Vladimir Putin escucha a personas afectadas por las inundaciones en Tulún, Rusia.Foto Ap

No cualquiera en cualquier lugar se atreve a definir la estratégica arquitectura global como Andrey Kortunov, director general del think tank Consejo Ruso de Asuntos Internacionales (RIAC, por sus siglas en inglés) –creado por decreto presidencial y fundado por varios ministerios relevantes (https://bit.ly/2Y3mLFl)– en una entrevista al portal oficioso chino Global Times durante el Octavo Foro de la Paz Mundial celebrado en Pekín (https://bit.ly/2Gm4CfY).

 

Prefiero iniciar por su conclusión cuando aborda que la arquitectura estratégica global de la tríada China/Rusia/EU” es crucial para el mundo.

 

A la pregunta de cómo las relaciones de China/EU/Rusia afectan el orden (sic) mundial, Andrey Kortunov –quien mantiene una estrecha interlocución con el Kremlin– responde categóricamente que tal tríada define las reglas del juego (sic) ya que si Rusia y EU no desean desarmarse, nadie estará dispuesto a desarmarse, así como si China y EU no pueden ponerse de acuerdo en el libre comercio, ¿quién lo haría entonces?.

 

Su diagnóstico del mundo, muy similar al del zar Vlady Putin en su histórica entrevista al Financial Times sobre la fragmentación global (https://bit.ly/2L0vAO6), es un tanto lúgubre: el mundo unido (sic) que conocemos hoy podría bien fracturarse en varios bloques competitivos. Esto no es un muy brillante prospecto para cualquiera. Si se gesta una guerra tecnológica entre Pekín y Washington, otros (sic) países no podrán sentarse sobre el muro y tendrán que elegir su lado en esta guerra.

 

A mi juicio, es muy clara su alusión de que Rusia se inclinará más del lado chino desde el 5G de Huawei hasta la magnificente Inteligencia Artificial (IA) que hoy encabeza China, mientras que –desde Baby Bush pasando por Obama hasta Trump– la hostilidad de EU ha ido in crescendo imponiendo sanciones a diestra y siniestra contra Rusia a quien Washington orilló torpemente a los brazos más fraternales de Pekín.

 

El concepto de la estratégica arquitectura global, como sustento para un nuevo orden tripolar –un G3 de EU/Rusia/China–, se basa en la archisabida estabilidad estratégica (https://bit.ly/2FNcqqT) de las tres superpotencias planetarias: Rusia y EU en materia nuclear, y EU y China en el rubro geoeconómico, con sus respectivos traslapes, cuando Washington ha sido relegada a un segundo lugar en ambos segmentos geoestratégicos.

 

La filosofía del nuevo orden tripolar, a juicio de Andrey Kortunov, se basa en el supuesto de que entienden sus responsabilidades y que operarán compromisos entre ellos, pero que también tendrán que tomar en cuenta los intereses de los pequeños países, ya que, de lo contrario, el mundo no sería un lugar seguro y sustentable.

 

El influyente estratega estadunidense doctor Michael Ivanovitch coincide en la estructura del G-3 (https://cnb.cx/2xDZpeO), planteada por el pensador ruso Andrey Kortunov.

 

Andrey Kortunov no oculta los desafíos y oportunidades fundamentales en la cooperación de China y Rusia, lo cual no obsta para su compromiso en el largo plazo y su visión futura como la “manera de reconciliar la ruta de la seda de China con la Unión Económica Euroasiática, o como manejar las crisis internacionales que puedan afectar a ambos”.

 

Comenta que es probable que EU abandone Afganistán, ante lo cual rusos y chinos deberán colaborar para prevenir la expansión del fundamentalismo islámico a sus territorios (sic) o a sus países vecinos. ¿No fue fundado el Grupo de Shanghái (https://bit.ly/2O8yVNA) para ese propósito?

 

Andrey Kortunov enfatiza que las relaciones de Moscú y Pekín deben ir más allá de la seguridad, para cooperar en las “áreas de desarrollo y hightech”; desde el software operativo para los teléfonos inteligentes hasta la IA.

 

Devela que el zar Vlady Putin realizó dos propuestas específicas a Trump: fortalecer el control estratégico de armas y apaciguar los contenciosos de Siria/Irán/NorCorea.

 

Resaltó que Trump es demasiado “inteligente” para no entrampar a EU en otra guerra sangrienta y despilfarradora por que ante todo piensa en su relección.

