Coronavirus: Para la OIT se perderán 195 millones de puestos de trabajo

"Los trabajadores se enfrentan a una catástrofe"

La destrucción de empleos superará a la de la crisis financiera de 2008-2009.  La paralización de actividades en el mundo afecta al 81 por ciento de la fuerza laboral.

 

El coronavirus reducirá en un 6,7 por ciento las horas laborales a nivel mundial en el segundo trimestre de 2020, lo que equivale a 195 millones de empleos a tiempo completo, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "Esto supera con creces los efectos de la crisis financiera de 2008-9", agrega el organismo. "Los trabajadores y las empresas se enfrentan a una catástrofe, tanto en economías desarrolladas como en desarrollo. Tenemos que movernos rápido, decisivamente y juntos. Las medidas correctas y urgentes podrían marcar la diferencia entre supervivencia y colapso", aseguró este martes el director general de la OIT, Guy Ryder.

La interrupción de la actividad que genera la pandemia está impactando en las horas de trabajo y en los ingresos del sector laboral. Las medidas de paralización total o parcial ya afectan a casi 2700 millones de trabajadores; es decir, a alrededor del 81 por ciento de la fuerza de trabajo mundial, de acuerdo a cálculos del organismo.

"Más de cuatro de cada cinco personas (81 por ciento) en la fuerza laboral global de 3,3 mil millones son actualmente afectados por el cierre total o parcial del lugar de trabajo", remarca. La OIT estima que 1250 millones de trabajadores y trabajadoras, equivalente al 38 por ciento de la población activa mundial, están empleados en sectores que afrontan una grave caída de la producción y un alto riesgo de desplazamiento de la fuerza de trabajo.

Entre los sectores clave figuran el comercio minorista, los servicios de alojamiento y de comidas y las industrias manufactureras. "Se prevén grandes reducciones en los Estados árabes (8,1 por ciento, equivalente a 5 millones de trabajadores a tiempo completo), Europa (7,8 por ciento, o 12 millones de empleos) y Asia y el Pacífico (7,2 por ciento, 125 millones)", señala el comunicado del organismo con sede en Ginebra.

Especialmente en los países de ingreso bajo y de ingreso mediano, los sectores más afectados tienen una elevada proporción de trabajadores en el empleo informal y de trabajadores con un acceso limitado a los servicios de salud y a la protección social. En el comunicado de del informe, el organismo no hace referencia en particular a la situación de Argentina, pero los sectores afectados por la paralización de actividades se repiten en el país en relación a la situación internacional. "Sin medidas apropiadas a nivel político, los trabajadores corren un alto riesgo de caer en la pobreza y de tener mayores dificultades para recuperar sus medios de vida durante el periodo de recuperación", advierte.

En cuanto a la pérdida de nivel de ingresos en los diferentes grupos, la caída se dará especialmente en la clase media de países de altos ingresos (7,0 por ciento, 100 millones de trabajadores a tiempo completo). Los sectores de mayor riesgo incluyen servicios de alojamiento y alimentación, fabricación, venta minorista y actividades comerciales y administrativas.

Dentro de los 1250 millones de trabajadores empleados en sectores identificados de alto riesgo de despidos y reducciones de salarios y horas hay variaciones también a nivel regional. En las Américas, el 43,2 por ciento del empleo está "en situación riesgo"; en Asia y el Pacífico, el 37,9 por ciento; en África, el 26,4 por ciento; en Estados Árabes, el 33,2 por ciento y Europa y Asia Central, el 42,1 por ciento.

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La renta básica deja de ser una utopía

La pandemia lleva a diversos países a ensayar planes de transferencias directas no universales para compensar la reducción en los ingresos de sus ciudadanos

En su punto álgido, todas las crisis parecen llamadas a cambiar el mundo. La Gran Recesión de 2008 iba a ser la de la refundación del capitalismo. La de deuda soberana del sur de Europa, la que sentaría las bases de una nueva Unión más solidaria. Y esta, la del coronavirus, “escribirá un nuevo mundo con otras reglas”, según apuntaba la semana pasada el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton. Lo más probable es que, como en las dos ocasiones anteriores, ese axioma se lo acabará llevando el viento y el giro de timón se quedará en apenas buenas palabras.

Sin embargo, lejos de los discursos altisonantes y fuera de los grandes focos, algunas ideas hasta ahora consideradas de nicho comienzan a enraizar: la renta básica (universal o no), una suerte de garantía de ingresos a los ciudadanos por el mero hecho de serlo, ha sumado más adeptos en apenas unos días que en años, dando un salto exponencial en el debate público y presentando una sólida candidatura en el menú de posibles soluciones para salir del atolladero económico y social de la pandemia. Y, algo aún más importante, empieza a calar en el terreno de los hechos, con distintos Gobiernos poniendo en marcha sus versiones propias de esta herramienta para combatir una recesión que ya es, en palabras de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, “tan mala o peor como la de 2009”.

Estados Unidos, un país en el que el debate sobre la renta básica quedaba recluido a ámbitos académicos relativamente estancos y a propuestas electorales minoritarias, como la del excandidato demócrata a la nominación presidencial Andrew Yang, ha dado un primer y decisivo paso en esa dirección: dará a sus ciudadanos 1.200 dólares (unos 1.100 euros) de una tacada, una cuantía que se reduce gradualmente para quienes ganan más de 75.000 dólares al año y que solo deja fuera a aquellos que ingresan 99.000 dólares o más. El objetivo, según la Casa Blanca, es tratar de paliar la merma de ingresos y asegurar lo esencial. “Los fundamentos son idénticos [a lo que propongo]: es una transferencia directa a individuos y hogares”, ha reconocido Yang en declaraciones a la radio pública NPR. “La gran diferencia es que yo sugiero que sea a perpetuidad, como un derecho básico de ciudadanía para cubrir las necesidades básicas y el paquete de estímulos está diseñado para durar solo unos meses”.

En paralelo, Brasil acaba de anunciar un esquema de pagos —en este caso, mucho más lejos de la universalidad— de casi 115 euros mensuales (la mitad del salario mínimo) durante un trimestre para 60 millones de trabajadores informales. Y España ultima estos días una renta mínima que, parece, estará en el entorno de los 440 euros al mes, en línea con la ayuda aprobada la semana pasada para los trabajadores temporales que se queden sin empleo por el parón económico desatado por el virus y con lo que propuso la autoridad fiscal (la Airef) el verano pasado. El objetivo será, de nuevo, proteger a los colectivos más vulnerables. En otros países europeos, como el Reino Unido, el “ingreso universal de emergencia” también ha irrumpido en la Cámara de los Lores y en la de los Comunes, pero aún no ha permeado en el tan conservador como heterodoxo primer ministro, Boris Johnson.

¿Por qué una renta básica y por qué ahora? Sus cada vez más numerosos defensores ven en ella una herramienta útil para contener la emergencia social que sufren quienes de la noche a la mañana se han quedado sin ingresos. Y, añaden los paladines de la idea, sería también una herramienta útil para reactivar la demanda cuando se puedan ir levantando las cuarentenas.

Hasta ahora, en el Viejo Continente la contingencia se ha abordado con ayudas por colectivos y, como en Italia, hasta con bonos alimentarios para tratar de rebajar la creciente tensión social en el sur del país. Pero en América Latina y en el resto del bloque emergente, donde la informalidad (personas que trabajan, pero son totalmente invisibles para el Estado) alcanza cotas infinitamente más altas que en Occidente, la gestión de la crisis está siendo y será mucho más complicada.

“En estos países, que todavía están en una fase inicial de la pandemia, la renta básica debe aplicarse tan rápidamente como sea posible: no puedes comprar jabón ni tener agua limpia sin el dinero necesario para ello, y es más sencillo transferirlo directamente a la gente que organizar un esquema complejo de subsidios”, apunta Guy Standing, profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres y autor de La renta básica: un derecho para todos y para siempre (Editorial Pasado y Presente).

Todos los esquemas diseñados o puestos en marcha desde el inicio de la pandemia están, sin embargo, pensados para desaparecer tan pronto baje la marea, como destaca Philippe van Parijs, profesor de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). “Tienen un propósito útil y pueden ser la mejor herramienta disponible, pero son intrínsecamente temporales”, recalca el quizá mayor embajador global del concepto.

“Muchos de los que la criticaban, ahora la defienden”

La renta básica no ha dejado de ganar enteros con el paso de los años ante el avance de la desigualdad y la merma del Estado de bienestar. Pero no es, ni mucho menos, una idea nueva: empezó a sonar, aunque en círculos muy reducidos, en el siglo XVIII y en su travesía ha logrado reunir en torno a sí a economistas de extracción ideológica tan diversa como John Kenneth Galbraith, Milton Friedman o James Meade, entre otros. Y ha cautivado a pensadores separados por dos siglos como Thomas Paine (1737-1809) y Bertrand Russell (1872-1970). Nunca, sin embargo, ha estado tan cerca de convertirse en realidad como hoy. “Creo en el utopismo oportunista. Las crisis pueden proporcionar oportunidades para grandes avances y debemos aprovechar el impulso”, anima Van Parijs, coautor de Ingreso básico. Una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata (Editorial Grano de Sal).

La vertiente universal del ingreso básico —la más interesante, pero también la más compleja por los costes que lleva asociados— está atrayendo un interés mayor en un momento de indefinición económica, como reconoce Louise Haagh, del departamento de Ciencias Políticas la Universidad de York (Reino Unido). “Está quedando patente el fallo de nuestro sistema tanto para responder específicamente a esta crisis como, más en general, para ofrecer una seguridad económica real”, apunta por correo electrónico. “Es solo una pieza del puzle, pero al menos sería un intento serio de reconocer los derechos y el estatus económico de todos”. También Standing ve un cambio de patrón: “Muchos políticos, economistas y medios de comunicación, que en el pasado han sido hostiles a la idea, ahora la defienden”.

El coste de un ingreso básico permanente y no únicamente de emergencia varía, y mucho, entre latitudes. La renta mínima propuesta en España por el hoy ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando estaba al frente de la Airef costaría 3.500 millones de euros si se descuentan los solapamientos con otros programas sociales y reduciría la pobreza en entre un 46% y un 60%. Una solución más ambiciosa, como una renta básica auténticamente universal y permanente de algo más 620 euros al mes por residente, supondría una carga de casi 190.000 millones anuales, algo menos del 18% del PIB, según calculó en 2017 el servicio de estudios del BBVA. Para ponerla en marcha, tanto en países europeos como emergentes, habría que empezar por librar “un combate frontal contra la evasión y la competencia fiscal [entre territorios], y repensar el objetivo de la austeridad”, incide Haagh, presidenta de la Red Global de Renta Básica (BIEN, por sus siglas en inglés).

En Latinoamérica, una región atravesada por la desigualdad y la pobreza, y donde, por tanto, su sentido se multiplica, entregar a todos los hogares el equivalente al umbral de pobreza tendría un coste para el erario equivalente al 4,7% del PIB, según un reciente estudio de la Cepal, el brazo de la ONU para el desarrollo económico del subcontinente. “No costaría tanto y daría seguridad económica en un momento de enorme incertidumbre”, remarca la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena. “Esta crisis nos invita a repensar la economía, la globalización y el capitalismo. Se requieren soluciones innovadoras y la renta básica es una de ellas”. La utopía está más cerca que nunca de convertirse en realidad.

