La economía del bienestar y la política económica colombiana

Corridos dos meses y algunos días del gobierno de Iván Duque, con sus anunciadas reformas nos permite entender sus reales propósitos al frente de la jefatura nacional, a pesar de su conciliadora forma de hablar. Las reformas pensional, en salarios y en impuestos están pensadas para favorecer a los más ricos y embaucar a los más pobres. Lejos de un necesario Estado de Bienestar nos adentramos en uno cada vez más excluyente e injusto.

 

En momentos en que políticas claramente regresivas en lo social y colectivo ganan espacio por todo el mundo, el debate sobre la función del Estado retoma vigencia. En Colombia, como parte de ese todo conocido como planeta Tierra, las regresiones sociales siempre están a la orden del día, y el gobierno de Iván Duque no se aleja de ello, tanto con la anunciada ampliación del IVA a todos los productos, incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales; como con la pretensión de clientelizar aún más la entrega de subsidios a los sectores más requeridos de ellos, así como con una reforma pensional que pretende incrementar los años de edad y trabajo para poder acceder a pensión, a la para que acabar Colpensiones, dejándole libre tal “negocio” al capital nacional e internacional.

 

De esta manera, con un gasto social cada vez más manipulado, ineficiente por sus montos pero también por la canalización que del mismo logra el sistema financiero, el actual gobierno apunta hacia crear mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora.

 

El Estado de Bienestar

 

Estamos ante todo un contrasentido. Como es conocido, el gasto público social es muy importante para hacer del capitalismo un modelo económico sostenible. Aquel gasto que se destina a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos se conoce como Estado de Bienestar y consiste en un paquete de programas y estrategias que está presente en varios sectores: hacienda, educación, salud, pensional y laboral. El Estado de Bienestar es una herramienta que ayuda a construir sociedades con menor exposición a las fuertes y más frecuentes crisis que han resultado de la aplicación del modelo neoliberal.

 

Los defensores del libre mercado cuestionan el Estado de Bienestar porque ven en el gasto social una carga que desestabiliza las finanzas públicas y no permite alcanzar un mayor crecimiento económico. Desde los años ochenta los ataques en contra de este tipo de Estado han sido más intensos y la presencia de gremios poderosos son más evidentes en la gestión gubernamental. La Gran Recesión de 2008 demostró lo nocivo que es este proyecto para la clase media y de bajos ingresos. No obstante, diez años después las mismas fórmulas siguen lideradas por partidos de extrema derecha y contradictoriamente reciben un fuerte respaldo popular que está derivando en un nuevo orden mundial liderado por esta ideología.

 

Desde Adam Smith, el padre de la economía, se reconoció que el gobierno está creado para la defensa de los ricos contra los pobres. La consigna más usada por la ultraderecha es que el gasto público no es necesario porque si una economía crece todos se benefician. Según ellos, quienes hacen crecer la economía son los capitalistas que toman las decisiones de producción y trasmiten una buena perspectiva de negocios a la clase trabajadora mediante la generación de mayor empleo. Por esta razón la punta de lanza de sus propuestas es la reducción de los impuestos a los ricos. La defensa de esta postura no se traduce en un mayor beneficio para todos por igual sino en la posibilidad de que los más ricos continúen acumulando mayor riqueza a expensas de peores condiciones de vida para los pobres y la clase media.

 

Si la desigualdad aumenta y no existe un Estado de Bienestar, la clase trabajadora en conjunto disminuye su productividad afectando el crecimiento económico porque no tienen como enfrentar situaciones adversas si caen en el desempleo, si se deteriora su salud, si no existe acceso a programas para su capacitación y desarrollo de habilidades, si el ahorro para la vejez está en entredicho, etcétera. John Maynard Keynes vio como un aliado para atenuar los efectos de los ciclos económicos además de una política fiscal agresiva, la reducción de la desigualdad porque ésta a través de impuestos progresivos (el que más tiene más paga) mejora el ingreso disponible de la clase trabajadora y les permite que su demanda sea mayor, estimulando así la producción y el crecimiento económico.

 

Es claro entonces que la clase trabajadora debe apoyar una política económica que esté a favor de reducir los niveles de desigualdad y esa opción no es la que propone la ultraderecha. Ellos afirman que el apoyo estatal estimula el conformismo y la holgazanería y que esto resta las posibilidades para que los pobres dejen de serlo. Nada más falaz, puesto que por más empeño y disciplina que pueda tener una persona pobre, sin acceso a la educación, a la salud, y en general a sus derechos fundamentales, no es posible que alcance un nivel deseable de acumulación de riqueza.

 

Sin embargo, la sofisticación ha sido tal que de muchas formas han hecho creer a los pobres que su condición está merecida porque deben trabajar más para llegar a ser ricos. Esta falsa conciencia introducida por los medios, las TICs, los discursos políticos y religiosos, y algunos sectores educativos, explican el respaldo popular que están teniendo las iniciativas de ultraderecha, tales como un estricto ajuste fiscal, mayores impuestos y menor gasto social.

 

En el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los setenta, el capitalismo mundial alcanzó las mayores tasas de crecimiento en toda su historia. Fue una época en la que la política macroeconómica keynesiana se impuso y muchos países desarrollaron sus Estados de Bienestar, el desempleo también se mantuvo en niveles históricamente bajos y la inflación en niveles bajos y estables. Esa estabilidad fue el resultado de un consenso en el que el Estado es un actor importante en el desarrollo de los países.

 

El gasto público social era mayor que lo que es hoy. Para 1950 en Alemania, Holanda y Reino Unido se invertía como proporción del PIB respectivamente 30, 27 y 34 por ciento respectivamente. Para 2016 el mismo gasto para los mismos países pasó a ser respectivamente 25, 22 y 21 por ciento. El cambio de tendencia lo marcó la década de los ochentas debido a la presencia de brotes inflacionarios que llevó a que la política monetaria de Milton Friedman desplazara a la política fiscal de Keynes. Y desde entonces se priorizó la estabilidad de precios como el objetivo supremo de la política económica.

 

Esta dinámica ha continuado hasta nuestros días y los países emblemáticos del Estado de Bienestar como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia no han sido ajenos a ella. Mientras que en 1980 destinaban en promedio 42 por ciento de sus ingresos al gasto social ahora lo hacen a una tasa de 28 por ciento. El desmonte del Estado de Bienestar ha venido acompañado de medidas de reducción del poder sindical, de la flexibilización del mercado laboral y de la eliminación del control de capitales.

 

Aunque en las últimas tres décadas se haya logrado controlar la inflación, el costo es demasiado alto porque se han multiplicado las crisis financieras, que a su vez han minado la calidad de vida de muchas personas debido a mayores niveles de endeudamiento, quiebras y desempleo. De otro lado el efecto de las medidas neoliberales sobre el crecimiento económico no es el deseado. Entre 1980 y el 2008 Suecia mantuvo estable su gasto público social alrededor de 47 por ciento mientras que Estados Unidos, defensor de un Estado de Bienestar reducido, invirtió solo el 15 por ciento. El resultado en términos de crecimiento fue de 2.4 por ciento para Suecia en el periodo 2000 a 2008 mientras que el de Estados Unidos fue 1.8.



En Colombia, desigualdad creciente

 

En el debate público colombiano la clase dirigente ha señalado a Suecia como referente para las reformas tributarias, pero guarda silencio respecto del nivel de su gasto público en temas sociales. El Ministro Alberto Carrasquilla, que en reciente debate de control político fue acusado de enriquecerse con los Bonos Agua por más de 70 mil millones de pesos, ha propuesto una reforma tributaria de inspiración neoliberal en la que se plantea aplicar el impuesto al valor agregado IVA a todos los productos incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales.

 

Los defensores de estas propuestas mencionan que Suecia tiene una carga impositiva de 22 por ciento para las empresas, 60 por ciento para las personas naturales y un IVA de 25 por ciento. Mientras que para Colombia las tasas máximas correspondientes para esos mismos impuestos son respectivamente, 34, 35 y 19 por ciento. Pero lo que no mencionan estos análisis es que la estructura tributaria sueca corrige fuertemente la desigualdad que tiende a generar el modelo capitalista. En 2016 la desigualdad del ingreso sueco medida por Gini fue de 0.42 pero después de aplicar impuestos y subsidios el ingreso disponible de los suecos pasó a ser mucho más equitativo (un Gini de 0.23). Por el contrario la desigualdad del ingreso colombiano no es corregida ni por el estatuto tributario ni por el gasto público social, sino que más bien tiende a empeorar y deja por resultado que el 1 por ciento de los colombianos concentre el 44 por ciento de la riqueza del país.

 

La regresividad colombiana es tal que el aumento del IVA en un punto porcentual deteriora la desigualdad en 1.2 puntos porcentuales, aún con esto la reforma tributaria de Santos pasó de un IVA de 16 a uno de 19 por ciento. Frente al impacto negativo del IVA el Ministro Carrasquilla anunció ante al gremio de banqueros en Cartagena, que gravaría con IVA y sin excepción todos los productos y después devolvería el monto subsidiado de la canasta básica al sector de bajos ingresos (que estiman en 11% de sus ingresos) a través de programas como Familias en Acción y exigiendo su bancarización.

 

Es una propuesta deficiente y malintencionada. Deficiente, porque es difícil o imposible individualizar el gasto que los hogares hacen mensualmente por concepto de la canasta básica de alimentos. Malintencionada, porque esta decisión genera lucro para los establecimientos de crédito mediante la cuota de manejo de una mayor población bancarizada, y porque fortalece el programa clientelista creado con la primera administración Uribe –que contaba con 300 mil familias en el 2002 y pasó a reunir 4 millones hoy.



La corrupción es un fenómeno muy costoso para los colombianos, representa cerca de 50 billones de pesos cada año, una cantidad muy similar a la que recauda el país por impuesto de renta. Es decepcionante que exista en el gabinete actual un Ministro de Hacienda con cualidades éticas cuestionables, con espacio político gubernamental para proponer reformas nocivas para la mayoría de los ciudadanos y cuyo partido político obstruye la moción de censura para removerlo de su cargo. Es desconcertante que existan líderes políticos que hayan defendido el “no” a la consulta anticorrupción, y que frente a la impopularidad de las propuestas de Carrasquilla hayan impulsado un proyecto de ley que en apariencia beneficia a la clase trabajadora –mediante la búsqueda de un incremento extraordinario del salario mínimo–, cuando lo que busca es beneficiar a los fondos privados que administran pensiones y cesantías debido a que el incremento no lo puede usar el trabajador en efectivo sino que se abona a sus cesantías. Esto sin contar que con la reforma pensional se está buscando eliminar a Colpensiones con el fin de apartar esta incómoda competencia para los fondos privados.

 

En resumen las reformas del presente gobierno, y de su partido político, apuntan a introducir mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora. Pese a que nuestra Constitución Política podría ser muy similar a la de los países nórdicos –pioneros en la construcción del Estado de Bienestar–, desde su misma creación en 1991 la clase dirigente interpone obstáculos para que estos principios no se materialicen en la práctica. Las propuestas del presidente Duque son al extremo regresivas y su administración se anticipa al inconformismo que van a generar acudiendo a la idea de una “regulación” de la protesta, y a una reforma a la justicia que limita la acción de tutela con la que la ciudadanía, como último recurso legal, reclama ante los jueces (ya que la mayoría de los políticos favorecen con sus acciones a los más ricos), sus derechos fundamentales.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

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La economía del bienestar y la política económica colombiana

Corridos dos meses y algunos días del gobierno de Iván Duque, con sus anunciadas reformas nos permite entender sus reales propósitos al frente de la jefatura nacional, a pesar de su conciliadora forma de hablar. Las reformas pensional, en salarios y en impuestos están pensadas para favorecer a los más ricos y embaucar a los más pobres. Lejos de un necesario Estado de Bienestar nos adentramos en uno cada vez más excluyente e injusto.

 

En momentos en que políticas claramente regresivas en lo social y colectivo ganan espacio por todo el mundo, el debate sobre la función del Estado retoma vigencia. En Colombia, como parte de ese todo conocido como planeta Tierra, las regresiones sociales siempre están a la orden del día, y el gobierno de Iván Duque no se aleja de ello, tanto con la anunciada ampliación del IVA a todos los productos, incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales; como con la pretensión de clientelizar aún más la entrega de subsidios a los sectores más requeridos de ellos, así como con una reforma pensional que pretende incrementar los años de edad y trabajo para poder acceder a pensión, a la para que acabar Colpensiones, dejándole libre tal “negocio” al capital nacional e internacional.

 

De esta manera, con un gasto social cada vez más manipulado, ineficiente por sus montos pero también por la canalización que del mismo logra el sistema financiero, el actual gobierno apunta hacia crear mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora.

 

El Estado de Bienestar

 

Estamos ante todo un contrasentido. Como es conocido, el gasto público social es muy importante para hacer del capitalismo un modelo económico sostenible. Aquel gasto que se destina a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos se conoce como Estado de Bienestar y consiste en un paquete de programas y estrategias que está presente en varios sectores: hacienda, educación, salud, pensional y laboral. El Estado de Bienestar es una herramienta que ayuda a construir sociedades con menor exposición a las fuertes y más frecuentes crisis que han resultado de la aplicación del modelo neoliberal.