 

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El presidente Trump redefine el concepto de “Casa Blanca”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha dado un nuevo significado a la “Casa Blanca”. Desde su sillón ubicado en el número 1600 de la avenida Pennsylvania, en Washington, D.C. lanza epítetos racistas por Twitter mientras da órdenes a los agentes armados de que aterroricen a los inmigrantes en la frontera y en las comunidades de todo el país.

La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, lo sintetizó de una manera muy clara en sus comentarios de la semana pasada sobre los intentos de Trump de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el próximo censo nacional, incluso luego de que la medida fuera rechazada por la Corte Suprema. Parafraseando el slogan de campaña de Trump, Pelosi lo acusó de intentar “hacer que Estados Unidos sea blanco otra vez”.

Es un hecho conocido que Trump es un voraz consumidor de la cadena de noticias Fox. El domingo por la mañana, apenas 20 minutos después de que el programa “Fox & Friends” emitiera un segmento en el que se atacaba a las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib, Trump tuiteó:

“Qué interesante ver a las congresistas demócratas ‘progresistas’, que provienen de países cuyos gobiernos son una completa y total catástrofe… diciéndole a Estados Unidos a los gritos y de forma agresiva… cómo se debería ejercer nuestro gobierno. ¿Por qué no vuelven y ayudan a arreglar esos lugares completamente quebrados y plagados de crimen de donde provienen?”.

¿Volver al lugar de donde vinieron? Tres de las congresistas a las que atacó nacieron en Estados Unidos: Ocasio-Cortez, oriunda del Bronx, es la mujer más joven en ser electa para el Congreso; Pressley, nacida en Cincinnati, es la primera congresista afroestadounidense en representar el estado de Massachusetts. Tlaib, de Detroit, es palestino-estadounidense; junto con Ilhan Omar, son las primeras mujeres musulmanas en ocupar escaños del Congreso.

Omar también es la primera congresista en usar hiyab. Nacida en Somalia, llegó a Estados Unidos cuando era niña como refugiada política. Como indica un video que se volvió viral, Omar es ciudadana estadounidense desde hace más tiempo que la tercera esposa de Trump, la primera dama Melania Trump, nativa de Eslovenia.

Los tuits racistas de Trump unieron al fracturado Partido Demócrata y activaron rápidamente una demostración de apoyo hacia las cuatro flamantes congresistas, ahora llamadas colectivamente “el escuadrón”.

Para el martes, se estaba debatiendo en la Cámara de Representantes la resolución número 489, caratulada “En condena a los comentarios racistas del presidente Trump dirigidos a miembros del Congreso”. Los republicanos lograron obstruir temporalmente el debate al invocar un ítem poco claro presente en las reglas del Congreso que dice: “Las referencias a la discriminación racial o de otro tipo por parte del presidente no corresponden”. El libro de normas original que prohibía el uso de la palabra “racista” estaba escrito por Thomas Jefferson, que fue él mismo dueño de esclavos, pero la ironía del hecho no fue percibida por los republicanos. La resolución finalmente fue aprobada, con cuatro republicanos que se sumaron a la mayoría demócrata. Si bien fue la primera reprimenda formal de la Cámara de Representantes hacia un presidente en ejercicio en más de un siglo, Pelosi bloqueó una moción más seria que procuraba censurar a Trump.

Trump redobló sus ataques verbales contra las cuatro congresistas al acusarlas de socialistas y comunistas. El uso de ataques típicos de la era del macartismo por parte de Trump no debería sorprender a nadie, ya que su primer mentor fue Roy Cohn, quien se desempeñó como el principal abogado del senador Joseph McCarthy en la década de 1950, época en la que destruyó miles de vidas con su política de persecución anticomunista.

El presidente Trump viajó el miércoles a Carolina del Norte para participar de un acto de campaña. Una vez más, apuntó contra sus víctimas favoritas: mujeres y personas de color, revelando lo que probablemente sea una de sus estrategias de campaña, la de usar retórica racista para encender a su base electoral blanca. En medio de su larga diatriba dirigida contra Ilhan Omar, la multitud comenzó a corear: “¡Envíenla de regreso! ¡Envíenla de regreso!”.

En su libro “Historia negra de la Casa Blanca”, el profesor de la American University Clarence Lusane narra la historia de la mansión presidencial, desde los tiempos de su construcción, realizada con trabajo forzado de esclavos negros, hasta la primera familia presidencial afroestadounidense, los Obama.