 

Por Ignacio Fariza

Madrid - 06 abr 2020 - 02:49 COT

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https://okdiario.com/curiosidades/como-transmite-dengue-793073/fotos/como-transmite-dengue-contagio-b-2?pid=793073

Con 87 muertes confirmadas por dengue y otras 261 clasificadas como probables, así como decenas de enfermos por igual causa, terminó el 2019. El 2020 arranca con cifras que indican a todas luces que las medidas de intervención y control adelantadas por las autoridades sanitarias no son suficientes para superar el brote que enfrenta el país desde inicios del 2019.

Como si el tiempo no transcurriera, como si fuera una novedad, el dengue de nuevo es noticia en Colombia, noticia de enfermedad y muerte, de ausencia de una política pública que erradique las causas que propician su reincidencia y multiplicación.

Los datos del Instituto Nacional de Salud sorprenden. De acuerdo a este Instituto, el 20191 cerró con 127.553 casos de dengue, de los cuales el 50,7 por ciento (64.716) fueron clasificados como dengue con signos de alarma y 1,1 por ciento (1.406) como dengue grave. El sistema de vigilancia en salud pública nacional captó la ocurrencia de 261 muertes clasificadas como probables, de las cuales 87 fueron confirmadas.

En lo corrido del año 20202, se han registrado 16.406 casos, 8.853 (54,0%) con signos de alarma y 183 (1,1%) de dengue grave y 31 muertes probables, con lo cual la tendencia es claramente creciente. Del total de casos notificados al sistema, el 60,8 por ciento (9.973) se concentra en 7 entidades territoriales: el distrito de Cali y los departamentos de Tolima, Valle del Cauca, Huila, Cesar, Santander y Meta. Solo dos entidades territoriales se encuentran dentro del valor esperado respecto al promedio histórico (Quindío y Norte de Santander), las demás entidades territoriales se encuentran en situación de alerta o en brote (ver Gráfica).

 


En las líneas de color muestran el comportamiento histórico esperado del dengue. La línea de color rojo indica la zona de brote. La gráfica muestra que desde inicios del año anterior el número de casos observado por semana epidemiológica se ha mantenido por encima de la zona de brote.

 


 

El dengue más que un mosquito, una enfermedad de la pobreza

El dengue es una enfermedad absolutamente prevenible, de transmisión vectorial, es decir trasmitida por un vector que en este caso es un zancudo llamado Aedes aegypti3, el cual produce entre otras dengue, que tiene dos modalidades: el clásico y el grave. El primero es un cuadro general de malestar, fiebre y fuerte dolores óseos, el cual no coloca en riesgo vital a la persona que lo adquiere; el segundo, además de esta sintomatología produce hemorragias severas que comprometen la vida de la persona.

Si bien se conocía que por el ciclo natural de la enfermedad el 2019 traería un incremento en el número de casos (ciclo interepidémico –cada tres años), desde hace un año en el país fueron activadas las alertas para fortalecer las acciones de prevención, atención, vigilancia y control del dengue y se lanzó la campaña “Córtale las alas al dengue”, pero las cifras muestran que no se avanza en su control.

Las acciones de intervención y control en salud pública, y específicamente del dengue, requieren de un importante esfuerzo intersectorial que logre enfrentar las condiciones sociales y ambientales que determinan el proceso salud enfermedad de las poblaciones humanas y con ello el mejoramiento de la calidad de vida; pero ¿qué de esto se queda solo en el “discurso”?

A pesar que el sector salud, en sus análisis, incorpora la idea de los determinantes sociales y ambientales de la salud, las acciones de control del dengue se concentran en entenderlo solo como una enfermedad infecciosa, cuyo comportamiento depende de la interacción del huésped y el vector, lo que coloca en el centro de las acciones de control la destrucción de criaderos y formas adultas del vector, dejando de lado las precarias condiciones en las cuales vive un alto porcentaje de la población, y que, precisamente, son las que favorecen el ciclo natural de la enfermedad.

Si bien la intervención de estas condiciones de vida, el acceso a servicios públicos y saneamiento básico, al mínimo vital de agua, la posibilidad de contar con una vivienda digna, entre otros, no son competencia directa del sector salud, no es claro su liderazgo para articular y movilizar de manera efectiva otros sectores a pesar de conocer a profundidad el comportamiento de la enfermedad y los determinantes que la favorecen.

Hasta tanto las políticas gubernamentales y la acción institucional no afecte realmente las condiciones de pobreza de amplios grupos poblacionales en el país, mientras la gente viva en condiciones de saneamiento precarias y se alimente mal, el dengue seguirá prevaleciendo y haciendo sus estragos.

 

El dengue y la crisis del sistema de salud

 

Si bien el Instituto Nacional de Salud indica que en 2019, el 79,3 por ciento de los pacientes con dengue grave fueron hospitalizados y en 2020 el 96,7 por ciento, ante la grave crisis del sistema de salud, no es suficiente mostrar las cifras y dejar fuera del análisis elementos clave como la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud, la oportunidad y la calidad de la atención y en general, la garantía del derecho fundamental a la salud.

Recientemente, se presentaron los resultados del primer monitoreo nacional que realizó la Defensoría del Pueblo a los servicios de urgencias en varias ciudades del país4, el cual resalta la sobreocupación de los servicios que pueden llegar hasta el 244 por ciento y rangos de espera que alcanzan las nueve horas tan solo en el triage5, con lo cual la situación de estos servicios pone en riesgo la adecuada atención en salud.

La Defensoría identifica como problemas críticos en los servicios de urgencias, entre otros aspectos, la sobreocupación de los servicios, que lleva a los pacientes a una deshumanizada y agobiante espera en sillas, pasillos y hasta en el suelo, a lo que se suma una dotación insuficiente en términos de talento humano, infraestructura, equipos, entre otros; las barreras de acceso a los usuarios, el trato deshumanizado y en general la ausencia de un modelo de atención integral; situaciones atravesadas por la baja resolutividad de las Eapb (las anteriores EPS), que obliga a los pacientes a consultar por eventos o situaciones que debieron ser resueltas y garantizadas en otros niveles de atención; la crisis hospitalaria y la crisis laboral en el sector salud que lleva a que el talento humano no cuente con vinculación formal con adecuada remuneración.

 

Débil estrategia de salud pública para enfrentar el dengue

 

En la intervención de control de las enfermedades transmitidas por vectores, se resalta la importancia del actuar individual y colectivo y el protagonismo de la comunidad para transformar el entorno y generar condiciones que no favorezcan la producción y desarrollo de criaderos del vector mediante acciones sencillas de recolección de inservibles, manejo adecuado de basuras y depósitos de agua y saneamiento de la vivienda, en este sentido el plan de intervenciones colectivas-PIC, en el ámbito local, debería complementar los planes intersectoriales para el control del dengue.

El plan de intervenciones colectivas6 está compuesto por intervenciones de promoción de la salud y gestión del riesgo, enmarcadas en las estrategias de los planes de salud territorial y cuyo objetivo es impactar positivamente los determinantes sociales de la salud. Estas acciones, según lo define la norma, deben ser contratadas por instituciones con capacidad técnica y operativa garantizando la continuidad y oportunidad de las intervenciones y deberían contribuir al desarrollo de capacidades individuales y colectivas a través del curso de vida, para la transformación de los entornos en los cuales se desarrolla la vida y aumentar con ello el impacto en salud de las políticas públicas.

Las cifras y resultados actuales en relación al control del dengue, son un claro reflejo del impacto de las acciones colectivas en el país. En general, en los municipios y departamentos, no se logra una contratación oportuna que garantice la continuidad de las acciones; éstas son ejecutadas por instituciones sin capacidad técnica y operativa y en lo local se concentran en charlas y actividades repetitivas que no promueven el cambio de conducta ni la movilización social.

En el control de las enfermedades infecciosas en general y en particular en el control del dengue, al parecer, son pocas las lecciones aprendidas, persiste el imaginario del control centrado en el vector, el liderazgo del sector salud para movilizar otros sectores es pobre, las acciones colectivas por elementos de tipo estructural y de implementación tienen un bajo impacto y la crisis hospitalaria y en general del sistema de salud, favorecen los desenlaces negativos. La tendencia epidemiológica de la enfermedad muestra que estamos lejos del control de este brote en el país.

Es una realidad que debe llegar a su fin, toda vez que la sociedad no debe aceptar la situación del dengue como hecho natural: no es natural que la gente viva en condiciones de pobreza, en medio de unas muy precarias condiciones de saneamiento básico, que coma mal, que no sea atendido o mal atendido por el sistema de salud y que muera por condiciones evitables. Debe ser éticamente inaceptable que la gente siga muriendo en el siglo XXI por una enfermedad totalmente prevenible.

 

1 Instituto Nacional de Salud. Informe de evento, 2019. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/DENGUE%20PE%20XIII%202019.pdf
2 Instituto Nacional de Salud. Boletín Epidemiológico Semanal. Semana Epidemiológica 05, 2020. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2020_Boletin_epidemiologico_semana_5.pdf
3 El mosquito Aedes aegypti es el vector responsable de la transmisión de los virus responsables del dengue, la fiebre amarilla, chikunguña, la fiebre de Zika y el Virus Mayaro.
4 El triage, o protocolo de intervención es un método de selección y clasificación de pacientes empleado en la medicina de emergencias y desastres. Evalúa las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles.
5 Dramática radiografía de los servicios de urgencias en Colombia. Periódico El Tiempo. Edición del 10 de febrero de 2020. https://www.eltiempo.com/salud/servicio-de-urgencias-en-colombia-informe-de-la-defensoria-del-pueblo-sobre-situacion-del-pais-460304.
6 Resolución 518 de 2015

* Médica Epidemióloga MSc(c) en Salud Pública. Las opiniones expresadas por la autora son de índole personal y no comprometen las instituciones donde labora.
** Mauricio Torres-Tovar, Médico PhD(c) en Salud Pública, profesor Departamento de Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia

 

Publicado enEdición Nº265
https://okdiario.com/curiosidades/como-transmite-dengue-793073/fotos/como-transmite-dengue-contagio-b-2?pid=793073

Con 87 muertes confirmadas por dengue y otras 261 clasificadas como probables, así como decenas de enfermos por igual causa, terminó el 2019. El 2020 arranca con cifras que indican a todas luces que las medidas de intervención y control adelantadas por las autoridades sanitarias no son suficientes para superar el brote que enfrenta el país desde inicios del 2019.

Como si el tiempo no transcurriera, como si fuera una novedad, el dengue de nuevo es noticia en Colombia, noticia de enfermedad y muerte, de ausencia de una política pública que erradique las causas que propician su reincidencia y multiplicación.

Los datos del Instituto Nacional de Salud sorprenden. De acuerdo a este Instituto, el 20191 cerró con 127.553 casos de dengue, de los cuales el 50,7 por ciento (64.716) fueron clasificados como dengue con signos de alarma y 1,1 por ciento (1.406) como dengue grave. El sistema de vigilancia en salud pública nacional captó la ocurrencia de 261 muertes clasificadas como probables, de las cuales 87 fueron confirmadas.

En lo corrido del año 20202, se han registrado 16.406 casos, 8.853 (54,0%) con signos de alarma y 183 (1,1%) de dengue grave y 31 muertes probables, con lo cual la tendencia es claramente creciente. Del total de casos notificados al sistema, el 60,8 por ciento (9.973) se concentra en 7 entidades territoriales: el distrito de Cali y los departamentos de Tolima, Valle del Cauca, Huila, Cesar, Santander y Meta. Solo dos entidades territoriales se encuentran dentro del valor esperado respecto al promedio histórico (Quindío y Norte de Santander), las demás entidades territoriales se encuentran en situación de alerta o en brote (ver Gráfica).

