Donald Trump durante una visita en Phoenix este martes. Shealah Craighead / Casa Blanca

EEUU planea reabrir el país a pesar de haberse convertido en el foco internacional de la pandemia con el 27,8% de las muertes en todo el mundo y el 42% de todos los casos activos registrados

 

Estados Unidos se ha convertido en el foco internacional de la pandemia de coronavirus y su papel como corazón del sistema económico mundial y gran arquitecto del sistema internacional determinará el porvenir del resto del mundo. Con 73.566 muertos, el país norteamericano acumula el 27,8% de todas las víctimas mortales registradas en el mundo por la COVID-19, según datos de la universidad John Hopkins. Además tiene actualmente el 42% de todos los casos activos registrados en el planeta.

A pesar de las recomendaciones de sus expertos sanitarios, el presidente Donald Trump está presionando por la reapertura porque "este país no se levantó para estar cerrado". "No podemos mantener nuestro país cerrado, tenemos que abrirlo. La gente no lo va a aceptar y no debería hacerlo. Tenemos un gran país, no lo podemos mantener cerrado", insistió el miércoles el presidente.

En el pasado, el desastre económico ha saltado rápidamente de la principal potencia económica mundial al resto del mundo. Pasó en la Gran Depresión de 1929, pasó en la Gran Recesión de 2008 y los expertos temen que pase en el Gran Cierre de 2020. "Es muy probable que este año la economía global sufra su peor recesión desde la Gran Depresión, superando la vivida hace una década durante la crisis financiera global", señala el último informe de perspectivas de la economía mundial elaborado por el FMI. Según los datos del organismo, la evolución de la producción mundial en 2020 será de un -3% (en la crisis de 2008 fue de -0,1%). En el caso de EEUU, el PIB pasará de un crecimiento de 2,3% en 2019 a uno de -5,9% este año.

"Se proyecta que el llamado Gran Cierre hunda dramáticamente el crecimiento global. Una recuperación parcial está prevista para 2021, pero el nivel de PIB seguirá por debajo de la tendencia anterior al virus, con una incertidumbre considerable sobre la fortaleza de dicha recuperación", sostiene el FMI. "Resultados de crecimiento mucho peores son posibles e incluso probables. Esto ocurriría si la pandemia y las medidas de contención duran más tiempo, si las economías emergentes se ven más gravemente afectadas, si persisten unas condiciones financieras ajustadas o si se producen efectos de 'cicatrización' debido a los cierres firmes y un desempleo prolongado", añade.

Juan de Lucio, profesor de Economía Mundial en la Universidad de Alcalá de Henares, señala: "El peso de Estados Unidos en el mundo es aproximadamente un 15% y viene experimentando una tendencia decreciente principalmente por el impulso de los países asiáticos. Esta tendencia continuará en 2020 y probablemente se agravará". "EEUU es una pieza fundamental en la maquinaria económica mundial y sin vuelta a normalidad en esta economía será difícil la recuperación de la actividad a nivel global. Los lazos y efectos directos y indirectos de EEUU sobre otras economías son muy potentes", añade.

Gita Gopinath, directora del departamento de investigación del FMI, afirma en el blog de la institución: "La magnitud y velocidad del colapso de la actividad es algo sin precedentes en nuestra vida. Es una crisis como ninguna otra y hay bastantes incertidumbres sobre su impacto. Mucho depende de la epidemiología del virus, la efectividad de las medidas de contención y el desarrollo de vacunas y tratamientos, los cuales son todos de difícil predicción". "Hay dudas considerables sobre cómo será el escenario económico cuando salgamos de este cierre", añade.

 

La polémica reapertura de EEUU

 

"Estados Unidos lleva algunas semanas de retraso en la incidencia de la pandemia con relación a Europa. En este sentido cabe esperar un agravamiento de la situación", explica De Lucio. Sin embargo, tras varias semanas de cierre total o parcial, 30 estados de EEUU han empezado ya o van a empezar pronto a reabrir la actividad económica. De ellos, la gran mayoría (21) no cumple las directrices generales y lo hace con más nuevos casos o con un porcentaje más elevado de tests positivos que hace dos semanas, según recoge The New York Times.

Por otro lado, la agencia AP ha publicado este jueves que el Gobierno de Trump ha guardado en el cajón una guía detallada para reabrir el país elaborada por al principal agencia de control de enfermedades (CDC). El diario Politico publicó este miércoles conversaciones entre la agencia de emergencias (FEMA) y de sanidad (HHS) en la que los expertos alertaban del peligro de reabrir la actividad económica, advirtiendo de un aumento de muertes y de escasez de respiradores.

Caitlin Rivers, experta del John Hopkins center for Health Security declaró este miércoles en un comité de la Cámara de Representantes que ningún estado había cumplido todos los criterios establecidos por la Casa Blanca como recomendaciones para reabrir sus respectivas economías. "Hasta donde yo sé, no hay estados que cumplan los cuatro criterios", afirmó. Estos criterios son: descenso en el número de casos en las últimas dos semanas, capacidad para diagnosticar a todos los que presenten síntomas, capacidad de trazar y contactar con los nuevos casos y capacidad del sistema sanitario para tratar a todos los pacientes infectados. "Sugerimos que se deberían cumplir los cuatro requisitos", afirmó.

"Las tensiones sociales serán más evidentes en Estados Unidos que en otros países por las diferencias en gestión entre Estados, la menor cobertura de sus prestaciones sociales y la intensidad y rapidez de la desaceleración. Existen dudas todavía sobre la capacidad de control rápido de la crisis sanitaria en algunas zonas de EEUU", sostiene De Lucio.

"La economía de EEUU es mucho más flexible que la europea y por eso su incidencia en variables como el desempleo y la distribución de la renta puede ser superior. En términos desestacionalizados son 33,5 millones de trabajadores los que han pedido el subsidio de desempleo. Aproximadamente uno de cada cinco trabajadores. La tasa de desempleo estaba por debajo del 4% y al final de la crisis se habrá multiplicado por cuatro o cinco", añade.

Por Javier Biosca Azcoiti  

07/05/2020 - 22:33h

Publicado enEconomía
Viernes, 08 Mayo 2020 06:44

La idiotez de la vida urbana

La idiotez de la vida urbana

Un amigo mexicano, hace ya más de una década me preguntó: ¿Qué situación se crearía si en la Ciudad de México hubiera un colapso hídrico? Nunca había imaginado tal posibilidad, por lo que me quedé sin palabras. Sin duda, a los pocos días, la situación se volvería caótica, habría violencia por el agua y mucha gente intentaría abandonar la mega ciudad, convertida en una trampa de la cual no sería fácil escapar.

Desde hace un mes se está produciendo un hecho insólito en Lima, y en menor escala en varias ciudades de provincia en Perú. Miles de personas abandonan la capital, cuya área metropolitana supera los 10 millones de habitantes (9.5 millones según datos oficiales de 2017). Pero el problema de Lima no es sólo la enorme concentración de población. Hay, por lo menos, dos temas adicionales.

