La ONU advierte de que el covid-19 acelerará la transferencia del poder económico y político a las élites ricas

El relator de pobreza de la ONU denuncia la autocomplacencia de las instituciones internacionales en la lucha contra la desigualdad.“El mundo se encuentra en una encrucijada existencial que involucra una pandemia, una profunda crisis económica, cambio climático devastador, desigualdad extrema y un movimiento que desafía la prevalencia del racismo en muchos países”, con estas palabras el relator saliente de extrema pobreza de la ONU, Philip Alston, enmarca su informe El lamentable estado de la erradicación de la pobreza.

Alston, que durante los próximos días presenta en Ginebra sus conclusiones y su informe sobre España, habla de la negligencia de longa data en el abordaje de la pobreza por parte de Gobiernos, economistas y defensores de los derechos humanos. Y subraya la “escandalosa falta de ambición” para erradicar la pobreza.

Para Alston, la autocomplacencia de las instituciones internacionales, especialmente acentuada por las fórmulas del Banco Mundial para medir la disminución de la pobreza, han dado lugar a una década perdida, ya antes del covid-19, en la lucha contra la desigualdad. El resultado neto, sugiere Alston, es que la reducción de la pobreza nominal solo se debe a la disminución de las carencias materiales en un único país: China.

Se proyecta que la pandemia sume 70 millones de personas a las cifras actuales de extrema pobreza. Más de 250 millones de personas están en riesgo de hambre aguda, señala el informe.

Para Alston, la respuesta, lejos de atajar el problema, lo está exacerbando, ya que los gobiernos continúan invirtiendo dinero en prácticas represivas y sistemas de prisiones, “al tiempo que priva a las comunidades pobres de los derechos básicos, como la atención médica decente, vivienda y educación”.

“Si se hubieran establecido suelos de protección social, los cientos de millones de personas que han quedado sin atención médica, alimentos y vivienda adecuados, y la seguridad básica se habrían salvado de algunas de las peores consecuencias”, explica Alston en su informe. En cambio, lo que denomina “las presiones interminables para promover la consolidación fiscal”, es decir, el control de déficit, deuda y las rebajas de impuestos para los más pudientes, han llevado a los sistemas de protección social “más cerca de los modelos del siglo XIX en lugar de las aspiraciones de finales del siglo XX”, explica el ya exrelator de la ONU. 

Cuando eso se combina con “la próxima generación de políticas de austeridad posteriores a Covid-19, la transferencia dramática del poder económico y político a las élites ricas que ha caracterizado los últimos cuarenta años se acelerará, momento en el cual el alcance y la profundidad de la pobreza global serán incluso más políticamente insostenibles y explosivos”, concluye Alston.

8 julio 2020

Publicado enEconomía
Demandamos todo el sistema tributario ante la Corte Constitucional

Junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país, le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar.

 

Presentamos ante la Corte Constitucional una demanda solicitando declarar el actual Estatuto Tributario inexequible por no cumplir con los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en el artículo 363 de la Constitución Política de Colombia. Si bien consideramos que el Estatuto Tributario es inconstitucional, también le solicitamos a la Corte que le de tiempo al Gobierno y al Congreso para expedir uno nuevo sin afectar la situación fiscal del país.

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos de la región y del mundo. Si bien esta brecha se ha disminuido paulatinamente en los último 20 años, los niveles de desigualdad presentes son inaceptables en cualquier sociedad democrática. Los recursos con los que cuenta el Estado para disminuir la pobreza y financiar bienes y servicios públicos para igualar las oportunidades de los colombianos, son muy pocos, especialmente en tiempos de pandemia.

Es por esto que junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país, le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar.

Esta demanda le da una herramienta al Congreso y al Gobierno para que enfoquen el manejo económico de la crisis generada por el COVID-19, con criterios de justicia distributiva y progresividad tributaria. Esto no sólo conciliaría nuestro sistema tributario con los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia sino que evitaría que la crisis incremente la desigualdad y la pobreza. También es un llamado para que en el trámite del marco tributario colombiano, se tomen decisiones sensibles al contexto, a los efectos de la pandemia y a las necesidades de la población, en especial de los sectores más desfavorecidos y afectados. 

En ese sentido, expusimos a la Corte Constitucional las razones y evidencia para demostrar que en el país el ejercicio impositivo no disminuye la desigualdad de ingresos, y que esta falta de progresividad no se compensa con la priorización del cumplimiento de otros principios constitucionales, pues el sistema tributario impone tarifas diferentes a contribuyentes con las mismas características (equidad tributaria) y es ineficiente a la hora de recaudar, lo que facilita la evasión y elusión de impuestos (eficiencia tributaria).

¿Por qué demandamos todo el sistema tributario? 

Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha señalado que el principio de progresividad, en conjunto con los principios de equidad y eficiencia, “constituyen los parámetros para determinar la legitimidad del sistema tributario y (…) se predican del sistema en su conjunto y no de un impuesto en particular”[1], es necesario hacer un análisis integral del sistema tributario colombiano para verificar con la evidencia producida hasta el momento si los impuestos en el país cumplen con estos tres principios en su conjunto. 

Esto quiere decir que para la Constitución, no basta con que un impuesto en particular no cumpla con estos principios para que sea inconstitucional, sino que debe ser todo el conjunto de impuestos que rompan estos principios para que pueda ser declarado inexequible.

El sistema tributario colombiano no disminuye la desigualdad y no cumple con principios de justicia tributaria

A partir del análisis de las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales y jurídicas en Colombia y de las investigaciones que estudian la tributación de las personas con mayores ingresos del país, mostramos ante la Corte Constitucional que: 

  1. El sistema tributario colombiano no disminuye los niveles de desigualdad de ingresosmedidos a través del índice de Gini.
  2. Las personas naturales y jurídicas que pertenecen al 10%, 1% y 0,1% de mayores ingresos en Colombia, pagan en impuestos una proporción menor de sus ingresos que el resto de la población colombiana, por lo que el sistema tributario no cumple con el principio constitucional de progresividad tributaria.

Estos resultados provienen del diseño institucional y normativo del Estatuto Tributario, y no de una falta de aplicación de las normas, su incumplimiento o una mala interpretación.

Una vez demostrada la violación del principio de progresividad, presentamos evidencia que demuestra que la falta de progresividad del sistema tributario colombiano no se justifica con el argumento de que este privilegia el cumplimiento de los otros dos principios establecidos en el artículo 363 de la Constitución, los de eficiencia y equidad tributarias.

El sistema tributario colombiano no es equitativo

El principio constitucional de equidad tributaria se refiere a la equidad tributaria horizontal, es decir, que contribuyentes con la misma capacidad de pago y las mismas características, deben pagar lo mismo en impuestos. Sin embargo, el sistema tributario colombiano – como consecuencia de la proliferación de regímenes especiales que  se derivan de los múltiples beneficios y tratamientos especiales en materia tributaria que se encuentran en el Estatuto Tributario – grava de manera diferenciada a personas naturales con las mismas características y nivel de ingresos, y a empresas con la misma actividad económica y tamaño similar.

La consecuencia de esto es que personas que tienen el mismo nivel de ingresos, paguen en impuestos cantidades diferentes dependiendo si los ingresos provienen de actividades laborales (salarios, honorarios…etc) o si provienen de la tenencia de capital (dividendos, renta de inmuebles…etc). En el caso de las empresas, la evidencia muestra que la tarifa efectiva de tributación de empresas de un mismo sector y con tamaños similares es muy distinta entre empresas, ya sea porque se encuentran en una zona franca o porque acceden a distintos beneficios tributarios específicos.

El sistema tributario colombiano no es eficiente

El principio de eficiencia tributaria busca principalmente que se logre el mayor nivel de recaudo tributario posible con el menor costo, y que el diseño del sistema tributario no facilite o estimule la evasión y elusión tributaria. Esto implica que la recaudación sea sencilla para la DIAN y que los niveles de evasión sean relativamente bajos.