 

Los defensores del libre mercado cuestionan el Estado de Bienestar porque ven en el gasto social una carga que desestabiliza las finanzas públicas y no permite alcanzar un mayor crecimiento económico. Desde los años ochenta los ataques en contra de este tipo de Estado han sido más intensos y la presencia de gremios poderosos son más evidentes en la gestión gubernamental. La Gran Recesión de 2008 demostró lo nocivo que es este proyecto para la clase media y de bajos ingresos. No obstante, diez años después las mismas fórmulas siguen lideradas por partidos de extrema derecha y contradictoriamente reciben un fuerte respaldo popular que está derivando en un nuevo orden mundial liderado por esta ideología.

 

Desde Adam Smith, el padre de la economía, se reconoció que el gobierno está creado para la defensa de los ricos contra los pobres. La consigna más usada por la ultraderecha es que el gasto público no es necesario porque si una economía crece todos se benefician. Según ellos, quienes hacen crecer la economía son los capitalistas que toman las decisiones de producción y trasmiten una buena perspectiva de negocios a la clase trabajadora mediante la generación de mayor empleo. Por esta razón la punta de lanza de sus propuestas es la reducción de los impuestos a los ricos. La defensa de esta postura no se traduce en un mayor beneficio para todos por igual sino en la posibilidad de que los más ricos continúen acumulando mayor riqueza a expensas de peores condiciones de vida para los pobres y la clase media.

 

Si la desigualdad aumenta y no existe un Estado de Bienestar, la clase trabajadora en conjunto disminuye su productividad afectando el crecimiento económico porque no tienen como enfrentar situaciones adversas si caen en el desempleo, si se deteriora su salud, si no existe acceso a programas para su capacitación y desarrollo de habilidades, si el ahorro para la vejez está en entredicho, etcétera. John Maynard Keynes vio como un aliado para atenuar los efectos de los ciclos económicos además de una política fiscal agresiva, la reducción de la desigualdad porque ésta a través de impuestos progresivos (el que más tiene más paga) mejora el ingreso disponible de la clase trabajadora y les permite que su demanda sea mayor, estimulando así la producción y el crecimiento económico.

 

Es claro entonces que la clase trabajadora debe apoyar una política económica que esté a favor de reducir los niveles de desigualdad y esa opción no es la que propone la ultraderecha. Ellos afirman que el apoyo estatal estimula el conformismo y la holgazanería y que esto resta las posibilidades para que los pobres dejen de serlo. Nada más falaz, puesto que por más empeño y disciplina que pueda tener una persona pobre, sin acceso a la educación, a la salud, y en general a sus derechos fundamentales, no es posible que alcance un nivel deseable de acumulación de riqueza.

 

Sin embargo, la sofisticación ha sido tal que de muchas formas han hecho creer a los pobres que su condición está merecida porque deben trabajar más para llegar a ser ricos. Esta falsa conciencia introducida por los medios, las TICs, los discursos políticos y religiosos, y algunos sectores educativos, explican el respaldo popular que están teniendo las iniciativas de ultraderecha, tales como un estricto ajuste fiscal, mayores impuestos y menor gasto social.

 

En el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los setenta, el capitalismo mundial alcanzó las mayores tasas de crecimiento en toda su historia. Fue una época en la que la política macroeconómica keynesiana se impuso y muchos países desarrollaron sus Estados de Bienestar, el desempleo también se mantuvo en niveles históricamente bajos y la inflación en niveles bajos y estables. Esa estabilidad fue el resultado de un consenso en el que el Estado es un actor importante en el desarrollo de los países.

 

El gasto público social era mayor que lo que es hoy. Para 1950 en Alemania, Holanda y Reino Unido se invertía como proporción del PIB respectivamente 30, 27 y 34 por ciento respectivamente. Para 2016 el mismo gasto para los mismos países pasó a ser respectivamente 25, 22 y 21 por ciento. El cambio de tendencia lo marcó la década de los ochentas debido a la presencia de brotes inflacionarios que llevó a que la política monetaria de Milton Friedman desplazara a la política fiscal de Keynes. Y desde entonces se priorizó la estabilidad de precios como el objetivo supremo de la política económica.

 

Esta dinámica ha continuado hasta nuestros días y los países emblemáticos del Estado de Bienestar como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia no han sido ajenos a ella. Mientras que en 1980 destinaban en promedio 42 por ciento de sus ingresos al gasto social ahora lo hacen a una tasa de 28 por ciento. El desmonte del Estado de Bienestar ha venido acompañado de medidas de reducción del poder sindical, de la flexibilización del mercado laboral y de la eliminación del control de capitales.

 

Aunque en las últimas tres décadas se haya logrado controlar la inflación, el costo es demasiado alto porque se han multiplicado las crisis financieras, que a su vez han minado la calidad de vida de muchas personas debido a mayores niveles de endeudamiento, quiebras y desempleo. De otro lado el efecto de las medidas neoliberales sobre el crecimiento económico no es el deseado. Entre 1980 y el 2008 Suecia mantuvo estable su gasto público social alrededor de 47 por ciento mientras que Estados Unidos, defensor de un Estado de Bienestar reducido, invirtió solo el 15 por ciento. El resultado en términos de crecimiento fue de 2.4 por ciento para Suecia en el periodo 2000 a 2008 mientras que el de Estados Unidos fue 1.8.



En Colombia, desigualdad creciente

 

En el debate público colombiano la clase dirigente ha señalado a Suecia como referente para las reformas tributarias, pero guarda silencio respecto del nivel de su gasto público en temas sociales. El Ministro Alberto Carrasquilla, que en reciente debate de control político fue acusado de enriquecerse con los Bonos Agua por más de 70 mil millones de pesos, ha propuesto una reforma tributaria de inspiración neoliberal en la que se plantea aplicar el impuesto al valor agregado IVA a todos los productos incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales.

 

Los defensores de estas propuestas mencionan que Suecia tiene una carga impositiva de 22 por ciento para las empresas, 60 por ciento para las personas naturales y un IVA de 25 por ciento. Mientras que para Colombia las tasas máximas correspondientes para esos mismos impuestos son respectivamente, 34, 35 y 19 por ciento. Pero lo que no mencionan estos análisis es que la estructura tributaria sueca corrige fuertemente la desigualdad que tiende a generar el modelo capitalista. En 2016 la desigualdad del ingreso sueco medida por Gini fue de 0.42 pero después de aplicar impuestos y subsidios el ingreso disponible de los suecos pasó a ser mucho más equitativo (un Gini de 0.23). Por el contrario la desigualdad del ingreso colombiano no es corregida ni por el estatuto tributario ni por el gasto público social, sino que más bien tiende a empeorar y deja por resultado que el 1 por ciento de los colombianos concentre el 44 por ciento de la riqueza del país.

 

La regresividad colombiana es tal que el aumento del IVA en un punto porcentual deteriora la desigualdad en 1.2 puntos porcentuales, aún con esto la reforma tributaria de Santos pasó de un IVA de 16 a uno de 19 por ciento. Frente al impacto negativo del IVA el Ministro Carrasquilla anunció ante al gremio de banqueros en Cartagena, que gravaría con IVA y sin excepción todos los productos y después devolvería el monto subsidiado de la canasta básica al sector de bajos ingresos (que estiman en 11% de sus ingresos) a través de programas como Familias en Acción y exigiendo su bancarización.

 

Es una propuesta deficiente y malintencionada. Deficiente, porque es difícil o imposible individualizar el gasto que los hogares hacen mensualmente por concepto de la canasta básica de alimentos. Malintencionada, porque esta decisión genera lucro para los establecimientos de crédito mediante la cuota de manejo de una mayor población bancarizada, y porque fortalece el programa clientelista creado con la primera administración Uribe –que contaba con 300 mil familias en el 2002 y pasó a reunir 4 millones hoy.



La corrupción es un fenómeno muy costoso para los colombianos, representa cerca de 50 billones de pesos cada año, una cantidad muy similar a la que recauda el país por impuesto de renta. Es decepcionante que exista en el gabinete actual un Ministro de Hacienda con cualidades éticas cuestionables, con espacio político gubernamental para proponer reformas nocivas para la mayoría de los ciudadanos y cuyo partido político obstruye la moción de censura para removerlo de su cargo. Es desconcertante que existan líderes políticos que hayan defendido el “no” a la consulta anticorrupción, y que frente a la impopularidad de las propuestas de Carrasquilla hayan impulsado un proyecto de ley que en apariencia beneficia a la clase trabajadora –mediante la búsqueda de un incremento extraordinario del salario mínimo–, cuando lo que busca es beneficiar a los fondos privados que administran pensiones y cesantías debido a que el incremento no lo puede usar el trabajador en efectivo sino que se abona a sus cesantías. Esto sin contar que con la reforma pensional se está buscando eliminar a Colpensiones con el fin de apartar esta incómoda competencia para los fondos privados.

 

En resumen las reformas del presente gobierno, y de su partido político, apuntan a introducir mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora. Pese a que nuestra Constitución Política podría ser muy similar a la de los países nórdicos –pioneros en la construcción del Estado de Bienestar–, desde su misma creación en 1991 la clase dirigente interpone obstáculos para que estos principios no se materialicen en la práctica. Las propuestas del presidente Duque son al extremo regresivas y su administración se anticipa al inconformismo que van a generar acudiendo a la idea de una “regulación” de la protesta, y a una reforma a la justicia que limita la acción de tutela con la que la ciudadanía, como último recurso legal, reclama ante los jueces (ya que la mayoría de los políticos favorecen con sus acciones a los más ricos), sus derechos fundamentales.

Publicado enEdición Nº251
Sábado, 08 Septiembre 2018 07:37

Pensiones

Pensiones

Cerrado el paréntesis de tolerancia que, con la mirada del mundo puesta en el centro de la capital de Rusia, significó para el Kremlin asumirse como anfitrión del Mundial de futbol, comienza septiembre con dos noticias que despertaron del plácido sueño estival a la población, sobre todo a los sectores más desprotegidos: la decisión de subir el impuesto al valor agregado y, sobre todo, aumentar la edad de jubilación.
Visto desde el gobierno, la solución es muy sencilla: en tiempos de crisis, en medio de las sanciones foráneas contra Rusia, en el contexto de la necesidad de mantener los salarios y otros privilegios de la guardia nacional, la policía y el ejército, que junto con el sistema judicial forman el puño represivo que da tranquilidad a la élite gobernante, la población tiene que apretarse el cinturón y resolver las urgencias del presupuesto federal.


Pero el destino inevitable de adoptar las impopulares medidas, sobre todo la reforma de la edad de jubilación, se presentó con argumentos falaces: que si es la tendencia en todo el mundo, que si no hay otra posibilidad de salir adelante por el acoso externo que sufre Rusia, etcétera.


La mentira devino indignación y provocó manifestaciones de protesta espontánea contra el Kremlin –la siguiente, este domingo en todo el país–, al grado de que el presidente Vladimir Putin, siempre desligado de todo lo que sale mal, aunque nada se haga sin su visto bueno, tuvo que intervenir –mediante un poco acostumbrado aquí mensaje a la nación– para intentar suavizar el impacto del incremento de la edad de jubilación.


La posición de las autoridades tiene al menos cuatro puntos vulnerables: Putin juró que nunca se aumentaría la edad de jubilación mientras él ocupara el Kremlin; si bien es cierto que en el mundo se incrementa la esperanza de vida, en Rusia 40 por ciento de hombres muere por alcoholismo, traumatismo laboral y otras causas antes de llegar a los actuales 60 de edad; el inmenso aparato burocrático que establece las pensiones sigue inmerso en una corrupción galopante, sin que pase nada, y el gobierno rechazó la iniciativa de subir los impuestos a las corporaciones con “súper ganancias” que viven de exportar materias primas.

 

Publicado enInternacional
Martes, 07 Agosto 2018 09:01

No más fondos privados de pensiones

No más fondos privados de pensiones

Desde el pasado 17 de abril se conformó el movimiento “Con las pensiones no, y Salario mínimo digno”, el que a pesar de contar con unos pocos meses de existencia ya lo conforman una veintena de organizaciones. Ha publicado miles de boletines explicativos, llevado a cabo conferencias y cuatro plantones de varias horas con el propósito de denunciar las lesivas reformas que se fraguan al sistema pensional en los altos círculos financieros, empresariales y en los centros de estudios que les sirven de voceros. El 29 de mayo, el movimiento le dirigió una carta abierta a las confederaciones obreras para instarlas a participar, al lado de muchas otras fuerzas sindicales, cívicas y populares, en un esfuerzo mancomunado por hacer añicos el ruinoso plan que se cierne sobre los asalariados, trabajadores independientes, profesionales y clases medias.

 

El propósito de “revolcar” el sistema de jubilaciones, como sucedió a comienzos de los noventa, lleva varios años. Los ministros de Trabajo de Juan Manuel Santos, Lucho Garzón y Rafael Pardo, avanzaron una propuesta que contenía los elementos esenciales que se discuten actualmente y cuyas directrices han sido trazadas en el plano internacional por la Ocde, el FMI, el Banco Mundial, el BID, la Cepal y en el plano interno por entidades como Anif, Asofondos, Fedesarrollo, el Consejo Gremial y la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, quienes porfían en que esta es la primera entre las múltiples urgencias del país.

 

¿Pensiones para la vejez o para el capital?

