Tillerson, la militarización y el petróleo

En el contexto de una disputa geopolítica con competidores capitalistas extracontinentales (China, Rusia, Unión Europea) que desafían la hegemonía del imperio en su tradicional zona de influencia, la reciente gira del secretario de Estado, Rex Tillerson, por México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica tuvo una clara proyección expansionista con base en dos ejes principales: seguridad y energía.

Como integrante de la clase capitalista trasnacional, Tillerson, ex director ejecutivo de la corporación petrolera privada estadunidense Exxon-Mobil, cuarta compañía del ramo a escala mundial detrás de las estatales Aramco (Arabia Saudita), NIOC (Irán) y CNPC (China), esgrimió un enfoque "mercantilista primitivo" (Jorge Eduardo Navarrete dixit), tan anacrónico como la Doctrina Monroe en la que basó su discurso en la Universidad de Texas, en Austin, un día antes de su arribo a México.

El "modelo Tillerson" de relaciones hemisféricas encarna la tradicional diplomacia de guerra de Washington, acentuada ahora debido a la crisis estructural y de legitimidad del sistema capitalista mundial, caracterizada por William I. Robinson como la fusión del poder político reaccionario en el Estado, fuerzas ultraderechistas, autoritarias y neofascistas en la sociedad civil, y el capital corporativo trasnacional. Una triangulación de intereses que, en perspectiva, bajo la administración Trump, va configurando un "Estado policiaco global" de corte neofascista.

En ese contexto, las fracciones del gran capital más propensas a un fascismo del siglo XXI se sitúan en el sector financiero especulativo, el complejo militar-industrial-securitario-mediático y en las industrias extractivistas, entrelazadas con el capital de alta tecnología/digital.

Dada la magnitud de la crisis del capitalismo, su alcance global, el deterioro social y el grado de degradación ecológica que genera, para contener las protestas y/o rebeliones reales o potenciales, la plutocracia dominante viene impulsando diversos sistemas de control social de masas, represión y guerra (abiertas o clandestinas), que son utilizados, además, como herramientas para obtener ganancias y seguir acumulando capital frente al estancamiento. Lo que Robinson llama "acumulación militarizada" o "por represión".

Tal categorización alude al talón de Aquiles del capitalismo: la sobreacumulación. La creciente brecha entre lo que se produce y lo que el mercado puede absorber. Si los capitalistas no pueden vender sus productos, no obtienen ganancias. Dada la enorme concentración de la riqueza –con sus correlativos niveles de polarización social y desigualdad global sin precedente−, la clase capitalista trasnacional necesita encontrar salidas productivas rentables para descargar enormes cantidades de excedentes acumulados.

De allí que los complejos energéticos y extractivistas recurran a la intensificación y profundización del neoliberalismo vía la privatización de la infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria, ferrocarrilera, de oleoductos, gasoductos y electricidad (verbigracia, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en el caso mexicano); la superexplotación laboral y precarización del trabajo (subcontratación, tercerización), y políticas de desregulación total y mayor subsidio al capital trasnacional.

Dichas políticas de relocalización de capitales, reindustrialización y acumulación por desposesión o despojo de territorios y materias primas en economías dependientes, se ha venido dando en México, Centro y Sudamérica por conducto de golpes suaves, la imposición de facto de un estado de excepción permanente y el establecimiento de estados policiacos, cuyo soporte son la militarización de la sociedad civil y distintas modalidades de guerras tácticas sin fin, camufladas como lucha antidrogas o contra "enemigos internos" −los mapuches bajo el (des)gobierno de Mauricio Macri−, con armamentos avanzados impulsados por la inteligencia artificial, incluidos sofisticados sistemas de monitoreo, rastreo, seguridad y vigilancia.

En ese contexto cabe resaltar que en su discurso en la Universidad de Texas, Tillerson colocó la energía, en particular los hidrocarburos (petróleo, gas, aceites no convencionales), como punto nodal de la renovada estrategia hemisférica de la administración Trump. Puso como "modelo" la fuerza energética de América del Norte; la apertura (privatización) de los mercados de energía en México, y el papel de Estados Unidos como proveedor de gas natural para nuevas generadoras de electricidad en la región.

De hecho, México −que desde 2007 con la Iniciativa Mérida encabeza la lista de ayuda encubierta de inteligencia militar del Pentágono y la CIA, después de Afganistán− va camino a ser reconvertido en una plataforma de exportación de petróleo, gas natural y gasolinas producidas en la Cuenca de Permian y Luisiana, hacia el mercado asiático (Japón, China, India, Corea del Sur, Taiwán), vía los puertos de Manzanillo y el eje Coatzacoalcos/Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, que aprovechando la infraestructura instalada de Pemex, dará a las corporaciones de energía ventajas por menor tiempo y bajo costo de transporte, que si lo hicieran mediante el Canal de Panamá.

Dado que los hidrocarburos son un componente central de la estrategia neocolonial militarizada y de "seguridad energética" de Donald Trump y las corporaciones del sector −en clave de restauración conservadora y de defensa de su hegemonía−, Petróleos de Venezuela (PDVSA, quinta empresa petrolera mundial) fue otro objetivo central de la gira de Tillerson. De allí que instruyera a los gobiernos colaboracionistas cipayos de Enrique Peña Nieto, Mauricio Macri, Pedro Kuczynski y Juan Manuel Santos, las nuevas modalidades que deberán desempeñar de cara a la intensificación del cerco militar, económico y financiero contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro, incluido un eventual embargo petrolero como nuevo precipitador de una "crisis humanitaria" que justifique una intervención militar multilateral.

 

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Jueves, 08 Febrero 2018 06:34

El diplomático y el petrolero

El diplomático y el petrolero

La víspera de su actual periplo latinoamericano y en el aniversario del inicio de su encargo frente al Departamento de Estado, Rex Tillerson decidió acudir a su alma mater, la Universidad de Texas en Austin, para ofrecer una primicia tardía: la visión de conjunto de la política de Trump hacia América Latina y el Caribe. El hecho de que haya tenido que transcurrir un año para formular esa visión y realizar una gira regional, con significado y alcance diferentes a las visitas a países específicos, es revelador del lugar no demasiado prominente que la región ocupa en el mapa mundial de prioridades de la diplomacia de EU. La presencia de un empresario de la construcción en la Casa Blanca y de un ejecutivo petrolero en Foggy Bottom han alterado ese mapa, más en cuanto rutas de navegación y vías de acceso que en cuanto a las fronteras que muestra. El aniversario de Tillerson sirvió para que los medios recordasen cuánto se ha distanciado de las conductas tradicionales y cuánto menosprecia la figura del diplomático profesional. No en las palabras, sino en las acciones.

En el pasado, cuando ha existido, la política estadunidense hacia la región ha asumido muy diversas variantes. Desde la del Gran Garrote –expresamente evocada por la Deutsche Welle: Tillerson en América Latina o ¿el regreso del Gran Garrote? (dw.com/es/)– hasta la de Buena Vecindad y también la del ‘descuido benévolo’. No es sencillo establecer con rigor los lapsos de predominio de una o otra de estas variantes, o de alguna más, o de una combinación de ellas. Sea lo que fuere, Tillerson no acudió a Austin a hablar de historia –excepto de la personal, al detallar algunas anécdotas– pero sí se valió de episodios del pasado para tratar de justificar políticas del presente.

Por ello, James Monroe (1758-1831) fue el antecesor más citado. Tillerson calificó la Doctrina Monroe de exitosa y afirmó que no ha perdido relevancia, a pesar del par de siglos transcurridos desde su formulación. Estas apreciaciones no parecen ser compartidas en la región que se disponía a visitar, donde tal doctrina se asocia con los episodios más agresivos e intervencionistas de una convivencia conflictiva. Por otra parte, Tillerson admitió que los periodos de descuido (sin calificativo) quizá han sido los dominantes en la historia de las relaciones hemisféricas. (La transcripción y el video –29’– de la perorata de Tillerson aparecen en state.gov).

El secretario de Estado se refirió a los tres pilares en que a su juicio se basa la política de su país hacia el hemisferio: crecimiento económico, seguridad y gobernanza democrática. Al hablar del primero, aludió de entrada al que parece ser, para el gobierno de Trump, el indicador dominante: el saldo de la balanza comercial. Citó las cifras básicas: el valor total del intercambio de mercancías y servicios entre EU y los países de América Latina y el Caribe se eleva, cada año, a casi 2 billones de dólares. De este intercambio dependen 2.5 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos y en lugar de un déficit comercial, en realidad Estados Unidos tiene un superávit de 14 mil millones de dólares con el hemisferio. Es claro que el motivo de conflicto –el déficit– no aparece con la región, sino con algunos de sus integrantes, México entre ellos, cuyo superávit comercial con EU equivalió, según cifras mexicanas preliminares para 2017, a 25.5 por ciento del valor total del comercio bilateral. En cambio, el excedente hemisférico de EU equivale a menos de 1 por ciento del total intercambiado. Como tantas veces se ha dicho, convertir al saldo de la balanza comercial en casus belli de primera magnitud, como estila la administración Trump, es un enfoque mercantilista primitivo, tan anacrónico como la Doctrina Monroe misma.