En nuestra demanda argumentamos que, por un lado, la multiplicidad de regímenes tributarios especiales que nacen de los más de 250 beneficios tributarios que existen actualmente, hacen que el sistema tributario sea muy complejo, lo que tiene impactos considerables en la eficiencia del recaudo. Al mismo tiempo esta complejidad facilita la evasión y elusión de tributos, tal y como se muestra con los estudios de evasión que se han hecho para Colombia en los últimos años.

Por otro lado, presentamos cómo la productividad del recaudo del IVA, uno de los impuestos más sencillos de recoger, es muy baja en comparación con países similares de la región y del grupo de países de la OCDE, lo que permite argumentar que el principio de eficiencia tributaria no se cumple en Colombia.

La pandemia por COVID-19 refuerza la necesidad que el sistema tributario sea progresivo, equitativo y eficiente

La pandemia del coronavirus ha exacerbado nuestras injusticias y desigualdades estructurales. Para mitigar los impactos del virus y de las medidas de confinamiento – que se concentran principalmente en la población de menores recursos – el país debe adoptar una serie de medidas fiscales redistributivas que sean lo suficientemente robustas para que el Estado pueda garantizar efectivamente los derechos de todos sus ciudadanos, especialmente los derechos de las personas más vulnerables.

Sin embargo, producto del sistema tributario actual, el país tiene muy pocos recursos públicos disponibles para poder implementar políticas acordes a las necesidades de la emergencia generada por el COVID-19. Es imperativo entonces que se lleve a cabo una reforma estructural del Estatuto Tributario que asegure el cumplimiento de sus principios constitucionales, reduciendo así la desigualdad de ingresos y elevando considerablemente el recaudo de impuestos.

Tenemos la posibilidad de salir de esta crisis con una sociedad más desigual e individualista, o por el contrario, con una sociedad más igualitaria, solidaria y justa. Esto depende mucho de la decisión de tener un sistema tributario que lo permita.

¿Quienes firman la demanda?

Vivian Newman

Rodrigo Uprimny

Luis Jorge Garay

Jorge Enrique Espitia

Clara Leonor Ramírez

Leopoldo Fergusson

María Margarita Zuleta

Salomón Kalmanovitz

Víctor Javier Saavedra

María Fernanda Valdés

Amaranto Daniels

Carlos Julio Salgado

Consuelo Corredor

Jorge Iván González

Juan Camilo Cárdenas

Valentina Rozo Ángel

Fernando Barberi Gómez

Astrid Martínez Ortíz

Catalina Botero

Mauricio García Villegas

Esteban Hoyos Ceballos

Andrés Abel Rodríguez

Magdalena Correa Henao

Maryluz Barragán

Mauricio Albarracín

Alejandro  Rodríguez Llach

Alejandro Jiménez

[1] Corte Constitucional. Sentencia C-643 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Ver Corte Constitucional. Sentencia C-815 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Corte Constitucional. Sentencia C-397 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional. Sentencia C-615 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional. Sentencia C-100 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional. Sentencia C-260 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Por: Dejusticia | Mayo 27, 2020

Publicado enColombia
Miércoles, 27 Mayo 2020 06:16

Sueños aprisionados

Fotografía (propia) de la obra de Tetsuya Ishida

Amanece, y se vislumbra en Madrid una capital ávida por retomar las calles. Camino por las inmediaciones de su palacio real, símbolo de la violenta desigualdad social, y me encuentro con un bellísimo balcón, rebelde él, que escandaliza el decoro del tradicional barrio monárquico al desplegar una bandera republicana y extender una sábana blanca que reivindica: “Sanidad pública; no se vende, no se recorta. Se defiende”.

Hago una fotografía del balcón combativo y doy la espalda a la insignia real para adentrarme por una callejuela en cuyas esquinas, decoradas con rostros indígenas, se lee: “La Amazonía no se vende”. Calle abajo un puesto de flores colorea mi vista y entre la travesía de la primavera y la calle fe, un hombre pedalea en bicicleta paseando entre sus brazos un generoso ramo de flores, rojas todas ellas. Cada pétalo parece bailar aquella melodía que le dedicó George Moustaki a la revolución al describirla como una “hermosa flor del mes de mayo o fruta salvaje”.

Huele a café, a pan y dulces recién horneados que corretean por el vecindario y cosquillean el apetito de los clientes que esperan su turno. Eso sí, cada pequeño local está revestido de algún ingenioso truco (velas, incienso o música) que ameniza la tediosa fila del estado de alarma. No muy lejos despereza mis oídos el cumpleaños feliz que algunos vecinos le silban a una mujer en honor al día en el que nació.

El cronómetro marca el fin del paseo, es hora de retomar el confinamiento y revisar las noticias:

La pobreza y la discriminación se agudizan durante la pandemia, la ultraderecha hace ruido, la Amazonía para algunos sí está en venta, las flores reposan sobre las tumbas de los líderes sociales asesinados en Colombia, EE.UU sigue avivando su grito de guerra, Israel decide rematar al pueblo Palestino, los indígenas de Brasil, Ecuador y Bolivia sufren el abandono del Estado, la mayoría de la gente no cumple los años feliz y según los expertos, sufriremos una condena económica perpetua por lo que no habrá mañana con el que soñar.

Apago el televisor, internet, y me quedo mirando el blanco sin futuro de la pared. Trazo sobre ella las palabras que hiló Amin Maalouf en Los jardines de la luz: “Cuando el mundo haya abandonado a los sabios, los sabios lo abandonarán. Entonces el mundo se quedará solo y sufrirá por su soledad”.
Y así estamos, sufriendo las consecuencias de una pandemia que evidencia la dramática situación a la que ha llegado una sociedad rendida a los pies del neoliberalismo; abandonada y manoseada por la dinámica de políticas antisociales que anteponen las armas a los libros, la economía a la salud y el desprecio a la humanidad.

En este contexto, es un derroche de cinismo que los partidos políticos más neoliberales abanderen el fin del confinamiento en nombre de la “libertad”. ¿De qué libertad hablamos en un sistema redireccionado constantemente por los intereses de las élites y poderosos lobbies en detrimento de las necesidades primarias de la mayoría? ¿Qué poder de elección tiene más de la mitad de la población mundial que vive confinada eternamente en las redes de un neoliberalismo que ataca su dignidad y les impide realizarse como individuos?

Basta echar la vista unos meses atrás de la pandemia: los trayectos en metro durante la hora punta; cuerpos aplastados los unos contra los otros, ese cúmulo de miradas agotadas, ojos ciegos apuntando al suelo o al infinito, hundidos por el cansancio y aburrimiento. Todos en masa, formando un bloque hasta oír el silbato de la parada para salir en desbandada emprendiendo una obligada carrera a la competitividad, con un reloj casi tatuado en el pecho que nos vigila hasta el alma para fichar a tiempo. Y a fin de mes, unos pocos billetes en la cuenta con los que pagar un cubículo sin luz natural, la hipoteca para que el banco no embargue la casa, el agua, la luz, la compra, el teléfono, algo de ropa… No parece que tantas idas y venidas a través del túnel hayan sido prometedoras, sobre todo si añadimos que el gran porcentaje de la población realiza un trabajo que nada tiene que ver con lo que hubiera querido soñar, y eso, si trabaja.

Son muchas las voces que alertan sobre si este es el modelo económico que se pretende recuperar en la postpandemia, un sistema que como apuntaba Vicent Navarro: “se rige por unas leyes del mercado que priorizan sistemáticamente a aquellos individuos y sectores de la población que tienen mayor capacidad adquisitiva, a costa de todos los demás” (La falsa dicotomía entre mantener la salud o salvar la economía en Público).


