigmatización a través de los medios masivos, ausencia, manipulación y corrupción de investigaciones judiciales y disciplinarias, generalización de la impunidad y de la desprotección judicial.

Si bien la Comunidad de Paz hizo uso de la Acción de Tutela en ciertas ocasiones y obtuvo respaldo de la Corte Constitucional, la cual emitió tres Sentencias y dos Autos en favor de la Comunidad, usted mismo y las instituciones de su gobierno desacataron todas las órdenes de la más alta Corte del Estado, además de otras órdenes incluidas en otras sentencias de dicha Corte, como las referidas a la prohibición de mantener unidades militares y policiales en medio de la población civil en zonas de conflicto, o las que se refieren a la prohibición al mandatario de pronunciarse públicamente contra grupos y comunidades echando mano de informaciones no verídicas o las que se refieren a la prohibición de empadronamientos. El desacato de su gobierno a todas esas normas y decisiones constitucionales nos hizo concluir siempre que el “Estado de Derecho” constituye más una ficción propagandística utilizada para encubrir realidades contrarias.

Durante todo su gobierno, como también durante el gobierno del Presidente Uribe, estuvimos solicitando que se nos suministrarían los nombres, códigos institucionales, unidades y cadenas de mando de todos los miembros de la fuerza pública que estuvieron presentes en los días, horas y sitios en que fueron perpetrados los crímenes, pero su gobierno siempre se negó a ello, y cuando la Corte Constitucional se lo ordenó repetidas veces, usted desacató sus órdenes burlándose de la más alta Corte del Estado. Y ya para terminar su mandato, en diciembre de 2017, la Corte se lo volvió a ordenar, dándole dos meses de plazo para cumplir la orden y su gobierno volvió a desacatar el mandato de la Corte. Tal contumacia tiene, de toda evidencia, un propósito: mantener encapuchados y clandestinizados, al peor estilo paramilitar, a los criminales insertos en su gobierno.

Usted deja, pues, la Presidencia, con una enorme deuda frente a la humanidad. Ojalá llegue el día en que tribunales internacionales honestos ejerzan justicia frente a esos millares de crímenes y enjuicien su comportamiento de participación en los mismos con carácter de complicidad, connivencia, apoyo, tolerancia y protección de sus actores.

En este contexto, nos avergüenza la distinción que se le hizo al otorgarle el Premio Nobel de Paz, sin que mediara siquiera un reconocimiento de culpa en estos y muchos millares más de crímenes contra los derechos elementales de los colombianos, perpetrados por sus subordinados protegidos por su actitud de negarse a que siquiera fueran investigados y más bien exonerados ideológicamente de toda culpa, como ocurrió en las intervenciones durante del “Proceso de Paz”, luego enormemente degradado.

Con enorme dolor de patria,

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Javier Giraldo Moreno, S. J. firmante de los derechos de petición.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Santos-Uribe, Duque y Uribe: cuestión de pedigrí.

Después de la elección de Iván Duque como presidente el pasado 17 de junio, muchos se han preguntado cuáles son sus diferencias con Santos, y la correlativa relación que tendrá con Uribe. La respuesta es muy simple: es cuestión de talante, de personalidad. Más precisamente, es cuestión de pedigrí. Sí, como en los perros, es decir, de progenie, antecedentes, pergaminos, procedencia. Estos términos son importantes en una sociedad jerárquica, hidalga y aristocrática como la nuestra, fiel heredera del amor por los títulos que nos legó España. 

Juan Manuel Santos no sólo tiene raíces entre los flamantes próceres que hicieron nuestra independencia frente a los españoles -para luego empezar a reproducir el intra-exotismo, el racismo y el colonialismo interno que sus antepasados habían practicado en estas tierras de indios y manchados de sangre- sino que en sus raíces genealógicas cuenta hasta con un presidente de la República, Eduardo Santos. Como esas élites, adquirió la experiencia que da los siglos en el arte de gobernar esta inerme República. Santos ya lleva décadas en la política colombiana, ocupando los más altos cargos del Estado; Santos proviene de nuestras familias oligarquicas más poderosas… en resumen, tiene pedigrí.


Iván Duque es sólo un rastacuero, entendiendo esa palabra en el sentido que Rubén Darío le dio en su ensayo de 1906 titulado La evolución del rastacuerismo. El rastacuero es el recién venido, el afortunado, el mismo que simula ser lo que no es, precisamente porque no tiene experiencia, los medios, los títulos y la alcurnia. Darío se refería con esa expresión a quienes viajaba a Paris, en nuestra época de “galicismo mental” como decía Juan Valera, y luego volvían al país balbuceando francés, importando e impostando las maneras y las modas, con el fin de escenificarse socialmente, obtener prestigio y maravillar a los incautos de la sabanera Atenas suramericana. Fue el escritor José María Vergara y Vergara el que escenificó magistralmente este modus operandi o, lo que es lo mismo, la suerte del rastacuero, en su texto Las tres tazas (de chocolate, café y té): “Casimiro Viñas fue llamado Casimiro de la Vigne, y como no tenía antes sobrenombre alguno, le quedó este para secula seculorum. El mozo era de talento y se hizo el bobo; se estuvo un semestre enfadándose cada vez que le quitaban su ridículo apellido y le daban su elegante apodo. Los otros muchachos por llevarle la contraria no le llamaban sino de la Vigne. Al fin del semestre fingió el bribón de Casimiro que aceptaba el apodo por darles gusto y comenzó a firmar con él. He aquí como logró bautizarse a su gusto. Provisto de aquel apellido, de una buena figura y un carácter simpático, ha penetrado en todos los salones de lo que se llama entre nosotros alta sociedad”.


Guardadas las proporciones, lo mismo le pasó a Iván Duque. Se juntó con el patrón de la política colombiana, recibió la bendición, y el mismo se creyó que podía ser presidente. Y lo logró. Como Casimiro, tuvo que simular: no alcurnia, sino que podía gobernar un país. Tuvo que convencerse de que trabajar en una oficina del BID o ejercer poco tiempo como senador, lo avalaban para ser un estadista de talla mundial. Como Casimiro, Duque está dotado de una “buena figura y un carácter simpático”, que incluso le permite hacer monerías, sin sonrojarse, en el exterior. El efecto de tal operación, es que Duque pasó- como Casimiro- de ser un absoluto desconocido, a simular ser un gobernante de talla; pasó del anonimato a tener que ejercer el rastacuerismo y a escenificarse socialmente, ante las vigilantes aristocracias y la comunidad internacional, como un “hombre de estado”.


Santos, a diferencia de Duque, ha sido toreado en “varias plazas”, como se dice en esta taurina República maltratadora de animales. Se “las sabe todas”, como se dice coloquialmente. Por eso, cuando Uribe lo señaló con su dedo (inquisidor, la mayoría de las veces), cometió algo más que un error de cálculo: cometió un atentado contra sí mismo. Como era de esperarse, un tipo con pedigrí como Juan Manuel, jamás permitiría que un “capataz de finca” ocultara y oscureciera su mandato, su oportunidad histórica como presidente. Por eso, puso manos a la obra, y poco a poco se fue deslindando de los toldos uribistas. El uribismo, como es natural, se sintió traicionado y zaherido en sus ya diezmados principios.


Santos, por su parte, se dedicó a mejorar las relaciones internacionales con Ecuador, Venezuela y Europa. Mejoró la imagen internacional del país, y como un “estadista de talla” se supo vender muy bien a la comunidad internacional donde adquirió respeto y donde aún hoy lo admiran tanto como a Mujica. Si bien su gobierno fue neoliberal hasta los tuétanos, y vendepatria como los anteriores, hay que reconocerle que se la jugó por el propósito de la paz. Sin duda, Santos pasará a la historia por su Nobel de paz, pero más que eso, porque intentó hacerlo todo para sacar adelante el proceso con las FARC. Y quienes sufrimos la derrota con Mockus en el año 2010, tenemos que reconocer que logró crear un aire de paz, respirable, durante estos últimos 5 años. Así lo percibimos quienes hemos crecido en la violencia en este país. Estos últimos años han sido más tranquilos, hubo menos muertos; menos madres de policías, civiles y guerrilleros, sufriendo. Santos logró con la política, con su talante, lo que Uribe no pudo en 8 años con su guerrerista y macartizadora seguridad democrática. De ahí que quienes votamos por Santos en el año 2014, para evitar que Uribe volviera al poder, nos podemos dar por bien servidos, porque, en últimas, hizo aquello para lo cual fue elegido: tratar de sacar avante las negociaciones de la Habana.


