"Con austeridad el país no logrará superar la inequidad social"

Ajustes pensionales y reformas salariales son algunas de las propuestas que imperan en la agenda pública. Paradoja: bajan las cifras de desempleo y con ello la oportunidad de poder acceder a una pensión digna. Luis Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores –Cut–, opina sobre éste y otros temas de la realidad colombiana.

Desdeabajo –da–: Uno de los argumentos con que el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, justifica el aumento a 62 años de la edad de jubilación para la mujer, medida propuesta por la Ocde, es que de los 21 millones de colombianos con trabajo, tan solo 7 realizan aportes sociales, lo que refleja un alto nivel de informalidad que desencadena una inestabilidad en el sistema de pensiones ¿Qué piensa ante este argumento?
Luis Pedraza –LP–: Las propuestas hechas, ahora y antes por el doctor Montenegro apuntan a beneficiar su orilla, que es el fomento de una política de pensiones basada en el patrimonio privado para desmantelar los regímenes de prima media que tienen participación del Estado, en este caso Colpensiones. Para nosotros no es extraño que Montenegro sugiera la redistribución de la miseria y no la creación de una política de Estado que involucre los regímenes pensionales como un derecho constitucional.

Su propuesta coincide con la Ocde, que afirma que debe haber una alianza entre el régimen de pensiones privado y el público para asignar un régimen pensional que, incluso, involucre no solo un tratamiento violento contra los derechos de la mujer sino también una baja en la escala de valores de las pensiones por debajo del salario mínimo.

da. Entonces, ¿la propuesta del ajuste pensional es necesaria para el país o es un requisito para entrar a la Ocde?
LP. La propuesta es absolutamente desconsiderada con la realidad social del país: es la expresión del neoliberalismo económico que, como siempre, apunta a socializar las pérdidas, las crisis que el capitalismo fomenta, que lleva a concentrar la riqueza en una ínfima minoría.

La propuesta no tiene en cuenta, aun así lo sepa la Ocde, que Colombia es el tercer país con mayor inequidad social en América Latina, después de Haití y Honduras pero, a su vez, es una economía creciente respecto a su producto interno bruto, tanto en la región como en el mundo. El interés de la Ocde es atrapar ese crecimiento económico y mantenerlo en esa línea de comportamiento a costa de agudizar y profundizar la inequidad social que se da en Colombia; por eso las propuestas hechas sobre pensiones, salarios, impuestos e IVA. Todo apunta a cargar contra la mayoría de los colombianos situados entre la clase media, clase baja y la pobreza absoluta.

da. ¿Cuál es su posición frente a las cifras que arrojó el estudio del desempleo realizado por el Dane en 2014?
LP. El Dane ha perdido autonomía y credibilidad después de transformarse en un instrumento de los últimos gobiernos, especialmente el de Uribe y Santos, al servicio de maquillar la realidad con cifras poco fiables; una supuesta política social que ha generado, en apariencia, la disminución del desempleo.

Cuando sale la cifra que indica un porcentaje del 9,1 por ciento de desempleo en el estudio del Dane, en El Tiempo aparece la noticia de que sigue creciendo la informalidad laboral. No es que haya disminuido la tasa de desempleo, sino que aquellos empleos que se eliminan por razón de reestructuraciones empresariales y de aplicación de las nuevas formas de contratación a través de las Cooperativas de Asociados, pasan a una franja que el Dane también clasifica como empleo estable y directo.

da. El Dane también dice que la cifra de desempleo en 2014 fue la más baja en 14 años, ¿es cierto ese resultado?
LP. No hay que olvidar que el Dane incluye como empleadas a aquellas personas que tengan dos horas de trabajo a la semana, aquellas modalidades de informalidad laboral que se encuentran en los andenes; incluso, ahora incluye como "empleados" a los que hacen malabares en los semáforos y los categorizan como ¨Especialistas en recreación social¨.

Además, lo clave es que la cifra del Dane, para afirmar que el desempleo cayó, muestra que se han generado nuevos empleos en caza, pesca y silvicultura. ¿Dónde están las empresas que contratan para la caza y para el desarrollo de industria? La silvicultura es uno de los aspectos más críticos que tiene el país en materia, no solo de existencia, sino de fomento de la gran crisis del modelo agrario.

La pesca está concentrada en multinacionales, por tanto, la pesca artesanal, si se trata de generación de empleo, también está en unas condiciones de precariedad y mínima subsistencia. No existen los sindicatos o convenciones colectivas de las industrias pesqueras y las pocas que existen están reducidas a un mínimo de trabajadores. La cifra es una falacia más del Dane, orientada a maquillar la realidad.

da. ¿Por qué afirma que el estudio del Dane es una una falacia?
LP. La prueba más contundente de que lo es, recae en que el Estado tiene un 57 por ciento de sus trabajadores en contratos de servicios inestables, en nóminas paralelas. El sector privado tiene un 62 por ciento de sus nóminas tercerizadas, en condiciones que, según la Organización Internacional del Trabajado no son dignas; sin contratos a término indefinido, sin seguridad social, y sin pagos para los regímenes pensionales.

En el país se está imponiendo, con una fuerza peligrosa, el sistema de contratación por horas y por días; las zonas de comercio o restaurantes contratan trabajadores que cumplen una jornada de 6 a.m. a 8 o 10 p.m. y solo reclaman en la caja 25.000 o 30.000 pesos, sin prestaciones sociales, sin ningún tipo de cotización a parafiscales, ni mucho menos salud o pensión. Ese tipo de contratación es a lo que nosotros llamamos "contratos basura".

da. La informalidad es uno de los mayores problemas que tienen los trabajadores colombianos. Con los recientes consejos dados por la Ocde, puede preverse que el camino buscado para solucionar tales problemas son las medidas austeras, ¿qué consecuencias traería la aplicación de esas medidas?
LP. No nos podemos tragar la tesis de que la austeridad es la forma por la que este país va a lograr superar la inequidad social. La austeridad podrá superarse cuando el Gobierno tenga clara decisión política de reestructurar el Estado a partir de una reforma agraria integral que permita redistribuir las tierras, democratizarlas y quitárselas a los terratenientes que poseen la tierra productiva. Además, habría a su vez que democratizar el ámbito laboral, que tanto las mujeres como los jóvenes estén incluidos mediante formas de contratación y asignación de salarios dignos, y que el modelo económico no deje por fuera de los regímenes de impuestos a las multinacionales.

 

Salario diferencial por regiones

 

da. Como la Ocde, Fedesarrollo también propuso una reforma, orientada en este caso a que el salario mínimo sea diferencial por regiones. ¿Cuál es su posición frente a esa medida?
LP. Esa es una propuesta de exclusión social. El Estado no puede pretender ahondar la desigualdad subdividiendo condiciones de vida paupérrimas. Este es un asunto absolutamente neoliberal, absolutamente desconsiderado con el país y es el clásico planteamiento de Fedesarrollo. Nosotros no podemos aceptar que porque el Chocó, Nariño, o Córdoba sean los departamentos con mayor índice de pobreza, tengan unos ingresos inferiores a Antioquia o Cundinamarca que tienen industria en desarrollo. Las entidades que proponen esta medida deberían buscar propuestas de integración para que el país, sin excepción alguna, se beneficie de una economía realmente democrática y no concentrada en mejorar las condiciones de ingreso de los ricos.

da. Según lo que plantea, ¿la medida implicaría una regresión al salario mínimo rural?
LP. Sí, claro. Siempre han propuesto que debe haber un salario mínimo para los centros urbanos y uno para los sectores que ellos denominan marginales; es como decir que en Bogotá debe existir un salario mínimo para los trabajadores que están en el norte o en el centro, y uno diferente para Ciudad Bolívar o para sus zonas rurales; eso no puede siquiera debatirse. Siempre han dicho que las necesidades de los trabajadores del área rural no son las mismas que las de los trabajadores de las áreas urbanas porque, supuestamente, en la ciudad tienen costos de universidades, médicos y de transporte, incluso, costos de recreación social, mientras que en el campo, como no existen esas infraestructuras, ¿para qué un salario digno?

Que subsistan, que tengan posibilidades de aparecer dentro del contexto social, pero ligados estrictamente a las posibilidades que, por razón de la corrupción y decrepitud de los gobiernos, han condenado a esas poblaciones a vivir en condiciones de miseria y de pobreza absoluta. La propuesta no se puede aceptar ni tolerar. Tanto un campesino como un indígena tienen los mismos derechos derivados de la Constitución Política, como un trabajador de las capitales de los departamentos o de las ciudades más desarrolladas. Se trata de construir equidad social y no de profundizarla.

da. En el escenario de que la propuesta fuera aprobada, ¿cuáles serían las consecuencias de su aplicación?
LP. La consecuencia es clarísima: profundizaría la inequidad social. Si en este momento estamos en un tercer lugar después de Haití y Honduras, muy seguramente acabaríamos en el segundo o primer lugar. Ante el problema, los dos últimos gobiernos, por no citar los anteriores, siempre han querido responder al pueblo con políticas asistencialistas. Se evidencia en las últimas veces que la gente se ha movilizado, como ocurrió con los indígenas en el 2013, con los campesinos productores entre 2013 y parte de 2014, o como ocurrió, incluso, con los estudiantes cuando se movilizaron para exigir una educación digna y actualizada a las exigencias de esta época y no con los modelos anacrónicos de hace 60 años.
¿Qué hicieron los gobiernos? Crearon mesas de trabajo, aceptaron negociaciones, y al final, optaron por dar subsidios a los campesinos e indígenas para paliar un poco la crisis del agro; ofrecieron unos recursos para el tema de educación, y lo que ahora encontramos con el presidente Santos es que eso lo cumplió a medias. Es la clásica política del asistencialismo: "Ustedes están inconformes, ustedes ponen en riesgo al establecimiento, al Gobierno, les vamos a dar unos subsidios, les hacemos asistencia técnica para que palien la crisis, sin una solución de fondo".

da. ¿Qué propuesta tiene la Cut para disminuir la desigualdad social en las regiones?
LP. Nosotros hemos dicho, y lo hizo la Cut desde su congreso fundacional –irónicamente, vamos para treinta años de existencia y todavía seguimos con el mismo planteamiento–, que el plan de desarrollo del Gobierno, particularmente de este que está enfocado a la paz, debe apartarse del contexto que el Fondo Monetario Internacional, y en este caso la Ocde, le imponen.