Liquidada así la cuestión comercial en sólo siete breves párrafos, los 12 siguientes se dedicaron a la cooperación en energía, en especial en producción e intercambio de hidrocarburos. Si el presidente sigue prestando atención, directa e indirecta, a la marcha de sus negocios, no es extraño que el secretario de Estado exponga en detalle cuestiones de energía, con referencia apenas incidental al cambio climático. En el ‘modelo Tillerson’ de relaciones hemisféricas la energía –y los hidrocarburos en especial– asume un papel central. Cito en extenso: “Nuestro continente se ha convertido en la fuerza energética de este siglo, gracias en buena medida a la rápida expansión de la producción de gas y aceite no convencionales… El resto del hemisferio puede usar la experiencia de América del Norte como modelo… Estados Unidos está dispuesto a ayudar a nuestros socios [sudamericanos] a desarrollar sus propios recursos de manera segura y responsable, al ritmo que la demanda de energía continúa creciendo… [Se construirán en la región nuevas generadoras de electricidad y] muchas de ellas emplearán gas natural. Estados Unidos debe ser un proveedor sustancial y confiable… La apertura de los mercados de energía en México, por ejemplo, ha conducido a mayor inversión privada, más competencia y más comercio de energía con Estados Unidos… Tenemos la oportunidad de desarrollar una alianza de energía que abarque al conjunto del hemisferio occidental…” Quizá el auditorio de Austin también dudó si escuchaba al secretario de Estado o al ejecutivo de ExxonMobil –empresa que acaba de inaugurar su primera gasolinera en México, en las goteras de Querétaro.

En los países comprometidos con los Acuerdos de París, entre los que EU no se cuenta, al menos por el momento, el modelo es, o debería ser otro: la primacía energética ha de derivarse del avance técnico en energías sin carbono; se requiere cooperación técnica para desarrollar fuentes renovables, eficiencia en los usos de energía e innovaciones en almacenamiento y transporte; más que proveedor de hidrocarburos, EU debiera ser socio en proyectos de energía limpia; las nuevas inversiones deben orientarse a estos proyectos, más que a la extracción y comercialización de combustibles fósiles. En una palabra, si en el futuro hay una alianza hemisférica en energía, debe ser una alianza para la sustentabilidad y la reducción de emisiones de carbono.

Los aspectos relativos a la seguridad y la gobernanza del modelo de política hacia América Latina y el Caribe presentado por Tillerson en Austin contienen propuestas también objetables. Reviven épocas en que se esperaba que la región siguiera los lineamientos dictados por Washington; épocas en que se acudía al uso y la amenaza de la fuerza; épocas en que se imponían los designios nacionales, envueltos en una retórica grandilocuente, colmada de referencias a la democracia y las libertades. La retórica se ha fortalecido y, con Trump, es cada vez más inverosímil.

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“El gobierno colapsó a PDVSA y no puede recuperar el millón de barriles que perdió"


Habla Ramírez: “tengo muchísima información de estado, confidencial, muy valiosa”

Momentos después del anuncio del Fiscal General de una orden de aprehensión en su contra –mediante una alerta roja de Interpol- y cuando ya su nombre volaba en las tendencias de Twitter, La Razón pulsó desde la clandestinidad la opinión de Rafael Ramírez, exministro de Energía y Petróleo, expresidente de Pdvsa y exembajador de Venezuela ante la ONU.


"Las acusaciones del Fiscal son falsas y rebuscadas", acota. "Insiste en vincularme en casos que no tienen pies ni cabeza. Esto se originó cuando empecé a manifestar públicamente – porque ya lo había hecho en privado- mi inconformidad con la situación del país y la manera como se conduce al gobierno y, en particular, el Presidente".
Agrega que luego de haber manifestado su descontento comenzó a recibir presiones para que "no dijera nada, ni escribiera nada" acerca de la "situación deplorable" que atraviesa Venezuela.


"Soy un hombre que atiende a sus principios y responde a su conciencia", destaca.


Asimismo, refiere que luego de un altercado sostenido con el Jefe de Estado y de haberle entregado el cargo en la ONU, señala que el Fiscal William Saab se ha prestado para lo que denomina como "un show". "Hemos llegado ahora a este punto insospechado e inimaginable para mí, en donde un gobierno -que se dice chavista- tiene una agresiva persecución política en mi contra", enfatiza.


"Soy chavista, revolucionario y socialista", reitera durante la entrevista.


"FISCAL ESTÁ SUBORDINADO AL PRESIDENTE"


¿Se esperaba esta actitud de Tarek William Saab, su excompañero del PRV-Ruptura y de la Universidad de Los Andes y, además, luego de haberlo apoyado usted en Pdvsa, tal y como usted ha referido en sus recientes escritos?


Efectivamente, conozco a Tarek desde el PRVRuptura en donde militamos, lo conocí siempre como alguien que era poeta y defensor de los derechos humanos. Pero, creo que fue evolucionando en cuanto a su posición personal y, bueno, pienso que el tema del poder le ha hecho mucho daño. Su molestia y enemistad conmigo viene desde cuando el comandante Chávez le quitó el apoyo político en Anzoátegui; y ahora, convertido en una obsesión en mi contra, le está haciendo el mandado al presidente Maduro
La exFiscal General, Luisa Ortega Díaz, ha señalado que Tarek William Saab tiene una empresa llamada Conkor, la cual contrataba con la gobernación de Anzoátegui cuando él era gobernador, y que, además, contrató con la Faja Petrolífera del Orinoco ¿Usted está al tanto de los contratos que tenía la empresa de Saab con Pdvsa?


Le dimos mucho apoyo a la gobernación (de Anzoátegui). En todo el territorio nacional hicimos lo que se llamaron: Distritos Sociales, que era el concepto de que Pdvsa no solo sacara petróleo sino que también viera a la comunidad.


Bueno, había muchos proyectos en donde era el gobernador quien asignaba las empresas. Es ampliamente conocido en Anzoátegui la relación del exgobernador con la empresa Conkor, solo que como es el Fiscal quien investiga, bueno, él mismo no se iba a investigar.


Es por ello que necesitamos un Fiscal que, de verdad, asuma honestamente una lucha contra la corrupción.


¿Considera que es legal y constitucional la designación de Tarek William Saab como Fiscal General y también está ajustada a la Constitución la destitución de Luisa Ortega Díaz?


Ese es un tema que se deriva si se acepta como legal o no a la Constituyente. En uno de mis artículos, titulado "La línea roja", planteo que la Constitución de Chávez no era el origen de nuestros problemas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por ejemplo, ha sido para ganar tiempo político y abusar de la figura constitucional del Poder Constituyente hasta dejar a la política venezolana en un limbo. Que yo sepa, la ANC no ha hecho un solo artículo de la nueva Constitución. Y, además, la Fiscalía, lejos de ser un poder autónomo y dedicarse a salvaguardar el estado de derecho, está actuando como un poder subordinado al Presidente y, algo peor, a su círculo íntimo: conformado por personas que Chávez ya había sacado del gobierno.


EL GOBIERNO COLAPSÓ A PDVSA

En medios políticos vinculados al PSUV se comenta que usted está vinculado a Luisa Ortega Díaz, es decir, que tanto la disidencia de ella como la suya forma parte de un plan en contra de Maduro, ¿ello es cierto?


No, eso es falso. Hago críticas desde el campo del chavismo porque soy leal a Chávez y a la revolución. Nunca me verán en la acera de enfrente.
Creo, al contrario, que me están cobrando muy cara mi lealtad a Chávez, y todos esos enemigos que nos echamos encima por rescatar la soberanía en el manejo del petróleo, hoy en día, en una inexplicable alianza de facto con el gobierno de Nicolás Maduro, nos pasan factura. De hecho, yo aspiro ser candidato del chavismo para las elecciones pero no ando en un plan conspirativo con Luisa Ortega, y con quien siempre tuve una relación cordial y que también hizo su trabajo con Chávez durante diez años. Tampoco soy un oportunista, lo que soy es chavista.


El gobierno de Maduro lo señala a usted como responsable de la quiebra de Pdvsa, también a Eulogio Del Pino y Nelson Martínez- quienes están presos- pero no ha señalado al extesorero de Pdvsa, Erick Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores de Maduro; ni el del actual tesorero de Pdvsa, Simón Zerpa, vinculado al madurismo, ni tampoco se ha referido a la ex directora de Relaciones internacionales de la estatal, Delcy Rodríguez Gómez. Si usted tiene responsabilidad en la situación de Pdvsa - como han dicho Maduro y Saab-, ¿qué responsabilidades han tenido dichas personas?


Bueno, esas son tremendas preguntas para el Fiscal. Primero, no creo que Pdvsa esté quebrada, sino que el gobierno ha hecho un manejo tan torpe de la industria petrolera. Pdvsa tiene es un problema de flujo de caja: su último estado financiero, del año 2013, la dejé como una empresa con más de 180 mil millones de dólares en activos, y sin incluir las reservas petroleras más grandes del mundo y las cuales se calculan en 300 mil millones de barriles de petróleo. El problema de flujo de caja se deriva, principalmente, del tema cambiario: Pdvsa capta dólares en el exterior y tiene que venderlos al Banco Central a 10 bolívares pero después tiene que pagar todos sus costos y gastos a dólar paralelo.


"Otro problema es que sacaron a toda la gente con capacidad y metieron sin conocimientos ni especialidad. Tú has mencionado a dos, Malpica y Zerpa, y los dos estuvieron frente a la Vicepresidencia de Pdvsa, y no iban a trabajar, se aparecían a las 3 de la tarde y un día a la semana. Creo que detrás de todo esto ha habido una estrategia deliberada para entregarle Pdvsa a las transnacionales, y ya lo han hecho".


"Nadie cree el cuento de que Pdvsa sea la única entidad afectada por el fenómeno deplorable de la corrupción. He insistido en preguntar, por ejemplo, qué hizo Cencoex con los 45 mil millones de dólares que -durante mi último año al frente de Pdvsa- le entregué para pagar una deuda. Algo que nos ha desangrado –y que es el origen de todas las corruptelas- es el diferencial cambiario. Ha habido segmentos de poder que me atacaron por mis propuestas en el área económica y con las cuales quería poner punto final a esas irregularidades.


"Se ha utilizado el argumento de la lucha contra la corrupción de manera sesgada y solo contra Pdvsa, y para llevar a cabo una persecución política en mi contra. Salí de Pdvsa hace 3 años y medio y en ese período hemos perdido 1 millón de barriles, y el precio del petróleo con respecto al año pasado ha incrementado en 20 dólares por barril, y ello significaría bastante dinero para el país pero ha caído la producción. Lo que han hecho es que se han puesto a improvisar con Pdvsa, y hay también un éxodo masivo de trabajadores porque no aguantan los salarios, ni los maltratos ni ser tratados como corruptos".