 


En las líneas de color muestran el comportamiento histórico esperado del dengue. La línea de color rojo indica la zona de brote. La gráfica muestra que desde inicios del año anterior el número de casos observado por semana epidemiológica se ha mantenido por encima de la zona de brote.

 


 

El dengue más que un mosquito, una enfermedad de la pobreza

El dengue es una enfermedad absolutamente prevenible, de transmisión vectorial, es decir trasmitida por un vector que en este caso es un zancudo llamado Aedes aegypti3, el cual produce entre otras dengue, que tiene dos modalidades: el clásico y el grave. El primero es un cuadro general de malestar, fiebre y fuerte dolores óseos, el cual no coloca en riesgo vital a la persona que lo adquiere; el segundo, además de esta sintomatología produce hemorragias severas que comprometen la vida de la persona.

Si bien se conocía que por el ciclo natural de la enfermedad el 2019 traería un incremento en el número de casos (ciclo interepidémico –cada tres años), desde hace un año en el país fueron activadas las alertas para fortalecer las acciones de prevención, atención, vigilancia y control del dengue y se lanzó la campaña “Córtale las alas al dengue”, pero las cifras muestran que no se avanza en su control.

Las acciones de intervención y control en salud pública, y específicamente del dengue, requieren de un importante esfuerzo intersectorial que logre enfrentar las condiciones sociales y ambientales que determinan el proceso salud enfermedad de las poblaciones humanas y con ello el mejoramiento de la calidad de vida; pero ¿qué de esto se queda solo en el “discurso”?

A pesar que el sector salud, en sus análisis, incorpora la idea de los determinantes sociales y ambientales de la salud, las acciones de control del dengue se concentran en entenderlo solo como una enfermedad infecciosa, cuyo comportamiento depende de la interacción del huésped y el vector, lo que coloca en el centro de las acciones de control la destrucción de criaderos y formas adultas del vector, dejando de lado las precarias condiciones en las cuales vive un alto porcentaje de la población, y que, precisamente, son las que favorecen el ciclo natural de la enfermedad.

Si bien la intervención de estas condiciones de vida, el acceso a servicios públicos y saneamiento básico, al mínimo vital de agua, la posibilidad de contar con una vivienda digna, entre otros, no son competencia directa del sector salud, no es claro su liderazgo para articular y movilizar de manera efectiva otros sectores a pesar de conocer a profundidad el comportamiento de la enfermedad y los determinantes que la favorecen.

Hasta tanto las políticas gubernamentales y la acción institucional no afecte realmente las condiciones de pobreza de amplios grupos poblacionales en el país, mientras la gente viva en condiciones de saneamiento precarias y se alimente mal, el dengue seguirá prevaleciendo y haciendo sus estragos.

 

El dengue y la crisis del sistema de salud

 

Si bien el Instituto Nacional de Salud indica que en 2019, el 79,3 por ciento de los pacientes con dengue grave fueron hospitalizados y en 2020 el 96,7 por ciento, ante la grave crisis del sistema de salud, no es suficiente mostrar las cifras y dejar fuera del análisis elementos clave como la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud, la oportunidad y la calidad de la atención y en general, la garantía del derecho fundamental a la salud.

Recientemente, se presentaron los resultados del primer monitoreo nacional que realizó la Defensoría del Pueblo a los servicios de urgencias en varias ciudades del país4, el cual resalta la sobreocupación de los servicios que pueden llegar hasta el 244 por ciento y rangos de espera que alcanzan las nueve horas tan solo en el triage5, con lo cual la situación de estos servicios pone en riesgo la adecuada atención en salud.

La Defensoría identifica como problemas críticos en los servicios de urgencias, entre otros aspectos, la sobreocupación de los servicios, que lleva a los pacientes a una deshumanizada y agobiante espera en sillas, pasillos y hasta en el suelo, a lo que se suma una dotación insuficiente en términos de talento humano, infraestructura, equipos, entre otros; las barreras de acceso a los usuarios, el trato deshumanizado y en general la ausencia de un modelo de atención integral; situaciones atravesadas por la baja resolutividad de las Eapb (las anteriores EPS), que obliga a los pacientes a consultar por eventos o situaciones que debieron ser resueltas y garantizadas en otros niveles de atención; la crisis hospitalaria y la crisis laboral en el sector salud que lleva a que el talento humano no cuente con vinculación formal con adecuada remuneración.

 

Débil estrategia de salud pública para enfrentar el dengue

 

En la intervención de control de las enfermedades transmitidas por vectores, se resalta la importancia del actuar individual y colectivo y el protagonismo de la comunidad para transformar el entorno y generar condiciones que no favorezcan la producción y desarrollo de criaderos del vector mediante acciones sencillas de recolección de inservibles, manejo adecuado de basuras y depósitos de agua y saneamiento de la vivienda, en este sentido el plan de intervenciones colectivas-PIC, en el ámbito local, debería complementar los planes intersectoriales para el control del dengue.

El plan de intervenciones colectivas6 está compuesto por intervenciones de promoción de la salud y gestión del riesgo, enmarcadas en las estrategias de los planes de salud territorial y cuyo objetivo es impactar positivamente los determinantes sociales de la salud. Estas acciones, según lo define la norma, deben ser contratadas por instituciones con capacidad técnica y operativa garantizando la continuidad y oportunidad de las intervenciones y deberían contribuir al desarrollo de capacidades individuales y colectivas a través del curso de vida, para la transformación de los entornos en los cuales se desarrolla la vida y aumentar con ello el impacto en salud de las políticas públicas.

Las cifras y resultados actuales en relación al control del dengue, son un claro reflejo del impacto de las acciones colectivas en el país. En general, en los municipios y departamentos, no se logra una contratación oportuna que garantice la continuidad de las acciones; éstas son ejecutadas por instituciones sin capacidad técnica y operativa y en lo local se concentran en charlas y actividades repetitivas que no promueven el cambio de conducta ni la movilización social.

En el control de las enfermedades infecciosas en general y en particular en el control del dengue, al parecer, son pocas las lecciones aprendidas, persiste el imaginario del control centrado en el vector, el liderazgo del sector salud para movilizar otros sectores es pobre, las acciones colectivas por elementos de tipo estructural y de implementación tienen un bajo impacto y la crisis hospitalaria y en general del sistema de salud, favorecen los desenlaces negativos. La tendencia epidemiológica de la enfermedad muestra que estamos lejos del control de este brote en el país.

Es una realidad que debe llegar a su fin, toda vez que la sociedad no debe aceptar la situación del dengue como hecho natural: no es natural que la gente viva en condiciones de pobreza, en medio de unas muy precarias condiciones de saneamiento básico, que coma mal, que no sea atendido o mal atendido por el sistema de salud y que muera por condiciones evitables. Debe ser éticamente inaceptable que la gente siga muriendo en el siglo XXI por una enfermedad totalmente prevenible.

 

1 Instituto Nacional de Salud. Informe de evento, 2019. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/DENGUE%20PE%20XIII%202019.pdf
2 Instituto Nacional de Salud. Boletín Epidemiológico Semanal. Semana Epidemiológica 05, 2020. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2020_Boletin_epidemiologico_semana_5.pdf
3 El mosquito Aedes aegypti es el vector responsable de la transmisión de los virus responsables del dengue, la fiebre amarilla, chikunguña, la fiebre de Zika y el Virus Mayaro.
4 El triage, o protocolo de intervención es un método de selección y clasificación de pacientes empleado en la medicina de emergencias y desastres. Evalúa las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles.
5 Dramática radiografía de los servicios de urgencias en Colombia. Periódico El Tiempo. Edición del 10 de febrero de 2020. https://www.eltiempo.com/salud/servicio-de-urgencias-en-colombia-informe-de-la-defensoria-del-pueblo-sobre-situacion-del-pais-460304.
6 Resolución 518 de 2015

* Médica Epidemióloga MSc(c) en Salud Pública. Las opiniones expresadas por la autora son de índole personal y no comprometen las instituciones donde labora.
** Mauricio Torres-Tovar, Médico PhD(c) en Salud Pública, profesor Departamento de Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia

 

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Jueves, 27 Febrero 2020 05:32

Parasite no es fantasía

Parasite no es fantasía

Una vez al año, trecientos profesores surcoreanos son llevados en autos con ventanas ciegas a un lugar desconocido en la montaña a definir las preguntas del examen anual que rinden 548.000 aspirantes universitarios del que saldrá un ranking nacional: un 4% de alumnos entrará a las tres mejores universidades del país. Esos selectos docentes permanecen un mes incomunicados sin internet ni teléfono. Su misión es secreta por contrato, so pena de ir dos años a la cárcel: salvo la esposa o marido, nadie deberá saber en los siguientes años que ese profesor ha confeccionado esas preguntas.

Antes de comenzar la reclusión voluntaria, un detector de metales garantiza que no ingresen dispositivos electrónicos. Un batallón de servicios secretos del Estado controla que nadie salga ni entre del lugar durante el mes y queman in situ toda la basura para que no sea posible revisar bollos de papel buscando las codiciadas preguntas que se digitalizan un día antes de ir a la imprenta: de allí salen en camiones y la TV lo transmite en vivo.

En una sociedad marcada por la cosmovisión confuciana, la educación es un gran símbolo de status y la posibilidad más cierta de ascenso social. Este tema es el punto de partida del guion de la premiada película Parasite de Bong Joon-ho: un joven de clase baja va a darle clases particulares de inglés a una adolescente de familia rica quien --como casi todo coreano-- vive con una espada de Damocles clavada de nombre Suneung, ese examen que dura ocho horas y veinte minutos donde se define el futuro de casi todo coreano. La película pone de relieve los daños colaterales del Milagro Coreano que generó un desarrollo económico frenético, mientras crecía una desigualdad estratosférica con familias como la del docente de Parasite viviendo en subsuelos que fueron refugio antimisiles (los ricos tienen sus propios búnkeres pero preventivos).

Desde el jardín de infantes, muchos niños son entrenados para vencer y reciben clases de inglés. A tal punto escaló la psicosis educativa que el Estado debió promulgar una ley prohibiendo que los pequeños aprendan inglés antes que coreano. El día del Suneung la bolsa de comercio abre dos horas más tarde y una campaña nacional invita a no sacar el auto a la calle para que el tránsito fluya. Si un estudiante se retrasa 5 minutos no entra y pierde un año de su vida. Se habilita un call center para rezagados y una flota de vehículos policiales que salen con la sirena a rescatar dormilones (algunos duermen en un hotel cercano y se recomienda que el día anterior todos hagan el viaje a modo de prueba). El tránsito se corta 200 metros a la redonda de cada sede y los vuelos se suspenden durante los 40 minutos del examen oral de inglés.

Esa misma tarde se revelan las respuestas del multiple choice y cada quien intuye si sirvió sacrificar la infancia y la adolescencia casi completas para entrar a una buena universidad: lo logran con 490 puntos sobre 500. Algunos tienen más posibilidades: es el caso de los hijos de la familia rica de Parasite que contrata docentes privados en casa en lugar de mandarlos a institutos con aulas de 20 alumnos.

