La pensión: una ilusión de difícil materalización en Colombia

En Chile ya hizo agua, en otros países da señales de lo mismo, y Colombia no es la excepción: allí donde se privatizó el sistema de pensiones, los Fondos creados para tal fin amasan fortuna mientras los trabajadores cotizantes escasamente acceden a una pensión. Desventajas de un negocio que no debe existir. La realidad colombiana en detalle.

 

No cesan en su exigencia. Desde hace 7 años, con el inicio del primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014), el poder financiero demanda una reforma al régimen pensional vigente en Colombia. El entonces ministro de trabajo, Rafael Pardo Rueda, dio respuesta a la demanda con una propuesta llamada de pilares:  primer pilar, sistema público (reparto) hasta un salario mínimo, de ahí para arriba, un segundo pilar basado en el ahorro individual y administrado por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Los banqueros, que eran los dueños de las AFP no estuvieron de acuerdo: querían que el sistema público se acabara del todo.

 

Desacuerdo congelado por la coyuntura nacional y los afanes gubernamentales, donde el protagonismo lo copó, en un primer tiempo las negociaciones de paz con las Farc y luego la urgencia de la reforma tributaria. Pero superados tales “escollos” los banqueros de nuevo exigien la aplazada reforma pensional. Así lo enfatizaron en reciente foro organizado por su gremio, realizado los días 20-21 de abril y que tuvo por sede a la ciudad de Cartagena. Santos respondió que sí, pero que primero habría que crear una Misión. Es obvio que la intención del mandatario es dejarle este espinoso problema al próximo gobierno.

 

Pero, ¿cuál es el afán de los banqueros? Están preocupados con su negocio pues desde hace un tiempo para acá es inocultable la desbandada que sufre el sistema privado de pensiones, cuyos afiliados se percataron del fraude que viven. No es para menos, les ofrecieron oro y ahora ni cobre reciben: a pesar de cotizar de manera regular durante todas las semanas correspondientes, más de la mitad de ellos no logra pensionarse. Aquellos que acceden a pensión logran, en el mejor de los casos, sólo un pago equivalente a la cuarta parte del ingreso sobre el que cotizaron, el que más adelante se reducirá a una renta vitalicia de un salario mínimo. Casi doscientos mil afiliados se trasladaron a lo largo del 2016 a Colpensiones, como se puede apreciar en la gráfica adjunta.

 

 

Sin escrúpulo ni ánimo social alguno. Los grupos económicos, a través de los diferentes gremios que representan al sector financiero (Asofondos, Anif, Asobancaria y Fasecolda), ante su incapacidad para atraer y conservar un número creciente de trabajadores cotizantes y por tanto, ante la reducción de sus ganancias, exigen marchitar el sistema público de pensiones, o lo que es lo mismo, que éste no reciba más afiliaciones. Según su despropóstio, de ahora en adelante todos los cotizantes deben ir al sistema privado. Porque según ellos el alto costo fiscal y los privilegios del sistema público son insostenibles. El eco para su demanda llega a través de los medios de comunicación, que repiten tal discurso, bien porque son propiedad de estos grupos económicos, o bien porque les pagan la pauta publicitaria.

 

Argumentos falsos. El alto costo fiscal es culpa de las AFP, y en el sistema público los privilegiados no es la nota preponderante ya que el 92 por ciento de los pensionados están por debajo de cuatro salarios mínimos. Pero en realidad este no es el principal problema del sistema pensional colombiano –lo que retomo más adelante–, el problema vital es que en Colombia la mayoría de su población trabajadora no logrará pensionarse.

 

Para la muestra un botón. En la actualidad sólo el 23 por ciento de la población de más de 65 años está pensionada, cobertura que era mayor antes de expedir la ley 100 de 1993, la cual privatizó el sistema de pensiones. Para colmo, las proyecciones señalan que de mantenerse las tendencias actuales la cobertura se reducirá al 9 por ciento en el largo plazo. Valga resaltar que un escaso 31 por ciento de la Población Económicamente Activa es cotizante y de esa proporción solo el 30 por ciento se pensionará.

 

La caída en la cobertura, es claro, no es un efecto de la reforma de las pensiones en sí, sino que refleja con toda claridad el debilitamiento del vínculo salarial, proceso estimulado por una serie de normas que flexibilizaron en Colombia el contrato laboral. La ecuación es sencilla: la cotización nace del salario. Realidad que al principio los neoliberales no comprendieron o simplemente no aceptaron, fuera de toda realidad soñaban con una cotización desligada de la relación salarial. Ha transcurrido más de un cuarto siglo desde el inicio del proceso de desregularización laboral (Ley 50 de 1990), y es posible verificar la disminución de la fidelidad a la cotización. De acuerdo con los datos de la Superintendencia Financiera a diciembre del 2016 solo el 39,6 por ciento de los afilados al sistema eran considerados como cotizantes activos, es decir con una mora de menos de 6 meses. Hay que recordar que antes de la ley 100 más del 90 por ciento de los afiliados eran cotizantes activos.

 

Ahora los representantes del sistema financiero privado reconcocen, así no les guste, que el principal problema para el régimen pensional es la informalidad laboral, como lo expresa el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro**. Otro problema acá es que los negociantes del ahorro pensional consideran que la formalización del trabajo se logra flexibilizando más el mercado laboral, por lo que piden, en concreto, que continúe el desmonte de las prestaciones sociales y la reducción del salario mínimo.

 

El costo fiscal

 

Un cuestionamiento falso. Los negociantes de la vida de las personas mayores que logran pensionarse ocultan, al momento de controvertir el sistema público de pensiones, que mientras la carga de los pensionados está en sistema púbico, los activos financieros están en el privado: las obligaciones están en un lado y el ahorro financiero en el otro. Las cifras al finalizar el 2016 son las siguientes: 1) El 92 por ciento de los pensionados estaban en el régimen de prima media (1.3 millones), mientras los fondos privados sólo tenían el 8 por ciento restante (0.12 millones). 2) Los privados concentraban activos financieros por $196 billones (22% del PIB), y tenía afiliada a la población joven en etapa de cotización, mientras que el régimen público presentaba agotamiento de reservas y tenía afiliada población en edades superiores a los 40 años.

 

Contradicción que es necesario superar. No es sostenible un sistema integrado por un esquema de regímenes en competencia, donde uno es el que recibe y gestiona las contribuciones en la mayor parte de la etapa de aportes, mientras que el otro es el que se hace cargo del pago de pensiones. Esto necesariamente tiene que generar un costo fiscal.

 

Existen otros costos fiscales, causados por los Fondos Privados, que generalmente no se mencionan. De un lado, el Presupuesto Nacional deberá asumir: la garantía de la pensión mínima, completarles a las aseguradoras el ajuste del salario mínimo realizado por encima de la inflación, y pagar el valor de los bonos pensionales. De otro lado, a finales del 2016, $77 billones de los activos de los Fondos privados estaban colocados en bonos de deuda pública (internos y externos), que en el futuro el Fisco tendrá que redimir para pagar las pensiones. Este sí se es un pasivo pensional exigible al cien por ciento, mientras que el pasivo del sistema público está suponiendo que todos los afiliados se van a pensionar, lo cual no va a suceder.

 

En cuanto a los privilegios del sistema público, el 76 por ciento de las pensiones están por debajo de dos salarios mínimos y el 92 por ciento por debajo de cuatro. Mientras que las pensiones por encima de veinte salarios mínimos son el 0.4 por ciento, es decir cuatro milésimas. Este es el caso de las pensiones de los magistrados y los miembros de Congreso, que si bien se trata de pensiones aberrantes, es un problema altamente simbólico, pero no es la causa estructural del sistema. En el debate se toman estos casos y se generaliza para criticar el sistema en su conjunto. Pero el 99.6 por ciento de los pensionados del sistema público cotizaron, y dieron su vida produciendo la riqueza social de la cual disfrutamos, y es justo que tengan su pensión. Ellos no son el problema, el problema es la gran mayoría de colombianos que no están pensionados o no lograran pensionarse.

 

Finalmente, afiliarse a un Fondo Privado de Pensiones resulta ser una mala decisión. En estos, en el mejor de los casos, la pensión que se recibe no alcanza a ser el 25 por ciento del ingreso sobre el que se cotiza (tasa de reemplazo), y si la persona es longeva, al final recibirá a través de una compañía de seguros una renta vitalicia de un salario mínimo, así la cotización se hubiere hecho sobre ingresos altos. Un salario mínimo cuando las limitaciones físicas serán mayores y las demandas de atención aumentarán de manera exponencial.

 

Una privatización en el régimen pensional que deja una estela de amarguras en numerosos hogares. Hasta la fecha hay más devoluciones que pensionados: confirma la Superintendencia Financiera (por requerimiento realizado), que desde marzo de 2011 hasta abril de 2016, alrededor del 55 por ciento de las solicitudes de pensión fueron negadas, con derecho a devolución de saldos, porcentaje que es igual a 90.814 afiliados a quienes los Fondos Privados han devuelto sus saldos sin alcanzar su derecho a pensión. Es decir, son más las personas a quienes les han devuelto saldos que aquellas que han obtenido alguna renta de jubilación, que para la misma fecha eran 84.970. ¿Qué significa esto? Que las personas que reciben las devoluciones perdieron para siempre el derecho a la pensión, porque en la etapa final de su vida productiva quedan con cero semanas de cotizaciones y cero ahorros.

 

Estamos ante una realidad que no puede pasar indemne. La devolución de saldos plantea fuertes cuestionamientos sobre la capacidad del régimen privado de cumplir su objetivo para el que fue creado. En este sentido, sorprende que se haya convertido en un factor de mercadeo de las Administradoras frente a los afiliados al exaltar que los saldos se devuelvan con capitalización de intereses, lo cual se debería llamar sistema de ahorro con grandes descuentos, y no un sistema de pensión. A la cuenta de ahorro sólo va entre el 63 y el 71 por ciento de los aportes que efectúa cada afiliado, y cuando éste no puede hacer los aportes, en los meses que carece de trabajo, le sacan comisión de administración de lo que ya tiene ahorrado.

 

Realidad que debe sensibilizar a la sociedad colombiana para que exija, en primera instancia, transparencia, acceso a toda la información, apertura y explicación del proceso vivido, junto con sus resultados, en este cuarto siglo de privatización del régimen pensional en Colombia, así como revisión de otros modelos de pensión exitosos y fracasados por todo el mundo. Que no se escuchen solamente las voces del poder financiero, que sin reparar en las consecuencias de su voraz apetito de ganancias, compra a la tecnocracia y a los medios de comunicación.