"La empresa que produce el 90 % de las divisas del país, Pdvsa, está colapsada: no puede recuperar el millón de barriles que ha perdido sino que, además, tampoco puede abastecer el mercado interno de combustibles. El gobierno, en lugar de rectificar, recurre a los argumentos inverosímiles de la conspiración", afirma.


SOLIDARIDAD DE JVR


¿Usted que fue uno de los hombre de Chávez y que estuvo con él en sus últimas horas, cree que pudo haber algún tipo de conspiración para sacar a Chávez del juego político?


No podría afirmar eso, no podría decir que fue algo diseñado o parte de una conspiración para sacarlo del poder. En lo personal y mi equipo de trabajo estábamos empeñados para que Chávez salvara su vida y todo saliera bien.


Esos años en los cuales estuvo enfermo fueron de mucho trabajo. Pdvsa era la institución que mejor funcionaba en el país, que producía 3 millones de barriles diarios y daba ganancias, y ahora se ha convertido en un desastre, y es lamentable. Mientras estábamos fajados honestamente en eso, parecía que había gente preparada para sustituir al comandante Chávez, y es duro decirlo pero uno ve las cosas que están pasando y se sorprende muchísimo. Por ejemplo, sin haber cumplido el primer año de gobierno, ya el presidente Maduro me había dicho que le entregara a Pdvsa, y luego vimos como todo lo que había hecho Chávez para enfrentar nuestros problemas, por ejemplo, las misiones sociales, se fueron desmontando.


¿Cómo se siente usted ahora después de que tenía tanto poder y lo buscaban, lo elogiaban, lo adulaban y ahora sus compañeros de partido, en su mayoría, le dan la espalda?


Recibo muchos mensajes de solidaridad y afecto, pero hay mucho miedo, la gente está aterrorizada, todo el mundo teme que lo acusen de algo.
¿Diosdado Cabello y José Vicente Rangel han sido solidarios con usted en este atropello de Maduro, denunciado por usted?


Sí, sobre todo de José Vicente, con quien he mantenido una relación muy cordial y de mucho respeto. Ahora, otra cosa es que ellos expresen otra posición públicamente. Yo he dado un paso adelante y lo que me ha caído es una jauría.


"MADURO LO HA HECHO MUY MAL"


Ramírez, asimismo, opina que el gobierno de Maduro está marcado por la improvisación: "Los que están al frente del tema económico, con excepción de Castro Soteldo, a quien conozco y le tengo mucho aprecio, no tienen ni idea de lo que está pasando en el país, ni idea de cómo salir de esta crisis y por eso el pueblo está sufriendo", afirma.


"Maduro ha traicionado el legado del Comandante Chávez, la situación de Venezuela es insostenible desde el punto de vista económico, social y político. Han sido muy astutos al pactar con la oposición pero lo que está pasando abajo, con la gente, es que estamos perdiendo calidad de vida y el país que Chávez nos legó", agrega.


Asevera, de igual manera, que la base del chavismo debe decidir libremente en primarias a su candidato presidencial. "El candidato no puede ser Nicolás Maduro porque lo ha hecho muy mal, se necesita un liderazgo renovado para conducir el país y retomar el camino de Chávez. Estoy dispuesto a asumir ese compromiso pero también puede ser cualquier otro compañero".

Por: La Razon / Carlos Díaz | Domingo, 28/01/2018 09:39 PM |

 

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Petróleo, paz inconclusa y nueva lógica del conflicto

Este artículo describe la relación entre petróleo y los antagonismos social, laboral y armado en Colombia, para lo cual se adentra en la coyuntura que vive el país, arriesgando una reflexión prospectiva sobre la matriz energética nacional y las nuevas lógicas del conflicto. Un debate con plena actualidad.

 

Globalmente, la industria petrolera moderna data de mediados del siglo XIX, cuando el capital inició la sustitución del carbón, dominante hasta entonces en la matriz energética. Desde entonces se reconoce que el petróleo es la energía vital para el mantenimiento y movilidad de la civilización industrializada. Las guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX lo posicionaron como el principal recurso energético del planeta. La geopolítica y los conflictos bélicos modernos tienen entre sus causas el control de este estratégico recurso económico y militar. Actualmente la oferta y demanda mundial de petróleo es de 100 millones de barriles diarios.

Localmente, en la base del conflicto armado colombiano se encuentra la tierra, principal combustible que lo atiza, y con ella la explotación minero-energética. También, como es aceptado por uno y otros, las guerras se alimentan con los negocios, e incluso generan las oportunidades de acumulación capitalista que sin ellas no existirían. Las guerras redefinen las relaciones de poder, propiedad y las cadenas de producción, distribución, consumo y acumulación. La industria petrolera hace parte de esta lógica antagónica.

La industria petrolera tiene su origen a inicios del siglo XX. La explotación de los recursos minero-energéticos resume para el caso colombiano la historia de sumisión de la oligarquía criolla frente al capital internacional, al igual que la ausencia de proyecto soberano nacional. Así permite concluirlo las concesiones Barco y Mares; también el proceso que dio origen a Ecopetrol, surgido de las luchas de los trabajadores que con su persistencia y sueños de independencia nacional, justicia y libertad superaron la oposición oficialista.

En medio de esa relación de sumisión y ausencia de proyecto nacional soberano, insertado en la geopolítica global centro-periferia, a lo largo de varias décadas el país se caracterizó como exportador de petróleo, condición perdida en los años 70 del anterior siglo, para volver a ser exportador del importante recurso energético a inicios de los años 80, cuando Ecopetrol, en contrato de asociación con la multinacional OXY, descubren el campo Caño Limón en Arauca (con reservas estimadas en 1.500 millones de barriles de petróleo). Con este descubrimiento el país elevó su producción hasta alcanzar una extracción máxima superior al millón de barriles diarios en los años 2013 y 2015.

A partir de 2016, declinan en el país las reservas de hidrocarburos y el volumen de producción: durante 2017 fue de 856.000 barriles de petróleo diarios. En 2018, debido a la leve alza que registra el precio del petróleo y la reactivación en exploración y explotación se espera una producción promedio nacional de 870.000 barriles diarios (Gráfico 1).

Los precios reales del petróleo siguen ciclos de larga duración, de unos 30 años, con más años de debilidad que de fortaleza. El último ciclo petrolero registró precios altos entre 1974 y 1985 seguidos de precios bajos entre 1986 y 2002. El nuevo ciclo ascendente se inició en 2003 y terminó a mediados de 2014. La recuperación de los precios del petróleo en 2017-18 es apalancada por el aumento coyuntural de la demanda mundial y el éxito de los 14 países que hacen parte de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (Opep), en asocio con otros productores como Rusia, en restringir la oferta; sin embargo, el escenario de largo plazo sigue siendo uno de disminución en la demanda y de caída de precios. Las proyecciones del mercado estiman un promedio de USD$60 por barril de petróleo para 2018: los más optimistas llegan a USD$68 y los menos, como Citigroup, a USD$54 (Gráfico 1).

 

 

Reprimarización económica y conflicto laboral

 

Desde hace medio siglo, los sectores reales de la economía (agro e industria) vienen creciendo mucho menos que el resto de la economía. En particular, la industria colombiana atraviesa por una preocupante crisis a partir de los años 1980, correlacionada con el auge del sector minero-energético, la financiarización de la economía y el abundante ingreso de divisas proveniente de las actividades legales e ilegales, las que provocaron la “enfermedad holandesa” que aqueja a la producción material.

Hasta mediados de la década de 1980 la contribución de las actividades minero-energéticas era inferior al 5 por ciento del PIB total. Entre 2011 y 2013 esta participación escaló a más del 10 por ciento. En 2018 se estabiliza en 7 por ciento, después de su caída a 5,4 en 2016. La sociedad colombiana depende cada día más de los recursos naturales y la explotación de minas y canteras, en particular de la extracción de petróleo. La dinámica del crecimiento de su economía está atada a los ciclos de larga duración de los precios reales de productos básicos y a la inestabilidad que los caracteriza (Gráfico 2).

Las economías extractivas, en particular las petroleras, concentran la riqueza, acentúan los antagonismos laborales y los conflictos sociales, destruyen el ambiente y obstaculizan el desarrollo humano y sostenible, sobre fundamentos científico-tecnológicos y de innovación. Entre 2001 y 2017 los ocupados en las actividades minero-energéticas pasaron de representar en el empleo nacional el 1,2 por ciento a sólo el 0,6: en 2001 los trabajadores sumaban 185.436; con el auge de los precios aumentaron a 220.238 en 2011; el desplome de los años siguientes generó una oleada de despidos y para 2017 quedaban 140.816 (Gráfico 3).

 

 

El bajo nivel de empleo que genera, las ganancias extraordinarias de las empresas petroleras y la elevada tasa de explotación del trabajo hace de la actividad minero-energética un negocio sin parangón con otras actividades de la economía colombiana. La relación entre productividades del trabajo nacional muestra que en 2001 la productividad de los trabajadores minero-energéticos era 4,2 veces al promedio nacional; en 2013 esta relación aumenta a 11,8 veces; y, producto de la crisis de los precios del petróleo, cae a 9,4 en 2017 (Gráfico 4).

El alto nivel de concentración del ingreso y la riqueza en Colombia se refleja en una baja participación de los salarios en el valor agregado nacional: 30,4 por ciento en el año 2016. Aun así, en la explotación de minas y canteras la participación del ingreso de los trabajadores es menos de la mitad del promedio nacional: 14,3 por ciento (Gráfico 5). En consecuencia, no es extraño que el antagonismo capital-trabajo es más álgido y crónico en el sector minero-energético.