El primero, es que creció de forma exponencial, como buena parte de las urbes de América Latina. En 1957 Lima tenía 1.2 millones de habitantes. En 1981 eran casi 6 millones. En 2004 llegaban a 8.5 millones, siendo 60 por ciento migrantes andinos que habían construido tres enormes conos (norte, este y sur), incluyendo los servicios, las viviendas y buena parte de los espacios colectivos.

El segundo, es la enorme vulnerabilidad de los sectores populares. El 70 por ciento trabaja en lo que el Estado llama informalidad: comercio ambulante en mercados y en las calles, elaboración y venta de alimentos, manufacturas del más diverso tipo, desde ropa hasta videos, además de varias actividades ilegales. Por último, Lima vive sobre un desierto que no tiene agua, árido y despoblado, helado y calcinante según temporadas.

La avalancha de migrantes fue descrita por el antropólogo José Matos Mar como desborde popular, en la década de los 80. ¿Cómo habría que nombrar ahora la migración inversa, el abandono masivo de la gigantesca y opresiva ciudad?

Los datos son muy elocuentes. Ante la salida incluso a pie de familias enteras, que en la larga caminata duermen donde pueden, corriendo enormes riesgos (ya hubo ahogados cruzando ríos y asesinados para robarles), el Estado abrió un registro para trasladarlos. El 25 de abril había 167 mil personas que querían retornar a sus pueblos o ciudades. Menos de 5 mil fueron transportados por el Estado (https://bit.ly/2xGrBBi).

Evidentemente son muchísimos más los que ya han salido y los que desean hacerlo. Huyen del hambre, de la soledad, de la insolidaridad. Familias enteras con sus hijos e hijas, buscan llegar a sus pueblos donde los esperan parientes que cultivan sus chacras y pueden abrazarlas con alimentos.

El historiador Fernand Braudel decía que el momento del naufragio es el más significativo, porque hace visibles los puntos de ruptura, las fallas en la construcción y los diseños defectuosos. En nuestras sociedades, esos defectos estructurales son el individualismo, el consumismo y todas las actitudes que entre los sectores populares son funcionales al capitalismo.

De poco sirve echar las culpas al sistema (capital o Estado) de nuestros males si, a la vez, no proponemos y transitamos caminos para superarlos. No tengo la menor duda que el sistema capitalista, el mismo que funciona en Estados Unidos, Europa o China, tiene una enorme responsabilidad en la pandemia y, de modo muy particular, en la enorme mortandad que provoca entre los más pobres.

Datos revelados por el diario O Globo el pasado primero de mayo sobre Río de Janeiro, no dejan lugar a dudas. Mientras en Leblon la tasa de letalidad de los infectados es de 2.4 por ciento, en el complejo de favelas Maré llega a 30.8 por ciento. Información que nos dice que la letalidad entre los pobres es 13 veces mayor que entre los ricos.

No creo en los analistas que dicen que la pandemia nos coloca a las puertas del comunismo, o que ahora la humanidad tiene la posibilidad de cambiar el rumbo. No veo el menor síntoma de que algo así esté en camino y, por el contrario, observamos cómo los poderosos intensifican sus planes genocidas: desde la masificación del teletrabajo y el control digital hasta megaobras como el Tren Maya, entre muchas otras.

La frase de Marx alterada, que titula este artículo (mencionó la estupidez de la vida rural, en el Manifiesto del Partido Comunista), no debería ser tomada al pie de la letra, sino valorarla como un legado del tiempo que le tocó vivir. Marx consideraba a la burguesía como revolucionaria y confiaba plenamente en el desarrollo de las fuerzas productivas y los avances tecnocientíficos como garantía del progreso de la humanidad.

No estamos obligados a insistir en ese modo de razonar. Siglo y medio atrás no existían ni el feminismo ni el anticolonialismo, que se desplegaron plenamente en el siglo XX y que deberían haber cambiado nuestra forma de ver el mundo con la emergencia de sujetos colectivos como los pueblos originarios y las mujeres de los sectores populares.

Nuestra fidelidad debería ser con los pueblos, que van por delante de cualquier teoría, como nos enseñan ahora las migrantes que abandonan Lima.

Publicado enInternacional
Crónicas del temor, y de la esperanza (1)

Bogotá. Marzo 19, a dos horas de iniciar el simulacro.

Las luces ya no son las mismas, su intensidad ahora es tenue. Parece irreal pero a pesar del calendario asegurarnos que es jueves, día laboral, la intensidad de la ciudad se apaga. Los carros, a pesar de no dejar de rodar, notoriamente son muchos menos, y en los buses parece transportarse un fantasma. Las tiendas y almacenes, unos sí otros no, han cerrado sus cortinas y dejado de atender. En otras, con puertas entreabiertas, la gente hace fila para poder ingresar.

El ambiente de los días previos ya lo anunciaba. No del día anterior, ni del anterior, sino los de una semana atrás, durante los cuales, día tras día las calles se iban vaciando de gente, y la sensación de irrealidad lo iba cubriendo todo. En los medios de comunicación minuto a minuto anuncian el avance sin cesar de lo que habrá de llegar. Tal vez por ello, advertida, la gente se carga de resignación. Los que han dejado de salir, refugiados en sus casas –como a la espera de un bombardeo–, en su respuesta no ocultan el temor a la calle, acción con la creen evadir el blanco ante el invisible enemigo.

También el rostro de la gente ha mutado. De aquellos despejados, cubiertos solamente por las señales de afán y angustia, hemos llegado a las caras que parecen indicar que vivimos en medio de una enfermedad mal oliente, una de la cual nadie quiere respirar lo insano y lo sano. Son rostros sin personalidad, a pesar de sus cuerpos buscar realzar su identidad con tatuajes, ahora esa fortaleza ya no importa, dando paso a la uniformidad de la tela que cubre narices y bocas.

Son caras en las que se refleja la desorientación. No por desconocer a dónde van sino por no saber que llegará, a pesar de lo cual ahora lo más notorio son pasos cortos, lentos, como señalando la imposibilidad de huir.

El ruido de la urbe también ha menguado, como el peso del aire cargado de monóxido de carbono que ahora no está saturado de Acpm sino de temor, de miedo, que es un olor que puede estar cargado de tantos aromas como personas habitan en esta parte del mundo.

Todo es distinto, la niebla no cae sobre la ciudad, pero sí la bruma del no se qué llegará. ¿Tal vez la muerte? Nunca nos dijeron que la parca tomara este cuerpo, siempre nos la dibujaron de formas las más diversas, casi siempre violenta, pero nunca con el no cuerpo que ahora toma.