Es esto lo que no perdona el uribismo. Les carcome el rencor y la envidia. Ortega y Gasset definía el rencor como impotencia, envidia, donde al adversario se lo aniquila “con la intención”, y donde se llega a creer que él no tiene “ni un adarme de razón ni una tilde de derecho”. El rencor en este caso está asociado con el re-sentimiento, ese sentimiento que se vuelve contra sí, que atiborra, debilita el propio cuerpo, el propio sentir. El resentimiento está conectado con el concepto anterior, porque es impotencia y envidia. Ese resentimiento está representado en Uribe y su séquito, en su ira y su odio contra quienes los apartaron del poder; frente a quienes se sobrepusieron a sus miserias y mediocridades, pues es cualidad del resentido sentirse desvalorado y menospreciado por quien ha escalado y ha subido más allá que él. Ellos no soportaron los logros de la paz de Santos, sus premios, su Nobel, sus reconocimientos, su imagen internacional. Hoy quieren desconocer todo lo hecho, simplemente para regresar el país al estado de antes: a la finca que ellos siempre han soñado con su cortedad de miras y sus egoístas intereses.


Iván Duque, un títere bien elegido por Uribe, para que no le pase como antes, pues “de la experiencia se aprende”, como decían las abuelas, ha heredado y es el portavoz legítimo de ese resentimiento. Y no tiene alternativa: debe seguir al pie de la letra las órdenes del padre, su omnímoda autoridad. Uribe, para decirlo en términos de Freud, es el “ideal del yo” de Duque, y frente al cual no puede rebelarse, pues sabe lo que le “corre pierna arriba” con el Centro Democrático. Aunque, si Duque fuera listo como su antecesor, traicionaría a Uribe y lograría mayorías en el congreso a punta de mermelada, pues en este país, los liberales, los conservadores, Cambio Radical, las sectas cristianas en el congreso, etcétera, se venden al mejor postor. De esta manera, lograría gobernabilidad. Pero es poco probable que esto ocurra, pues a diferencia de Santos, a Duque le falta talante y talento, personalidad, libido imperandi. connatus y voluntad de poder, de ser. Es más, le falta vocación histórica, pues puede pasar sin pena ni gloria sólo como un presidente con ceguera autoimpuesta que no se percató que la sociedad colombiana había cambiado y que la imagen internacional del país, con sus obligaciones adquiridas, no se podían echar por la borda.


Frente a la autoridad de Uribe, Duque es impotente, sumiso; se arrastra reptilmente ante sus patrones, cabizbajo, sin altivez, sin talante. Su vacío, su vacuidad, la misma que constituye al rastacuero simulador, debe llenarla con el espectáculo, obedeciendo bien y dejándose llevar por las “fuerzas extrañas” que lo rodean. Y, para terminar, permítaseme una boutade, mejor, una tontería: en los noventa, en la famosa novela “En cuerpo ajeno”, protagonizada por Amparo Grisales, el joven cuerpo de Danilo Santos, estaba poseído por el anciano espíritu del gran actor Julio Medina; en la Colombia del 2018, el de su presidente, no tan esbelto como el de Danilo, lo está por el espíritu maligno y resentido de su jefe político…habrá que esperar a que los espectros no destruyan al portador y a la insensible República.

 

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Miércoles, 11 Julio 2018 07:35

Para el ELN Colombia no tiene paz

Para el ELN Colombia no tiene paz

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano calificó ayer de fracaso rotundo el acuerdo de 2016 entre el disuelto grupo rebelde FARC y el gobierno. El ELN es la última guerrilla activa en Colombia y, actualmente, se encuentra negociando la paz con el gobierno.


“Ningún otro momento como este puede ser más claro para ratificar la validez de la lucha armada revolucionaria (...) luego del fracaso rotundo del camino de las negociaciones y los acuerdos entre las desaparecidas FARC y la oligarquía colombiana”, dijo Nicolás Rodríguez Bautista (“Gabino”), comandante máximo de la guerrilla.


“Los que fueron FARC, ni son hoy fuerza insurgente ni un real partido legal y esa gran lección es para aprenderla en lo más profundo”, agregó el líder rebelde en una carta fechada el 4 de julio pero publicada ayer en páginas web de la organización. El ELN está negociando en Cuba un acuerdo similar con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero se hacen eco de las denuncias que han hecho las ex FARC por incumplimientos estatales, entre otros, por la falta de garantías de seguridad para sus excombatientes y de participación política, que habían sido acordados.


Santos, que dejará el poder en agosto, busca con el ELN firmar un pacto que permita llegar a la paz completa para una nación que lleva ya medio siglo de conflicto armado. Sin embargo, su sucesor, el derechista Iván Duque, prometió modificar lo suscrito con las FARC y endurecer las condiciones para continuar el diálogo con los elenos.


Las FARC firmaron un histórico pacto de paz a finales de 2016. Por lo convenido, cerca de 7.000 combatientes dejaron las armas y formaron un partido político que tendrá diez escaños en el Parlamento a partir del 20 de julio.

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Colombia: Julio será un mes crucial para la paz

El sexto ciclo del diálogo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y representantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), iniciará en La Habana, el lunes dos de julio, por lo que el grupo insurgente a través de un comunicado calificó julio como “un mes crucial para la paz”.


En el comunicado mencionan que esta nueva reunión se da en un momento difícil porque la delegación del Gobierno no garantiza la reciprocidad en el cumplimiento de los acuerdos y tampoco la ejecución de las transformaciones propuestas en el proceso y acordadas en la mesa del diálogo.


Además, ELN agrega que el Gobierno colombiano condiciona el diseño completo del acuerdo y el inicio de la “participación de la sociedad en la construcción de la paz”, a que previamente se acuerde un cese al fuego. No obstante, el grupo insurgente ha decretado dos ceses al fuego unilaterales de cara a las citas comiciales de primera y segunda vuelta presidencial. Mientras tanto, continúan las negociaciones para un cese bilateral.


El escrito reitera que con el cese al fuego se debe “avanzar en la solución de la persecución, asesinatos y judicialización a los líderes y lideresas de los movimientos sociales”. El grupo insurgente hace referencia a los cientos de activistas muertos que se han registrado en lo que va del año y que se suman a la larga lista de 2017, en medio de lo que denuncian como ataques sistemáticos.
También, señala la importancia de aceptar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como el referente común para pactar acciones y acuerdos humanitarios.


Entretanto, el comunicado insta con preocupación los propósitos de la bancada de la derecha en el Congreso, al que acusan de pretender reducir a su más mínima expresión lo que queda de los Acuerdos firmados con ex grupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).


Asimismo, el ELN se manifiesta firme en el propósito de lograr la solución política al conflicto, erradicar la violencia de la política y realizar los cambios básicos urgentes.