La ONG coreana Mundo lo dice sin eufemismos: “los jóvenes pasan de 70 a 80 horas semanales estudiando y están entre los peores en los ranking mundiales de felicidad y salud mental; su creatividad y sociabilidad están sofocadas”. Muchos adolescentes se levantan antes de las 6 a.m. y los fines de semana también van a institutos de apoyo. Un estudio del Centro de Prevención de Enfermedades de Corea concluyó que los alumnos de secundaria duermen en promedio 5,5 horas por noche y el 83% de los chicos de 5 años asisten a clase extracurricular 5,2 veces por semana. En 2003, el Comité por los Derechos de los Niños de la ONU declaró: “la naturaleza altamente competitiva de este sistema educativo obstaculiza el desarrollo de los niños en su completo potencial”.

Mantener un hijo en Corea del Sur cuesta entre 300.000 y 400.000 dólares hasta que se gradúa en la universidad. Los exitosos en esta carrera social tampoco la tienen fácil: un ingeniero en programación raso en Samsung trabajando 12 horas de lunes a viernes --y unas horas los sábados e incluso domingos-- gana 3000 dólares al mes en una ciudad como Seúl donde un departamento de 80 m² cuesta medio millón de dólares.

Los niveles de stress de la juventud son altos y una suma de 1500 alumnos de primaria, secundaria y terciario se suicidan por año, la mayoría por presiones en el estudio y la soledad derivada del mismo. La debacle trágica en que deriva la frustración de la familia pobre en Parasite es la manera en que explotó en esa “verosímil” ficción la olla de presión coreana, por lo general bien contenida por el confucianismo.

Todo esto comenzó, al menos, durante la dinastía coreana Joseon --siglos XIV a XIX-- que elegía sus funcionarios a través de un riguroso examen y abrazó al confucianismo como ideología de Estado: desde allí permeó a la base social. Según el filósofo chino Confucio, en lo más alto de la escala social se ubicaban los ilustrados, los únicos preparados para gobernar con justeza y honestidad. El cosmos regido por el Tao en el Este de Asia se compone de dos fuerzas complementarias en armonía, donde el hombre es la única disonancia. Confucio propuso máximas virtuosas buscando que ese hombre armonizara con el cosmos y sus semejantes. El primer paso era el respeto sagrado de la autoridad del gobernante y las leyes en pos del equilibrio social. Esa obediencia conservadora debía extenderse a todas las relaciones de la pirámide social: el respeto de los menores a los mayores (“sabios seres del crepúsculo”), de la mujer al hombre, de los hijos a los padres y del campesino al intelectual.

El confucianismo reflejó un modo de pensar colectivo que viene de la cultura del arroz y su trabajo comunitario. El trasfondo es que el individuo no debe rebelarse y tendrá siempre que cumplir bien su rol, siguiendo los rigores productivos y aceptando toda desigualdad y jerarquía. Y tiene que renunciar a su individualidad en función del grupo como totalidad. Todo esto ha sido naturalizado al nivel de un ancestral inconsciente colectivo: por eso es tan difícil cuestionárselo. Cada persona se reduce a un engranaje que, si se sale del curso, será punida por su entorno social. Así funcionan estas sociedades autoreguladas: “clavo que sobresale se hunde de un martillazo”. Si la mayoría acepta que el objetivo central de la vida --y de la nación, ese grupo mayor-- es el progreso vía el estudio para entrar a una compañía tecnológica, todos deben intentar lo mismo. Ese modo de pensar allanó el terreno para la fase hiperproductiva del capitalismo tigreasiático con el soldado corporativo como punta de lanza.

El precio de diferenciarse de la masa --y de no subirse al curso del río social-- implica resignarse a vivir en los subsuelos de la sociedad como la desempleada familia Kim en la película, a riesgo de terminar nadando en una cloaca. Su salvación parece ser parasitar ingeniosamente y sin escrúpulos a una familia rica hipersensible al olor a pobre, e incluso a otros desclasados que no lograron ser parte del exitoso “gran colectivo confuciano” que es Corea del Sur.

Julián Varsavsky es coautor con Daniel Wizenberg del libro Corea, dos caras extremas de una misma nación (Ediciones Continente).

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Manifestación contra el desmantelamiento de Obamacare en Los Ángeles en 2017 Flickr | Molly Adams

Un 60% de los ciudadanos culpa al Gobierno como responsable por no ofrecer una sanidad gratuita o de bajo coste para aquellos que lo necesitan

Ocho millones de estadounidenses han tenido que abrir alguna campaña de crowdfunding para ellos mismos o algún miembro de su familia para poder pagar tratamientos o facturas médicas y otros 12 millones dicen haber iniciado campañas para terceras personas. Son los datos que se desprenden de la última encuesta del Centro Nacional de Investigaciones y Opinión de la Universidad de Chicago.

La encuesta, realizada en noviembre del año pasado, refleja también que uno de cada cinco estadounidenses reconoce que ellos o algún miembro de su familia han contribuido a alguna campaña de recaudación de fondos para afrontar gastos médicos.

En relación a la persona a la que va dirigido el dinero que donan, un 46% reconoce hacerlo con amigos, un 24% para familiares, un 23% decide ayudar a conocidos y un 14%, a compañeros de trabajo. Además, más de un tercio de los estadounidenses ha enviado dinero a personas que no conocía personalmente.

Preguntados por el nivel de responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos para ofrecer una sanidad gratuita o de bajo coste para aquellos que lo necesiten, tres de cada cinco cree que es gran o muy responsable por ello, seguido de los hospitales y clínicas médicas (47%), organizaciones benéficas (44%) y médicos (38%). Por el contrario, el 14% de los estadounidenses opina que la Administración tiene poca o ninguna responsabilidad. Además, cuatro de cada diez encuestados atribuyen alguna responsabilidad a los familiares y amigos.

Según un estudio publicado en febrero de 2019, anualmente alrededor de 530.000 personas se declaran insolventes por las deudas médicas. El estudio muestra que incluso la Affordable Care Act (ley de asistencia sanitaria asequible) –un hito de la Administración Obama conocido como Obamacare– que tenía como objetivo conseguir precios asequibles en materia sanitaria tampoco ha logrado reducir esas deudas.

Otros informes han contabilizado que uno de cada seis estadounidenses dice contar con una factura médica sin pagar en su historial. En 2017, esa deuda ascendió hasta los 81.000 millones de dólares, y un 47% de la misma supone cantidades superiores a 600 dólares por persona, de acuerdo con el estudio publicado por Urban Institute.

Según estos mismos estudios, tener un seguro médico de cobertura baja aparece citado como uno de los principales motivos de esas quiebras. Un problema que ni republicanos ni demócratas se ponen de acuerdo para solucionar. Además, Donald Trump siempre ha tenido entre sus planes al frente de la Administración debilitar el Obamacare facilitando que los estados puedan desvincularse de algunos requisitos de la ley y dejar de ofrecer seguros médicos más baratos, lo que podría empeorar la situación de la sanidad estadounidense. Aunque ha pospuesto su derogación para después de las elecciones de noviembre.

Y es que la cuestión de los seguros médicos también ha entrado de lleno en la campaña electoral de cara a las presidenciales. Los demócratas tienen cada uno un plan diferente para solucionar el problema: mientras que los más progresistas, Bernie Sanders y Elizabeth Warren prometen crear un sistema de salud público y universal, Joe Biden, exvicepresidente en la era Obama, y más conservador, pretende reformas parciales de la actual normativa.

Por Álvaro García Hernández

23/02/2020 - 21:09h

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Casi 500 millones de personas no tienen suficiente trabajo en el mundo, informe de la OIT

La Organización Internacional del Trabajo, OIT, presentó recientemente su informe “Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2020”, en el que presenta cifras y analiza la situación del trabajo en el planeta.

Lo que más llama la atención de este informe, es el hecho de que hay 188 millones de desempleados, hay 165 millones que quieren trabajar más horas pagas, y 120 millones vinculadas marginalmente al mundo del trabajo.

El estudio fue presentado el pasado 20 de enero en Ginebra, Suiza, sede de la OIT. Durante el evento el Director General de la OIT, Guy Ryder, dijo textualmente:

Para millones de personas es cada vez más difícil construir vidas mejores basadas en sus trabajos. La persistencia y amplitud de la exclusión y de las desigualdades relacionadas con el trabajo, les impide a estas personas encontrar un trabajo decente y forjarse un futuro mejor. Esta es una conclusión extremadamente preocupante, que tiene repercusiones graves y alarmantes para la cohesión social”.

En ese sentido, el informe resalta el aumento de las protestas sociales en 7 de las 11 zonas en que la OIT divide al mundo. Asegura el estudio que estas protestas tienen que ver, en parte, con las grandes desigualdades que se presentan en los países y que siguen sin resolverse.

“El mensaje cabal de este informe es que los objetivos de lograr el pleno empleo y elevar el nivel de vida en todo el mundo, son tan esenciales hoy en día como siempre” , dice el resumen del estudio publicado en la web de la OIT .

Cuatro mensajes fundamentales

El informe plantea que hay que reflexionar críticamente sobre la idoneidad de los métodos y conceptos en el mundo del trabajo, e introducir cambios de ser necesario. En este punto formula la pregunta de si es fiable mirar la tasa de desempleo para ver el mal funcionamiento del mercado laboral. “Tenemos que entender si las personas en edad de trabajar pueden o no desarrollar todo su potencial en el trabajo” agrega el documento.

La OIT dice que su estudio pretende estar a la altura del desafío que implica tener acceso a nuevos datos para mejorar la comprensión del mundo del trabajo. Presenta 4 ejes fundamentales, a saber:

  1. Es muy probable que la disminución del crecimiento y la falta de inclusión social perjudiquen la capacidad de los países de menores ingresos para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de trabajo.
  2. La tasa de subutilización de las personas en edad de trabajar es mucho mayor que la tasa de desempleo en el mundo.
  3. En el mundo falta trabajo decente, entendido éste como contar con un lugar de trabajo seguro, con acceso a la protección social y la posibilidad de afiliarse a un sindicato. En la economía informal este problema es más acentuado.
  4. Prevalecen importantes desigualdades en el acceso al trabajo y en la calidad del mismo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con edad, sexo y ubicación geográfica.

Cambiar las formas de medición

La forma cómo se mide el mundo del trabajo hoy, debe cambiar, plantea el informe de la OIT, organismo que está incorporando otras mediciones para poder adoptar políticas que contribuyan al mejoramiento de empleo y con ello de la calidad de vida de los trabajadores.

En ese sentido, Carlos Julio Díaz, analista de la Escuela Nacional Sindical, considera que las mediciones realizadas no son un fiel reflejo de los indicadores del mundo del trabajo. “Es necesario no solamente revaluar los indicadores que se utilizan en el mundo del trabajo, sino también la métrica que se utiliza para medir la economía” . Coincide con el informe de la OIT cuando dice que el desempleo no está tan asociado al crecimiento económico sino a la desaceleración del sector manufacturero.

En el mundo los sectores que más crecen son los servicios y los financieros, los cuales aportan a la economía, pero poco al empleo, asegura el documento de OIT.

Cómo aparece Colombia

El informe de la OIT distingue 4 denominaciones para las economías del mundo: países de altos ingresos, países de ingresos medios altos, países de ingresos medios bajos, y países de bajos ingresos. Colombia está en el segundo grupo, de ingresos medios altos, junto a otras economías como las de Brasil, China, México, Perú, entre otras.

Colombia hace parte de la región “Latinoamérica y Caribe”, una de las 11 zonas en que la OIT divide a los países del mundo. Según el informe, se estima que para este año 2020 en esta región habrá 291.5 millones de trabajadores, lo que representa un aumento de 3.4 millones en comparación con el 2019.

