Lunes, 02 Diciembre 2019 06:35

Desigual

Desigual

En su reciente libro, titulado Capital e ideología, Thomas Piketty propone que esa investigación en torno a la desigualdad económica y social lo lleva a plantear que “la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de las ideologías y de la búsqueda de la justicia”.

Afirma que tiene la tentación de reformular así el famoso enunciado acerca de que dicha historia es la de la lucha de clases. Volvemos, pues, a febrero de 1848. No es claro lo que esta iniciativa aporta al conocimiento del tema, que centra buena parte del debate actual sobre la desigualdad en el capitalismo”.

Joaquín Estefanía, periodista español, expresa que la profusa investigación sobre la desigualdad realizada por el autor francés en este libro y el anterior, El capital en el siglo XXI, lanza la discusión hacia adelante, pues se enmarca en la universal Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y no en una u otra discutible doctrina económica.

Claro está que ideas e ideología cuentan para la historia. Cabría, entonces, recordar a Keynes: “Las ideas de economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. En realidad el mundo está gobernado por poco más que esto. Los hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto”.

La notoriedad de Piketty es producto de un trabajo extenso y profundo, sin duda, y resulta provocador en una situación en la que la desigualdad se ha puesto en el centro de la discusión política en muchas sociedades, incluso en países con más alto nivel de desarrollo.

El paso hacia la transformación de los acuerdos esenciales, que configuran un entorno social y económico determinado y que ahora rebasa los espacios de índole nacional, es problemático.

En una entrevista publicada en el diario El País (24/11/19), Piketty no alienta un cambio radical del sistema vigente. Dice que no puede haber una hiperconcentración del poder en un número reducido de personas y que el poder debe circular.

Reconoce que hay una evolución hacia una mayor igualdad y que aunque las disparidades han crecido desde las décadas de 1980 o 1990, son menores que hace un siglo.

De ahí parte su visión acerca de cómo incidir, por la vía de las políticas públicas y los acuerdos políticos democráticos, en una redistribución del ingreso y la riqueza.

Cabe preguntar si ese conjunto extenso de medidas son una forma de ajustar un sistema social desgastado y que genera más desigualdad y conflictos. Un ajuste del tipo del New Deal, en Estados Unidos, luego de la crisis de 1929-1933, o del surgido con el Informe Beveridge, en Gran Bretaña, en 1942. Las condiciones no son las mismas. Eso es claro.

Hay muchas aristas en el planteamiento de Thomas Piketty que indican la complejidad real que entraña su enfoque. Apunta hacia la dirección que debe tomar el capitalismo. La propiedad privada, dice, es útil para el desarrollo económico, pero sólo en un marco de equilibrios con otro tipo de derechos.

Dice que sí a la propiedad privada mientras se mantenga en lo razonable y que, colectivamente, se establezcan sus límites. Observemos que las reformas económicas en China de las últimas décadas han sido, precisamente, un modo de redefinir los derechos de propiedad con fines económicos de potenciar el crecimiento productivo y retener el control político.

Y ahí está el problema, en convenir –y cómo hacerlo– sobre lo que es o no razonable y, por tanto, admisible, como un tipo de acuerdo social que se sostenga y sea funcional. No hay criterios económicos que se den en el vacío. Tienen siempre una consideración política.

La idea que expone Piketty es que se requiere participación social en la política, pero igualmente en la economía. El asunto se ha planteado ya desde distintos frentes. Amartya Sen, por ejemplo, ubica el problema en el campo de las oportunidades. Una forma alternativa y, tal vez, más general de plantearlo sería a partir de las condiciones de acceso de distintos grupos e individuos a una multitud de cuestiones que definen lo que se puede hacer y los resultados que se obtienen en materia de riqueza y también de influencia, y cómo es que esto se reproduce consolidando en acceso y poder. El acceso, ciertamente, está más distribuido.

Una discusión como la que se ha abierto a partir de las condiciones provocadas por el llamado neoliberalismo en las tres últimas décadas, junto con las repercusiones de la crisis financiera de 2008 y los entresijos que dejó expuestos en la arena política, tiene que ver con el aspecto moral de la desigualdad.

Esto entraña serias dificultades. Dice Harry Frankfurt, en su opúsculo titulado Sobre la desigualdad, que el enfoque en la desigualdad no es en sí mismo objetable. El asunto crucial reside en reducir tanto la pobreza como la afluencia excesiva. “La igualdad económica no es un ideal moralmente persuasivo. El objetivo primario debe ser reparar una sociedad en la que muchos tienen muy poco y otros el bienestar y la influencia que conlleva la concentración de la riqueza”.

Publicado enEconomía
Viernes, 29 Noviembre 2019 06:03

Botín de guerra y excusa

Botín de guerra y excusa

Es innegable que durante los 14 años del gobierno de Evo Morales ha habido una notable reducción de la pobreza a través de políticas públicas de redistribución de la riqueza. Asimismo, no se puede negar que, aunque sea de manera limitada y muchas veces simbólica, el Estado hizo un esfuerzo histórico por reconocer a la mayoría aymara, quechua y guaraní del país, transformándose en un Estado plurinacional. Pero la pregunta es: ¿sobre qué modelo económico se sustentan estas políticas redistributivas y antirracistas?

La respuesta a esta pregunta y la mejor guía para entender la situación se encuentran en las potentes intervenciones del movimiento feminista boliviano. Uno de estos grupos es Mujeres Creando. En 2017 este colectivo feminista aceptó una invitación de la bienal de arte de Bolivia para pintar un mural, siempre que pudiera llevarse a cabo en la fachada del Museo Nacional de Arte. En el centro de este “altar profano” aparecía el escudo de Bolivia con el Cerro Rico de Potosí clavado sobre la espalda de un hombre arrodillado en posición de sumisión. El pene del hombre estaba amarrado con una cadena a una pesa de oro. A los lados podía leerse: “Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista” y “No hay nada más parecido a una machista de derechas que un machista de izquierdas”.

Las feministas ponían así el dedo en la llaga –el mural duró menos de 24 horas sin ser profanado– mostrando que las políticas extractivistas del Estado no se asentaban sobre una lógica de género neutral, sino sobre una solidaridad interna entre el colonialismo y el patriarcado que transforma los cuerpos de las mujeres y la tierra en mercancía y botín de guerra. En efecto, el gobierno de Morales no sólo no modificó la lógica colonial extractiva del país, sino que amplió el extractivismo al otorgar más licencias mineras, intensificar la explotación del litio, ampliar la frontera de los agronegocios y pactar con la oligarquía que ahora lo echa del poder.

La lógica extractivista-patriarcal llega a su paroxismo con el conflicto del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), en 2010 y 2011. El gobierno del Mas pretendía construir una carretera que cortaría a la mitad este territorio guaraní en pleno corazón de la Amazonia para facilitar la extracción de hidrocarburos en el centro del parque y la extensión de los agronegocios. La oposición de los habitantes del territorio fue duramente reprimida por el gobierno de Morales. Una de las personas que acompañaban la marcha en defensa del Tipnis era Esther Argollo, una de las autoras del mural de Mujeres Creando. En 2017 tuve la oportunidad de entrevistarla y me describió, todavía conmocionada, la brutal represión de la policía de Morales en el pueblo de Chaparina: “Nos invadieron el campamento, nos cercaron, lanzaron gases, sacaron a los indígenas del lugar donde estábamos a patadas, a golpes, les amarraron, les taparon las bocas, tuve que correr con un niño al monte, porque… Era una señora, de las indígenas que estábamos en el campamento, era un domingo… La señora estaba con dos niños, uno se lo dio a uno de los indígenas y corrió al monte y el otro me lo dio a mí”.

UN PROYECTO NACIONALISTA EXTRACTIVISTA. 

El relato de la izquierda –golpe de Estado, Cia, Evo víctima, oligarquía racista, retorno de la Biblia al Palacio– se sutura definitivamente con la aparición del litio como botín de guerra. Bolivia cuenta con grandes reservas de litio en los salares de Uyuni y Coipasa y, en ese sentido, es totalmente plausible que la oligarquía blanca del país, en connivencia con algunas potencias extranjeras (Estados Unidos, pero también China, Rusia o Alemania), esté afilándose los colmillos para subastarse el litio.