Es recursivo recordar aquello que Albert Camus reflexionaba en el mito de un Sísifo condenado a empujar eternamente una desmesurada piedra hasta la cima de la montaña para una vez allí dejarla caer. “No hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza”: escribió Camus. Por supuesto, siempre que seamos conscientes de ello, hecho que no suele cumplirse ya que como explicó Byung-Chul Han en Psicopolítica: “quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema”.

Y ese es el gran logro de las nuevas técnicas de control y poder que nos embelesan con una falsa identidad de libertad donde el neoliberalismo se presenta como el edén; un paraíso de agua dulce, dátiles y palmeras bajo las cuales descansar en un mar de oro.

Un timo que destroza vidas, y donde al hombre se le etiqueta y pesa como si fuera un animal, en una balanza conforme a su nivel de rendimiento y utilidad; tal como revelan las imágenes del artista japonés Tetsuya Ishida al reflejar la opresión, soledad y cosificación de los individuos atrapados por un sistema que antepone el capital a la humanidad.

A este paso, las flores serán de plástico, el pan horneado exclusivamente por multinacionales, los cumpleaños felices solo se cantarán en inglés y las banderas de los balcones, como las paredes de las calles, estarán uniformadas conforme a la conducta de los colegios de pago.

Recuerdo un dibujo que cayó en mis manos en la década de los 90 en Bogotá. En él unos niños de la calle estaban siendo apaleados por agentes uniformados y posteriormente subidos a un camión. La “limpieza social”, la violencia premeditada e inhumana, la crueldad y desamparo, lo llevan padeciendo décadas de una u otra manera los de siempre: aquellos a quienes esa balanza neoliberal inclina hacia el abandono y desprotección… hacia la nada, como aquel vehículo cargado de niños que se perdió en el olvido y penumbra de la oscuridad de aquella desangelada madrugada.

Quizás sea hora de desalambrar los sueños aprisionados y como diría Julio Anguita, una de las voces de la sabiduría: “cuestionarse lo que hay”. Si como explicaba, la rebeldía es “un posicionamiento que nace de la mente y del corazón, del fuego de querer cambiar”, reclamar un mundo que defienda la dignidad e igualdad de oportunidades para todos y todas -sin distinción- es un acto, fundamentalmente, moral.

Publicado enSociedad
“La desigualdad de la propiedad crea una enorme desigualdad de oportunidades en la vida”

Thomas Piketty (Clichy, Francia, 1971) propone un pago estatal para todos los ciudadanos, la modificación de la estructura de la riqueza para cambiar el poder de negociación de los actores, discute las consecuencias políticas de la desigualdad. En esta entrevista, el economista expone los puntos más salientes de un posible programa de izquierdas para salir del actual atolladero histórico.

 

Uno de los principales argumentos de su libro Capital e ideología es que “la desigualdad es una ideología”. La desigualdad no es un proceso natural, sino que se funda en decisiones políticas. ¿Cómo llegó a esa conclusión?

 

En mi libro, el término “ideología” no tiene una connotación negativa. Todas las sociedades necesitan la ideología para justificar su nivel de desigualdad o una determinada visión de lo que es bueno para ellas. No existe ninguna sociedad en la historia donde los ricos digan “somos ricos, ustedes son pobres, fin del asunto”. No funcionaría. La sociedad se derrumbaría inmediatamente.

Los grupos dominantes siempre necesitan inventar narrativas más sofisticadas que dicen “somos más ricos que ustedes, pero en realidad eso es bueno para la organización de la sociedad en su conjunto, porque les traemos orden y estabilidad”, “les brindamos una guía espiritual”, en el caso del clero o del Antiguo Régimen, o “aportamos más innovación, productividad y crecimiento”. Por supuesto, estos argumentos no siempre resultan del todo convincentes. A veces son claramente interesados. Guardan algo de hipocresía, pero al menos este tipo de discurso tiene algo de verosimilitud. Si fueran completamente falsos, no funcionarían.

En el libro, investigo la historia de lo que llamo regímenes de desigualdad, que son sistemas de justificación de distintos niveles de desigualdad. Lo que demuestro es que en realidad hay un aprendizaje de la justicia. Hay una cierta reducción de la desigualdad a largo plazo. Hemos aprendido a organizar la igualdad a través del acceso más igualitario a la educación y de un sistema impositivo más progresivo, por dar algunos ejemplos.

Pero este progreso y el conflicto ideológico continuarán. En la práctica, el cambio histórico proviene de las ideas e ideologías en pugna y no solo del conflicto de clases. Existe esta vieja concepción marxista de que la posición de clase determina por completo nuestra visión del mundo, nuestra ideología y el sistema económico que deseamos, aunque en verdad es mucho más complejo que eso, porque para una posición de clase dada existen distintas formas de organizar el sistema de las relaciones de propiedad, el sistema educativo y el régimen impositivo. Existe cierta autonomía en la evolución de la ideología y de las ideas.

 

Aun así, en las democracias el pueblo decide colectivamente a través del voto vivir en ese tipo de sociedades desiguales. ¿Por qué?

 

En primer lugar, es difícil determinar el nivel exacto de igualdad o desigualdad. La desigualdad no siempre es mala. La gente puede tener objetivos muy diferentes en su vida. Algunos valoran mucho el éxito material, mientras que otros tienen otro tipo de metas. Alcanzar el nivel adecuado de igualdad no es algo sencillo.

Cuando digo que los factores determinantes de la desigualdad son ideológicos y políticos no quiero decir que deban desaparecer y que mañana tengamos una igualdad completa. Me parece que encontrar el equilibrio adecuado entre las instituciones es una tarea muy complicada para las sociedades pese a que, insisto, en el largo plazo la desigualdad se ha reducido un poco. Creo que deberíamos tener un acceso más igualitario a la propiedad y a la educación y que deberíamos continuar en esa dirección.

Hemos aprendido que la historia es un proceso no lineal. Con el tiempo avanzamos hacia una mayor igualdad y esto es lo que también ha creado una mayor prosperidad económica en el siglo XX. Sin embargo, también ha habido reveses. Por ejemplo, el colapso del comunismo produjo una desilusión sobre la posibilidad de establecer un sistema económico alternativo al capitalismo, y esto explica en gran medida el aumento de la desigualdad desde finales de la década de 1980.

Pero hoy día, 30 años más tarde, comenzamos a darnos cuenta de que tal vez hemos ido demasiado lejos en aquella dirección. Entonces, comenzamos a repensar cómo cambiar el sistema económico. El nuevo desafío introducido por el cambio climático y la crisis medioambiental también ha puesto el foco en la necesidad de cambiar el sistema económico. Se trata de un complejo proceso en el que las sociedades intentan aprender de sus experiencias.

A veces se olvidan del pasado lejano, reaccionan de manera exagerada y avanzan demasiado lejos en una dirección. Pero me parece que si ponemos la experiencia histórica sobre la mesa –y ese es el objetivo del libro– podemos entender mejor las lecciones y experiencias positivas del pasado.

 

Usted dice que la desigualdad deriva en nacionalismos y populismos. En Alemania y en otros países, los partidos de derecha están en alza. ¿Por qué la derecha suele tener más éxito que la izquierda?

 

La izquierda no se ha esforzado por proponer alternativas. Después de la caída del comunismo, la izquierda ha atravesado un largo periodo de desilusión y desánimo que no le ha permitido presentar alternativas para modificar el sistema económico. El Partido Socialista en Francia o el Partido Socialdemócrata en Alemania no han intentado realmente cambiar las reglas del juego en Europa tanto como debieran haberlo hecho.

En algún momento aceptaron la idea de que el libre flujo de capital, la libre circulación de bienes y servicios y la competencia por los mercados entre países eran suficientes para lograr la prosperidad y que todos nos beneficiemos de ella. Pero, en cambio, lo que hemos visto es que esto ha beneficiado principalmente a los sectores con un elevado capital humano y financiero y a los grupos económicos con mayor movilidad. Los sectores bajos y medios se sintieron abandonados.

