Miércoles, 04 Julio 2012 07:17

Europa entierra ACTA

Europa entierra ACTA
El acuerdo internacional contra la falsificación y la piratería (ACTA) ha sido rechazado por  goleada. 478 votos en contra,  39 a favor y 165 abstenciones es el resultado de la votación en el pleno del Parlamento Europeo. Ayer todos los grupos a excepción del Partido Popular Europeo (PPE), se pronunciaron en contra del pacto internacional durante un debate en Estrasburgo. Bruselas y los populares llegaron a pedir que se aplazara la votación hasta que el Tribunal de la UE aclare si es compatible con las leyes europeas, pero sus peticiones no han llegado a buen puerto.


Este tratado, destinado a reforzar la protección de la propiedad intelectual, lo suscribieron Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur en octubre de 2011. En enero de este año se sumó la Unión Europea, aunque la adhesión estaba supeditada a que se ratificara en el Parlamento, que lo acaba de rechazar por amplia mayoría.


El voto definitivo se produce después de que hasta cinco comisiones parlamentarias hubieran recomendado rechazar el acuerdo y de que la Comisión Europea haya recurrido al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en busca de su aval, frente a la presión social por las críticas de internautas y las 2,5 millones de firmas que llevaron una queja ante el Parlamento Europeo.


"Creemos que hubiera sido mejor que el Parlamento hubiese esperado a escuchar al TJUE antes de votar. Pero, como defensor de los Derechos Humanos, digo que no hay nada que temer, ACTA no atenta contra nuestras libertades", dijo el comisario de Comercio, Karel de Gucht, en un debate celebrado ayer martes en el que pidió el apoyo de los eurodiputados. El mismo político subrayó que el Ejecutivo comunitario "seguirá esperando" el dictamen de los jueces para aclarar las dudas que preocupan a los ciudadanos.


Por Ricardo Martínez de Rituerto Bruselas 4 JUL 2012 - 13:37 CET



Publicado enInternacional
Sábado, 21 Mayo 2011 09:57

Piratas, parches y patentes de corso

En diciembre de 2010, luego de tres años de negociaciones y 11 Rondas de discusiones, se daba a la luz, en el exclusivo Hotel Observatory de Sidney, el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (más conocido como ACTA, sigla en inglés). Terminaban así el secretismo y las especulaciones sobre un acuerdo comercial que, por fuera de la estructura de las organizaciones multilaterales, pretende sentar las bases de una política policiva y punitiva sobre lo que considera delitos contra la propiedad intelectual (DPI).

Este asunto de la propiedad intelectual no es nuevo, pues Naciones Unidas (ONU), desde julio de 1967, estableció la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en cuyo nacimiento se reconocen como antecedentes el Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, conocido como “Convenio de París”, y el Convenio para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del 9 de septiembre de 1886, llamado “Convenio de Berna”. En sus comienzos, el objetivo de la protección a la propiedad intelectual apuntaba a estimular la invención mediante la concesión de patentes que le permitían al creador usufructuar los resultados de su creación por un tiempo determinado. Es claro que desde cuando el capital sometió la ciencia al predominio sus intereses (a partir del nacimiento de la Revolución Industrial), el conocimiento asumió un fuerte sesgo instrumental, quedando marginadas motivaciones como la simple curiosidad, el placer o la búsqueda de la armonía entre los seres y su entorno.



Los conflictos alrededor de las invenciones surgieron desde el momento mismo en que las materializaciones del conocimiento, preferentemente, se plasmaron en objetos destinados a las ventas masivas. El caso del teléfono es quizás el ejemplo clásico de que propiedad intelectual y justicia no tienen por qué correr juntos, pues, como se pudo probar posteriormente, Alexander Graham Bell, a quien se le concedió la patente, había despojado del reconocimiento a Antonio Meucci, cuya memoria tan solo vino a ser rehabilitada en junio de 2002, a través de una decisión del Congreso de Estados Unidos que reconocía el error. Pero eso no es lo más importante si se tiene en cuenta que la ‘proletarización’ de los científicos ha llevado a que las grandes corporaciones terminen apropiándose del producto de la creación de sus equipos de ingenieros e inventores. Y es acá donde encontramos la primera pista de la reciente ofensiva de la supuesta defensa de los derechos de autor, que en realidad se debe interpretar como la defensa de las corporaciones que explotan a los creadores.