2 julio 2018
(Con información de Telesur)

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“El Salvador vive una situación como la que lo llevó a la guerra civil”



El exalcalde de San Salvador alerta de los perjuicios de la alta tasa migratoria del país


Madrid 18 MAY 2018 - 19:45 COT
El mes pasado una caravana de más de mil migrantes centroamericanos, algunos de ellos salvadoreños que huían de la violencia de las pandillas, entre otras razones, intentaron cruzar México para llegar a Estados Unidos y pedir asilo. El grupo terminó el viaje muy mermado, con apenas cerca de 150 personas, tras las amenazas del presidente Donald Trump de militarizar la frontera para impedir su llegada. “Tenemos una violencia probablemente entre las cinco peores del mundo de países que no están en guerra ─incluso le ganamos a muchos países que sí lo están─. Llegamos a los 4.000 homicidios al año”, reflexiona sobre las razones que llevan a sus compatriotas a abandonar el país Nayib Bukele (San Salvador, 1981), el político que se perfila como uno de los candidatos clave para las presidenciales del 3 de febrero del próximo año en el país centroamericano.
“Unos 200 o 300 salvadoreños migran forzosamente a diario”, continúa el exalcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador, de visita esta semana para un encuentro con ciudadanos de su país residentes en Madrid. “En algunos casos pasa porque alguien les pone en la cabeza un arma y les dice que se vayan, pero en la gran mayoría de los casos se da porque en El Salvador no hay trabajo, ni oportunidades, no pueden mantener a sus familias, o viven en una zona en la que ya mataron al vecino, a la hermana… Sumado a esta pérdida de ciudadanos, hay 12 o 14 homicidios al día”, complementa.
La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kirstjen Nielsen, anunció a principio de año el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 400.000 beneficiarios, entre ellos 195.000 salvadoreños, a quienes dio entre 12 y 18 meses para que regresen a su país o cambien su situación migratoria. El programa, creado en 1990, concedía permisos vivir y trabajar en Estados Unidos a ciudadanos de países afectados por guerras o desastres naturales. El permiso se renovaba automáticamente cada 18 meses, pero Trump lo ha eliminado y ha pedido al Congreso que legisle para regularizar la situación de los beneficiarios.
“Ahora que se quita el TPS, el país está obligado a brindar una solución a la gente que llega”, afirma Bukele, descendiente de migrantes palestinos que llegaron a El Salvador a finales del siglo XIX. “El Gobierno tiene la ventaja de que estas 200.000 personas ─que en realidad son unas 400.000 si se incluyen a los hijos nacidos en Estados Unidos─ llevan 18 años trabajando legalmente en EE UU, muchos de ellos son profesionales, graduados de las mejores universidades, empresarios, algunos de ellos millonarios… Pese a que pueden acogerse a otro estatus migratorio porque pueden invertir un millón de dólares, hay quienes también se están planteando regresar”.
En el centro de los problemas del país centroamericano está la violencia, que Bukele pide abordar como un fenómeno social. El problema se remonta, según afirma, a las causas sin resolver de la guerra que sacudió el país entre 1980 y 1992 y en la que hubo más de 75.000 víctimas mortales. “Terminó la guerra civil y se firmaron unos acuerdos de paz que no se cumplieron, solo la parte política en la que la guerrilla se convertía en partido y se desmovilizaban las tropas. Pero todo lo demás, la desigualdad social, la pobreza, la educación, la salud, la inseguridad, se mantiene”, asegura el líder del movimiento Nuevas Ideas, que abandera desde su salida del gobernante FMLN, la formación que resultó de la desmovilización de la insurgencia tras los acuerdos de paz.
“Si la sociedad salvadoreña no entiende que está enfrentada a un fenómeno social igual o más difícil que el que nos llevó a la guerra civil, no vamos a poder resolverlo”, alerta Bukele. “Tenemos que hacer dos cosas a la par: continuar persiguiendo el delito y recuperar a todos estos jóvenes, sobre todo a los que no han cometido delitos pero están en los círculos de las maras”, concluye.

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Santos y el ELN retoman el diálogo en La Habana

El gobierno colombiano planea alcanzar un cese de fuego con la guerrilla antes de las elecciones del 27 de mayo. El mandatario admite que no sería posible llegar a un acuerdo final antes del fin de su mandato, en agosto.

 

El gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) retomaron ayer sus conversaciones en La Habana, Cuba. El ejecutivo de Juan Manuel Santos espera alcanzar un cese al fuego antes de las elecciones presidenciales del 27 de mayo, dijo el ayer el jefe de su delegación negociadora.


En El Laguito, un exclusivo recinto en el oeste de la capital cubana destinado a dignatarios, negociadores y garantes, se dio inicio al quinto ciclo de conversaciones, que había quedado suspendido en abril cuando Ecuador decidió retirarse como sede de los diálogos. “Este quinto ciclo de reuniones busca acordar un cese al fuego más robusto, que permita llegar a las elecciones en absoluta paz y ponga fin a secuestros, extorsiones, reclutamiento de niños, y ataques a la infraestructura”, expresó Gustavo Bell, jefe de la delegación del gobierno de Colombia. En una declaración a la prensa, Bell recordó, además, que otro de los objetivos de este ciclo es buscar mecanismos para incluir la participación de la sociedad en el proceso.


Santos ya había admitido que no sería posible llegar a un acuerdo final antes del término de su mandato, en agosto. Los esfuerzos del mandatario por mantener las conversaciones en busca de lo que ha denominado la paz completa en Colombia, podrían verse entorpecidos si la derecha, opuesta a estas negociaciones– y que lidera los sondeos–, gana las presidenciales.


Bell dijo que espera que en estas conversaciones pueda llegarse a un momento determinado en que sea la misma sociedad colombiana la que pida y le de continuidad a los diálogos independientemente del gobierno que sea elegido el 27 de mayo.


Por su parte, el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, reiteró la disposición de su organización para sacar la violencia del conflicto y dejó claro que ninguna adversidad va a hacer que se levanten de la mesa. Según dijo, son conscientes de que el único camino viable para una solución política en Colombia es que la vía del diálogo salga adelante.
Sin embargo, el enviado del ELN expresó su preocupación por lo que ve como las dificultades e incumplimientos que enfrenta la aplicación del acuerdo de paz que desarmó y transformó en un partido político a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “De un año a otro ha crecido 20% el asesinato de líderes sociales y opositores y, pese a los reclamos, en vez de contenerse o neutralizarse, toda esta situación va configurando un genocidio de la oposición que actúa en la legalidad”, sostuvo Beltrán. “Comprenderán la preocupación nuestra, porque si a nosotros se nos invita a dejar las armas y a hacer la lucha política en la legalidad, pero nos está esperando ese escenario, deben entender de que no son muchas certezas las que nos esperan”, añadió.


Además de las delegaciones de ambas partes, estaban presentes en la reunión representantes de los países garantes: Brasil, Chile, Noruega y Venezuela. “Alcanzar la paz en Colombia constituye un anhelo histórico de toda la región de América Latina y el Caribe, y el Mundo”, dijo el garante cubano, Iván Mora, que presidía la mesa de conversaciones.
No obstante, el mandatario colombiano, expresó ayer que el proceso de paz de su país es algo que llevará tiempo. “Establecer la paz es como construir una catedral. Para ello se necesita un fundamento sólido y después muy muchos ladrillos”, dijo Santos en un panel que tuvo lugar en el marco del Congreso Anual de los Católicos de Alemania en la ciudad de Münster. Asimismo, destacó que el mayor desafío del proceso será el de convencer a las víctimas para que perdonen a quienes les hicieron daño. “Esto lleva mucho tiempo”,estimó el jefe de Estado colombiano, quien acudió a la jornada católica por invitación Adveniat, una institución de ayuda de los católicos de Alemania para Latinoamérica.


Tanto el gobierno como el ELN se mostraron dispuestos a conseguir un cese al fuego mejor al que lograron en octubre de 2017 y que se extendió por 101 días, hasta enero de 2018, en medio de críticas mutuas de incumplimientos. Al término de aquella tregua el gobierno colombiano denunció una inmediata ofensiva del ELN, que tiene unos 1.500 combatientes.


Las negociaciones se desarrollaban en Quito desde febrero de 2017, pero Ecuador renegó oficialmente como sede y garante el 20 de abril tras inusitados ataques y secuestros realizados por disidentes de las disueltas FARC en su territorio. Ahora La Habana tomó la posta.


La isla caribeña, también acogió durante cuatro años los diálogos de paz con las FARC, que culminaron a finales de 2016.


Cuba tiene los requisitos necesarios para que las negociaciones fluyan: experiencia en el tema, cercanía geográfica, confidencialidad y seguridad, características que destacaron tanto el gobierno colombiano como las FARC durante sus diálogos.