 

Así debe ser porque se trata de un debate que concierne a toda la sociedad en tanto en ello está en juego su futuro.

 

Para comprimir aún más

 

La Ocde presentó el estudio económico sobre Colombia en mayo pasado (http://www.oecd.org/eco/surveys/Colombia-2017-OECD-economic-survey-overview-spanish.pdf), y allí no habla de aumentar la edad de las pensiones. Quien así opina, con amplio eco en los medios de comunicación oficiosos, es un funcionario de un organismo financiado por la entidad. Lo que se señala en el estudio es continuar flexibilizando el mercado laboral reduciendo beneficios a los trabajadores. Ahora se pide restringir los beneficios del subsidio familiar canalizado a través de las Cajas de Compensación Familiar, y moderar el aumento del salario mínimo. Lo que resulta extraño de estas recomendaciones es que en la gran mayoría de los países de la Ocde, que supuestamente se caracterizan por buenas prácticas económicas, tienen subsidios familiares más generosos de los que existen en Colombia, y un salario mínimo mayor.

 

Con seguridad, estas “recomendaciones”, además de las opiniones del funcionario en cuestión, alimentarán de nuevo presiones por concretar reformas de diverso tipo con la supuesta bondad de mejorar el desempeño económico del país. Sus afectados directos e indirectos no debieran permanecer pasivos.

 

Le Monde diplomatique edición Colombia, N°167, junio de 2017, p.4

 

**Discurso pronunciado en la clausura Congreso de Asofondos http://asofondos.org.co/sites/default/files/Discurso%20de%20Santiago%20Montenegro%20Clausura.pdf 

*Economista, profesor universitario.

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Una huelga general desafía las reformas del Gobierno brasileño

Los sindicatos logran el apoyo a la protesta de la Iglesia y de algunos aliados políticos del presidente, Mchel Temer, hundido en las encuestas


El Gobierno de Brasil se juega su futuro en los próximos días. Asediado por los escándalos de corrupción y hundido en las encuestas, el presidente, Michel Temer, lo ha apostado todo a un programa de reformas que incluye un cambio en las leyes laborales y un recorte en el sistema de pensiones. Los sindicatos han decidido desafiarlo en la calle y este viernes lo someterán a una prueba de fuego con la convocatoria de una huelga general que ha encontrado apoyos inesperados más allá del ámbito tradicional de la izquierda.


“La huelga general puede ser el test más difícil para el Gobierno”. Ese tuit es de hace cuatro años y se refería al Ejecutivo de Dilma Rousseff, la presidenta depuesta en septiembre pasado por una maniobra que colocó al frente del país a su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer. El autor de la frase, el empresario João Doria, es ahora el alcalde de São Paulo por el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), uno de los principales apoyos de Temer. Doria se ha empeñado tanto en los últimos días en hacer fracasar la huelga que hasta ha llegado a un acuerdo con empresas de taxis para trasladar gratis a los funcionarios que deseen acudir al trabajo.


Lo que valía en 2013 para el Gobierno de Rousseff también vale ahora para Temer. La convocatoria de huelga es un examen decisivo que puede marcar el futuro de un presidente que en sus nueve meses en el cargo se ha enfrentado a una carrera de obstáculos de la que, por ahora, ha salido incinerado. La última encuesta de opinión conocida esta semana, del instituto Ipsos, señala que apenas el 4% de los brasileños apoya al Gobierno de centro derecha que se presentaba como el salvador del país ante la crisis económica y las sospechas de corrupción que sacudían al izquierdista Partido de los Trabajadores después de 13 años en el poder. La economía se ha ido recuperando y todas las previsiones indican que el PIB de Brasil crecerá levemente este año tras caer un 3,8% en 2015 y un 3,6% en 2016. Pero la situación política ha seguido deteriorándose irremediablemente.


Al margen de la exhibición de poder sindical, la protesta de hoy será el primer termómetro para medir en la calle la posible incidencia de la difusión pública de la llamada delação do fim do mundo, las confesiones ante la justicia de los exdirectivos de la mayor constructora del país que han puesto al descubierto una monumental trama de corrupción. Las revelaciones han vuelto a golpear duramente al PT y a su líder, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, pero han dejado malherido a todo el sistema político. El Gobierno tiene a ocho ministros investigados por el Tribunal Supremo y el propio Temer se ha librado únicamente por la protección legal que le brinda la Constitución, pese a que la fiscalía general de la República constató la existencia de indicios contra él.


La reacción de Temer ha sido un intento de enterrar la corrupción acelerando un plan de reformas económicas que cuenta con el respaldo de los grandes sectores empresariales y de instituciones internacionales como el FMI. La reciente visita al país del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, el primer mandatario europeo que acudía a ver a un Temer con escasos apoyos políticos fuera de Brasil, sirvió para ilustrar el tamaño de la apuesta. Temer proclamó que su inspiración es Rajoy, y este le dio un consejo en público: que desoiga a la calle, olvide los posibles daños electorales y prosiga adelante contra viento y marea.


Los riesgos para Temer son enormes. Brasil es uno de los países americanos con mayor tradición sindical. La primera huelga general se remonta a 1917 y hace 73 años el presidente Getulio Vargas aprobó las leyes de protección al trabajo hasta ahora consideradas casi intocables. Incluso un sindicalista sin formación académica, Lula, logró a principios de este siglo alcanzar la presidencia del país. Al margen de esas raíces históricas, la convocatoria ha logrado apoyos que van más allá del mundo sindical. A ella se han adherido desde profesores de colegios de élite a algunos obispos, después de que la jerarquía católica brasileña criticase la reforma de las pensiones y hasta el papa Francisco enviase al presidente una carta afeándole algunos aspectos de su política. Como mínimo la paralización del transporte –incluido el aéreo- parece garantizada en las mayores ciudades.


Entre los que se suman a la protesta hay también aliados políticos de Temer. Y ese es ahora el principal de sus numerosos problemas. Aunque el miércoles logró aprobar inicialmente la reforma laboral, la primera gran modificación de las añejas normas de la época de Vargas, los partidos que le apoyan sufrieron deserciones. Para sacar adelante su gran apuesta, la revisión de las pensiones, necesita una mayoría cualificada. No le va a resultar fácil porque la medida es la que más contestación ha suscitado. Y un hipotético éxito de la huelga podría agravar las defecciones entre sus aliados.

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Formalizar precarizando y aumentar rentabilidad de Fondos Privados

Según la Superintendencia Financiera, en Colombia hay 1'337.723 personas pensionadas, de las cuales el 91% (1'246.643) están en el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones, o sea el régimen público; y el 9% (111.080 personas) en los fondos privados.

 

De los 6,4 millones de afiliados a Colpensiones solo cotizan 2,8 millones, mientras que en las Administradoras de Fondos Privados, de los 13,8 millones de afiliados, cotizan 6,2 millones [i].


Durante la instalación del X Congreso de los Fondos de Pensiones realizado recientemente en Cartagena, el presidente del consejo directivo de Asofondos, Miguel Largacha, planteó la importancia de una reforma pensional, así como medidas laborales para formalizar el empleo, dado que dos terceras partes de la fuerza laboral está en la informalidad, es decir no cotiza al sistema contributivo de la seguridad social. Asimismo, informó que los ahorros de los casi 14 millones de afiliados a los fondos privados ascienden a $199 billones, equivalente al 82% del presupuesto de la nación para este año.


Digamos que en principio es válida la propuesta de formalizar el trabajo para ir aumentando la cobertura pensional, pues hoy solo el 34% de los ocupados cotiza al sistema. El problema de la propuesta de Asofondos es que la formalización la fundamentan en el desgastado supuesto de que el empleo formal es resultado directo de la reducción de costos laborales, empezando por el desmonte de las contribuciones parafiscales.


La experiencia con las múltiples reformas laborales regresivas, como la ley 50 de 1990 y la ley 789 del 2002, entre otras, es que no solo no aumentaron el empleo formal, sino que en los años posteriores a la aprobación de la ley 50 la tasa de desempleo se duplicó.


Aparte de la baja cobertura de las cotizantes al sistema pensional, otros dos argumentos que esgrimen para sustentar la necesidad de hacer una reforma son la desigualdad y la insostenibilidad financiera del régimen público.


En relación con la desigualdad pensional, se señala que los mayores subsidios que brinda el Estado al sistema público se orientan al 8% de los pensionados, quienes reciben una mesada superior a cuatro salarios mínimos, mientras que el 70% de los pensionados ganan menos de dos.


Sobre la sostenibilidad financiera, se dice que el tamaño del déficit que debe cubrir el presupuesto nacional asciende a $38 billones, en el marco de unas finanzas públicas disminuidas por la caída del precio del petróleo, la devaluación y la débil dinámica económica. Sobre esto opino lo siguiente


1- La mejor reforma pensional es una política económica orientada a la generación de empleo con derechos, para así vincular al régimen contributivo a los desempleados y a los trabajadores que se encuentran en la informalidad y la economía del rebusque. Y, por otro lado, un ataque a la ilegalidad de los vínculos laborales de casi 4 millones de trabajadores en el sector privado y 1,5 millones de contratistas del Estado. La precarización para formalizar es una estrategia fracasada, además de las inequidades que implica
2- La desigualdad del sistema se debe acabar eliminando los regímenes exceptuados de los altos funcionarios del Estado y del Congreso. Es inaceptable que personas que cotizan por unos pocos años se beneficien de pensiones estrambóticas.
3- El hueco del sistema público que debe ser cubierto con recursos del presupuesto nacional obedece a los pocos cotizantes que tiene en relación con los pensionados que sostiene. El régimen de prima media se basa en el principio de la solidaridad intergeneracional, es decir, los trabajadores activos cotizan para pagar las mesadas de los pensionados. Para que el sistema sea viable deberían cotizar por lo menos unos 10 trabajadores por cada pensionado, y hoy en Colpensiones cotizan 2,2 trabajadores por cada pensionado.


El déficit fiscal de las finanzas públicas para este 2017 bordea los $30 billones, por lo que se necesita una reforma pensional que libre al presupuesto de la nación de asumir el déficit pensional del régimen público, y esto se logra fortaleciendo al régimen de prima media y debilitando el régimen privado de ahorro individual. Es decir, lo contrario de lo que quiere Asofondos.