Mistificaciones en el proceso de ‘tercerización de la economía’

El peso creciente de los servicios en las contabilidades nacionales lleva a considerar como un proceso ‘evolutivo’ que las sociedades pasen de agrícolas a industriales, y de ahí a tercerizadas, es decir, a economías dominadas por el sector servicios (transporte, comercio, educación, telecomunicaciones, etcétera). En efecto, si miramos las estadísticas de empleo, por ejemplo, encontramos que en el mundo la población ocupada en ese sector ya es dominante (43 por ciento, seguida de la agricultura con un 35 y por último la industria con 22), y que en los países del centro capitalista la distancia es mayor (72,8 por ciento en servicios, contra 23,4 y 3,7 en industria y agricultura, respectivamente), dando lugar al mito de que mientras más peso tenga el tercer sector de la economía ésta es más desarrollada. Sin embargo, esas conclusiones pueden ser engañosas si consideramos que un país turístico, que además sea paraíso fiscal, tendría tanto en el PIB como en el empleo la predominancia del sector de servicios sin que eso significara gran desarrollo técnico o humano.

Esto lleva a la discusión sobre la distinción que algunos hacen entre servicios tradicionales y servicios de punta o tecnológicos, siendo los más importantes, entre los primeros, el transporte y el comercio, y, típico ejemplo de los segundos, las telecomunicaciones computarizadas. Pero lo fundamental en cualquiera de los casos se deriva de que los servicios están atados a los procesos de circulación de la riqueza o al mantenimiento de los factores de la producción (la salud y la educación, como fenómenos masivos e incluso industrializados, tienen como objetivo central conservar en cierto estado la fuerza de trabajo), donde la comunicación y, por tanto, la circulación de la información adquieren un papel mucho más relevante.

Y es precisamente ahí donde el problema de los servicios y la propiedad intelectual adquiere nuevas connotaciones. Pues, mientras la transmisión de la información estaba atada a la circulación de un bien físico que la contenía (las noticias, a una hoja de papel periódico; las ideas, a un libro, etcétera), el problema era menor, no así cuando la emisión-recepción de información requiere ciertos bienes que, a diferencia de la situación anterior, no circulan con ésta, tales los casos de la radiodifusión y la televisión, cuyos aparatos de recepción (radios y televisores) se abren y se cierran indefinidamente, fijos, en poder del receptor, permitiendo siempre la captura de nuevas señales. Esto dio lugar a una situación que raramente se menciona: en estos casos, son los oferentes y no los demandantes de información (como en el caso de los libros) quienes pagan por ésta. Y es precisamente esa situación lo que se quiere revertir con nuevas modalidades como la televisión por suscripción, en la cual el demandante asume nuevamente el pago por la recepción de la señal.

En el caso de la música, citando otro ejemplo, mientras no se codificó en pentagramas, su reproducción no se independizó de la presencia de ciertos individuos actuantes; cuando pudo ser grabada, las ejecuciones particulares podían ser reproducidas sin la necesaria presencia de los ejecutantes, pero su disfrute dependía de la posesión de un objeto particular, como fueron, en el caso más difundido, los discos de acetato (la circulación de la música depende allí también, igual que en los CD, de la circulación del objeto). Hoy, cuando la codificación digital permite conservar, reproducir y enviar los sonidos a distancia y sin detrimento de la calidad, el sentido de la propiedad del sonido se desdibuja, pues éste se independiza de un circulante objeto particular que lo contiene (la diferencia entre acetato y CD es que estos últimos pueden ser reproducidos por el usuario y los primeros no).

Hablar de “robo” de señales de televisión suena por lo menos extraño, en la medida que tomarla no implica desposeer a nadie. El sentido de la desposesión surge aquí de la suposición de la existencia de un derecho positivo (derecho a recibir un dinero), precisamente el tipo de derechos a los que son tan alérgicos los neoliberales, y no de un derecho negativo (derecho a no ser desposeído), pues nada se les quita, que es el tipo de derecho al que se suscriben entusiastas. Pero ese supuesto derecho a recibir un dinero no está basado en certeza alguna, pues nadie puede garantizar que, al precio del sector formal, ese consumidor iba a demandar el bien. La señal, además, no se enajena, pues, en un sentido estricto, quien la baja de manera informal no excluye a nadie de la posibilidad de obtenerla.