También hubo partidos nacionalistas y xenófobos que propusieron un mensaje muy simple: vamos a protegerlos con las fronteras del Estado-nación, vamos a expulsar a los migrantes, vamos a proteger su identidad como europeos blancos, etc. Por supuesto, al final esto no va a funcionar. No se reducirá la desigualdad ni se resolverá el problema del calentamiento global. Pero dado que no existe un discurso alternativo, una gran parte del electorado se desplazó hacia estos partidos.

Aun así, una gran parte incluso más grande del electorado decidió quedarse en casa. Simplemente no votan, no debemos olvidar eso. Si los grupos socioeconómicos más bajos demostraran entusiasmo por Marine Le Pen o por Alternativa por Alemania, la tasa de participación ascendería a 90%. Eso no es lo que está ocurriendo. Tenemos un nivel muy reducido de participación, especialmente entre los grupos socioeconómicos más bajos, los cuales están a la espera de una plataforma política o una propuesta concreta que realmente pueda cambiar sus vidas.

 

Usted propone un pago estatal único (“herencia para todos”) de 120.000 euros para todos los ciudadanos cuando alcancen la edad de 25 años. ¿Qué se conseguiría con eso?

 

En primer lugar, este sistema de “herencia para todos” sería un paso más de un sistema de acceso universal a bienes y servicios públicos fundamentales, incluidos la educación, la salud, las pensiones y un ingreso ciudadano. El objetivo no es reemplazar estos beneficios, sino sumar esta herramienta a las ya existentes. ¿Para qué serviría?

Si uno tiene una buena educación, una buena salud, un buen empleo y un buen salario, pero necesita destinar la mitad de su salario a pagar un alquiler a los hijos de propietarios que reciben ingresos por alquileres durante toda su vida, creo que hay un problema. La desigualdad de la propiedad crea una enorme desigualdad de oportunidades en la vida. Algunos tienen que alquilar toda su vida. Otros reciben rentas durante toda su vida. Algunos pueden crear empresas o recibir una herencia de la empresa familiar. Otros nunca llegan a tener empresas porque no tienen siquiera un mínimo de capital inicial para empezar. Más que nada, es importante darse cuenta de que la distribución de la riqueza se ha mantenido muy concentrada en pocas manos en nuestra sociedad.

La mitad de los alemanes tiene menos del 3% de la riqueza total del país y, de hecho, la distribución empeoró desde la reunificación de Alemania. ¿Es esto lo mejor que podemos hacer? ¿Qué proponemos para cambiarlo? Esperar que llegue el crecimiento económico y el acceso a la educación sin hacer nada no es una opción. Eso es lo que hemos estado haciendo durante un siglo y la mitad inferior de la escala de distribución de los ingresos todavía no posee nada.

Cambiar la estructura de la riqueza en la sociedad implica cambiar la estructura del poder de negociación. Quienes no tienen riqueza están en una posición de negociación muy débil. Se necesita encontrar un empleo para pagar el alquiler y las cuentas cada mes, y se debe aceptar lo que se ofrece. Es muy distinto tener 100.000 o 200.000 euros en lugar de 0 o 10.000. La gente que tiene millones tal vez no se da cuenta, pero para aquellos que no tienen nada o que a veces solo tienen deudas, significa una gran diferencia.

 

En su país natal, Francia, el impuesto al carbono derivó en la protesta de los chalecos amarillos. ¿Cuál fue en este caso el error de cálculo político?

 

Para que los impuestos sobre el carbono sean aceptables, deben ir acompañados de la justicia tributaria y fiscal. En Francia, el impuesto al carbono solía ser bien aceptado y se aumentaba año tras año. El problema es que el gobierno de Emmanuel Macron utilizó los ingresos fiscales del impuesto sobre el carbono para hacer un enorme recorte de impuestos para el 1% más rico de Francia, suprimiendo el impuesto sobre la riqueza y la tributación progresiva sobre las rentas del capital, los intereses y los dividendos.

Esto enervó a la gente porque se le dijo que la medida era para la lucha contra el cambio climático pero, de hecho, fue solo para hacer un recorte impositivo a aquellos que financiaron su campaña política. Así es como se destruye la idea de los impuestos sobre el carbono. Uno debe ser muy cuidadoso en Alemania porque también puede haber muchos sentimientos negativos, especialmente en los grupos socioeconómicos más bajos. Para que un impuesto al carbono funcione, tiene que incluir los costos sociales y debe ser aceptado por el conjunto de la sociedad.

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Por Thomas Piketty es director de investigación en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, profesor en la Paris School of Economics y codirector de la World Inequality Database. Es autor de los libros El capital en el siglo XXI y de Capital e Ideología.

Este artículo se publicó anteriormente en Nueva Sociedad

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Coronavirus en Perú: el modelo entró en terapia intensiva 

La pandemia desnudó un programa  neoliberal que se jactaba de exitoso por sus buenas cifras macroeconómico

 

Desde Lima. El Perú fue el primer país de la región en decretar una cuarentena total a nivel nacional, el 16 de marzo, pero se ha convertido en el segundo país de Latinoamérica, después de Brasil, con más casos de contagio de covid-19. Son 88.541 contagios reportados y 2.523 fallecidos. En el último día hubo 4.046 casos nuevos, la jornada anterior habían sido 3.891, y 131 fallecidos, el día anterior fueron 125 las muertes. Optimista, el presidente Martín Vizcarra ha señalado esta semana que “ya se ha llegado a la meseta de contagios, ahora comenzará un lento descenso, necesitamos persistir en el esfuerzo”. La afirmación ha desatado un encendido debate. El ministro de Agricultura y once congresistas están entre los infectados.

El gobierno reaccionó rápido al decretar una temprana cuarentena cuando los casos eran 71 y no había un solo fallecido, pero en un país con 70 por ciento de informalidad, muchos que viven del día a día, y un Estado poco eficiente, incapaz de hacer llegar oportunamente las ayudas -en dinero y alimentos- dispuestas para la población más vulnerable, hacer cumplir una rigurosa cuarentena ha sido complicado.

Precarios y desordenados mercados populares donde compradores y comerciantes con un alto índice de contagio detectado se aglomeran y que recién ocho semanas después de estar en cuarentena se intentan ordenar, largas filas en los bancos para cobrar los bonos repartidos desorganizadamente por el gobierno y el transporte público, se han convertido en los principales espacios de transmisión del virus durante esta larga cuarenta.

El coronavirus se inició en los barrios limeños de clase media y alta con personas llegadas de Europa -el primer caso se presentó el 6 de marzo- pero ahora, a través de estos tres focos de contagio, se extiende en los barrios populares, donde millones viven hacinados en precarias viviendas, muchas sin agua. Un ambiente propicio para la expansión del virus.

“Una primera razón por la cual el Perú tiene más casos de coronavirus registrados que la mayoría de países de la región es porque es el país de la región que más pruebas para detectar el virus está haciendo (se han hecho más de 630 mil pruebas), y a más pruebas más casos detectados, cifras más reales, menos subregistro”, le declaró a Página/12 el médico Eduardo Gotuzzo, miembro de un equipo de expertos que asesora al gobierno.

El doctor Gotuzzo hace un balance de la cuarentena: “En un inicio tuvimos problemas para detectar y aislar los primeros casos y la enfermedad se diseminó. La vigilancia epidemiológica en ese inicio no fue la mejor. Eso se ha superado. Un grave error ha sido poner un toque de queda muy temprano (a partir de las seis de la tarde y desde el lunes pasado corrido a las ocho de la noche), lo que redujo el tiempo de atención en bancos y mercados, generando más aglomeraciones que propagan el virus. La cuarentena ha servido para reducir los contagios, sin cuarentena serían muchos más, y se ha aprovechado este tiempo para mejorar el precario sistema de salud”.

Mejorar el deficiente sistema de salud, descuidado y desfinanciado a pesar de las últimas dos décadas de importante crecimiento económico, es una carrera contra el tiempo y el avance del virus. Se está al límite. Y en algunas regiones del país ya ha colapsado, con pacientes que mueren en los pasillos de los hospitales esperando ser atendidos. Personal de salud protesta exigiendo equipos de protección.