La migración que en los últimos años se ha dado desde los fondos privados hacia Colpensiones ha sido superior a 600.000 personas. Esto porque los trabajadores vienen tomando conciencia del fraude que significa el Régimen de Ahorro Individual, donde la pensión es de difícil alcance y, si se logra, en el mejor de los casos sería del 30% del ingreso como asalariado, cuando en el Régimen de Prima Media es del 65%. A todos los trabajadores que les falte 10 años o más pueden aún hacer el traslado. Lo ideal sería que una reforma acabe con el fraude de los fondos privados y se rescate el sistema público.


4- Una reforma pensional como la quiere Asofondos y sus áulicos, en el sentido de aumentar la edad de retiro y del tiempo de cotización, de reducir la tasa de remplazo y debilitar el Régimen de Prima Media, y de hacer una reforma laboral para formalizar deteriorando las condiciones laborales, aumentará la rentabilidad de los fondos privados a costa de la pobreza de los trabajadores y la miseria de los ancianos actuales y futuros.


[i]Cifras de la Superintendencia Financiera con corte a agosto del 2016.

*Director de la ENS

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Argentina le planta cara al plan económico de Macri con una masiva huelga general

Gran éxito del primer paro general que se organiza contra el Gobierno de Mauricio Macri en sus casi 16 meses de gestión



Pocas estampas como las que se observan este jueves en la ciudad de Buenos Aires reflejan la realidad de lo que hoy sucede en Argentina.


Por un lado, la capital del país acoge por primera vez el Foro Económico Mundial para América Latina, que reúne a 1.100 representantes de Gobiernos y empresas con el presidente Mauricio Macri como virtual anfitrión. "Qué bueno que hoy estemos acá, trabajando", afirmó con sarcasmo el jefe de Estado en la inauguración del evento.


Frente a este escenario de trajes y corbatas ante el que el mandatario reivindicó un "diálogo interno y con el mundo para encontrar las mejores vías de desarrollo", el país parece vivir en otro eje de coordenadas.


Las ciudades se muestran vacías. Los comercios están cerrados, y el transporte está paralizado por completo, incluidos los aeropuertos, los trenes y los autobuses urbanos, de media y larga distancia.

El paro ha tenido una adhesión de más del 90%, han asegurado las dos ramas de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) en una de las primeras evaluaciones de la jornada.


La huelga general responde a "un modelo económico de exclusión y pobreza que lleva a priorizar la especulación financiera por sobre la producción, que endeuda al país sistemáticamente (40.000 millones de dólares sólo en 2016), y que pretende bajar la inflación a base de despidos, de suspensiones y de bajar los salarios de los trabajadores", indicó el secretario general de la CTA Pablo Micheli.

"Eso es precisamente", añadió el sindicalista, "lo que está discutiendo el presidente en este momento en el único lugar en esta ciudad en donde el paro tiene cero acatamiento, que es el mini Davos que ha convocado".


El Gobierno ha hecho gala de entender la situación al enviar a Gendarmería a las autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires, que habían sido bloqueadas con piquetes por organizaciones sociales y por fuerzas de izquierda para impedir el ingreso a la capital.


Un grupo de maestras fue recibida con gases lacrimógenos en una de las autovías del Sur, según denunció Myriam Bregman, dirigente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).


Algunos manifestantes también fueron reprimidos con gas pimienta y camiones de agua por cortar la autopista Panamericana, que enlaza el Norte con la capital argentina. Otros fueron acusados de tirar piedras a los gendarmes. Al menos seis personas han sido detenidas.

Éste ha sido el despliegue del conocido protocolo antipiquetes, un manual de actuación lanzado por el Gobierno en febrero del año pasado que permite desalojar una movilización sin necesidad de una orden judicial que lo avale.


Con una inflación que en 2016 rondó el 40%, el nivel de conflictividad ha ido en aumento en las últimas semanas, espoleado desde los sindicatos de los maestros de la administración pública, que reclaman un aumento salarial del 35% para compensar la pérdida del poder adquisitivo, y que esta semana celebran su octavo paro nacional de 48 horas.

Un segundo varapalo ha recibido el Gobierno este jueves, mientras se recluye en el hotel de lujo que alberga el Foro Económico Mundial. Una jueza del ámbito laboral, Dora Temis, acaba de ordenar al Ejecutivo que convoque una discusión nacional sobre las subidas de sueldo que reclaman los sindicatos docentes.

Dado que las competencias de educación están transferidas a las provincias, el Gobierno se escudaba en que cada jurisdicción negociara con los gremios. Pero el Poder Ejecutivo está obligado por ley, desde 2006, a convocar a nivel nacional las denominadas paritarias (negociaciones) salariales.
El Gobierno, que pide paciencia, considera injustificable la huelga general. El índice de pobreza supera el 30%, sí, pero la economía ha subido por primera vez en nueve meses un 1,1% tras arrastrar una contracción del 2,3% durante 2016. Una amnistía fiscal impulsada por Macri ha conseguido regularizar 116.800 millones de dólares, todo un hito que reafirma la senda de recuperación.

Son los "brotes verdes" que ve el Gobierno argentino, aunque las calles opinen otra cosa.

BUENOS AIRES
06/04/2017 22:16 Actualizado: 06/04/2017 22:16

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En Santiago marcharon más de 350 mil personas, según el cálculo de los organizadores.

 

Bajo la consigna “No + AFP”, los manifestantes se desplegaron por las calles céntricas de las principales ciudades del país con carteles en los que señalaban su oposición al actual sistema de jubilaciones

 

Los chilenos volvieron a protestar masivamente contra la acción de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Miles se manifestaron para exigir el fin del sistema privado de pensiones en una movilización que fue pacífica e inundó las calles de las principales ciudades del país. Las AFP administran los fondos de pensiones de 10 millones de trabajadores y entregan pensiones bajísimas a sus afiliados, muy por debajo de la promesa original de retribuir el 70 por ciento del último salario. La marcha más multitudinaria se vivió en Santiago, donde según la Coordinadora “No+AFP”, que motorizó la convocatoria, se reunieron más de 350.000 personas. Los participantes pidieron el fin del Sistema de Capitalización Individual, que entrega la administración de los fondos acumulados por los trabajadores a las administradoras privadas.

Impuesto en 1981 por Augusto Pinochet y se mantiene hasta hoy como herencia de la dictadura, el actual sistema obliga a los trabajadores a cotizar el 10 por ciento de sus salarios a las AFP, que invierten los fondos en los mercados de capitales. La dictadura mantuvo el sistema de reparto para Fuerzas Armadas, Carabineros (Policía militarizada) y otras instituciones afines, que disfrutan de altas pensiones, mientras los jubilados en las AFP cobran pensiones equivalentes a entre un tercio y un 50 por ciento de los ingresos que recibían durante su vida laboral.

El creador de las AFP fue el ministro del Trabajo de Pinochet, José Piñera, hermano del ex presidente conservador Sebastián Piñera, quien anunció la semana pasada que se postulará a un nuevo período presidencial. Según informes de la Superintendencia de Pensiones, el promedio de las jubilaciones en Chile asciende a 197.726 pesos (300 dólares), cifra muy inferior al sueldo mínimo, de unos 257.500 pesos (385 dólares aproximadamente).

A fines del año pasado, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, promulgó la ley de reforma de pensiones solidarias, iniciativa cuyo objetivo es aplicar un reajuste extraordinario del 10 por ciento al total de la pensión básica de vejez vigente, que pasaría de 93.543 a 102.897 pesos (152 dólares) mensuales. “Todos necesitamos pensiones más dignas para poder vivir como corresponde, en mejores condiciones, para poder ser un poquito más felices también”, dijo Bachelet. La mandataria había señalado que “Chile es un país donde las personas mayores son cada vez más, viven más y por lo tanto, requieren que, como sociedad, nos preparemos para priorizar su cuidado, responder a sus necesidades y darles un trato preferente”.

La ley fija de manera permanente la regla de cálculo del Aporte Previsional Solidario de Vejez, lo que supone que algunos beneficiarios no verán disminuidos los montos de sus aportes solidarios. Otro de los principales objetivos del Sistema de Pensiones Solidarias es la prevención de la pobreza en la tercera edad o en caso de invalidez.

La financiación de las prestaciones provienen de ingresos generales de la Nación, promoviendo el carácter solidario del beneficio, al que pueden acceder personas que no tuvieron participación en el régimen previsional o que realizaron pocos aportes en el sistema de pensiones contributivo. En esa línea, Bachelet afirmó que la ley, en referencia a los trabajadores, trata de reconocer sus derechos, garantizar que puedan vivir esa etapa de la vejez sin temor por la pobreza o por el desamparo. “Este ha sido un objetivo importante para mí como presidenta, en el que he puesto esfuerzos desde mi primer Gobierno”, señaló la jefa de Estado.

Una multitudinaria marcha, que congregó en todo Chile a dos millones de personas según sus organizadores, repitieron ayer que luchan por la finalización del sistema privado de pensiones. Bajo la consigna “No + AFP”, los manifestantes se desplegaron por las calles céntricas de las principales ciudades el país con carteles en los que señalaban su oposición al actual sistema de jubilaciones. La marcha, la cuarta desde el año pasado, fue la más grande de la historia, aseguró Carolina Espinoza, vocera del movimiento “No + AFP”. “Esto demuestra que Chile no va a parar hasta recuperar un verdadero sistema de pensiones”, agregó la dirigente estudiantil. En la capital, Santiago de Chile, los manifestantes se desplazaron a lo largo de la Avenida Bernardo O’Higgins, la arteria principal de la ciudad, y al pasar frente a La Moneda, la sede del gobierno, dejaron un ataúd de color negro para graficar la muerte de las administradores privadas.

Manifestaciones similares se repitieron en Valparaíso y en Concepción, entre varias otras ciudades, sin que se informara de incidentes. En tanto, Luis Mesina, uno de los máximos líderes del movimiento “No+AFP”, llamó a los afiliados a retirarse de las empresas que les administran sus fondos para la jubilación. “Con estas acciones, golpearemos el corazón del sistema y avanzamos en la dirección correcta, que es acabar con las AFP e instalar un sistema público de pensiones, solidario y para todos los chilenos”, subrayó el dirigente.

“Soy profesora y trabajé 43 años, pero los profesores actualmente están sacando una pensión de 170.000 pesos (250 dólares), que no les alcanza para vivir”, dijo la profesora retirada Mariela Calderón. “Es un sistema hecho a la medida de los empresarios, de los ricos de este país, un robo”, sentenció Miguel Placer, otro de los manifestantes.