De la misma manera, en esta región se estima que habrá un total de 67 millones de personas subutilizadas laboralmente. La tasa de desempleo, estimada para la región en 8.1%, se mantiene en el mismo nivel del año anterior.

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 La nueva caravana de migrantes hondureños con destino a Estados Unidos transitó ayer por la localidad guatemalteca de Esquipulas. Horas antes, más de un millar de indocumentados evadieron controles y rompieron un cerco policial en el puesto fronterizo de Agua Caliente. Las autoridades vigilan que los niños estén acompañados por algún familiar. Foto Afp

Decenas de migrantes centroamericanos llegaron entre miércoles y jueves a la frontera que divide a México de Guatemala, en espera de otros grupos con los cuales intentarán cruzar el río Suchiate y eventualmente llegar a Estados Unidos, informaron fuentes gubernamentales mexicanas.

Los indocumentados, quienes ayer se encontraban en la ciudad de Tecún Umán, Guatemala, limítrofe con México, arribaron en pequeños grupos o de manera individual.

En tanto, más de 3 mil migrantes hondureños de una nueva caravana que pretende llegar a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia avanzaba ayer en Guatemala, en medio de controles de la policía local y la supervisión de funcionarios migratorios estadunidenses en zonas aledañas a los pasos fronterizos.

Antes, más de mil migrantes evadieron los controles y rompieron un cerco policial en el puesto fronterizo guatemalteco de Agua Caliente, observó un fotógrafo de la Afp.

Decenas de uniformados guatemaltecos fueron desplegados en zonas cercanas a las fronteras con el fin de verificar que los hondureños pasaran por el control migratorio, requisito para entrar al país, según acuerdos regionales.

También supervisan que los niños estén acompañados por alguno de sus padres o un tutor.

Debido a lo previsto en un acuerdo, el personal que controla la caravana recibe apoyo de Estados Unidos, que desplegó un “número limitado” de funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), informó a la Afp un vocero de la embajada estadunidense en Guatemala.

El apoyo y la capacitación de agentes fronterizos de Guatemala es parte de un convenio surgido tras el paso de las primeras caravanas en 2018, con la finalidad de combatir el crimen y el tráfico de personas, detalló el vocero.

En México, autoridades del gobierno explicaron que, como medida preventiva, agentes de la Guardia Nacional recorrieron los distintos pasos informales ubicados en la ribera del Suchiate, por donde cruzan a territorio nacional personas sin documentos y mercancías.

Un uniformado aseguró que no se han emitido a corporaciones de seguridad instrucciones formales acerca de la contención de una eventual caravana de migrantes.

Centroamericanos manifestaron que policías guatemaltecos impiden el paso a niños y mujeres, “pero la gente se vuelve a venir” hacia la frontera con México.

Sonia Eloína Hernández, presidenta municipal de Suchiate, Chiapas, localidad que colinda con Guatemala, señaló que si es necesario, se podrían habilitar dos albergues para atender a los migrantes que lleguen en los próximos días.

Antes del paso de la nueva caravana, Guatemala y Estados Unidos realizaron operativos en carreteras con la finalidad de identificar a los migrantes, que incluye la asesoría para la detección de pandilleros.

La caravana salió la noche del martes de San Pedro Sula, 180 km al norte de Tegucigalpa, y el miércoles empezó a ingresar a Guatemala, donde se ha dispersado.

El instituto migratorio guatemalteco informó que, entre la noche del miércoles y este jueves, mil 612 hondureños pasaron con documentación reglamentaria por Agua Caliente y 662 por El Cinchado. En total, 2 mil 274 personas.

“Aquí vamos para adelante, al sueño americano”, dijo a la Afp Kelvin Ramos, quien espera encontrar empleo pintando casas en Estados Unidos donde, asegura, pagan bien.

Unos 200 migrantes se encontraban la tarde del jueves en el departamento de Petén, cerca de la frontera con México, indicó Diego González, delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el área. Otros cien llegaron al paso de Tecún Umán, colindante con México.

Este nuevo grupo tiene la advertencia de que no se le permitirá entrar en México, reiteró ayer el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

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Griselda Domingo en una imagen tomada en 2019 OLIVER DE ROS

Griselda Domingo, mujer indígena mam de 22 años, enfrenta su tercera deportación a uno de los municipios de Guatemala con mayor número de retornados en 2017 y 2018

En San Juan Atitán, que ocupa el segundo lugar en desnutrición crónica del país, el regreso forzado de EEUU es motivo de burla

Elsa Cabria/ Ximena Villagrán/ Oliver de Ros / Alberto Arce- El Intercambio

15/01/2020 - 21:39h

Estados Unidos vs. Griselda Domingo-Godínez

El abogado argumenta sin mucho éxito que su defendida ya aprendió la lección. Esgrime que lleva detenida cuatro meses. Un castigo demasiado largo por cruzar sin permiso una frontera. El magistrado interrumpe al abogado y pregunta:

—Señorita Domingo, con respecto a este caso, ¿desea decir algo? 

—Me puedes hacer el favor de que me permitas regresar con mi familia y que mi familia está sufriendo por mí, está preocupado por mí. Te lo prometo, ya no voy a volver otra vez a este país. —responde la acusada en español, aunque su idioma materno es el indígena mam.

Sirvió de poco. La ley es clara. El 13 de noviembre, en El Paso, Texas, y tras un juicio que duró dos minutos y 57 segundos, Griselda Domingo, una guatemalteca de 22 años, fue condenada a ocho meses de prisión por reingreso ilegal en Estados Unidos. Cuando salga, será deportada a su país. Por tercera vez.

En Estados Unidos, donde vivieron su padre y su tío y donde residen tres de sus seis hermanos, Griselda nunca ha vivido fuera de una prisión. Cuando la liberen, la enviarán a Guatemala. Y es probable que una vez allí, haga lo mismo que la última vez que la detuvieron y deportaron, en febrero de 2019. Llamará a Juana, su madre, pedirá dinero prestado y se subirá a un bus que tras siete horas de ruta la dejará en Huehuetenango, cabecera del departamento del mismo nombre. Allí la recogerá Marcos Domingo, su padre y, ya juntos, viajarán otra hora y media hasta su pueblo, San Juan Atitán, uno de los municipios con la tasa de retornados más alta de Guatemala.

Cuando un sanjuanero llega a Estados Unidos, la familia en el pueblo lo celebra con un almuerzo, sin el festejado presente. Cuando es deportado, nadie festeja nada. Cuando la persona deportada es mujer, joven, soltera y sin hijos y se trata, además, de su tercera deportación, un sistema entero comienza a resquebrajarse. Porque en San Juan Atitán la migración, el trabajo - la vida- es algo que deciden los hombres.

Detrás de la vocación migratoria

San Juan Atitán es sinónimo de vocación migratoria, según el gobierno de Guatemala. Fue uno de los 51 municipios elegidos en 2017 para intentar evitar la huida de guatemaltecos a Estados Unidos. El esfuerzo formaba parte del penúltimo plan para frenar la llegada de centroamericanos al norte diseñado por el gobierno de Estados Unidos con el nombre Plan Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte (PAPTN). Fue un fracaso. No dio prosperidad a San Juan. El gobierno guatemalteco no aumentó su inversión en el municipio. Y aunque logró acertar en el diagnóstico, -la pobreza y la desnutrición crónica expulsan a la gente-, el Plan no hizo nada para cambiar la realidad de sus habitantes.

A 2.500 metros de altura, San Juan Atitán es un lugar de cuerpos fucsias y rojos, los colores de su traje tradicional. Y es un pueblo expulsor, sobre todo de hombres. Al calor de la mañana, un grupo de cinco deportados pasa las horas en la plaza del pueblo. Bajo sus sombreros de paja, tejen bolsas de lana, sentados en una banca. Es parte de su trabajo sin remuneración como guardabosques. Vigilan el pueblo y el bosque de pinos y encinos que abriga San Juan. Ante la presencia de mujeres se incomodan y callan.

Pasan las horas y al atardecer el paisaje humano de la plaza de pueblo es aún más masculino. En San Juan Atitán, las mujeres, silenciosas, caminan directas de un punto a otro. Salvo en día de compras y mercado, no se detienen en las calles. El movimiento masculino, demasiadas veces lleva sello. Es fácil ver a un hombre tambaleándose, o tirado en la calle en las cuestas de San Juan. Existe una relación causa-efecto entre desempleo, pobreza, migración, deportación y abuso de alcohol. "El factor alcoholismo es muy fuerte en San Juan, los hombres no aceptan que tienen problemas", explica Olga Morales, directora del centro de salud del municipio.

Pero el alcoholismo no es el único problema al que se enfrenta la doctora Morales. La falta de empleo local provoca que familias completas viajen al menos cinco meses para recolectar en las grandes fincas. Ganan poco. Cinco dólares por 100 kilos de café recogidos. Los niños no comen bien en las fincas y se enferman. San Juan ocupa el segundo puesto a nivel nacional en desnutrición crónica infantil. Y esa es la gran preocupación de la doctora Morales. Porque ni el dinero de las remesas hace que las familias mejoren su dieta. Y hay muchos niños.

En un pueblo de 16.365 habitantes, se registra una media de 650 nacimientos anuales, una de cada 15 mujeres del pueblo da a luz cada año. Aunque los métodos anticonceptivos son gratuitos en el centro de salud, para planificar, las mujeres tienen que preguntar a sus esposos. También para llevar a sus hijos al hospital de Huehuetenango, aunque sea una emergencia, tienen que localizar a sus parejas. Si ellos son inmigrantes en EEUU, los llaman por teléfono.

Es un pueblo de hombres comerciantes que venden en los mercados. De mujeres que son por tradición artesanas. Todas son costureras del traje tradicional sin salario, los cosen para sus padres o maridos. Hay poco empleo fijo: como maestro, en el banco, en la cooperativa de ahorro. Y en la Municipalidad, pero conseguirlo depende de la relación con el alcalde de turno. La educación formal brilla por su ausencia. La mayoría no pasa de sexto de primaria y las mujeres no suelen estudiar por decisión de sus padres. Sin trabajo remunerado, sin estudios, con niños a su cargo y parejas o padres deportados, cobra sentido que cada vez se vayan más mujeres al norte. No es posible calcular cuántas mujeres expulsa San Juan porque la mayoría de la gente migra sin avisar y sin pasar por un puesto fronterizo. Pero cada vez son más. Entre 2017 y 2018, la cantidad de mujeres deportadas a Huehuetenango - el departamento de San Juan Atitán - aumentó un 49%.

Las mujeres se van. Como se fue tres veces Griselda Domingo. Entenderlo no es fácil. El desconocimiento del idioma indígena mam es un impedimento para hablar con la gente. Sobre todo, con las mujeres del pueblo.

En una estrecha oficina de la Municipalidad, 20 hombres conversan en su idioma. Representan a las aldeas y caseríos de San Juan Atitán, son los alcaldes auxiliares. Discuten sobre quién hablará con nosotros sobre las consecuencias de ser deportado. Tras una hora, la autoridad indígena designa a un hombre orondo, de ojos redondos y rojizos que se quita el sombrero y saluda amable. Se llama Marcos Domingo. Es el padre de Griselda, pero tardaremos unas horas en descubrir a su hija. El padre nos invita a su comunidad, Sacchilaj.