Lusane escribió: “Para muchos afroestadounidenses, el ‘blanco’ de la Casa Blanca ha implicado mucho más que el color de la mansión; ha simbolizado la tonalidad y la fuente de la crueldad deshumanizadora, la dominación y la exclusión que han definido la larga narrativa de las relaciones de los blancos con las personas de color en Estados Unidos”.

El lunes, las cuatro congresistas que tan claramente amenazan a Trump dieron una conferencia de prensa, donde denunciaron el racismo que experimentan ellas y la gente de color en general, señalaron las políticas del presidente sobre la detención de inmigrantes, la separación familiar y las amenazantes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sin mencionar a Trump por su nombre, la integrante del congreso Ayanna Pressley dejó en claro de quién es este país:

“A pesar de los intentos del ocupante de la Casa Blanca de marginarnos y silenciarnos, sepan que somos más de cuatro personas. Seguimos el mandato de defender y representar a aquellos ignorados, excluidos y abandonados. Nuestro escuadrón es grande. Nuestro escuadrón incluye a cualquier persona que se comprometa a construir un mundo más equitativo y justo. Ese es el trabajo al que queremos volver. Dado el tamaño de este escuadrón y de esta gran nación, nadie nos podrá silenciar”.

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español,

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El capitalismo a la conquista del espacio

En pleno 50º aniversario de la llegada del Apolo 11 a la Luna, los motivos por los que no se ha vuelto a alunizar medio siglo después parecen dejarse de lado y el presidente de EEUU Donald Trump se ha marcado el objetivo de volver hacerlo en 2024: pretende liderar la nueva economía espacial.

 

En una reciente entrevista para la cadena CBS, el propio Administrador de la NASA Jim Bridenstine, exponía que los motivos para no haber vuelto a alunizar desde 1972 son más motivos políticos y económicos que técnicos. Algo que para Trump no parece representar ningún obstáculo ahora, dado que antes de que termine el segundo de sus mandatos –si revalida presidencia- está convencido de que verá ondear la bandera de EEUU en la superficie lunar.

El horizonte se sitúa en el año 2024, adelantándose cuatro años respecto a lo inicialmente planificado. Surge así la misión Artemisa –hermana gemela del dios Apolo-, que presenta algunas diferencias respecto a la del Apolo 11. Bridenstine ya ha avanzado que la misión que regrese a la Luna lo hará “de una manera sostenible, es decir, para quedarnos”. La Luna serviría de prueba piloto para aprender a vivir en el satélite antes de dar el salto a Marte. En realidad, se trata de un banco de pruebas para llegar al Planeta Rojo. Otra de las grandes novedades es que, según afirmó el responsable de la NASA, la primera persona que vuelva a plantar su huella en la superficie lunar será una mujer.

Sin embargo, hoy por hoy Artemisa es una misión muy incipiente, dado que ni siquiera se ha diseñado el aterrizaje lunar ni se han realizado prácticamente pruebas de vuelo, ni del cohete ni de la cápsula lunar. De hecho, se está construyendo y probando ahora la nave, en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA). Aunque los primeros viajes serán no tripulados, la aeronave bautizada como Orion tendrá capacidad para cuatro personas aguantando hasta 21 días sin necesidad de reaprovisionarse de víveres.

Nueva carrera espacial

En el seno del Congreso estadounidense se ve con escepticismo esta aceleración de los plazos. Es el caso de la congresista por Texas Eddie Bernice Johnson, que preside el Comité de Ciencia Espacio y Tecnología. El pasado mes de abril negó la “carrera espacial” con la que el vicepresidente Michael Pence justifica la meta de 2024. Johnson señala que “ganamos esa carrera hace medio siglo, como deja en claro la conmemoración de este año del Apolo 11”, al tiempo que critica la “retórica anticuada de la Guerra Fría” que emplean Trump y los suyos.

La congresista llegó a afirmar que “sería el colmo de la irresponsabilidad llevar astronautas a la Luna dentro de cinco años sin saber cuánto costará, cuál será el alcance de ese programa y cómo impactará en los otros que desarrolla la NASA”. En este sentido, Johnson ha reclamado que se detalle por anticipado y año a año el coste de la nueva misión a la Luna. Sólo para el primer año de Artemisa, se anunció una modificación presupuestaria de 1.600 millones de dólares, lo que llevó a Johnson a volver a cuestionar la misión hace un par de meses.