 

 

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Un joven cruza en un patinete durante una manifestación en Río de Janeiro contra la reforma del régimen de jubilaciones propuesta por el presidente Michel Temer.

 

Más de 200.000 personas se manifestaron este miércoles en Sao Paulo contra la reforma de la jubilación del gobierno Temer que pone en jaque la pensión de millones de trabajadores. "La jubilación se queda, Temer se va" fue el grito más escuchado en las 22 ciudades en las que hubo protestas.

 

SAO PAULO 16/03/2017


A primera hora mañana del miércoles la mayor metrópoli del país estaba completamente parada. La huelga de los trabajadores del metro y de autobús, contra la reforma de la jubilación que quiere llevar a cabo el gobierno Temer, se hacía sentir en las calles con filas de coches que apenas podían moverse. En la estación de metro de Jabaquara (São Paulo) los funcionarios salían a explicar a quienes pretendían usar el transporte por qué no iban a trabajar este miércoles: "No queremos perjudicar a la población pero tenemos que defender los derechos de los trabajadores". En vez de pitos, lo que suele pasar cuando se para el transporte público en la ciudad, los trabajadores que tenían que buscarse la vida para llegar sus puestos decidieron aplaudir a los huelguistas.

"Me da igual que la mañana haya sido un infierno, tenemos que parar esta reforma como sea", decía Adilon Oliveira, conductor de Uber, uno de los medios más usados a lo largo del día. Los atascos de la mañana parecían una premonición de lo que sería la manifestación que estaba convocada a las 16 horas en la Avenida Paulista bajo el lema de Contra la reforma del Sistema de Pensiones: reaccione ahora o muera trabajando. Al mediodía un colectivo de mujeres colgaba una pancarta en el Instituto Nacional de la Seguridad Social de São Paulo: "La jubilación se queda y Temer se va", decía el eslogan que horas más tarde se convertiría en uno de los vítores más repetidos.

Las manifestaciones se repartieron en 22 ciudades brasileñas, pero São Paulo fue la que logró sacar más gente a la calle. La avenida Paulista estaba completamente colapsada de banderas de sindicatos, asociaciones de estudiantes y mucho color rojo con la firma del Partido de los Trabajadores (PT) y de la Central Única de Trabajadores (CUT), el brazo sindical de la sigla.

El ex presidente Lula fue una de las estrellas de la manifestación. A las siete de la tarde se subió a uno de los palcos de la avenida Paulista e instó a los brasileños a seguir "luchando" contra "el gobierno ilegítimo que quiere acabar con los derechos de los trabajadores".

 

49 años de trabajo para la pensión completa


Desde que Michel Temer se hizo con la presidencia del país, tras el polémico impeachment contra Dilma Rousseff, no ha habido una reforma que haya incomodado más a los brasileños que el Proyecto de Enmienda Constitucional PEC 287/16 que pretende modificar el sistema de pensiones. La reforma plantea cambiar la edad mínima obligatoria para jubilarse, aumenta el tiempo mínimo de contribución para recibir la pensión completa, y cambia la forma de calcular el valor del beneficio.

En Brasil no hay una edad mínima obligatoria para quien se quiere jubilar, el trabajador puede escoger entre jubilarse por edad o por tiempo cotizado. En la actualidad la jubilación por edad es de 65 años para los hombres, y 60 para las mujeres, con un mínimo de cotización de 15 años trabajados en el sector privado, o 10 años para los que han estado en el servicio público. Pero para recibir la jubilación íntegra necesitan un mínimo de 30 años cotizados, cada año a menos de esos 30, se les descuenta un 1% del valor de la contribución.

Con la reforma que propone el gobierno Temer se igualaría la edad mínima de jubilación para hombres y mujeres y quedaría en los 65 años. Pero sólo podrían acceder a su pensión con un mínimo de 25 años cotizados (10 más que ahora). Para obtener la jubilación completa tendrían que tener cotizados 49 años (19 más que ahora) y por cada año menos de esos 49 también se descontaría un 1% del valor cotizado. En la práctica se podría decir que bajo el sistema actual si un hombre de 65 años se jubilara con 25 años trabajados, su pensión tendría un recorte del 5%. Pero con la nueva ley, este mismo hombre de 65 años, sufriría un recorte del 24%.

La idea de tener que trabajar 49 años para recibir la pensión íntegra es uno de los puntos del proyecto que ha provocado más revuelo. El otro tiene que ver con el Beneficio de Prestación Continuada (BPC), un salario mínimo que se le paga a deficientes y mayores de 65 años que nunca han contribuido a la seguridad social. Con la nueva norma la edad mínima subirá a los 70 años y el valor recibido dejará de reajustarse al mismo ritmo que el salario mínimo.

 
Las mujeres, doblemente víctimas


Un grupo de estudios del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (Ipea) señala que uno de los mayores "errores" de la reforma propuesta por Temer es que no tiene en cuenta la intermitencia, la informalidad y las desigualdades sobre las que se estructura el mercado de trabajo brasileño.

Desde el Ipea alertan que las mujeres serán doblemente perjudicadas porque ya de antemano tienen menos opciones en el mercado laboral que los hombres. Los resultados de sus investigaciones vaticinan que con la nueva reforma, en un futuro el 47,3% de las brasileñas no conseguirá alcanzar los 25 años mínimos de contribución para optar a la pensión. En el caso de los hombres, al menos un 30% no llegaría al cuarto de siglo cotizado.

"Actualmente muchas mujeres sufren para conseguir cotizar 15 años de trabajo, las empleadas domésticas son el mejor ejemplo de eso. Aumentar el mínimo a 25 años de contribución es un disparate, habrá muchas más mujeres que no puedan acceder a una pensión", señalaba la economista Joana Mostafa, en la revista Carta Capital.

En este sentido, Guilherme Boulos, presidente de los MTST (Movimiento de Trabajadores Sin Techo), señalaba: "No es una reforma del sistema de pensiones, sino que es la extinción del sistema de pensiones. Va a dejar a millones de trabajadores sin poder jubilarse". Desde el Movimientos Sin Tierra (MST) aseguraban que los más perjudicados serían los trabajadores rurales, uno de los sectores que más se mueve en la informalidad: "A lo que más afecta esta reforma es a quienes ponen la comida en la mesa del pueblo brasileño", decía uno de los representantes del movimiento.

 
En manos del Congreso


El presidente Michel Temer ha asegurado que "no dará su brazo a torcer". El mandatario asegura que la reforma "es absolutamente necesaria" debido al déficit de 46.000 millones de euros de las arcas de la seguridad social. También alega la preocupación por la disminución de la población activa frente al envejecimiento de la sociedad.

Desde los movimientos sociales responden que Temer se preocupa por ese déficit, pero ignora los 129.000 millones de euros que las grandes empresas deben a la Seguridad Social: "El Gobierno habla mucho del déficit del sistema de pensiones, pero no tiene en cuenta las contribuciones que no han pagado las empresas, y es un dato fundamental sobre el que pensar antes que meterse con los derechos de los trabajadores", señala Achilles Frias, presidente del Sindicato de los Procuradores de la Hacienda Nacional (Sinprofaz).

Los sindicatos han prometido nuevas manifestaciones para intentar evitar que el Congreso saque adelante la reforma. "Después de la manifestación de hoy queda claro que Temer no lo va a tener tan fácil para aprobar esta ley", dice la profesora de Sociología de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), Esther Solano, que reconoce que la protesta del miércoles ha sido una de las "más grandes" contra el Gobierno Temer: "Esta reforma es una pauta que ha vuelto a unir a la izquierda y también aglutina a otros sectores más conservadores. Al fin y al cabo es algo que va a afectar a todos los trabajadores".

La presión en las calles será fundamental para conseguir que la Cámara y el Senado no den continuidad al proyecto que todavía está pendiente de votación en ambas cámaras: "Es una incógnita lo que se decidirá en el Legislativo porque ahora los diputados y senadores están más preocupados con no aparecer en la lista Janot —que envuelve los casos de corrupción de la Operación Lava Jato— que con la reforma del sistema de pensiones", advierte Solano.

 

 

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Martes, 22 Noviembre 2016 06:16

El ajuste mais grande do mundo

El ajuste mais grande do mundo

El presidente de Brasil Michel Temer insistió en la defensa del ajuste como único camino y confirmó que enviará al Congreso el proyecto para elevar la edad mínima de jubilación, entre otras modificaciones al sistema previsional, laboral y fiscal. "Estamos en una situación en que simplemente los números no cierran, y si no enfrentamos ahora esa realidad tendremos que cerrar Brasil en 2024", advirtió. Mientras tanto, el Banco de Brasil anunció que cerrará 402 sucursales y despedirá a 18 mil empleados.


Temer justificó el recorte y explicó que la deuda pública de Brasil igualará al Producto Bruto Interno del país “si no se controla el gasto público y no se ponen en marcha reformas fiscales”. Señaló que presentará las reformas a la Seguridad Social y al Trabajo luego de que el Senado apruebe la enmienda constitucional que limita el gasto público a 20 años y afecta a las partidas en salud, educación y programas sociales.


El mandatario reiteró en la primera reunión del Consejo para el Desarrollo Económico y Social que encontró "un país inmerso en una de las peores crisis de su historia", en el que "no solamente había un gigantesco déficit fiscal, sino también un déficit de verdad, que se traducía en cuentas públicas manipuladas e irreales”.


Ésta no es la primera vez que el presidente defiende las medidas de austeridad. A principios de noviembre, había dicho que su programa económico estaba inspirado en el de Margaret Thatcher, la primera ministra de Gran Bretaña que impulsó salvajes recortes entre 1979 y 1990.


La reforma a las pensiones que propone Temer eleva la edad mínima de jubilación a 65 años e imposibilita el cobro doble de jubilación. Por ejemplo, quien cobra una pensión y una jubilación deberá optar por una de las dos.


A una semana de asumir la presidencia luego de la destitución de Dilma Rousseff, Temer presentó un primer borrador para reestructurar el sistema de pensiones a partir de un acuerdo con líderes sindicales. Pero tuvo que postergar su presentación por las protestas.


El proyecto laboral legaliza la contratación temporaria por pocas horas y permite ampliar la jornada de trabajo de 8 a 12 horas diarias.

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Exigen más de 150 mil chilenos cambios al sistema de pensiones

Santiago.

Alrededor de 150 mil chilenos marcharon este domingo en Santiago contra el actual sistema de pensiones, manejado por las Administradoras de Fondos de (AFP), creadas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), a las que acusan de pagar jubilaciones bajísimas, y en demanda de que ese esquema sea cambiado.