Si ustedes observan el periódico del 1 y 2 de febrero verán, la presentación hecha por el doctor Gaviria, Director Nacional de Planeación, en donde reconoce que de trescientas y más propuestas hechas por la Ocde, el Plan de Desarrollo ya incorporó más de ciento treinta y siete. Dentro de esas, las de pensiones, el tema salarial y la contratación. Es decir que, el Plan de Desarrollo del Gobierno se enmarca estrictamente dentro de las exigencias de estos organismos multilaterales que están puestos al servicio del capitalismo internacional y del modelo neoliberal.

da. Entonces, ¿cuáles son las principales medidas propuestas por la Cut?
LP. Primero, el Gobierno tiene que rescatar su soberanía nacional a partir de impedir que desde fuera se dicten las directrices de cómo debe ser nuestro desarrollo y nuestra cultura. Para eso tiene que ganar autonomía, autoridad e independencia frente a la multilateralidad económica. Segundo, tiene que realizarse una reforma estructural de fondo del Estado colombiano, que involucre la reforma agraria integral que tanto reclaman, por ejemplo desde Cuba, los movimientos de insurgencia armada que están negociando, los campesinos y los indígenas, y que tanto reclamamos los sindicatos, pero que, hasta la fecha, no ha sido posible ni si quiera que sea tomada en cuenta.

Consideramos que debe cambiarse de fondo el modelo de desarrollo económico del Estado colombiano, que está centrado en el tema de exportaciones del sector minero-energético y abandonado en lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria; Colombia está comprando alimentos, cuando perfectamente puede producirlos. Debe haber, de igual manera, una reforma de fondo y estructural en el tema educativo. Mientras no existan esas condiciones, nosotros seguiremos con sistemas de educación anacrónicos que promueven la cultura de la lucha individual por el desarrollo en el mundo del trabajo, y descolectiviza la concepción de clase que no permite construir una sociedad más equitativa y justa en aquello que tiene que ver con la distribución de la riqueza de los colombianos.

Es por la vía de las reformas estructurales que nosotros creemos que la situación se puede trascender y no por la vía de socializar la pobreza.

Publicado enEdición 210
Pensiones. Un negocio donde todos ponen pero pocos se jubilan

El Gobierno nacional presentará al Congreso, en las sesiones de la primera legislatura del 2013, su reforma al régimen pensional. La iniciativa oficial, presentada por el Ministro de Trabajo Rafael Pardo, ha provocado voces de rechazo. La reforma deja el amargo sabor de otro intento por desmantelar la obligación del Estado de garantizar el derecho a una pensión digna a todas las personas. Hay que garantizar el derecho, con una única salvedad: una tasa mayor para quienes pudieron ahorrar durante sus años de vida laboral.

 

La cifra es reveladora. De los 23 millones de personas que conforman la Población Económicamente Activa (PEA) en Colombia, sólo un tercio cotiza para pensiones de manera permanente. No es para más. El desempleo del 10,4% y la informalidad del 68,8%, traen como consecuencia un no futuro para millones de connacionales en edad laboral, obligándolos al rebusque, a perseguir soluciones para sus necesidades diarias por fuera del mundo del trabajo formal, en un esfuerzo por mano propia que atomiza el conjunto social.

 

Es una realidad patética la que padecen millones de colombianos: además de no contar con ingresos dignos seguros y suficientes, producto del desarrollo de sus potencialidades, no cuentan con el favor del Estado. No es extraño, por tanto, el escaso espacio y ambiente que en nuestro tejido social encuentran las relaciones de solidaridad. Y como una de sus concreciones palpables, entre tanta flexibilidad laboral y trabajo precario, ¿qué campo puede tener un sistema de ahorro solidario, como el pensional?

 

En medio de esta realidad, lo que ha terminado por predominar en nuestra sociedad deslaboralizada es el "sálvese quien pueda", el individualismo, con el cual el derecho a la pensión –que depende de un ejercicio social colectivo–, termina por ser algo extraño y escaso, al que accede la minoría.

 

De aquí que la crisis del sistema pensional colombiano, sea la más clara expresión de un modelo social incapaz de resolver una alternativa fabril, en ciencia y tecnología, de potente producción agraria, pesca, y otras variables, basado en relaciones laborales justas, donde patrón y trabajador se conjuguen como dos partes sustanciales de la misma ecuación (la felicidad de todos/as), fiscalizadas por un Estado interesado de verdad en la justicia y la paz

 

Ante esta incapacidad histórica, lo que terminó por predominar entre nosotros –y propicia la crisis del régimen pensional– es la real existencia de un régimen laboral injusto. Crisis ahondada porque sus fondos (el ahorro de quienes cotizan) han sido manejados, desde siempre, como caja menor de los distintos gobiernos. Pero también, por la creación de fondos privados que desde 1993 cabalgan en los privilegios otorgados por el Estado, que permitió desangrar al otrora Instituto de los Seguros Sociales (ISS), y potenciar los fondos privados. La consecuencia de este desmadre es palpable: 10,4 millones de afiliados y reservas por 135 billones pesos en los fondos privados, los que sólo cubrir las mesadas de 56 pensionados. Mientras tanto, el Estado debe responder por 1,3 millones de estas mesadas.

 

Un sistema pensional insuficiente y en crisis, compuesto en lo fundamental por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten en el mercado. En ellos, los afiliados básicamente consignan en un fondo que busca lograr los mejores rendimientos financieros. El valor de la cotización es el 16% de la base salarial*. Para lograr una pensión se tienen que cotizar 1.225 semanas y cumplir 55 años en el caso de las mujeres, y 60 años para los hombres. En los próximos años, subirá la edad a 57 y 62 años respectivamente, también se incrementarán las semanas de cotización a 1.300, es decir a 26 años de cotización activa.

 

 

No hay cobertura

 

Las personas que en nuestro país tienen acceso a pensión suman 1,6 millones. El resto depende de su propio capital –unos pocos–, la solidaridad familiar, de aquello que se conoce como caridad, o del reducido subsidio estatal (Sisben 1 y 2, que fluctúa entre 40 y 75 mil pesos mensuales), que hoy cubre al 12 por ciento de esta población. La realidad, por tanto, es tozuda: la mayoría de las personas en edad de pensión viven en la pobreza o indigencia. Realidad poco gratificante, pues todos los habitantes de un país, por el simple hecho de integrarlo, deberían gozar del derecho a una vejez en dignidad, sin depender para ello de la ayuda de nadie.

 

Pero esta situación podría agravarse, bien porque la actitud desobligante del Estado sobre la garantía del derecho pensional pone en duda la sostenibilidad del sistema, o porque el sector financiero, que recauda las cotizaciones las canaliza para el negocio de la inversión y la especulación.

 

Sin equidad

 

Para rematar, hay una distancia real en equidad. La mayoría de los pensionados (80,6%) reciben entre uno (582.000 pesos) y 4 salarios mínimos. Las pensiones superiores a los 20 salarios mínimos son un sector privilegiado que no supera el 0,5 por ciento de la población pensionada. También existen regímenes pensionales que benefician a expresidentes, exministros, magistrados, jueces y oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía, trabajadores de Ecopetrol, y algunos docentes. Sumados todos estos regímenes especiales llegan a representar el 16% del total del gasto pensional. Entonces, aunque es real que algunos miles gozan de una mejor pensión, ahí no descansa el motivo de la insostenibilidad del sistema pensional. Aunque esta es la realidad, los gobiernos de turno, incluido el actual, acuden al argumento de los privilegios, y la denuncia de los privilegiados, para justificar sus reformas, las mismas que siempre han contado con otras motivaciones de fondo.

 

Sostenibilidad: una historia de desmontes

 

Así ocurre en estos momentos. Con la actual reforma el Gobierno pretende, entre otros aspectos, motivar a la opinión pública contra el Régimen de Prima Media (RPM), un desprestigio que favorece a los fondos privados, una vieja estrategia del mercado para que el Estado deje la rentabilidad de los dineros ahorrados –mes tras mes– por los trabajadores para inversiones especulativas, que por su naturaleza ponen en peligro el futuro de la población afiliada. Este episodio se suma a la serie de desatenciones y recortes del Estado para menoscabar el goce pleno del derecho adquirido a la pensión, pasando por alto los pactos internacionales de la Convención Americana de Derechos Humanos y Pactos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de Naciones Unidas. Es más, los últimos gobiernos han hecho todo lo posible para liquidar los regímenes especiales que favorecen la población de grupos medios (docentes, Ecopetrol) o vulnerables, pero mantiene aquellos que privilegian a las élites (FF.AA, funcionarios del alto Estado).