El lunes pasado se volvió a prorrogar la cuarentena por otras dos semanas, pero esta vez con una apertura parcial de algunas actividades económicas, como la minería, construcción, industria textil, servicio de restaurantes por delivery. Con esta apertura volverían al trabajo 1,4 millones de personas y la actividad económica, reducida a un 44 por ciento con la cuarentena, debe subir a un 70 por ciento. Hay temor sobre el impacto de esta apertura en la propagación de la covid – 19.

El gobierno ha destinado unos 30 mil millones de dólares (el 14 por ciento del PIB) para responder a la emergencia por la pandemia y sus efectos. Se ha creado un bono equivalente a 220 dólares para 6,8 millones de familias -75 por ciento del total de familias del país- pero hasta ahora se ha repartido menos del 40 por ciento de ese bono, se ha postergado el pago de impuestos, para las empresas se están dando préstamos avalados por el Estado con intereses entre uno y dos por ciento y hay subsidios parciales a los pagos de planillas. Pero a pesar de estas ayudas, las empresas han dado hasta ahora licencias sin paga a más de 200 mil trabajadores.

Diversos expertos indican que este año la caída del PIB sería mayor a 10 por ciento, después de haber crecido 2,2 por ciento en 2019 y tener antes de la pandemia una proyección de 4 por ciento de alza para este año. Según Cepal, la pobreza en el Perú subiría de 20,2 por ciento a entre 23,3 y 25,2 por ciento. Esto significa entre 950 mil y 1,6 millones de nuevos pobres. Hay otro 32 por ciento que está fuera de la línea de pobreza monetaria (que es de un ingreso mensual de unos 400 dólares para una familia de cuatro miembros), pero en condición de vulnerabilidad. Analistas estiman que entre 700 mil y 1,3 millones perderían su empleo este año.

Ante a la propuesta para crear un impuesto a la riqueza, que gatilló las presiones en contra de los grupos de poder, el presidente Vizcarra señaló que en este momento de crisis “es necesaria la solidaridad de quienes tienen más”, pero su ministra de Economía, María Antonieta Alva, una joven economista de 35 años salida de la tecnocracia neoliberal, ha marcado distancias con la propuesta.

“El costo económico de esta crisis para el país será grandísimo y estimo que tardaremos por lo menos dos años en recuperarnos. Después de la pandemia tendremos una economía más concentrada, más oligopólica, porque en estos días el gobierno ha suspendido la entrada en vigencia de una ley antimonopolio”, le señaló a este diario el economista Humberto Campodónico, catedrático de la Universidad de San Marcos y columnista del diario La República.

“Esta pandemia está revelando que en el Perú con la Constitución de 1993 (dada por el régimen autoritario de Alberto Fujimori) que redujo al Estado a un rol subsidiario de lo privado, lo que hemos tenido es una modernización de escaparate, con algunas instituciones estatales útiles para el modelo neoliberal que se han desarrollado, pero lo que tiene que ver con el bienestar de la población, como la salud, la educación o el transporte público, no se ha desarrollado. No hay una base industrial diversificada, por eso tenemos una alta informalidad laboral. Esta pandemia ha puesto en evidencia que el modelo neoliberal que tenemos hace agua”, reflexiona Campodónico.

El coronavirus ha desnudado dramáticamente las profundas desigualdades y exclusiones de un modelo que se jactaba de exitoso por sus buenas cifras macroeconómicos, pero que escondía sus pésimas cifras sociales. 

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La pobreza golpeará a la mitad de la humanidad

Las proyecciones estadísticas más pesimistas van quedándose cortas ante la dimensión de la crisis. Desempleo, desinformación y pobreza aparecen como algunas de las piezas de un rompecabezas todavía no armado, pero con efectos directos y colaterales devastadores. La mitad de los empleos en la escala mundial se ven amenazados

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El «privilegio» del empleo

 

En el mundo, 1.600 millones de los 2.000 millones de trabajadores de la economía informal se ven afectados por las medidas de confinamiento y de contención. La mayoría trabaja en los sectores más afectados o en pequeñas unidades económicas más vulnerables a las crisis, según un informe publicado el 7 de mayo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Estos incluyen a los trabajadores en los servicios de hostelería y restauración, la industria manufacturera, la venta al por mayor y al por menor, y los más de 500 millones de agricultores que abastecen los mercados urbanos. Las mujeres se ven especialmente afectadas en los sectores de alto riesgo, destaca el informe.

Por otra parte, la caída constante de las horas de trabajo a nivel mundial a causa del COVID-19 significa que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, esto es, casi la mitad de la población activa mundial, “corre peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento”, señalaba la OIT en su 3er documento analítico de fines de abril.

Entre su primer informe sobre el COVID-19 y el mundo del trabajo publicado el 18 de marzo pasado y las estimaciones actualizadas difundidas a fines de abril la OIT cambió su punto de referencia. Ya no se trata de comparar la actual crisis con el terremoto financiero del 2008, sino con los estragos resultantes de la Segunda Guerra Mundial.

El 81% de la fuerza de trabajo – más de 2.700 millones de trabajadoras y trabajadores- padecía desempleo total o parcial a fines de abril. Y de continuar esta tendencia, en el segundo semestre del año en curso la reducción del empleo golpeará a 305 millones de trabajadoras y trabajadores a tiempo completo, teniendo como referencia una jornada laboral de 48 horas semanales.

En el estudio actualizado de la OIT (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743056/lang–es/index.htm) la alarma suena con respecto a los trabajadores de la economía informal, que representan en su totalidad, unos 2.000 millones de personas, la mayoría en países emergentes y en desarrollo de ingreso bajo y mediano.  Con el agravante que, en general, carecen de protección básica, de cobertura de seguridad social, de atención médica y, en caso de enfermedad, de sustitución de ingresos.

La crisis económica provocada por la pandemia ha dado una estocada contundente a la capacidad de ganar el sustento de casi 1.600 millones de trabajadora-es de la economía informal – el sector más vulnerable-, de un total de 2.000 millones a nivel mundial, y de una fuerza de trabajo de 3.300 millones de personas a escala planetaria. Las medidas de confinamiento y/o el hecho de que esas personas trabajan en alguno de los sectores más golpeados por la crisis, determinan esta dramática situación.

India, con 400 millones de trabajadores informales, Nigeria, Brasil, Indonesia, Pakistán y Vietnam, se encuentran entre las naciones que por concentración demográfica más sufrirán el impacto. Sin embargo, regiones enteras, como Centroamérica, o la América andina, dependen en gran medida de las actividades informales. Las que tienen, también, una fuerte incidencia en las concentraciones urbanas latinoamericanas, desde Buenos Aires hasta la Ciudad de México, pasando por Bogotá, Caracas, Lima o La Paz.

La pandemia desinformativa

Beber alcohol fuerte, comer gran cantidad de ajo, bañarse con agua casi hirviente, ingerir medicamentos caseros… Miles de informaciones falsas sobre el COVID-19 explotan en internet, en las redes sociales y en las plataformas de comunicación.

«La información falsa y poco fiable pone en riesgo muchas vidas”, señala la Organización Mundial de la Salud. Con los Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus 2019-nCoV, (https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters) intentó salir al cruce de creencias, desinformaciones o métodos “caseros”, que se presentan como eficaces para contrarrestar el virus. Con el agravante, además, de que detrás de muchas desinformaciones se expande el comercio creciente de medicamentos falsificados o adulterados.