En una ladera se asienta una pequeña casa de concreto que Marcos Domingo jamás pintó. La pagó con el dinero que reunió en los cinco años que logró trabajar como jardinero en Estados Unidos antes de ser deportado. Tiene tres dormitorios, una cocina en la que no entra, y una pequeña parcela para cultivar frijol. Debajo de la casa, está su antigua vivienda de madera. El recuerdo de una vida aún más pobre. Más pequeña. Llena de trastes. Cerrada. Siete de sus ocho hermanos viven en Estados Unidos.

Cuando vivía en Estados Unidos, Marcos pagó el viaje a sus tres hijos mayores. Hoy están casados, con residencia legal y han construido grandes casas en su aldea por si deciden regresar. Las muestra orgulloso. Ninguna está amueblada, pero revelan el poderío que un trabajo en San Juan nunca les habría permitido.

La de Rodrigo, su hijo mayor, marca el estilo de las demás. Tiene tres plantas, un lobo, una bandera estadounidense pintada en el exterior y una bañera. Rodrigo es, además, el artífice de los viajes de Griselda. Llegó a los diez años a Estados Unidos, trabaja como cocinero en un restaurante mexicano y Griselda lo considera su segundo padre. Los viajes de Griselda contaron también con el apoyo de un familiar cercano que es coyote y la llevó hasta México. Y el dinero y el apoyo moral de su padre.

La imprecisión de una pregunta cambia la respuesta. Cuando le preguntamos al papá si tiene hijos deportados, responde que no. Es la risueña Eluvia, la hija menor de 19 años, quien revela en la cocina que el matiz es el género de la pregunta. Deportado es distinto que deportada. Un hijo varón se dice x’in. Una hija se dice x’uj. Y en ese momento, entran por la puerta los ojos más tristes de la casa. Cafés, grandes, de lágrima fronteriza. En el marco de la puerta de la casa, Griselda sonríe un poco. Acaba de ser deportada por segunda vez. Apenas hace dos semanas. Tan reciente que su boca aún mantiene ángulo cóncavo.

Es Eluvia, la más pequeña de los hijos de Marcos Domingo, quien explica lo más importante de esta historia. Supone un cambio de paradigma. Es la actitud de una mujer llamada Griselda que se empoderó con la sola voluntad de moverse. "Ella lo decidió, quería trabajar, no quería casarse, porque los hombres acá son machistas, a ella no le gusta que alguien la engañe o la lastime, para que nadie le diga que es mantenida", dice la única persona de la familia con título de bachillerato.

—¿Qué te dijo tu mamá cuando regresaste acá [a San Juan]?

—Pues mi mamá me dijo: 'No llores'. Porque cuando yo llegué aquí estoy llorando y llorando y yo pienso para matarme. Sí, porque bastante es mi deuda, porque muchas gentes se burlaron de mí cuando yo regreso otra vez aquí, por eso pienso yo para matarme y mi mamá me dijo: 'No, no piense eso'.

En el pueblo de los deportados, regresar es soportar la costumbre de la burla colectiva. Una humillación extraña, vista desde fuera, porque en todas las familias hay migrantes y deportados. También sucede en pueblos cercanos. Y, probablemente, en muchos países cuyos gobiernos defienden que sus ciudadanos tienen vocación migrante. El éxito o el fracaso del viaje a Estados Unidos define cómo serán tratados a su regreso. Griselda lo intentó dos veces en 2018 y una en 2019. Por la última, está presa. Para cuando cumpla su condena, la vida de Griselda Domingo en Guatemala será una deuda con su padre. Y él tendrá otra deuda con un prestamista, por las tres veces que su hija no logró su propósito de no depender de un hombre.

La postal del hambre

El niño de dos años está tan desnutrido que ni llora. Parece un bebé porque no camina. Su madre está sentada en el suelo. Ante su casa de barro y madera, mira incómoda a su alrededor. El padre, callado, observa a la defensiva. Tiene los ojos rojos. Como muchos hombres entrevistados. Los otros tres niños se ponen a jugar. En esta casa todo el mundo está tenso. La visita les resulta violenta. Viven en la aldea Tuispichon, a una hora por camino de tierra del centro de San Juan. Es un paraíso natural y una postal del hambre.

Los visita una comitiva encabezada por la doctora Morales, para contar el trabajo contra la desnutrición del gobierno. Todos de pie, menos la familia. Las preguntas están preparadas. Las respuestas de la madre en idioma mam son preocupantes. Pero solo la doctora y una trabajadora municipal lo manifiestan fuera de cámara. Son tan pobres que ni frijol o maíz comen, solo hierbas. La doctora atiende al niño desde hace meses, pero no mejora.

La aguda desnutrición infantil de San Juan Atitán fue otra de las razones por las que el pueblo resultó seleccionado por el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) del Ministerio de Finanzas como uno de los municipios migrantes necesitados de políticas e inversiones dentro del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, PAPTN.

No es posible verificar si el gobierno estadounidense aumentó fondos para sus muchos programas en la zona. Lo que es seguro es que aquí, en el lugar elegido por el gobierno para lanzar en 2012 el Pacto Hambre Cero con apoyo del Departamento de Estado de EE.UU, se registra el segundo mayor índice de desnutrición del país. 9 de cada 10 niños están desnutridos. Tienen su futuro hipotecado sin remisión. Eso no significó que su municipalidad recibiera fondos extra durante los tres años que duró el PAPTN. Aquí, el mayor orgullo de los funcionarios locales es haber bajado del primer al segundo puesto en el hambre infantil.

Las familias cultivan maíz criollo y comen el grano importado que compran en la frontera con México, porque la diferencia de precio les permite tener 3 dólares en efectivo. Para reducir el hambre, las dos empleadas que trabajan en la oficina del Ministerio de Agricultura (Maga) muestran a algunas vecinas una cartulina arrugada llena de fotos de un hongo. Se llama hongo ostra. Les explican que solo tienen que meter las semillas en los olotes (el centro sobrante del maíz) y que no necesitan tierra para hacerlo. Después de cincuenta días de espera aparece el producto.

El objetivo es que las familias tengan mayores ingresos y mejor alimentación. Pero el proyecto del hongo no termina de cuajar. Han capacitado a 21 grupos, en su mayoría de mujeres. Pero solo tres familias se han sumado al experimento. Ninguna de las dos funcionarias encargadas del proyecto es de San Juan. Dicen que las mujeres optan por quedarse calladas, pero no sienten que sea por machismo. Ellas lo niegan, pero el plan de desarrollo municipal, elaborado por el Concejo Municipal de Desarrollo y la Secretaría de Planificación de la Presidencia (Segeplan), incluye el "dominio machista" como parte de la identidad y cultura del lugar.

En 2018, los maestros del pueblo llevaron por primera vez Incaparina, un suplemento alimenticio de harina de maíz y soya, a las aulas, con respaldo de varios ministerios. Ese mismo año, a mediados de noviembre llegó hasta San Juan Atitán Luis Arreaga, el embajador de Estados Unidos en Guatemala. Visitó al consejo indígena por ser un municipio parte del PAPTN. La visita la recuerda el alcalde, Lorenzo Martín, en su despacho de la alcaldía. Vestido con su traje indígena, dice que el embajador le preguntó por la desnutrición y por la migración. Él le explicó que hay tierras infértiles y que el agua no alcanza para la siembra. "Dijeron que van a trabajar más con la artesanía de las mujeres, en el mercado, para comercializar el traje típico", explica este regidor que, a diferencia de los tres concejales que le acompañan en la plática, nunca migró. Ni el PAPTN ni el desarrollo del sector textil llegaron. El plan del embajador de Estados Unidos en Guatemala falló.

El laborioso trabajo de tejer los trajes de la comunidad es cosa de mujeres. Aunque el consejo indígena de alcaldes auxiliares no parece muy consciente del valor económico de ese trabajo. Mujeres de otros pueblos ya están llegando a San Juan a venderles hilo a un precio mayor y algunas sanjuaneras empezaron a hacer prendas tradicionales para que las vendan otras pequeñas empresarias de Santiago Chimaltenango, un municipio vecino. Mientras, como hacía Griselda Domingo cuando la conocimos en marzo de 2019, las mujeres de la familia Domingo continúan con la tradición gratuita de tejerle el traje al padre.

En teoría, Guatemala diseñó su parte del PAPTN para contentar al gobierno de Barack Obama (y luego de Donald Trump). Y fue más específico, sobre todo en comparación con Honduras. Pronacom definió un enfoque económico para detener la migración. Y organizó reuniones con líderes locales de los 51 municipios priorizados para entender las necesidades locales. Pero en la práctica, la inversión fue nula.

Gabriela Pérez, asesora del PAPTN para el Gobierno de Guatemala, confirmó que solo etiquetaron proyectos preexistentes en los presupuestos de gobierno, bajo las siglas del PAPTN. Al final de 2019, la idea de prosperidad quedó relegada, México aceptó convertirse en la frontera sur de EEUU y Guatemala pasó a ser país receptor de solicitantes de asilo. Aún cuando casi la mitad del país vive en pobreza y fue el país más migrante del norte de Centroamérica entre 2018 y 2019. Los años en los que Griselda se fue tres veces de San Juan Atitán.

Ahora hay un nuevo plan en diseño. Se llama 'América crece'. Otro plan más. Pero si algo crece en esta parte de América es la fijación con irse, cueste lo que cueste. La gente se va de la región porque no espera nada de sus gobiernos. Porque la población es muy consciente de que el quetzal vale menos que el dólar.

La madre de Griselda se llama Juana. De ella heredó su sonrisa tímida y su habilidad para tejer. Juana, la silenciosa mujer que vio partir a un marido y cuatro hijos en los últimos veinte años, no habla español. Aunque le pedimos que se siente con nosotros y su esposo a almorzar la comida que ella ha preparado, almuerza con sus hijas en la cocina. Pero para Griselda, Juana es una persona tan importante como lo es su hermano mayor, Rodrigo, el que vive en Estados Unidos.

A Juana le confía cómo se siente, qué le preocupa. Deuda, así se llama la obsesión actual de Griselda Domingo. Una fijación lógica si un banco jamás le va a prestar dinero para migrar. Si su padre empeñó tierras que compró con su trabajo en Estados Unidos, y debe dinero a un prestamista. La mujer que nunca ganó más de cuatro dólares diarios por cortar café en fincas, arruga el rostro redondo que heredó de su padre Marcos, mientras repite la palabra deuda dieciocho veces a lo largo de la conversación.

—¿Tu mamá prefiere que te quedes acá con ella?

—Mi mamá [rompe en llanto] está llorando y llorando cuando yo llegué aquí. 'Ya no vas a intentar otra vez', me dijo. Sí voy a intentar otra vez, le dije, que bastante es mi deuda. Y me dice mi mamá: 'Está bueno' [se le corta la voz] para pagar mi deuda.

Griselda habla de cien mil quetzales, de miles y miles, no concreta. Se agobia, se frustra. Tiene una deuda con su padre. Pero esta es la segunda vez. Se vuelve a ir un mes después. Para cuando regrese deportada la tercera, la ansiedad de Griselda será mayúscula. Aunque le cambiemos el tema de la conversación, le cuesta un mundo responder.

—¿Qué te gusta hacer para que el tiempo acá sea más agradable?

—Pues no sé… No sé porque aquí no hay un día siempre feliz, aquí no. Siempre estoy triste triste y, cada día, siempre estoy triste y triste. A veces, mi mamá está platicando, está escribiendo, pero yo no puedo reír. Siempre estoy triste triste, sí.