Tras la llegada al poder de Evo Morales en 2008, los yacimientos de litio pasaron a ser una concesión de la Comisión Minera Boliviana, y se creó la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos, a cargo de Luis Alberto Echazú. El modo en que se realiza la transferencia de los terrenos ya es sospechoso. Tras haber recorrido todas las comunidades que se ubican alrededor del salar de Uyuni, puedo asegurar que en ninguna de ellas hubo consulta previa, libre e informada, como exige el artículo 169 de la Oit para autorizar la explotación de litio en territorio indígena. En lugar de eso, se recurrió al apoyo de una organización masista, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur (Frutcas). Pero este subterfugio legal no significa que todos los ayllus del salar estén de acuerdo con la explotación del litio. Hay comunidades como Llica que están en desacuerdo, y otras que lo aceptaron porque no veían otra opción.

Pero el asunto central es que se trataba nuevamente de un proyecto nacionalista extractivista. Los ingenieros de la planta de Llipi Llipi me explicaron en 2016 que se iba a tratar de un proyecto completamente boliviano, ejecutado con capital boliviano, recursos humanos bolivianos y cuyos beneficios recaerían en el pueblo boliviano. Cuando les preguntaba sobre los potenciales impactos ambientales que iba a provocar la extracción, no solamente por el gasto de agua sino por los residuos que iba a generar la inyección de grandes dosis de cal en el salar para separar el magnesio del litio, respondían de nuevo con el imaginario nacionalista en el que el “oro blanco” prometía sacar, una vez más, al pueblo boliviano de la miseria.

La versión de algunos líderes de Frutcas era todavía más siniestra, pues cuando pregunté a Humberto Ticona, uno de sus líderes, si no veía contradicción entre los artículos de la Constitución en defensa de la Pachamama y la extracción del litio, me respondió: “Claro, por ejemplo, ¿el litio de dónde viene? De las entrañas de la tierra. La Pachamama nos está dando una alternativa a sus hijos para poder sobrevivir”.

El último episodio de la saga se remonta a abril de 2018, momento en el que el gobierno de Evo Morales firma una acuerdo con la empresa alemana Aci Systems Gmbh para su explotación en régimen mixto con el Estado. El acuerdo ha sido finalmente revocado por las presiones de las comunidades circundantes al salar y de miembros del Comité Cívico Potosino. La negativa de las comunidades se debe, en parte, a su deseo de participar más activamente en los beneficios de la explotación, pero también a que, como me fue manifestado en múltiples entrevistas con miembros del pueblo Llica, las comunidades indígenas piensan que el salar es un ser vivo sagrado.

El gobierno de Evo Morales, con toda su retórica pachamámica, jamás se ha planteado escuchar a estas comunidades o repensar la explotación del litio para preservar un espacio sagrado y de alta biodiversidad, ni antes ni ahora; lo que estaba en juego era simplemente el modelo de explotación y la distribución de los beneficios. La izquierda internacional, que tanto se preocupa, y con razón, por la situación en Bolivia, debería escuchar a esta gente y a todos los colectivos de la sociedad civil que no están afiliados con ninguno de los caudillos en pugna, como por ejemplo, Colectivo Curva, Colectivo Ch’ixi, Comunidad Pukara, Nación Qhara Qhara, Nación Yampara, Parlamento de Mujeres, Red Unitas y Trabajadores Originarios Quechuas de la Provincia Oropeza.

Luis Martín-Cabrera. director del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California en San Diego.

29 noviembre, 2019

 Tomado de La Marea mediante una licencia de Creative Commons. Brecha reproduce fragmentos.

Publicado enInternacional
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal

El pasado 24 de octubre conmemoramos el 74 aniversario desde la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, el esfuerzo multilateral más articulado que el mundo haya realizado en la búsqueda de la resolución pacífica de conflictos, del desarrollo y el bienestar para nuestros pueblos.

Hoy, cuando transitamos el ineludible camino hacia el desarrollo sostenible, es más urgente que nunca reafirmar que la igualdad debe ser motor del desarrollo regional y estrategia para cerrar las brechas estructurales que se han profundizado en América Latina y el Caribe.

Vivimos un cambio de época que exige una transformación de nuestro estilo de desarrollo que se base en el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, el multilateralismo, la paz, la igualdad y la sostenibilidad.

La región aún es la más desigual del orbe, y si bien la primera década de este siglo estuvo marcada por avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingreso, quedan muchas brechas por cerrar.

Los rezagos estructurales en esta segunda década han quedado más evidentes que nunca en productividad, extractivismo, evasión fiscal, abusos y corrupción. Los gobiernos han optado por medidas de austeridad con recortes en el gasto social y baja inversión, limitando además los derechos laborales. Se han transversalizado los abusos de tal manera que el tráfico de influencias entre el poder económico y el político se ha generalizado en todo el espectro ideológico.

Es necesario renovar el pensamiento y la métrica sobre las desigualdades. Es necesario medir la riqueza y no sólo la pobreza. Incorporar la desigualdad en la propiedad y no sólo en el ingreso.

En Chile, por ejemplo, con un PIB per cápita de 25 mil dólares al año, la mitad de los trabajadores recibe un sueldo inferior a 550 dólares al mes y casi todos los servicios –educación, salud, medicación, transporte, electricidad, agua, etcétera– impactan en los salarios. En términos de patrimonio, el uno por ciento más rico detenta 26.5 por ciento de la riqueza, y el 10 por ciento más rico concentra 66.5 por ciento, mientras el 50 por ciento más pobre accede a un magro 2.1 por de la riqueza del país.

Se requiere erradicar la cultura del privilegio que caracteriza a la región, abordando las renuncias fiscales y la evasión fiscal en favor de los pocos. Simplemente la evasión cuesta 340 mil millones de dólares al año en la región (6.7 por ciento de su PIB).

Se requiere abordar a fondo la igualdad de género, pues las mujeres tienen menos posibilidades de participar en el mercado laboral debido a la alta carga de trabajo doméstico no remunerado. Su tasa de actividad es 24.2 por ciento menor a la de los hombres. Abordar, también, las brechas en capacidades humanas que menoscaban el desarrollo pleno de las personas y son ineficientes: 40 por ciento de los jóvenes de 20 a 24 años no concluyeron la secundaria y persisten las desigualdades étnicas.

Reconozcamos al fin que el actual estilo dominante de desarrollo es inviable y produce un desarrollo escaso y distorsionado por tres motivos fundamentales: porque produce poco crecimiento, genera y profundiza desigualdades y es ambientalmente destructivo. Un estilo de desarrollo que alentó expectativas de movilidad social y progreso y por ello, ante su fracaso, hay gran exasperación, impaciencia y desencanto hacia la clase política, especialmente en los jóvenes.

Lo hemos dicho: la desigualdad es ineficiente, se reproduce y permea el sistema productivo. Por el contrario, la igualdad no es sólo un principio ético ineludible, sino también una variable explicativa de la eficiencia del sistema económico a largo plazo. Debemos reconocer que las desigualdades son más profundas, duraderas, inelásticas y resilientes de lo que usualmente pensamos. Esta realidad estalla hoy en malestar en los pueblos de la región y demanda a escuchar sus voces y a construir propuestas de desarrollo que los incluya a todos.

Se abre para la región la oportunidad de un quiebre civilizatorio donde se replanteen los pactos sociales con amplia participación ciudadana y con mirada a mediano y largo plazo.

Llegó la hora de la igualdad y de un nuevo estilo de desarrollo. Es hora de replantear los pactos sociales y superar un modelo económico basado en la cultura del privilegio que prioriza el interés privado sobre el público, el capital sobre el trabajo, la acumulación sobre la redistribución, el crecimiento sobre la naturaleza, los privilegios sobre los derechos, la diferenciación social sobre la igualación, las jerarquías sobre las relaciones horizontales.

Hoy Naciones Unidas y la Cepal han de redoblar sus esfuerzos para construir propuestas basadas en evidencias que permitan superar el lastre de la desigualdad y que entreguen a nuestros pueblos la dignidad que merecen.