 

En su esfuerzo por atender los dictados de la banca multilateral y dar cabal espacio a la especulación financiera, el proyecto de Ley 155 de 1992 eliminó el Sistema de Prima Media Escalonada y derivó a uno con Prestación Definida. Al mismo tiempo creó el nuevo Régimen de Ahorro Individual. La crisis del momento se creó, entre otros aspectos, porque el Gobierno incumplió con los aportes a que legalmente estaba obligado. Esta situación conlleva que entre los años 1993–2020, en cada uno de estos años, se haga efectivo un déficit que asciende a los 7 billones 19.314 millones de pesos. Por ejemplo, la deuda del Estado con los afiliados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrada por el entonces Instituto de Seguros Sociales (ISS) era de 876.000 millones de pesos, y eso que la viabilidad del antiguo ISS daba una rentabilidad real del 5 por ciento anual con reservas de inversión.

 

Ya con la famosa Ley 100, que otorgó libertad de competencia, aumentó la edad, las semanas de cotización y el monto de los aportes causando dificultades para el acceso a la pensión. También redujo las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. El sistema siguió funcionando y comenzó a suprimir las 1.040 Cajas y Fondos Públicos entonces existentes por unos privados. Para salvaguardar las expectativas de quienes estaban próximos a adquirir una pensión, en fallo C-168 de 1995 de la Corte Constitucional, la persona que al 25 de julio de 2005 cotizara 760 semanas o su equivalente en tiempo de servicio, era incluida en el régimen de transición que expira el 31 de diciembre de 2014. Una fecha que se alargó, pues la inicialmente establecida era el 31 de julio de 2010, prolongación lograda luego de muchas demandas y procesos fallados a favor.

 

Se presentaron otras resistencias. El fallo de otra demanda, con sentencia C-789 de 2002, se exigió la aplicación cierta del régimen de transición como un mecanismo de protección para quienes estaban próximos a cumplir con los requisitos al momento del tránsito legislativo. Pero con la Ley 717 de 2003, a pesar que muchos de sus artículos se declararon inexequibles por la Corte Constitucional, se aumentó en 2,5% la cotización y las semanas de 1.000 a 1.300. Además, en Acto Legislativo 01 de 2005 de nuevo se exige el pago pensional y que ninguno sea menor al salario mínimo, pero se expresa al mismo tiempo la prohibición de incluir el tema en las convenciones colectivas. El Acto Legislativo también plantea la creación del Sistema de Beneficios Periódicos al Salario Mínimo y que no existirán pensiones superiores a 25 salarios mínimos.

 

Y hay más. En reforma constitucional, Acto Legislativo 03 de 2011, se precisa de manera tajante que no se puede invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar derechos ni negar su protección efectiva. Otra sentencia, la C-288 de 2012, recalcó que el criterio de sostenibilidad fiscal debe ser un instrumento subordinado a los fines propios del Estado Social Democrático en la prestación de derechos. Esto es lo fallado, pese a lo cual prosigue el desmonte de los derechos de los trabajadores/ras, como la reciente reforma tributaria que carga con impuestos a las pensiones.

 

El Régimen de Prima Media (RPM) no se retoma de manera exclusiva en nuestro país. Como modelo público Está presente en Brasil, Argentina, Uruguay, Portugal y España. Sólo en Chile funciona el régimen de ahorro individual, pero, ante la gran cantidad de población excluida, se retomó el RPM como complemento. Modelos de sistema mixto hay en países como los Estados Unidos, México y Perú.

 

Así, con presiones de muchos años por ajustar el régimen pensional a los parámetros que más beneficien al sistema financiero –a través de sus fondos de pensión–, lleven en la legislatura que inicia en marzo a la aprobación –sin mucha discusión– de la ponencia presentada por el Gobierno. O aún peor: el mismo lobby de los fondos privados imponga una ley aún más regresiva.

 

La debilidad del mundo del trabajo en nuestro país, y la misma debilidad del sindicalismo, no permite augurar una resistencia de hondo calado ante la iniciativa gubernamental. Pero hay que intentarla. Abrir el debate. Una verdadera reforma debe obligar al Estado colombiano a retomar el control sobre el régimen de pensiones y suprimir la administración de manos privadas. También fomentar la formalización del mundo laboral, verdadera garantía para que la población trabajadora pueda construir su pensión. Así, la discusión no debe ser si subsidio o ahorro, pues para quienes han dedicado su vida al trabajo se trata de un derecho, y bajo ninguna circunstancia puede permitirse que sea un negocio.

 

* Del valor del salario, que es la base de cálculo de la cotización le llega al fondo de pensiones el 16%, al trabajador se le descuenta el 4% y el valor restante lo paga el empleador.

 


Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM)

 

Creado por la Ley 100 de 1993. A ella pertenece el 80,3% del total de la población pensionada con que cuenta el país, vinculados en su mayoría a Colpensiones, entidad que reemplazó al extinto Instituto de los Seguros Sociales. Se sustenta y sostiene en la solidaridad generacional de trabajadores afiliados que cotizan para el pago de la mesada de los pensionados.

 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS)

Se instauró con la Ley 797 de 2003. Pertenecen actualmente a él 56.153 pensionados, que representan el 5.6% de la población total que cotiza. Este régimen implica la destinación de un porcentaje para financiar el Fondo de Pensión Mínima (FGPM) y abrir una cuenta personal de ahorro hasta reunir aproximadamente 150 millones de pesos.

 


 

Posiciones

 

Confederación de Pensionados de Colombia

 

Los dineros de la seguridad social en pensiones se convirtieron en un negocio que deja utilidades a las administradoras de fondos privados, con un portafolio de inversiones que para el 2012 sumaba 412.582 millones de pesos, expuestos a los vaivenes de la especulación.

 

El Gobierno quiere romper el vínculo de los pensionados con la entidad o empresa que adquirió este derecho, terminando por entregar estos recursos a entidades aseguradoras susceptibles de quiebra, sin el pleno respaldo estatal que garantice el futuro de la totalidad del ahorro para cancelar las mesadas. Los fondos privados de pensiones no podrán lograr el número de afiliados para funcionar, y así los pensionados llegarán a recibir media pensión. El costo para la garantía del RAIS en 2002 iba en 17 billones, desde entonces no se han hecho más estudios.

 

Con el pretexto de hacer frente a las crisis financieras internacionales, el Estado quiere reducir de manera arbitraria las mesadas, o eliminar los subsidios. Hay una congelación de las mesadas, sometidas cada año a incrementos por debajo de la inflación. En últimas, cuando se desplome el régimen de pensiones, van a sufrir los pensionados y trabajadores afiliados, no los dueños del lucrativo negocio.

 

Central Unitaria de Trabajadores

 

Esta reforma continúa con la sistemática violación al compromiso de progresividad en derechos. En especial con la seguridad social que es de carácter irrenunciable, reconocida en convenios, disposiciones y recomendaciones internacionales. La crisis del sistema de la seguridad social es el negocio de la rentabilidad de grandes conglomerados financieros. El modelo de la RAIS traslada la responsabilidad directamente a cada individuo que –entre tanta informalidad, intermitencia del empleo y bajos salarios– no alcanza a cubrir la canasta familiar y no puede abonar a una cuenta individual los recursos suficientes para una pensión. El Estado debe asumir la seguridad social de la población como derecho, por lo tanto debe ser el garante, gestor y administrador del sistema para fomentar un modelo de desarrollo nacional productivo que promueva el trabajo decente.

 

Procuraduría General de la Nación

 

No puede existir tensión entre derechos adquiridos y sostenibilidad fiscal. La reforma va en contravía de derechos legítimamente adquiridos, refleja el paulatino desmonte del sistema público 'vendiendo' la idea que la crisis financiera tiene como culpable al jubilado que impide la sostenibilidad fiscal. Se quiere responsabilizar a los pensionados y afiliados de regímenes especiales por la transición, pretendiéndose que las pensiones hagan parte de la economía del mercado, presentados como un ahorro y no un derecho, por eso se entiende el carácter de entidad financiera que se le dio a Colpensiones.

 

El Estado se debe comprometer con la seguridad jurídica y confianza legítima para crear una situación jurídicamente consolidada conforme al derecho. Las reformas por si solas no generan cobertura, los problemas estructurales del Sistema se deben a la ineficiencia administrativa para decidir a tiempo y en derecho las solicitudes pensionales. A esto se suma la baja cobertura por ausencia de un trabajo digno. Incluso, según el mismo Banco Mundial, se reconoce que un sistema privado es inviable en países en desarrollo porque alcanzarían apenas una cobertura del 20 por ciento. Por último, nos preguntamos por qué en Colombia no se revisan las ganancias o cuotas de administración de los fondos y por qué no se dejó al legislativo la tarea de proponer la reforma.

 

Gobierno Nacional

 

Es necesario aumentar la cobertura, pero cualquier intento de mejora implica mayor costo fiscal, por lo que también se debe fortalecer la sostenibilidad financiera. Estima que la esperanza de vida para 2015–2020 será de 76,2 años así que es necesario aumentar la edad de jubilación, pero se podrían disminuir las semanas cotizadas. El problema de la sostenibilidad fiscal hace que el 24% del Presupuesto General de la Nación se destine a las pensiones, pero con una deuda del pasivo pensional que asciende al 116,2% del PIB. Se debe reducir el traslado de afiliados del sistema, o su impacto fiscal provocado por quienes se trasladan al RPM. Es importante eliminar los subsidios destinados a los más ricos, que llegan a ser del 86,3%. El sistema debe ser menos propenso a los fallos judiciales. Se deberá romper la restricción constitucional que garantiza la pensión mínima no inferior a un salario mínimo.