 

 

Petróleo y conflicto social

 

Al finalizar la década de 1980, la sociedad colombiana era considerada como uno más de los “estados fallidos en el mundo”. En este contexto deliberó la Asamblea Constituyente aupada por la crisis del Estado y la insubordinación civil. La Constitución que surgió de esta Asamblea es una mezcla de derechos humanos, democracia, neoliberalismo y financiarización. El periodo posconstitucional (1991-2018) se caracteriza por la desnacionalización, la privatización, la especulación financiera, la impúdica corrupción, la reprimarización de la economía, la continuidad de la violencia en contra de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, los intentos parciales de negociación de la paz y la concentración del ingreso, la riqueza y la tierra en un puñado de empresarios, políticos colombianos y multinacionales.

Tratando de enderezar parte de la legislación existente para el sector minero-energético, en el año 1994 la USO promovió la recolección de un millón de firmas para respaldar un proyecto de Ley Petrolera que introdujera modificaciones sustanciales a la normatividad existente en esa materia, promoviera la soberanía nacional y el monopolio estatal de la producción. El proyecto de Ley fue presentado en el año 1995, con número 212/95 en el Senado, con el título: “Por el cual se establece el Régimen Normativo de la industria de los hidrocarburos y sus derivados en todas sus ramas y se adoptan otras disposiciones”. El Artículo 2 ordena que “El aprovechamiento y manejo de los hidrocarburos, por su carácter de recurso natural no renovable y por su valor económico-político estratégico, deben ser organizados y planificados para garantizar el autoabastecimiento nacional, el desarrollo sostenible de la industria y su sustitución como fuente energética”. Esta industria, en toda su cadena de valor, es calificada de “utilidad pública y de interés social”. El proyecto de Ley no alcanzó siquiera a rendir Ponencia para el primer debate y se archivó.

 

Primera Asamblea Nacional por la Paz

 

Dos años después de esta derrota, en 1996, la USO, el gobierno nacional y Ecopetrol convocaron la Primera Asamblea Nacional por la Paz. En ésta se exploraron caminos con las empresas del sector petrolero y con las organizaciones insurgentes para que la infraestructura petrolera, sus trabajadores y las comunidades no fueran involucrados en el conflicto social y armado.
Entre los años 1998-2002, Colombia vuelve a la época de la Colonia, esto es, la era de las concesiones y los enclaves petroleros. Durante el gobierno de Andrés Pastrana el país cede su participación en la renta petrolera bajando la liquidación del 20 por ciento a un promedio de 8; además, la participación en la producción de hidrocarburos (después de liquidar las regalías) pasó de 50 a 30 por ciento. También permitió el giro del 100 por ciento de las utilidades de las petroleras extranjeras a sus casas matrices sin pago de impuestos.

En continuidad con su antecesor, durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se promovió e implementó, de una parte, la fragmentación y privatización de Ecopetrol y, de otra, la deslaborización de las relaciones entre los trabajadores y la empresa, al igual que el exterminio de la USO. Además, en favor de las transnacionales petroleras, Uribe les entregó a perpetuidad concesiones de yacimientos petroleros y gasíferos. El régimen impuesto no estaba interesado únicamente en la privatización de Ecopetrol sino en su liquidación.

El decreto 1760 de 2003 generó la fractura de Ecopetrol, con lo cual la empresa quedó como un operador más. De manera simultánea se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) encargada de administrar los recursos hidrocarburiferos, regular y administrar información al capital extranjero y privado para invertir en la explotación de gas y petróleo. También se funda la Sociedad Promotora de Energía de Colombia, empresa encargada de celebrar contratos con compañías extranjeras. A partir de 2004, la ANH creó una “Nueva concesión petrolera” lesiva a los intereses de la Nación.

En contra de estas políticas, en 2004 la USO declara un cese indefinido de la producción en Ecopetrol. Nueve eran los objetivos perseguidos: i) recobrar el manejo soberano de los hidrocarburos, ii) abrir un debate nacional sobre el Decreto 1760 y lograr su derogación, iii) limitar el accionar de las multinacionales y privilegiar el interés nacional; iv) consolidar un frente patriótico por la defensa de Ecopetrol, v) dotar a Ecopetrol de mecanismos y recursos para realizar la actividad petrolera, vi) revisar la forma como se fijan los precios de los combustibles, vii) anular el Laudo arbitral y hacer respetar la Convención Colectiva de Trabajo, viii) garantizar el derecho de asociación y libertad de los detenidos, ix) lograr el reintegro de los despedidos. La huelga fue declarada ilegal por el Ministerio de Protección social. Esta huelga evidenció la crisis por la cual atravesaba el movimiento social y sindical en los umbrales del siglo XXI.

Más tarde, en el año 2006, el Gobierno de Álvaro Uribe hace aprobar por el Congreso de la República la ley 1118 con la cual entregó a Ecopetrol al capital privado. Por medio de esta Ley el Gobierno privatiza la empresa al modificar su naturaleza jurídica. El artículo 1 autoriza a Ecopetrol S.A. “la emisión de acciones para que sean colocadas en el mercado y puedan ser adquiridas por personas naturales o jurídicas [...] la Sociedad quedará organizada como de Economía Mixta de carácter comercial, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía”.

Durante los dos gobiernos de la administración Uribe (2002-2010) se diseñó e implementó la política denominada “seguridad inversionista”, continuada y profundizada por su sucesor Juan Manuel Santos (2010-2018), con la cual se rodeó de todo tipo de garantías y exenciones a las empresas minero-energéticas en materia tributaria, regalías, concesiones y resolución de conflictos.

 

Paz vacilante y efímera

 

Con base en los acuerdos suscritos en la nueva Convención Colectiva de Trabajo 2014-2018 con Ecopetrol, la USO lideró durante 2015 la Segunda Asamblea Nacional por la paz –Anpp, que tuvo como objetivos: a) promover la reflexión y deliberación de diversos sectores de la sociedad en torno a las dinámicas regionales que requiere Colombia para hacer sostenible la paz a largo plazo; b) construir iniciativas en clave de paz relacionadas con el modelo apropiado de exploración, uso y usufructo de los recursos minero-energéticos; c) aportar en la consolidación de la democracia y la construcción de una institucionalidad realmente participativa como requisito para el afianzamiento de la paz y el buen vivir de las comunidades; d) consulta participativa, popular y territorial del “Proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos” diseñado y promovido por la USO. Simultáneamente, la USO lanzó dos campañas nacionales: a) ‘Unidos por Ecopetrol, defiende lo que es tuyo’, con el fin de abrir el debate a nivel nacional y colocar en primer renglón la defensa de Ecopetrol como empresa pública, nacional y estatal; b) Divulgación y debate nacional a través de la Mesa Minero-energética y ambiental del Proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el propósito de generar la conciencia de la necesidad de modificar la política petrolera nacional y su aprobación por medio de un referendo.

La Anpp se enmarcó dentro del contexto de los diálogos de paz, y aportó ideas a lo que debe ser la construcción colectiva de los modos y planes de vida, que acerquen a la población a la aspiración de aprovechar los bienes naturales y minero energéticos para el buen vivir, la democracia profunda y la paz integral. Los insumos recogidos permitieron definir tres ejes temáticos: i) Política Minero-Energética, ii) Desarrollo Regional y iii) Cultura para la paz y pos-acuerdo.

En agosto de 2016, el gobierno nacional y las Farc firmaron el acuerdo de fin del conflicto armado. El 2 de octubre se votó el plebiscito por la paz, perdido el cual quedó cuestionada la legitimidad del proceso de paz. Se generó: a) pérdida del blindaje jurídico; b) desfinanciamiento de los programas para la paz; c) impunidad para la oligarquía política-empresarial y los militares que apoyaron la guerra irregular y sus aparatos paramilitares. La confluencia de los partidos de extrema derecha, representados en la triada diabólica Uribe-Pastrana-Vargas Lleras, anuncian públicamente que su propósito común es “hacer trizas” los acuerdos de paz y avivar nuevamente el conflicto armado.

Como continuidad del escenario ya abierto, en febrero de 2017 fueron instalados los diálogos exploratorios de paz entre el Gobierno y el Eln. En la mesa de negociación, el tema minero-energético es fundamental, El debate sectorial deberá estar articulado al desarrollo territorial y contar con la participación democrática y decisoria de las comunidades directa e históricamente afectadas por la presencia de las transnacionales de la industria petrolera. En esencia, la plataforma política del Eln respecto a la política petrolera no ha cambiado desde el manifiesto fundacional de Simacota (7 de enero de 1965); en 1989, con motivo del II Pleno de Dirección, el UC-ELN construyó una propuesta que se sustenta en torno a cinco ejes: nacionalización, legislación soberana, explotación racional, desarrollo alternativo y nuevo plan nacional de desarrollo.


Dos caminos un solo ‘conejo’

 

Las finanzas públicas son, por antonomasia, un problema político: crean lazos económicos y políticos entre el Estado, las fuentes de los ingresos y los grupos que se benefician de los gastos. El presupuesto materializa la política pública. Los presupuestos públicos ejecutados por las administraciones Uribe (2002-2010) y Santos (2010-2018) registran una sorprendente identidad no obstante los énfasis, alternativos, de cada administración en la guerra y la paz. Los rubros privilegiados son el pago de la deuda externa, el gasto militar y demás aparatos de represión incluida la “justicia”, la reproducción de la clase política y la burocracia, el sostenimiento del precario sistema educativo y el control de una clientela social a través de las políticas asistenciales. Estos últimos presupuestos públicos de la nación dejan ver, sin sonrojo, el “conejo” que las clases dominantes le han hecho a los acuerdos de paz y a las negociaciones con las movilizaciones populares y de trabajadores.

Estos hechos permiten deducir que el proceso de guerra-paz no pasa de ser un engatusamiento al que han sometido al país la dupla Uribe-Santos y la base social terrateniente-empresarial-financiera-militar-comunicacional y del capital transnacional que ellos representan. Su fin es el mismo: exterminio de la insurgencia, sometimiento del pueblo trabajador y destrozar el tejido social y organizativo de las comunidades. Cambian las estrategias, la guerra abierta en el primero y el engaño en el segundo.