Griselda siempre está triste. Y la microeconomía de San Juan explica por qué. Además del comercio y la artesanía incipiente de ropa, hay dos profesiones comunes que ilustran la imposibilidad de quedarse sin padecer necesidades: la de prestamista y la de coyote.

No logramos conocer a una persona que preste dinero. Pero un coyote, familiar de los Domingo nos habla. No admite su profesión, dice que es agricultor deportado y que su reloj de oro es un regalo. Pero afuera de su casa tiene una camioneta roja nueva y deslumbrante, toda la familia nos confirma a qué se dedica, tiene un collar con una AK-47 y admite que ayudó a Griselda a llegar al norte de México. Solo elude la palabra explícita. Aunque en Guatemala existe una ley que criminaliza a los coyotes, esa profesión en San Juan es vista como un trabajo con buena intención, porque al final ayuda a mucha gente a llegar a Estados Unidos. Aunque sea por dinero.

No hay muchas alternativas para la independencia económica de las mujeres de San Juan Atitlán. Pero en la calle principal, trabaja la personificación de la autonomía. Zoyla Marina Martí es la dueña de uno de los comedores y de una sonrisa reluciente. Junto a su nuera, que atiende el otro comedor, es una de las escasas empresarias locales.

Zoyla es serena, de frases cortas, viuda. Vive hace 18 años en el pueblo, pero es oriunda de Santiago Chimaltenango, a 40 minutos de distancia. Los kilómetros suficientes para que su traje y peinado sean distintos a los de las sanjuaneras. Zoyla no habla español, pero traduce Carmen, su hija menor, que es bilingüe porque estudió en Ciudad de Guatemala. Para llegar a tener su negocio, la madre consiguió trabajo como cocinera en el comedor de un sobrino y luego pidió un préstamo a un familiar. "[Montar un negocio], no se le dificultó por ser mujer, porque ella siempre se dio su lugar", dice Carmen tras escuchar a su mamá. En el comedor, este día de principios de marzo, solo hay hombres. El color rojo de la trenza de Zoyla luce entre la paredes rosas del silencioso local. 

Carmen es muy parecida a su madre, pero con gafas. En la capital, gracias a que unas monjas la acogieron, pudo graduarse como maestra. Regresó a su pueblo hace un año, con su marido, para poner una tienda y ayudar a Zoyla. "Hay hombres que vienen [al comedor] y nos empiezan a molestar. Y nos dicen: si no quieres que te moleste, ¿por qué estás trabajando de esto?". Pero ambas advierten: no es solo San Juan. Dicen que en Santiago Chimaltenango, el pueblo vecino, se reproducen patrones: el del machismo, el del festejo para los que llegan a Estados Unidos y el de la burla a los deportados.

El juego de la verdad

Les proponemos un juego. Tienen que levantar la mano cada vez que su respuesta a nuestra pregunta sea sí. Es fácil. Los 28 alumnos de tercero básico de la escuela de San Juan Atitán se sientan en sus pupitres y escuchan atentos. Antes hemos hecho el mismo ejercicio en las otras dos clases de esta escuela rural, dividida en dos módulos, cuya vista desde lo alto del pueblo hacia la Sierra de los Cuchumatanes es privilegiada.

13 tienen a un familiar en EEUU. Diez tienen a su papá deportado. Cuatro tienen padres que, tras su deportación, volvieron a intentarlo. 14 tienen un hermano en EEUU. Ninguno tiene a su madre en EEUU. 16 creen que conseguirán trabajo en San Juan. 12 quieren irse a EEUU.

El 31 de diciembre de 2018, un alumno de segundo básico le dijo al director de la escuela: Ahí nos vemos. El director le pidió que terminara tercero básico al menos. No puedo, respondió el estudiante. Su padre estaba endeudado. Iba a irse con él porque -hasta el endurecimiento de la política migratoria de Trump- pasar con un menor de edad era más sencillo.

"Cada persona busca dónde sentirse mejor. Yo, por ejemplo, me siento mejor acá", dice Francisco Carrillo, director y profesor de la escuela. Él, como el actual alcalde, nunca intentó irse a EEUU, nunca quiso irse. Cuando los alumnos terminan tercero es cuando se nota el nivel de abandono escolar. "Qué quieren ser", dice que les pregunta a los escolares. "Quieren ser médicos, abogados, profesores, pero en Guatemala no hay fuente de trabajo", se responde sentado en un aula de cómputo cuyas computadoras, cubiertas por una tela típica, fueron una donación.

—Griselda, no pasaste de sexto de primaria, ¿por qué no te gustaba estudiar?

—Pues no sé, porque mi papá no tenía mucho dinero para pagar estudio y por eso yo pienso para ir con mi hermano a los Estados. Y por eso yo fui con él la primera vez y después no me pase y después fui a intentar otra vez, la segunda vez, y no pase.

Griselda no piensa volver a estudiar. Fue deportada por segunda vez en febrero de 2019 y volvió a irse a mediados de mayo. Los dos meses que pasó en San Juan fueron un compás de espera, en la urgencia silenciosa de la deuda. La deuda que será más grande cuando regrese. Esta es la historia de una reconstrucción a lo largo de 2019, un año de la vida de una mujer que no logró cumplir su aspiración.

Es marzo y hoy acompaña a su vecina Carmen Mendoza, de 29 años, a Huehuetenango. Salen a las seis de la mañana de su aldea Sacchilaj y llegan dos horas después a la cabecera del departamento. En lo que los guatemaltecos -y muchos latinoamericanos- llaman el interior del país (todo lo que no es la capital), no es fácil moverse. Va con ella al banco. La acompaña por dos razones: Carmen no habla español y nunca antes recibió una remesa. Su marido se fue en diciembre con su hijo de 14 años y los 25 dólares en moneda local que lleva Carmen en su bolso son el primer envío que le hace desde Atlantis, Florida. Para que compre azúcar, sal y maíz.

Toman un chocolate caliente y una porción de pastel en una cafetería del centro. Griselda traduce y revela que el presente-futuro de Carmen es el de muchas mujeres de San Juan; tras trabajar de octubre a diciembre en la cosecha del café, se despidió de su marido.

Si su marido logra recaudar los 7.000 dólares (6.270 euros) que pidió prestados para el viaje que hizo con su hijo, ella espera estar en Florida en un año. Hace un mes empezó a comprar hilos para vender huipiles (blusas tradicionales) a una mujer de Colotenango, el pueblo vecino en el que algunas mujeres ya no sólo tejen para sus maridos. Carmen no gana más de 30 dólares al mes por tejer un huipil. Pero el valor de su nuevo trabajo no está en el dinero sino en la autonomía que vislumbra. Es su primer salario como artesana.

Con el dinero de su primera remesa, Carmen camina entre los carros que transitan por el mercado callejero de Huehuetenango. Busca y encuentra plátanos más baratos que en la aldea Sacchilaj. Griselda solo se detiene cuando ve un puesto de fundas de móviles en una esquina del parque central. Compra una funda rosa con el dinero que le da su papá. Le gusta el rosa en la ropa, aunque su casa soñada en Estados Unidos, la que estaría cerca de casa de su hermano Rodrigo, sería amarilla y anaranjada.

A Griselda, la mujer que aún no sabe que pasará casi todo 2019 presa en una cárcel de El Paso, le gusta tomarse infinidad de fotos. No parece vanidad. Parece una millennial pendiente de su imagen. Aunque todo vaya en contra, quiere proyectar que sonríe todo el tiempo.

Las tres veces que Griselda se fue a Estados Unidos le dejó su móvil a Eluvia, su parlanchina hermana pequeña, la única que pudo estudiar bachillerato y que tampoco tiene empleo. El 9 de diciembre de 2019, Eluvia se puso como foto de perfil una imagen de una cárcel con un emoticono que llora. Se lee: "Recuerden, no todos están en casa hoy, pero sí en el corazón".

Durante los meses que Griselda está presa, es su hermano mayor, Rodrigo, el que la llama. Triste, es lo más que alcanza a explicar Eluvia sobre cómo está su hermana, durante los meses que le escribimos tras caer de nuevo presa. Es la pequeña de la familia, con voz secretosa, la que advierte que la humillación a la que teme Griselda Domingo por regresar deportada va a cobrarse un precio que su hermana no tiene cómo pagar.

*Este reportaje forma parte del proyecto periodístico 'Retorno' elaborado por la productora El Intercambio y financiado por Seattle International Foundation. Para verlo completo puedes ingresar a www.elintercamb.io/retorno. También puedes leer en eldiario.es la primera entrega: Las tres heridas del Torcido: desplazado por la violencia, migrante en EEUU y deportado a Honduras

Publicado enInternacional
Martes, 31 Diciembre 2019 06:34

2020, 10+1 desafíos

2020, 10+1 desafíos

El inicio de un nuevo año, y más el de una década, es siempre un buen momento para poner sobre la mesa tareas pendiente y desafíos. Me atrevo a contribuir a esa tarea señalando los mayores problemas que yo creo que tiene nuestro mundo y el horizonte al que en mi opinión debería apuntar su solución para poder evitar que sigan produciendo las fracturas tan dramáticas que hasta ahora vienen generando.

  1. Conservar la vida en el planeta.

Acabamos de vivir una cumbre mundial sobre esta cuestión y no creo que sea necesario abundar en las consecuencias terribles que puede tener la emergencia climática en la que nos encontramos. Yo no puedo añadir mucho más a lo mucho que ya se ha dicho al respecto, pero sí quisiera subrayar algo que me parece esencial. No habrá forma de dar respuesta a los problemas medioambientales que amenazan la vida en nuestro planeta si no se parte de un convencimiento común y efectivo: ni la naturaleza en su conjunto ni los recursos que nos provee son mercancías. No han sido creados como tales y eso significa que no pueden utilizarse con el único propósito de hacerlos rentables en los mercados. No hay solución sostenible ni verdadera para el planeta que no pase por asumir un principio básico: lo que por su intrínseca naturaleza es común y perteneciente no sólo a la generación presente sino también a las futuras no puede ser apropiado privadamente por nadie, ni destruirse.

  1. Garantizar el sustento de todos los seres humanos.

Según la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación) 11 de cada 100 seres humanos pasan hambre actualmente en el mundo y cada día mueren unas 25.000 personas por esa causa. No hay otro fenómeno que provoque más muertes injustificadas y evitables porque, según esa misma organización y otras muchas, en nuestro planeta hay recursos materiales de sobra para poder alimentar suficientemente a toda la población mundial.

Y no se trata sólo evitar que tantas personas mueran de hambre, sino también de proporcionarles recursos que les garanticen una vida mínimamente decente. Algo que está perfectamente a nuestro alcance.

Según el Banco Internacional de Pagos, el volumen total de transacciones financieras que se realizan en el mundo es de unos 11.000 billones de dólares (millones de millones). Eso quiere decir que con una simple tasa de 20 céntimos por cada 100 dólares de transacción se podría financiar todo el gasto público mundial ELIMINANDO TODOS Y CADA UNO DE LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE HAY EN EL PLANETA. Y que con otra de más o menos la misma insignificante proporción se podría conceder una renta básica decente a toda la población mundial.

Eso no sería todo lo que se necesita, pero es la demostración palpable de que estamos ante un desafío perfectamente alcanzable que no se logra porque no se asume como imperativo ético esencial el derecho a la vida que tememos todos los seres humanos.