 

Para los demás, se pondrá en marcha el sistema de Beneficios Económicos Periódicos. Son cerca de siete millones de trabajadores que se les pedirá un monto de ahorro individual al que se sumará el 20% de subsidio del Gobierno, en total el monto sería igual al 85% de un salario mínimo. Para propiciarlo se destinará un porcentaje de la cotización de solidaridad de quienes están afiliados a las (RAIS). Para aquellos que no alcanzan a una pensión, está "Colombia Mayor" que focalizará los subsidios para cerca de 2,3 millones de mujeres y hombres, entre 52 y 57 años, que tienen Sisben 1 y 2, los cuales recibirán entre 40.000 a 75.000 pesos mensuales.

 

Fondos Privados

 

No se puede pensar en reformas estructurales cuando la economía no va bien. La reforma podría incidir en la caída del ahorro nacional y afectar el mercado de capitales al trasladarse los ahorros de la RAIS a la RPM. Preocupa que el sistema público se fortalezca, un régimen donde hay corrupción y falta transparencia. Se deben eliminar algunos regímenes especiales. Igualar los subsidios de pensión es innecesario porque mantiene el problema de la inequidad, pues el 80% de los subsidios está en la población de altos ingresos.

 

La propuesta puede generar una reducción en la cobertura. Además, el régimen público es financieramente inviable, requiriéndose unos 22 billones de pesos para financiarlo. Aún así, sin el régimen privado, la transición demográfica hace que el RPM sea inviable en cualquier país. Cada día hay menos trabajadores por pensionarse. Por último, Colpensiones debe transformarse para que coexista con RAIS como sucede en Chile.

Publicado enEdición N°188
Injusticia con la fuerza pública y sus reservas

El cuadro número 1 de este escrito es elocuente. Informa con claridad sobre el nefasto resultado de pretender cumplir el artículo 13 de la Ley 4a de 1992, por medio de las ilegalidades implementadas a partir del Decreto 107 de enero 15 de 1996. Sin facultades para hacerlo, esta norma introduce modificaciones estatutarias en la carrera. Su enorme efecto perjudicial afecta a los grados y empleados que abarcan desde Teniente Coronel hasta Adjunto 5°. Lo peor de este error consistió en repetirlo desde 1996 hasta la fecha. Como se ve, la Fuerza Pública y sus Reservas siguen soñando con la ilusión de la nivelación salarial.

 

Este absurdo tuvo origen en fallas entre las que se destacan: 1) La suspensión en 1986 de la nivelación salarial iniciada en 1981; 2) No dar a este proceso la continuidad ordenada en el artículo 13 de la Ley 4a de mayo 18 de 1992; 3) El desconocer el principio de oscilación salarial y demás derechos adquiridos, cuando se modificó el punto de partida de la EGP al reducir la remuneración del General de ser "igual en todo tiempo y por todo concepto a la de los Congresistas"1, por otra inferior: "igual en todo tiempo a lo que devengue un Ministro del despacho ejecutivo como asignación básica y gastos de representación..."2; 4) No haber promulgado dicha EGP antes de 1993, lo cual era indispensable a fin de cumplir el plan de nivelación trazado en el Decreto 25 de 1993; 5) La decisión de incrementar 3,8 veces (equivalente a un 281%) los sueldos más elevados del Estado en el lapso enero 1992 a enero 1993, mientras el salario mínimo subió un 25% y los nuestros un modesto 35%; y 6) A los intereses creados y la negligencia estatal, empeñados en aseverar que el Decreto 106 de 1997 acata la Constitución y la Ley.

 

Ante el silencio gubernamental respecto a nuestros requerimientos sobre esta materia, le presentamos el proyecto de nivelación considerado y conciliatorio que muestra el Cuadro Nº 2, pues el mismo hace abstracción del 43% que representa la Prima especial de servicios que pagan a los altos funcionarios del Estado.

 

No cabe duda de que esta es una distribución de sueldos institucional aterrizada, sin ser la óptima. Tampoco corrige la discriminación de negarnos un reajuste salarial igual al 7,67%, que certificó la Contraloría General de la República para los sueldos más elevados del Estado, dando cumplimiento al artículo 187 de la Constitución, y cuya aplicación debe extenderse a toda la FP porque su retribución tiene base de cálculo la del General. A pesar de que es inferior a la EGP que se pagó en 1980, no es tan lesiva como la que se ve en el cuadro Nº 1, donde los grados y empleados del segmento comprendido entre Teniente Coronel y Adjunto 5° perciben una remuneración menor al 29,18% con relación a la del General. Esta iniciativa no acata la Ley pero paladea el daño causado.

 

"Querer es poder" reza el adagio. La solución apropiada surge de corregir el yerro de 1993, es decir, revertir ese incremento exagerado de emolumentos, lo que permite establecer una estructura salarial digna y equitativa. Por tanto, recomendamos fijar la remuneración total de los Parlamentarios en $13 millones mensuales. Esto equilibra los salarios de la FP. Genera un Sueldo Básico del General de $5.850.000 = (13.000.000 x 45%). Este es el más alto punto de partida de la EGP y referencia de cálculo de los restantes, hasta el más bajo del Adjunto 5° que sería $585.000. Como se aprecia, conduce a una EGP casi igual a la del Cuadro Nº 2; además, tiene la virtud de acatar la legalidad con rigor y enmendar la falla en que incurrió el gobierno en el lapso enero 1992 a enero 1993.

 

Atrapados por el neoliberalismo en este conflicto social de todos contra todos, la ingenuidad, el miedo y la duda han impedido a la Reserva Democrática de Colombia fortalecerse y organizarse a fin de exigir mancomunadamente lo que merece y queda plasmado en metas como la expresada en el párrafo anterior.

 

* Capitán del Ejército en retiro. Economista, Universidad Externado de Colombia.

 

1 Decreto 335 de febrero 24 de 1992. Precepto aplicado entre enero 1° de 1981 y mayo 31 de 1992.

2 Decreto 921 de junio 2 de 1992, fórmula ilegal aplicada desde el Decreto 107 de 1996, dando a entender que cumple la Ley 4a de 1992.

 

Cuadro 1

 

Cuadro Nº 1. Fuerza pública, Estructura salarial año 2012

 

Grados

EGP

SB $

Primas  

TOTAL-PES

EGP-PES

TOTAL+PES

EGP-REAL

General    

100,00%

4.439.827

8.542.122

12.981.949

100,00%

22.659.838

100,00%

Mayor General      

96,91%

4.302.477

5.260.702

9.563.179

73,67%

9.563.179

42,20%

Brigadier General    

86,62%

3.845.965

4.716.083

8.562.048

65,95%

8.562.048

37,79%

Coronel    

67,13%

2.980.381

3.631.778

6.612.159

50,93%

6.612.159

29,18%

Teniente Coronel    

52,36%2.324.765NDNDND  

Mayor  

45,53%2.021.400NDNDND  

Capitán   

37,47%1.663.524NDNDND  

Teniente 

32,73%1.453.120NDNDND  

Subteniente

28,94%1.284.735NDNDND  

Sgto. Mayor  

32,56%1.445.653NDNDND  

Sgto. Primero  

27,98%1.242.109NDNDND  

Sgto. Viceprimero    

25,32%1.124.267NDNDND  

Sgto. Segundo 

23,14%1.027.301NDNDND  
 Cabo Primero   21,40%950.226NDNDND  
 Cabo Segundo 20,75%921.145NDNDND  
Soldado Profesional 17,73% 793.380NDNDND  
 Agente 18,82% 835.483NDNDND  

 Fuentes. Ley 4ª. de mayo 18 de 1992. Decretos 1794 de 2000; 842 y 853 de 2012. Contraloría General de la República.

 

Nota. No se incluye el personal no uniformado, debido a que el Decreto 843 de 2012 no contempla EGP, establece 39 niveles y 6 categorías, sin tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 4ª. de 1992. La propuesta presentada en 1994 al Ministerio de Defensa Nacional contempla todos los grados y empleados que requiere la FP.

 

Convenciones. EGP: Escala Gradual Porcentual. SB $: sueldo básico en pesos. Total-PES: remuneración sin prima especial de ser-vicios. EGP-PES: escala gradual porcentual sin prima especial de servicios. Total+PES: remuneración incluyendo la prima especial de servicios. EGP-Real: porcentaje de remuneración respecto a la total del general. ND: no disponible y muy inferior respecto a la que devenga el Coronel.

Remuneración total de congresistas, ministros, generales y altos funcionarios del estado año 2012, incluyendo la prima especial de servicios. Reajustado en el 7.67% asciende a $22.659.838.

Remuneración de los ministros año 2012, sin incluir la prima especial de servicios. Asignación básica (27,36%) $3.551.862 + Gastos de representación (48.64%) $6.314.420 + Prima de dirección (24.00%) $3.115.667 = $12.981.949.

Remuneración de los generales año 2012, sin incluir la prima especial de servicios. Sueldo básico 4.439.827 + Primas 8.542.122 = $12.981.949. SB = 3.551.862 + 6.314.420 X 45% = $4.439.827.