El 21 de noviembre de 2016, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció acerca de la violencia y los sostenidos y crecientes asesinatos de promotores de la paz en las zonas que hacen tránsito hacia la construcción de la paz. En el mensaje, la ONU subrayó que esos lamentables hechos generan desconfianza en las negociaciones de paz. En 2016 fueron asesinados cerca de un centenar de promotores de la paz. En 2017, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) entregó una radiografía sobre el crimen de líderes sociales; según la agencia han sido asesinados 78 líderes, y 1.500 campesinos han sido desplazados (según la Cumbre Agraria, ellos tienen registro de 105 víctimas, durante 2017 en todo el país).

 

Petróleo y nuevas lógicas del conflicto

 

Desactivado el conflicto armado, queda al desnudo el núcleo del crónico conflicto colombiano, del que hacen parte las comunidades regionales, el territorio y el modelo de desarrollo. Este conflicto enfrenta al Estado, los terratenientes, los dueños del capital y las transnacionales, de una parte, a la clase trabajadora y las comunidades, por otra, en su intento de construir poder popular.

Las actividades minero-energéticas son connaturales a este conflicto. La experiencia histórica permite concluir que las consecuencias negativas pueden agruparse en cuatro áreas: i) conflictos ambientales generados por la actividad extractiva, basados en un escenario de iniquidad y segregación, que afectan territorios y culturas ancestrales, destruyendo recursos naturales estratégicos como la biodiversidad y el agua dulce; ii) concentración del ingreso, la riqueza y la propiedad de la tierra; iii) economías de enclave y ausencia de encadenamientos económicos regionales y locales con la explotación de hidrocarburos; iv) militarización (legal e ilegal) de la vida cotidiana y aumento de la conflictividad por encima de la capacidad del sistema político regional y local para resolverlo.

En respuesta a esta situación, las autoridades y los pobladores locales están realizando consultas populares y democráticas para votar “si están o no de acuerdo con la exploración sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos en el territorio”. En las nueve consultas realizadas desde 2013 hasta octubre de 2017, el rechazo a las actividades de explotación petrolera es contundente y absoluta. La décima que debería realizarse en Granada, Meta, el 22 de octubre de 2017, fue obstaculizada por el gobierno nacional y la Registraduría. Hay en espera 59 consultas adicionales.

Un reciente informe de las empresas petroleras presentes en el país afirma que “cada vez es más difícil operar en Colombia”. Esgrimen razones como que empeoró la seguridad jurídica por consultas populares, y aunque reconocen que el orden público mejoró, “la percepción sobre la conflictividad social empeoró”, dice el informe. Según la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, por la negativa de las comunidades a permitir la explotación, no se recibieron 226 mil millones de regalías, y en 5 años el hueco fiscal llegaría a 1,2 billones de pesos.

En respuesta a los empresarios, respecto a las consultas populares y sobre la explotación no convencional (fracturación hidráulica o fracking), el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, aseguró que el Gobierno va a generar las condiciones “para explorar estos recursos, porque pueden cambiar completamente el mapa de producción del país. Estamos hablando de multiplicar por unas cuantas veces las reservas del país y hablamos de matar el fantasma de que en cinco años tendremos que importar crudo” (El Espectador, Economía, 14 de diciembre de 2017).

La actitud antidemocrática del gobierno nacional está en contubernio con los intereses de las empresas petroleras y las transnacionales. Al bloqueo de la autonomía de las comunidades locales para definir democráticamente sus planes de vida, ordenar su territorio y defender los recursos naturales vitales para su pervivencia, se une, de una parte, el malestar por el incumplimiento con los “Acuerdos de La Habana”, el “conejo” a los convenios resultantes de las negociaciones con las movilizaciones efectuadas desde 2013 hasta 2017 por las comunidades rurales y, de otra, la preocupación por el continuo asesinato de líderes populares y gestores de paz.

 

A las puertas del fracking

 

La posibilidad de que el país vuelva a ser importador de petróleo, de acuerdo a lo proyectado por el Gobierno y las empresas petroleras, abre las puertas para iniciar la explotación de hidrocarburos no convencionales, a pesar de los graves daños ambientales y desplazamientos de población que implica. Las consultas populares realizadas muestran que las comunidades rechazan las actividades minero-energéticas en la forma que se han desarrollado en el país o las nuevas técnicas de fracking.

En este contexto, en el horizonte de mediano plazo, 2018-2022, pueden pronosticarse tres escenario i) catastrófico: reconquista del poder por parte de la extrema derecha, desconocimiento de los acuerdos de paz, privatización total de Ecopetrol, persecución a las organizaciones sindicales, desnacionalización y entrega de los recursos minero-energéticos a las transnacionales, vía libre a la explotación de hidrocarburos mediante tecnologías no convencionales, recrudecimiento del conflicto social y armado; ii) previsible: ampliación de las zonas de exploración y explotación minero-energética (en áreas donde las transnacionales no habían podido penetrar por presencia y dominio de la insurgencia); consolidación financiera de las empresas petroleras; tercera ronda de venta de acciones de Ecopetrol; venta de empresas de alta rentabilidad que integran al Grupo Ecopetrol; mayores exenciones, garantías y protección a la inversión extranjera; concertación y regulación para la explotación de hidrocarburos mediante tecnologías no convencionales; abolición de las consultas populares y confrontación-represión con las organizaciones rurales y los ambientalistas; iii) deseable: aprobación e implementación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos –LOH–, dependiendo de: la correlación de fuerzas capital/estado-USO/movimientos sociales; balance final favorable del proceso de paz y negociación del fin del conflicto armado entre el Gobierno Nacional, el Eln y la sociedad civil; cumplimiento con los acuerdos y construcción de la paz firme y duradera; alianza ganadora con partidos políticos simpatizantes del proyecto de LOH en las elecciones legislativas (marzo) y presidenciales (mayo) en 2018; conformación de un movimiento social, con arraigo espacial, defensor de la soberanía nacional y de una política pública democrática que regule las actividades minero-energéticas favorable al bienestar de las comunidades, el desarrollo territorial sostenible y el poder popular.

* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Miembro de los comités editoriales de los periódicos Le Monde diplomatique -edición Colombia- y desdeaabajo. Profesor invitado del proyecto “Diplomado en Derechos Humanos USO- 2017”, en el marco del contrato celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo-USO.

 

Bibliografía básica:

Sarmiento, Libardo; (2017). Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO. Planeación Estratégica por escenarios: 2017-2023. Bogotá.
Sarmiento, Libardo; (2016). Colombia: plebiscito por la paz, antagonismo traumático; en: http://palabrasalmargen.com/edicion-91/colombia-plebiscito-por-la-paz-antagonismo-traumatico/.
Sarmiento, Libardo; (2015). Arauca 1983-2015. Fin de un ciclo histórico y transición incierta. Fundación Paz y Reconciliación, Bogotá.
Sarmiento, Libardo; (2014). Municipios petroleros: desarrollo, conflicto y democracia; en: Las tendencias de la sociedad civil en Colombia. Una radiografía de la sociedad civil en seis municipios petroleros. Cinep, Asociación de Fundaciones petroleras, Ecopetrol; Bogotá.
Vega, Renán, et. Alt; (2009). Petróleo y protesta obrera. La USO y los trabajadores petroleros en Colombia (2 tomos). USO-Corporación Aury Sara Marugo. Bogotá.
Sarmiento Libardo; Et. Alt; (1996). Lineamientos generales para una política de Ecopetrol. Una perspectiva desde la ética. Ecopetrol; Bogotá.

Publicado enEdición Nº242
Domingo, 14 Enero 2018 06:05

Medio Oriente en movimiento

Medio Oriente en movimiento

La derrota del Emirato Islámico (Daesh) por la coalición ruso-kurda-siria cambió toda la situación en el Cercano Oriente y puso a todas las piezas en movimiento y Estados Unidos, que había intentado rehacer los equilibrios locales con la habilidad de un elefante en una cristalería, logró exactamente lo opuesto de lo que quería.

Recordemos un poco: en Irán (la antigua Persia), país de 80 millones de habitantes, potencia gasera y petrolera con viejísimas culturas, Estados Unidos derribó con un golpe militar al primer ministro nacionalista moderado Mohamad Mossadegh que había expropiado el petróleo a los ingleses e instaló una monarquía absoluta –la del shah Reza Pahlevi– que intentó industrializar el país chocando de inmediato con el Bazaar (los importadores, exportadores y comerciantes tradicionales) y con los religiosos chiítas (los mullahs y ayatollahs) que influían fuertemente sobre los campesinos y los más pobres mediante su igualitarismo y sus obras sociales.

El Shah fue derrocado en 1979 por la "revolución de los ayatollahs" que llevó al poder al ayatollah Ruholla Jomeini. Contra la monarquía habían combatido también el poderoso partido comunista local, el Tudeh, y diversos grupos marxistas, a los que el régimen de los mullahs exterminará (Amnesty International habló de 4 mil 482 ejecutados, pero la cifra fue mucho mayor). Contra Irán, Estados Unidos recurrió entonces al gobierno del Baas iraquí dirigido por Saddam Hussein y financió y apoyó durante ocho años una sangrienta guerra entre ambos países.

Pero Saddam Hussein, envalentonado por la guerra y por la brutal represión contra los kurdos de Irak (apelando incluso a gases), concedió a éstos una vaga autonomía y, engañado por la embajadora de Estados Unidos que le hizo creer en la neutralidad de sus ex socios en caso de guerra, se lanzó a eliminar de la escena a Kuwait, país petrolero fronterizo, aliado de su adversario, la monarquía absoluta en Arabia Saudita.

Washington entonces intervino como había planeado y después –con el pretexto falso de Irak poseía armas químicas, invadió Irak, saqueó sus museos y destruyó al país árabe más modernizado en ese entonces.