La noche cae y de las discotecas, tabernas, tiendas y otros negocios de licores o similares no sale la música de siempre. El silencio parece oprimir la conciencia con una barra de temor. Los pocos carros que cruzan pueden ir tan veloces o tan lentos como deseen. Y en los centros culturales la risa cedió el espacio a una mueca de espanto. ¿Qué vendrá?

Es 20 de marzo y en pocas horas toma el mando un simulacro de vida contra la muerte. Eso se supone pues en verdad nadie puede asegurar, ciento por ciento, que la vida se imponga sobre la muerte desocupando espacios y haciendo todo lo contrario que siempre ordenó el capital: trabajar y trabajar, circular y circular, intercambiar, consumir. Ahora, de manera lenta, cada día con mayor lentitud, se impone el no hacer, el no circular, el no extender el brazo para saludar… ¿Será que así es como se apaga un sistema social y económico para alumbrar a otro, aún sin cuerpo definido?

Tal vez, nadie sabe. Lo que muchos sí creen saber es que el sistema que hoy da señales de crisis, ya no podrá continuar siendo el mismo. Aunque todos sabemos, que pese a las señales de su mala salud aún no se ha formado el sepulturero que logre cubrirlo con sus paladas de futuro.

Más allá, en la conciencia de cada cual, sin haber tejido los indispensables lazos de fraternidad, cada uno espera, que una vez pasados estos meses de pesadilla, todo vuelva a la “normalidad” para encender las luces de la ciudad.

Publicado enColombia
Sábado, 21 Marzo 2020 05:53

La ciudad y la peste

La ciudad y la peste

Bocaccio la tenía clara cuando los personajes de su Decamerón huyen de ciudades y pueblos y se aíslan en el campo. No se lavan, que en esa época no era costumbre, pero cuentan cuentos, dan un ejemplo de picaresca italiana, celebran con sus historias la vida urbana de la que acaban de escapar. El libro, como el Diario del año de la peste de Daniel Defoe, es un ejemplo de la paradoja que el contagio nos impone, que nuestra mayor creación cultural, la ciudad, nos pueda matar simplemente por vivir en una.

La situación ya es algo de cajón en cualquier película apocalíptico/viral, sea de pandemias o de zombis. La mortandad en las ciudades es enorme y los protagonistas huyen al campo, a la casa tan aislada en el lago, al pueblito de los abuelos, la chacra de un amigo. El campo tiene agua de pozo, faroles, animales para cazar, alacenas llenas y sobre todo la posibilidad de alejar al otro, aunque sea a balazos.

La ciudad, en cambio, es el otro y su seducción es la cantidad de gente con la que uno puede vivir. La masa urbana ofrece el anonimato de hacer todas las macanas posibles y empezar de nuevo pasando de Belgrano a Balvanera. Y también la comunión de la manifestación, del recital, del teatro o simplemente de las calles llenas de personas para mirar, para hablar, para sentirse rodeado. Hace años, un inmigrante muy pobre me explicó por qué era negocio venirse a Buenos Aires, bancarse la explotación y la discriminación por su cara morocha y su acento. Simple, dijo el hombre, yo vengo del campo y acá hay cines, hay donde salir, hay mujeres para conocer, hay restaurantes. Hay ciudad.

En la ciudad se vive uno arriba de otro, uno al lado de otro. Se viaja con contacto físico, se va de la mano por la calle y se sabe que siempre, sea la hora que sea, hay alguien. Esta masividad, esta compañía constante, es su gloria y su alienación, y las ciudades están hechas para esto, desde el ancho de las veredas hasta el sistema de agua corriente. Todo presupone mucha, mucha gente, parques como tapizados de humanos los domingos, estaciones de trenes que hacen fluir humanidades, autopistas sobredimensionadas para la hora pico, gente, gente y más gente.

Por eso nos conmueven las fotos de ciudades vacías, desoladas porque falta lo más importante, la gente que las ocupen. Parecen fantasmas, algo antinatural y peligroso, lugares algo grotesco donde sobra espacio, vereda, edificio, parque. Si se ve la foto de una aldea, un pueblo pequeño o una casa de campo, es hasta natural que no haya nadie. Se asume que los habitantes están en casa, ocupados con sus vidas, y no se espera necesariamente verlos afuera. Esto es lo antinatural en la imagen de la ciudad vacía, que justamente su razón de ser es llenarse, desbordarse, mezclarnos, juntarnos.

Cuando las inventamos hace milenios, inventamos prácticamente todo lo que concebimos como cultura. Con la ciudad aparecen desde la escritura hasta los impuestos, los espectáculos, la literatura, el ágora, los talleres especializados, el negocio, el restaurante. Los políticos atenienses hacen populismo en las plazas y los dictadores apalean a manifestantes. Más allá de los cambios inmensos en esos miles de años, reconocemos lo que pasa en Uruk y en Babilonia, porque una ciudad es una ciudad.

La mayoría de los humanos vivimos hoy en ciudades, sean de cristal o de cartón, vivimos vidas urbanas. Es por eso es que este coronavirus, más allá de miedo que le cause a cada uno, es tan desconcertante, porque nos ataca justamente por nuestro estilo de vida urbano. La proximidad, lo gregario, el río humano, son sus vectores, su ganancia, su estrategia. La prevención es anticiudad, es aislamiento, distancia mínima de un metro, quedarse en casa, cerrar todo lugar de encuentro, cancelar la vida cultural.

Publicado enCultura
Un grupo de los 815 desplazados en Ituango, Antioquia. CORTESÍA CCEEU

El éxodo evidencia la crítica situación humanitaria de Ituango, en el noroccidente del país, de la que el Gobierno estaba informado

Lo advirtieron en 2018, 2019 y más recientemente el 24 de enero de este año: por la disputa entre diferentes grupos armados ilegales, en Ituango, un municipio ubicado en el noroccidente de Colombia, “podría al recrudecerse la violencia en sus formas de actuación y aumentar la capacidad de intimidación contra la población civil”. La advertencia, contenida en la última Alerta Temprana que hace la Defensoría del Pueblo al Gobierno de Iván Duque, explotó este fin de semana cuando 815 campesinos temieron morir en medio de los combates armados y emprendieron la huida desde las apartadas zonas rurales hasta la plaza principal del pueblo.

En chivas, buses que son el transporte del campo en Colombia, subieron sus pocos objetos y animales y huyeron hasta el casco urbano del municipio donde pasaron la noche en un colegio y en el coliseo de la población. El secretario del Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, confirmó que el desplazamiento es de seis veredas y que el gobierno regional hará presencia para entregar “kits de aseo, albergue y alimentación” para los campesinos que no tienen suficientes frazadas ni colchonetas. “Vamos a hacer presencia en Ituango para atender esta grave problemática de desplazamiento forzado. Queremos generar las condiciones para que estas personas puedan retornar prontamente a sus parcelas”, dijo.