En este punto, las cosas adquieren mayor transparencia. La fiebre por la antipiratería surge de que la naturaleza misma de la reproducción de ciertos bienes y servicios a través de la codificación digital no sólo hace indistinguible la copia respecto del original sino que además permite su reproducción indefinida. ¿Por qué entonces el ACTA asume como eje central de su lucha la enseña de la antifalsificación? ¿Qué es lo falso en los llamados CD piratas? ¿Por qué “piratas”? Falsedad significa inexactitud o contrariar la verdad o la realidad, y, si es intencionada, engaño. Pero, en los casos de reproducción digital, el consumidor no es engañado ni perjudicado, tampoco pirateado porque nada se le saquea. Otra cosa muy distinta es cuando se altera el producto (como se hace en algunos casos con medicamentos o licores espirituosos).

¿Y el productor? Tampoco es despojado de su producto, pues éste sigue en sus dominios. La supuesta enajenación, como ya lo señalamos, de un ingreso potencial que nadie puede dar por cierto no pasa de ser hipotética, ya que, si nadie puede garantizar que al precio oficial la demanda de esa mercancía hubiese aumentado en un monto igual al de la producción y venta informal, siendo más posible y creíble que las llamadas “ventas piratas” sean en realidad mercados adicionales y no competitivos con los que hoy se consideran formales (independientes de éstos), la consumación de un delito queda en el campo de la mera imaginación.

Y ahí aparece, como en el sombrero de un mago, el argumento de los derechos de autor: según los defensores de la antipiratería, los grandes perjudicados son los creadores de arte, ciencia o tecnología, pero acá tampoco cuadran las cuentas. Ilustremos eso con un pequeño ejemplo numérico: Si un CD de música, video o software se vende en la calle a 2.500 pesos (1,40 dólares aproximadamente), y en el mercado formal, otro, con ese mismo contenido, vale 36.000 pesos (más o menos 20 dólares), el argumento es que la diferencia (33.500 pesos que equivalen a 18,6 dólares) corresponde a los derechos autor y la promoción. Pero si el vendedor del contenido informal no está cobrando esa parte, no se la está apropiando y por tanto no se la quita a nadie, pues si, como es seguramente el caso, los dos mil quinientos pesos (1,40 dólares) representan el costo de los insumos y la fuerza de trabajo empleados por él para producir y hacer circular esa mercancía, es obvio que no se está apropiando ingresos diferentes de aquellos a los que tiene derecho. ¿Robamos, entonces, nosotros, los consumidores? Tampoco, pues, como ya lo hemos dicho, de no existir el mercado informal no consumiéramos esa mercancía, y por tanto no estaremos privando de un mayor ingreso al autor.

La piratería es, en sentido estricto, el asalto y toma de las naves marinas, y, por extensión, se aplica a las demás. En el caso de reproducción informal de información (contenido codificado de cualquier tipo), tendríamos que buscar el símil en el hecho de que la toma se hace en el proceso de circulación de la mercancía, pero, a diferencia de los bienes físicos, la información codificada, insistimos, cuando se toma no excluye de la posesión al otro; no lo margina de su disfrute. Es más, es posible enriquecer el contenido, como en el caso de la circulación de los programas de computador, que se retroalimentan de las observaciones de los usuarios, a quienes paradójicamente se les ‘paga’, cobrándoles después más cara la versión mejorada por la acción de ellos mismos. Los famosos “parches” (actualizaciones del archivo ejecutable o del código fuente) en los programas de computación son un claro ejemplo de esto, pues muchas de las mejoras son inducidas por los usuario sin que la “propiedad intelectual” de éstos sea objeto de reclamaciones en los salones del poder.

Como en las etapas de la piratería real el problema parece más legal que legítimo, recordemos que las patentes de corso eran autorizaciones que legalizaban la piratería de algunos (los famosos corsarios) si sus acciones se dirigían contra el enemigo, y en la actualidad los enemigos destinados a ser desplumados son los países ajenos a la órbita anglosajona y en general las clases subordinadas.