Por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal

Publicado enSociedad
El presidente de Chile pide ahora perdón y anuncia reformas, pero mantiene al Ejército en la calle

- Sebastián Piñera afirma que ha recibido "con humildad el mensaje": "Los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer la situación en su magnitud"

- El modelo privatizado de pensiones, el precario sistema de salud o los bajos salarios son algunos de los motivos que han hecho estallar a la población chilena

- Una veintena de organizaciones sociales ha convocado una huelga general y movilizaciones para este miércoles y jueves

 

 

En el quinto día de protestas masivas en Chile, que se desarrollan bajo vigilancia militar y en las que ya han fallecido más de 15 personas, el presidente del país, Sebastián Piñera, ha anunciado reformas sociales, pero ha dejado sin atender la petición de devolver el Ejército a los cuarteles.

 

"Hemos recibido con humildad y claridad el mensaje que los chilenos nos han entregado. Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión", ha dicho ahora Piñera en una alocución televisada a la nación.

 

El modelo privatizado de pensiones, el precario sistema de salud o los bajos salarios son algunos de los motivos que han hecho estallar a la población chilena, que desde la noche del viernes se manifiesta para exigir cambios, y son tres de los principales asuntos de la nueva agenda social de Piñera.

 

El mandatario anunció un incremento "inmediato" en un 20 % de la Pensión Básica Solidaria y de otro 20 % en el Aporte Previsional Solidario, vías por las que el Estado participa en el sistema previsional chileno, que es de capitalización individual y está administrado por empresas privadas.

 

La iniciativa, según Piñera, beneficiará en total a 1,5 millones pensionistas y se unirá a otras medidas de ayuda para los de más de 75 años, para los adultos que no se valen por sí mismos y para complementar el ahorro previsional de la clase media y las mujeres.

 

Anunció también el tratamiento legislativo de "urgencia" de un proyecto de ley para crear un seguro que garantice un techo de gasto en salud en caso de padecer "enfermedades catastróficas" y dos iniciativas para subvencionar el precio de los medicamentos.

 

Creará también un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos (unos 482 dólares) que complemente el salario de los trabajadores a jornada completa cuando sea inferior a esa cantidad, mientras que rebajará las dietas de los parlamentarios y los altos sueldos de la Administración pública.

 

Para financiar estas medidas, propondrá, entre otras cosas, un proyecto de ley para aplicar un impuesto del 40 % a las rentas superiores a 8 millones de pesos mensuales (unos 11.000 dólares), mediante el cual se espera recaudar 160 millones de dólares. El coste de implementar todas estas medidas será de 1.200 millones de dólares para las arcas fiscales en 2020.

 

La oposición recibió con frialdad los anuncios del presidente. Desde su cuenta de Twitter, el diputado de izquierdas Gabriel Boric, por ejemplo, calificó las medidas como "ayudas sociales" que, aunque necesarias, no solucionan un malestar social que requiere "transformaciones estructurales".

 

La acogida a la reacción de Piñera se verá el miércoles

 

La acogida de la población a las respuestas del presiente se verá este miércoles, jornada para la que de nuevo se han convocado distintas marchas y concentraciones populares en todo el país y una veintena de organizaciones ha convocado una huelga general. Las de este martes fueron de nuevo masivas y en su mayor parte pacíficas y festivas, pero tampoco estuvieron exentas de episodios violentos.

 

Los saqueos continúan y, entre otros sucesos graves, en la ciudad de Talca (centro) se produjo un incendio de grandes proporciones en un almacén de abastecimiento, mientras que en San Pedro de La Paz (sur) un atropello múltiple se cobró la vida de al menos dos personas.

 

La presencia del Ejército en gran parte del país para controlar la seguridad y el establecimiento de toques de queda en varias ciudades y regiones también está generando tensiones. Por las redes sociales circulan vídeos de presuntos abusos por parte de los militares que han enervado aún más el ánimo de los manifestantes, a quienes la presencia de los uniformados en las calles les retrotrae a los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

 

De hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile ha interpuesto querellas por denuncias de torturas y abusos de agentes de las fuerzas del Estado durante las protestas en los últimos cinco días.

 

Piñera ha dicho querer terminar con los estados de emergencia, los toques de queda y devolver a los militares a sus cuarteles, pero que no lo hará hasta que "el orden público, la seguridad y los bienes, tanto públicos como privados, estén debidamente resguardados".

 


 

El audio de la esposa de Piñera: “Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios”  

 

Por Página12

 

La primera dama chilena se refirió a las manifestaciones y las calificó como "una invasión extranjera, alienígena".

 

En Chile comenzó a circular un audio desde el domingo en el que la primera dama Cecilia Morel le habla a una amiga sobre la situación de crisis en el país y deja algunas definiciones que causaron indignación. El diario chileno La Tercera confirmó la veracidad del audio tras chequear con fuentes de La Moneda.

 

“Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy, muy grave”, comienza la nota de voz.

 

Luego expresa: “Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas”, detalla.

 

Sobre el final deja la frase que causó más rechazo en medio de las masivas protestas contra el gobierno de su marido, Sebastián Piñera. “Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás“, dice Morel.

Publicado enCrisis Chile
China supera a EEUU en el ranking mundial de la riqueza

El banco suizo Credit Suisse publicó el Informe Anual Global de Riqueza 2019. Según el estudio, durante el año pasado, la riqueza mundial creció un 2,6%, a 360 billones de dólares, y el nivel de bienestar por adulto alcanzó el nivel récord de 70.850 dólares.

En todo el mundo, hay 47 millones de millonarios, 1,1 millones más que el año pasado. "En los últimos 10 años, la creación de nuevas fortunas se ha concentrado en China y Estados Unidos. Este año, Estados Unidos continuó manteniendo su posición de liderazgo en la creación de riqueza desde 2008: ahora el 40% de todos los millonarios en dólares del mundo vive en este país", señalan los economistas.

Sin embargo, por primera vez en la historia, China superó a Estados Unidos en términos del número de ciudadanos en el ranking del 10% mundial de personas más ricas del planeta: 100 millones de personas en comparación contra los 99 millones de ciudadanos estadounidenses. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, el número de millonarios ha aumentado en más del 50% del incremento total: 675.000 personas.

En términos de crecimiento promedio del bienestar por adulto, Suiza ocupó el primer lugar (17.790 dólares), seguido de Estados Unidos (11.980 dólares), Japón (9.180 dólares) y los Países Bajos (9.160 dólares).

La mayor disminución se observó en Australia (en 28.670 dólares), principalmente debido al impacto del tipo de cambio. Los indicadores disminuyeron significativamente también en Noruega (en 7.520 dólares), Turquía (en 5.230 dólares) y Bélgica (en 4.330 dólares).

55.920 personas con capital privado extragrande (más de 50 millones de dólares por persona) poseen al menos 100 millones de dólares. Por su parte, 4.830 personas tienen activos netos por un valor de más de 500 millones de dólares.

Norteamérica lidera entre todas las regiones en términos del número de millonarios, 84.050 (50% a nivel mundial), mientras que en Europa hay 33.550 (20%) y 22.660 viven en la región de Asia y el Pacífico, excluyendo China e India.

Credit Suisse afirma que "a principios de este siglo, la desigualdad en la distribución de la riqueza ha disminuido en la mayoría de los países. Hoy, el 90% de las personas más pobres representa el 18% de la riqueza mundial, en comparación con el 11% en 2000. Aunque todavía es demasiado pronto para hablar de una tendencia hacia una disminución de la desigualdad en la propiedad, los datos disponibles indican que la mayor diferencia se registró en 2016 y en el futuro cercano este resultado no se repetirá"

07:45 23.10.2019URL corto

Publicado enEconomía
Cientos de personas han salido a las calles nuevamente para exigir la renuncia del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ante la actual crisis sociopolítica que vive ese país.

 Las protestas populares en Haití son un episodio de las consecuencias, cada vez más estructurales y catastróficas, de una historia de saqueo y olvido.