Guerrilla con orígenes cristianos, el ELN nació en 1964 bajo la influencia de la revolución cubana y de uno de sus líderes, Ernesto Che Guevara.


La isla socialista, que estrena a Miguel Díaz-Canel como presidente y sucesor de los hermanos Fidel y Raúl Castro, ya acogió ocho rondas de conversaciones entre el gobierno de Colombia y el ELN entre diciembre de 2005 y agosto de 2007, aunque sin éxito.

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Viernes, 27 Abril 2018 06:19

La nación bifronte vuelve a mirarse

La nación bifronte vuelve a mirarse

El hipercapitalismo tecnoconfuciano del sur y el comunismo dinástico del norte tuvieron algo en común, al menos hasta 1987: férreas dictaduras militares que asesinaron a decenas de miles de personas en nombre de la democracia y la libertad.

Las Coreas están separadas por un escalón: de cada lado suele haber unos cuatro soldados mirándose a la cara con su enemigo mortal, formados como a punto de comenzar un picadito de fútbol. Inexplicablemente, sobre esa línea de 5 metros de ancho, no hay barrera: el guardafrontera que lo quisiera, podría cruzarla, ateniéndose a las consecuencias.


Allí mismo, en una caseta azul dividida imaginariamente a la mitad por el Paralelo 38, se firmó el 27 de julio de 1953 un mero armisticio entre Corea del Norte y EE.UU., del que Corea del Sur fue ninguneada. Es decir que los tres países siguen técnicamente en guerra. Lo más singular de todo esto es que, a partir de esa breve línea de puntos, comenzaron a desarrollarse durante casi siete décadas dos modelos opuestos por el vértice, radicalizándose de manera pocas veces vistas. El hipercapitalismo tecnoconfuciano del sur -que llevó a la tasa de suicidios más alta del mundo desarrollo-, sólo es comparable al ocurrido en el Japón de la posguerra. Y al inédito comunismo dinástico –ese oxímoron– podría emparentarse solo con el extremismo de Pol-Pot en la Camboya de los ´70. A un lado y al otro de esa raya, los dos modelos opuestos por el vértice tuvieron algo en común, al menos hasta 1987: férreas dictaduras militares que asesinaron a decenas de miles de ciudadanos, en ambos casos, en nombre de la democracia y la libertad.


Lo que sucedió hoy en ese lugar donde las Coreas se rozan físicamente –la Zona Desmilitarizada, que es la más militarizada del mundo– no es nuevo. En el año 2000 hubo una histórica reunión entre Kim Jong Il –padre del actual líder norcoreano– y Kim Dae-jung, presidente de Corea del Sur, en la cual acordaron una zona económica común, donde el sur ponía el capital y el norte el trabajo. Pero al poco tiempo se discontinuó. Incluso el sur dio apoyo alimentario al norte para paliar la hambruna que generó el colapso de la Unión Soviética. El objetivo actual sería llevar la situación a ese momento otra vez, con alguna mejora. Porque en estos diez años la situación se fue tensando con dos crisis muy peligrosas: el hundimiento en 2010 de un barco de la Marina de Guerra surcoreana (por parte de Corea del Norte) y la escalada verbal y twitera entre Kim y Trump que hizo temblar al mundo, mientras se advertían uno al otro que tenían el botón nuclear más grande.


Pero la exitosa estrategia de Kim Jong Un -inaugurada por su padre en los ´90- fue la del “perro que ladra” y a lo sumo tira un tarascón. Y no podría haber sido distinto, porque un enfrentamiento hubiera equivalido a un suicidio personal por parte de Kim y la destrucción de su régimen en cuestión de horas. Claro que, él también podría reducir Seúl a cenizas, con o sin bomba atómica. Con la muerte del padre del actual líder norcoreano, Estados Unidos creyó ver una posibilidad de hacer caer al gobierno y reforzó presiones políticas y económicas. Pero Corea del Norte se recostó en su socio histórico, la China “comunista”.


China, por su parte, no desea una violenta caída del régimen de Corea del Norte, porque además de una posible catástrofe humanitaria en la frontera, ello implicaría la reunificación y tener en su patio trasero la influencia directa de su principal adversario en esta nueva Guerra Fría económica con EE.UU. Pareciera que para el líder chino Xi Jing Ping, el presidente Kim se habría pasado de la raya, creándole un problema grave en esa singular relación que tiene con EE.UU., de adversidad y sociedad a la vez.


Paradójicamente, el último capítulo de la Guerra Fría del siglo XX, se sigue peleando en la península coreana, ahora como caja de resonancia de conflictos que no estallan nunca de manera directa.


El fin último de Kim fue siempre negociar: no es un líder revolucionario inspirado en el internacionalismo socialista, sino un reyezuelo formado en las escuelas más caras de Suiza, fanático de la NBA: en 2014 se dio el lujo de invitar a su país a Dennis Rodman, el legendario basquetbolista, quien contó que Kim lo llevó en un yate a una especie de Ibiza norcoreana donde tomaban el whisky más caro del mundo rodeados de mujeres. La estrategia del norcoreano fue tensar la cuerda al máximo -encontró en Trump el adversario ideal- y adquirir una posición de fuerza que se podría resumir en una frase: “si me atacan explotamos todos”.


A esta situación se le sumó una carambola histórica. En Corea del Sur gobernó hasta el año pasado Park Geun-hye, hija del gran dictador surcoreano, con un perfil ultraconservador y nacionalista: no era la persona ideal para impulsar la paz. Pero antes de la mitad de su mandato, la presidenta cayó por un caso de corrupción que la llevó a la cárcel junto con el principal dueño de Samsung, Lee Jae-yong. Esto allanó el terreno para que ganara las elecciones adelantadas Moon Jae-in, un antiguo luchador por los derechos humanos quien, para el arco político surcoreano, sería un líder de centroizquierda y pacifista que nunca respondió a las provocaciones verbales de Kim y se dedicó a poner paños fríos.


El surcoreano Moon le dejó claro a Donald Trump que, cualquier decisión por parte de EE.UU, antes debía ser consultada con él. Las Olimpiadas de Invierno en Corea del Sur fueron el momento ideal para un gesto de distensión que pareció espontáneo. Y a partir de allí, la crisis comenzó a enfriarse.


¿Podría ser distinto esta vez el acercamiento? Quizá sí. Corea del Norte tiene ahora una posición de fuerza, algo para ceder. Y ya aseguró que lo hará: se desnuclearizará. La segunda pregunta es “¿no recibirán nada a cambio?”. El retiro de las bases norteamericanas de Corea del Sur es un reclamo de máxima inalcanzable. ¿Entonces para qué Corea del Norte invirtió millones de dólares en una tecnología de guerra que ahora abandonará? ¿Cederán todo para terminar parados otra vez en el mismo lugar que antes de todo esto? No. Porque Kim estaría recibiendo algo nuevo: el compromiso de no ser invadido para no terminar como Saddam Hussein o Muamar Khadafi. Esta vez se firmaría un tratado de paz formal y definitivo, que será alimentado con más gestos políticos y el surrealista próximo encuentro entre Kim y Trump.


Pero a nivel de placas tectónicas geopolíticas, una vez más, aquí chocan China con Estados Unidos, y también confluyen. Resultado de que los misiles norcoreanos aterrizaran en el Mar de Japón el año pasado, este país estaba a punto de reformar su constitución para poder armarse, un impedimento que acarrean desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. A ninguna de las potencias implicadas -incluyendo a Rusia- le agrada la idea del rearme japonés: liberar tensiones en el Paralelo 38 le conviene hoy a todo el mundo. Por último, para interpretar este momento, hay un dato central: antes de cualquier movida en el tablero, el Kim viajó en tren a Beijing para reunirse con el presidente Xi Jinping, quien quizá sea el que más mueve los hilos por detrás de la escena pública.