Intereses mezquinos, argumentos falaces

Si observamos las estadísticas del comercio mundial de servicios, quizá se nos hagan todavía más evidentes algunas cosas. En la actualidad, las exportaciones mundiales de servicios representan el 26 por ciento de las exportaciones de mercancías físicas, mientras esa misma medición es de 44,9 y 66,2 por ciento para los Estados Unidos y Gran Bretaña, respectivamente. Les siguen en importancia Francia, Japón y Alemania (29,5; 21,7, y 20,2 por ciento, en ese orden), y muy atrás China, con 10,7 por ciento. Eso debe explicar en alguna medida que los países firmantes de ACTA sean los Estados más poderosos del mundo anglosajón (de un lado Estados Unidos, reforzado con sus dos prolongaciones, Canadá y México, y del otro, Gran Bretaña con Australia y Nueva Zelandia), algunos de los más industrializados de Asia y también más dependientes de Estados Unidos (Singapur, Japón y Corea del Sur), la Unión Europea como un todo y una marioneta invitada para dar apariencia de heterogeneidad (Marruecos).

De las exportaciones de servicios financieros, la Unión Europa (considerados los 27 países que la componen) cubre el 65 por ciento, mientras a Estados Unidos le corresponde el 24 (el resto de los países del mundo suman tan sólo 11 por ciento). De los servicios de informática e información, la Unión Europea exporta el 55,6 por ciento y Estados Unidos el 7. En cuanto a los cobros y los pagos por regalías, los Estados Unidos se embolsan el 43,6 por ciento, y la Unión Europea el 32,5. Los ganadores con la constitución de ACTA quedan nítidamente definidos, y es evidente que lo que se busca es sustituir las discusiones que en la OMPI se han adelantado en relación con los “Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio” (ADPICs), quizá previendo el fracaso definitivo de la Ronda de Doha, y adelantándose en la construcción de una herramienta de presión contra los países emergentes –fundamentalmente el BRIC (Brasil, Rusia, India y China– que permita crear fuertes barreras a la circulación de la información, buscando provocar un estrangulamiento tecnológico. No es gratuito que Brasil haya llamado ilegal al ACTA, e India haya invitado a su sabotaje.

No debemos olvidar, de otro lado, que los servicios son aún menos neutros que las mercancías físicas y que el manejo de la información es fundamental en el control político. Las ‘puertas’ traseras del software licenciado, que se dejan intencionalmente abiertas para penetrar los ordenadores y extraer la información de los usuarios; el almacenaje que los proveedores de acceso a internet hacen del historial de navegación de sus usuarios; la grabación que ciertos teléfonos ‘inteligentes’, como el iphone, hacen de las localizaciones de sus clientes; la inteligencia de señales (SIGINT), que tiene su máxima expresión en Echelon, la mayor red de interceptación y análisis de comunicaciones electrónicas del planeta, controlada por los países, ¡vaya coincidencia!, del mundo anglosajón (Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda), son expresión de un mundo en vía de ser contralado y vigilado por unos pocos.

Las famosas leyes Hadopi en Francia, Sinde en España o la más modesta, pero no menos peligrosa, “Ley Lleras” en Colombia, son las prolongaciones de ACTA, que se propone, entre otras cosas, a través del concepto de gestión del riesgo en las fronteras, transnacionalizar la incautación de mercancías y debilitar el concepto de soberanía. En ese sentido, ACTA y R2P (Responsabilidad de Proteger), la “novísima” norma de la ONU que con el argumento de la Seguridad Humana, han abierto las puertas para la intervención a discreción en los países pobres y representan una ruptura severa con el intento de construir un orden internacional que debía responder a una estructura de derechos entre iguales. El ACTA desde afuera y R2P desde adentro son los primeros bombazos a Naciones Unidas. El asesinato real o escénico de Osama Ben Laden; la aceptación de la búsqueda de la eliminación física de Muamar el Gadafi, líder libio, como “objetivo legítimo”, y la elevación de la “piratería” a delito de primer nivel, son asuntos que tienen una misma raíz: la necesidad del capitalismo de entrar en una fase de control panóptico y violento.

Las respuestas han sido sentidas e imaginativas, si bien aún insuficientes. La creación de partidos piratas, del cual el Partido Pirata Sueco, fundado en 2006, es el inspirador; las redes en nodos P2P (redes entre pares o iguales que comparten información en cualquier formato entre los ordenadores conectados) o Anonymous (grupos espontáneos de internautas que se coordinan para actos de protesta en la red) son, entre muchos otros nombres, la esperanza de la resistencia.