 

En Haití la crisis de régimen se agudiza luego de semanas de protestas ininterrumpidas. Los disturbios actuales son la culminación de más de un año de agitación y casi tres años de descontento con el actual mandatario, Jovenel Moïse. Los manifestantes se aglutinan en el Palacio Nacional, en las oficinas de la ONU y en las calles para demandar la renuncia del presidente. La crisis política no es nueva sino que condensa, cuanto menos, los dos últimos gobiernos del Partido Haitiano Tet Kale (PHTK). Su fundador, Michel Martelly (2011-2016), al igual que su discípulo Moïse, son acusados de desviar los fondos de la ayuda internacional de las dos últimas catástrofes climáticas que azotaron la isla. Como consecuencia, la población fue condenada al hambre, la pandemia y el debacle de su economía. Lucrar con la desgracia de millones de compatriotas parece ser la receta del “capitalismo del desastre”[1]. Una vez más, tal como lo hiciera en su origen como “la otredad incómoda” de la Revolución Francesa, Haití muestra que, por encima de cualquier valor universal de humanidad, para la comunidad internacional los “negocios son negocios”[2].



Haití presenta uno de los mayores niveles de inseguridad alimentaria del mundo, con más de la mitad de la población –y el 22% de los niños del país- con desnutrición crónica. Su Índice de Desarrollo Humano la posiciona entre los últimos puestos, no sólo de la región sino del mundo: 168 sobre 189 países[3]. Los indicadores de la calidad de vida de la población son apabullantes y, además, Haití debe hacer frente a las catástrofes naturales que azotan el Caribe. El Índice de Riesgo Climático Global de 2019 coloca a Haití en cuarto lugar de entre los países más afectados por los desastres climáticos anuales, ranking que encabezan Puerto Rico –donde se logró en las calles la renuncia de su gobernador[4], también acusado de malversar fondos de ayuda- y Honduras, sobre cuyo presidente pesan graves acusaciones de fraude, corrupción y narcotráfico[5].

A casi diez años del terremoto más devastador y mortífero de su historia, Haití no sólo sigue sin recuperarse de esos destrozos, sino que sufre una nueva crisis política y social que se agravó desde mediados de septiembre. En un contexto de inflación del 15%, un déficit de $89,6 millones de dólares, y una moneda (gourde) en rápida devaluación, se espera que este año la crisis humanitaria solo empeore. Sumado a esto, la crisis del suministro de electricidad, debido a la falta de gasolina, terminó por desatar el descontento social frente a una cotidianeidad desbaratada: no funcionan el transporte público, el comercio ni las escuelas.

Así, las habituales catástrofes naturales han terminado por naturalizar las consecuencias sociales de los problemas políticos, los cuales involucran a actores locales que de ningún modo lograrían sortear la crisis sin la venia de los intereses internacionales y la invisibilización de la crisis por parte de sus vecinos latinoamericanos, concentrados en la situación venezolana.

Un presidente ilegítimo, el origen de la crisis actual

Moïse llegó a la política como un outsider[6], representando a la elite agraria gracias a su rol como dirigente de Agritrans, una empresa bananera del nordeste. Su experiencia política previa era nula, pero fue escogido por Martelly (PHTK) como su sucesor. En las elecciones primarias de octubre de 2015 Moïse obtuvo el primer lugar con un 32,81%. Sin embargo, los comicios estuvieron signados por las denuncias de fraude, intimidación de votantes y protestas callejeras, por lo que finalmente fueron anulados. Martelly, con el apoyo de los Estados Unidos (EE. UU)., la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de otros gobiernos extranjeros, quería cuanto antes resolver el traspaso del Gobierno a su sucesor. Sin embargo, los funcionarios electorales -debido a las persistentes protestas sociales y una nueva catástrofe, el paso del huracán Matthew- demoraron en tres oportunidades consecutivas una nueva votación ante la amenaza de violencia incontenible[7].

El malestar social que aglutinó al arco opositor, líderes religiosos y empresariales, así como miembros de la diáspora haitiana y organizaciones de derechos humanos, se condensó en la falta de transparencia de los procesos electorales y la necesidad de reformar el proceso de votación. Entre febrero de 2016 y febrero de 2017 se estableció un Gobierno interino a cargo de Jocelerme Privert, quien fue electo por la Asamblea Nacional para llenar el vacío de poder tras la finalización del mandato de Michel Martelly. Unas nuevas elecciones se desarrollaron en noviembre de 2016 y, a contrapelo de la coyuntura, Moïse resultó electo en primera vuelta con el 55,67% de los votos[8]. Nuevamente, la denuncia de fraude empañó unos comicios que demoraron más de un mes en ser validados.

Sumada a la escasa legitimidad de origen, el incremento de la conflictividad social y la crisis política tienen tres elementos clave: (1) la crisis del combustible; (2) un gran recambio institucional y (3) la manifiesta corrupción de sus funcionarios.

En cuanto al precio del combustible, desde 2005 el Gobierno de Hugo Chávez creó el Programa Petrocaribe, el cual permitió a Haití comprar, desde 2006, petróleo a precio subsidiado. Los fondos liberados por este beneficio permitían favorecer al desarrollo de infraestructura y programas sociales, de salud y educación. Producto del bloqueo y la crisis económica que atraviesa, en marzo de 2018 Venezuela detuvo los envíos de barriles a precio subsidiado. Sumado al fin del beneficio, el Gobierno haitiano anunció en julio del mismo año la eliminación de los subsidios a la energía. Esta impopular medida estuvo en consonancia con lo acordado en febrero de 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI): un paquete de reformas estructurales a su economía, eufemismo utilizado para nombrar el ajuste. A cambio, el organismo prometió préstamos financieros por 96 millones de dólares para ayudar al país a pagar su deuda[9]. El ciclo de una nueva crisis política comenzó con el aumento del petróleo y sus derivados: 38% la gasolina, 47% el diesel y 51% el kerosene[10]. Frente a ello, la calle volvió a estallar, las protestas se masificaron y la policía reprimió, generando más muerte y más caos. Finalmente, la medida fue derogada.

Como consecuencia del ajuste impulsado por el FMI, se agudizó la crisis institucional caracterizada por un recambio permanente de funcionarios, especialmente del primer ministro, cargo que tiene como función la mediación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para lograr gobernabilidad y consenso. Luego de la oleada masiva de protestas de julio de 2018, Jack Guy Lafontant presentó su renuncia. Moïse, entonces, buscó reemplazarlo con un conocido abogado y exrival presidencial, Jean-Henry Céant, intentando de esta forma lograr la unidad con la oposición. Tan sólo seis meses después, Céant fue removido. Su sucesor fue Jean-Michel Lapin, quien duró apenas cuatro meses en el cargo para finalmente presentar su renuncia proclamando la falta de acuerdo entre los actores políticos. Horas más tarde, el presidente Moïse nombró a su cuarto primer ministro, Fritz-William Michel, portador de un perfil más tecnócrata y hasta entonces funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. A diferencia de sus antecesores, Lapin ni siquiera consiguió la ratificación de su cargo por parte del Senado –no porque el oficialismo careciera de mayoría sino debido a los disturbios ocasionados-, por lo que formalmente todo el Gabinete carece de institucionalidad. La última intentona de lograr la designación de Lapin, en septiembre de este año, culminó con un senador del oficialismo, Jean-Marie Ralph Féthière, descargando un arma de fuego contra los manifestantes en el Parlamento con el saldo de un fotógrafo y un guardaespaldas heridos[11].

Por último, en febrero de 2019 estalló el escándalo de corrupción popularizado como #PetroCaribeChallenge. El hashtag se originó mediante un tweet que preguntaba en creole: ¿Dónde está el dinero de PetroCaribe? Desde entonces comenzaron el activismo por una auditaría colectiva y una nueva oleada de movilizaciones contra el Gobierno haitiano, acusado de malversar miles de millones de dólares provenientes del subsidio venezolano. Como corolario de la gran movilización ciudadana, a fines de mayo el Tribunal de Cuentas entregó al Senado un informe mediante el cual concluyó que al menos 14 exfuncionarios malversaron más de 3.800 millones de dólares del programa Petrocaribe entre 2008 y 2016. Sobre el actual mandatario, el informe detalla que Agritrans fue adjudicataria de contratos para construir proyectos bananeros y carreteras que jamás fueron realizados, a pesar de recibir el dinero para tales fines[12].

¿Ayuda o injerencia internacional?