 

Unas 150 mil personas, según los organizadores, y 50 mil, de acuerdo con la policía, se reunieron en Santiago. También se efectuaron protestas en la mayoría de las grandes ciudades del país. Algunas finalizaron en incidentes aislados, como en Valparaíso, donde grupos de manifestantes fueron dispersados por la policía con gas lacrimógeno.

 

Una multitud se reunió en la plaza Italia, en el centro de la capital, atendiendo el llamado de la Coordinadora de Trabajadores No+AFP, para protestar. La movilización recorrió más de dos horas la avenida Alameda, principal arteria de la urbe, exhibiendo carteles y lienzos al son de bombos y silbatos.

 

Ancianos y niños acudieron junto con sus familias a la manifestación, pese al intenso frío del invierno austral. Las AFP administran las pensiones de los trabajadores chilenos desde 1981, cuando el entonces ministro del Trabajo, José Piñera, hermano del ex presidente Sebastián Piñera (2010-2014), elaboró una reforma que incluyó la creación de dichas empresas.

 

Durante el régimen de Pinochet, en el cual murieron unas 3 mil 200 personas, también se promulgó la Constitución vigente y se crearon los sistemas educativo y laboral. La mandataria chilena, Michelle Bachelet, lleva adelante medidas para modificar ese legado. En materia de pensiones aboga por una administradora estatal ante al reclamo de los jubilados, quienes piden la vuelta del anterior sistema público de reparto solidario.

 

El sistema de pensiones opera actualmente como una cuenta de ahorro forzosa, a la que los empleados aportan10 por ciento de sus sueldos y al final de su vida laboral reciben jubilaciones que, acusan, son menores a las remuneraciones que percibían. En promedio los jubilados reciben mensualmente unos 231 dólares, cifra menor al salario mínimo, que es de unos 396.

 

"Este es un sistema de porquería manejado por las AFP chupasangre, que roban nuestros ahorros y al final nos entregan una jubilación de mierda", declaró Julia Miranda, una trabajadora muy indignada.

 

En la actualidad las AFP administran 150 mil 685 millones de dólares que aportan los trabajadores para sus jubilaciones. Esas empresas invierten los recursos en acciones o renta fija, cuyas pérdidas son asumidas por los cotizantes, quienes ven reducidas sus pensiones, lo que en muchos casos los obliga a seguir laborando después de haberse jubilado.

 

Además, las AFP continúan administrando el dinero de los cotizantes después de que éstos se jubilan, mediante un programa de retiro de fondos programados. Otro reclamo es acabar con el retiro planeado y equiparar la edad de jubilación con el género, ya que hoy día los hombres se retiran a los 65 años y las mujeres a los 60.

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Pensiones: el riesgo de especular con los ahorros ajenos

Sucedió un día cualquiera. Aquella mañana las noticias que traia el estracto de su ahorro pensional no eran alagueñas. Mientras bebía su primer café matutino, Elias Sánchez*, profesor universitario constataba con asombro que sus ahorros ahora eran inferiores a lo que sumaban en los meses anteriores. Si bien no conocía mucho del mercado financiero había recibido en los anteriores informes pequeños incrementos, razón por la cual se sentía satisfecho. El nuevo reporte sobre sus ahorros indicaba que había perdido lo antes ganado.

 

Por su mente fluyeron inquietudes e interrogantes, saboreó un trago más de café y decidió enrutarse hacia 'su' empresa Ahorradora de Fondos de Pensiones (AFP) para exigir aclaración con lo que estaba sucediendo. Una vez allí, y tras la obligada espera que le demandó paciencia y aguante, una funcionaria, tras escuchar sus inquietudes, templando su rostro con aquella sonrisa que uno nunca sabe si es de burla o de amabilidad, le espetó: "disculpe, señor profesor, lo que pasa es que así es el mercado: algunas veces se gana y otras se pierde".

La respuesta hizo que por su todo cuerpo cruzara un frío de temor. "¡Unas veces se pierde y otras se gana!", como si esto fuera un partido de fútbol o de algún otro deporte, resultados con los cuales uno puede sentir tristeza o alegría, pero nunca llegar a padecer el desalojo del sitio de vivienda por falta de dinero para cancelar la cuota mensual, o incluso llegar a no tener con qué pagar el mercado semanal. Pero así es la realidad hoy impuesta por el dominio de las lógicas financieras en el manejo de los ahorros pensionales de miles de trabajadores de nuestro país -al igual que otros muchos países de todo el mundo-.

Saliendo de la AFP, las iniciales más otras muchas inquietudes colmaban la mente de Elias, pero entre ellas había una muy importante: había descubierto algo de lo cual hasta ese momento no era consciente: él, todo un profesor universitario, a pesar de su formación académica, también era otro más de los analfabetas financieros que depositan sus ahorros, fruto de toda una vida de trabajo, en manos de especuladores financieros. Su presente y futuro estaba en manos de jugadores de casino, uno que es global y que no tiene sede abierta para todo el público.

 

Un casino pensional ¿De dónde viene?

 

Para el caso nacional, la financierización de las pensiones es una de las consecuencias de las reformas introducidas desde los años noventa al sistema pensional y el sistema financiero (1). En el primero de ellos se perseguía el aumento de las personas con Seguridad Social y en el segundo una liberalización que en el caso del sistema de pensiones tuviera la capacidad de resolver el déficit actuarial identificado en ese momento. Existían pocos cotizantes (2), una elevada informalidad laboral, además de regímenes especiales de pensiones (3) que constituían una carga al Estado, quién era el responsable de financiar dicho sistema diagnosticado en su momento como insostenible (Vanegas, 1996; Arrieta, 2011).

La financierización avanzó en la medida en que se introdujo el régimen de ahorro individual por el cual las personas financian su pensión de vejez a través de un ahorro individual. El anterior régimen llamado de prima media por el contrario demandaba del Estado que dicha pensión se garantizara con el valor de las reservas de los aportes de los afiliados y con el aporte estatal cuando las mismas se agotaran. La consecuencia de estas modificaciones ha sido la de ligar el sistema pensional a una sostenibilidad financiera que es ambigua en su definición (Vanegas, 1996; Arrieta 2011).

Para quienes actualmente tenemos que pagar aportes para pensión se nos ofrece una serie de empresas privadas llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones AFP que "cuidan" de nuestro futuro. Se encargan de nuestro porvenir, de nuestra protección. Pocos sabemos el uso que se da a estos recursos, a pesar de recibir un informe mensual, no sabemos finalmente si dichos recursos se mantienen a salvo. Quien se encarga de las tareas de regulación es la Superintendencia Bancaria siendo una de sus metas velar por la sostenibilidad del sistema. No obstante ¿estamos a salvo de la especulación propia de los mercados financieros?

La 'libertad' ofrecida se limita a poder escoger entre las AFP y el tipo de portafolio en el cual dicha administradora colocará nuestro ahorro. Se le recomienda a los que están cerca de la pensión ser cautelosos mientras que a los jóvenes se les dice que pueden arriesgarse y colocar su dinero en un portafolio de mayor riesgo. Se trata de un casino pensional en el cual así como se gana se pierde.En este régimen pensional individualista la consigna es a mayor ahorro y mayor rendimiento mayor pensión. La solidaridad se reduce a una deducción que se hace a los que mayores ingresos tienen para la creación de un fondo de solidaridad pensional. Una medida que es ante todo paliativa de cara al desequilibrio entre cotizantes de mayor ingreso versus los que cotizan sobre un salario mínimo.

 

¿Un riesgo no identificado se mueve por la carretera?

 

La Superintendencia Bancaria reglamenta las inversiones que las AFP pueden realizar con nuestros ahorros pensionales. El objetivo es garantizar un mayor dinamismo en el mercado de capitales evitando lo que llaman la "exposición a riesgos imponderables". La más reciente reglamentación apareció con el decreto 816 de 2014 que redefine los límites de inversión para su uso en los proyectos de construcción de las vías de cuarta generación (4G).

Actualmente existen 12.870.890 personas afiliadas a pensiones obligatorias y el valor de dicho fondo alcanza $160,15 billones de pesos (4). En entrevista publicada por el diario El Colombiano (5), se señala que Asofondos dispondría de alrededor de unos 25 billones de pesos para tal destinación. El proyecto contempla que las AFP aporten en la etapa de construcción y participen con fondos de capital privado y con bonos de infraestructura. De esta manera se facilita el financiamiento de estos proyectos que incluyen también las vigencias futuras de presupuesto que han comprometido los gobiernos actuales con cargo a los presupuestos futuros. Dicha iniciativa ha sido liderada por la ANI Asociación Nacional de Infraestructura desde 2011.

La inversión en vías de cuarta generación o 4G se ha constituido en uno de los sectores que promueve el gobierno de Juan Manuel Santos, bajo el argumento que el país necesita invertir en infraestructura si quiere ser más competitivo. En ese sentido, invertir en sectores de la economía nacional como la construcción y la infraestructura parecen constituirse en una buena alternativa para jalonar el crecimiento económico y así mismo para generar beneficios a quienes tienen sus ahorros pensionales en las AFP.

Las vías de cuarta generación constituyen un programa de infraestructura vial que se propone la construcción de 8.000 km de carreteras, caracterizadas por ser de doble calzada y para las cuales se contempla la construcción adicional de 159 túneles. La financiación de los proyectos se hace con la participación de la banca nacional e internacional, organismos multilaterales, banca pública y fondos de pensiones. Inicialmente se planteaba que estas últimas aportaran entre 6 y 10 billones de pesos de un total de 47 billones de inversión total pero posteriormente se afirmó que dichas AFP estaban interesadas en aumentar su participación a unos 25 billones (6).

 

Disminuyan la velocidad, curvas peligrosas

 

Aparentemente invertir en vías de cuarta generación no constituiría una grave amenaza para quienes transitan por la autopista de la vida laboral. El camino parece no tener baches y el destino final bien señalizado, máxime cuando se anuncia el interés de firmas como Goldman Sachs, el Banco de Inversión Brasileño BTG pactual y firmas como Swiss Re Reinsurer por participar en las 4G (7). Sin embargo, los riesgos aparecen de la mano de las críticas que se han realizado especialmente frente a la inconsistencia en los costos de construcción, operación, administración y mantenimiento, así como de los aportes realizados por la nación y el recaudo de peajes. Otro problema está referido a un trato diferenciado entre algunos proyectos en virtud de la tasa de interés que debe tener en cuenta el concesionario y en tercer lugar sobreestimaciones del tráfico esperado en estas carreteras (8).