El objetivo de la potencia militar de la zona –Israel– coincidió entonces por completo con el de Washington: colonizar por completo y anexar Palestina a la que el mundo árabe ya no podía defender, establecer una alianza con Turquía y destruir la dictadura que Hafez al Assad y después de su hijo Bashir mantenían en nombre del partido Baas sirio, dictadura que intervenía en el Líbano junto a los palestinos y musulmanes contra los aliados falangistas de Tel Aviv y de Washington.

Washington y Tel Aviv intentaron para eso utilizar las diversas oposiciones aislando sin embargo a los demócratas y de izquierda que también combatían contra la dictadura del Baas. Israel había inventado años antes una organización religiosa –Hamas– para combatir contra la laica OLP (Organización para la Liberación de Palestina) de Yasser Arafat y su partido Fattah; Washington por su lado financió y armó a las oposiciones religiosas, como el Daesh, así como había financiado y armado a su agente, el saudita Osama Bin Laden y su organización Al Qaedda en Afganistán para combatir contra la ocupación de ese país por la Unión Soviética.

Pero el resultado obtenido por los aprendices de brujo fue desastroso para ellos: Hamas, a medio camino del chiísmo, remplazó a la OLP en la lucha contra Israel; en el Líbano Hezbollah se convirtió en el primer partido y apoya a Siria e Irán. En Irak el gobierno chiíta es antiestadunidense y aliado del gobierno sirio (Saddam Hussein, por el contrario, era su adversario).Los kurdos de Irak ahora combaten unidos a los árabes contra Daesh. El gobierno de Siria tiende un lazo hacia las oposiciones y se apoyó en Rusia que, desde los zares y desde Stalin, continuador de la geopolítica zarista, quería bases en el Mediterráneo y ampliar su influencia en la región que, con Irán y Afganistán, abre el camino hacia la India.

Irán, por su parte, cuenta con el apoyo de China y de Rusia, pero también de Alemania y Francia, que necesitan el petróleo ruso e iraní y tienen fuertes inversiones en Irán. Por último, Estados Unidos no puede contar ya al ciento por ciento con la monarquía absoluta y teocrática de Arabia Saudita, país donde aún existe la pena de muerte para quien tenga animales en su casa o sea homosexual pero que el príncipe heredero quiere modernizar y diversificar para no depender del petróleo, pues esa modernización abrirá inevitablemente el camino a conflictos sociales y políticos dadas las condiciones medievales existentes en ese país. En cuanto a Turquía, rompió su pacto con Israel y se acercó a Siria pues los turcos están en la pinza rusa, con su clásico adversario en el Cáucaso y ahora también en su frontera sureña.

En este contexto el Mossad Israelí y la CIA intentan avivar el fuego de los disturbios sociales en Irán, donde la desocupación y la carestía reviven la oposición de izquierda y la de las clases medias urbanas a la dictadura de los mullahs, pero éstos tienen aún raíces y apoyo social entre los campesinos y las torpezas injerencistas de Donald Trump zapan la tierra bajo los pies a una oposición democrática que se suicidaría si quedase pegada al "Satán" que todos los días denuncian los ayatollahs.

Daesh, por supuesto, u otro grupo similar, no desaparecerá de inmediato. Las tropas rusas, parcialmente retiradas, estarán listas para volver. Le guste o no a Trump, las conversaciones de paz entre Assad y las oposiciones estarán bajo patrocinio ruso y la lucha en Palestina contra la ocupación y el apartheid continuará. El Cercano Oriente entra sin embargo en una nueva fase. Depende de todos los demócratas de todos los países desarmar políticamente y aislar a los incendiarios como Trump y Netanyahu.

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Carlos Garcia Rawlins

 

Nicolás Maduro anunció este viernes la emisión y adelantó que cada uno tendrá el valor de un barril de petróleo nacional.

 

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este viernes la emisión de 100 millones de petros, la nueva criptomoneda lanzada por el Gobierno bolivariano.

"Anuncio que he ordenado la emisión de 100 millones de petros, con el sustento legal de la riqueza petrolera venezolano, que he certificado y legalizado", indicó el jefe de Estado durante una alocución desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.

El mandatario indicó que el anuncio será publicado en la Gaceta Oficial y precisó que "cada petro va a tener un valor igual al precio del barril petrolero de la cesta venezolana". El respaldo de estas operaciones serán las reservas de crudo de Venezuela, que figuran como las primeras a escala mundial.

Además de la emisión de criptomonedas, el Gobierno venezolano ha habilitado un registro de usuarios para minar este tipo de divisas en todo el mundo que cuenta con más de 90.000 afiliaciones; 50.000 de ellas ya están activas, refiere Panorama.

Se tiene previsto que el próximo 14 de enero sea el primer encuentro de los 'mineros' de criptomonedas y que sea presentada el acta de inicio formal del petro para empezar las colocaciones "a través de subastas", detalló el presidente venezolano.

 

Burlar bloqueo


A finales del año pasado, Venezuela dio un paso sorpresivo al anunciar su entrada al mundo de las monedas digitales para sortear el bloqueo financiero que, según sus autoridades, mantienen países como EE.UU. con el propósito de asfixiar a la economía de la nación petrolera.

Como ejemplo de esas operaciones de tenaza financiera, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, nombró el caso de Euroclear, un organismo de compensación y liquidación de valores financieros que mantiene retenidos 1.250 millones de dólares "y que no quieren soltarlos para los alimentos y pago de medicamentos", publicó AVN el mes pasado.

La respuesta del país a esa situación ha sido el petro. Una de las ventajas que ofrece Venezuela, según expertos, es que su criptomoneda tendrá un respaldo real: los ingentes recursos naturales que posee el país, principalmente el petróleo. Esa certeza puede transmitir mayor seguridad a los inversionistas de activos digitales y, por ende, darle acceso a fuentes no convencionales de financiamiento.

La cotización también será diferente a la de otras divisas porque se regirá por el comportamiento de mercancías como el oro, el gas o el petróleo, en vez de la especulación del mercado. Además, el costo de la comisión y transferencia de esas operaciones tiende a ser cero, lo que permite una menor intermediación financiera.

 

 

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Noruega gana un juicio contra varias ONG por abrir prospecciones petrolíferas en el Mar de Barents, en el Círculo Polar Ártico.

 

La sentencia rechaza que el Gobierno de Noruega viole el acuerdo del Clima de París y niega que sea responsable de las emisiones de CO2 causadas por los hidrocarburos que exporta a otros países

 

Un tribunal de Oslo ha avalado este jueves el plan del Gobierno de Noruega que permite la extracción de petróleo en el Mar de Barents (en pleno círculo Polar Ártico) a 13 empresas petroleras mundiales. La resolución, que puede ser recurrida en un plazo de cuatro semanas, desestima las acusaciones de varias ONG ecologistas, entre ellas Greenpeace, que denunciaron al Ejecutivo del país escandinavo de violar su Constitución y los acuerdos del Clima de París por permitir la perforación del suelo ártico para buscar y extraer crudo. Las ONG deberán pagar unos 60.000 de costas procesales, según la sentencia.

El ministro noruego de Petróleo y Energía, Terje Soviknes, declaró en una entrevista recogida por Bloomberg que el resultado "era esperado" y aseguró que la ronda de licencias de perforación en el mar de Barents se hizo "conforme a la legislación". Con este dictamen, hecho público a las 15.00 horas de la tarde, el juez decidió que Noruega no podría ser considerada responsable de las emisiones de CO2 causadas por los hidrocarburos que exporta a otros países. Greenpeace cree que esta decisión va en línea con los intereses de las compañías petroleras contradiciendo, por tanto, a los científicos expertos en el cambio climático, relata al teléfono el jefe de la ONG ecologista en Noruega, Truls Gulowsen. La corte ha ordenado que las costas procesales del llamado “juicio del siglo” recaigan en los grupos medioambientales, que deberán abonar en un plazo de dos semanas al Estado 580.000 coronas noruegas (unos 60.000 euros).

"Si bien es una buena noticia que el juicio reconozca el artículo ambiental en la Constitución de Noruega [por el que se debe garantizar un medioambiente limpio para la salud e los noruegos], es muy decepcionante que descuide la responsabilidad de Noruega por dañar el clima del planeta", declaró Gulowsen, a través de un comunicado. Dice sentirse "un poco decepcionado" por la sentencia, aunque confiesa que no le ha caído por sorpresa. Por ahora, las organizaciones denunciantes quieren estudiar a fondo las 49 páginas de sentencia para tomar la decisión de apelar o no. "Es un paso muy serio, pero no es improbable", dice Gulowsen.

La economía noruega depende casi en una inmensa mayoría de la extracción y exportación de crudo. Con la crisis del oro negro de 2014, el país tuvo que meter mano al fondo soberano para poder atravesar las dificultades financieras al mismo tiempo que se esforzaba por dar un giro radical a su economía y hacerla más verde. Ya casi la mitad de la flota de turismos en el país se mueve con energía eléctrica, según los últimos datos oficiales.

Pero lo cierto es que el sector petrolero genera tanta riqueza en el país que es difícil abandonarlo. En 2016, el país escandinavo obtuvo 37.400 millones de euros tan solo por la exportación de gas y crudo; un 47% del total de bienes exportados, según el Gobierno. “El país se encuentra aún en un período mixto" antes de dar el salto total a la energía verde y, por tanto, seguirá habiendo necesidad de combustible fósil en las próximas décadas. “Y tiene que salir de algún sitio”, defendía así las exploraciones árticas Julia S. P. Loe, del instituto independiente Fridtjof Nansen de Noruega, en 2017.

El Gobierno de Noruega fue el primero de un país industrializado en ratificar los acuerdos del clima de París tan solo 20 días después de otorgar esta ronda de licencias (la vigesimotercera) para perforar el suelo marino en esta zona, por otro lado jamás explorada. Un hecho que las ONG denunciantes veían como un acto de hipocresía. En la misma dirección se posicionaba, de manera personal, hace unas semanas el presidente del Consejo Ártico, el finlandés Aleksis Härkönen, durante una entrevista con EL PAÍS: "El hecho de que un país [Noruega] que presume de políticas amigables con el ecosistema y que es progresista en su mentalidad medioambiental permita este tipo de actividades es contradictorio".