Pero la realidad es más compleja. De acuerdo con Óscar Zapata, vocero de la ONG Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, la presencia de disidencias de las FARC, que no se sumaron al proceso de paz, y de grupos paramilitares llamados autodefensas gaitanistas (ACG), hacen que el riesgo sea permanente. “Entre los desplazados hay niños, adultos muy mayores e incluso 13 reincorporados de las FARC que sí le apostaron a la paz. Se requiere una voluntad real para una implementación de los acuerdos de paz, una política pública para desarmar esas estructuras paramilitares. No vemos una voluntad del Gobierno por desarticular esos escenarios de guerra¨, dice Zapata desde la población.

La Defensoría del Pueblo ha confirmado el diagnóstico en sus múltiples advertencias. “Al accionar de las llamadas disidencias del Frente 36, la expansión de las AGC y el surgimiento y actuación del Frente 18 Román Ruiz - Cacique Coyará se suma el fortalecimiento militar en general de estas estructuras armadas ilegales como consecuencia de un fuerte fortalecimiento económico originado en dinámicas trasnacionales asociadas al narcotráfico internacional”, indica el documento donde advierte al Gobierno nacional y exige acciones.

En la zona hace presencia el Ejército, pero esto no ha sido suficiente para detener el avance de estos grupos armados que aprovechan la topografía de la región como corredor estratégico de droga. Para la Defensoría, las amenazas contra la población van desde desapariciones forzadas, homicidios selectivos, masacre, violencia sexual, hasta accidentes por minas y/o armas trampa y enfrentamientos con interposición de población civil.

Este no ha sido el único desplazamiento sino el más grande. En febrero pasado, 120 excombatientes de las FARC que decidieron irse del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía (Ituango), donde aún viven muchos de ellos. La decisión tuvo relación con el asesinato continuado de exguerrilleros que le han apostado a la paz. De acuerdo con el informe al Consejo de Seguridad la Misión de Verificación de la ONU, desde la firma del acuerdo, solo en Ituango han sido asesinados 12 de ellos. A través de la Consejería de Estabilización, el Gobierno ha dicho que harán un "traslado" escalonado y "con protección de la fuerza pública en coordinación con representantes de las FARC" en los próximos meses.

Los exguerrilleros también alertaron esta crisis humanitaria. “Antes de hacer dejación de armas nosotros le advertimos al Estado que si ellos no cubrían esos espacios que íbamos a dejar seguro otros actores armados se iban a posesionar y seguía el conflicto. Es lo que ocurrió”, dijo a EL PAÍS Hermes Arrieta, desmovilizado, desde Ituango.

Si hay una población que resuma el círculo vicioso del conflicto colombiano esa es Ituango. Históricamente los civiles han sido víctimas de sucesivos grupos armados y las condiciones sociales y de accesos siguen siendo precarias. En la década de los ochenta vivieron bajo el imperio de las FARC, en los noventa sufrieron la expansión de los paramilitares, que cometieron la masacre de El Aro y La Granja, una de las más recordadas en Colombia por el desplazamiento de 700 campesinos aterrorizados. Después de anos de cruentos enfrentamientos, las FARC volvieron a imponerse en el territorio hasta 2016 cuando entregaron las armas en el marco del proceso de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Ahora, sin embargo, grupos paramilitares con nuevos nombres y disidencias vuelven a poner a los civiles en el medio. Y en Ituango creen que la cifra de 815 desplazados aumentará en los próximos días.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 25 FEB 2020 - 03:59 COT

Publicado enColombia
Migrantes guatemaltecos cruzan México en caravanas camino a Estados Unidos. Imagen: AFP

La normativa de "carga pública" entra en vigor en Estados Unidos

El nuevo reglamento puede darle un vuelco al sistema de migración actual hacia uno basado en criterios como ingresos, edad o la capacitación del inmigrante.

 La posibilidad o no de convertirse en una "carga pública" como beneficiario de ayudas gubernamentales es desde este lunes un requisito que deberán sortear los inmigrantes que soliciten un visado a EE.UU. o deseen obtener su tarjeta de residencia permanente, conocida como "green card".

Después de meses de una intensa pulseada judicial y en pleno año de elecciones, la Administración del presidente Donald Trump empezará a aplicar la norma de "carga pública", que puede darle un vuelco al sistema de migración actual hacia uno basado en criterios como ingresos, edad o la capacitación del inmigrante.

La medida entró en vigor en todo el país en tanto siguen en proceso las apelaciones pendientes y después de que el viernes pasado el Tribunal Supremo levantara una exclusión que estaba vigente para Illinois. El Supremo había dejado antes sin efecto fallos judiciales en contra de esta normativa emitidos por tribunales de los estados de Nueva York, California, Washington y Maryland.

La norma no se aplicará a quienes soliciten la ciudadanía ni se será retroactiva. También excluye a refugiados, asilados, a personas con amparos migratorios como el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) o a quienes posean cierto tipo de visados que se conceden a víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otros.

INMIGRACIÓN FRENTE A CARGA PÚBLICA

Si bien la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 establece que un extranjero que solicite un visado o el ajuste de estatus migratorio "es inadmisible" en caso de que un oficial consular o un fiscal considere que puede convertirse en carga pública, los expertos advierten que la vuelta de tuerca que ha dado la Administración de Trump puede cambiar el sistema de migración del país.

A la luz de la nueva reglamentación, un inmigrante legal será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos" durante más de 12 meses en un periodo de 3 años. Pero este concepto también se tendrá en cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún tipo de asistencia.

Shelby Gonzales, directora de políticas de inmigración del Centro sobre Presupuesto y Políticas Prioritarias, indicó que esta normativa cambiará "radicalmente" el sistema de inmigración estadounidense "a uno que solo da la bienvenida a aquellos con medios suficientes". No obstante, advirtió que la norma es tan confusa y compleja que "las personas que no tienen nada que temer" tras su implementación, "se mantendrán alejadas de los programas de beneficios públicos".

TRUMP MIRA HACIA ADENTRO Y PONE TRABAS A LOS DE AFUERA

Para Aaron Reichlin-Melnick, asesor del American Immigration Council, el cambio que trae esta regulación es que el concepto de "carga pública" afectaba únicamente a quienes eran dependientes de subvenciones financieras, pero ahora abarca los planes de ayuda de alimentos, de salud y vivienda, que, en su mayoría, se otorgan a quienes ya poseen su permiso de residencia.

Este requisito por ahora afecta a los que pidan residencia permanente o busquen cambiar su estatus pero, alertó, se aplicará en un futuro a los que soliciten un visado. "La regla es casi como una prueba de riqueza", agregó el experto, quien apuntó que con esto se determinará quiénes pueden venir al país: "Las personas que ya tienen mucho dinero, que ya tienen educación, ya tienen trabajo y hablan inglés".