Los peligros de colisión en esta autopista se refieren al hecho de que finalmente dichas vías 4G generen más costos que beneficios. Elias, nuestro profesor universitario, puede estar contento de ver como sus ahorros promueven el desarrollo en el país, pero ¿qué pasará si al final de cuentas pierde sus ahorros por esas cosas que tiene el mercado?Nuestro camino a la vejez está en permanente riesgo por deslizamientos como estos y las posibilidades para sobrepasarlos se toman cada vez más difíciles cuando el peaje que debemos pagar por nuestro provenir es cada vez más y más caro.

 

1 Las principales reformas al sistema financiero en aquel entonces fueron la ley 45 y la ley 50 de 1990. La Constitución de 1991 consagra que las actividades aseguradoras, financiera y bursátil son de interés público situación que fue reglamentada por el Congreso de la República con la ley 35 de 1993 (Vanegas, 1996).
2 Durante los años setenta la cobertura alcanzó solo un 7,5% y en los años ochenta se elevó al 15% (Arrieta, 2011). En los años noventa la cobertura en Seguridad Social si bien había aumentado llegaba sólo al 21,5% de la población. En este último periodo se tienen datos discriminados según el nivel de ingresos lo cual comprueba el nivel de poca solidaridad existente en ese momento: un 66,1% de aquellos que contaban con ingresos superiores a dos salarios mínimos tenían cobertura frente al 16,7% de quienes ganaban menos de un salario mínimo en 1990.
3 Las ventajas que proporcionaban los regímenes especiales se centraban en aspectos como una edad de retiro más temprana así como mayores beneficios a los afiliados. si bien durante los últimos años se liquidaron la cuasi mayoría de éstos persisten algunos que se justifican más que por el poder de negociación sindical por relaciones abusivas de poder. Se trata de la Presidencia de la República y de la Fuerza Pública que gozan de ese privilegio en virtud de claras asimetrías de poder (Arrieta, 2011).
4 Adicionalmente se cuenta con 6.940.391 afiliados a cesantías cuyo fondo alcanza los $9,82 billones de pesos y 552.638 afiliados a pensiones voluntarias cuyo fondo alcanza 12,88 billones de pesos (página web de Asofondos).
5 Fondos de pensiones: con vías para 4G. Juan Fernando Rojas Trujillo. Publicado el día 22 de junio de 2015 http://www.elcolombiano.com/fondos-de-pensiones-con-via-para-las-4g-DY2177647 El decreto 816 de 2014 establece estas modificaciones en relación al Decreto 2555 de 2010 que recoge el conjunto de normas que regulan el sector financiero, asegurador y el mercado de valores en Colombia.
6 Las AFP y los bancos no descuidan los proyectos de las 4G e infraestructura. Disponible en: http://www.larepublica.co/las-afp-y-los-bancos-no-descuidan-los-proyectos-de-las-4g-e-infraestructura_265966
7 Fondos de deuda e inversión extranjera garantizan las 4G. Publicado en http://www.dinero.com/pais/articulo/financiacion-para-segunda-ola-4g/205628 consulta realizada en 12 de septiembre de 2015.
8 La historia íntima de las 4G. Jairo Chacón González. Publicado en: http://www.elespectador.com/noticias/economia/historia-intima-de-vias-de-4g-articulo-490314 consulta realizada el día 12 de septiembre de 2015. Veáse también Controversia por riesgos en infraestructura 4G. Publicado en http://www.eltiempo.com/economia/sectores/riesgos-infraestructura-4g/14094115

Publicado enEdición Nº 218
Las medidas afirmativas para la igualdad de género en la protección social

Tal parece que este año sí habrá reforma pensional. En el 2014, ante la urgencia de reformar los regímenes tributario y de salud, salió de la agenda la reforma del sistema pensional, sobre la cual existe suficiente consenso entre la mayoría de los sectores sociales en cuanto a su necesidad, debido, principalmente, a la baja cobertura del sistema, que apenas permite que solo el 10% de personas en el mercado laboral se pueda pensionar. En lo que no hay coincidencias absolutas y sí intereses contrapuestos, es sobre qué tipo de reforma hacer.

La siguiente tabla muestra la cobertura del régimen pensional, y cuántas personas mayores tienen asegurado un ingreso en su vejez.

*Adultos mayores de 55 y/o 60 años: 93% (1.785.298 adultos mayores); Vejez: 79.3%; invalidez: 2.7%; sobrevivencia: 18.0% El 30.4% de las mujeres mayores de 55 años pensionadas, lo están por sobrevivencia.

 

Como se ve, en 2014 apenas el 34.8% de las personas ocupadas son cotizantes al sistema pensional, y apenas una de cada cuatro personas mayores recibía alguna pensión. Quiere decir que la característica fundamental del sistema es su carácter excluyente, problema que debería ser el foco de cualquier reforma pensional.

Los hombres presentan mayor índice de afiliación como cotizantes activos: 56.8%, frente a 43.2% de mujeres, factor que se agrega a la discriminación que sufren las mujeres en el mercado de trabajo, que es más notoria en cuanto hombres y mujeres deben cotizar las mismas 1.300 semanas para acceder a la pensión, condición que obliga a las mujeres a permanecer más tiempo en el mercado de trabajo, así teóricamente se pensionen dos años antes que los hombres, pues ellas tienen mayores índices de desempleo y de trabajo en la economía informal, y menor remuneración. Además muchas veces deben retirarse de sus trabajos por no tener ingresos que les permitan pagar una persona que les cuide sus hijos. Y aunque de toda la población adulta mayor pensionada (mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 60), ellas tienen una mayor participación: 54.5% frente a 45.5% de los hombres. Un 30.4% de las mujeres pensionadas lo está por sobrevivencia.

Lo otro es que el 92.76% de los afiliados cotizantes a Colpensiones, y el 81.32% de los afiliados a fondos privados, tienen ingresos hasta dos salarios mínimos legales, (en promedio, el 27.32% de las personas cotizantes devengan hasta 1SMLV). Es un dato clave para entender hacia dónde va la mayor parte del presupuesto que la nación destina para pago de pensiones.

Además existe un programa de Subsidio al Aporte para Pensión, diseñado para trabajadores(as) independientes, madres comunitarias, personas en discapacidad, concejales de municipios categoría 4, 5 y 6 de los sectores rural y urbano, que no cuentan con los recursos suficientes para realizar su aporte completo como independientes. Según el Min-Trabajo (2), a junio de 2014 este programa contaba con 206.920 personas beneficiarias activas, distribuidas así: 172.014 Independientes urbanos, 32.571 independientes rurales, 726 madres comunitarias, 1.167 personas con discapacidad y 1.442 concejales.

En el diagnóstico sobre el régimen pensional, es necesario abordar problemas que desde los sindicatos no se examinan, y que tienen un enorme impacto sobre las posibilidades de ampliación de su cobertura. Un reciente diagnóstico de la OCDE (3) indica, que más del 80% de las pensiones las acapara 1/5 parte de la población con mayores ingresos, mientras que las 2/5 partes más pobres reciben menos del 2%. También señala que el régimen fiscal aplicable a las pensiones es extremadamente generoso, pues las cotizaciones al fondo de pensiones son deducibles de la base del impuesto sobre la renta, y la mayor parte de las prestaciones están exentas de impuestos, lo cual agrava la desigualdad en los ingresos. El análisis de la OCDE termina indicando que estos beneficios, y el carácter excluyente que tiene el régimen pensional, aumenta el coeficiente de GINI, que en el caso de Colombia es uno de los más altos del planeta, y expresa una enorme desigualdad en la distribución del ingreso.

El diagnóstico también señala problemas de equidad reales, que la sociedad colombiana debe resolver sin temor. En 2014 se destinaron $31.8 billones para financiar las pensiones de 1.919.675 personas (15% del presupuesto nacional), suma que supera los presupuestos para salud y educación (4). Sin embargo, es necesario aclarar que la mayor parte de este gasto, el 66%, se destinó a financiar las pensiones del 14% de las personas que reciben pensiones por encima de dos salarios mínimos, que incluyen las pensiones millonarias de congresistas y magistrados de las cortes por las que nunca cotizaron, o cotizaron sobre un ingreso muy inferior.

El traslado masivo de afiliados del ISS hacia los fondos privados de pensiones, más toda la publicidad engañosa de los fondos para seducir a los y las trabajadoras, más las pensiones millonarias de congresistas, magistrados de las cortes y otros, terminaron por desfinanciar el sistema de prima media y a la entidad que lo administra, Colpensiones, que cada vez carga con más personas pensionadas mientras disminuyen sus cotizantes, lo que, sumado, obliga a que la nación, es decir, a todos, a destinar cada vez una mayor proporción del presupuesto nacional al pago de las pensiones.

 

Reformas para favorecer el sector financiero

 

Hasta ahora, las reformas al régimen pensional se han orientado, primero, a favorecer los negocios del sector financiero, y segundo, a disminuir las presiones que el pago de las pensiones tiene sobre el presupuesto de la nación.

En 1993 se reformó el régimen pensional para acabar con el sistema público de pensiones, creando un régimen paralelo en manos del sector financiero privado, basado en el ahorro individual, que prometía enormes beneficios para sus afiliados (5). Hoy los fondos privados tienen el 68.5% de los cotizantes, apenas 77 mil pensionados, y $277.8 billones a disposición del sistema financiero; en tanto que la nación destinó en 2014 $31 billones para pagar las mesadas pensionales, incluyendo el ajuste hasta un salario mínimo que por ley se hace a los pensionados de los fondos privados cuyos ahorros no les alcanzan para una pensión igual al salario mínimo.

Además, la reforma del 93 incrementó las semanas de cotización (de 1.000 a 1.300), en dos años la edad de pensión para hombres y mujeres, y disminuyó la tasa de retorno, o mesada pensional. Después, durante el primer gobierno de Uribe, se eliminaron la mayoría de los regímenes especiales que se habían establecido por negociación colectiva en el sector público, y se eliminó para los nuevos pensionados la mesada 14. Estas reformas no tenían como propósito ampliar la cobertura sino disminuir el impacto sobre las finanzas públicas.