¿Es Haití un Estado fallido? Desde su independencia y su primera Constitución, en 1804, Haití pasó por 30 golpes de Estado y tuvo 20 constituciones. Actualmente, vive una de sus mayores crisis sociopolíticas desde la ocurrida en su bicentenario (2004) con el golpe a Jean Bertrand Aristide, luego de que éste manifestara que Haití exigiría una reparación histórica a Francia, su exmetrópoli. Finalmente, Francia tomó la iniciativa en la solución de la crisis haitiana y forzó la dimisión de Aristide. En febrero de 2004 el mandatario abandonó Haití en un avión estadounidense, escoltado por militares de ese país. Desde entonces y hasta octubre de 2017 el país fue intervenido por la ONU (Organización de Naciones Unidas) mediante la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH)[13]. Posteriormente, se adoptó la forma de Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), una misión que buscó estandarizar el sistema de administración de Justicia de Haití a los modelos implementados en las últimas dos décadas en la región. La MINUJUSTH garantizó un contingente policial como forma de “alivianar” el uso de la fuerza. No obstante, con la tendencia regional de militarización de las fuerzas de seguridad esto se traduce en el mantenimiento de la ocupación y la represión. La prórroga de existencia de la misión concluyó su mandato el 15 de octubre de 2019, lo que no implica que la ONU abandone Haití sino, más bien, que busque nuevas formas de injerencia[14][15].

Si bien laayuda humanitaria tiene como objetivo proporcionar alimento, asistencia sanitaria y psicológica con aprobación del Gobierno y sin violar su soberanía -especialmente frente a catástrofes naturales- en la práctica ha sido desvirtuada paraintervenir militarmentenaciones, derrocar gobiernos y apoderarse de su riqueza natural[16]. Luego del terremoto de 2010, la MINUSTAH “colaboró” con una comisión de 7 mil soldados y policías. El saldo: cientos de denuncias de abusos sexuales y una epidemia de cólera causada por quienes fueron a brindar “asistencia”[17][18].

De acuerdo al exdirector del Fondo de Asistencia Económico y Social (FAES) de Haití entre 2012 y 2015, Klaus Eberwein, sólo el 0,6% de las donaciones internacionales terminó en manos de organizaciones haitianas, un 9,6% en manos del Gobierno haitiano y el 89,8% restante fue canalizado a organizaciones no haitianas. Lamentablemente, Eberwein fue hallado sin vida con un disparo en la sien en un hotel en Miami antes de comparecer frente a una comisión anticorrupción del Senado haitiano sobre los fondos de Petrocaribe y las malas prácticas de la Fundación Clinton[19].

Los fondos se tradujeron en la proliferación de ONGs que comenzaron a proveer funciones que solía cubrir el Estado, consolidando una nueva etapa en la agenda del sistema neoliberal. Mientras las ONGs avanzaban el Estado se retraía, incidiendo tanto en la soberanía como en la autodeterminación del país[20]. La intermediación de las organizaciones permite que quienes las financian, como el Banco Mundial, el Gobierno de EE. UU. , el Fondo Monetario Internacional o empresas transnacionales, obtengan la liberación de las barreras arancelarias, lo que termina por devastar la producción interna y, por tanto, la economía del país mediante la privatización de los servicios públicos y la contratación de empresas privadas internacionales para ofrecerlos. Este mapa configura lo que la economista Naomi Klein ha denominado como “capitalismo de desastre”, que opera junto con la “doctrina del shock”. Según su tesis las crisis derivadas de catástrofes, como en el caso de Haití, habilitan oportunidades de negocios para la inversión privada, así las potencias y los intereses de las multinacionales consiguen anclarse en el territorio arrasado de la mano de las ONGs.

A modo de conclusión

El PHTK es el actual garante de los negocios del capital internacional, fundamentalmente mediante el traspaso de tierras campesinas a transnacionales estadounidenses. Para ello sólo cuenta con un escueto sector de la oligarquía local, quien se beneficia con una parte del desvío de fondos a expensas de la mayoría de la población. La exacerbación de la dependencia de la ayuda internacional combina el tradicional colonialismo con una nueva fase del neoliberalismo como gestor del desastre. La influencia norteamericana consolidó una economía haitiana predominantemente extractiva -aproximadamente 2.000 millones en depósitos minerales explotados principalmente por corporaciones estadounidenses y canadienses-[21]. Actualmente, dicha influencia es el único sostén de un presidente impopular, cuya dimisión sigue exigiendo el pueblo en sus protestas masivas.

Mientras los líderes de la oposición llaman a los manifestantes a no claudicar hasta obtener la renuncia de Moïse, la consigna se hace carne: “les estamos diciendo a las personas que viven en el área de Cité Soleil y a la población haitiana que se levanten para derrocar a este Gobierno” afirmó Francois Pericat, un participante en las protestas del 27 de septiembre a The Associated Press en alusión a un barrio pobre y sobrepoblado de Puerto Príncipe.”El presidente Jovenel Moïse no está haciendo nada por nosotros, sólo nos está matando”[22]. Moïse asumió la Presidencia un 7 de febrero, fecha emblemática que recuerda el final de casi 30 años de dictadura (1957-1986) de la familia Duvalier, François (Papa Doc) y su hijo Jean-Claude (Baby Doc), quien finalmente huyó de la isla producto de las protestas generalizadas. Luego del anuncio del cierre de la MINUJUSTH, Moïse ha afirmado que no presentará su renuncia y dice no querer tener otro 1986 [23]; sin embargo, la sublevación popular está cada vez más cerca de repetir la hazaña.

 

Por Bárbara Ester

CELAG

 

Notas:

[1] Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo de desastre, Paidós, Argentina, 2008.

[2] https://www.celag.org/haiti-herida-abierta-de-america-latina/

[3] https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Haiti%20Country%20Brief_%20August_2019.pdf

[4] https://www.celag.org/puerto-rico-afilando-cuchillos/

[5] https://www.celag.org/honduras-una-decada-de-golpes-e-inestabilidad/

[6] https://www.voanoticias.com/a/haiti-presidente-moise-investidura-trump-eeuu/3705034.html

[7] https://www.nytimes.com/es/2016/02/06/editorial-haiti-democracia-en-pausa/

[8] https://www.celag.org/informe-electoral-haiti/

[9] https://www.nodal.am/2019/10/decadas-de-neoliberalismo-neocolonialismo-e-injusticia-climatica-han-llevado-a-haiti-al-limite-por-keston-k-perry/

[10] https://pulsonoticias.com.ar/8911/el-fmi-agita-las-llamas-de-la-insurreccion-en-haiti/

[11] https://www.ap.org/ap-in-the-news/2019/ap-photographer-wounded-in-haiti-shooting

[12] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48711839

[13] http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE-131.pdf

[14] https://news.un.org/es/story/2019/10/1463911

[15] https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201910161088993267-mision-de-paz-de-la-onu-concluye-mandato-en-haiti-sin-impedir-brotes-de-violencia/

[16] https://www.theguardian.com/world/2019/oct/11/haiti-and-the-failed-promise-of-us-aid

[17] https://www.celag.org/haiti-resultado-intervencion-humanitaria/

[18] https://www.nytimes.com/2017/06/26/world/americas/cholera-haiti-united-nations-peacekeepers-yemen.html

[19] http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/08/08/hallan-muerto-a-un-funcionario-de-haiti-que-iba-a-denunciar-a-la-fundacion-clinton/

[20] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37614689

[21] https://www.nodal.am/2019/10/decadas-de-neoliberalismo-neocolonialismo-e-injusticia-climatica-han-llevado-a-haiti-al-limite-por-keston-k-perry/

[22] https://www.nytimes.com/2019/09/28/world/americas/haiti-protests-moise.html

[23] https://www.jornada.com.mx/2019/10/16/mundo/026n4mun

Fuente: http://www.celag.org/haiti-protestas-interminables-en-una-republica-olvidada/

Publicado enInternacional
De izquierda a derecha, retratos de Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer, premios Nobel de Economía 2019. En vídeo, el anuncio del galardón.