 


 

EN CIFRAS


Las 13 compañías con licencia para perforar en el mar de Barents son; Statoil y Aker BP (Noruega), Capricorn, Tullow y Centrica (Reino Unido), Chevron y ConocoPhillips (EE UU), DEA (Alemania), Idemitsu (Japón), Lukoil (Rusia), Lundin Petroleum (Suecia), OMV (Austria), PGNiG (Noruega / Polonia).

Recursos no descubiertos en la zona son del 49%, muy por encima de los que se estiman que hay en el mar del Norte (24%) y en el mar de Noruega (27%).

El gas y el petróleo significan el 47% de todas las exportaciones de Noruega, según datos oficiales, lo que se traduce en 37.400 millones de euros en 2016.

La exportación de crudo en 2016 (últimos datos oficiales) fue la más baja desde 1998, y lleva cayendo de manera constante desde 2011.

Noruega produce el 2% de todo la demanda global de crudo.

 

Publicado enMedio Ambiente
Trabajadores reparan una locomotora en Ciudad Guayana el 1 de noviembre. AP

 

Venezuela acumula cuatro años de una recesión económica que ya trae consigo los elementos de una auténtica depresión. Una bancarrota comparable a la vivida hace poco por Grecia, aunque con otros componentes y varios añadidos. Las autoridades se niegan a ofrecer los datos formales de las cuentas del país, pero algunas firmas especializadas calculan que, en 2017, el desplome alcanzó cotas de economía de guerra, con una contracción del PIB del 14%. Todo parece indicar que será el mismo escenario de 2018.

Cuatro años de nefasta gestión económica han reducido el tamaño de la economía venezolana un 35%. Algunos observadores, como Asdrúbal Oliveros, de la firma Ecoanalítica, cifran el déficit fiscal en el 17% del PIB y la inflación en el 2.700% el año pasado. La actual crisis, inédita en la historia venezolana, es toda una rareza en un petroestado e inscribe su nombre en la historia de los grandes naufragios sociales de América Latina en los últimos 50 años.

El hundimiento de la economía no ha estado exactamente propiciado por un desplome de los precios petroleros. A la fecha, la cesta de crudos venezolanos ronda los 60 dólares el barril, una cifra que en cualquier otro momento habría sido considerada óptima por cualquier ministro de Economía.

Oliveros opina que ni siquiera una nación en guerra como Siria puede mostrar tales cifras de deterioro. “Esta es la primera vez que el sector externo no influye en los vaivenes de la economía del país. La depresión nacional va a tener, sobre todo, graves consecuencias sociales, que probablemente no hemos visto del todo. Los empresarios están golpeados, pero pueden resistir la tormenta. Muchos tienen ahorrados dólares en el exterior para protegerse”.

Petróleos de Venezuela (PDVSA), el recurso natural del país ante cualquier contingencia y ahora casi única fuente de ingresos, atraviesa un grave desorden funcional y monetario que se traslada milimétricamente a la economía. El año pasado, según Ecoanalítica, la petrolera redujo su producción en 300.000 barriles diarios, cifra que puede sobrepasar los 700.000 barriles durante los cinco años de Gobierno de Nicolás Maduro.

Es uno de los muchos desatinos que han dado pie al torbellino venezolano. Las fuentes consultadas no dudan en señalar que son consecuencia de la profundización del sesgo ideológico en la economía. El modelo de desarrollo chavista está diseñado para colocar un hermético grillete sobre todas las variables de la producción y la formación de los precios, mientras el Estado ha asumido la toma de los sectores productivos y destina un importante esfuerzo organizativo y político a crear circuitos comunales y organizaciones colectivizadas absolutamente disfuncionales.

 

Dólar negro


El sector privado vive constreñido entre la total intervención del Estado en la economía y las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Los aumentos de sueldos son compulsivos, y frecuentes los operativos unilaterales para intentar, sin éxito, bajar los precios.

A ello se suma un panorama cambiario anárquico, dominado por los intereses creados y la corrupción. En el país existe una tasa de cambio oficial, calculada en 10 bolívares por dólar, y un dólar negro, que el Gobierno no reconoce oficialmente, pero que alimenta todo el circuito económico nacional, y que ronda los 120.000 bolívares por dólar.

Aunque los responsables del Gobierno consideran al dólar paralelo como enemigo, no son pocos los miembros del régimen manchados por la especulación. Muy especialmente, los funcionarios oficiales y miembros de las Fuerzas Armadas facultados para otorgar licencias de importación y administrar divisas de acuerdo a la paridad oficial, se supone que para atender las demandas de desarrollo nacional. Muchos de ellos obtienen luego jugosas ganancias con la reventa de productos y con negocios ilícitos usando la enorme brecha del diferencial cambiario.

El Gobierno de Maduro ha decidido asumir el control total de las importaciones y los puertos, y se han vuelto comunes los casos de sobrefacturación en las aduanas. En varias ocasiones, cargamentos de comida y medicamentos se han echado a perder en los puertos, producto del retardo burocrático y el apuro ante el pago de coimas (sobornos). El índice de desabastecimiento rara vez ha bajado del 50% durante el lustro de Maduro.

Venezuela registró, desde 1940 hasta 1980, las tasas de crecimiento económico más altas del mundo. Sus ingresos petroleros la mantenían a salvo de los huracanes inflacionarios y el desabastecimiento fue apenas puntual.

“Las primeras grietas comenzaron a verse hacia 2009, cuando el chavismo se decidió a profundizar su modelo, año en el que comenzó un proceso selectivo de control en las divisas, se eliminaron las fórmulas alternativas para comercializar con el dólar y se hizo crónico el desabastecimiento. Se hicieron inocultables luego de 2012, cuando Hugo Chávez gana por tercera las elecciones presidenciales y se concreta un boom importador gigantesco, con fines electorales”, afirma Oliveros.

Orlando Ochoa, economista y académico especializado en finanzas y petróleo, ubica el origen del maremoto actual en 2007, año de la segunda victoria electoral de Chávez, cuando comienza la agresiva toma de activos del sector privado, la hostilidad hacia los inversores y los gastos sociales ingentes para controlar electoralmente a las masas. “La crisis venezolana tiene dos grandes causas: el dogmatismo ideológico, que se niega a interpretar la economía, y el gasto público desbordado para soportar programas sociales con el objeto de ganar votos”, señala.

Ochoa afirma que las distorsiones logran afianzarse gracias a la naturaleza del propio Maduro, un dirigente con un desconocimiento de la economía y que se ha ido rodeando de los cuadros más radicales del chavismo. En parte para conseguir un nicho político que le otorgue fortaleza en las pugnas internas. Luis Salas y Pascualina Curcio, y el economista español Alfredo Serrano Mancilla son sus principales asideros.

“Lo peor de todo es que, con un programa económico sensato y responsable, que por supuesto requerirá ayuda internacional, algunos de los males venezolanos podrían desaparecer en apenas meses”, afirma Ochoa. La llegada del año electoral y la situación límite que vive Maduro podrían agravar las cosas: para 2018, la inflación en el país podría alcanzar, según Oliveros, la estratosférica cota del 7.000%. Una cifra que podría incluso duplicarse, en opinión de Ochoa, si no se toman decisiones urgentes.

 


 

 

CINCO AÑOS DE MANDATO EN CIFRAS


PIB menguante. En 2014, el primer año de la crisis política venezolana, la economía cayó un 5%; en 2015, el PIB se volvió a contraer un 8% y en 2016, otro 16%. En 2017, la economía se redujo un 14%, según calculan los analistas.

Inflación al alza. Los expertos estiman que los precios crecieron en 2016 un 525%. A esa cifra, no oficial, se suma una tasa de inflación del 2.700% en 2017, que puede dispararse este año hasta niveles del 7.000%.

Producción de petróleo. Como miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Venezuela tiene asignada una cuota de producción de crudo que viene incumpliendo de forma sistemática en los últimos años. En octubre, el país sudamericano extraía 1,86 millones de barriles de petróleo diarios, 110.000 barriles menos de lo asignado por la organización.

 

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Los números hablarán, dijo el presidente Trump tras aprobarse la reforma fiscal en Estados Unidos la semana pasada

 

La exitosa aprobación de la reforma fiscal trumpiana comportó como colateral la muy poca publicitada exploración de hidrocarburos en el Refugio Nacional de Vida Salvaje en la parte del Ártico estadunidense (https://goo.gl/bLDqqS).

La reciente Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) trumpiana incluye a Rusia y China como rivales estratégicos (https://goo.gl/JxkhsE) y aboga, además, por la seguridad energética de EU.

No lo explica el ESN, pero en forma implícita se desprende la competencia que ya empezó por el futuro del Ártico entre las tres superpotencias: EU/Rusia/China.

Cabe destacar que Trump elevó, como pilares de la ESN, el delicado asunto migratorio y a la economía, concomitante al impulso de una política energética independiente de EU, mientras degradaba el cambio climático tan procurado por Obama.

La producción en el Ártico por EU requiere un mínimo de 70 dólares el barril, lo cual beneficiará a los productores y dañará a los importadores.

Desde hace 10 años detecté el inicio de la nueva guerra gélida por los hidrocarburos del Ártico (https://goo.gl/9CFJ4).

Ahora en 2017 puedo afirmar que Rusia y China, con su colaboración energética, han dejado atrás a EU por el control y explotación integrales del Ártico.

Hace 10 años comenté en forma premonitoria que “es probable que los historiadores citen el inicio oficial de la nueva guerra gélida, dadas las coordenadas donde se desarrolla, el primer día de agosto pasado (nota de 2007), cuando la tripulación rusa de dos submarinos expedicionarios colocó su bandera de un metro de altura y de material anticorrosivo de titanio a una profundidad de 4 mil 200 metros”. En ese momento califiqúe de genial la “jugada geoestratégica de Vlady Putin”.