Ya en la segunda quincena de marzo la Federación Internacional de Periodistas (FIP) que nuclea a 600.000 trabajadores del sector había advertido sobre la necesidad que “periodistas y medios informen sobre hechos y con fuentes fiables, sin especulación alguna…” Y convocaba a autoridades públicas e instituciones médicas a suministrar “información puntual y transparente”. Fue la misma FIP quien en la segunda semana de abril condenó los ataques sistemáticos del presidente brasilero Jair Bolsonaro a periodistas de su país. Un estudio al que hace referencia la central sindical mundial con sede en Bruselas contabiliza más de 140 ataques de este tipo, en los últimos tres meses, en torno a la cobertura informativa de la pandemia.

Futuro dramático

Si la explosión desbocada del desempleo y la problemática de la desinformación acompañan la nueva coyuntura pandémica mundial el tema de la deuda externa se convierte en agenda crucial de países y regiones.

No solo la antigua, acumulada y pendiente. Sino también la nueva, que muchos Estados contraerán para hacer frente a la crisis de sobrevivencia. Fue uno de los temas cruciales, por ejemplo, del debate interno de la misma Unión Europea durante las últimas semanas y aún pendiente de resolución.

Un grupo de 60 organismos y agencias de las Naciones Unidas, llamaron el pasado 10 de abril a los gobiernos a abordar la actual recesión y su repercusión en las naciones más empobrecidas del planeta. Según las instituciones onusianas miles de millones de personas viven en países al borde del colapso económico debido a la combinación explosiva de los “problemas financieros impulsados por la pandemia del COVID-19, pesadas obligaciones de deuda y un descenso de la ayuda oficial al desarrollo”, subraya el documento del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Financiación para el Desarrollo.

Actores de primer orden de la sociedad civil internacional subrayan, también, el riesgo de que a causa de la pandemia más de 500 millones de personas, adicionalmente, caigan en la pobreza.  Así lo señala Oxfam internacional en su último informe Elijamos dignidad, no indigencia (https://www.oxfam.org/es/informes/elijamos-dignidad-no-indigencia), que fue difundido en abril pasado.

La magnitud de esta crisis, según la ONG internacional, excede toda proyección racional. “Podría suponer un retroceso de una década en la lucha contra la pobreza y de hasta 30 años en algunas regiones como África subsahariana, Oriente Próximo y el Norte de África. Más de la mitad de la población mundial podría vivir en condiciones de pobreza tras la pandemia”.

Oxfam exige a los organismos internacionales (incluidos al FMI y al Banco Mundial que tuvieron su reunión de primavera el tercer fin de semana de abril) “cancelar inmediatamente el pago de la deuda en 2020 y alentar a otros acreedores que hagan los mismo…” Y recomienda “… acordar la inmediata inyección de dinero en los países de desarrollo para ayudarles a rescatar a las comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad”.

Pronósticos, estadísticas, proyecciones, cada día peores, cada semana más dramática. En solo algo más de cuatro meses, la Tierra parece ser otro planeta y la humanidad no termina de agotar su capacidad de asombro.

Por Sergio Ferrari desde la ONU, Ginebra, Suiza

09/05/2020

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Viernes, 08 Mayo 2020 06:44

La idiotez de la vida urbana

La idiotez de la vida urbana

Un amigo mexicano, hace ya más de una década me preguntó: ¿Qué situación se crearía si en la Ciudad de México hubiera un colapso hídrico? Nunca había imaginado tal posibilidad, por lo que me quedé sin palabras. Sin duda, a los pocos días, la situación se volvería caótica, habría violencia por el agua y mucha gente intentaría abandonar la mega ciudad, convertida en una trampa de la cual no sería fácil escapar.

Desde hace un mes se está produciendo un hecho insólito en Lima, y en menor escala en varias ciudades de provincia en Perú. Miles de personas abandonan la capital, cuya área metropolitana supera los 10 millones de habitantes (9.5 millones según datos oficiales de 2017). Pero el problema de Lima no es sólo la enorme concentración de población. Hay, por lo menos, dos temas adicionales.

El primero, es que creció de forma exponencial, como buena parte de las urbes de América Latina. En 1957 Lima tenía 1.2 millones de habitantes. En 1981 eran casi 6 millones. En 2004 llegaban a 8.5 millones, siendo 60 por ciento migrantes andinos que habían construido tres enormes conos (norte, este y sur), incluyendo los servicios, las viviendas y buena parte de los espacios colectivos.

El segundo, es la enorme vulnerabilidad de los sectores populares. El 70 por ciento trabaja en lo que el Estado llama informalidad: comercio ambulante en mercados y en las calles, elaboración y venta de alimentos, manufacturas del más diverso tipo, desde ropa hasta videos, además de varias actividades ilegales. Por último, Lima vive sobre un desierto que no tiene agua, árido y despoblado, helado y calcinante según temporadas.

La avalancha de migrantes fue descrita por el antropólogo José Matos Mar como desborde popular, en la década de los 80. ¿Cómo habría que nombrar ahora la migración inversa, el abandono masivo de la gigantesca y opresiva ciudad?

Los datos son muy elocuentes. Ante la salida incluso a pie de familias enteras, que en la larga caminata duermen donde pueden, corriendo enormes riesgos (ya hubo ahogados cruzando ríos y asesinados para robarles), el Estado abrió un registro para trasladarlos. El 25 de abril había 167 mil personas que querían retornar a sus pueblos o ciudades. Menos de 5 mil fueron transportados por el Estado (https://bit.ly/2xGrBBi).

Evidentemente son muchísimos más los que ya han salido y los que desean hacerlo. Huyen del hambre, de la soledad, de la insolidaridad. Familias enteras con sus hijos e hijas, buscan llegar a sus pueblos donde los esperan parientes que cultivan sus chacras y pueden abrazarlas con alimentos.

El historiador Fernand Braudel decía que el momento del naufragio es el más significativo, porque hace visibles los puntos de ruptura, las fallas en la construcción y los diseños defectuosos. En nuestras sociedades, esos defectos estructurales son el individualismo, el consumismo y todas las actitudes que entre los sectores populares son funcionales al capitalismo.

De poco sirve echar las culpas al sistema (capital o Estado) de nuestros males si, a la vez, no proponemos y transitamos caminos para superarlos. No tengo la menor duda que el sistema capitalista, el mismo que funciona en Estados Unidos, Europa o China, tiene una enorme responsabilidad en la pandemia y, de modo muy particular, en la enorme mortandad que provoca entre los más pobres.

Datos revelados por el diario O Globo el pasado primero de mayo sobre Río de Janeiro, no dejan lugar a dudas. Mientras en Leblon la tasa de letalidad de los infectados es de 2.4 por ciento, en el complejo de favelas Maré llega a 30.8 por ciento. Información que nos dice que la letalidad entre los pobres es 13 veces mayor que entre los ricos.

No creo en los analistas que dicen que la pandemia nos coloca a las puertas del comunismo, o que ahora la humanidad tiene la posibilidad de cambiar el rumbo. No veo el menor síntoma de que algo así esté en camino y, por el contrario, observamos cómo los poderosos intensifican sus planes genocidas: desde la masificación del teletrabajo y el control digital hasta megaobras como el Tren Maya, entre muchas otras.

La frase de Marx alterada, que titula este artículo (mencionó la estupidez de la vida rural, en el Manifiesto del Partido Comunista), no debería ser tomada al pie de la letra, sino valorarla como un legado del tiempo que le tocó vivir. Marx consideraba a la burguesía como revolucionaria y confiaba plenamente en el desarrollo de las fuerzas productivas y los avances tecnocientíficos como garantía del progreso de la humanidad.

No estamos obligados a insistir en ese modo de razonar. Siglo y medio atrás no existían ni el feminismo ni el anticolonialismo, que se desplegaron plenamente en el siglo XX y que deberían haber cambiado nuestra forma de ver el mundo con la emergencia de sujetos colectivos como los pueblos originarios y las mujeres de los sectores populares.

Nuestra fidelidad debería ser con los pueblos, que van por delante de cualquier teoría, como nos enseñan ahora las migrantes que abandonan Lima.