El Banco de Suecia les galardona porque han contribuido a desarrollar políticas e incentivos para ayudar a los hogares más pobres

El Banco Nacional de Suecia ha concedido este lunes el Premio Nobel de Economía a Abhijit Banerjee (Bombay, 1961), Esther Duflo (París, 1972) y Michael Kremer (EE UU, 1964), "por su aproximación experimental al alivio de la pobreza global". Cómo reducirla es hoy uno de los mayores retos, y estos académicos han hecho contribuciones decisivas a las políticas y los incentivos que hay que aplicar, dice el comité que brinda el galardón desde 1969. Los dos primeros son profesores en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Estados Unidos, son pareja y tienen un hijo juntos. Kremer posee plaza en la Universidad de Harvard. Y Duflo es la segunda mujer en recibir el Nobel de Economía, tras Elinor Ostrom. Además, con 46 años es el premiado más joven.

"A pesar de la mejora en los estándares de vida, más de 700 millones de personas todavía subsisten con ingresos extremadamente bajos. Cada año, unos cinco millones de niños menores de cinco años fallecen por enfermedades que podrían a menudo ser prevenidas o curadas con tratamientos que no son caros. La mitad de los niños del mundo todavía abandona la escuela con unas capacidades básicas de lectura y aritmética", recalca la nota de la Academia Sueca. Y señala que los galardonados de este año han introducido una nueva forma de dar respuestas fiables a estos problemas. Básicamente, se hacen preguntas sobre cuestiones concretas que pueden responder con experimentos de campo. Y de esta manera hallan conclusiones que sirven, entre otras cosas, para mejorar los resultados educativos o la salud de los niños. Por ejemplo, Kremer ha concluido que las familias pobres son muy sensibles al precio y apenas administran medicina preventiva a sus hijos a menos que sea gratis.  

Kremer es el pionero en esta materia. Y los estudios de los tres dominan la llamada economía del desarrollo. Durante los últimos 20 años, "sus hallazgos han mejorado dramáticamente la capacidad práctica para combatir la pobreza", afirma el jurado del Nobel. En unos experimentos en Kenia con la colaboración de una ONG, Kremer empezó a mediados de los noventa comprobando que los libros de texto y las comidas gratis no ayudaban a mejorar los resultados escolares. En cambio, años más tarde Banerjee y Duflo concluyeron que lo más efectivo eran los programas de apoyo a estudiantes, ayudantes para los profesores y centrarse en los niños con más necesidades.

Gracias al trabajo de Banerjee y Duflo, las tutorías de refuerzo se han extendido a 100.000 escuelas en la India, beneficiando a más de cinco millones de alumnos. Y este tipo de investigaciones se han prodigado en áreas como la sanidad, el acceso al crédito o la adopción de nuevas técnicas agrícolas. En general, sus estudios certifican que ampliar el acceso a agua potable es una de las inversiones más rentables para los países en desarrollo.  

Según las conclusiones de los nuevos galardonados, poner más recursos o recortar el número de estudiantes por profesor tiene un impacto limitado en la educación. Por el contrario, funciona mucho mejor si se establecen los incentivos adecuados para los profesores. Un caso: descubrieron que se podía reducir mucho el absentismo de los maestros si se les contrataba de forma temporal, renovándolos según sus resultados. También que la mejor forma de evitar el absentismo escolar consiste en dar a los niños tratamientos contra los parásitos intestinales o lombrices, que provocan gran agotamiento en los niños y, por tanto, que falten a clase.

Estos economistas emplean los métodos tradicionales de los ensayos clínicos de farmacéuticas. Pero lo hacen con decisiones que toman personas en su día a día. Y estudian los incentivos, las restricciones y la información que las motivó, construyendo patrones de comportamiento que pueden generalizarse a todo el mundo. Parte de su trabajo se basa en la Teoría de los Contratos y la economía del comportamiento, que recibieron premios Nobel en 2016 y 2017, respectivamente. Entre sus descubrimientos está que los microcréditos apenas sirven para aumentar la inversión o el consumo.

"Nuestro objetivo es asegurarse de que la lucha contra la pobreza se hace basándose en la evidencia científica", ha dicho Duflo en una rueda de prensa posterior al anuncio. Para el futuro, ha destacado que esta ciencia también debería aplicarse a largo plazo para las situaciones de pobreza en el mundo desarrollado, en especial tras la devastación causada por la Gran Recesión. 

Banerjee y Duflo han escrito juntos el libro Repensar la pobreza. Sostienen que la ayuda foránea y la apertura comercial ayudan pero no son decisivas. La primera no tiene el tamaño suficiente salvo para puntuales crisis humanitarias. Y la segunda se ve mermada porque países como China son mucho más productivos.

Los premiados identifican comportamientos que no se explican de forma racional y que hacen que una política de desarrollo fracase. Así, han descubierto que los agricultores en países pobres son reacios a modernizarse y tienden a retrasar la inversión en fertilizantes. Por esta razón, el envío a domicilio de estos productos da magníficos resultados. O saltarse la burocracia e ir directamente casa por casa apuntando a los beneficiarios al suministro de agua limpia en lugar de esperar a que acudan a registrarse. La unidades móviles de vacunación combinadas con el regalo de comida han brindado también muy buenos frutos.

Banerjee y Duflo han creado un laboratorio, el J-PAL del MIT, que asiste en el diseño de ensayos rápidos para medir la eficiencia de políticas concretas de cooperación y desarrollo. Esta especie de auditora de la ayuda al desarrollo permite a ONGs y Estados gastar mejor sus recursos. Y recibió en 2008 el Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA. En 2015, Duflo obtuvo el Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.

El Nobel de Economía es el último de los premios que se entrega cada año, y el único que no falla directamente la Academia sueca de Ciencias. Fue creado en 1968, oficialmente como "premio del Banco de Suecia en ciencias económicas en memoria de Alfred Nobel", para celebrar los 300 años de historia de la institución. El galardón tiene una dotación económica de nueve millones de coronas suecas (831.000 euros), que los premiados se repartirán a partes iguales. 

En los últimos 20 años, tres cuartas partes de los galardonados han sido estadounidenses. Y el año pasado también lo fueron: William D. Nordhaus y Paul M. Romer. El primero, por integrar el cambio climático en el análisis económico determinando los costes y beneficios de reducir las emisiones contaminantes. Y el segundo, por hacer lo mismo pero con las innovaciones tecnológicas, explicando qué hace que una economía innove y, por tanto, crezca más que otras. "Sus hallazgos han ampliado significativamente el alcance de análisis económico mediante la construcción de modelos que explican cómo la economía de mercado interactúa con la naturaleza y el conocimiento", dijo entonces el comité de los premios.

Por Antonio Maqueda

Madrid 15 OCT 2019 - 02:56 COT

Publicado enEconomía
Los manifestantes se concentran en una carretera de Bagdad para protestar contra la corrupción del Gobierno iraquí. (REUTERS/Alaa al-Marjani)

El martes se iniciaron protestas masivas y violentas en distintas ciudades de Irak contra la corrupción y el desempleo reinantes en el país. Los manifestantes son jóvenes en su mayoría, muchos menores de 20 años, que están condenados a una existencia pobre y gris. Los jóvenes, frustrados, solamente han conocido guerra y sanciones y aspiran vivir una vida mejor, algo que no parece que vaya a ser posible a corto y medio plazo.

 

Las calles de un gran número de ciudades iraquíes han visto esta semana protestas masivas y violentas principalmente de jóvenes, muchos de ellos menores de 20 años, en la incidencia más grave que tiene lugar en el país desde que se acabó con la insurrección del Estado Islámico en 2017. El número de muertos desde el martes se cuenta por decenas y el de heridos por centenas.
Las causas de este levantamiento espontáneo son variadas e incluyen desde la exigencia de que mejoren los servicios públicos de electricidad y agua al malestar creciente de los desempleados que no ven que ningún futuro, jóvenes que no han conocido más que el caos reinante en Irak desde que Estados Unidos invadió el país en 2003 y que en algunos casos dicen que echan de menos a Saddam Hussein y exigen la “caída del régimen”.

Como los jóvenes de todo el mundo, los iraquíes exigen soluciones rápidas para unos problemas estructurales, incluido el de la corrupción masiva, que son endémicos y no pueden resolverse de la noche a la mañana. El primer ministro chií Adel Abdul Mahdi, en el poder desde el año pasado, les ha advertido a través de un mensaje televisado que no existen “soluciones mágicas”. Es evidente que esos problemas continuarán indefinidamente con independencia de lo que suceda con las protestas.