 

Cuadro 2

 

Cuadro Nº 2. EGP propuesta en 1994 a pesos de 2012

 

Grados   

EGPSB $EmpleadosEGPSB $

General 

100%5.841.878Especialista Asesor 1º75%4.381.409

Mayor General    

95%5.549.784Especialista Asesor 2º70%4.089.315

Brigadier General   

90%5.257.690Especialista Jefe60%3.505.127

Coronel    

80%4.673.502Especialista 1º55%3.213.033

Teniente Coronel    

75%4.381.409Especialista 2º50%2.920.939
Teniente Mayor70%4.089.315Especialista 3º45%2.628.845
Capitán60%3.505.127Especialista 4º40%2.336.751

  Teniente    

55%3.213.033Especialista 5º37%2.161.495

Subteniente    

50%2.920.939Especialista 6º34%1.986.239
      

Sgto. Mayor   

60%3.505.127Adjunto Jefe31%1.810.982

Sgto. Primero   

55%3.213.033Adjunto Intendente28%1.635.726

Sgto. Viceprimero    

50%2.920.939Adjunto Mayor25%1.460.470

Sgto. Segundo   

40%2.336.751Adjunto Especial22%1.285.213

Cabo Primero    

35%2.044.657Adjunto 1º19%1.109.957

Cabo Segundo   

30%1.752.563Adjunto 2º16%934.700

Soldado Profesional    

20%1.168.376Adjunto 3º13%759.444

Agente    

20%1.168.376Adjunto 4º11%642.607

 

Convenciones.

EGP: escala gradual porcentual. SB $: sueldo básico en pesos de 2012.


Fuentes.

Ley 4ª. de mayo 18 de 1992. Decretos 1794 de 2000, 842 Y 853 de 2012. EGP propuesta al gobierno nacional en 1994. Normas estatutarias vigentes para la Fuerza Pública.

Remuneración total de congresistas, ministros, generales y altos funcionarios del estado año 2012, incluyendo la Prima especial de servicios. reajustado en el 7,67% asciende a $22.659.838.

Remuneración de ministros y generales.

Asignación básica (27,36%) $3.551.862 + Gastos de Representación (48,64%) $6.314.420 + Prima de Dirección (24,00%) $3.115.667 = $12.981.949. Sin incluir la prima especial de servicios.

SB $ del General: 12.981.949 X 45% = 5.841.878, resultante de respetar el derecho adquirido a que el General devengue una remuneración igual a la de los Ministros en todo tiempo y por todo concepto, distribuida 45% como sueldo básico y 55% como primas.


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Publicado enEdición N°187

BBVA ha vendido su unidad de pensiones obligatorias en Colombia a la compañía Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir por 530 millones de dólares (unos 400 millones de euros). La entidad espera obtener de esta operación plusvalías netas de aproximadamente 265 millones de euros, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

 

La operación, que se cerrará en el primer semestre de 2013, supone la venta por parte de BBVA de la totalidad de la participación que, directa o indirectamente, BBVA mantiene en la compañía colombiana BBVA Horizonte Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías. La entidad bancaria indica que el precio de venta, 530 millones de dólares (400 millones de euros), se ajustará en función del resultado neto de la compañía generado desde el 1 de enero de 2013 hasta la fecha de cierre. Este precio representa un ratio sobre el beneficio esperado de 2013 de 13,6 veces.

 

La venta se enmarca en la revisión estratégica que está realizando BBVA en todas sus unidades de pensiones obligatorias de Latinoamérica que inició el pasado mes de mayo. El banco se está desprendiendo de actividades que considera que no son su negocio básico. En esta misma línea el pasado 27 de noviembre la entidad presidida por Francisco González vendió al Grupo Financiero Banorte su gestora de fondos de pensiones mexicanas Bancomer por 1.730 millones de dólares (1.337 millones de euros), con la que esperaba obtener una plusvalía de 800 millones de euros.

 

El País Madrid 24 DIC 2012 - 12:46 CET

Publicado enInternacional
Martes, 23 Octubre 2012 20:32

¿Armas de destrucción masiva?

Con la publicación del documento “Envejecimiento sin crisis: políticas para la protección de los ancianos y la promoción del crecimiento”, el Banco Mundial oficializó en 1994 el argumento del aumento de la esperanza de vida (envejecimiento creciente de la población) como amenaza para las finanzas de los países si no se reconsideraba el sistema de pensiones predominante en ese momento, conocido como de “prestación definida”. Éste, sea público o privado, consiste en que al trabajador se le descuenta periódicamente, durante un tiempo determinado, una parte de su salario, y cuando cumple los requisitos de cotización y edad recibe un monto preestablecido que normalmente se tasa como un porcentaje de la última remuneración, o del promedio de lo devengado durante un lapso previamente acordado o establecido.

Si el sistema es público, los argumentos que se esgrimen descansan en suponer que el flujo que rentan los recursos ahorrados por el trabajador es menor que lo que éste recibe como mesada, por lo cual una parte de su ingreso debe ser subsidiado, y, si vive más años, se hace aún más oneroso para el Estado. De otro lado, también se sostiene que el aumento de la esperanza de vida hace crecer la población de pensionados, y que cada vez es menor el número de trabajadores activos (y, por tanto, cotizantes) por cada uno de los jubilados, debilitándose la base que sustenta el sistema.

Lo que no se cuenta es que en el período comprendido entre 1950 y 2010, por ejemplo, mientras la población crecía 2,7 veces el PIB mundial, en términos reales se multiplicó por 10, en una muestra irrefutable del aumento de la productividad per cápita de los trabajadores, lo que deja sin piso la simple relación numérica cotizantes/jubilados como causa de insostenibilidad del sistema pensional. Y también se ve que la esperanza de vida al nacer depende del nivel de ingresos, por lo que se trata de una variable y no de un parámetro, mucho menos de carácter irreversible (ver cuadro), que cuestiona la extensión de la permanencia en la empresa.


La privatización de las pensiones y la suerte de la mesada pensional sujeta al resultado de las apuestas de los grupos del sector financiero en el casino del capitalismo especulativo son en realidad el objetivo perseguido por el alarmismo de los expertos de las entidades multilaterales. Los países de América Latina, que tuvieron en Chile el ratón de laboratorio del nuevo sistema, y Europa del Este, que era depredada por todos los costados, fueron las primeras presas obligadas a rendirse ante las nuevas y leoninas condiciones. El aumento de los montos periódicos de la cotización y del número de cotizaciones, así como la extensión de la vida laboral, no son otra cosa que un ataque adicional a la remuneración del trabajo, que hoy, con la crisis desatada en el centro capitalista, se ceba en su propia clase trabajadora (en 28 de los 34 países miembros de la OCDE se ha aumentado la edad de retiro).

El ahorro de los trabajadores, un tesoro grande y peligroso


El historiador británico Robin Blackburn califica como “capitalismo gris” a la etapa que se inicia en la segunda mitad de la década de los 90 del siglo pasado, por la importancia que los fondos de pensiones adquieren en la inversión financiera. Entre 1998 y 2010, los activos de los fondos de pensiones pasaron de cinco billones a cerca de 30 billones (millones de millones) en el mundo (valor equivalente a poco menos del 50 por ciento del PIB mundial), constituyéndose en unos de los inversionistas institucionales más importantes. Blackburn narra que, cuando Clinton propuso utilizar una parte de los fondos públicos pensionales de Estados Unidos para invertir en la bolsa de valores de ese país, Milton Friedman no sólo se escandalizó sino que, además, en un ejercicio mental, sostuvo que si se hubiera seguido la política de invertir los excedentes de esos fondos desde 1937, éstos habrían terminado apropiándose de todas las empresas de la Bolsa, inaugurando una vía al socialismo que sus cultores no habían imaginado, pues en esta forma los trabajadores habrían terminado como dueños de las compañías, con lo cual, de paso, desnudaban la importancia y el potencial del tamaño del ahorro de los trabajadores, de cuyo manejo siempre han estado marginados.

Ese tipo de conclusiones ha exacerbado quizás el afán de completar el proceso de privatización de las pensiones, que las entidades multilaterales han hecho evidente en las últimas décadas, y les da la razón a quienes sostienen, como el economista norteamericano Randall Wray, que detrás del alza sostenida de los precios de los alimentos, y en general de las materias primas, están las inversiones que los fondos de jubilación han realizado en los mercados de futuro de dichos productos, autorizadas desde 1999. Ello, de ser cierto, se constituiría en una singular aberración histórica, pues los ahorros de los trabajadores se habrían convertido en el nudo que aprieta su propio cuello, haciendo inalcanzable su alimento.

Este economista, profesor de la Universidad de Missouri-Kansas City, muestra que el índice compuesto de los 33 productos básicos más comercializados declinó a una tasa anual de 1,2 por ciento durante los últimos 110 años, y en el período que va de 2003 a 2008 su comportamiento sufre un cambio de dirección que lo eleva en 203 por ciento. Se da la coincidencia de que, cuando en 2008 el Senado de Estados Unidos amenaza con investigar la causa de la burbuja, los fondos de pensiones retiran sus inversiones del sector, y el índice tiene un descenso brusco (en el caso particular del petróleo, la caída de precios se dio de 150 a 50 dólares por barril). Cuando la tormenta se calmó, los fondos regresaron sus inversiones al sector y de nuevo se escalaron los precios. La inquietud sobre el tema ya no es ajena a las autoridades europeas, hasta el punto de que la comisión del Parlamento Europeo sobre Asuntos Económicos y Monetarios votó a finales de septiembre a favor de regular el mercado financiero de los derivados de energía y los alimentos.