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Médicos y enfermeras aplauden en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Paitilla, en Panamá, después de que la última prueba de Covid en paciente contagiado resultó negativa.Foto Afp

Nueva York., La Organización de Naciones Unidas (ONU) triplicó su petición de ayuda, de 2 mil a 6 mil 700 millones de dólares, para combatir la propagación y los efectos desestabilizadores de la pandemia del nuevo coronavirus en 46 países vulnerables, principalmente de África y América Latina.

Si bien Estados Unidos y Europa aún enfrentan el brote, Mark Lowcock, secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios, advirtió que el virus alcanzará su punto más álgido en los países pobres entre los próximos tres o seis meses, por lo que podría revivir un nuevo periodo de desestabilización.

"En los países más pobres, ya podemos ver economías contraerse debido a la desaparición de las ganancias por exportaciones, remesas y turismo. A menos que tomemos medidas ahora, deberíamos prepararnos para un aumento significativo de conflictos, hambre y pobreza", afirmó en videoconferencia.

Desde la primera petición, hecha el 25 de marzo, la ONU dijo que se han recaudado 923 millones de dólares de 2 mil millones, para respaldar las medidas contra el Covid-19 en 37 países. El nuevo monto –que deberá cubrir hasta diciembre– incluye a Benín, Yibuti, Liberia, Mozambique, Pakistán, Filipinas, Sierra Leona, Togo y Zimbabue.

David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos, dijo que se ayuda a casi 100 millones de personas en un día y "a menos que no podamos mantener esas operaciones esenciales activas, a la pandemia sanitaria le seguirá pronto una pandemia de hambre".

El número de casos en la mayoría de los países en vías de desarrollo que optan a la ayuda de la ONU "podría parecer pequeño, pero sabemos que la vigilancia, las pruebas de laboratorio y la capacidad de los sistemas de salud de esos países son escasas", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, titular general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La pandemia alcanzó ayer un saldo de 262 mil 709 muertos, 3 millones 744 mil 585 contagiados y un millón 238 mil 250 pacientes recuperados en el mundo, según la Universidad Johns Hopkins. El Consejo Internacional de Enfermeros estima que se han infectado al menos 90 mil trabajadores de la salud, y es posible que la cifra sea el doble, mientras los reportes de escasez de equipos sanitarios protectores continúan.

Por otro lado, Antonio Vitorino, director de la Organización Internacional para las Migraciones, alertó en otra videoconferencia que miles de migrantes están atrapados, "extraviados", en todo el mundo, incapaces de moverse por el cierre de fronteras.

Temor por levantar confinamientos

Aseguró que los campamentos donde están forzados a residir algunos de los indocumentados son focos de contagio, pero confirmó que solicitó a los gobiernos el acceso a esos albergues para evaluar cuál es la situación sanitaria.

La pandemia y la limitación de desplazamientos han complicado la producción y el tráfico de drogas a escala mundial, según un informe de la ONU, que constata los efectos que tienen las restricciones para el contrabando por vía aérea.

En tanto, las divisiones políticas y regionales están surgiendo en muchos países en torno a qué tan rápido levantar los confinamientos decretados para combatir la pandemia del coronavirus, mientras las preocupaciones por una devastación económica chocan con los temores de una segunda ola de muertes.

Los alcaldes franceses están resistiéndose al llamado del gobierno central a reabrir las escuelas; mientras, los gobernadores italianos quieren que el gobierno central afloje el encierro a mayor velocidad, cuando las autoridades ya reabrieron la economía en algunas zonas y están dispuestos a reanudar las misas a partir del día 18.

Se espera que el primer ministro británico, Boris Johnson, extienda por seis semanas más las medidas de encierro, pero adelantó que relajará algunas restricciones que afectan a la economía y vida social la semana próxima.

Francia sufrirá un "empobrecimiento general" a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, indicó el primer ministro francés, Édouard Philippe, quien detalló que el desconfinamiento en la nación, que se inicia el día 11, será más estricto en París.

Hans Kluge, jefe de la oficina de la OMS para Europa, señaló que esta agencia está "profundamente preocupada" por que los reportes de violencia doméstica se incrementaron 60 por ciento en el continente durante la pandemia, especialmente en Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Rusia y España.

El virus podría matar entre 83 mil y 190 mil personas en África en el primer año de la pandemia, alertó la OMS, cuando en el continente se superó la barrera de los 50 mil casos, con más de 2 mil decesos.

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El retorno forzado de los migrantes venezolanos 

En un contexto de bloqueo económico, baja del precio del petróleo e hiperinflación

La gestión acertada, junto con la situación sanitaria de varios países de la región y episodios de discriminación, ha impulsado el regreso de 18 mil  venezolanos y se espera que lleguen más.

 

Comienza la séptima semana de cuarentena en Venezuela y la curva de la pandemia se mantiene aplanada: 325 casos confirmados, 137 personas recuperadas y 10 fallecidas. El pronóstico apocalíptico vaticinado por un sector de la oposición y por Estados Unidos no se cumplió, el gobierno ha desplegado una política acertada, en particular si se lo analiza respecto a los países vecinos.

Solo quedan pocas veces que digan lo contrario, y esas voces son de quienes desean y empujan la tragedia como estrategia golpista de acceso al poder político.

La gestión acertada, junto con la situación sanitaria de varios países de la región y episodios de discriminación, ha impulsado el regreso de venezolanos al país. Alrededor de 18 mil han ingresado por tierra por los tres principales estados fronterizos con Colombia, Zulia, Táchira y Apure, y se espera que lleguen más en los próximos días.

El retorno comenzó desde el primer día de la cuarentena y se ha mantenido a diario. Se trata en su gran mayoría de gente de bajos recursos. La respuesta del gobierno ha sido poner en marcha un despliegue médico y logístico para recibir de forma gratuita a quienes regresan, lo que ha fortalecido su imagen.

Así como existe un consenso mayoritario sobre la política anti pandemia, también lo hay acerca del cuadro económico que vuelve a arrojar niveles de preocupación altos con la cuarentena, los precios petroleros que se mantienen bajo, y el bloqueo económico que volvió a escalar.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, prohibió a las cinco grandes empresas petroleras norteamericanas restantes en Venezuela, en particular Chevron, extraer y comerciar petróleo en el país. El gobierno de Donald Trump sumó así otro golpe, articulado a las sanciones a PDVSA, a empresas que comercien crudo venezolano, y la prohibición de envío de gasolina al país.

La combinación de dificultades cotidianas es triple: desabastecimiento de gasolina, aumento del dólar paralelo y el oficial -que aumenta a una velocidad inferior, pero cercana al primero- y el aumento de los precios.

Esta situación generó escenarios de protestas en zonas periféricas del país, centralmente campesinas, pesqueras, mineras, dependientes de la gasolina para su funcionamiento. Si bien la oposición intentó maximizar públicamente la dimensión de las protestas y en algunos casos desencadenarlas, la aparición de estos episodios indicó la existencia de una escalada de las dificultades materiales.

El gobierno decidió tomar medidas ante ese cuadro y anunció la venta supervisada de productos de tres grandes empresas marcadoras de precios de forma especulativa -en particular del oligopolio Empresas Polar- la ocupación por 180 días de un consorcio oleaginoso, y el establecimiento de precios acordados para 27 productos.

Se trató del regreso de medidas que habían sido dejadas de lado durante más de un año, como el anuncio de regular precios. Los últimos tiempos estuvieron marcados por la liberación cambiaria, la restricción de emisión monetaria, y la circulación del dólar que se convirtió en la moneda de marcaje de precios y de uso diario en la calle para muchos sectores.

La oposición se opuso a las medidas, afirmó que volverá el desabastecimiento, al igual que dejó entrever la respuesta de Polar, que declaró que “la medida atenta contra el abastecimiento de alimentos”. El chavismo, por su parte, apoyó la decisión en vista de la impotencia/impunidad ante el aumento de precios.