El problema no se reduce a la gobernanza de internet, como se nos quiere hacer creer. El problema es el de la privatización absoluta de todas las manifestaciones vitales y su conversión en mercancía. Se debe recordar que en Estados Unidos está permitido patentar plantas y animales, y que la Myriad Genetics, de ese país, tiene patentados los genes BRCA 1 Y BRCA 2, que parecen predisponer al cáncer de mama (patentarlos les permite cobrar por las pruebas de su presencia). En Colombia, la firma del TLC nos obligará a someternos a las condiciones leoninas de ACTA, por lo cual, más allá del control de la Red, nuestra biodiversidad se encuentra en juego y en peligro de ser patentada en el extranjero. Los análisis al respecto, sin embargo, brillan por su ausencia, y esa es una tarea que les corresponde, más que a cualquiera, a los movimientos alternativos.

El Espacio Electromagnético, el Ciberespacio, las Órbitas Geoestacionarias y los Genomas se han convertido en los mares del siglo XXI, donde ya comienzan a librarse las luchas contra la verdadera piratería, la que los Estados del centro han emprendido contra nuestra privacidad, nuestro cuerpo, nuestras ideas y nuestro derecho a comunicarnos con los otros. Pero el éxito depende de que logremos universalizar la fraternidad, y eso pasa por entender claramente lo que está pasando.
Publicado enEdición 169
Los ‘osos’ presidenciales

La semana del 1 al 7 de marzo, el presidente Santos nos regaló dos superosos. El primero, de repercusión nacional; el segundo, para tapar al primero, de repercusión internacional. Ello nos lleva a reflexionar: o Santos tiene muy malos consejeros en comunicación o los paga para nada, decide no escucharlos, hace lo que le da la gana y termina haciendo el superoso.

Resumen de los osos. A raíz del secuestro en el Vichada de 23 trabajadores petroleros que reaparecieron libres, Santos declaró el 8 de marzo: “Comandantes, los felicito por el rescate. Sigan con la política de seguridad democrática, con toda la contundencia, hasta que este país esté libre de secuestros”.

Poco después, la prensa publica detalles del supuesto rescate. Roger Bertel, trabajador de la contratista canadiense Talisman, afirmó que durante su regreso a las instalaciones de la petrolera no vieron presencia militar ni escucharon helicópteros del Ejército. “Nosotros llegamos al campamento otra vez, nosotros solos, solos, sin nadie que fuera a buscarnos y sin que nadie nos rescatara, solamente que ellos nos mandaron”.

“¡Carajo, canadiense bocón!”, debió pensar Santos, echando cabeza por salirse de este primer oso. Y ahí funcionó la materia gris de sus asesores en comunicación, o se le prendió el bombillo al Presidente, quien sacó de la manga una cortina de humo y un chivo expiatorio: las multinacionales: “Empresa extranjera que pague un solo peso por una extorsión se va del país”. Segundo oso, esta vez con alcance internacional, que fue reproducido por la prensa española, francesa, inglesa, alemana, etcétera. ¡Y después Colombia se queja de su mala imagen en el exterior!

Cabe ahora esta pregunta: ¿Cuál es la meta oculta del presidente Santos? ¿Volver a una economía proteccionista en un mundo globalizado y ultraliberal? ¿Violar los tratados internacionales y terminar como objeto de sanción por parte de la Organización Mundial de Comercio? ¿Desistir de la entrada de Colombia a la OCDE? ¿O remar a contracorriente de las seculares y actuales tendencias criminales y mundiales, botando de Colombia a las transnacionales?

Con toda humildad, antes que el Presidente tenga que abrir un zoológico para atender todos sus osos, vamos a informarle, a asesorarle –graciosamente–, sobre la situación mundial de hoy día respeto a la “piratería moderna”.

Piratería moderna vs. empresas

Desde cuando hay empresas y bancos, hay piratería. Prolifera el número de organizaciones criminales que tienen medios y capacidad para ‘atracar’ a las empresas con secuestro, extorsión, pago de ‘impuestos’, etcétera, en países como Colombia, Somalia, Nigeria, Paquistán, Japón… Hoy, con la globalización y la liberalización económica, las empresas se instalan cada vez más en zonas de crisis, conflictos, guerras, donde encuentran organizaciones militares criminalizadas, organizaciones terroristas y mafias urbanas.