Reichlin-Melnick señaló que la norma puede afectar a quienes migren por razones familiares, como es el caso de cónyuges, padres o hijos. "El presidente quiere transformar nuestro sistema basado en la familia, en un sistema de mérito", sentenció.

CAPACIDAD FINANCIERA BAJO LUPA

Para determinar si una persona puede obtener la residencia permanente, extender su estadía o ser admitida en el país, se tendrán en cuenta aspectos como la edad -lo que puede excluir a menores o ancianos-, salud, estatus familiar, activos, recursos, situación financiera, educación y capacitación.

La firma Boundless explica en su web que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea imponer requisitos financieros no solo al patrocinador sino también al solicitante, al que se le puede llegar a pedir un nivel de ingreso familiar o el equivalente en activos por encima de lo establecido hasta ahora. Esta "prueba de riqueza", anticipa Reichlin-Melnick, puede resultar en la llegada de "más personas de países de Europa y menos de Centroamérica, de África y otros que tienen más pobreza".

Samantha Artiga, directora del proyecto de políticas de disparidades de la Kaiser Family Foundation, coincidió en que la mayoría de personas que buscan su residencia o emigran al país de forma regular "son parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses o tienen patrocinadores familiares". En ese sentido, consideró que la norma puede "aumentar las barreras a la reunificación familiar y conducir potencialmente a la separación de las familias".

"Si el Departamento de Seguridad Nacional -explicó- niega a un individuo una tarjeta verde y pierde el permiso para permanecer en EE.UU. debido a una determinación de carga pública, puede tener que dejar a otros miembros de la familia, como un cónyuge o hijo que sea ciudadano o que tiene estatus de residente permanente, en EE.UU." Artiga consideró probable que esta norma derive en una baja en la participación de familias inmigrantes en programas de beneficios, lo que puede afectar a niños nacidos en el país. 

Publicado enInternacional
 Un indígena guaraní fuma una pipa junto a un árbol talado por desarrolladores en Sao Paulo. Andre Penner AP

La norma propuesta debe ser aprobada por el Congreso y enfrenta el rechazo de los pueblos originarios y los ambientalistas, quienes la consideran "genocida"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció esta semana que presentará un proyecto de ley en el Parlamento que permitiría la explotación de recursos en tierras indígenas protegidas. La iniciativa —que incluye la minería, la extracción de petróleo y gas, la construcción de hidroeléctricas y la exploración de tierras para agricultura, ganadería y el extractivismo forestal— será enviada al Congreso para su tramitación, donde se enfrentará al rechazo de la comunidad indígena y de los ambientalistas, que califican la propuesta de “genocida”. La Constitución de Brasil prevé la minería en estas reservas, pero hasta el momento no se ejecuta porque prescinde de un desarrollo normativo que la regule y además debe contar con la aprobación de la población indígena. Por estas causas, no hay declarada ninguna mina oficial en las 619 áreas indígenas localizadas en el país, aunque esté probada la existencia ilegal de decenas de ellas, principalmente en la región amazónica, donde mineros que practican la actividad de forma ilícita han asesinado a indígenas de la región.

El proyecto de Bolsonaro también prevé que se permita la exploración de tierras de los pueblos originales para el turismo, la agricultura, la ganadería o el extractivismo forestal. Y sugiere que el Parlamento consulte a los indígenas sobre su propuesta, pero que se les impida ejercer su derecho a veto, una solicitud que iría en contra de la Constitución del país.

El presidente, que anunció la incitativa durante la celebración de sus 400 días en el poder, presionó al Legislativo para que apruebe su propuesta y declaró que, si pudiera, encerraría a los ambientalistas en la Amazonia. “Este gran paso depende del Parlamento, que sufrirá la presión de los ambientalistas. Esos del medio ambiente”, dijo con su habitual estilo de desprecio a los defensores de la naturaleza. “Si un día pudiera, los encierro en la Amazonia, ya que les gusta tanto el medio ambiente, así dejan de molestar a los amazónicos aquí desde dentro de las áreas urbanas”, señaló.

En su discurso alegó que los indígenas son “seres humanos”. “Exactamente iguales que nosotros. Tienen corazón, sentimientos, tienen alma, deseos, y son tan brasileños como nosotros”, añadió. La frase refuerza la idea del actual Gobierno —que evoca al pasado de la dictadura militar— de que los indígenas deben “integrarse” a la sociedad no indígena.

Según el comunicado emitido por el Ministerio de la Casa Civil, las comunidades indígenas afectadas por la industria minera percibirían indemnizaciones de las empresas que exploten las áreas y se contaría con consejos de vigilantes que estarían compuestos únicamente por indígenas. El texto prevé también que los indígenas puedan explorar las áreas en las que residen. El pasado enero, el Ministerio de Minas y Energía brasileño ya había realizado una reunión para presentar el proyecto a todos los embajadores europeos en Brasilia y dejar claro que Bolsonaro va a insistir en su objetivo.

Entidades vinculadas a las comunidades indígenas protestaron contra la medida y recordaron que Bolsonaro está obligado a respetar los derechos constitucionales de los indígenas, incluido el de mantener las particularidades de sus modos de vida. La ONG Observatorio do Clima advirtió a los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia; y del Senado, David Alcolumbre, de que rechazarían este tipo de propuestas. “Esperamos que cumplan sus palabras y no acepten este proyecto genocida. Ambos se habían comprometido a no someter a votación aquellas propuestas que amenazasen a los bosques ni a los pueblos tradicionales. Es hora de poner a prueba esa determinación”, escribió la asociación en una nota.

Desigualdad

Para estas poblaciones, la explotación económica traerá como consecuencia la desigualdad en las comunidades, la devastación forestal acelerada y la desaparición de especies nativas del planeta. El último informe de la ONU, de 2019, sobre la velocidad con la que las especies se están extinguiendo —una de cada ocho está amenazada—, subraya que esta destrucción de la naturaleza es más lenta en las tierras donde viven los pueblos indígenas.

El proyecto de exploración de áreas indígenas no es el único punto del Gobierno de Bolsonaro que preocupa a los indigenistas. Las últimas semanas, su gestión fue objeto de varias críticas por haber designado al exmisionero evangélico Ricardo Lopes Dias como nuevo coordinador de indígenas aislados. En un comunicado, el Consejo Indigenista Misionario (CIMI) afirmó que el presidente ha dejado de respetar la existencia libre de los pueblos indígenas y que fomenta el genocidio de dicha población.

Por Afonso Benites

Brasilia 6 FEB 2020 - 22:36 COT

Publicado enInternacional
Miércoles, 27 Noviembre 2019 06:30

Bill Gates, agricultor africano

Bill Gates, agricultor africano

A partir de los años 1960 la revolución verde permitió incrementar de manera importante los rendimientos (toneladas por hectárea) de ciertos cultivos clave, en especial trigo y arroz, en algunas regiones de India. Esos aumentos se debieron a un paquete tecnológico que incluía el uso de semillas de alto rendimiento, insumos agroquímicos y, por supuesto, inversiones en irrigación. El crecimiento de los rendimientos puede atribuirse casi por igual al empleo de semillas mejoradas, fertilizantes e irrigación.