Para disolver las protestas, la policía ha usado agua a presión, gases lacrimógenos, balas de goma y hasta fuego real, lo que explica el elevado número de bajas. Algunos manifestantes también han usado fuego real contra las fuerzas de seguridad. Además, el gobierno ha provocado un bloqueo casi total de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, a través de las cuales los jóvenes se coordinan y donde cuelgan imágenes y mensajes que incitan a la población a participar en los caóticos disturbios. En algunos lugares como Bagdad se ha decretado el toque de queda.

La máxima autoridad religiosa chií, el gran ayatolá Ali Sistani, ha instado a las fuerzas de seguridad y a los manifestantes a que no usen la violencia, y ha criticado a los políticos por no haber sido capaces de emprender una lucha eficaz contra la corrupción que invade a casi todas las esferas del gobierno y de las administraciones periféricas. Sistani ha exigido al ejecutivo que adopte medidas de choque contra la corrupción “antes de que sea demasiado tarde”.

 “Los diputados son quienes tienen más responsabilidad en lo que está ocurriendo”, dijo Sistani en un sermón leído el viernes por uno de sus asistentes en una mezquita de Karbala. “El gobierno debe hacer lo posible para mejorar los servicios públicos, encontrar trabajo para los desempleados, acabar con el clientelismo, lidiar con la corrupción y enviar a prisión a los que estén implicados", añadió el gran ayatolá.

Algunos han querido ver en las protestas una variante de las primaveras árabes de 2011 que llega con retraso. Y en parte esta explicación tiene algo de acertado, especialmente en lo tocante a la corrupción y a la ausencia de expectativas, pero los iraquíes acuden regularmente a las urnas para elegir democráticamente a sus representantes. El país está sumido en un caos más grave que el de algunos otros países árabes donde se iniciaron las revueltas de 2011.

La situación de la "democracia" iraquí también puede interpretarse como la quiebra de unas instituciones que pretenden imitar las instituciones liberales occidentales cuando en Irak, como en otros países árabes, no se dan las circunstancias mínimas para que esas instituciones funcionen de una manera eficiente siguiendo el modelo occidental.

María Hurtado, portavoz de la Oficina de Derechos de la ONU, exigió al gobierno y a los manifestantes que se expresen libremente en el marco de protestas pacíficas. "Estamos preocupados por las informaciones en el sentido de que las fuerzas de seguridad han usado munición real y balas de caucho en algunas zonas, y también han disparado gases lacrimógenos directamente contra los manifestantes", dijo Hurtado.

Según la portavoz, las armas de fuego no deberían usarse nunca, "excepto como último recurso de protección ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves". "Todos los incidentes en los que las acciones de las fuerzas de seguridad han implicado muertes o heridos deberían investigarse rápida, transparente e independientemente".

Un tema relacionado con la corrupción que figura entre los motivos de las protestas es la reciente destitución del general chií Abdulwahab al Saadi, responsable de la unidad antiterrorista, un personaje muy popular en todo Irak, y no solo entre los chiíes, puesto que muchos lo ven como alguien no sectario y que no se ha manchado con la corrupción generalizada.

Las primeras protestas contra la destitución de al Saadi ocurrieron en Mosul, una localidad de mayoría suní. Los suníes aprecian al general porque consideran que fue una figura clave en el aplastamiento del Estado Islámico concluido en 2017. En Mosul también hay un notable resentimiento contra el gobierno de Bagdad porque prácticamente no se ha hecho nada para reconstruir la ciudad devastada por la guerra.

Irak tiene una población de 40 millones de habitantes. Tras décadas de guerras y sanciones ha echado a perder sus infraestructuras, muchas ciudades están arruinadas y las oportunidades de empleo son completamente insuficientes si se las compara con el crecimiento de la población. La producción de petróleo ha aumentado pero no basta para hacer frente a las necesidades del país.

JERUSALÉN

07/10/2019 07:32 Actualizado: 07/10/2019 07:32

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

Publicado enInternacional
Martes, 10 Septiembre 2019 04:50

Deterioros neoliberales en América Latina

Deterioros neoliberales en América Latina

Las leyes neoliberales impuestas en América Latina por Estados Unidos y organismos financieros internacionales como fundamento principal del capitalismo, han llevado a la región a enfrentar grandes escollos económicos y sociales para su subsistencia. 

El objetivo de ese sistema como parte del capitalismo globalizado es impulsar la liberación del comercio en general, eliminar la injerencia del Estado en la economía y reducir al máximo el gasto público con el consecuente empobrecimiento de millones de habitantes y en contraposición, el enriquecimiento de pequeñas minorías.

Son varios ejemplos los que destacan en esta oleada de derechización regional auspiciada desde Washington y que han llegado al poder por diferentes vías como golpes de Estado, destituciones parlamentarios o elecciones fraudulentas.

Empecemos por Honduras, donde tras el golpe al presidente Manuel Zelaya se eliminaron el ciento por ciento de las leyes acordadas en ese corto período para beneficio del pueblo, lo que trajo como consecuencias la congelación de la Ley del Salario Mínimo, pérdida de 300 000 empleos, fragmentación de las jornadas laborales, derogación de los acuerdos con el ALBA, restitución de privilegios a las compañías transnacionales e impulso de las privatizaciones.

En la actualidad, según el diario La Prensa, casi seis millones (71 %) de los 8,5 millones de habitantes del país son pobres; de esa cifra, 4,2 millones están en situación de extrema pobreza que tratan de sobrevivir con solo un dólar al día, mientras solo 15 familias controlen el 80 % de las riquezas nacionales.

Guatemala ha sido considerado uno de los Estados fallidos arrasados por Occidente donde se unen corrupción, pandillas, pobreza, desigualdad, desnutrición y mortalidad infantil.

Los economistas aseguran que el país se aproxima a la catástrofe humanitaria y las áreas rurales son las más afectadas, de donde procede la mayoría de los emigrantes. Los recursos son escasos, la presencia del Estado inexistente, el crimen organizado poderoso y la presión de los grupos de poder para implementar proyectos mineros e hidroeléctricos, casi insostenible

Un Informe de Desarrollo Humano elaborado por la ONU asevera que más de tres millones de guatemaltecos viven en pobreza extrema y casi 12 millones de personas, 67 % de la población, "sufre carencias que vulneran su bienestar".

Paraguay esta considerado uno de los países más desiguales de Suramérica, donde la pobreza golpea al 30 % de la población que ha sufrido en los últimos años grandes inundaciones y dejado desamparados a miles de habitantes. Para la ONG Oxfam ésta es la cara más cruel de la desigualdad en un país donde los más pobres ganan hasta 22 veces menos que los más ricos. Asimismo, con la progresiva mecanización de la agricultura, ligada a la producción extensiva de la soja, se produjo un éxodo masivo desde el campo y los emigrantes que huyeron del hambre se instalaron en áreas de riesgo, como el lecho del río Paraguay en los barrios de Asunción, vulnerables a las riadas.

En cuanto a Ecuador, en solo dos años el gobierno de Lenín Moreno ha impulsado al Estado a la década de 1990 al desmontar importantes avances democráticos de la Constitución Política de 2008. Durante los gobiernos de Rafael Correa el país redujo la pobreza y los programas sociales beneficiaron a los habitantes pero ahora, con los acuerdos con el FMI, Moreno redujo el gasto público de 3 461 millones de dólares a 773 millones con graves perjuicios para las mayorías.

Pero los casos más desafortunados en los últimos tiempos han sido los de Argentina y Brasil. En este último, tras el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff y las arbitrariedades jurídicas para detener a Inacio Lula da Silva para que no se pudiera presentar a elecciones, los regímenes de Michel Temer y de Jair Bolsonaro han desmontado todos los programas sociales y privatizado numerosas empresas públicas.

Entre los más afectados aparece el Sistema Único de Salud (SUS) instaurado por los gobiernos de Lula y Dilma que atendía al 65 % de la población y que Temer y Bolsonaro lo redujeron drásticamente con la excusa de que “no hay suficiente capacidad financiera que permita suplir todas las garantías constitucionales”. A la par, ambos gobiernos atentaron contra la Amazonía al autorizar a terratenientes y empresas transnacionales a deforestar esa reserva de la biosfera mundial.