La duda que atraviesa a muchos es si esta vez se logrará mantener el abastecimiento y los precios acordados, en vista de la imposibilidad de garantizarlo en oportunidades anteriores. La otra gran pregunta: ¿cómo lograr precios accesibles para quienes viven en bolívares?

Esta incertidumbre se asienta en el hecho de que las estructuras de costos de productores y comerciantes son de hecho en dólares, y los precios acordados se relacionan con el dólar oficial. Un aumento del oficial -como ha sido la tendencia- impactaría en los precios en bolívares y se reducirán los ya devaluados ingresos en moneda nacional.

La apuesta de la estrategia norteamericana es que no exista solución, y el conjunto de presiones económicas y de operaciones armadas encubiertas acorralen hasta el punto de generar un quiebre en el ámbito de la dirección civil o militar.

Para eso Elliot Abrams, encargado norteamericano en el plan hacia Venezuela, ha tomado un rol de exposición mediática y actualización de la “propuesta” norteamericana donde, según afirma, lo único no negociable es la salida de Nicolás Maduro del gobierno. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, repite/promete, puede mantenerse en sus cargos durante el tiempo de transición.

El chavismo se encuentra así ante un escenario a tres tiempos: la pelea contra la pandemia, el bloqueo y crisis económica, y la estrategia de derrocamiento norteamericano en ofensiva. La oposición nacional, y en particular Juan Guaidó, ya casi no tienen incidencia.   

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Una bomba a punto de estallar: la pandemia en las periferias urbanas de América Latina

Cuando la pandemia de coronavirus se interne en los barrios populares de las grandes ciudades latinoamericanas, estará ingresando por vez primera en un mundo desconocido de pobreza profunda, hambre crónica, infra-viviendas sin agua y desocupación estructural, en sectores ya afectados por el dengue y la tuberculosis. Puede tener efectos terribles.

 

La tremenda situación que vive la ciudad de Guayaquil, con cadáveres abandonados en las calles o los trapos rojos en las ventanas de las casas colombianas del municipio periférico de Soacha, son muestras palpables de un abandono estatal de siglos.

Hasta ahora la pandemia se detuvo en países y regiones donde el Estado está presente, pese a los errores y desvaríos de algunos mandatarios, y donde la pobreza en modo alguno tiene los alcances que conocemos en las favelas brasileñas y en las villas argentinas, por ejemplo.

La Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro, que tiene un largo trabajo en la Baixada Fluminense, la región más pobre de la ciudad compuesta por una decena de municipios y tres millones de habitantes, sostiene que "se registra una falta histórica de datos y de indicadores específicos que permitan formular políticas para enfrentar su dramática realidad social".

No es un tema menor ya que los Estados desconocen, literalmente, cuántas personas viven en los barrios más pobres, qué necesidades tienen y por eso están muy lejos de poder hacer algo eficiente.

La citada Universidad sostiene que el coronavirus llegó primero a los estratos más acomodados, como en toda la región, pero que en pocos días "todo indica que ganará una dinámica mucho más agresiva en las periferias urbanas". El razonamiento es muy sencillo: si en los países más desarrollados la pandemia desbordó los sistemas de salud, al punto que no hay claridad en cuanto al número de infectados y de muertos, en los barrios más pobres causará estragos.

Mientas la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda ocho camas de hospital cada mil habitantes (en Brasil es de 2,2), en algunos municipios de la Baixada Fluminense, como Seropédica e Itaguaí, hay apenas 0,3 a 0,8 camas cada mil habitantes.

Desde la favela Maré, en Rio de Janeiro, Timo Bartholl explica a Sputnik las dificultades para lavarse las manos en zonas donde no hay agua, donde la población necesita salir a vender para poder comprar alimentos, porque casi todos son informales. Los pequeños grupos de activistas, como Roça que procesa cerveza artesanal y ahora entrega canasta de productos orgánicos a las familias, intentan paliar la absoluta ausencia de las instituciones estatales.

"Las dinámicas de la favela para enfrentar una ocupación militar violenta o un virus, no son tan diferentes", dice Timo del otro lado del teléfono. Ahora se suspendieron las ferias agroecológicas de los campesinos, con lo que la posibilidad de acceder a alimentos frescos de calidad se complica. Una de las grandes dificultades en la favela son los varones, que se creen inmunes. Porque cada varón es un pequeño Bolsonaro, autoritario, violento, que mira al resto desde arriba.

En Paraisópolis, una de las mayores favelas de Sao Paulo, la comunidad transformó 420 pobladores en "presidentes de calle" para que cada uno haga el seguimiento de 50 viviendas. Cuando se identifica un caso de coronavirus, se les ofrece orientación y se les pide quedarse en la casa. Si el enfermo agrava, se le busca una ambulancia.

También hacen un seguimiento de las familias que perdieron el empleo. La presidenta de la Asociación de Mujeres, Elizandra Cerqueira, explica que "sólo en comunidad vamos a poder superar este desafío, ya que las personas aquí trabajan por día, en servicios y mantenimiento, y ahora ya no tienen ingresos".

Paraguay

En los Bañados de Asunción, la capital paraguaya, donde viven 100.000 personas en situación de extrema precariedad agravada por las inundaciones estacionales del río Paraguay, los vecinos instalaron decenas de ollas populares porque el Estado se demoró casi tres semanas en enviar víveres, siempre insuficientes.

Giovanna Minardi, una joven que forma parte de la Coordinadora de Lucha por la Tierra, explica que "las familias no están trabajando porque en su mayoría somos informales, reciclamos o somos vendedores ambulantes, albañiles, las mujeres son despenseras o trabajadoras domésticas y nos piden que nos quedemos en casa, pero entonces no tenemos qué llevar a la mesa".

Las vecinas, porque en su inmensa mayoría son mujeres, gestionan once ollas populares en siete barrios del Bañado Sur. Cada una da de comer a un promedio de 100 a 180 familias, dando prioridad a niños y ancianos. "No se mantienen ni por el Estado ni por la politiquería sino por el apoyo de gente trabajadora, de gente de afuera del barrio que recoge alimentos desde hace más un mes", dice Giovanna.

Argentina

En la periferia de la ciudad de Buenos Aires, donde el Estado dice haberse volcado desde la crisis de 2002, la situación es grave, porque además las autoridades no conocen la realidad. En algunas villas como la 21, en el barrio porteño de Barracas, los movimientos sociales territoriales y las parroquias se están organizando para reclamar alimentos y para distribuirlos cuando llegan.

En la Villa 21, el padre Carlos Olivero señala a Sputnik que los curas villeros (sacerdotes que viven en las villas), el Hogar de Cristo y una decena de organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Popular La Dignidad, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Frente Darío Santillán y otros, "estamos articulando ejes de organización y de demanda comunes".

La participación de las iglesias locales y de los movimientos sociales, fue la forma que encontraron de hacer llegar la ayuda a cada familia en las villas, que viven en callejones desconocidos incluso para los trabajadores sociales del Estado y hasta para la policía.

"El gobierno no entiende la situación de los barrios populares, no estaba y difícilmente pueda estar", sentencia el padre Carlos.

Me parece necesario reflexionar que la mentada ausencia del Estado, se relaciona no sólo con la escasez material de alimentos y de recursos sanitarios, sino con un algo más que es el momento de clarificar.

El primero, que las autoridades "tienen plan para la población en general, no para los pobres", como señala el padre Carlos. Esto nos indica que se acercan a la pobreza desde su cultura institucional y de clase media, o sea una mirada plagada de prejuicios. Por ejemplo, el "quédate en casa" no funciona en estos barrios, donde se amontonan diez personas en viviendas precarias que se llueven, sin agua, heladas ahora que llega el invierno y un horno en el verano.

Por eso triunfó el lema "quédate en el barrio", que responde a la lógica comunitaria de los pobres, que no tienen calefacción o aire acondicionado, ni internet ni una computadora por persona. Por eso apelan a los movimientos y a los curas villeros.

17:52 GMT 15.04.2020URL corto

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