Estos son los beneficios que tanto impresionaron a Bill Gates. Desgraciadamente, Gates no leyó con atención las señales que estaban en el campo en toda África. El mensaje era claro: no es que la revolución verde hubiera pasado de largo a África. Simple y sencillamente, había fracasado.

Entre 1980 y 2004 el Consejo Consultivo de Centros de Investigación Agrícola Internacional (Cgiar) invirtió 160 millones de dólares anuales en transformar y modernizar la agricultura en África. Con esas inversiones no es posible afirmar que la revolución verde simplemente había ignorado al continente africano. La realidad es mucho más compleja e interesante. Pero Bill Gates prefiere configurar otra narrativa más a su gusto.

La revolución verde vino acompañada de varios problemas graves. Sin los insumos de agroquímicos y la irrigación, los rendimientos no podían aumentar y las semillas maravilla se quedaban sin rendir sus frutos. Por ese motivo los beneficios fueron para los agricultores más privilegiados. De hecho, muchos de los campesinos más pobres perdieron sus tierras al no poder enfrentar el peso del endeudamiento para pagar los insumos. Esto condujo a una mayor concentración de la tierra. Por el lado de la huella ecológica, la revolución verde y sus insumos químicos dejaron cuerpos de agua contaminados, suelos maltratados por la falta de rotación de cultivos y una fuerte erosión genética. En India había alrededor de 30 mil variedades de arroz utilizadas en la producción antes de la revolución verde. En la actualidad, la cosecha en ese país se produce a partir de unas 10 variedades.

Con este saldo es difícil imaginar que alguien quisiera repetir la experiencia en África. Pero en 2006, la Fundación Gates lanzó su iniciativa “Alianza para la revolución verde en África” (Agra). Su objetivo: duplicar los rendimientos e ingresos de más de 30 millones de hogares rurales en el continente para 2020. En estos días se ha dado a conocer una investigación de Tim Wise (Universidad de Tufts y Small Planet Institute), en la cual se demuestra que después de 10 años de inversiones multimillonarias las metas de la iniciativa Agra están lejos de ser alcanzadas. El análisis examina información a escala nacional para los 13 países cubiertos por Agra y también evalúa datos a nivel hogar en tres de ellos: Malawi, Zambia y Mozambique. (Este importante documento está disponible en afsafrica.org).

Wise demuestra que existe poca evidencia de que Agra esté en camino de hacer realidad sus objetivos sobre rendimientos e ingresos. Cuando se encuentran señales de progresos en esos rubros eso se debe a la existencia de programas gubernamentales de subsidios para la adquisición de insumos: la difusión del paquete tecnológico de Agra no se llevaría a cabo sin esos subsidios.

Se puede pensar que buscar una solución tecnológica para cualquier problema es el sesgo natural de una persona con la formación de Bill Gates. Pero quizás hay algo más profundo. En 2010 la Fundación Gates invirtió 23 millones de dólares en la compra de 500 mil acciones de Monsanto, el gigante de las semillas transgénicas y los agroquímicos como el glifosato. Desde entonces la postura respecto de los transgénicos ha sido ambigua, pero hoy se sabe que Agra también incluye ese tipo de semillas en sus programas de difusión tecnológica.

Lo más grave de Agra es que deja de lado otro tipo de trayectorias tecnológicas que son más eficientes para el manejo de agua, suelos y recursos genéticos. Por ejemplo, técnicas de permacultura y agroecología ya son aplicadas en muchas regiones de África y han demostrado ser más eficientes y menos agresivas con el medio ambiente.

Estas técnicas conservan la agrobiodiversidad y son además intensivas en trabajo, lo que permite crear y conservar empleos en el medio rural y proporcionan una mayor soberanía en las decisiones de los agricultores sobre la mezcla de producto y las técnicas de producción.

Organizaciones como Vía Campesina y la Alianza para la Soberanía Alimentaria en África son dos ejemplos de organizaciones que buscan construir desde abajo opciones que son tecnológicamente sanas y socialmente responsables. A final de cuentas, Bill Gates prefiere buscar la solución que desea el capital: apropiarse del proceso productivo campesino y convertirlo en un espacio de rentabilidad.

Twitter: //twitter.com/@anadaloficial" target="_blank">@anadaloficial

Publicado enMedio Ambiente
El proyecto de Vaca Muerta, basado en el contaminante método del fracking, amenaza los acuíferos, territorios indígenas y parques naturales de la Patagonia argentina.

Al mismo tiempo que el rechazo popular está haciendo retroceder en terreno europeo la polémica técnica del ‘fracking’, las multinacionales del viejo continente multiplican la inversión en proyecto de fractura hidráulica en países empobrecidos.

 

Mientras el fracking lleva en espera o prohibido en gran parte de Europa, las empresas del continente parecen tener pocos remilgos en utilizar estas técnicas en América Latina. Concretamente, en el yacimiento de Vaca Muerta, en la patagonia argentina, siete empresas europeas operan en la formación de gas, según el Observatorio Petrolero Sur (Opsur). Las tres más importantes provienen de los países europeos que primero se posicionaron contra el fracking: Francia, Alemania, Holanda y Reino Unido y que hoy son algunos de los países embajadores de la causa medioambiental. Las críticas al proceso de externalización de las sociedades occidentales parece hacerse más eco en la ONU, que después de 15 años de discusiones, podría aprobar este año un Tratado vinculante de regulación de las trasnacionales.

¿EL ‘FRACKING’ EN EUROPA ES COSA DEL PASADO?

La técnica extractiva de hidrocarburos no convencionales con agua, químicos y arenas lleva paralizada, adormecida o prohibida por algo menos de diez años en casi todos los países europeos.

Gracias a las advertencias de diferentes activismos, investigadores y organismos medioambientales el fracking es una técnica muy poco utilizada en suelo europeo. Lo que no está tan claro es si la regulación europea está interesada en prohibir esta técnica en otros suelos como, por ejemplo, en Vaca Muerta, la primera reserva latinoamericana de hidrocarburos no convencionales.

Junto a la crisis de Ucrania y los conflictos geopolíticos en Oriente Medio, el suministro de gas y petróleo peligraba en Europa, por lo que en la primera década del siglo y animados por el “éxito de la técnica” en EE UU, comenzaron las primeras exploraciones en territorio inglés, polaco, español, alemán y francés.

Los resultados preliminares fueron positivos para la mayoría de estos países. De hecho, según Michel Barron, director de la consultora Eurasia Group, las reservas estimadas de gas y petróleo esquisto en territorio europeo podrían suponer un 80% de las que existen en el país que lidera esta técnica: Estados Unidos.