 

Con su anhelada reforma lo que pretenden es ajustar el sistema de jubilación a las exigencias de tres componentes normativos fundamentales: el Acto Legislativo 03 de 2011 de sostenibilidad fiscal, que inicialmente fue erigido en “principio” constitucional, la Ley 1473 del mismo año, conocida como Ley de Regla Fiscal y, la Ley 819 del 2003 llamada Marco Fiscal de Mediano Plazo.

 

Adecuada articulación de normas que persigue, a su vez, garantizar el estricto pago de la deuda pública, convertido en flamante mandato constitucional, al cual deben sujetarse todas las ramas del poder público, priorizando tal propósito sobre la satisfacción de las necesidades y derechos de la población, bajo el supuesto de lograr “[…] un equilibrio de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país […]” (Artículo 1, Ley 1473 de 2011). Con ese propósito, el gobierno nacional se trazó una ruta decreciente anual del déficit estructural en el balance fiscal, que lo obliga a cumplir unas metas de reducción desde el año 2014, y que para esta anualidad debía ser de 1.9 por ciento del PIB o menos y de 1.0 por ciento del PIB o menos en 2022. Dada la inmensa estrechez de tales metas y la imposibilidad de cumplirlas, recientemente fueron ajustadas en 0,5 por ciento.

 

El afán de pagar la deuda pública busca satisfacer las exigencias de las agencias multilaterales y los magnates de los grupos Aval y Grupo Empresarial Antioqueño, propietarios de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, Porvenir y Protección, empresas que concentran el 86 por ciento de los 230 billones de pesos que han acumulado desde 1994 los cuatro fondos que hoy concentran el ahorro pensional privado, cifra que equivale a una cuarta parte del PIB nacional; capital con el cual tales grupos han logrado el control de diversas ramas económicas, especulado en las bolsas colombiana y del exterior, y adquirido masivamente deuda pública, mecanismos que parasitan los dineros de los trabajadores, proceso que logran directamente y sin pagar réditos, y que antes de la privatización el Estado recaudaba y eran el soporte del régimen pensional público de prima media.

 

La privatización del sistema, mediante la tristemente célebre Ley 100 de 1993 y sus sucesivas reformas, trajo como primera consecuencia la asfixia del sistema público, pues éste, debido a la oficiosidad de la cúpula política que se prestó a toda maniobra legal o ilegal de los fondos privados, se fue quedando con la casi totalidad de los pensionados, mientras la mayoría de los cotizantes los acaparaban los privados. Hoy Colpensiones tiene a su cargo más de un millón doscientos mil pensionados y únicamente dos millones trescientos cotizantes regulares; mientras que las AFP solo responden por ciento veintiún mil pensionistas, pero apilan más de seis millones de aportantes.

 

Debido a esta extorsión de los agiotistas de la banca, el Estado se ve obligado a recurrir al fisco para cumplir con las mesadas, entonces los usufructuarios del sistema y sus acólitos ponen el grito en el cielo culpando al régimen de prima media, administrado por Colpensiones, de ser, junto con los sistemas pensionales especiales, como los del magisterio, las Fuerzas Militares y la Policía, el causante principal del desbarajuste de las finanzas públicas. Una cuenta elemental fácilmente demuestra que si los más de 6 millones de personas que cotizan a las AFP lo hicieran a Colpensiones, el Tesoro público no tendría que aportar un solo peso para las mesadas y, por el contrario, luego de pagarlas, podría hacer una reserva de varios cientos de miles de millones anuales. Con lo cual quedan sin piso las falacias sobre “bomba fiscal”, “bomba social”, “altos subsidios” mediante las que los financistas y sus “académicos” a sueldo pretenden eliminar o “marchitar” el sistema público.

 

¿Por qué y para qué la reforma pensional?

 

El afán mayor de los magnates deriva de que El Dorado prometido por las AFP ya entró en un irreversible proceso de crisis, hasta el punto de que los traslados de cotizantes hacia Colpensiones vienen creciendo geométricamente; solo en el 2017 se produjeron 133.829 y en el primer trimestre de este año sumaron 33.000. Esta especie de migración masiva permitió que al fondo público ingresaran $6,2 billones nuevos, apreciable suma con la cual se facilitó la financiación del pago de las mesadas del más de millón doscientos mil pensionados que hoy tiene este fondo.

 

Todo ello debido a que cada vez con mayor certeza asalariados, profesionales y clases medias se percatan de la realidad que se esconde detrás de la palabrería sobre grandes rendimientos obtenidos en la cuentas individuales de ahorro, pues consecutivamente sus extractos registran pérdidas cuantiosas, y en años completos (como 2011, 2013 y 2015) “los rendimientos reales reconocidos a los ahorradores afiliados en este régimen han sido negativos y la tasa de rendimiento promedio anual ha disminuido respecto a los primeros años de su funcionamiento” (Stfano Farné, 2018). Además de esto, que las mesadas no sean vitalicias, ni se puedan disfrutar a la edad que se quiera, que disminuyan abruptamente de acuerdo con la expectativa de vida del cónyuge, o si entre los eventuales beneficiarios de la pensión sustitutiva existen personas con discapacidad y, para colmo, que la pensión, en el mejor de los casos, apenas pase del 20 por ciento del último salario, y que las más de las veces no alcance a ser ni la cuarta parte de lo que se obtendría en Colpensiones, alimentan la tendencia a retirarse de las AFP.

 

Conscientes, pues, de que en corto tiempo la avalancha de traslados se hará irrefrenable, los monopolistas –contando con la atávica complicidad de cúpula política– decidieron que para finales del presente año, deben haber convertido en Ley de la República un paquete de medidas que ambientan con una insidiosa arremetida ideológica que aduce, entre otras demasías, que el gasto en pensiones es regresivo financiando a los ricos a costa de los pobres (o al “quintil más pudiente”, es decir a quienes devengan entre 1,5 y 2 salarios mínimos en adelante); que quienes logran jubilarse, luego de 30 o más años de esforzado trabajo y de cotizar regularmente, carguen sobre sus hombros la responsabilidad del déficit fiscal y la baja cobertura del sistema pensional; y de que el 76 por ciento de los mayores de 65 años no reciban ingreso alguno, como lo vienen planteando en diversos análisis, entre otros, Santiago Montenegro de Asofondos, y Leonardo Villar de Fedesarrollo. (Ver, por ejemplo, edición 352 de abril de 2018 de la revista Economía Colombiana, de la Contraloría General de la República)

 

La propaganda mediática

 

La puesta en escena de los pregoneros de la reforma pensional, la primera que se implementará entre las reformas recomendadas por la Comisión del Gasto y la Inversión Pública y la banca multilateral (entre otras como la laboral, tributaria, a la salud, la justicia, etcétera), ha sido cuidadosamente programada desde los anuncios altisonantes hasta los lamentos e invocaciones a la ancianidad desprotegida. La campaña dirigida a preparar la presentación del proyecto ante el Congreso de la República se intensifica día a día. Abundan los seminarios, encuentros, conferencias y demás eventos supuestamente de orden “académico” organizados y controlados por los promotores de la reforma. Como parte de esto, el pasado 6 de junio se llevó a cabo un foro en el cual tomaron parte como expositores, entre otros, Mariano Bosch (de la Unidad de Mercados Laborales del Banco Interamenricano de Desarrollo BID), Juan Carlos Ramírez Jaramillo (Director de la Oficina Cepal Colombia), Leonardo Villar (Director Ejecutivo de Fedesarrollo), Stefano Farné (Académico), Eduardo Lora (Consultor Internacional) y Santiago Montenegro (Presidente de Asofondos).

 

Allí, con estadísticas distorsionadas, acomodadas en el afán de dar sustento a sus premisas y afirmaciones falaces, omitieron deliberadamente dar respuesta a situaciones de orden perfectamente verificable y objetivo, como la acelerada acumulación de recursos por parte de los fondos privados de pensiones, la cual hoy alcanza la fabulosa suma de $230 billones, en contraste con el insignificante monto de las pensiones que ha reconocido, cuya cifra no llega a 50.000, pues el resto corresponde al llamado retiro programado.

 

• Que el Congreso de la República emita una Ley Marco, muy general, tanto que no se ocupe de los “detalles” como semanas de cotización, edad para jubilarse, etcétera, pues tales atribuciones serían otorgadas a un nuevo organismo institucional llamado Consejo Pensional.
• Tal Consejo sería conformado por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Trabajo o la Presidencia de Colpensiones, los Representantes de las AFP y dos técnicos o expertos en pensiones. Este Consejo se encargaría de fijar y revisar constantemente los requisitos para obtener la jubilación, establecer de acuerdo con esos parámetros la edad, las semanas de cotización y su monto, teniendo en consideración los cambios demográficos y otros factores.
• Crear una jurisdicción especializada en pensiones, para lo cual habría que “capacitar” a jueces y demás funcionarios de ese ámbito, pues consideran que los actuales “desconocen” la materia.

 

Como se ve, estos comerciantes de la vida y de la muerte no paran mientes en calcular cada moneda de su ganancia, previendo cualquier circunstancia que les impida acrecentar su atesoramiento; la reforma que se proponen sacar adelante les asegura seguir acentuando las exigencias en cuanto su ambición así lo requiera; pues con la creación del Consejo se corre el peligro de que ya no baste con reformar, necesitan un órgano de bolsillo que ostente toda la potestad para cambiarles a los afiliados las reglas del juego. El Consejo pensional podría ser una especie de pequeño Congreso, cuestión que desborda la misma legalidad y desconoce al propio órgano legislativo, el cual por su conformación, con toda seguridad impartirá bendición al catastrófico proyecto, pero no podrá dar vía libre a que se legisle por fuera de su espectro.

 

Solo hay una senda que los colombianos deben empezar a transitar: La movilización como en otras latitudes se ha producido. El capital financiero no puede seguir desangrando la seguridad social en Colombia ni pauperizando a su población. La viabilidad del régimen de prima media y fondo público de pensiones está demostrada. Hay que crear un contrapoder que levante como eje de su lucha la abolición de los fondos privados y rompa la dinámica y la lógica existente, el cual debe incluir no solo a los actuales trabajadores que estén afiliados a cualquiera de los sistemas, sino que logre reunir a la multitud de colombianos que sobreviven en la informalidad, a los desempleados, a los contratados a destajo por labor realizada, a los temporales, porque si no, al final, todos los colombianos seremos convertidos en víctimas.

 

* Comité nacional provisional “Con las pensiones no, Salario mínimo digno”

 


 

Recuadro

 

Sus propuestas, nuestro perjuicio

 

  • Las acá relacionadas son las principales enmiendas propuestas, de las cuales, según sus apetitos o lealtades, cada grupo “académico”, financiero o político, enfatiza unas u otras.
  • Acabar con el régimen de prima media que administra Colpensiones.
  • Establecer un sistema de pilares, obligando a cotizar a los fondos privados a todo aquel que perciba un ingreso superior a un salario mínimo. Este sistema que tiene alta posibilidad de permitir los consensos entre los grupos financieros, aparece como el más idóneo para mantener compulsivamente a una alta porción de los cotizantes en las AFP, quienes recibirían la pensión básica sobre un salario mínimo, la cual sería decreciente en la medida en que con los ahorros extras en las AFP lo primero que se cubriría sería el “subsidio”, equivalente a algo así como el 65 por ciento de la mesada mínima, por lo que solo a partir de aportes basados en ingresos de entre 3,4 y 5 salarios mínimos se podría pensar en pensiones leve y progresivamente superiores al mínimo.
  • Eliminar los subsidios que supuestamente tienen las pensiones del régimen de prima media. Esto significaría el envilecimiento de la totalidad de las mismas, hasta niveles de verdadera indignidad.
  • Subir por lo menos a 65 años la edad de pensión para hombres y mujeres, y aumentarla cada cinco años. Las mujeres serían las más perjudicadas, y eso que los mismos que piden las reformas realizan densísimos estudios sobre la necesidad de realizar “discriminaciones positivas” de género, cuando con medidas como esta se desconoce el desgaste de la mujer en la crianza de los hijos y el cuidado del hogar.
  • Elevar la cotización a 18 por ciento –los dos puntos más a cargo del trabajador.
  •  Aumentar la prima y las comisiones que cobran los fondos privados; y permitir la disminución de la renta vitalicia a cualquier momento.
  • Mientras exista Colpensiones, calcular la pensión con base en el promedio de ingresos de toda la vida laboral y no de los últimos 10 años.
  • Gravar las pensiones superiores a dos salarios mínimos.
  • Permitir que haya pensiones inferiores al salario mínimo, y reducir a 75 por ciento la pensión de los sobrevivientes del pensionado fallecido.
  • Eliminar el régimen especial del magisterio; disminuir los beneficios y aumentar las cotizaciones de Fuerzas Militares y Policía.
  • Intimar a jueces y magistrados a fallar bajo la orientación de los economistas pagos por la banca y de acuerdo con las exigencias de reducir el gasto público en materia social. Santiago Montenegro viene sosteniendo que los fallos de tutela en cuanto a pensiones de sobrevivencia o por discapacidad “están debilitando y poniendo en dudad la viabilidad del sistema pensional (público y privado) e incrementando el déficit fiscal del régimen público y haciendo también inviable la existencia, por ejemplo, del mercado de rentas vitalicias” (Economía Colombiana, edición 352, abril-junio de 2018). Por su lado, la
  • Comisión del Gasto señala que las decisiones judiciales vienen afectando el equilibrio del sistema y que “se debe propender a la unificación de las decisiones jurisprudenciales alrededor del sistema pensional en temas que generan grandes costos al erario público (sic) e incertidumbre a los actores privados del sistema.” (Comisión del gasto y la Inversión Pública, Informe final. Diciembre, 2017).
  • Hacer una reforma laboral que permita contratos sin cotizar para pensión ni pagar el salario mínimo –el cual se propone bajarlo aún más- a cambio de ínfimos aportes a los Beneficios Económicos periódicos, Beps, sistema administrado por Colpensiones que inició su operación a mediados de 2015, destinado a “quienes tienen capacidad de ahorro” pero no alcanzan a cumplir los requisitos para adquirir una pensión, al que también se obligará a cotizar a quienes viven del rebusque y a los trabajadores rurales para, si acaso, obtener “pensiones” de alrededor de $150.000; disminuir los pagos de incapacidades y por recargos dominicales y festivos.
Publicado enColombia
Sábado, 28 Julio 2018 08:35

No más fondos privados de pensiones

No más fondos privados de pensiones

Desde el pasado 17 de abril se conformó el movimiento “Con las pensiones no, y Salario mínimo digno”, el que a pesar de contar con unos pocos meses de existencia ya lo conforman una veintena de organizaciones. Ha publicado miles de boletines explicativos, llevado a cabo conferencias y cuatro plantones de varias horas con el propósito de denunciar las lesivas reformas que se fraguan al sistema pensional en los altos círculos financieros, empresariales y en los centros de estudios que les sirven de voceros. El 29 de mayo, el movimiento le dirigió una carta abierta a las confederaciones obreras para instarlas a participar, al lado de muchas otras fuerzas sindicales, cívicas y populares, en un esfuerzo mancomunado por hacer añicos el ruinoso plan que se cierne sobre los asalariados, trabajadores independientes, profesionales y clases medias.