En el mismo sentido, cabe hacer eco de la denuncia que GRAIN viene formulando sobre la presencia de inversiones de los fondos de pensiones en el acaparamiento de tierras. Según esa organización, entre 5 y 15 mil millones de dólares de esas compañías se encuentran ya invertidos en la adquisición de tierras, y se espera que para 2015 este tipo de inversiones se duplique. Si recordamos que la política del Banco Mundial sobre pensiones se convirtió en evangelio, que como verdad revelada se repite por todos los académicos oficiosos del mundo, no es conveniente olvidar que ese mismo banco impulsa simultáneamente el acaparamiento de tierras y la aceleración del proceso de concentración de la población en las ciudades más grandes, con su lógica de la “nueva geografía”. ¿Estaremos caminando hacia un encarcelamiento masivo en el que la apropiación absoluta de lo rural por parte del capital termine confinándonos en verdaderos guetos urbanitas? ¿Además del ataque al trabajo, que ya está bastante avanzado, se planifica un ataque sistemático para la apropiación total de la base natural, por parte del gran capital?

No está de más recordar los magros resultados que la actual política laboral ha heredado a los trabajadores: según la OIT, el 75 por ciento de la población o no tiene acceso a la protección social o el que tiene es insuficiente, lo cual representa una población nada despreciable de 5.100 millones de personas. Y tan solo el 15 por ciento de los sin trabajo recibe algún subsidio de desempleo, sesgándose este beneficio hacia los trabajadores del centro capitalista, pues en los países de ingresos medianos-altos el promedio de los parados cubiertos con algún subsidio desciende a 10 por ciento, y en aquellos clasificados como de ingresos medianos-bajos o ingresos bajos esos porcentajes se reducen a 4 y 2 por ciento, respectivamente.
La tecnocracia colombiana repite como loro la lección

El lunes 2 de abril, los trabajadores de lo que quedaba del Seguro Social se veían sorprendidos porque la institución en que laboraban se había esfumado. Aparecía, como por arte de magia, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), que abarca a 1,2 millones de retirados y casi dos millones de cotizantes activos, en un paso más hacia la privatización de esta prestación social. Las quejas de los gestores privados de pensiones, que, pese a las maravillas que dicen ofrecer, veían un número creciente de traslados hacia el fondo público, daban sus primeros frutos.

El jueves 4 de octubre, vaya coincidencia, el gobierno colombiano radicaba la reforma tributaria, cuyo punto central es la reducción de los llamados “impuestos a la nómina”, también conocidos como parafiscales. La justificación de la reducción de estos pagos, que es una cantilena de vieja data de los tecnócratas colombianos, consiste en sostener que el régimen laboral del país presenta unos elevados “costos laborales no salariales” que estimulan el desempleo y el empleo informal. Esos ‘costos’ no son otra cosa que lo que en el lenguaje coloquial se conoce como “prestaciones sociales”.

El lenguaje alrevesado de la discusión es muestra de su carga ideológica, y se pretende esconder que la remuneración del trabajador contempla todos los factores que les permiten acceder a él y a su familia a una canasta de bienes y servicios con los cuales garantizar su existencia como individuos, y general en cuanto a la permanencia de su grupo social en el tiempo. Esos factores contemplan el salario directo (la remuneración monetaria o en especie que le es entregada material y regularmente); los salarios diferidos, que son parte de la remuneración retenida por el capital, que se le puede entregar a final de año, tales los casos de las llamadas primas y las vacaciones, o en la etapa final de la vida, como son las pensiones (que se traduce en retenciones por muy largos períodos); o cuando es despedido, como en las denominadas “cesantías”. Igualmente, se cuenta con un salario indirecto que se deriva normalmente de fondos de solidaridad entre trabajadores y que apuntan al suministro de servicios de consumo masivo como salud, educación y recreación. Hablar entonces de costos laborales no salariales es tanto como hablar de costos laborales no laborales, un verdadero sinsentido que pretende velar que la reducción de esos montos no es más que una disminución del salario que asume el trabajador en el peor de los casos, o se traslada al Estado para transformarse en subsidio, en aras de favorecer el capital.

Los trabajos de la academia convencional que se muestran como “pruebas científicas” de la supuesta relación directa entre parafiscales y desempleo fueron puestos en cuestión en marzo de 2010, en un estudio del Boletín Nº 12 del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, de la Universidad Externado de Colombia (con argumentos de la misma lógica convencional), sin que hasta ahora se hayan dado respuestas serias. En ese estudio se concluye, además, que los efectos de las reducciones en los parafiscales sobre el empleo son por lo menos inciertos.

El periódico español Público señalaba en su edición del 7 de agosto de este año que en España el 55 por ciento de las empresas no tiene asalariados, es decir, que deben considerarse unipersonales en el sentido estricto de la palabra. Y, como es sabido, el tamaño de la empresa es un factor decisivo en su grado de ‘formalidad’, por lo que cabe preguntar en Colombia, donde la situación es aún más marcada, si la reforma a los parafiscales tendrá como efecto aumentar el tamaño de las empresas para que ceda la informalidad laboral. Que las disciplinas sociales son por principio ideológicas es algo que cualquier persona seria y medianamente informada acepta, pero que se alcancen los extremos a los que llega la economía convencional ya es un verdadero escándalo.

La reforma laboral de 2002, plasmada en la Ley 789 de ese año y que se llamó pomposamente “de la empleabilidad”, eliminó algunos recargos salariales al redefinir el trabajo nocturno, reduciendo los rangos para horas extras, dominicales y festivos, y disminuyó los costos de despido sin que se tuviera el más mínimo efecto sobre el comportamiento del empleo. Pero esa no es la única predicción fallida de nuestros economistas ultraliberales, pues desde 1990 le prometieron al país que la concesión de vías (privatización, pura y dura) nos ubicaría en el primer mundo de la interconexión, y en 2004 Colombia apenas contaba con 205 kilómetros por cada millón de habitantes, mientras que Argentina disfrutaba de 1.604. La práctica eliminación de la salud pública se mostraba como la más grande revolución social, y hoy, con el sistema privado casi quebrado, dando muestras de grados superlativos de ineficiencia y corrupción, cuando el país clama por una gran reforma, los académicos aupadores y justificadores de lo privado hacen mutis por el foro.

Y si bien la reforma a las pensiones no se incluyó en la presente legislación, eso no implica la renuncia del capital a forzarla más adelante. La cartilla del Banco Mundial se sigue recitando y el argumento del aumento de la esperanza de vida no se hace esperar. En el caso de Colombia, se debe comenzar a dejar claro que el 84 por ciento de quienes cotizan para jubilación son personas que ganan menos de dos salarios mínimos, y ¡oh, sorpresa!, si se consulta la esperanza de vida al nacer de la Organización Mundial de la Salud, la diferencia entre los que reciben bajos ingresos y quienes obtienen altos ingresos es de 23 años (57 contra 80), lo que convierte al argumento en deleznable.

¿No se hace urgente, entonces, poner en el primer nivel de las conquistas por alcanzar de parte de los trabajadores la exigencia de la autogestión de sus propios fondos de ahorro? Ahora, cuando la precarización también amenaza a los asalariados del centro capitalista, parece más oportuna que nunca una acción conjunta que exija la devolución al trabajo de aquello que devengado es nuevamente enajenado por el capital. La ofensiva sobre el trabajo y la naturaleza, apuntalada, paradójicamente, por lo menos en parte, en los propios ahorros concentrados y centralizados del trabajo, es algo que se debe confrontar con entereza si queremos conservar algo de humanidad.


Recuadro

Esperanza de vida al nacer (años)

Nivel de ingresos Total Hombres Mujeres
Ingresos bajos 57 55 59
Ingresos medios bajos 68 66 69
Ingresos medios altos 71 68 75
Ingresos altos 80 77 83

Fuente: OMS.




Publicado enEdición 185
La OCDE recomienda retrasar la jubilación más allá de los 67 años
La OCDE recomendó hoy retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos.


"Los trabajadores actuales y los del futuro tendrán que trabajar más tiempo antes de retirarse y tendrán pensiones públicas inferiores", señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un estudio dedicado a analizar las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años. La organización constató que la crisis financiera que se desencadenó a partir de 2007-2008 ha tenido "un impacto profundo" en las cuentas públicas de la mayor parte de sus 34 países miembros, lo que ha obligado, entre otras cosas, a llevar a cabo reformas de los sistemas de pensiones.


Tras constatar que en trece de esos Estados a largo plazo la edad de jubilación será de 67 años o más, la OCDE destacó que hay que incitar a elevar la edad de retiro incluso por encima de ese listón y consideró que una forma "efectiva y transparente" de hacerlo es vincularla a la esperanza de vida, como ya se ha estipulado en Dinamarca y en Italia. Reconoció que los ajustes automáticos entre la evolución de la esperanza de vida y la edad de jubilación son a menudo "complejos, difíciles de entender y crean incertidumbre sobre los beneficios futuros", por eso requieren "graduación y transparencia en su implementación".


Los autores del estudio indicaron que una persona que empieza a trabajar ahora puede esperar, de media, recibir una pensión pública equivalente a la mitad de su remuneración si se jubila con el periodo de cotización completa.


Si se suman los beneficios de las pensiones privadas (que son obligatorias en 13 países de la organización) un pensionista medio recibe un 69 % de lo que cobraba mientras trabajaba, aunque ese porcentaje se queda por debajo del 60 % en una docena de miembros, sobre todo donde la cotización a fondos privados es voluntaria. Por eso, los autores del informe estiman que "la solución ideal" sería hacer obligatorio cotizar a fondos privados e integrar a los trabajadores automáticamente en ese tipo de dispositivos, como ya ocurre en Nueva Zelanda.