Corea del Norte tratará de reinventar su economía hacia el modelo chino -manteniendo la represión o acaso aflojándola un poco- y el presidente Moon, si tuviera el poder suficiente, podría impulsar cambios internos más de fondo -que ha insinuado-, terminando de democratizar una sociedad históricamente entregada a los lazos corruptos entre el poder político y los grandes grupos económicos -los chaeboles-, cuyos líderes estatales y privados han terminado casi todos tras las rejas, pero liberados al poco tiempo con indultos y reducciones de pena. De momento -y por un buen rato- Corea seguirá siendo una nación con dos caras, las de una moneda anacrónica que sigue girando en el aire desde 1953, sobre un polvorín nuclear, sin terminar nunca de caer.


Por Julián Varsavsky, coautor con Daniel Wizenberg del libro Corea, dos caras extremas de una misma nación.

 

Publicado enInternacional
Sábado, 31 Marzo 2018 10:08

Colombia en la cuerda floja

Colombia en la cuerda floja

El asesinato sistemático de líderes sociales con 282 víctimas en el 2017, la falta de garantías de derechos humanos, la corrupción, la falta de un gobierno abierto, entre otros aspectos importantes en un Estado de derecho, ubican a Colombia cada vez más por debajo de lo aceptable en el ranking anual del Índice de Estado de Derecho, de acuerdo con el World Justice Project.



El pasado 31 de enero, el World Justice Project (WJP)*, publicó el informe de Índice de Estados de Derecho 2017–2018, estudio realizado a partir 113 países considerados en ocho factores: Límites al poder gubernamental, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil, y Justicia penal. En Colombia, producto de quienes detentan el poder, la coyuntura nacional es cada vez más preocupante en términos de la violación de los derechos humanos y de los escándalos políticos y económicos, con una justicia que se queda corta cuando se trata de condenar a los agentes del poder.

 

Colombia en la cuerda floja. Las puntuaciones entre estos 113 países pueden compararse a nivel global y regional. En el rango global, Colombia se ubica en el puesto 72, y a nivel regional en el puesto 19, de 30 países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, hay algo que llama la atención y es el descenso que tuvo el país en los últimos años, que más allá de ubicarlo en un puesto, evidencia las graves problemáticas presentes, la falta de derechos y la ausencia de un control real y eficiente que garanticen una vida digna y una democracia real, un descenso de 10 lugares como el registrado por Colombia en tan solo 3 años significa que más allá de las cifras, la realidad es preocupante. En el 2016, el país se ubicó en el puesto 71 y en el 2015 en el 62. (Ver Tabla 1)

 

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Lo que significa que Colombia no está mejorando en términos de democracia y derechos fundamentales, sino que, por el contrario, es un país cada vez más absorto por la corrupción y los criminales que carcomen a cada uno de los estamentos políticos y sociales, sin que nadie salga afectado, excepto el pueblo mismo.

 

Si bien no hay Estados de derecho perfectos, Colombia, en su supuesta transición hacia la paz, tal como dice el dicho popular “tras de gorda, inflada”: tiene un gobierno que hace y deshace, según su conveniencia. Un gobierno, que como es público, es ilegítimo en tanto el patrocinio recibido por Santos de parte de Odebrecht –al igual que su anterior jefe Álvaro Uribe Vélez–; gobierno que no cumple con su compromiso de restituir la tierra a campesinos, comunidades afro e indígenas, afectadas por el conflicto armado, ni con proteger la vida de los líderes sociales, hoy amenazados, hostigados y asesinatos; país, por demás, donde las investigaciones sobre los falsos positivos y las famosas chuzadas no pasan de ser primicias de periódicos y canales de televisión.

 

Para entender los valores y los 8 aspectos evaluados por WJP, cabe aclarar que 1 es la mejor calificación y el rango por nivel de ingreso corresponde a otros países que ingresaron en el ranking junto con Colombia, tal como Albania, Turquía, Rusia, Rumania, entre otros.

 

Aspectos evaluados

 

Límites del poder gubernamental: mide la capacidad de decisión que tienen quienes gobiernan desde la instancia judicial, desde el poder legislativo, las sanciones por mala conducta, la auditoría independiente, los cheques no gubernamentales y la transición legal de la potencia.

 

Ausencia de corrupción: Este aspecto es especial, dada la coyuntura en el país. Con éste miden el nivel de corrupción presente en los estamentos judiciales, legislativos, ejecutivos y en las fuerzas militares y de policía; de estos, el poder judicial es el estamento con los mayores indicadores de corrupción.

 

Gobierno abierto: en este punto se evalúa el derecho a la información, la participación cívica y los mecanismos de queja y/o reclamo a los que puede acceder la población.

 

Derechos fundamentales: uno de los temas más sensible luego de firmados los acuerdos de paz. El World Justice Project, define este aspecto tomando como referentes la discriminación, el derecho a la vida y seguridad, el debido proceso legal, la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho a la privacidad, la libertad de asociación y los derechos laborales.

 

Orden y seguridad: en este caso se tiene en cuenta la ausencia del delito, ausencia del conflicto civil y la ausencia de la reparación violenta.


Cumplimiento regulatorio: se mide la reglamentación de efectiva aplicación, sin influencia inapropiada, sin demoras injustificadas y el respeto del debido proceso.

 

Justicia civil: corresponde a la accesibilidad y asequibilidad, no discriminación, sin corrupción, sin influencia gubernamental indebida, sin retrasos irrazonables y aplicación efectiva.

 

Justicia penal: evalúa los mismos aspectos de la justicia civil, con la variación de incluir las investigaciones efectivas, la efectividad del sistema correccional y la oportuna y efectiva adjudicación.

 

El espectro de la justicia en Colombia es cada vez más limitado y banal, a nivel internacional se evidencian las falencias gubernamentales y las denuncias e informes se quedan ahí, da lo mismo ver que Holanda, Dinamarca y Suecia ocupan los mejores lugares, países con los mejores gobiernos y condiciones de vida y, a su vez, ver países como Colombia donde la justicia y la democracia formal penden de un hilo y son cada vez más ajenas a la vida digna de las personas.

 

De acuerdo con el fundador y CEO del WJP, William H. Neukom “El Estado de Derecho es la base para que las comunidades gocen de paz, igualdad y oportunidades”, sin embargo, el pasado 7 de marzo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se refirió a las 282 personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en Colombia, registradas desde el 2016 hasta lo que va del 2018. El Alto Comisionado enfatizó en los más de 20 informes de crímenes en este primer trimestre del año, por lo que calificó de “alarmante” la situación, la cual esperan denunciar de manera oficial el 21 de marzo.

 

 

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Lo complejo del asunto

 

Firmados los acuerdos con las Farc, Colombia es agenda tanto para los medios de comunicación como para los distintos organismos internacionales. En su transición a la paz y una vez acordada la finalización de la confrontación armada con las Farc, las realidades de quienes habitan este país deberían ser muy distintas o por lo menos, muy lejanas a la muerte, la desaparición y hostigamientos sufridos durante años. Sin embargo, el panorama es desalentador y evidencia los verdaderos problemas de fondo.


Como otra parte del horror que vivimos, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente informó el pasado el 6 de marzo, el asesinato en nuestro país durante el 2017 de 32 defensores del territorio y el medio ambiente, a lo que el Alto Comisionado de la ONU precisó que no solo es la defensa del medio ambiente, también es la defensa de la vida, la salud, el agua, la higiene, la alimentación y demás derechos culturales, políticos y civiles. Cabe resaltar que son las comunidades campesinas, afro e indígenas a quienes más les violentan el derecho al territorio.

 

Ante tal problemática, la ONU plantea que el cambio empieza en cada uno de los colombianos, que solo así puede detenerse el asesinato de quienes luchan por una vida mejor; sin embargo, ante la amenaza de muerte que acecha constantemente a quienes lideran el verdadero cambio, una justicia y una democracia real de todos y para todos, hace falta cuestionar los modelos económicos y políticos a los que está sometida Colombia e, incluso, el mismo acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc.