En 2007 consideré: más allá de la posesión de las 200 millas naúticas (320 kilómetros), la Convención de la Ley Marítima de la ONU (UNCLOS, por sus siglas en inglés) extiende la propiedad a las placas geológicas continentales cuando la posesión del Ártico se volvió un asunto meramente geológico: si Rusia demuestra que 45 por ciento del Ártico, donde se asientan las pletóricas reservas de hidrocarburos, constituye la prolongación de las placas Lomonosov y Mendeleyev, muy poco podrán discutir los otros siete países ribereños sobre el contenido de la convención que EU se arrepentirá toda su vida de no haber ratificado.

Luego, hace nueve años, abordé la nacionalizacion de las aguas profundas del Ártico por Rusia (https://goo.gl/AoonP2). En ese momento los muy desacreditados “analistas ( sic) anglosajones” se burlaban de la capacidad de las empresas principales energéticas rusas de poseer las necesarias inversiones y tecnologías. Ese supuesto escollo ha sido superado con creces nueve años después gracias a las inversiones complementarias de China en el sector energético ruso.

Hoy, nueve años más tarde, durante su clásica conferencia anual de cuatro horas de duración, Vlady de Arabia (https://goo.gl/4pKPPM) expresó su disposición a establecer una cooperación financiera con China para “conseguir un transporte de bienes mucho más favorable desde el punto de vista económico entre Asia y Europa sobre la Ruta del Mar norteño (Northern Sea Route) comparado con las rutas alternativas (https://goo.gl/hgwLh5)”.

Para Vlady de Arabia el desarrollo industrial en el Ártico, en cooperación notable con China, constituye una de las máximas prioridades para Rusia.

Una semana antes, Vlady de Arabia había inaugurado la nueva planta de gas licuado Yamal LNG desde el puerto Sabetta en Siberia, según el portal noruego The Independent Barents Observer (https://goo.gl/1QmwZm).

La segunda gasera rusa, Novatec, encabeza el proyecto de gas licuado Yamal LNG que tiene un costo de más de 27 mil millones de dólares, con notoria contribución de la Federacion Rusa. El Fondo Ruta de la Seda (Silk Road Fund) detenta 9.9 por ciento de Yamal LNG, al unísono de otros accionistas como la rusa Novatec (50.1 por ciento), China National Petroleum Corporation (20 por ciento) y la francesa Total (20 por ciento).

Se trata de un colosal proyecto de infraestructura que tendrá una capacidad anual de transporte de más de 20 millones de toneladas y que será concluido el año entrante.

Más allá de la presencia de Vlady de Arabia, contó con la asistencia de representantes de los gobiernos de China (¡súper sic!), Francia y Arabia Saudita. El transporte será realizado con tankers, sin necesidad de la ayuda de rompehielos, y uno de los cuales lleva de nombre en forma simbólica Christophe de Margerie, anterior mandamás de la empresa francesa Total y quien saliendo de un acuerdo con el entonces primer ruso Medvedev sufrió un accidente en su avion privado en los cielos rusos y que no pocos consideran como un atentado teledirigido por la CIA, como sucedió con el empresario petrolero italiano Enrico Mattei, mandamás de ENI asesinado en 1962, quien incitó a las petromonarquias árabes a liberarse del yugo estadunidense.

Llama la atención que Vlady de Arabia se haya acordado del icónico Christophe de Margerie tres años despues de su deceso.

Se ha gestado una asociacion estratégica (joint venture) entre China, LNG, y la importante transportista noruega Teekay LNG (con sede en las Bahamas): firmaron un convenio por mil 600 millones de dólares para trasladar el gas licuado en seis carriers (construidos por Daewoo de Corea del Sur), que convergerá con el proyecto ruso Yamal LNG.

China busca reducir su dependencia en el carbón contaminante y el célebre banco AIIB (https://goo.gl/WqyRRK) aprobó un préstamo simbólico de 20 millones de dólares para conectar a más de 200 mil casas rurales chinas con su red de distribución de gas natural.

Según el Oxford Institute for Energy Studies (OIES) el potencial de extracción de hidrocarburos de Rusia en el Ártico es enorme: donde se concentraría por lo menos la cuarta parte de las reservas de petróleo y gas del mundo sin explorar (https://goo.gl/FG2Qnd).

Existe una zona política muerta en la cercanía del centro del Ártico que se disputan con Rusia otros cuatro países: EU, Canadá, Noruega y Dinamarca (https://goo.gl/kG8odJ).

OIES define la apertura de rutas de transporte estratégico que conectan la región polar a los principales mercados de energía como consecuencia del cambio climático y el deshielo polar.

La apertura de la Ruta Norteña Marítima y del Pasaje Noroccidental tiene el potencial de transformar los patrones de transporte global.

La Ruta Marítima Norteña y el Pasaje Noreste va del nor-atlántico a lo largo de la costa siberiana hasta el lejano oriente ruso y el Océano Pacífico.

En comparación con las “conocidas rutas marítimas sureñas a través de los canales de Suez o Panamá, la Ruta Norteña ofrece una reducción considerable (casi 40 por ciento) en la distancia de viaje entre Europa y la costa occidental de Norteamérica, Noreste de Asia y Lejano Oriente (https://goo.gl/GCXba8)”.

Dejo de lado la hipótesis lúgubre de que una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia se escenificaría en la cortedad de la distancia que ambas superpotencias comparten con el Ártico.

 

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Martes, 21 Noviembre 2017 08:05

Un amigo de las petroleras británicas

Desde que asumió Temer en mayo de 2016, la política petrolera tuvo bruscos cambios.

 

Acusan a Temer de favorecer a Shell y BP cambiando las reglas en Brasil

The Guardian difundió documentos públicos que sostienen que Brasilia cedió a los pedidos de Londres para modificar una ley que otorgaba a Petrobras la mayor parte de la exploración del Pré sal.

 

La revelación del diario británico The Guardian que difundió documentos públicos que sostienen que el gobierno de Michel Temer cedió a los pedidos de Londres para cambiar las reglas petroleras y beneficiar a las empresas Shell y BP desató un escándalo en Brasil.

El viceministro de Minas y Energía de Brasil, Paulo Pedrosa, admitió que se reunió con el ministro de Comercio británico, Greg Hands, pero negó que se hubiera tratado de un lobby a favor de flexibilizar las reglas brasileñas de contenido nacional para la industria del petróleo.

La oposición anticipó que pedirá informes en el Congreso al Ministerio de Minas y Energía sobre la documentación oficial presentada por The Guardian, anticipó el senador Roberto Requiao, ex gobernador de Paraná y del ala opositora del gobernante Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB). “Negociar con el gobierno de Brasil da mayores lucros que vender cocaína”, dijo Requiao.

La ONG Greenpeace accedió a la liberación de cables oficiales del Ministerio de Comercio británico en base a la ley de transparencia en el cual se afirma que que tuvo éxito el lobby de Hands para flexibilizar las exigencias brasileñas de contenido nacional en la cadena petrolera porque eso beneficiaria a Shell, BP y Premier Oil.

El gobierno de Temer modificó una ley petrolera que otorgaba a Petrobras la mayor parte de la exploración en los gigantescos yacimientos submarinos en la capa geólica pré sal, en el Atlántico, y permitió el ingreso de las extranjeras a la explotación de esas áreas, halladas en 2007.

El gobierno también modificó el reglamento del gobierno de la destituida Dilma Rousseff para eliminar impuestos para la importación de la industria petrolera hasta 2014.

El 27 de octubre pasado, la anglo-holandesa fue la gran ganadora en la subasta para explorar yacimientos submarinos organizada por la Agencia Nacional del Petróleo, al vencer en tres proyectos de explotación conjunta con otras compañías.

Según The Guardian, el cable obtenido oficialmente por Greenpeace indica que el viceministro brasileño Pedrosa le contó al británico que estaba presionando a su propio gobierno a atender las demandas de las compañías del Reino Unido.

“Fue una discusión normal entre representantes de dos países. La palabra lobby es usada por el diario (The Guardian) como si hubiera segundas intenciones y no fue así”, dijo el viceministro Pedroso en una declaración al periódico Folha de San Pablo.

El Ministerio de Minas y Energía de Brasil se encuentra llevando adelante uno de los procesos más ambiciosos del gobierno de Temer,la privatización, de la gigante Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de América latina.

El senador Requiao, que pertenece al partido de Temer pero es del ala opositora de esa fuerza, se alineó con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) en la propuesta de que, en caso de vencer las elecciones, convocar a un referendo en 2019 para anular las reformas de Temer, como la laboral y el techo por 20 años al gasto público.

“Estas empresas inglesas, con un referéndum, serán tratadas como receptoras de mercadería robada”, dijo Requiao y añadió que la revelación de The Guardian “demuestra por qué las empresas inglesas se quedaron con la mayor parte de pozos petroleros”.

“Para ellos es el mayor negocio de la historia del petróleo. Es un desastre más de este gobierno entreguista”, agregó.

Desde que asumió Temer el 12 de mayo de 2016 junto con la antigua oposición tras la destitución de Rousseff, la política petrolera tuvo bruscos cambios, sobre todo en Petrobras, que viene golpeada por el escándalo de corrupción investigado por la operación Lava Jato.

El actual presidente de Petrobras, Pedro Parente, ex funcionario del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), inició una política de desinversión y de venta de activos y de subsidiarias de la petrolera estatal líder mundial en exploración en aguas profundas.

Los documentos oficiales pedidos por Greenpeace en Londres tenían como foco denunciar al gobierno del Reino Unido por defender los intereses de las empresas británica en Brasil y presionar a la gestión Temer a reducir las exigencias ambientales para explorar combustibles fósiles.

Un portavoz del Ministerio de Comercio británico citado por The Guardian en su edición dominical negó que las conversaciones con el viceministro Pedrosa, en marzo pasado, tuvieran que ver con lobby a favor de las petroleras.

 

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