Finalmente, durante el gobierno Santos se puso en práctica un sistema de ahorro individual, para ampliar la cobertura del sistema pensional (6). Permitiría hacer un ahorro anual de hasta $885.000, que se entrega cuando la persona cumpla la edad de pensión, más un incremento del 20% que sale del presupuesto nacional, el denominado "beneficios económicos periódicos (BEPS)". Este ahorro, más ese 20%, se le entregará a la persona beneficiara para atender los siguientes ítems: a) traslado al sistema general de pensiones para acceder a una pensión; b) constituir una anualidad vitalicia, denominada Seguro BEPS, para lo cual Colpensiones contratará una firma aseguradora; y c) pagar por un inmueble de su propiedad. Este plan está dirigido a la población trabajadora de la economía informal que no puede afiliarse al régimen de prima media, ni cotizar sobre la base de un salario mínimo. La meta de incrementar en 7 millones los afiliados al régimen pensional.

El inconveniente de esta propuesta es la poca capacidad de ahorro de los trabajadores de la economía informal, hacia quienes va dirigida. El 49.5% de los trabajadores(as) tienen ingreso inferior a un salario mínimo. El ingreso promedio de los cuenta propia es apenas el 80% del salario mínimo en zonas urbanas y del 60% en las rurales. Para estos trabajadores la prioridad es la alimentación, a la que, según el DANE, destinan el 34.6% de sus ingresos. En segundo lugar la vivienda, a la que destinan el 29.7% (7), lo que les deja muy poco margen para cubrir otras necesidades, no tienen capacidad de ahorro. Lo que deja claro que esta propuesta no ampliará cobertura, o lo hará marginalmente.

Adicionalmente la Ley 1251 de 2008 estableció que son deberes del Estado "garantizar y hacer efectivos los derechos del adulto mayor", y "asegurar la adopción de planes, políticas y proyectos" para este sector de la población. En aplicación de esta política se diseñaron programas de carácter asistencial que no garantizan el reconocimiento efectivo de derechos, focalizados en la población adulta mayor más pobre, indígenas, mujeres, discapacitados, población desplazada, minorías étnicas y reclusos.

Estas políticas públicas son de tres clases: 1) aseguramiento en salud, 2) subsidio económico a través de servicios sociales básicos para beneficiarios que residen en Centros de Bienestar del Adulto Mayor, 3) subsidio en dinero y servicios sociales complementarios al beneficiario que no reside en estos centros. Estos subsidios van desde $40.000 mes (ración alimenticia a cargo del ICBF) a $75.000 (subsidio monetario). En 2014 estos programas tuvieron cobertura de 1.252.167 personas (8), o sea el 22.8% de la población adulta mayor que no recibe ninguna pensión (5.495.437).

Como se ve, el alcance que tiene esta política es reducida en comparación con la población beneficiaria potencial. Y tiene un problema adicional: es utilizado por los directorios políticos como instrumento clientelista vía inscripción y asignación de cupos.

 

Sistema pensional y mercado de trabajo

 

El sistema pensional colombiano está diseñado exclusivamente para trabajadores(as) de la economía formal, que gozan de relativa estabilidad a lo largo de su vida laboral, condición que no tiene la mayoría de los trabajadores(as) del país. El 66% no está afiliado al sistema de protección social (salud, pensiones y riesgos laborales), y en las 13 áreas metropolitanas la tasa de informalidad en 2014 fue de 48,4%, un punto porcentual menos que en 2013, que equivale a 5.076.000 trabajadores de pequeñas empresas (de hasta 5 trabajadores), o como cuenta propia (el 61.2%) en empleos que a pesar de permitirles algún nivel de ingresos, les disminuye la posibilidad de innovar, desarrollarse, hacer parte de economías de escala y pagar su seguridad social.

Los cuenta propia, por su parte, se incrementaron en 2,7%. Representan el 60,5% de los trabajadores informales en las 13 áreas metropolitanas. Así mismo, se destaca el hecho de que 245.000 ocupados informales se ubiquen en la categoría de trabajador sin remuneración.

Pero son las mujeres las que presentan mayores tasas de informalidad: 6,3 puntos porcentuales por encima de la reportada por los hombres: 51,8% y 45,5% respectivamente. Son en su mayoría trabajadores y trabajadoras de famiempresas, de micro y pequeñas empresas, cuya no afiliación a la seguridad social se relaciona con dos problemas: primero, el lugar que este tipo de empresas ocupan en la cadena de subcontratación que dominan las grandes empresas nacionales y extranjeras, que no les dejan margen para cumplir con las obligaciones que se derivan del contrato de trabajo, como el pago de un salario mínimo y la afiliación a la seguridad social. Y segundo, fenómenos de evasión que tienen que ver con una cultura de la ilegalidad, que se ve reforzada por la ausencia de una política de inspección eficaz por parte de las autoridades del trabajo.

En efecto, muchos empleadores, principalmente en ciudades pequeñas y municipios, aunque tengan condiciones para afiliar a sus trabajadores a la seguridad social, no lo hacen, pues están convencidos de que nadie los va a denunciar ni ninguna autoridad los va a sancionar. Por otro lado, muchos empleadores suspenden las cotizaciones por largos períodos, o cotizan por debajo del salario que pagan efectivamente, como tristemente lo descubren los trabajadores que, convencidos de cumplir los requisitos de edad y semanas de cotización, se dirigen a Colpensiones a tramitar su pensión. Se encuentran con la mala noticia de que su empleador suspendió las cotizaciones, o cotizó sólo por un salario mínimo.

En este problema también incide la inestabilidad laboral y la alta rotación en los empleos. En Colombia el 95% de los desempleados son cesantes, es decir, personas que perdieron su trabajo y suspenden su cotización a pensiones por lo menos durante 24 semanas, que es en promedio el tiempo que tardan en encontrar un nuevo trabajo. Por otra parte, muchos son contratados por prestación de servicios, cooperativas de trabajado asociado, o agencias de servicios temporales (9), lo que se expresa en cotizaciones discontinuas y esporádicas, que no les permite completar el número de semanas para acceder al derecho a la pensión. Problemas semejantes tienen los mayores de 40 años, quienes una vez pierden su trabajo tienen grandes dificultades para reubicarse laboralmente y reanudar cotizaciones al sistema.

Un estudio del Banco de la República (10) arrojó que del total de la población trabajadora sin educación que ingresó al mercado laboral en 2007, apenas el 11% lograría reunir el número de semanas de cotización necesarias para pensionarse en el régimen de prima media.

 

Las alternativas de reforma e intereses en juego

 

A la hora de diseñar las alternativas que deberían ir en una reforma pensional, vale la pena recoger la reflexión que hace la OCDE en su diagnóstico de la economía colombiana. Señala que "el sistema de pensiones plantea serios problemas de equidad. La cobertura del régimen contributivo es baja, y la falta de una pensión mínima en el primer pilar condena a muchos ancianos a la pobreza. En 2012 sólo recibió pensión el 30% de la población en edad de jubilación, en comparación con el 80% y 90% en países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay" (11). Tal diagnóstico, con el que coincidimos, debería llevar a una reforma pensional que, ante todo, le asegure a toda persona las condiciones materiales que les permitan vivir con dignidad.

Sin embargo, en la reforma se juegan también otros intereses. Aunque para el gobierno el objetivo de la reforma debería ser asegurar "protección justa para la vejez", a la hora de presentar las alternativas su principal preocupación es cómo hacer sostenible financieramente el sistema pensional, un propósito que, siendo válido, no debe ser el foco de la reforma. Por eso durante el paso de Rafael Pardo por el Min-trabajo se llegó a proponer que el gobierno sólo estaría en condiciones de financiar pensiones de hasta dos salarios mínimos, y que quien aspirare a una pensión mayor debería abrir una cuenta en un fondo privado para cotizar por encima de dos salarios mínimos.

Para el Consejo Privado de Competitividad (CPC), el objetivo de la reforma debe ser el fortalecimiento del negocio financiero. Eso es lo que significa su propuesta de "marchitar el régimen de prima media, para lo cual se debe frenar de inmediato la entrada de nuevos afiliados y prohibir nuevos traslados del régimen de ahorro individual con solidaridad al ISS" (elcolombiano.com, noviembre de 2011. Esto también recomienda Fasecolda, el gremio que reúne a las aseguradora que manejan el negocio de los seguros de riesgos profesionales.

Por su parte Asofondos, gremio de los Fondos Privados de Pensiones, coincide con el gobierno y con la OCDE en que la reforma debería contribuir a hacer sostenible financieramente el sistema, imponiendo tributos para las pensiones de jubilación más altas (sólo las de el régimen de prima media); definir la mesada sobre la base del cálculo del ingreso de los últimos 20 años; que la tasa de reemplazo sea mayor para los salarios más bajos; que la edad para pensionarse se defina basándose en la expectativa de vida de cada generación (respetando derechos adquiridos), pero que se debe igualar las edades de pensión de hombres y mujeres, compensando a las mujeres con un bono de maternidad que garantice sus cotizaciones por un año, después del nacimiento de cada hijo.

La OCDE hace un conjunto de propuestas que van desde la aplicación inmediata del programa BEPS y la ampliación del programa de atención al adulto mayor, hasta la adopción de reformas que aseguren su sostenibilidad en el futuro. Considera que la edad legal de jubilación es muy baja según los criterios internacionales, y por tanto "debería retrasarse más, y en el futuro debería ajustarse a la evolución de la esperanza de vida".

Considera, igualmente, que la tasa de sustitución (la mesada pensional), que hoy está entre el 65% y el 85% del salario medio de los 10 años anteriores, es muy alta en comparación con el promedio de la OCDE, que es del 57% de los ingresos acumulados a lo largo de toda la vida. Propone también equiparar el régimen de prima media (sistema público) con el sistema de ahorro individual (privado), porque a su juicio "el primero es costoso e ineficiente". Por último, considera que es necesario revisar el requisito de que las pensiones sean al menos iguales al salario mínimo.

 

Por un pacto social para la protección social (12)

 

Los sistemas de protección social son claves en la construcción de sociedades democráticas, incluyentes y civilizadas, y son el núcleo o la sustancia del Estado Social, democrático y de derecho. En este punto lo que acordamos por consenso los colombianos en la reforma constitucional de 1991, es apenas una promesa inconclusa, constantemente amenazada y vulnerada desde las políticas neoliberales.

La crisis generalizada que presenta el sistema de protección social demanda una reforma integral, que le asegure sostenibilidad al sistema, pero cuyo foco sea asegurar ingresos antipobreza a toda la población adulta mayor. En este sentido, la reforma debe recoger las reflexiones que se han hecho desde los organismos internacionales, como Naciones Unidas y OIT. Para lograr este objetivo es fundamental promover una amplia deliberación pública a través del Diálogos Social, que incorpore a todos los actores sociales que tienen interés e implicación en el tema.