Este fenómeno no se publicita, dado que las empresas carecen de interés en divulgarlo. La primera forma, las más simple y fácil, de atacar/atracar a una empresa es con el secuestro de sus empleados. La primera exigencia de un secuestrador o extorsionista es el silencio, durante el delito y después del mismo. La familia, la empresa, no deben pronunciarse so pena de represalias. Los más secuestrados en el mundo son los chinos, seguidos de los franceses. En aquellos países hay leyes que obligan a comunicarles este delito a las autoridades. Pero las empresas prefieren pagar el rescate (cubierto en parte o integralmente con pólizas especiales) que tomar el riesgo de que su empleado sea asesinado, con las consecuentes dificultades para reclutar y expatriar nuevos empleados, como dice el dueño de una empresa internacional de gestión de riesgo. Ahí se trata de “cazar personas”. Pero también de “cazar tesoros”. Por ello, infiltran a la empresa en funciones claves.
En la zona minera de la India hay atentados diarios que no se conocen. Este país es el tercer productor mundial de carbón. En la región de Nápoles, la Camorra les exige a las empresas el pizzo (pago por protección), unos 100.000 euros al mes. La empresa no puede justificar legalmente este gasto, de modo que lo ‘infla’: la fiscalidad, la nómina (ejemplo, paga la suma a una empresa de vigilancia que pertenece a este mafia), las compras. Este método es muy común también en los Balcanes, Albania y Japón, donde los yakuzas son expertos.

En el mundo, los yakuzas hacen contratar por las empresas a empleados ficticios muy bien remunerados, venden materiales sobrefacturados, necesarios o no, o montan sociedades de crédito legales para extorsionar a los bancos mediante préstamos gigantescos que pueden llegar a 600 mil millones de dólares, método menos riesgoso que el de atacar un camión de transporte de valores con Kalashnikov, porque se realiza esfero en mano para firmar el préstamo, y en la punta del esfero el terror inspirado por las tríadas.

En Nigeria se practica el bunkering, estimado por las compañías petroleras entre el 5 y el 10 por ciento de la producción. Nigeria produce diariamente 260.000 barriles y es el sexto exportador de la OPEP. Los métodos son ya conocidos en Colombia: se abre un hueco a la brava en un oleoducto o se pone una válvula clandestina que se abre según las necesidades. Los autores son en general las guerrillas de esta región africana. El robo de petróleo se estima entre 3 y 5 mil millones de dólares al año.

Pero los ataques contra las empresas extranjeras pueden ser muy violentas, como en 2002, cuando se atentó contra un bus en el cual viajaban 11 empleados franceses de la Dirección de Construcciones Navales (DCN), que murieron en el acto. El atentado de origen islámico buscaba castigar a Francia por su aporte tecnológico y por sostener al gobierno paquistaní, que luchaba contra Al Qaeda, y para las multinacionales significó extremar la seguridad de sus empleados, más por “principios de precaución” que humanistas, dado que después los familiares de las víctimas y los sindicatos demandaron a la empresa estatal.

La piratería moderna tiene un impacto macroeconómico. Las multinacionales suspenden sus actividades o las desplazan a otros países. En Nigeria, por los atentados, los secuestros y el robo de hidrocarburos, se calcula que la producción de petróleo se redujo en un 50 por ciento, con impacto sobre el precio del barril. En el caso de Somalia, en el golfo de Adén, por donde pasa el 7 por ciento del petróleo producido en el mundo, los piratas navales actúan a sus anchas. Otro impacto es el del lavado de activos, estimado entre 800 mil y 2.000 mil millones de dólares, entre un 2 y un 5 por ciento del PIB mundial, proveniente sobre todo del tráfico de estupefacientes, armas y personas.

¿Por qué los Estados no han podido acabar con tales organizaciones y sus métodos? En Italia, por ejemplo, porque el monto consolidado de las mafias en la economía es de unos 120.000 millones de euros, un 7 por ciento del PIB del país. ¿Qué política puede tener hoy el proyecto razonable de cortar con el 7 por ciento de su PIB sin tomar un riesgo político mayor, incluido el de carácter electoral? Esta pregunta vale para muchos países –incluyendo Colombia–, cuya economía está ligada a estos capitales sucios.

Y el presidente Santos cree que aquí, en el país de las tres cordilleras, será botando a las empresas extranjeras como se arreglen los problemas de piratería moderna, secuestros, extorsiones, lavado, corrupción, etcétera. Si así fuera, debe postularse a un nuevo Premio Nobel. ¿Cuál? ¿El del Oso?


Publicado enEdición 167
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