Aún con el “potencial” energético de gas y petróleo esquisto en las rocas de pizarra europeas, las dificultades geológicas de extracción, los impactos socio-ambientales y los altos costes económicos, hicieron que el fracking fuera prohibido o paralizado en casi toda Europa.

En 2011, Francia fue el primer país del mundo en prohibir la técnica. Unos años más tarde se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza, República Checa. Reino Unido paralizó las extracciones y España lo prohibió por regiones o lo hizo imposible a través de requisitos que se lo ponían muy difícil al fracking.

‘FRACKING‘ SÍ , PERO FUERA

 

A partir de las dificultades que se fueron encontrando en Europa, las empresas con casa matriz en el continente emprendieron un nuevo viaje hacia el sur global.

En torno al 2010 empresas como la francesa Total Austral, Wintershall, Shell, Equinor, Gazprom o PAE empezaron sus andanzas no convencionales en la explotación masiva de Vaca Muerta.

Si bien la mayoría de estas empresas ya tenían presencia en el país desde la última dictadura cívico-militar en Argentina, a partir de la primera década de este siglo fueron ampliando su interés por el fracking que en sus países estaba prohibida por los impactos en el medioambiente y en la salud de la población.

Este sendero se facilitó con la liberalización del mercado de los hidrocarburos que se produjo en 2015 cuando asumió el Gobierno de Mauricio Macri. “Desde la cartera de Energía se implementaron políticas tendientes a la liberalización del sector: tarifas energéticas acopladas a las fluctuaciones del mercado, dolarización de los precios de la energía, flexibilización y precarización laboral, apertura de la exportación de hidrocarburos, entre otras”, confirman desde el Observatorio Petrolero Sur.

Unido a esto, varios ex ejecutivos petroleros comenzaron la carrera política con el actual Gobierno. Es el caso de Juan José de Aranguren, que pasó de CEO de Shell Capsa a Ministro de Energía y Minería de la Nación.

Según el informe de los investigadores del OPsur Martín Álvarez y Hernán Scandizzo para el boletín Ejes, son siete las empresas europeas que tienen actividad en la reserva de Vaca Muerta: la francesa Total, la alemana Wintershall, la anglo-holandesa Shell, Equinor (antes Statoil) de Noruega y la rusa Gazprom Rusia. También PAE, que es parcialmente controlada por la británica BP, y Phoenix Global Resources, firma a la que están vinculados dos empresarios argentinos —Daniel Vila y José Luis Manzano—, pero que tiene casa matriz en el Reino Unido y participación mayoritaria del holding suizo Mercuria.

En el informe se destaca a la alemana Wintershall vinculada comercialmente con la rusa Gazprom, que hoy es una de las principales proveedoras de gas de la UE. Y sobre todo la francesa Total Austral, el quinto grupo petrolero del mundo, con presencia en más de 130 países, y que desde 2010 se convirtió en la segunda productora de gas de Argentina, en la empresa europea con mayor superficie acumulada en Vaca Muerta, y en la tercera en términos generales, detrás de las empresas nacionales YPF y GyP.

La presencia de Wintershall, Shell o Total Austral, como empresas de “fuerte identificación” con países como Alemania, Holanda, Reino Unido y Francia dejarían de manifiesto aspectos paradójicos en la gestión y control de las economías de estos países.

Según el informe de Ejes, Total Austral no solo desarrolla su actividad de fractura hidráulica (fracking) en la formación de Vaca Muerta, sino que además opera en un área natural protegida, Auca Mahuida, zona de preservación de especies y yacimientos arqueológicos y de valor histórico para el pueblo Mapuche, que lleva dando la batalla desde hace ya tiempo contra las extracciones. Las localidades cercanas a los pozos de extracción se vieron afectadas por esta situación, sobre todo aquellas familias que vivían principalmente de la tierra y de la ganadería, su actividad económica empeoró y muchas tuvieron que emigrar hacia centros urbanos. Otras familias campesinas lograron negociar alguna contrapartida económica con la empresa en cuestión.

Desde la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Neuquén ya advirtieron en su día que no se autorizarán los pozos de perforación no convencional dentro de la zona protegida. Incluso en 2014 se llevó a la junta de accionistas de Total Austral en París. “Allí se cuestionó que mientras en el país de origen de la empresa el fracking está prohibido, la compañía no solo la aplica fronteras fuera sino peor aún, en un área natural protegida”, afirman Martín Álvarez y Hernán Scandizzo en su informe para Ejes.

AVANCES QUE ESPERAN A 2019

¿Qué dice la normativa de la UE sobre las empresas cuya actividad es ilegal en el país de origen?

Actualmente no existe ningún mecanismo eficaz que actúe a nivel global para controlar a las megacorporaciones, de hecho estas pueden eludir con facilidad legislaciones nacionales a través de complejos entramados societarios.

La Comisión de Desarrollo Sostenible del Eurolat, Asamblea Parlamentaria entre América Latina y Europa, aprobó un documento con fuertes críticas a esta técnica, sin embargo no votó positivamente la recomendación de una moratoria al fracking en ambos continentes. Esta Asamblea es la mediación más importante entre las dos regiones, los informes que se emiten desde ahí no son vinculantes, pero sus recomendaciones son utilizadas para blindar algunas decisiones geopolíticas.

Parece que el escenario más favorecedor para la prohibición del fracking en Vaca Muerta y en otros lugares del mundo, corre a cargo de la ONU. Gracias a décadas de discusiones y movilizaciones, las organizaciones sociales consiguieron que en 2017 empezaran las negociaciones en este organismo multilateral para elaborar un tratado vinculante que obligue a las empresas trasnacionales a cumplir con los derechos humanos. Un año más tarde comenzaba la cuarta ronda para sacar adelante este instrumento jurídico. En esta ocasión se pudo elaborar un borrador que algunas organizaciones como el Observatorio de Multinacionales de América Latina (Omal) califican de insuficiente y poco exhaustivo.

La Campaña Global para reivindicar “la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las empresas transnacionales y poner fin a la impunidad”, sostiene que 2019 parece ser el año clave. Entre el 14 y el 18 de octubre tendrá lugar la quinta Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta (OEIGWG) en Ginebra para lograr un tratado que sea jurídicamente vinculante que regule la actividad de las trasnacionales en suelos que tienen escasa normativa socio-ambiental. Este tratado no solo regulará el fracking en Vaca Muerta, es un acuerdo que obligará a la actividad de las empresas trasnacionales a cumplir una serie de principios y requisitos de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos.

¿Qué capacidad tendrá este Tratado respecto a las legislaciones nacionales? ¿Cómo y por quién se juzgarán las infracciones y delitos? Son muchas las preguntas puestas encima de la mesa. Las organizaciones ambientales y colectivos sociales lo ven como un claro avance para mitigar las injusticias que suceden en comunidades, bosques y territorios con escasa regulación socio-ambiental.