  1. Ejercicio efectivo de los derechos humanos.

El último informe anual de Human Rights Watch dice que «estos son tiempos oscuros para los derechos humanos», que «a pesar de la creciente resistencia, las fuerzas de la autocracia han experimentado un auge» y que «varios gobiernos importantes (de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, …) flaquearon» en la defensa de los derechos humanos.

Hace 72 años que se suscribió masivamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es cierto que se han dado avances importantísimos, pero de ninguna manera suficientes o completos. Un desafío fundamental es el establecimiento definitivo de un sistema de justicia universal que combata los crímenes que lesionan o incluso acaban con esos derechos, y reconocer y perseguir específicamente los crímenes económicos contra la humanidad.

  1. Libertad real de acceso a la información.

Gracias a internet y a las redes sociales, nunca en la historia de la humanidad ha habido mejores y más asequibles formas de acceso a la información. Pero cada día es más claro que eso no es suficiente porque el uso de las nuevas tecnologías y de las organizaciones que son necesarias para elaborarla, empaquetarla y difundirla está cada más concentrado. Siete empresas controlan casi el 70% de toda la red de comunicación mundial y en españa cuatro consejos de administración hacen lo mismo con el 80% de las audiencias de televisión y radio, por no hablar del poder inmenso de las nuevas megacorporaciones como google o facebook.

Esa concentración tan extraordinaria y la falta de controles efectivos está en la base de la mentira y la manipulación, cuya expansión tampoco tiene precedentes. Sin información libre y plural no hay posibilidad real de ejercer la ciudadanía y de condicionar y presionar al poder. Garantizar la transparencia, perseguir y condenar la mentira, hacer posible el acceso libre y efectivo a la información y a los medios de comunicación y democratizar el acceso a la tecnología y a su uso, son los grandes desafíos en nuestra época del biga data y de las redes.

  1. Gobernanza global.

La mundialización de prácticamente todas nuestras relaciones sociales e incluso personales es ya un proceso que no tiene vuelta atrás, pero que se ha dado sin que al mismo tiempo se diseñen y desarrollen mecanismos e instituciones de regulación y control a la misma escala o nivel. Y sin ellos es prácticamente imposible impedir que sólo quienes disponen de más dinero, información o acceso al poder puedan decidir a su antojo lo que se puede hacer o no en el planeta. Las consecuencias del unilateralismo y de la falta de espacios y foros de debate y decisión cooperativa y plural a escala global están a la vista, y cada día resulta más urgente hacer frente a esta carencia que puede terminar destruyendo la ya de por sí escasa democracia que hay en el planeta.

  1. Reestructuración y jubileo de la deuda.

La deuda se ha convertido en la losa más grande que pesa sobre las familias, las empresas, los gobiernos y la sociedad en general.

Según el Fondo Monetario Internacional, el total de la pública y privada ha crecido un 60% desde 2007 en todo el mundo, unos 70 billones de dólares en la última década, y actualmente representa más de tres veces del producto bruto mundial.

La economía actual tiene la deuda como motor y eso significa que es imposible impedir que se produzcan colapsos periódicos y quizá uno global de magnitud incalculable si no se le pone freno. Y al respecto hay que saber que es mentira que ese incremento de la deuda sea consecuencia de una mala praxis de familias, empresa o gobiernos. No, lo que realmente sucede es que el sector económico más poderoso del planeta, el bancario, tiene el privilegio de crear dinero y, por tanto, beneficio y poder, creando deuda. Y usa su evidente influencia en todo el mundo para imponer políticas económicas que limitan los ingresos para promover su negocio, el crecimiento de la deuda. Prácticamente el 100% de la deuda acumulada en la Unión Europea desde 1995 (más del 60% en España) se debe a intereses, y una gran parte de esa carga es incluso inmoral e injusta.

Hacer frente a este volumen de deuda es materialmente imposible y todas las crisis de deuda que ha habida a lo largo de la historia, sin excepción, se han resuelto con decisiones políticas. Ya es hora de hacer frente al bárbaro endeudamiento que ha provocado el poder inmenso y la avaricia bancaria abriendo negociaciones que lleven a su reestructuración, a quitas ordenadas e incluso a un jubileo global. Sin ello, será imposible garantizar una mínima estabilidad en el mundo a medio y largo plazo.

  1. Justicia fiscal.

Gracias a la enorme influencia política y mediática que han acumulado, los grandes poderes económicos y financieros han conseguido hacer creer que la mejor política para todos es rebajar impuestos. Pero eso sólo se ha traducido en que solamente sean ellos quienes dejen de contribuir a la financiación de los gastos comunes, produciendo así los déficits y el incremento de la deuda que, como acabo de decir, les interesa porque ese es su negocio y lo que esclaviza a los que tienen abajo.

Según los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, de la Universidad de Berkeley, las 400 familias más ricas de Estados Unidos pagaron en impuestos en 2018 el 23% de sus ingresos y las clases trabajadoras el 24%. Y los paraísos fiscales y las distintas formas de elusión y fraude fiscal contempladas en las propias leyes fiscales permiten que las multinacionales y grandes fortunas apenas contribuyan a los gastos comunes. Las grandes empresas se llevan alrededor del 40% de sus beneficios (unos 600.000 millones de dólares anuales) a esos territorios opacos. Y eso, a pesar de que son quienes en mayor medida se benefician del gasto público, porque no hay que olvidar que un euro gastado por el Estado se convierte prácticamente de forma instantánea en un ingreso del capital privado (porque va directamente a él o porque se traduce en gasto en consumo que va a las empresas, o en ahorro que rentabiliza el sistema financiero).

El desafío es doble. Por un lado, asumir en la práctica el imperativo ético de que todos hemos de contribuir a la financiación del gasto que es común en proporción a nuestra capacidad. Y, por otro, que si el proceso de mundialización es ineludible hay que hacer que la fiscalidad que responda a ese anterior principio se establezca también a escala internacional.

  1. Socialización del dinero y el crédito.

El crédito que sirve para poder realizar gastos a lo largo del tiempo y el dinero que es lo que utilizamos para saldar las deudas que genera nuestra diferente participación en los procesos productivos, son para las economías como la savia de las plantas o la sangre de los demás seres vivos. Sin ellos, es prácticamente imposible satisfacer las necesidades humanas cuando se ha alcanzado un cierto nivel de desarrollo. Pero en el capitalismo se ha permitido que el dinero se convierta en una mercancía más que, para colmo y tal y como he dicho, pueden crear de la nada unos agentes especialmente privilegiados. Eso es lo que constantemente produce los cuellos de botella que generan crisis que traen destrucción de empresas, de empleo y de riqueza.

La alternativa no es la broma de hacer creer que todo el mundo debiera tener acceso libre al dinero y al crédito sin más. No, el desafío consiste en establecer sistemas financieros que proporcionen los medios de pago y el crédito necesarios para garantizar la actividad productiva con eficiencia, responsabilidad, solvencia, suficiencia y equilibrio y no sólo buscando el beneficio de quien lo crea, como he dicho, de la nada. Y en particular, consiste en poner un freno radical al uso especulativo de los medios de pago que provoca las burbujas y las innumerables crisis financieras que se vienen dando en las últimas décadas, justamente desde que se liberalizó el sistema financiero, exacerbando la mercantilización del dinero y el crédito.

  1. Justicia y simetría en el comercio internacional.

Seguramente, no hay una organización o proceso más farisaico e injusto en nuestro mundo que el del comercio internacional. Sus reglas permiten que los poderosos se protejan y tengan plena libertad de acción mientras que obligan a los países más pobres (en realidad, empobrecidos) a desarmarse plenamente y a someterse a las normas que les imponen los ricos. Con una apariencia de igualdad y una retórica que dice defender el liberalismo, lo que en realidad se ha establecido es un régimen de doble moral y de trato discriminatorio en favor de los poderosos. No se trata de reclamar para todos el proteccionismo reaccionario que practican los ricos. El desafío es combinar la apertura con la cooperación y la libertad de actuación con el justo derecho a la protección que tienen todos los países y no sólo los ricos, para poder promover un nuevo tipo de economías que satisfaga las necesidades desde la proximidad, la eficiencia y el respeto a la naturaleza. El régimen actual del comercio internacional genera conflictos políticos, raciona artificialmente la producción que sería necesaria para acabar con el hambre y la insatisfacción, la ubica de forma muy ineficiente y ecológicamente insostenible, crea pobreza y destruye las economías y los lazos sociales. Hay que acabar con este régimen de injusticia comercial impuesto por las grandes compañías multinacionales con el apoyo de los gobiernos de las grandes potencias.

  1. Desmercantilización del trabajo.

Un grupo de relatores independientes elaboró el año pasado un informe para Naciones Unidas en el que señalaban que «hoy vivimos en un mundo más rico, pero también más desigual que nunca». Y que algunos informes sugieren que el 82% de toda la riqueza creada en 2017 fue al 1% de la población más privilegiada económicamente, mientras que el 50% de los estratos sociales más bajos no vio ningún aumento en absoluto.

Esta desigualdad creciente en las últimas décadas tiene diversas causas bien conocidas: la apropiación privilegiada de los beneficios del aumento de la productividad por el capital, las reformas legales que han acabado con derechos laborales básicos, la discriminación de género, la globalización asimétrica, la inequidad fiscal, la deuda… Pero una de ellas es la que está detrás de todas las demás: la utilización del trabajo humano como si fuera una simple mercancía. Eso lleva a que la inmensa mayoría de las personas sólo puedan disponer de ingresos para vivir si venden su tiempo de trabajo en los mercados. En unos mercados, en donde cada vez tienen menos derechos y poder de negociación.

Por eso, el desafío más básico y necesario de nuestra época es acabar con esa mercantilización del trabajo para hacer posible que las personas puedan disponer de recursos suficientes para tener una vida digna con independencia de lo que ocurra en los mercados laborales. Y eso implica fortalecer las políticas sociales, los servicios de bienestar y, en general, las instituciones que garantizan que todos los seres humanos tengan recursos mínimos para vivir dignamente por el simple hecho de serlo. Y también reducir notablemente la jornada de trabajo para evitar que la revolución digital que se avecina provoque desempleo de masas.

Puede parece un desafío radical, inalcanzable, propio de extremistas… pero lo cierto es que la idea de que «el trabajo no es una mercancía» es el primer principio fundamental de los cuatro establecidos en la Declaración de Filadelfia de 10 de mayo de 1944 que han firmado, entre otros muchos países, todos los socios de la Unión Europea. El desafío consiste simplemente en cumplir con el compromiso adquirido.

10+1. Una nueva forma de pensar y de contemplar el mundo y a nuestros semejantes.

Los anteriores desafíos se refieren a objetivos, a tareas que habría que emprender pero quizá ninguno de ellos pueda hacerse realmente efectivo y alcanzarse si no se cambia nuestra forma de pensar, asumiendo un conocimiento complejo, omnicomprensivo, cósmico, ecologizante, humanista y crítico. Si no cambiamos nuestra forma de medir y de fijar los objetivos que perseguimos, si no anteponemos la mejora de nuestra vida a la multiplicación del dinero, y la felicidad o la satisfacción auténtica y la responsabilidad a la consecución del lucro privado sin límites. Si nuestra acción personal y colectiva no se vincula a compromisos o incluso a imperativos éticos que condiciones nuestra toma de decisiones. Si no aceptamos someternos a la rendición de cuentas que debe ser parte ineludible de una acción individual y colectiva honesta y respetuosa con nuestros semejantes. Y si no entendemos que la paz y el diálogo no son el fin sino el camino.

Fuente: http://www.juantorreslopez.com/2020-101-desafios/

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