 

Aunque, según William H. Neukom, “Ningún país ha logrado, mucho menos sostenido, un Estado de Derecho perfecto. El Índice de Estado de Derecho del WJP es un primer paso para establecer puntos de referencia, informar y encaminar reformas, y para enfatizar la importancia fundamental del Estado de Derecho”.

 

* El World Justice Project es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para fortalecer el Estado de Derecho en el mundo. Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza, y protege a las personas de las injusticias. El Estado de Derecho es la base para alcanzar comunidades que gocen de paz y oportunidades, y es el fundamento para el desarrollo del capital humano, un gobierno responsable, y el respeto a los derechos fundamentales.

 

 

Publicado enEdición Nº244
Martes, 13 Marzo 2018 06:33

Colombia tras el Conflicto

Colombia tras el Conflicto

El Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Colombia y el mayor grupo guerrillero del país, las FARC, disparó las expectativas de conseguir por fin una paz estable y duradera. No obstante, se impone la dura realidad del desplazamiento, la enorme brecha social existente que se manifiesta de manera especial entre el entorno rural y la ciudad y la incertidumbre de la futura acción de otros grupos armados, lo que suponen una seria amenaza de cara a mantener este logro. Paralelamente, España experimentó durante el año 2017 un incremento de hasta 2.500 solicitudes de asilo de ciudadanos colombianos, cifra por delante incluso de las delos nacionales de países en conflicto como Siria o Ucrania. ¿Se puede establecer una conexión directa entre ambos fenómenos?


UNA REALIDAD INCÓMODA


A finales de 2016 tuve la oportunidad de visitar la región del suroccidente de Colombia, conformada por los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo. Concentra la sexta parte de la población colombiana (8 millones de habitantes aproximadamente) y un poco menos de la séptima parte del PIB nacional. Concretamente, visité los departamentos de Valle del Cauca y Cauca.


El viajero que llega a la región, comprende rápidamente que se trata de una zona de carácter estratégico debido a la presencia extendida de cultivos y negocios ilícitos, a la vez de actores armados como las desmovilizadas FARC, el ELN y grandes bandas criminales llamadas también BACRIM…, etc. Toda la región en sí constituye un corredor para el tránsito de estos grupos y los productos con los que trafican, ya que conecta la cordillera y las zonas de producción o extracción con el pacífico y los grandes puertos y rutas de salida. El propio gobierno, consciente del crecimiento y expansión de la acción de estos grupos, ha pasado a denominarles Grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos Armados Organizados (GAO), sin querer bajo ningún concepto, dotarles de estatus político alguno1. Dentro de esta área geográfica descrita, se encuentra por ejemplo el municipio de Tumaco en el departamento de Nariño, que es el municipio con mayor número de homicidios de toda Colombia2 .


Los principales problemas de la región, que inciden en gran medida en la violencia y el desplazamiento, se pueden resumir en 3 grandes bloques:


• Problemas derivados de los cultivos ilegales. El departamento del Cauca tiene numerosas extensiones de cultivos ilícitos. Recientemente, se ha popularizado el cultivo de una variedad de marihuana llamada creepy que es muy adictiva y perjudicial para la salud3


• Problemas derivados de la titularidad de las tierras. Este problema se arrastra desde los tiempos de la colonización española y genera conflictos, protestas y violencia; fundamentalmente entre colectivos indígenas y las fuerzas del ejército. Véase como ejemplo el conflicto por la Hacienda La Emperatriz4 . De hecho, la apropiación indebida de recursos y en concreto las tierras, es un mal endémico en Colombia del que no se atisba una fácil solución a medio plazo.


• Problemas derivados de las actividades de minería ilegal. Centrada principalmente en la extracción de oro y de tierras raras como el "coltán". Se trata de una industria criminal con grandes impactos ambientales. Afecta de manera ostensible al tejido social por las consecuencias que lleva aparejadas: prostitución, abusos, explotación, trabajo infantil5… La reciente bonanza minera que experimenta el país puede ser un caldo de cultivo excepcional para seguir retroalimentando el conflicto en los próximos años.


Existen municipios muy paradigmáticos en relación a estas actividades y al desplazamiento que producen en la región de la que hablamos, como es el municipio de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, donde se situaban las llamadas "casas de pique", donde se producían asesinatos y torturas del modo más cruel y despiadado. Referente a este caso específico, se puede consultar el informe de la ong Human Rights Watch del año 2014 sobre La crisis en Buenaventura. Desapariciones, desmembramientos y desplazamiento en el principal puerto de Colombia en el Pacífico6.


Llama poderosamente la atención que Colombia a día de hoy alberga a más de 7 millones de desplazados internos por causa de la violencia7 y 8 millones de víctimas aproximadamente, siendo indiscutiblemente el primer país del mundo en las referidas estadísticas. Aunque ya no se producen desplazamientos masivos, sigue constituyendo una problemática de enorme calibre.


El gobierno trató de dar una respuesta al fenómeno y ésta llegó en forma de la ley 1448 del año 2011, que ha supuesto un punto de inflexión en el tratamiento a este colectivo. Se trata de un proyecto de atención integral a la víctima ciertamente novedoso y con muy buenas intenciones. Los principios de ésta norma son la Reparación, Asistencia, Verdad y No Repetición del hecho violento. La ley marca un límite de ámbito temporal y es que tiene que referirse a hechos sucedidos después de 1985, para los hechos anteriores sólo puede accederse a la verdad de lo sucedido. Dicha ley, en un principio sólo acogía a los hechos perpetrados por los grupos del conflicto pero gracias a una batalla en la Corte Constitucional en la que instituciones como el CICR tuvo un destacado papel, se amplió el ámbito de actuación a un amplio grupo de víctimas y de grupos perpetradores.


No obstante, el tratamiento de la población desplazada genera algunos importantes retos y desafíos. En mi viaje por tierras vallecaucanas tuve la oportunidad de comprobar in situ el estado de la cuestión en la ciudad de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca. Allí me entrevisté con distintos actores que trabajan sobre el terreno con la población desplazada como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA), el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali y la Oficina de Atención a las Víctimas que depende de la Alcaldía de Cali. Todos ellos se mostraron moderadamente optimistas aunque conscientes y realistas respecto de los retos que se plantean de cara al futuro.


En esta ciudad, pude comprobar como las cifras del desplazamiento han disminuido ostensiblemente desde el fin del conflicto. Si bien el 2013 se recibía un promedio de 300 familias desplazadas al mes, en el año 2016, esta cifra había caído hasta 25 o 30. No hay que olvidar que las grandes ciudades como Bogotá, Medellín o Cali son las grandes receptoras de los desplazados en Colombia. En la ciudad de Cali, se produce el fenómeno de que los desplazados afrodescendientes buscan la orilla del río Cauca (distrito de Aguablanca) como lugar de asentamiento mientras que los desplazados indígenas prefieren las laderas de la cordillera (Siloé), en un intento de reproducir el hábitat que dejaron atrás en sus localidades de origen. Se acaban formando cordones de miseria alrededor de las ciudades. El riesgo patente es que el conflicto se vuelve a reproducir en la ciudad de acogida, lo que genera lo que viene a denominarse "conflicto intraurbano" y un nuevo desplazamiento. Los desplazados viajan con todo su bagaje anterior, en ocasiones se vuelven a reunir en el nuevo lugar de acogida el agente perseguidor y el perseguido y existe el riesgo de que se reproduzcan los esquemas que originaron el desplazamiento inicial. Por lo tanto, se produce en cierta manera una revictimización del desplazado. Consecuentemente, muchos de los desplazados se ven abocados a abandonar el país en dirección a Chile, Ecuador o Europa, con destino incierto.