Mientras en Argentina, con la llegada al poder de Mauricio Macri y su política neoliberal llevaron a la nación a un endeudamiento abismal, acuerdos leoninos con el FMI y profunda devaluación de la moneda que pasó de 2014 a la fecha de 16 a 61 pesos por dólar.

Según la Universidad Católica Argentina (UCA) la "pobreza multidimensional" que abarca carencias económicas, de diversos derechos y servicios básicos, subió al 41,2 % de los habitantes.

En cuatro años de gobierno, se duplicaron los precios del transporte público automotor y en 70 % los del metro urbano; el costo de la luz subió en 500 %; el agua y gas en más de 320 %; la atención médica y de las medicinas en 50 %, y la gasolina, 30 %. La Argentina actual es una nación fallida dirigida no por Macri, sino por el FMI.

Después de estos ejemplos podríamos preguntarnos: ¿Permitirán nuestros pueblos continuar siendo saqueados por el sistema neoliberal capitalista? El tiempo dará la respuesta.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

Publicado enEconomía
Domingo, 08 Septiembre 2019 05:43

La crisis autoinfligida de Argentina

La crisis autoinfligida de Argentina

Lluvia de inversiones, brotes verdes, segundo semestre, crecimiento invisible, luz al final del túnel, tormenta, pasaron cosas, pacto de caballeros, reperfilamiento, paraguas cambiario. Estas son algunas de las expresiones que forman parte del arsenal retórico de Cambiemos, la alianza que llevó a Mauricio Macri a la presidencia de la Argentina, a la hora de describir edulcoradamente sus ilusiones, obstáculos y políticas económicas. La realidad, en cambio, habla otro lenguaje, más llano: emergencia alimentaria, precarización laboral, inflación, pobreza, recesión, deuda y default (suspensión de pagos). El 11 de agosto, dos tercios del electorado le dijo no a Macri en las elecciones PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias).

El lunes 12, el día después de las elecciones, el peso argentino perdió un 30% de su valor. Esa tarde, el presidente casi sin dormir (según él mismo dijo días después) explicó que "hoy, ante el resultado favorable para el kirchnerismo, el dólar volvió a subir". En su mensaje, afirmaba también que la estampida de capitales que se fugaban del país se explicaba por la amenaza de que Cristina Fernández (la ex presidenta que va de candidata como vicepresidenta con Alberto mismo apellido) reaparezca en escena con sus políticas intervencionistas y antimercado.

Parte de los analistas coincide en que los mercados temen que en octubre vuelva al poder el gobierno que impuso controles de capitales, restricciones a la compra de dólares, retenciones a exportaciones o derechos de importación. Este énfasis en calmar a los mercados, el ente abstracto que dicta sus designios desde el más allá, es otro juego retórico para distraer la atención de los errores propios del gobierno. El país está camino a su tercer año de recesión, con la actividad industrial frenada, sin generar empleo, con salarios golpeados por la inflación y con una mayor brecha entre ricos y pobres. A pesar de haber puesto "Pobreza cero" como eje y promesa de campaña en 2015, Macri llegará al fin de su mandato con más de 34% de pobres.

Esta situación, además, se da en el marco de un endeudamiento feroz, que representa casi un PBI (más del 88% del PBI con datos del primer trimestre), y con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de por medio. Argentina recibió el préstamo más grande de la historia del organismo. Christine Lagarde y Nicolás Dujovne fueron los artífices, entre brindis, sonrisas, vinos y equipos "cortos de mujeres", como señaló la Directora del organismo. Cuando se firmó, se postulaba como peor escenario posible un crecimiento económico nulo e inflación de 20% anual. Hoy esa proyección fallida sería vista como un paraíso. Dujovne dejó su cargo después de las PASO, Lagarde tampoco está al frente del FMI.

Tampoco es la primera vez que el autoproclamado "mejor equipo de los últimos 50 años" provoca una estampida que devalúa la moneda local. Hubo dos hitos en 2018 y fueron simultáneos. En marzo se presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se discutió por primera vez en la historia. En ese momento, el dólar valía 20 pesos. El mismo día en que se obtuvo la media sanción para el aborto legal, 14 de junio, y mientras la marea verde se retiraba del Congreso, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, dejaba su cargo sin poder "calmar a los mercados". En agosto, cuando el proyecto fue rechazado por la cámara de senadores, el dólar ya estaba en torno a 40 pesos. En menos de 6 meses la moneda argentina valía prácticamente la mitad. No había elección de por medio, ni fantasma kirchnerista. El FMI ya estaba sentado a la mesa de negociaciones. Fue una crisis autoinfligida.

En 2015, al inicio de su gestión, Sturzenegger diagnosticó que el problema de la inflación, que acompaña a la Argentina desde el 2007, era estrictamente monetario y que se atendía desde el BCRA. Propuso un programa de metas de inflación que no se cumplió nunca. En su horizonte de fantasías, se comprometía a obtener una tasa de inflación decreciente y que culminaría en 2019 con un 5% anual. Las proyecciones actuales no bajan del 55% de inflación acumulada solo en este año. En su camino, Sturzenegger creó distintos instrumentos financieros que hicieron al país más sensible a los humores del mercado. Para alimentar a sus inversiones especulativas, usó tasas de interés que asfixiaron al crédito para las productivas. El fracaso del BCRA es absoluto y explica también parte de la recesión por los efectos que tuvo en la economía real.

Traumas económicos

Argentina, país con récord de psicólogos por habitante, tiene dos traumas económicos importantes en la historia reciente: la hiperinflación de fines de los 80s y el "corralito" a los depósitos en el sistema financiero de 2001. Esos dos sucesos explican por qué tanto nerviosismo, filas extensas en los bancos para retirar ahorros, dolarización y compras anticipadas de productos para almacenar. Es que quienes vivieron o recuerdan esos episodios expresan el síntoma: compulsión por comprar dólares. Los grandes jugadores fugan sus depósitos al exterior. Los más pobres, cuando pueden, stockean alimentos. Estos comportamientos, forzaron a Macri a implementar políticas que van en contra de la ideología de su programa. "Este es el único camino", decía Dujovne mientras llevaba adelante planes de austeridad. Pero después de las PASO, el GPS lo hizo recalcular: se ofrecieron bonos a trabajadores para moderar el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los salarios, planes sociales y pensiones, así como se realizó una quita de impuesto al valor agregado a bienes específicos de la canasta alimentaria. El ministro amigo del FMI y del ajuste fue reemplazado por Hernán Lacunza, quien además también defaulteó deuda y aplicó los temidos controles de cambios.

Mientras "los mercados" especulan con bonos, tasas, dólares y reperfilamientos de deuda, en las calles las organizaciones sociales reclaman sus propios futuros. Uno de los pedidos es la declaración de la Emergencia Alimentaria, una medida que garantizaría la alimentación de la población más vulnerable, menor de 16 años, que se amontona en comedores comunitarios. Según las últimas estadísticas oficiales casi uno de cada dos niños, niñas y adolescentes vive en un hogar pobre. La pobreza, además, se refuerza para aquellos hogares en los que una mujer es la única fuente de sustento.

La pregunta que sobrevuela es si las medidas desesperadas de las últimas semanas alcanzan para contener la situación frente a la fragilidad de un modelo económico que ya entró en transición (aunque no se sepa bien hacia qué). Marchas y contramarchas, un horizonte incierto y poco poder de negociación del gobierno no contribuyen a la calma. Además, es difícil confiar en la capacidad de gestión de la crisis de un gobierno en retirada, que no ha sabido gestionar tampoco en la abundancia. Hay pocas certezas sobre qué sucederá en los próximos meses, la situación se dirime día a día, pero lo que todos comprenden es que el próximo equipo económico que asuma tendrá grandes responsabilidades. La más importante, sin duda, será remover escombros y levantar caídos. Eso implica generar mecanismos y políticas que contengan y alivien los efectos sociales que se esconden detrás del torbellino financiero.

Por Mercedes D'Alessandro

07/09/2019 - 20:17h

Publicado enInternacional
Página 1 de 26