Por lo pronto, los sindicatos han estado construyendo propuestas para garantizar el derecho a la protección de los ingresos para toda la población adulta mayor. Algunas de éstas se resumen en los siguientes objetivos:

  • - Estudio Técnico Actuarial, realizado por el departamento de Seguridad Social y Actuaria de la OIT, con garantía de alta calidad, rigor e imparcialidad. Este estudio abarca todas las instituciones públicas y privadas encargadas de las pensiones en Colombia, en todos sus componentes: régimen de ahorro individual con sus fondos privados de pensiones y sus sociedades administradoras; régimen de prima media con prestación definida; régimen público con todas las entidades; y entidades que manejan o tengan a su cargo regímenes especiales de pensiones.
  • - Sistema Pensional, como un sistema público de protección social, cuyo objetivo fundamental sea la garantía de derechos humanos fundamentales y no la posibilidad de hacer negocios, como ocurre hoy con el sistema de ahorro individual.
  • - Sistema pensional de pilares, con un primer pilar solidario, financiado con impuestos y recursos públicos, que asegure a toda persona adulta mayor, independiente de su condición socioeconómica o si ha cotizado o no al sistema, un ingreso mínimo equivalente a medio salario mínimo legal, inicialmente focalizado en la población adulta mayor más vulnerable. Este ingresos se podría incrementar mediante un sistema de ahorros individuales como los que propone el sistema BEPS. La financiación de este pilar cuesta menos de la mitad del costo fiscal que hoy tienen las exenciones tributarias al capital (13). Esta propuesta surge de la OIT y del Pacto Mundial para el Empleo (14). En Colombia se ha estado aplicando parcialmente a través del régimen subsidiado de salud, el programa Familias en Acción y la política pública para el adulto mayor.
  • - Un segundo pilar, que hace parte del régimen de prima media, con cotizaciones obligatorias hasta 7 salarios mínimos, asegurando una pensión en las condiciones que están establecidas para el régimen de prima media.
  • - Un tercer pilar, para trabajadores(as) que puedan y quieran cotizar por encima de 7 salarios mínimos, a través de la apertura de cuentas de ahorro individual (en Colpensiones o en los fondos privados), que permitan un ingreso superior a la pensión que asegura el segundo pilar.
  • - La garantía de pensión mínima para todos aquellos trabajadores(as) que cumplieron la edad y cuentan hasta con el 70% de la semanas cotizadas, para lo cual se les seguirá descontando la respectiva cotización.
  • - Restablecer el derecho a la negociación colectiva en materia pensional, acatando de manera plena las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT.
  • - La reducción de las semanas de cotización de las mujeres, por lo menos a 1.150 semanas, y el aumento de la licencia de maternidad a 6 meses remunerados. Esta propuesta nace como alternativa a la igualación de la edad de pensión entre hombres y mujeres.
  • - Bonos pensionales para las personas que se dedican a las actividades del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.

 

El sentido de las medidas para las mujeres

 

En el informe entregado por la OCDE al Estado Colombiano, en el que presenta agudas recomendaciones en materia de política económica laboral, se sugiere "equiparar la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Y a mediano plazo incrementar la edad de jubilación y vincularla a la evolución de la esperanza de vida".

Al respecto cabe decir que esta no es una medida coherente con el propósito de la equidad de género, por varias razones. En primer lugar, el establecimiento de una edad de retiro diferenciada para mujeres y hombres, así como en el número de semanas requeridas para poder acceder a una pensión, obedece a una medida afirmativa, entendida en el derecho internacional de los derechos humanos como una medida temporal para corregir una situación de discriminación, por lo que no se debe entender como una medida discriminatoria. En resumidas cuentas, la igualdad es tratar igual lo igual y diferente lo diferente.

Tanto la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW, la Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción, así como la OIT en distintas conferencias, coinciden en que este tipo de medidas son necesarias para cerrar las brechas de género y como estrategias para la superación de la desigualdad.

Frente a las condiciones de desventaja de las mujeres en el mundo laboral, las cuales justificarían un régimen particular para la protección social efectiva, la OIT ha expresado:

Las mujeres acumulan desventajas a lo largo de la vida. Constituyen un colectivo especialmente vulnerable porque muchas de ellas trabajan ya sea sin remuneración o con una remuneración escasa, a tiempo parcial, a menudo con interrupciones, o en la economía informal. En consecuencia, es menos frecuente que tengan derecho a recibir una prestación en concepto de pensión contributiva por derecho propio, e incluso cuando tienen derecho a ese tipo de prestaciones, las pensiones suelen ser muy inferiores a las de los hombres, al haber sido sus remuneraciones menores y al haber cotizado durante menos tiempo (OIT, 2009).

Conscientes de ello, algunos Estados han implementado ciertas medidas, como el establecimiento de una edad de retiro o el requerimiento de semanas cotizadas diferenciados para mujeres y hombres, los bonos pensionales para las mujeres como un reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. La apuesta en ese sentido sería: igualemos el número de semanas cotizadas y la edad de retiro, siempre y cuando el cuidado no remunerado tenga todas las garantías y se reconozca socialmente como actividad productiva. De otra manera esta pretendida "igualación" será discriminación.

Como lo puso de relieve la Conferencia Internacional del Trabajo en 2001, la seguridad social debería promover el principio de igualdad de género y basarse en el mismo:

... En la mayoría de las sociedades, las continuas desigualdades entre las remuneraciones de hombres y mujeres suelen afectar a los derechos de las mujeres a la seguridad social... y de considerar la posibilidad de introducir un salario mínimo, cuando todavía no exista. Cualquiera de los progenitores que se ocupe del cuidado de los hijos debería disfrutar de las prestaciones de la seguridad social previstas a tal fin. Además, cada sociedad debería considerar la posibilidad de introducir una discriminación positiva a favor de las mujeres allí donde haya que hacer frente a la discriminación propia del sistema. (OIT, 2006).

El establecimiento de pensiones en régimen especial para la población "inactiva" dedicada a los oficios del hogar que, como se dijo, concentra a casi 5 millones de mujeres, puede ser una medida de reconocimiento del valor económico y social del cuidado, resaltando que serían necesarias medidas adicionales que transformen las relaciones de género en el cuidado.

Frente a la propuesta de la OCDE de ligar la edad pensional con la esperanza de vida, vale retomar lo dicho por la OIT en su Conferencia de 2009: "...para muchas personas vivir más tiempo también significa vivir con recursos escasos durante un período más largo, de forma que la pobreza en la vejez es una de las principales preocupaciones actuales". De este modo, si bien es cierto que la esperanza de vida en general se ha incrementado, persisten fenómenos como la feminización de la pobreza, la discriminación de género en el empleo, y aun las cargas de cuidado en las edades más avanzadas es importante (15), ya que muchas de estas mujeres forman parte de las redes de apoyo a otras mujeres para que participen en el mercado de trabajo.

[1] Ministerio del Trabajo. Informe de actividades al congreso, 2013 – 2014, pág. 67.

[2] Estudios económicos de la OCDE Colombia. evaluación económica enero de 2013 visión general, pág 337, 37.

[3] Top 5 de la inversión más alta: Defensa y Policía – 27,744 billones de pesos; Educación – 27,276 billones de pesos; Trabajo – 24,457 billones de pesos; y educación Salud y Protección Social – 18,004 billones de pesos; Hacienda - 14,506 billones de pesos. Con información del Ministerio de Haciendahttp://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/presupuesto-colombia-2014-sena-agro.

[4] En el 1ño 2000, el 44.4% de los afiliados a los fondos privados de pensiones provenía del antiguo ISS, en el 2014 es sólo el 12%. Los propios asesores de los fondos aconsejan a muchos afiliados que se cambien para Colpensiones pues allí van a tener una mejor pensión que la que pueden alcanzar en un fondo privado, un fenómeno que explica el crecimiento del 16% de los afiliados a Colpensiones en el último año.

[5] La creación del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS, se fundamenta en el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política de 1991 y ha sido reglamentado mediante los Decretos 604, 1872 y 2983 de 2013.

[6] DANE, los componentes de la canasta familiar y su ponderación según los niveles de ingresos.

[7] Ministerio del Trabajo. Informe de actividades2013 - 2014al congreso, pág.78
[8] Un ejemplo que ilustra esta situación lo da ACOSET, el gremio que agrupa a las empresas de servicios temporales, las que en el año 2012 enviaron 595.590 trabajadores en misión, los que celebraron 1.295.000 contratos laborales en ese año. ACOSET. Datos estadísticos del sector de servicio temporal en Colombia, 2012, pag. 8.

[9] LÓPEZ, Hugo y LASSO, Francisco. (2012) El mercado laboral y el problema pensional colombiano. Disponible en [http://www.banrep.gov.co/es/borrador-736]

[10] Estudios económicos de la OCDE Colombia. evaluación económica enero de 2013 visión general, pag. 337, 37.

[11] Las propuestas que siguen son el producto de varios seminarios que con el auspicio de FESCOL y de la ENS, se hicieron durante el 2013 y 2014, en la que participaron delegados la CUT, la CTC y organizaciones sindicales del sector de la salud.

[12] "La utilización de los gastos tributarios ha crecido de forma constante en Colombia desde principios del decenio de 2000; su número aumentó de 127 a 201 entre 2000 y 2011. Según las estimaciones, en 2010 los ingresos fiscales sacrificados representaron entre el 3% y el 4,5% del PIB (Banco Mundial, 2012a). (...) El gran número de gastos tributarios – por ejemplo, aquellos relacionados con las zonas de libre comercio, los regímenes legales, las tasas preferenciales para las pequeñas empresas (las denominadas SAS) y las tasas reducidas y exenciones del IVA – no sólo merman los ingresos sino que también añaden un alto grado de complejidad al sistema, lo cual encarece su administración y cumplimiento, y facilita la elusión y evasión" (o.c, pág 41).

[13] ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Para recuperarse de la crisis: un pacto mundial para el empleo, 2009. Pág. 7. Citado por: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL, Para una globalización equitativa e inclusiva. Informe del Grupo consultivo convocado por la OIT en colaboración con la OMS, y presidido por Michelle Bachelet. OIT, 2011. Pág. 10.

[14] En edades avanzadas (65 años y más), la participación de las mujeres en actividades del cuidado no remunerado se mantiene en un 84.2% mientras que la que corresponde al trabajo remunerado es del 17.7%; las mujeres en este rango de edad dedican 4h 49min en promedio a estas actividades diariamente. (OSORIO, 2014).

 

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