EFE MADRID11/06/2012 12:45 Actualizado: 11/06/2012 13:00

Publicado enInternacional
Hollande echa para atrás la subida de la edad de jubilación que impulsó Sarkozy
El Gobierno socialista francés ha aprobado este miércoles en Consejo de Ministros la prometida contrarreforma de las pensiones, desafiando tanto la política de rigor y austeridad que recorre Europa como las recientes recomendaciones de la Comisión Europea, que hace unos días alertó de que el sistema de pensiones francés puede no ser sostenible a medio plazo. La ministra de Asuntos Sociales, Marisol Touraine, autora de la reforma, ha explicado que los trabajadores que empezaron a cotizar a los 18 o 19 años tendrán derecho a jubilarse a los 60 años, y no deberán esperar a los 62 años como estipulaba la ley aprobada en 2010 por la mayoría liderada por Nicolas Sarkozy.

Aquella reforma de estirpe liberal redujo la jubilación a los 60 años para quienes empezaron a trabajar a los 17 años o antes. El nuevo presidente, François Hollande, firmará un decreto para que la medida entre en vigor el 1 de noviembre, una fórmula que ha irritado a la oposición conservadora, que la ha definido como un ataque a la democracia porque no pasa por el Parlamento.




Pese a la presión de Alemania y Bruselas, inquietas por que el Gobierno socialista eleve el gasto público más allá de lo aconsejable para cumplir el objetivo de déficit del 3% el año próximo, aquellos asalariados nacidos en 1955 o después y que hayan cotizado 41,5 anualidades podrán abandonar sus trabajos a partir de noviembre.

Como símbolo de la justicia social que preconiza Hollande, el nuevo sistema ofrece ventajas a las mujeres y los parados. Los periodos de desempleo y los permisos de maternidad contarán entre los trimestres necesarios para jubilarse. Los desempleados de larga duración y las madres de tres hijos o más que hayan sufrido enfermedades largas podrán apuntarse dos trimestres suplementarios para jubilarse a los 60 años. Según el Gobierno, el sistema anterior penalizaba a estas mujeres, que solo suponen el 25% de las trabajadoras con carreras prolongadas.

La modificación de una de las innovaciones más emblemáticas de la etapa Sarkozy fue una de las claves de la campaña electoral que llevó a Hollande al Elíseo. El candidato socialista aseguró que no era justo que los trabajadores con “carreras largas” que habían cotizado a la Seguridad Social más de 40 anualidades no pudieran acceder a la pensión a los 60 años, y prometió dar marcha atrás en cuanto llegara al poder.

La reforma tendrá un efecto limitado. El Gobierno estima que afectará a más del 20% de las pensiones globales y que en 2013 podrán acogerse a la extensión del sistema entre 110.000 y 120.000 personas. El coste para el Estado será de 1.200 millones de euros el año próximo, y de 3.000 millones anuales desde 2017. La financiación se cubrirá con un aumento de las cotizaciones sociales de dos décimas de punto: una décima la costearán los trabajadores y otra las empresas.

La medida ha sido juzgada como electoralista por la oposición de la UMP, que considera un “escándalo” que sea aprobada mediante un decreto, lo que impide su discusión en el Parlamento. El oportunismo político de la reforma es evidente: el primer turno de las elecciones legislativas se celebra el domingo.

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Seis de cada 10 mayores en Latinoamérica no cobran pensión
Casi siempre que se habla de la población de Latinoamérica se tiende a pensar en juventud. Sin embargo, la pirámide demográfica envejece a un ritmo nada desdeñable. El principal desafío radica en que solo cuatro de cada 10 mayores de 60 años percibe una pensión. Esas personas también tienen dificultades para acceder a la sanidad, mientras que la atención a la dependencia prácticamente no figura en la agenda pública. En la actualidad suman 58 millones las personas de más de 60 años en Latinoamérica, pero en 2035 superarán a las de menos de 14 años y en 2050 triplicarán el número actual, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentado en Costa Rica. Los mayores de 80, que suelen necesitar cuidados de terceros, pasarán de suponer el 1,5% de la población al 6% a mediados de siglo.


Los pocos que cobran jubilación en Latinoamérica en general suelen ser aquellos más adinerados, los que pudieron tener acceso a un buen empleo. Pero los trabajos no cualificados, de alta informalidad administrativa, lleva a que solo el 53,2% de los trabajadores aporte a la Seguridad Social. Los empleados irregulares no solo no tendrán pensión, sino que carecen y carecerán de una adecuada cobertura de salud para ellos y su familia. La CEPAL aboga por la extensión de las pensiones no contributivas.

 
El crecimiento económico de los últimos años permitió ampliar la proporción de mayores con pensión, como en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay, pero la región se encuentra lejos del 75% de los países desarrollados. Muchas personas de más 60 años deben trabajar ante la falta de pensión o porque lo que cobran no les alcanza. Otros dependen de la ayuda de sus hijos. El 25% de las mujeres latinoamericanas mayores carece de ingresos propios y el 10% de los varones se hallan en la misma situación, particularmente preocupante en Ecuador, El Salvador, México y Paraguay.

 
“El coste de vida crece a mayor velocidad que las jubilaciones”, se queja el presidente de la Central Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Jubilados, el dominicano José Gómez Cerda. Jorge, un jubilado de Buenos Aires, cobra, al igual que el 85% de sus pares, la pensión mínima de 318 euros y por eso trabaja como taxista. “Necesito 2.000 pesos [346 euros] al mes para pagarme la [cobertura de] medicina privada y la de mi mujer; no quiero hacer horas en la cola en un hospital [público]”, cuenta Jorge.


Algunos países han adoptado medidas aisladas a favor de que los mayores trabajen, como formación y entrega de subsidios o créditos para emprendedores. Brasil, Colombia, Chile, Panamá y Uruguay han creado subvenciones a las familias con algún mayor. En materia de sanidad, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Chile han adoptado en los últimos años políticas específicas para asegurar la atención. El reparto de medicamentos mejoró en Argentina, Costa Rica, Cuba, México, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, según la CEPAL. “Muchos tienen más acceso a los servicios de salud, pero los trámites burocráticos, las negaciones de derechos, los pagos extra y la exclusión de servicios hacen la situación muy difícil para los que no están activos en los sistemas contributivos”, alerta Gómez Cerda.

 
“La atención a la dependencia es uno de los grandes desafíos latinoamericanos”, reconoce un gerente del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados de Argentina, Federico Susbielles. Su instituto ayuda a 21.000 ancianos que viven en residencias y subvenciona a 40.000 para que alguien los cuide. El funcionario destaca que en Argentina el 95% de los mayores cobra pensión y el 100% tiene atención médica, y lo atribuye a la renacionalización del sistema de pensiones y a la reconstrucción de su instituto. Desde la oposición, el presidente de la Comisión de Tercera Edad de la Cámara de Diputados, el progresista Gumersindo Alonso, aboga por mejorar las pensiones y la calidad de los servicios de salud, pero también por políticas que den nuevas metas de vida a los ancianos.

 
“Los servicios de cuidados para los mayores son muy limitados en Latinoamérica”, advierte Gómez Cerca. “Existen casas de cuidados que pueden calificarse como almacenes de viejos. Otros son muy caros. Solo funcionan aquellos asilos administrados por religiosos, especialmente monjas”, añade el dirigente de los pensionistas latinoamericanos.


Por Alejando Rebosio Buenos Aires 21 MAY 2012 - 02:50 CET

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Sábado, 21 Abril 2012 10:44

Una falla imperdonable

Una falla imperdonable
En 1980, el Gobierno se percató de que el salario de militares y policías era muy bajo con relación al resto de trabajadores, debido a la excesiva cantidad de retiros que estaban ocurriendo. Decidieron subir esa estructura salarial a un nivel acorde con su función social. Con ese propósito, en 1981 equipararon la remuneración de los generales a la de los parlamentarios. Siguieron este proceso hasta el grado de coronel, cuando lo suspendieron en 1986 sin haberlo efectuado a los grados de teniente coronel hasta adjunto 5°. Crearon una amplia brecha en perjuicio de este segmento. Las presiones gremiales de distinta índole revivieron este proceso mediante el artículo 13 de la Ley 4 de 1992, que dispone: “El gobierno nacional establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la fuerza pública […] la nivelación […] debe producirse en las vigencias fiscales de 1993 a 1996”. Pero esto nunca saltó del papel a la realidad, como se ve en el cuadro “Estructuras salariales pagadas”.

El artículo 13 de la referida norma tiene por objeto darle continuidad a la nivelación salarial de la fuerza pública y sus reservas, iniciada en 1981 y suspendida en 1986. No como afirman algunos falsos profetas, dando a entender que este proceso empezó en 1992, lo cual genera enormes perjuicios por soslayar el contexto histórico. Basta comparar las EGP del cuadro “Estructuras salariales pagadas” para comprender que todas son peores que la equitativa que rigió en 1980. Lo correcto consistía en reajustar el SB de todos los grados y empleados en la misma proporción que el del general. Conscientes de esta nociva intención, los integrantes de la reserva democrática de Colombia la repudiamos y permanecemos alertas, toda vez que somos víctimas del proceso interrumpido en 1986, momento en que empiezan a torcerlo. En especial, por pretender que la nivelación quedó consolidada con el Decreto 107 de 1996, que promulga una EGP que no acata lo dispuesto en la Constitución y las leyes.