En el área en la que trabajan los actores entrevistados, la situación de conflictividad es especialmente complicada en la zona de Buenaventura (Valle del Cauca, antes ya mencionada8 ) y áreas limítrofes del departamento del Valle del Cauca con el del Chocó, río San Juan. Me hablaban ejemplos recientes de desplazamientos masivos, como el que se produjo en diciembre de 2015 de miembros de la etnia Wounaan desde la comunidad de Taparalito9 hacia Buenaventura por amenazas del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Hoy, basta consultar cualquier agencia especializada como la OCHA o entidades como el Consejo Noruego para los Refugiados para comprobar que los desplazamientos siguen teniendo lugar en muchas áreas geográficas del país. Preocupa de manera especial la situación del Bajo Cauca Antioqueño donde en lo que llevamos de años, se ha producido el desplazamiento de más de 800 personas por causa de enfrentamientos entre grupos armados. Tampoco cesa la sangría que supone el asesinato de líderes sociales a lo largo del país. 2017 cerró con la cifra de 170 líderes sociales y defensores de paz muertos de manera violenta, siendo los municipios más afectados los de Cauca, Nariño y Antioquía.


Y es que la retirada de unos de los principales contendientes en el conflicto colombiano abre otros riesgos y amenazas siendo la principal que esos espacios y vacíos sean ocupados por otros grupos armados. Así otros grupos armados como el ELN, paramilitares o bandas de delincuentes podrían estar intentando ocupar el terreno abandonado por las FARC para extender su ámbito de influencia. Los enfrentamientos armados entre las fuerzas gubernamentales y el ELN están ocasionando graves violaciones de los derechos humanos al mismo tiempo que provoca el desplazamiento masivo de poblaciones y comunidades enteras. Y qué decir de las grandes bandas criminales (denominados GAO) o de las bandas paramilitares reconvertidas en grupos más pequeños heredando los negocios ilícitos que tradicionalmente venían desarrollando, de las cuales el máximo exponente es el de las llamadas "Autodefensas Gaitanistas de Colombia" o "Clan Úsuga" aunque sin dejar de mencionar a otras como "La Empresa" en Buenaventura o las "Águilas Negras", o las propias disidencias dentro de las desmovilizadas Farc.


Por lo que respecta a la situación en el conflictivo departamento del Cauca, se puede decir el conflicto ha bajado mucho en intensidad. Conviene tener en cuenta que se trata de un departamento en el que la población es de origen rural en un 70% y origina más de 300.000 desplazados. El repliegue de las FARC por los acuerdos de paz y posterior acomodo del ELN en este departamento y especialmente en el sur, es un ejemplo del fenómeno que describía anteriormente de ocupación del "vacío de poder" por parte de otros grupos. Esto trae algunas repercusiones negativas para la población ya que en los territorios que ocupaba la mencionada guerrilla, ésta ejercía cierta autoridad, aunque fuese discutible, y por ejemplo, avisaba a la población civil de dónde se encontraban las minas, etc. Con su retirada, esta peculiar labor de "tutela" a la población deja de producirse. Los municipios más afectados dentro del departamento son los siguientes: Guapí, Santander de Quilichao, El Tambo, Corinto…


En conclusión, aunque resulta encomiable el interés de las autoridades en cerrar un capítulo tan oscuro en la reciente historia de la República de Colombia, suscribiendo un acuerdo de paz con uno de los principales grupos, no se puede infravalorar la amenaza que supone la propia existencia de otros grupos armados, generalmente de carácter paramilitar, a los que se les quiere negar entidad política calificándoles de simples grupos de delincuencia pero que son ciertamente poderosos y de cualquier manera, imponen su ley en determinadas áreas de la geografía colombiana. En este sentido, las autoridades colombianas no han sido previsoras de cara a ejercer la autoridad en estas áreas del país anteriormente tuteladas por la acción de estos grupos armados.


Igualmente, es de destacar el esfuerzo en la atención a las víctimas del conflicto, aunque ésta se revela en ocasiones insuficiente y en todo caso no es proporcional a la magnitud del problema. Faltan recursos para atender a las ingentes cifras de población desplazada existentes aún hoy en día y, fundamentalmente, medidas de intervención que, superando una acción puramente asistencialista, faciliten su reintegración en el tejido social o incluso su retorno en condiciones de seguridad a los puntos de origen, evitando la formación de ghettos y barrios marginales en las ciudades de acogida.


La última cuestión es determinar si existe alguna conexión entre estos factores de violencia descritos y el repunte en las llegadas de ciudadanos colombianos solicitando protección en Europa y más en concreto en España. Aún es pronto para extraer conclusiones. Pueden influir diversos factores, entre ellos el de que desde principios de 2016 ya no es necesario para los colombianos tramitar un visado antes de emprender viaje hacia el espacio Schengen. Concurren además diversos factores como la ausencia de presencia estatal en amplias zonas del país, la desafección del ciudadano medio con la política en general y sus instituciones así como la existencia de importantes bolsas de pobreza y desigualdad que crecen al calor de los grandes núcleos de población. Sin lugar a dudas, existen numerosos factores de expulsión que empujan a la población, principalmente de origen rural, hacia los grandes núcleos poblacionales del país. Con estos movimientos internos, las dinámicas de violencia se trasladan del ámbito rural al ciudadano, incapaz éste último de absorber un flujo migratorio de tal calado. Se genera por tanto nuevamente el entorno propicio para que los desplazados tengan que plantearse nuevamente la decisión de buscar nuevos horizontes para encontrar un futuro mejor.


Por Alfredo Campos
Abogado especializado en Extranjería, Asilo y Derechos Humanos.

publicado
2018-03-13 08:30:00


Notas:
1Análisis de la Directiva Permanente No. 15 de 22 de abril (Ministerio de Defensa Nacional) Disponible en: http://www.acpaz.org/wp-content/uploads/2016/05/Directiva-15-de-2016-rev-2.pdf
2Sobre la violencia en Tumaco, artículo de El Confidencial disponible en: http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-08-08/colombia-tumaco-crimen-narcotrafico-america-latina_1242666/
3Video sobre reportaje realizado en el Departamento del Cauca, en relación a los cultivos ilegales de Marihuana. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=exMRv_7LELc
4Video sobre reportaje del caso de la Hacienda la Emperatriz. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_RXowqNkCnU
5Vídeo sobre operación de las fuerzas de seguridad contra dispositivo de extracción minera ilegal. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=R0DE2VG5EM8
6El informe completo puede consultarse en: https://www.hrw.org/es/report/2014/03/20/la-crisis-en-buenaventura/desapariciones-desmembramientos-y-desplazamiento-en-el
7Fuente Internal Displacement Monitoring Center (2017), se puede consultar en: http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2017/?source=twitter
8La ciudad de Buenaventura ha sido testigo en fechas recientes de una revuelta social. Se puede consultar la noticia en diario digital El País: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/20/colombia/1495288516_224260.html
8Puede ampliarse información en el siguiente enlace: https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/article/comunidad-wounaan-de-taparalito-litoral-de-san-juan-en-emergencia-por

Publicado enColombia
Jueves, 08 Marzo 2018 08:58

Las comisiones de verdad, a medias

Las comisiones de verdad, a medias

Tras cada conflicto armado las comisiones de verdad han tomado forma, todas ellas arrojan como resultado que la violencia sufrida por las mayorías de cada sociedad es producto de acciones individuales, excusando al sistema político, económico y militar vigente de su responsabilidad estructural, ¿repetirá Colombia está senda?

Las comisiones de verdad ya son una parte del paisaje de las situaciones de posconflicto o posacuerdo más bien. Al fin de los conflictos se espera que organicen una comisión para explicarnos lo sucedido, como si ya no lo supiéramos. Las comisiones son necesarias para dar una versión oficial de la verdad que se impone sobre la versión de las organizaciones populares o de las antiguas insurgencias.

En el caso de Irlanda no hubo ninguna comisión, pues el gobierno británico rechazó la idea, seguramente porque el proceso como tal y el acuerdo ya contenía su versión de la verdad, que los británicos están en Irlanda para mantener a la raya dos comunidades de salvajes que no saben convivir en paz. Por supuesto, quedaron algunos hechos sin resolver y montaron un equipo policial para investigarlos, y una comisión judicial para investigar la masacre de 13 civiles delante las cámaras de televisión en Derry. Dicha comisión concluyó que algunos soldados de un regimiento de élite perdieron control durante media hora en un contexto urbano y el Estado no tenía ninguna responsabilidad más allá del accionar de sus funcionarios militares de bajo rango.