EXTERNALIZAR COSTES Y CERRAR BENEFICIOS

Escribía el sociólogo Stephan Lassenich en un artículo de opinión publicado por El País, que las sociedades occidentales habían racionalizado las prácticas extractivas y las asimetrías socio-ecológicas y económicas hacia regímenes transnacionales políticos: el FMI, la OMC, hasta el Acuerdo de París. A través de su poderío militar y sus posiciones geopolíticas “ha sido posible construir una estructura socioeconómica que solo funciona a costa de terceros”. A esto se llama externalización. Quiere decir que una vez que los recursos humanos, naturales y sociales ajenos son utilizados por estas sociedades, los costes económicos, ecológicos y sociales son exteriorizados.

“De esta manera se reserva la productividad de este modelo de reproducción para las economías más competitivas, mientras que la destructividad es procesada por las economías más vulnerables”, continúa el sociólogo. Y para evitar que las repercusiones negativas puedan recaer en las propias sociedades externalizadoras cierran su espacio económico y social.

Este proceso en el que nos encontramos es visible en Vaca Muerta. Una vez utilizados los recursos naturales, el beneficio viaja hacia el país de origen, mientras que en los suelos de la cuenca neuquina los derrames contaminan la tierra y los cultivos, las placas tectónicas se mueven y los gases de efecto invernadero ascienden a la atmósfera. Mientras que desde el G7 o el Acuerdo de París se reprocha a “los países periféricos” por sus prácticas poco limpias, los países occidentales en muchos casos serían sus promotores.

Ante esta situación el Tratado vinculante que se firmaría en Ginebra podría reducir estos costes, la pregunta sería si se lograrían incluir términos exhaustivos que puedan aplicarse a nivel jurídico o el Tratado seguiría insistiendo en artículos generales que podrían posibilitar vacíos legales en beneficio de las corporaciones, como se denuncia desde OMAL.

En el momento de escribir este artículo, la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC) de EE UU respaldó con más de 400 millones de dólares a dos empresas petroleras en Vaca Muerta.

Por Andrea Ana Gálvez

@Ana_Gaher


publicado

2019-09-27 06:00

Publicado enMedio Ambiente
El flujo migratorio desde Centroamérica hacia EU no se detendrá

A pesar de los operativos mexicanos para detener la migración centroamericana de los países del llamado Triángulo Norte –El Salvador, Honduras y Guatemala– atendiendo a las instrucciones de la administración Trump, este flujo continuará por razones estructurales que ahí están, y que no se modificarán con esos operativos.

Ninguno de los países involucrados cree que esa es la solución, lo saben perfectamente. Cualquier persona medianamente informada sabe que detener a los migrantes sólo los desvía. Eso no quiere decir que los operativos mexicanos, que deberían avergonzarnos, son anodinos, responden a la dimensión política del proceso y no a la dimensión social y económica que es la que realmente está detrás del mismo. Para su campaña de relección Donald Trump requiere que el tema esté vivo y demostrar que él está deteniendo a los migrantes. México, también en una agenda política que nada tiene que ver con los migrantes, se presta a hacer ese trabajo.

Los migrantes centroamericanos no le importan positivamente a nadie. En las naciones de salida incluso se ve con buenos ojos que cientos de miles de sus jóvenes abandonen el país. Eso aligera tensiones sociales, además de que enviarán dólares. México, en lo general, los usa políticamente; construye una relación con su poderoso vecino, mostrando que los puede detener y algún día derivar en beneficios comerciales.

El gobierno mexicano busca que las cosas no empeoren y, en lo particular, enriquecer la agenda político-personal de los actores involucrados, pues se atraen reflectores cuando se presentan como éxitos la detención de miles de migrantes. La dimensión de derechos humanos, que alguna vez tuvo un papel relevante, ha desaparecido ante lasubordinación frente a Estados Unidos. Muchas organizaciones y liderazgos con activismo en el tema, son ahora cercanos al gobierno mexicano o sus empleados. Estados Unidos, como ya dijimos, sobredimensiona su utilización política.

El flujo migratorio desde Centroamérica hacia Estados Unidos no se detendrá, por lo menos durante un tiempo. Las razones son relativamente sencillas y se pueden resumir en cuatro o cinco. Exceso de jóvenes en la región en busca de oportunidades, pobreza extrema, violencia, falta de jóvenes en Estados Unidos y la presencia de redes sociales y familiares en Estados Unidos que funcionan como facilitadores de la migración.

Los datos abundan y me parece increíble que quienes de una u otra manera están involucrados en la gestión del proceso, los ignoren. Me parece además perverso, por decir lo menos, que con toda esa información alguien crea que la Guardia Nacional mexicana deteniendo migrantes resolverá el problema de fondo.

El grupo de edad de 15 a 24 años en el que se concentra la migración, representa para los países involucrados alrededor de 21 por ciento de la población (en México andamos en 18 por ciento). En Estados Unidos, ese grupo poblacional es apenas 13 por ciento. Esta nación sabe que necesita jóvenes para realizar los trabajos rudos y de baja calificación y en un futuro no muy lejano, para pagar las pensiones de los estadunidenses que se retirarán y dejarán de producir. De la violencia y pobreza extrema en América Central no hay ni siquiera necesidad de aportar información, y en cuanto a las redes sociales y familiares que ya están en Estados Unidos sólo aportaré un dato: uno de cada cinco salvadoreños vive en Estados Unidos. Para ellos la migración es un proceso de reunificación familiar y social.

En esta lógica, la idea de inyectar recursos en la región es buena, pero no nos engañemos, no está ocurriendo, y no ocurrirá mientras en Estados Unidos el discurso antimigrante siga siendo rentable políticamente. Estados Unidos no va a poner un dólar para el desarrollo de la región. Lo que México y los países centroamericanos plantean suena bien, pero es poco realista y finalmente, como ocurrió en México, la salida de centroamericanos la detendrá la demografía. ¿O de verdad alguien cree que la salida de mexicanos se detuvo por mejores oportunidades de desarrollo?

¿No se puede hacer nada entonces? ¿Habrá que esperar tranquilamente 10 o 15 años para que haya menos jóvenes en la región?

Por supuesto que no. Quienes están involucrados en la gestión del tema o no les interesa la comunidad migrante, y varios presidentes mexicanos me lo han dicho explícitamente o usan el tema políticamente en su agenda personal. Sólo los migrantes verán por ellos mismos y para ello se requiere que se organicen, que pesen políticamente como grupo, en México y en Estados Unidos, que voten en las elecciones de ambas naciones, que quienes pueden se hagan ciudadanos en Estados Unidos y participen electoralmente. Son, como dice una colega, una especie de tigre dormido. Es el momento de despertar.

* Presidente de Mexa Institute

www.mexainstitute.org

Twitter: @mexainstitute

Publicado enInternacional
Página 1 de 15