Para quienes tuvimos que ver con el logro del artículo 13 de la Ley 4 de mayo 18 de 1992, lo más grave e indignante fue descubrir que 15 días después de su promulgación el gobierno nacional produjo el Decreto 921 de junio 2 de 1992, cuyo artículo 14 modifica la remuneración de general en tal forma que sólo perjudica a los demás grados y empleados de la FP. En efecto, recorta la base de cálculo de todos los SB a la asignación básica y los gastos de representación que devengan los ministros, monto muy inferior al que tuvo vigencia hasta mayo 31 de 1992.

Un desacierto del gobierno nacional privó al pueblo trabajador colombiano de los efectos benéficos resultantes de la Ley 4 de 1992. En el ámbito privado no se conoce el nivel de ingresos personales máximo ni mínimo, pero en el estatal debe tener una distribución conocida, razonable y justa, lo cual incide en el nivel global. Por eso carece de lógica y justificación haber acrecentado 3,8 veces los sueldos más elevados de los funcionarios del Estado entre enero de 1992 y enero de 1993, cuando pasaron de $906.000 a $3.456.376. Sobre todo porque los mismos son reajustados cada año a una tasa que fija la Contraloría General de la República, que siempre es superior al IPC que certifica el Dane y que, además, ello ocurre a través de actos administrativos producidos después de promulgada la referida Ley 4. Este ejemplo es particular del estamento castrense. Sin embargo, permite intuir que en otros campos tuvo similar comportamiento, pues el salario mínimo apenas fue reajustado un 25 por ciento en el aludido lapso en que se hizo el aumento de 3,8 veces.

A través del cuadro “Fuerza pública, evaluación salarial a pesos de 2011”, podemos apreciar el desbarajuste propiciado. Lo real del momento es que la remuneración total asignada a congresistas, ministros, generales y demás funcionarios de alto rango en 2011 es de $21’045.638, incluyendo la igualadora prima especial de servicios. Acatando los principios de igualdad, favorabilidad, debido proceso, legalidad y respeto a los derechos adquiridos, no se pueden modificar los parámetros puestos en práctica entre enero 1° de 1981 y mayo 31 de 1992, como es que el general devengue una remuneración igual a la del congresista en todo tiempo y por todo concepto, repartida 45 por ciento como SB y 55 como primas. Con base en la propuesta que le presentamos al Ministerio de Defensa Nacional en 1994, parto de un SB equivalente a $9’470.537, que es el punto de partida de la EGP y referencia indispensable para calcular todos los SB; el monto restante son primas por $11’575.101. La columna SB $ 21’ muestra esta absurda secuencia como producto de cumplir la normatividad legal vigente a la institución armada.

Por otro lado, la columna SB $ 13’ corrige el error garrafal cometido en 1993. Permite ver un reparto salarial justo y equilibrado que normaliza esta aberrante situación. Parte de una remuneración total asignada a los más altos funcionarios estatales de $ 13 millones, la cual lleva a que el 45 por ciento del SB del general sea de $ 5’850.000 y sus primas sean el 55 por ciento que asciende a $7’150.000.

La columna año 2011, del cuadro “Estructuras salariales pagadas”, deja ver el efecto nefasto de la burrada del 93, como es que los grados y empleados ubicados en el escalafón por debajo del general, estén devengando una retribución inferior a la de profesionales con análoga preparación y menores exigencias y riesgos, lo cual representa entre un 40 y un 25 por ciento de lo que merecen quienes están sometidos a una extensa y peligrosa jornada laboral, que impone el cumplimiento de la función social en que vive empeñada la FP.

En conclusión, queda claro que la violación de la Ley Marco de Salarios estatales y otras normas superiores acrecentó la desigualdad en el campo laboral y comprobó que, sin un cambio estructural, no será posible superar los desequilibrios y las injusticias endémicas a que estamos sometidos en Colombia.





Por JUAN JOSÉ NEIRA GÓMEZ, Capitán del Ejército en retiro. Economista, Universidad Externado de Colombia.

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Londres, 30 de junio. Cientos de miles de maestros, empleados y funcionarios públicos sindicalizados comenzaron hoy una huelga de 24 horas y marchas en calles y plazas públicas de Londres y otras 80 localidades británicas, como parte de una campaña para presionar al gobierno en el proceso de negociación de una reforma al sistema de pensiones.

El paro laboral afectó actividades en la mitad de 21 mil 500 escuelas públicas, 80 por ciento de las universidades, juzgados, puestos de migración en aeropuertos, oficinas de recaudación de impuestos, expedición de licencias de manejo, atención de llamadas a la policía londinense y museos, como el Británico, donde decenas de trabajadores participaron en un mitin frente al edificio.

Las medidas sindicales fueron criticadas por políticos de la coalición gubernamental formada por los partidos Conservador y Demócrata Liberal e incluso por el Laborista, en la oposición.

El primer ministro David Cameron dijo el miércoles que la huelga es un acto irresponsable y no se justifica porque las negociaciones para la reforma al sistema de jubilaciones y pensiones están todavía en curso.

Ed Miliband, líder de los laboristas, se puso del lado del gobierno en este punto al señalar que "estas huelgas, en un momento en el que las negociaciones están todavía en marcha, son una equivocación".

La iniciativa oficial de reformas se enmarca en un plan del gobierno para eliminar el déficit presupuestal en 2015, que equivale a 10 por ciento del PIB.

El ambiente económico generado por la crisis estadunidense que estalló entre 2007 y 2008 ha propiciado la congelación de salarios y la inseguridad laboral.

En caso de que se apruebe la reforma, los empleados deberán hacer mayores contribuciones a sus fondos de pensiones y la edad para la jubilación pasará de 60 a 66 años.

Asimismo, las pensiones de los funcionarios dejarán de calcularse a partir del último salario obtenido y se fijarán con base en el promedio de ingresos de todos los años trabajados en el servicio público.

Cameron ha argumentado en varias ocasiones que la mayor expectativa de vida en Gran Bretaña sirve de base para que las pensiones del sector público modifiquen su régimen y sean costeables.

La Oficina Nacional de Estadísticas informó este año que de 1981 a 2001 la expectativa de vida aumentó de 76.8 a 80.4 años en mujeres, y de 70.9 a 75.7 en hombres. No obstante, la dependencia aclaró que el alargamiento de la vida no implica siempre buena salud.

Los dirigentes sindicales informaron que unos 750 mil empleados y funcionarios se adhirieron al paro de 24 horas, pero el gobierno de Cameron consideró que la cifra es menor.

La movilización sindical de este jueves es la más importante desde 2006 y es la primera vez que Cameron enfrenta un desafío de las organizaciones de trabajadores desde que asumió la jefatura de gobierno, en mayo de 2006.

La Asociación de Maestros y Profesores Universitarios estimó que 80 por ciento de los centros de enseñanza superior suspendieron actividades.

El paro no afectó los servicios de transporte ferroviario ni portuario, y aunque los agentes migratorios sí secundaron la huelga de 24 horas, los inconvenientes en aeropuertos fueron menores.

El Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS), que representa a funcionarios públicos, dijo que 200 mil de sus afiliados pararon actividades, pero según la administración de Cameron la ausencia fue de 100 mil.

"Esta es la huelga con más respaldo que hayamos tenido antes", declaró el secretario general del PCS. "Estamos enviando un mensaje claro al gobierno de que no toleraremos los ataques al derecho de las pensiones, duramente ganado", agregó.

La mayor manifestación callejera se realizó en Londres, con la asistencia de 20 mil personas. Los trabajadores portaron pancartas en las que adviritieron: "Detengan el robo de las pensiones".

Aunque la marcha se desarrolló en general de manera pacífica, algunos choques con la policía llevaron a la detención de 26 personas. Otras marchas se llevaron a cabo en Cardiff y Liverpool.

Las expresiones de repudio al paquete de reformas planteado por Cameron –quien actúa en consonancia con otros gobiernos de Europa– comenzaron a finales de 2010, cuando se supo de los planes para aumentar las cuotas de servicios de educación superior.

En marzo pasado, unas 250 mil personas marcharon en Londres contra los recortes presupuestales generales, la congelación de los salarios y la eliminación de 330 mil empleos públicos hacia 2015.

Analistas de prensa han señalado en este ambiente que los sindicatos de trabajadores del sector público carecen del apoyo popular que tuvieron movimientos laborales como el de los mineros entre 1972 y 1974, que se expresó en la pérdida de popularidad del gobierno y su consecuente caída.

Masivos despidos en Lloyds

El británico Lloyds Banking Group, socorrido por el Estado durante la pasada crisis, anunció el jueves que suprimirá 15 mil puestos para 2014, de los 106 mil que tiene actualmente, en el marco de un nuevo plan destinado a sanear sus cuentas.

Este banco, del cual el Estado británico posee más de 40 por ciento, señaló en un comunicado que pretende ahorrar unos 2 mil 400 millones de dólares anuales hasta 2014 con esta drástica restructuración.

También para ese año Lloyds Banking Group pretende abandonar "más de la mitad" de los 30 países donde tiene presencia.

LBG, un gigante en Gran Bretaña pero poco conocido en el extranjero, nació de la fusión a principios de 2009 entre Lloyds TSB, por entonces floreciente, y su rival HBOS (Halifax-Bank of Scotland), que estaba carcomido por créditos tóxicos.

Afp, Dpa, Reuters y The Independent

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