 

El propósito de “revolcar” el sistema de jubilaciones, como sucedió a comienzos de los noventa, lleva varios años. Los ministros de Trabajo de Juan Manuel Santos, Lucho Garzón y Rafael Pardo, avanzaron una propuesta que contenía los elementos esenciales que se discuten actualmente y cuyas directrices han sido trazadas en el plano internacional por la Ocde, el FMI, el Banco Mundial, el BID, la Cepal y en el plano interno por entidades como Anif, Asofondos, Fedesarrollo, el Consejo Gremial y la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, quienes porfían en que esta es la primera entre las múltiples urgencias del país.

 

¿Pensiones para la vejez o para el capital?

 

Con su anhelada reforma lo que pretenden es ajustar el sistema de jubilación a las exigencias de tres componentes normativos fundamentales: el Acto Legislativo 03 de 2011 de sostenibilidad fiscal, que inicialmente fue erigido en “principio” constitucional, la Ley 1473 del mismo año, conocida como Ley de Regla Fiscal y, la Ley 819 del 2003 llamada Marco Fiscal de Mediano Plazo.

 

Adecuada articulación de normas que persigue, a su vez, garantizar el estricto pago de la deuda pública, convertido en flamante mandato constitucional, al cual deben sujetarse todas las ramas del poder público, priorizando tal propósito sobre la satisfacción de las necesidades y derechos de la población, bajo el supuesto de lograr “[…] un equilibrio de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país […]” (Artículo 1, Ley 1473 de 2011). Con ese propósito, el gobierno nacional se trazó una ruta decreciente anual del déficit estructural en el balance fiscal, que lo obliga a cumplir unas metas de reducción desde el año 2014, y que para esta anualidad debía ser de 1.9 por ciento del PIB o menos y de 1.0 por ciento del PIB o menos en 2022. Dada la inmensa estrechez de tales metas y la imposibilidad de cumplirlas, recientemente fueron ajustadas en 0,5 por ciento.

 

El afán de pagar la deuda pública busca satisfacer las exigencias de las agencias multilaterales y los magnates de los grupos Aval y Grupo Empresarial Antioqueño, propietarios de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, Porvenir y Protección, empresas que concentran el 86 por ciento de los 230 billones de pesos que han acumulado desde 1994 los cuatro fondos que hoy concentran el ahorro pensional privado, cifra que equivale a una cuarta parte del PIB nacional; capital con el cual tales grupos han logrado el control de diversas ramas económicas, especulado en las bolsas colombiana y del exterior, y adquirido masivamente deuda pública, mecanismos que parasitan los dineros de los trabajadores, proceso que logran directamente y sin pagar réditos, y que antes de la privatización el Estado recaudaba y eran el soporte del régimen pensional público de prima media.

 

La privatización del sistema, mediante la tristemente célebre Ley 100 de 1993 y sus sucesivas reformas, trajo como primera consecuencia la asfixia del sistema público, pues éste, debido a la oficiosidad de la cúpula política que se prestó a toda maniobra legal o ilegal de los fondos privados, se fue quedando con la casi totalidad de los pensionados, mientras la mayoría de los cotizantes los acaparaban los privados. Hoy Colpensiones tiene a su cargo más de un millón doscientos mil pensionados y únicamente dos millones trescientos cotizantes regulares; mientras que las AFP solo responden por ciento veintiún mil pensionistas, pero apilan más de seis millones de aportantes.

 

Debido a esta extorsión de los agiotistas de la banca, el Estado se ve obligado a recurrir al fisco para cumplir con las mesadas, entonces los usufructuarios del sistema y sus acólitos ponen el grito en el cielo culpando al régimen de prima media, administrado por Colpensiones, de ser, junto con los sistemas pensionales especiales, como los del magisterio, las Fuerzas Militares y la Policía, el causante principal del desbarajuste de las finanzas públicas. Una cuenta elemental fácilmente demuestra que si los más de 6 millones de personas que cotizan a las AFP lo hicieran a Colpensiones, el Tesoro público no tendría que aportar un solo peso para las mesadas y, por el contrario, luego de pagarlas, podría hacer una reserva de varios cientos de miles de millones anuales. Con lo cual quedan sin piso las falacias sobre “bomba fiscal”, “bomba social”, “altos subsidios” mediante las que los financistas y sus “académicos” a sueldo pretenden eliminar o “marchitar” el sistema público.

 

¿Por qué y para qué la reforma pensional?

 

El afán mayor de los magnates deriva de que El Dorado prometido por las AFP ya entró en un irreversible proceso de crisis, hasta el punto de que los traslados de cotizantes hacia Colpensiones vienen creciendo geométricamente; solo en el 2017 se produjeron 133.829 y en el primer trimestre de este año sumaron 33.000. Esta especie de migración masiva permitió que al fondo público ingresaran $6,2 billones nuevos, apreciable suma con la cual se facilitó la financiación del pago de las mesadas del más de millón doscientos mil pensionados que hoy tiene este fondo.

 

Todo ello debido a que cada vez con mayor certeza asalariados, profesionales y clases medias se percatan de la realidad que se esconde detrás de la palabrería sobre grandes rendimientos obtenidos en la cuentas individuales de ahorro, pues consecutivamente sus extractos registran pérdidas cuantiosas, y en años completos (como 2011, 2013 y 2015) “los rendimientos reales reconocidos a los ahorradores afiliados en este régimen han sido negativos y la tasa de rendimiento promedio anual ha disminuido respecto a los primeros años de su funcionamiento” (Stfano Farné, 2018). Además de esto, que las mesadas no sean vitalicias, ni se puedan disfrutar a la edad que se quiera, que disminuyan abruptamente de acuerdo con la expectativa de vida del cónyuge, o si entre los eventuales beneficiarios de la pensión sustitutiva existen personas con discapacidad y, para colmo, que la pensión, en el mejor de los casos, apenas pase del 20 por ciento del último salario, y que las más de las veces no alcance a ser ni la cuarta parte de lo que se obtendría en Colpensiones, alimentan la tendencia a retirarse de las AFP.

 

Conscientes, pues, de que en corto tiempo la avalancha de traslados se hará irrefrenable, los monopolistas –contando con la atávica complicidad de cúpula política– decidieron que para finales del presente año, deben haber convertido en Ley de la República un paquete de medidas que ambientan con una insidiosa arremetida ideológica que aduce, entre otras demasías, que el gasto en pensiones es regresivo financiando a los ricos a costa de los pobres (o al “quintil más pudiente”, es decir a quienes devengan entre 1,5 y 2 salarios mínimos en adelante); que quienes logran jubilarse, luego de 30 o más años de esforzado trabajo y de cotizar regularmente, carguen sobre sus hombros la responsabilidad del déficit fiscal y la baja cobertura del sistema pensional; y de que el 76 por ciento de los mayores de 65 años no reciban ingreso alguno, como lo vienen planteando en diversos análisis, entre otros, Santiago Montenegro de Asofondos, y Leonardo Villar de Fedesarrollo. (Ver, por ejemplo, edición 352 de abril de 2018 de la revista Economía Colombiana, de la Contraloría General de la República)

 

La propaganda mediática

 

La puesta en escena de los pregoneros de la reforma pensional, la primera que se implementará entre las reformas recomendadas por la Comisión del Gasto y la Inversión Pública y la banca multilateral (entre otras como la laboral, tributaria, a la salud, la justicia, etcétera), ha sido cuidadosamente programada desde los anuncios altisonantes hasta los lamentos e invocaciones a la ancianidad desprotegida. La campaña dirigida a preparar la presentación del proyecto ante el Congreso de la República se intensifica día a día. Abundan los seminarios, encuentros, conferencias y demás eventos supuestamente de orden “académico” organizados y controlados por los promotores de la reforma. Como parte de esto, el pasado 6 de junio se llevó a cabo un foro en el cual tomaron parte como expositores, entre otros, Mariano Bosch (de la Unidad de Mercados Laborales del Banco Interamenricano de Desarrollo BID), Juan Carlos Ramírez Jaramillo (Director de la Oficina Cepal Colombia), Leonardo Villar (Director Ejecutivo de Fedesarrollo), Stefano Farné (Académico), Eduardo Lora (Consultor Internacional) y Santiago Montenegro (Presidente de Asofondos).

 

Allí, con estadísticas distorsionadas, acomodadas en el afán de dar sustento a sus premisas y afirmaciones falaces, omitieron deliberadamente dar respuesta a situaciones de orden perfectamente verificable y objetivo, como la acelerada acumulación de recursos por parte de los fondos privados de pensiones, la cual hoy alcanza la fabulosa suma de $230 billones, en contraste con el insignificante monto de las pensiones que ha reconocido, cuya cifra no llega a 50.000, pues el resto corresponde al llamado retiro programado.

 

• Que el Congreso de la República emita una Ley Marco, muy general, tanto que no se ocupe de los “detalles” como semanas de cotización, edad para jubilarse, etcétera, pues tales atribuciones serían otorgadas a un nuevo organismo institucional llamado Consejo Pensional.
• Tal Consejo sería conformado por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Trabajo o la Presidencia de Colpensiones, los Representantes de las AFP y dos técnicos o expertos en pensiones. Este Consejo se encargaría de fijar y revisar constantemente los requisitos para obtener la jubilación, establecer de acuerdo con esos parámetros la edad, las semanas de cotización y su monto, teniendo en consideración los cambios demográficos y otros factores.
• Crear una jurisdicción especializada en pensiones, para lo cual habría que “capacitar” a jueces y demás funcionarios de ese ámbito, pues consideran que los actuales “desconocen” la materia.

 

Como se ve, estos comerciantes de la vida y de la muerte no paran mientes en calcular cada moneda de su ganancia, previendo cualquier circunstancia que les impida acrecentar su atesoramiento; la reforma que se proponen sacar adelante les asegura seguir acentuando las exigencias en cuanto su ambición así lo requiera; pues con la creación del Consejo se corre el peligro de que ya no baste con reformar, necesitan un órgano de bolsillo que ostente toda la potestad para cambiarles a los afiliados las reglas del juego. El Consejo pensional podría ser una especie de pequeño Congreso, cuestión que desborda la misma legalidad y desconoce al propio órgano legislativo, el cual por su conformación, con toda seguridad impartirá bendición al catastrófico proyecto, pero no podrá dar vía libre a que se legisle por fuera de su espectro.

 

Solo hay una senda que los colombianos deben empezar a transitar: La movilización como en otras latitudes se ha producido. El capital financiero no puede seguir desangrando la seguridad social en Colombia ni pauperizando a su población. La viabilidad del régimen de prima media y fondo público de pensiones está demostrada. Hay que crear un contrapoder que levante como eje de su lucha la abolición de los fondos privados y rompa la dinámica y la lógica existente, el cual debe incluir no solo a los actuales trabajadores que estén afiliados a cualquiera de los sistemas, sino que logre reunir a la multitud de colombianos que sobreviven en la informalidad, a los desempleados, a los contratados a destajo por labor realizada, a los temporales, porque si no, al final, todos los colombianos seremos convertidos en víctimas.