Sudáfrica, sin embargo, era otro caso y es el referente para muchos sectores que clamaron por una comisión de verdad en Colombia. Lo presentan como el mejor caso. Sin lugar a dudas existen cifras sorprendentes sobre la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica (CVR), no menos la cantidad de casos tratados por dicha comisión. Sin embargo, la verdad no es la suma de violaciones de derechos humanos ni las declaraciones de unos cuantos victimarios. La verdad es mucho más. Una comisión de verdad debe responder a varias preguntas, quién, cuándo, dónde, cómo, frente a hechos individuales, como es obvio. Pero debe hacer esas mismas preguntas respecto a esos hechos individuales como parte de un conjunto de actos cometidos en nombre del Estado, el sistema económico y político, es decir, nos debe explicar el por qué. Desde sus inicios la comisión sudáfricana descartó esa posibilidad. No juzgó al apartheid, aunque lo describe como un crimen de lesa humanidad, y tampoco a los beneficiarios, los empresarios, los políticos blancos y mucho menos el capital transnacional. Fueron excluidos explícitamente. El sistema no tiene ninguna responsabilidad, solo sus funcionarios, violadores de los derechos humanos. Pero no debemos nombrar el sistema ni a sus máximos responsables.

“Victimarios y victimas aparecen delante la CVR como individuos con sus historias ‘personales’ representados en términos de una clara dicotomía moral. Esto separa las causas del conflicto de la estructura, socavando la base colectiva de las luchas de resistencia civil, fragmentando la fuerza ideológica y moral de las luchas de la gente en un puñado de hechos y acciones llevados a cabo entre victimarios y víctimas individuales”1.

Hubo un intento de incluir una mención de F.W. de Klerk como victimario, pero éste obligó en los juzgados a la CVR a retirar la referencia de su borrador inicial antes de su publicación.

Eso tuvo consecuencias, no solo en la visión de sociedad que tienen los protagonistas, sino también en otros hechos posteriores. En 2012, la policía sudafricana asesinó a 34 mineros en Marikana. El gerente de la empresa era Cyril Ramaphosa, antiguo militante del sindicato minero, hoy día magnate del sector minero, vicepresidente de Sudáfrica y futuro presidente. La investigación exoneró a Ramaphosa, la empresa y culpó a algunos policías. Tal y como nos expliquemos el pasado así mismo procederemos con el futuro. Así la CVR nos llevó por el camino de la impunidad hasta llegar a la masacre de Marikana.

Entonces, ¿Cómo será la Comisión de la Verdad creada como parte del proceso de paz en Colombia? Esa comisión no es una copia exacta de la sudafricana, pues no tiene poderes judiciales de ninguna clase, no puede ofrecer amnistías ni compulsar copia a la Fiscalía. Su papel es investigativo, pero con fines de publicar un informe sobre la “verdad” del conflicto, pero no pretende llegar a una verdad judicial, eso le corresponde a la JEP, pero como en Sudáfrica la JEP abordará los casos como una serie de hechos individuales, donde premian a los victimarios con condenas reducidas por su colaboración, aun en casos donde no han dicho mayor cosa.

Cuando se anunció la composición de la Comisión, algunos se alegraron por la presencia del escritor Alfredo Molano y de su presidente, el cura jesuita Francisco de Roux. Ninguno de los dos personajes son causa de celebración. Molano ha documentado el conflicto, escribe bien pero no confronta al establecimiento. En su libro En medio del Magdalena Medio alaba a los empresarios palmeros, al Banco Mundial y el Banco de Japón. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? De Roux juega un papel más importante y él ya nos arrojó algunas luces sobre cómo será la Comisión. Ante todo, valga recordar, que él cree en el deber moral de las víctimas de perdonar a sus victimarios.
En declaraciones recientes ha explicado como ve el papel que jugaron los militares y los empresarios en el conflicto. En un primer momento pidió perdón a los militares y empresarios porque, según él, fue injusto con ellos pues no fueron todos, sino, unos pocos los que cometieron crímenes. Aquí nos señala que, igual que en Sudáfrica, van a mirar al conflicto como un acumulado de hechos aislados e individuales. De Roux afirmó, en declaraciones a la prensa, que la tarea de la Comisión es “esclarecer responsabilidades y promover el reconocimiento voluntario de responsabilidades”2. De nuevo estamos ante un proceso de hechos aislados y, además, reconocimientos voluntarios. Si los militares y los policías no han reconocido jamás su papel y su responsabilidad ante los juzgados, ¿quién cree que de repente van a salir a confesar ante la Comisión?

Para De Roux, “El objetivo de la comisión es la verdad humana, no la jurídica, que define culpables y da sentencia con “el debido proceso”, muchas veces lejano de la realidad y construido técnicamente por jueces y abogados”3. Aquí señala claramente que la Comisión es de opinión y no piensan definir culpables. Ya sabemos cuál es su opinión. Aquí todos hicieron todo, en todos lados muchos sufrieron, todos tenemos algún grado de responsabilidad y, por lo tanto, nadie en particular es responsable. Este tipo de condenas, generalizadas, absuelven.

Claro, De Roux no descarta identificar responsables individuales, no lo puede evitar, el asunto es –cuando llegamos a definir los responsables– si incluimos al sistema, al modelo económico, o no. Pero él ha sido muy claro sobre los propósitos de la Comisión; después de una reunión dijo que “la comisión ratificó que actuará “con rigor objetivo, reconociendo el sufrimiento de las víctimas de todos los lados del conflicto”4. Lo que obliga a precisar que los militares no son víctimas, son participantes en el conflicto, el militar muerto en combate no es víctima. El Ministro de Defensa salió contento de la reunión y dijo que “después de un diálogo franco [...] quedó claro que lo que pretende la comisión es la búsqueda de la reconciliación”5.
¿Con base en qué buscarán la reconcilia-ción? Aquí el Estado persigue al movimiento popular, encarcela a sus integrantes, desplaza a la gente, toma sus tierras, aprueba para ello leyes que legalizan el despojo, y otras leyes para seguir robando –ya desde la legalidad– y destruir cualquier propuesta alternativa. De ahí que no sea descabellado decir que entre un modelo de terratenientes, empresas mineras, latifundistas, empresas palmeras y un modelo propuesto por las organizaciones campesinas no exista reconciliación posible. Aquí De Roux quiere embobar con frases bonitas, pues la reconciliación suena bien, salvo que es una reconciliación forzada, donde las víctimas deben perdonar, como él propuso en otros momentos, pero no es reconciliación, es una fachada para continuar con lo de siempre.

En otros espacios ha hablado de la paz interior, de conflicto entre militares y civiles, pero nunca del modelo económico ni de sus máximos responsables. Colombia resume un conflicto que generó odios, no riquezas ni ganancias. Este tipo de discursos nos lleva por el mismo camino ya vivido en Sudáfrica: la estabilidad del sistema es lo más importante y debemos tratar el conflicto como una serie de dolores individuales y de odios que llevamos dentro. De esta manera, en tres años, cuando entreguen su informe, dirán: “Unos hermanos llevados por el camino del odio cometieron crímenes atroces, unos contra los otros, y deben superar su odio personal”. Y los empresarios en Bogotá, Nueva York y otras ciudades partirán la cara de risa.

 

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1 Grunebaum, H. Et al. (2009) Outside the Frames: The Politics of Memory and Social Recovery after Apartheid publicado en alemán en Ambacher, J.E. & Khan, R. (Eds) Südafrika –Nach der Apartheid– die Grenzen de Befreiung: Berlin, Verlag Assoziation A, 2010, pp 2-3 (copia electrónica).
2 El Tiempo (09/11/2017) Estas son las once personas que conformarán la Comisión de la Verdad
3 El Tiempo (16/11/2017) Empieza la Comisión de la Verdad.
4 El Tiempo (19/12/2017) Comenzó el diálogo entre Comisión de la Verdad y las Fuerzas Armadas
5 Ibíd.

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