 

* Comité nacional provisional “Con las pensiones no, Salario mínimo digno”

 


 

Recuadro

 

Sus propuestas, nuestro perjuicio

 

  • Las acá relacionadas son las principales enmiendas propuestas, de las cuales, según sus apetitos o lealtades, cada grupo “académico”, financiero o político, enfatiza unas u otras.
  • Acabar con el régimen de prima media que administra Colpensiones.
  • Establecer un sistema de pilares, obligando a cotizar a los fondos privados a todo aquel que perciba un ingreso superior a un salario mínimo. Este sistema que tiene alta posibilidad de permitir los consensos entre los grupos financieros, aparece como el más idóneo para mantener compulsivamente a una alta porción de los cotizantes en las AFP, quienes recibirían la pensión básica sobre un salario mínimo, la cual sería decreciente en la medida en que con los ahorros extras en las AFP lo primero que se cubriría sería el “subsidio”, equivalente a algo así como el 65 por ciento de la mesada mínima, por lo que solo a partir de aportes basados en ingresos de entre 3,4 y 5 salarios mínimos se podría pensar en pensiones leve y progresivamente superiores al mínimo.
  • Eliminar los subsidios que supuestamente tienen las pensiones del régimen de prima media. Esto significaría el envilecimiento de la totalidad de las mismas, hasta niveles de verdadera indignidad.
  • Subir por lo menos a 65 años la edad de pensión para hombres y mujeres, y aumentarla cada cinco años. Las mujeres serían las más perjudicadas, y eso que los mismos que piden las reformas realizan densísimos estudios sobre la necesidad de realizar “discriminaciones positivas” de género, cuando con medidas como esta se desconoce el desgaste de la mujer en la crianza de los hijos y el cuidado del hogar.
  • Elevar la cotización a 18 por ciento –los dos puntos más a cargo del trabajador.
  •  Aumentar la prima y las comisiones que cobran los fondos privados; y permitir la disminución de la renta vitalicia a cualquier momento.
  • Mientras exista Colpensiones, calcular la pensión con base en el promedio de ingresos de toda la vida laboral y no de los últimos 10 años.
  • Gravar las pensiones superiores a dos salarios mínimos.
  • Permitir que haya pensiones inferiores al salario mínimo, y reducir a 75 por ciento la pensión de los sobrevivientes del pensionado fallecido.
  • Eliminar el régimen especial del magisterio; disminuir los beneficios y aumentar las cotizaciones de Fuerzas Militares y Policía.
  • Intimar a jueces y magistrados a fallar bajo la orientación de los economistas pagos por la banca y de acuerdo con las exigencias de reducir el gasto público en materia social. Santiago Montenegro viene sosteniendo que los fallos de tutela en cuanto a pensiones de sobrevivencia o por discapacidad “están debilitando y poniendo en dudad la viabilidad del sistema pensional (público y privado) e incrementando el déficit fiscal del régimen público y haciendo también inviable la existencia, por ejemplo, del mercado de rentas vitalicias” (Economía Colombiana, edición 352, abril-junio de 2018). Por su lado, la
  • Comisión del Gasto señala que las decisiones judiciales vienen afectando el equilibrio del sistema y que “se debe propender a la unificación de las decisiones jurisprudenciales alrededor del sistema pensional en temas que generan grandes costos al erario público (sic) e incertidumbre a los actores privados del sistema.” (Comisión del gasto y la Inversión Pública, Informe final. Diciembre, 2017).
  • Hacer una reforma laboral que permita contratos sin cotizar para pensión ni pagar el salario mínimo –el cual se propone bajarlo aún más- a cambio de ínfimos aportes a los Beneficios Económicos periódicos, Beps, sistema administrado por Colpensiones que inició su operación a mediados de 2015, destinado a “quienes tienen capacidad de ahorro” pero no alcanzan a cumplir los requisitos para adquirir una pensión, al que también se obligará a cotizar a quienes viven del rebusque y a los trabajadores rurales para, si acaso, obtener “pensiones” de alrededor de $150.000; disminuir los pagos de incapacidades y por recargos dominicales y festivos.
Publicado enEdición Nº248
Jueves, 26 Abril 2018 06:11

¿Qué sucede realmente en Nicaragua?

¿Qué sucede realmente en Nicaragua?

La historia cambia a conveniencia de quienes la gobiernan. Por eso es importante contextualizar a nivel internacional las causas que actualmente han llevado a estudiantes de distintas universidades del país a salir a las calles para reclamar sus derechos y por qué la Policía Nacional los está matando.

Luego que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, perdió las elecciones presidenciales de 1990, en un entorno de guerra y extrema pobreza en el país, este partido comenzó a fragmentarse, las diferencias internas causaron que muchos dirigentes e intelectuales que lucharon contra la dictadura somocista se salieran de las bases del Frente. Durante la década de los noventa el Partido desarrolló una lucha constante contra los gobiernos neoliberales, quienes entre su corrupción e inoperancia de gobernación no sacaron al país de la pobreza.


En 2007 Daniel Ortega, presidente del FSLN regresó al poder, la población necesitaba un cambio y creyeron que utilizando los símbolos de la revolución nacional podían encontrar un refugio y crear cambios positivos para el país. Al menos así fue el discurso de Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes hasta la fecha han gobernado a su conveniencia. Ambos se apropiaron de la simbología del sandinismo para crear bases sólidas en distintos sectores de la población. Su poder incrementó hasta desestabilizar a todo tipo de oposición. Entre ellos, diferentes grupos universitarios que se han manifestado por las acciones contradictorias de este gobierno mal llamado sandinista.


Los símbolos y discursos del gobierno se acrecentaron con los años. Rosario Murillo comenzó a promover un discurso de paz, amor y solidaridad desde una óptica homogénea que, para ella, su familia y un grupo de seguidores selectos consideraron como los símbolos de esta nueva etapa sandinista. Son estos los símbolos que hoy se esparcen por todas las calles del país con el objetivo de crear una presencia omnipresente y autoritaria, como por ejemplo los árboles de la vida (árboles de metal de 17 y 21 metros de largo y un ancho de hojas de 13 metros por 9, en material de acero, 7 toneladas de peso y 15 mil bombillos tipo led por árbol) y los mega rótulos con las imágenes de sus autoridades, los mismos contra los que la población ha canalizado su descontento en las manifestaciones recientes, en un intento de destruir los símbolos de este gobierno disque sandinista de la última década. Desde la cúpula de poder también se ha promovido un discurso tergiversado sobre las causas por las que los primeros sandinistas lucharon, actualmente dejadas en el olvido y la manipulación propagandística.


Por eso es importante aclarar que el pueblo nicaragüense actualmente no está peleando contra aquel partido sandinista que una vez puso a Nicaragua en la discusión mundial, tampoco se pelea contra una Juventud Sandinista que organizó una de las mejores cruzadas de alfabetización en la historia contemporánea. Tampoco se lucha en contra de los errores de la guerra que se cometieron durante la generación de los años 80, junto con sus dirigentes. ¿Por qué lucha hoy, entonces, el pueblo nicaragüense?


Hoy se lucha contra una familia que utiliza a su conveniencia ese pasado con discursos retorcidos que, más allá de convencer a los ciudadanos por una unidad reconciliatoria, ponen en evidencia sus políticas autoritarias que censuran cualquier tipo de diálogo distinto al de ellos. Este mes de abril de 2018, las problemáticas en Nicaragua se rebalsaron. Las decisiones arbitrarias del presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo han hecho que los estudiantes salgan a las calles pacíficamente a marchar en contra de esos errores. Las autoridades, por su parte, arremetieron con mano de hierro contra los estudiantes pensando que con el miedo iban a silenciarlos, pero más bien provocaron un giro de tuerca que tiene al país en el desenfreno total. El gobierno de Nicaragua ha olvidado las consignas de aquel partido de Carlos Fonseca Amador y los ideales que lograron que muchos países se sumaran a la causa.


Tranquilidad, una palabra que derraman las voces autoritarias que no ponen en práctica sus consignas trasnochadas. Los líderes del país expresan cierto carácter pasivo agresivo. La pregunta es, ¿por qué actuar represivamente cuando las protestas que los estudiantes de la UNI, UNA, UCA, UNAN, UNAN-LEÓN, UPOLI, además de ciudadanos y ciudadanas que no soportan la intolerancia del gobierno nicaragüense, son desestabilizadas por el abuso de poder que se vive en este país?


Esta intranquilidad por los nicaragüenses es un ejemplo, entre muchos, de no aceptar ningún tipo de represión. Almas vacías y mediocres les llamó Rosario Murillo a los estudiantes que han salido a pronunciarse desde hace semanas por las vicisitudes acontecidas en este mes de abril. Sobre todo, porque este 16 de abril de 2018 el gobierno anunció una nueva reforma del Instituto Nacional del Seguro Social que perjudica a la población trabajadora nicaragüense.


En diversos departamentos la población se ha movilizado para visibilizar su malestar, pero la opresión es la misma por la Policía Nacional y las turbas que vestían con camisas blancas llenas de mensajes solidarios, pacíficos y reconciliatorios, y ahora se disfrazan de civiles para sembrar el caos y el terror entre la población. Ellos han organizado a delincuentes que portan cuchillos, tubos, palos, piedras y cada utensilio corto punzante que pueda dañar la integridad de cualquier persona que sale a las calles a reclamar sus derechos como ciudadanos nicaragüenses. Mientras la Policía Nacional protege a delincuentes que desgraciadamente utilizan el nombre de los que una vez realmente fueron la Juventud Sandinista.


El miércoles 18 de abril las marchas autoconvocadas por estudiantes universitarios y demás ciudadanos, en distintas zonas del país, fueron asediadas y amedrentadas por los brazos represivos del Gobierno. La situación nacional se puso más compleja, al punto que diversos medios televisivos fueron censurados para que la población no se enterara de lo que estaba ocurriendo, pero fue demasiado tarde porque el jueves 19 de abril se intensificó la represión y cayeron los primeros estudiantes.


El 20 de abril aumentaron los muertos y las persecuciones a universitarios; muchos están desaparecidos. Los pobladores están encendidos, no duermen; y sus ciudades se consumen entre el incendio y el terror. Pero nadie quiere ser afectado por las autoridades que no permiten a los ciudadanos de distintos rincones del país expresar sus intrínsecos sentimientos de crítica cuando se sienten ofendidos por el despotismo descarado.


La paranoia incrementa y la búsqueda de organización es latente a nivel nacional. Hace tiempo que no se veían manifestaciones fuertes en Nicaragua. Diversos pobladores salen a las calles a cualquier hora. Pensando en esos estudiantes que duermen en casas de desconocidos o en las mismas aulas donde reciben clases para agarrar fuerzas y seguir enfrentándose contra el régimen de los Ortega Murillo. Estudiantes que deberían de estar en clases, aprovechando sus años de adolescencia para crecer y construir sus futuros, pero hoy recuerdan a los muertos que en cinco días han caído por el terror de la injusticia. Se reportan más de 30 muertos. La mayoría eran estudiantes universitarios que participaron en las protestas, civiles, policías, un niño de 15 años y un periodista. También, estos enfrentamientos han dejado a más de 200 personas heridas y varios desaparecidos.


Las autoridades de este país están asustadas al ver a su Policía Nacional desestabilizada, defendiéndose con bombas y gases lacrimógenos, armas de fuego y saqueando armerías porque no esperaban que las generaciones de los mal juzgados millennialstambién pueden construir trincheras de cemento acuerpadas con la fuerza de la ciudadanía y respaldadas por la transmisión en directo de otras manos amigas que se bifurcan en diversas redes sociales. Esos estudiantes han sido apoyados por cada poblador que sale a comprar víveres para dejar en casas de acopios y universidades, porque todas y todos estamos cansados de no poder manifestarnos cívicamente y de vivir en represión.


Por las noches habla la vicepresidente Murillo, infectada con palabras llenas de doble moral, a tratar de tranquilizar las aguas de un país revuelto que busca desterritorializar su discurso vertical. A Ortega le ha costado pronunciarse, está asustado porque este país que él ve como finca se le ha salido de control. Muchos de sus seguidores les han dado la espalda y se han enfilado con el pueblo. El presidente recubre su discurso de falacias descontextualizadas para verse nacional e internacionalmente como una víctima más de la conspiración opositora financiada, según dice él, por organizaciones estadounidenses que desean desestabilizar al gobierno. Es un presidente manipulador que ha puesto al pueblo nicaragüense como delincuente, de la misma manera que una vez Somoza y Moncada le llamaron bandolero a Sandino.


Hay algo podrido en Nicaragua, el cadáver podrido cambia cada cierto tiempo. El cadáver de nuestro presente utiliza el nombre de revolución y sandinismo, pero eso desapareció hace años, junto con la mística socialista. Los estudiantes no quieren imágenes que simbolicen el autoritarismo. En las calles han comprendido el sentido de la vida: instantánea, frágil y absurda.


La gente que sale a las calles incrementa con los días; existen varios puntos de lucha en el Pacífico, Centro y Atlántico del país. Cada estudiante, familia, iglesia, trabajadores de la empresa privada y del estado, y demás ciudadanos apoyan desde sus trincheras, expresando en sus acciones que la diversidad es el arma perfecta para combatir contra la represión cubierta de intolerancia y mediocridad al momento de gobernar.


Frente a las atrocidades que han sucedido este mes de abril y que seguirán creciendo mientras no se dé una solución concreta, los jardines de la cultura seguirán acogiendo almas primaverales que desean y fomentan justicia, crítica y desarrollo. Las palabras causan temor y en Nicaragua los tiranos rápidamente olvidan que la palabra crítica alimenta la mente y las balas disparadas desbaratan cerebros. Por eso, no podemos olvidar que cuando un estudiante muere una madre llora, una familia se desestabiliza y un pueblo grita. La violencia la activó el gobierno, las muertes de estos estudiantes que han defendido sus derechos se debe a la mediocridad de un sistema gubernamental pervertido.


Es complicado responder a la pregunta que se hace el mundo: ¿qué pasa realmente en Nicaragua? El problema no es solamente que el gobierno comunicara el 16 de abril una reforma injusta para los asegurados y que el pasado 22 de abril, fuese revocada para crear una supuesta estabilización en el país, ni que dejara que se quemara una de las reservas naturales más importantes de Centroamérica. Los problemas son varios, como el incremento de la gasolina y la electricidad, la poca inversión a condiciones dignas y de calidad para cualquier estudiante, el temor que provoca una policía que violenta a la población en cada momento del año, robándoles indiscriminadamente. La lista de injusticias aumenta al escuchar las voces de una ciudadanía nicaragüense que no encuentra una opción política que aglutine la pluralidad y diversidad de demandas actuales y dé una respuesta alternativa y coherente frente a estos acontecimientos de abuso, a un gobierno que miente y finge tranquilidad cuando el país se erosiona y se desgasta constante y violentamente.

 

Por Eduardo Flores Arróliga.
Docente de Filosofía, Universidad Centroamericana (UCA), Managua (Nicaragua)

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Jueves, 22 Febrero 2018 05:56

Una huelga académica hace historia

Una huelga académica hace historia

Al menos 64 universidades e institutos de estudios superiores británicos se preparan para la mayor huelga académica de la historia de Reino Unido, convocada por los docentes hoy para defender sus pensiones. El sindicato University and College Union (UCU), al que pertenecen en todo el país alrededor de 190.000 profesores, quiere organizar 14 días de huelga a lo largo de las próximas cuatro semanas. Si estas acciones no surten ningún efecto, también contemplan más huelgas en abril, mayo y junio.


Los docentes luchan por su jubilación, pues como consecuencia de una reforma de las pensiones planeada por la patronal Universities UK (UUK), se especulará en bolsa con sus aportaciones. El sindicato calcula que cada persona perderá de media 10.000 libras (más de 11.000 euros/ 13.900 dólares) al año. Tras meses de negociaciones, la patronal y el sindicato no pudieron ponerse de acuerdo. “Hasta hace un par de años, un profesor de universidad podía calcular con seguridad cuánto recibiría de pensión”, explicó Tom Armstrong, presidente del sindicato en la Universidad SOAS de Londres. “Pero hace unos años se modificó el sistema de forma que hasta un sueldo de 55.000 libras se paga de forma normal, y a partir de esa cifra nuestros aportes a la jubilación cotizan en bolsa”, añadió.


La patronal UUK quiere ahora eliminar el límite de ingresos y que todas las aportaciones de los docentes coticen en bolsa. Según UUK, el sistema actual se encuentra en crisis y registra un déficit de financiación de 7.500 millones de libras. “La mayoría de las universidades ya no se pueden permitir gastar más en pensiones sin ahorrar en otros ámbitos como en el de la enseñanza o la investigación”, dijo el presidente de UUK, Alistair Jarvis. Esto se equilibrará con la reforma para “garantizar pensiones sostenibles y atractivas”, añadió.


Sin embargo, el sindicato argumenta que el sector de la universidad está en auge por el avance de la privatización. La organización quiere “golpear tan fuerte como sea posible” a la dirección de las universidades con su huelga. A largo plazo muchos docentes podrían trasladarse a otros países debido a la reforma, algo que podría empeorar con la salida del país de la Unión Europea (Brexit). Además de la huelga, el sindicato se manifestará el 28 de febrero ante el Parlamento en Londres. En caso de ninguna de estas medidas surta efecto, el próximo paso de la lucha podría ser un boicot a las calificaciones. Esto podría poner en peligro la graduación de miles de estudiantes.

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Martes, 19 Diciembre 2017 07:54

Una reforma que salió a palazo limpio

Una reforma que salió a palazo limpio

El recorte de los haberes jubilatorios fue aprobado con 128 votos a favor. En contra votaron 116 diputados y dos se abstuvieron. Terminó así el duro debate que había comenzado ayer en medio de la masiva movilización de protesta y los violentos choques entre policías y manifestantes, que dejaron más de 60 heridos y centenares de detenidos. Durante hubo carolazos en distintos barrios porteños y el conurbano que confluyeron en el Congreso.

 

La alianza Cambiemos –acompañada por diputados peronistas que responden a gobernadores “dialoguistas”– convertió en ley la reforma previsional que rebaja la actualización de los haberes de jubilados, pensionados por discapacidad, ex combatientes de Malvinas y los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y embarazo. Con la presión sobre los gobernadores, que llegaron hasta el Congreso para respaldar el pacto con el Gobierno central, el oficialismo se aseguró el quórum y despejó el camino para imponer en una embestida legislativa la reforma más resistida del paquete económico, que ayer se tradujo en otra multitudinaria manifestación de rechazo frente al Congreso, acompañada por un paro general decretado por la CGT. La protesta derivó en una nueva represión de las fuerzas de seguridad, que chocaron con grupos de izquierda, dejando un saldo de cientos de detenidos y unos 60 heridos. Por la noche, se multiplicaron los ruidazos de protesta por todo el país, incluyendo frente a la quinta de Olivos, Plaza de Mayo y de nuevo en el Congreso, mientras los diputados seguían con el debate que cerró con 128 votos a favor del ajuste, 116 en contra y dos abstenciones.

 

La oposición expresó su rechazo a la reforma y al bono “compensador” que sólo restituye unos 4 mil de los 100 mil millones anuales que quitarán a jubilados y pensionados para tapar los agujeros económicos del Gobierno nacional y las provincias.


Tras casi cinco horas de discusiones que rondaron la continuidad o no de la sesión en medio de la represión desatada afuera del Congreso, el oficialismo logró arrancar el debate pasadas las 19. Una larga lista de 80 oradores iniciales, la sesión –que también tiene en su temario la reforma tributaria– amenazaba con extenderse hasta avanzada la madrugada. Apurado por los tiempos, Eduardo Amadeo, como presidente de la comisión de Previsión Social, defendió el proyecto del Gobierno leyendo su discurso –en medio de los abucheos opositores–, lo que no le evitó fallidos sobre los objetivos de la iniciativa. “El Estado cumplirá sus obligaciones con los jubilados y los demás pobres”, afirmó Amadeo, quien pretendía convencer que la nueva fórmula no representaba un recorte a los sectores más castigados por las políticas económica del Gobierno macrista.


“Llegamos al recinto en medio de una enorme campaña de falsedades, pero a fin de año los jubilados no sólo van a estar mejor, sino que van a tener una fórmula que los va a proteger por décadas”, insistió, para luego afirmar no tener culpa por el recorte. “Tenemos la conciencia tranquila”, se justificó y rechazó los cuestionamientos opositores. “Estamos orgullosos del enorme compromiso social de nuestro gobierno”, afirmó. Desde la oposición no se mostraron muy de acuerdo.


La massista Mirta Tundis y la kirchnerista Luana Volnovich compartieron su turno luego de unificar el dictamen opositor de rechazo. “Vamos a rechazar este proyecto porque lo consideramos inviable”, arrancó Tundis y agregó: “Dicen que la ley no vulnera ni afecta los derechos de los mayores, sin embargo afecta los derechos humanos del sector alcanzado por esta reforma, que en realidad es un ajuste, es un recorte”. “Esta ley es inconstitucional porque viola tratados, convenciones, como la del derecho del niño, fallos de la Corte Suprema de Justicia. Esto va a ir a la justicia pero sólo se van a poder defender los jubilados con haberes más altos, el que gana 7600 pesos no va a poder contratar un profesional para defenderse”, añadió.


“Este bono para los jubilados es como si un delincuente secuestrara a un jubilado, lo llevara a un descampado, le robara todo lo que tiene y después le diera 200 pesos para que vuelva a su casa. Eso es el bono (Pablo) Kosiner”, soltó Volnovich, que le apuntó a los peronistas conciliadores pero también al Gobierno nacional: le dijo a los legisladores oficialistas que son “débiles con los fuertes y fuertes con los débiles”.


Martín Lousteau, que aportó al quórum oficialista, quiso diferenciarse en el recinto. “Esto que está ocurriendo hoy es la grieta, es la calamidad de la grieta, es el peligro de jugar con la grieta por temas electorales, es el peligro de creer que uno puede ir por todo porque tiene los votos”, dijo tomando distancia de la iniciativa y advirtió sobre la “prepotencia de un proyecto de ley que no se discutió, que quiso ser impuesto, que no se debatió como corresponde”. “Nosotros no estamos a favor del proyecto. Presentamos un proyecto alternativo y decimos de dónde debe salir el dinero para obtener este fin”, cerró tras allanarle el camino a Cambiemos.


“En este Parlamento tenemos un problema con realidad si no le decimos a la gente de que se trata esto. Esto se trata de sacarle la plata del bolsillo a los jubilados. Tiene ese único nombre, aunque le agrego a los trabajadores, embarazadas, población vulnerable. Es un saqueo no tiene otro nombre”, afirmó el ex ministro de Economía Axel Kicillof (FpV-PJ), que cargó contra la mentira “planteada por el Gobierno y el presidente Macri en campaña, cuando dijeron que no iban a tocar los haberes jubilatorios. “El ajuste es el ahorro, como le gusta decir a ustedes”, agregó y le piso números al saqueo: 100 mil millones de pesos anuales. “Es una bancarrota de la estafa electoral”, sentenció Kicillof.


“Este es un Gobierno de mamarracho. Como puede enviar al Congreso un decreto para modificar un proyecto que se está debatiendo sin modificaciones”, soltó Leopoldo Moreau sobre el bono que firmó Macri “para compensar lo que dice que no le saca”. En la esquina Rivadavia y Riobamba, del Congreso aun sitiado por la policía, comenzaron a sonar algunas cacerolas. El oficialismo evaluaba entonces un cuarto intermedio inmediatamente después de que se sancionara la ley. Querían evitar el desgaste de la tropa propia en medio de la continuidad de los reclamos en la calle.


Hasta el dialoguista Diego Bossio mostró su resistencia al proyecto. “Que una ley como la de movilidad esté tan enraizada en toda la sociedad significa que es buena para la gente. Nunca fue cuestionada esta ley”, dijo el ex titular de la Anses y diputado de Argentina Federal que responde mayoritariamente a los gobernadores peronistas. “Si el reconocimiento es que con esta ley no se pierde poder adquisitivo, lo que estamos reconociendo es que el haber mínimo jubilatorio actual es bueno, y lo estamos congelando”, se justificó Bossio.


Desde el Movimiento Evita, el jefe de la bancada Leonardo Grosso también cargó contra el “recorte previsional” que “quieren imponer a los tiros”. “Le mienten a la gente y a los jubilados”, insistió. Consideró que “la ley no tiene legitimidad política”. Los puntanos de Compromiso Federal también adelantaron su rechazo y destacaron que el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, fue el único que no se sometió a la presión del Gobierno sobre las provincias.


Nicolás del Caño (FIT) repasó los recortes que sufrieron en estos dos años de gobierno macrista, trabajadores, jubilados y los sectores más pobres de la población mientras que favoreció a los capitales concentrados. “Los recursos para los jubilados están. Pero se lo lleva un pequeño puñado de grandes empresarios que representan el cinco por ciento de la población”, afirmó el diputado de izquierda.


Las versiones sobre los cacerolazos crecían dentro del recinto. La sesión continuaba y al cierre de esta edición, Cambiemos aseguraba el triunfo y sólo esperaba que transcurrieran los discursos. Afuera del Congreso ya comenzaba a reagruparse la gente y se escuchaban ruidos de cacerolas.

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El capitalismo no marcha hacia atrás: la ofensiva conservadora en América Latina

Desde hace varios años que partidos y movimientos políticos de derecha han avanzado en la región, ya sea haciéndose con el gobierno o logrando imponer agenda. Lejos de querer retroceder en el tiempo, esta dinámica se inscribe en una nueva etapa del capitalismo mundial.


La excepción latinoamericana


Quizás la perspectiva nos hace perder el cuadro global, pero la oleada progresista y revolucionaria que vivió América Latina a comienzos del siglo XXI fue una excepción a nivel mundial. El neoliberalismo (fase superior del capitalismo de posguerra) siguió su expansión en todo el planeta.


En ese marco la impugnación política que sufrió ese modelo en varios países de la región, como se vio en el “no al ALCA” de 2005 y en diversas políticas redistributivas internas, supuso en la mayoría de los casos una continuidad respecto a la inserción de esas economías en el mercado mundial (como en los modelos neodesarrollistas de Argentina y Brasil). Pero aún incluso en los procesos más radicalizados como los de Venezuela y Bolivia, no se logró ir más allá de una confrontación parcial que nunca dejó de depender en gran medida del rol asignado a Latinoamérica en la división internacional del trabajo.


Los límites propios de los procesos latinoamericanos que no lograron avanzar y consolidar iniciativas soberanas conjuntas (como el Banco del Sur o el ALBA) que permitieran generar resortes contra las crisis económica mundial, terminaron siendo el campo fértil sobre el que se dio la ofensiva conservadora.
Ganamos las elecciones, pero igual perdimos


El mismo fin de semana que Mauricio Macri ganaba el ballotage, Joao Pedro Stédile -dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil- afirmaba en una charla en la Escuela Florestán Fernandes de Sao Paulo que en su país se habían ganado las elecciones, pero el pueblo había perdido igual. La referencia era al triunfo de Dilma Rousseff sobre Aecio Neves en 2014, que no impidió que por presión de sectores conservadores (dentro y fuera del gobierno) a mediados de 2015 se aplicara un ajuste brutal.


Es que el modelo económico, asentado sobre la lógica extractivista y de producción de materias primas, se mostró corto de horizonte en cuanto el mercado mundial comenzó a crujir luego de la crisis iniciada en 2007. Los capitales volvieron al centro y la restricción externa, acompañada de una devaluación de la moneda (tanto en Argentina como en Brasil) planteó un límite a la posibilidad de distribución del ingreso con una consecuente caída en el nivel de vida.


Como señalamos en noviembre de 2015, “esta crisis de los modelos neodesarrollistas también plantea que la alianza entre las burguesías locales y los sectores populares fracasó. Pero esta derrota del ‘capitalismo serio’ no fue una decisión de la clase trabajadora, sino de las propias burguesías”.


Fueron estas últimas las que, ante los primeros signos de retroceso de sus ganancias extraordinarias, le “soltaron la mano” a esas alianzas y los gobiernos que las impulsaban. En parte por eso las salidas a esos procesos fueron por derecha y no implicaron una profundización de los aspectos más progresivos de aquellos modelos.
La reforma laboral brasileña y el avance del capitalismo dependiente


La promesa de Mauricio Macri de que las inversiones iban a llover una vez que él fuera electo presidente tuvo el error de cálculo de no considerar los movimientos geopolíticos y económicos mundiales. Acertado en la política local -que le permitió ganar las elecciones-, pretendió aplicar un modelo económico que no tiene cabida ante la incertidumbre global.


Por eso el espejo de Brasil y su reforma laboral se muestra como un camino a seguir. Es que cuando se toma distancia de la primera impresión, esta no supone una vuelta al pasado. Por el contrario, la ley brasileña avanza en el sentido lógico de una economía capitalista dependiente.


La dificultades, producto del intercambio desigual entre los países industrializados y aquellos que son productores de materias primas, llevan a estos últimos -ante la imposibilidad de revertir la ecuación internacional- a compensar esa transferencia de valor de la periferia al centro dentro de sus propios territorios.


En los años ‘70, el teórico de la dependencia Ruy Mauro Marini, un sociólogo marxista brasileño, definió este mecanismo de compensación como “superexplotación del trabajo”.
En su texto Dialéctica de la dependencia (1973), Marini explicó que este modo específico de explotación se puede dar por tres factores: “El aumento de la intensidad del trabajo (...) logrado a través de una mayor explotación del trabajador y no del incremento de su capacidad de trabajo”; “la prolongación de la jornada de trabajo, es decir, del aumento de la plusvalía absoluta en su forma clásica”; y la posibilidad de reducir “el consumo del obrero más allá de su límite normal (...) implicando así un modo específico de aumentar el tiempo de trabajo excedente”.


El teórico brasileño también señaló que “esto es congruente con el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en la economía latinoamericana, pero también con los tipos de actividades que allí se realizan”. Es que en la industria fabril “un aumento de trabajo implica por lo menos un mayor gasto de materias primas”, mientras que en la industria extractiva y en la agricultura “el efecto del aumento el trabajo sobre los elementos del capital constante son mucho menos sensibles, siendo posible, por la simple acción del hombre sobre la naturaleza, incrementar la riqueza producida sin un capital adicional”.


Si bien estos postulados no necesariamente se presentan “puros” en la realidad, las similitudes con la ampliación de la jornada laboral, reducción de derechos y aumento de la edad jubilatoria impulsadas por el gobierno de Michel Temer, resultan sorprendentes.


Para el capitalismo dependiente latinoamericano las condiciones de posibilidad de su existencia están dadas por reforzar esos mecanismos que buscan remunerar la fuerza de trabajo “por debajo de su valor”.


No vamos a volver


Ese es entonces el camino “viable” para la derecha latinoamericana que busca tomar la iniciativa. Pero también es una advertencia para quienes desde la vereda opuesta buscan plantear alternativas que -en palabras de Álvaro García Linera- abran una nueva “oleada revolucionaria”.


Retrotraer la situación a lo sucedido durante los últimos 15 años, no es una opción. Excede la voluntad: las condiciones económicas extraordinarias que generaron esas coyunturales alianzas de clases, ya no existen.
@SantiMayor

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Lunes, 26 Junio 2017 10:56

Chile, el Sistema de AFP fracasó*

Adriana Gómez

La reforma del sistema de previsión social adelantada en Chile a principios de los ochenta se convirtió en el modelo impulsado por los neoliberales en toda América Latina. Hoy se revela su fracaso, en toda su magnitud. Sin embargo, para dar al traste con el mismo, los trabajadores están en plena movilización en las principales ciudades; también cuentan con una propuesta alternativa para darle paso a un nuevo sistema de previsión, diferente a la que plantea el actual Gobierno.

 

Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de condiciones. La Conferencia reconoce la obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que permitan:

Extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quiénes los necesiten y prestar asistencia médica completa; Proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones.
(Declaración de Filadelfia de la OIT, 10 de mayo 1944).

 

Una profunda crisis experimenta el sistema de pensiones instaurado en Chile bajo la Dictadura Cívico Militar en 1981 con la dictación del decreto ley 3.500, de 1980. Tras treinta y cinco años de aplicación de un sistema de ahorro individual, administrado por sociedades anónimas que lucran de su gestión, los peores temores avizorados desde su instalación se han confirmado.

 

Las cifras son elocuentes, al 31 de octubre de este año el promedio de pensiones por vejez, se desglosa de la siguiente forma: para 355 mil pensionados la pensión por retiro programado es de $119.490, para 167 mil pensionados por renta vitalicia, la pensión es de $298.331, y para el total de pensionados por vejez, que suman 545.624 compatriotas, la pensión promedio es de $191.972. Estas cifras paupérrimas no corresponden a un fenómeno coyuntural o extraordinario, son el resultado concreto de un sistema que jamás fue concebido para pagar pensiones. Todos los análisis coinciden en que el deterioro del monto de las pensiones constituye un fenómeno con manifiesta e irreversible tendencia a agravarse. Las propias conclusiones a las que arribó la Comisión Asesora Presidencial son concluyentes: “Un 50% de los pensionados entre los años 2025 y 2035 obtendrían tasas de reemplazo igual o inferior al 15% del ingreso promedio de los últimos años” (1).

 

Luego de un esfuerzo destacable efectuado por los chilenos para lograr que una parte importante de la población superara la línea de la pobreza, nos encontramos hoy en una situación trágicamente paradojal: el sistema de pensiones está reintegrando a situaciones de pobreza a sectores que la habían superado.

 

En efecto, una catástrofe social de incalculables efectos se provocará de no mediar cambios importantes en el corto plazo.

 

“En particular, si consideramos las 336.000 pensiones de Vejez por Edad que pagan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) –retiro programado–, el 91% se encuentra “por debajo” de los $156.000, lo que equivale al 62% del salario mínimo nacional. Una auténtica catástrofe social, considerando que esta modalidad es la de mayor masividad en relación con el tipo de pensiones pagadas por el sistema privado” (2).

 

¿Qué pasará en los próximos 10 años? El panorama se ve aún más oscuro (3). “El 72% de los afiliados que tienen entre 60 y 65 años –se encuentran al borde de jubilar legalmente– acumula menos de $30 millones en su cuenta individual, por tanto, pueden autofinanciar a la fecha pensiones “menores” a $150.000 mensuales” (4).

 

“Por si fuera poco, la Comisión creada por la presidenta Bachelet, que estudió el sistema de pensiones (Comisión Bravo), calculó que la mitad de las personas que se jubilen entre 2025 y 2035 y que hayan cotizado entre 25 y 33 años exclusivamente en las AFP, tendrán una tasa de reemplazo menor a 22%”. “Vale decir, si usted en los últimos 10 años de su vida laboral registraba una remuneración imponible de $500.000, solo podrá autofinanciar una pensión “menor” a $110.000 (5).

 

El sistema de pensiones por capitalización individual está fracasado. Pocos se atreven hoy a refutar esta sentencia. Por tanto, el debate se enmarca en el carácter de las medidas para superarla.

 

No hay tiempo para continuar reformando este sistema

 

Los sectores que han usufructuado del sistema de AFP –que no son, por cierto, sus afiliados–, luchan denodadamente para que se introduzcan reformas paramétricas –no estructurales–, que mantengan lo sustancial del sistema que les ha permitido usar el ahorro previsional de los chilenos en su beneficio, y obtener por su gestión utilidades descomunales del todo impropias en el marco de la administración de la Seguridad Social. Pudieron lograrlo con la Reforma de 2008 (ley 20.255), la que no alteró las bases del sistema de capitalización, pensando bien intencionadamente que la agregación de un Pilar Solidario solucionaría defectos que ya, a esas alturas, eran evidentes. Las organizaciones sociales que hicieron oír sus propuestas en la denominada Comisión Marcel, que ya exigían cambios estructurales, no fueron oídas.

 

Todo parecía seguir igual, al punto que el tema de pensiones ocupó en el programa de un gobierno de ambiciones reformistas como el de Michelle Bachelet, un lugar muy desmedrado. Sólo se impulsaría una administradora de fondos de pensiones estatal que no modificaría las bases del sistema, sino que tan solo podría alterar aspectos secundarios del mismo. El viejo recurso de reformas, no apuntaba al fondo del problema, ni resolvían el creciente drama de los pensionados.

 

Emerge la protesta social. NO+AFP reclaman los chilenos

 

Es este escenario de indiferencia, la constatación palpable de las consecuencias de un sistema ineficiente, costoso e injusto, y la falta de respuesta del sistema político, hace que la indignación de la población se manifieste. Es así como nace la Coordinadora Nacional NO+AFP. Es en 2013 cuando diferentes organizaciones sindicales, de diversas área de la economía, públicos y privados, confluyen para dar inicio a esta instancia, que se propone como único fin, luchar por un Sistema de Seguridad Social, lo cual supone acabar con las AFP pues son la antípoda de los sistemas previsionales solidarios.

 

El tema de las pensiones deberá ser abordado, por más que irrite las cómodas agendas de quienes lo soslayaron. Hay un pueblo expectante que reclama una solución de verdad y que no está dispuesto a que sean las AFPs, ni los grupos empresariales que se aprovechan del sistema, los que pongan los márgenes.

 

Las AFP son dispensadoras de un servicio ineficiente por el cual cobran altas comisiones, en consecuencia, tratándose de sociedades anónimas mandatadas por Ley para cumplir un determinado propósito, no están habilitadas para participar de un debate de política pública.

 

Se pide una discusión democrática acerca del sistema de Seguridad Social que requerimos, de las prestaciones y esfuerzos que ello demanda. No serán las AFPs las que fijen la ruta de reforma; ni siquiera estos meros agentes de negocio son interlocutores válidos, esto deben decidirlo los trabajadores y trabajadoras.

 

Las técnicas de Seguridad Social deberán ser ponderadas en este debate, pero en su justo rol instrumental. Un sistema de pensiones requiere sustentabilidad financiera y un prudente y serio respaldo actuarial.

 

A lo que no estamos dispuestos es a preservar la distorsión de que la Seguridad Social se construya en función y para el mercado de capitales. No, la Seguridad Social debe adecuarse a las posibilidades económicas; pero, orientarse a su rol propio de dar amparo a las personas en estado de necesidad. A tanto ha llegado esta distorsión cultural que no faltan quienes nos asombran al decir que el sistema de AFPs ha funcionado bien. Se refieren, tal vez, a las inversiones, olvidando que ha fallado en lo que es su finalidad esencial de otorgar pensiones suficientes.

 

La dictadura destruyó la Seguridad Social

 

El sistema chileno formado desde principios del siglo pasado, no obstante sus importantes logros, tuvo un desarrollo irregular generador de una profusión de entes gestores y normas reguladoras que hacía imposible modernizarlo de acuerdo a las nuevas concepciones de Seguridad Social emergentes. Se había dado espacio a formas de discutible solidaridad, en que grupos de presión lograron prestaciones preferentes en desmedro de un diseño uniformador y más justo.

 

Los gobiernos de Alessandri, Frei Montalva y Allende intentaron modernizar la Seguridad Social, pero salvaguardando siempre su principio esencial: la solidaridad. Incluso en la Dictadura, un sector que se reclamaba de una visión más nacionalista, intentó en 1975 una reforma que respetaba el derecho de los trabajadores a gestionar su sistema de pensiones en entidades sin fines de lucro, con un sistema de reparto que solo de manera complementaria acogía la idea de capitalización individual.

 

En 1979 la Dictadura Cívico-Militar, dominada ya por los sectores neoliberales, dicta el decreto ley 2.448 que elimina las pensiones por antigüedad, salvo para FFAA y de Orden que mantienen su sistema de privilegio, y uniforma los requisitos para acceder a la pensión de vejez.

 

Con esa normativa era perfectamente factible normalizar el sistema antiguo, manteniendo el respeto a la solidaridad. Incluso, el analista Rodrigo Cerda ha estudiado que el sistema de reparto antiguo –con todas sus incongruencias–, tenía viabilidad sin necesidad de ninguna reforma paramétrica por cuarenta y cinco años más (6).

 

Pero, sin embargo, se opta por un camino diametralmente apartado de la Seguridad Social y se instala lo que hoy motiva el drama de los chilenos que han jubilado o se aprontan a pensionarse.

 

Como modalidad de financiamiento se recurre a la capitalización individual, mecanismo fracasado en el mundo y que no cumple con lo que es esencial a la Seguridad Social, como es la solidaridad. Es unánime en los tratadistas de Seguridad Social el repudio a un sistema que, además de su alto nivel de volatilidad y riesgo, en lo conceptual y práctico castiga a quienes no tienen capacidad de ahorro, reproduce la desigualdad, es perfecto espejo de una sociedad injusta que la Seguridad Social debe orientarse a corregir y no solo a fotografiar.

 

En las prestaciones se elimina el concepto de prestaciones definidas o aseguradas. Las AFPs no se obligan a otra cosa que a devolver, bajo la forma de pensión, lo ahorrado más su rentabilidad, si la hubiere. Sin embargo, el sistema se vende a la población, entonces bajo una feroz Dictadura, haciendo promesas que han demostrado ser gravemente frívolas y mentirosas. Se anuncia con una publicidad que no era posible contrarrestar, debido al control militar, que el sistema generaría un milagro, otorgaría pensiones cercanas al 70 o 100% del último ingreso con una contribución sustancialmente más baja. Respecto de esto último se fija una cotización del trabajador cercana al 10% de la remuneración mensual, liberando al empleador de toda carga previsional en la materia. O sea, con un costo cercano a la mitad, este sistema “milagroso” generaría pensiones superiores al doble de las que se obtenían.

 

El fracaso estaba anunciado

 

Los cálculos que se hicieron –si se hizo alguno–, revelan una superficialidad criminal. No se tomó en cuenta la realidad chilena, sino que se construyó en el laboratorio un Chile irreal, absolutamente distante de lo que estaba sucediendo y de lo que podría pasar. Los creadores de esta contrarreforma no podían desconocer que el “Boletín de Estadísticas del Servicio de Seguro Social” indicaba que la densidad impositiva de los obreros era tan baja que impedía a una alta proporción cumplir con los requisitos que imponía la ley 10.383. Nada de esto parece haberle importado a los promotores de las AFPs, si se repara que cometieron la crueldad de exigir 20 años para acceder a una pensión mínima con garantía estatal. Estudios previos, ratificados en el Informe Marcel, determinaron que sólo el 2% de las personas que necesitarían pensión mínima, cumplirían tal irreal requisito.

 

“La diferenciación de la edad de jubilación entre hombres y mujeres fue trasladada desde el antiguo sistema previsional al nuevo en la reforma de 1981. No obstante, esta diferenciación tiene implicancias totalmente distintas sobre los beneficios que obtienen las mujeres en ambos sistemas. En efecto, en el antiguo sistema la menor edad de jubilación fue introducida como un beneficio especial, compensatorio del trabajo reproductivo de la mujer. En particular, se buscaba reducir la edad de jubilación en proporción al número de hijos. En aquel sistema, en que las pensiones se calculaban con base en las últimas rentas en actividad, éste era un beneficio real, pues reducía en cinco años el tiempo de trabajo de la mujer sin merma en el monto de su pensión” (7).

 

“En el sistema de capitalización individual, en cambio, al calcularse las pensiones para que el fondo acumulado cubra el período de sobrevida, una menor edad de jubilación significa una rebaja importante en la pensión, pues el fondo acumulado durante un período más breve debe financiar una pensión durante más tiempo. Esto reduce el monto de las pensiones entre 30% y 40%. Esta importante diferencia sólo se amortiguaría con la protección de la garantía estatal de pensión mínima, en el caso de mujeres que reúnan el requisito de 20 años de cotizaciones. Sin embargo, debido a la magnitud de las lagunas previsionales de la mayoría de las mujeres, esta protección ha terminado siendo muy limitada” (8).

 

La idea de los “reformistas” es que se produciría un fuerte estímulo por cotizar por los montos reales y se reduciría la evasión; que la incorporación al mundo laboral sería temprana; que se mantendría un cierto estilo fordista con estabilidad en el trabajo, que las remuneraciones crecerían progresivamente, y que se jubilaría con una alta densidad y con un ahorro sólido multiplicado por rentabilidades notables.

 

La realidad había sido, era y sería diametralmente distinta. Ya la crisis de 1975, en que se destruyó la industria nacional, generó cesantía y bajos salarios (que influyeron en el cálculo de bonos de reconocimiento subvalorados para quienes se cambiarían al nuevo sistema). La crisis del 82-83 dañó irreversiblemente cualquier esfuerzo de ahorro y capitalización en la década de los 80, con una cesantía que superó el 30% y con un ataque brutal a los salarios que cayeron en esos años en más de un 20%. Ello, sin considerar, empleos para muchos chilenos bajo la forma extremadamente desregulada y miserable del PEM y POJH (9).

 

La ilusión de salarios progresivamente crecientes, por otra parte, también fue una ilusión inexplicable –o burla cruel–, en la medida que el Plan Laboral del mismo José Piñera de 1978 había maniatado al movimiento sindical, severamente reprimido de toda posibilidad de negociación colectiva seria.

 

Es decir, las AFPs fueron instaladas en un contexto de total precariedad laboral, total desregulación y bajo una sistemática represión contra el movimiento sindical que lo dejó en una extrema orfandad, vulnerable a los ataques de la dictadura Cívico-Militar.

 

Todo lo dicho habla de un sistema de pensiones que carecía de toda seriedad y confirma que la reforma estuvo muy lejos de querer dotar a los chilenos de un sistema de retiro decente.

 

¿Importaban a los “reformistas” realmente las pensiones? ¿Importaban las personas?

 

La historia nos indica que se trató de un objetivo subalterno, muy apartado de los reales objetivos del drástico cambio ocurrido en 1981. El verdadero objetivo de la reforma de 1980 fue, ni más ni menos que el de llevar a cabo la más osada, cuantiosa y espectacular privatización: “la del manejo de los recursos previsionales”, y colocarlos al servicio del desarrollo del mercado de capitales.

 

El inmenso volumen de recursos con que operaba el sistema antiguo de pensiones pasó a ser gestionado por privados, a través de administradoras con fines de lucro y compañías de seguros, también privadas y con la finalidad de obtener ganancias.

 

Lo realmente novedoso fue que la Reforma de 1981 quebrantó la normativa de los convenios de la OIT –ratificados por Chile–, que impugnaban la intervención del lucro en la gestión de la Seguridad Social. La misma violación efectuó al eliminar del todo el aporte empresarial, previsto como esencial en tales convenios y al excluir a los trabajadores de toda injerencia participativa en la administración.

 

El sistema se fundó en una pretendida competencia que generaría costos razonables de administración para los trabajadores. A poco andar, la pretendida competencia se demostró que no era sino una falacia y desde 1981 las AFPs han cobrado comisiones explícitas y ocultas que desbordan lo imaginable.

 

Mientras los sistemas de Seguridad Social se mueven en costos de administración que fluctúan entre el 5% - 10% de sus ingresos por cotizaciones, las AFPs, ante la indolencia de las autoridades, han cobrado entre un 20% - 30 % de lo que se ingresa por cotizaciones.

 

Este cobro escandaloso explica sus groseras utilidades.

 

Aparte de esta verdadera expoliación, gran parte de los pensionados ha debido soportar otro capítulo de expropiación de su patrimonio: el pago de los gastos de comercialización, publicidad, administración y ganancias de las compañías de seguros en el caso de rentas vitalicias.

 

Puede afirmarse que los trabajadores han pagado durante estos 35 años inútilmente parte importante de su esfuerzo previsional para enriquecer a AFPs y compañías. de seguros. Una destinación de esos mismos recursos a un sistema que no se hubiera apartado de la Seguridad Social y no hubiera transformado las pensiones en un negocio, nos tendría, sin lugar a dudas, en una situación sustancialmente mejor.

 

Pero la privatización no fue aprobada solo para abrir un nicho de negocios a grandes empresas –cinco de las seis AFPs están hoy en poder de transnacionales–, sino para que el dinero que antes manejaba el Estado con un solo fin –financiar pensiones–, se inyectara a un mercado de capitales incipiente y generara para las grandes empresas un acceso al crédito barato.

 

Si se mira con perspectiva la Reforma de 1981, lo que se pretendió y logró fue privatizar el manejo de los cuantiosos recursos previsionales, rebajar sustancialmente el costo de la mano de obra estableciendo una ventaja comparativa –la mayor explotación del trabajador–, para competir en la nueva estrategia de apertura del comercio, excluir a los sindicatos y otras organizaciones del tema previsional, transformándolo en una cuestión estrictamente individual y entregar un sistema de pensiones basado en cálculos irreales, falacias y propaganda que hoy muestra su quiebra social.

 

Y no es todo. Chile tenía un sistema de pensiones por reparto en estado de régimen, maduro, que debía seguir siendo financiado. Se agregaba a ello que los militares, desvergonzadamente, se habían auto excluido del sistema que imponían al resto de los chilenos, manteniendo un sistema privilegiado de altísimo y creciente costo, debido a las formas de cálculo preferentes de pensión, el carácter marcadamente prematuro de las jubilaciones, y un sistema de pensiones de sobrevivencia muy favorable, totalmente a tono con la realidad del Siglo XIX.

 

El denominado costo de la transición

 

Para concluir, con la baja brutal del costo de las cotizaciones, publicidad desmedida e imposible de contrarrestar, e imposición incluso directa, más de un millón de afiliados del sistema antiguo se traspasó a las AFPs generando al Fisco un nuevo ítem importante de gasto, como lo es el pago de los bonos de reconocimiento que pretendían compensar las cotizaciones en el régimen antiguo de los que se cambiarían a alguna AFPs.

 

“El gasto originado por la transición iniciada en 1981 (bonos de reconocimiento, déficit operacional y garantía estatal de pensión mínima) llegó a ser casi un 5% anual del PIB en 1984; este gasto ha ido disminuyendo a medida que se han pagado la mayor parte de los costos asociados al cambio del sistema. En valor presente, el costo de la transición fue estimado en el equivalente a 136% del PIB de 1981 y ha sido asumido por el Estado mediante una combinación de reformas tributarias, recortes de gastos y emisión de deuda. El gasto para cubrir el déficit operacional llegó a 1,6% del PIB en 2012 (Informe de Finanzas Públicas de 2014) y se espera que al 2025 los gastos de tipo transitorios disminuyan al 1% del PIB, según proyecciones de la DIPRES. El costo total de la transición de la reforma estructural se proyecta a 2,7% del PIB en 2025 y no desaparecerá hasta 2050, tomando 70 años para extinguirse, más que las proyecciones originales” (10).

 

Este costo, en definitiva, lo han soportado las mismas generaciones que hoy observan con espanto sus bajas pensiones, por la vía de mayores impuestos o menores servicios del Estado. Basta recordar cómo el Estado en la década del 80 deterioró sensiblemente los servicios públicos, al tiempo que fue de manifiesta inactividad en mantenimiento y construcción de infraestructura.

 

En términos concretos, estas generaciones han soportado desde 1981 un doble esfuerzo: soportar el altísimo costo de la transición y ahorrar para su propia pensión. Es un elemento más de legitimidad de sus demandas por pensiones dignas.

 

 Le Monde diplomatique edición Colombia, N°167, junio de 2017, p.6

 

 

 

* Tomado de: Nuevo Sistema de Pensiones para Chile, Editorial Aún creemos en los sueños, Santiago de Chile, 2017. Se conserva su redacción y estilo.
1. Informe Final. Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones. 2015, p. 91.
2. Kremerman Marco, Durán Gonzalo, Gálvez Recaredo. Fundación Sol. Opinión, “¿A quién sirve el Negocio de las AFP?”, julio 2016, El Mostrador.
3. Ídem.
4. Ídem.
5. Ídem.
6. Documento de Trabajo: “Pensiones en Chile: ¿Qué hubiese ocurrido sin la Reforma de 1981?”, Rodrigo Cerda, Profesor del Departamento de Economía, PUC, mayo 2006.
7. Informe Consejo Asesor Presidencial para la Reforma del Sistema Previsional. Comisión Marcel. 2006
8. Ídem.
9. Programa de Empleo Mínimo (PEM) Programa de empleo creado por la dictadura y puesto en práctica en marzo de 1975, con un salario equivalente a un tercio del salario mínimo. Aunque originalmente fue propuesto como transitorio para enfrentar la crisis económica, se mantuvo entre 1975 y 1988.
Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH). Programa de empleos creado en octubre de 1982 por la dictadura, su objetivo era auxiliar a las familias más necesitadas producto del alto desempleo. Solo en Santiago, en mayo de 1983, el POJH empleó a más de 100.000 trabajadores. El empleo se caracterizaba por los bajos sueldos. El trabajo estaba orientado a limpieza de plazas, pintado de muros, etc. En noviembre de 1983 alcanzó el número más alto de ocupados; 228.491 personas.
Ambos empleos estaban desprovistos de todas las garantías que la normativa internacional exige como mínimas para el trabajo. Sin previsión de ninguna naturaleza y total desprotección social. Fue considerado por muchos como una forma brutal de esclavitud asalariada.
10. Informe Final Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, 2015, p. 58.

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