Este mismo año, la NASA ha adjudicado contratos por valor de 253,5 millones dólares a las empresas Astrobotic, Intuitive Machines y Orbit Beyond con el fin de que desarrollen módulos robóticos de aterrizaje que se harán cargo de la logística a la superficie de lunar de la ciencia y la tecnología dentro del marco de Artemisa, con el primer desembarque previsto para 2020.

La carrera espacial que se dio en la década de los 60 con la Unión Soviética no se da del mismo modo en la actualidad. Entonces, Kennedy forzó la máquina para demostrar el poderío tecnológico y económico de EEUU –la misión de Apolo 11 acaparó el 4% de todo el presupuesto federal-; hoy, se han sumado a la carrera otros actores, como China o India. Tanto es así, que esta misma semana y apenas una hora antes de su lanzamiento, India suspendía Chandrayaan-2, su segunda misión a la Luna que esperaba explorar el Polo Sur del satélite.

La nueva economía espacial

Desde el punto de vista científico, la NASA lleva años convencida de que los polos de la Luna contienen millones de toneladas de agua helada, lo que a sus ojos representa energía y una vía para establecerse en el satélite aprovechando sus recursos humanos. Tanto es así que Artemisa alunizará donde nunca antes se ha hecho: en el Polo Sur de la Luna.

Los expertos de la agencia confían que una permanencia sostenida, no sólo de robots, sino también de seres humanos contribuirá a ampliar los conocimientos de nuestro propio planeta y del Sol, probando estructuras de cara a la conquista de Marte.

Por otro lado, desde el punto de vista más económico, la NASA sostiene que “la próxima revolución ocurrirá en el espacio”, con una “una economía espacial basada en la minería, el turismo y la investigación científica que potenciará y capacitará a las generaciones futuras”. De esta manera, si 2024 es la fecha para devolver al ser humano a la Luna, 2028 se espera que éste se establezca allí, “para culminar nuevos descubrimientos científicos, demostrar nuevos avances tecnológicos y sentar las bases para que las empresas privadas construyan una economía lunar”, según la propia NASA.

En junio de 2015, el Congreso de EEUU aprobó la Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015, en virtud de la cual se abría la puerta a que las empresas privadas pudieran, no sólo explorar, sino también explotar los recursos espaciales. Una de estas compañías es Moon Express, que considera a la Luna como el octavo continente de la Tierra.

El 20 de julio de 2016, Moon Express se convirtió en la primera compañía en recibir la aprobación del gobierno de EEUU para enviar una nave espacial robótica más allá de la órbita terrestre tradicional y hacia la Luna y ya ultima sus primeras misiones robóticas con las que espera “introducir un nuevo paradigma comercial para las misiones gubernamentales, democratizar la investigación y abrir el camino al transporte y la exploración comercial espacial más allá de la órbita de la Tierra”.

Dominio internacional

Desde la óptica del Derecho Internacional, no es posible colonizar el espacio. En diciembre de 1966 se aprobó el Tratado del Espacio Exterior, un documento visionario, suscrito por más de un centenar de países, con el que se intentaba regular la carrera espacial. Su Artículo II establece que “el espacio exterior, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes, será libre de exploración y uso por todos los Estados sin discriminación de ningún tipo, sobre la base de la igualdad y, en general, de acuerdo con el derecho internacional, y habrá acceso gratuito a todas las áreas de los cuerpos celestes”.

En virtud de este Tratado, algunos expertos consideran que la Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015 no se ajustaría a derecho. Sin embargo, esta postura no cuenta con el respaldo del consenso internacional; de hecho, once años antes (2004) de la polémica ley promovida por Trump, el Instituto Internacional de Derecho Espacial (IISL, por sus siglas en inglés) emitió una declaración que daba vía libre a la iniciativa privada, apoyándose para ello en el artículo VI del mismo Tratado del Espacio Exterior, que determina que "las entidades gubernamentales, incluidos los particulares, las empresas y las organizaciones, tienen derecho a realizar actividades en el espacio de conformidad con el derecho internacional del espacio, y están sujetas a la autorización y la supervisión continua del Estado Parte correspondiente".

En cierto modo, sería como la pesca en aguas internacionales, pero trasladada a los recursos naturales intergalácticos (minerales, agua, etc.). Sin embargo y dada la inseguridad que se desprenden de las lagunas legales existentes, en 2014, se creó el Grupo de Trabajo sobre la Gobernanza de los Recursos Espaciales de La Haya (Hague Space Resources Governance Working Group), compuesto por líderes industriales, científicos, diplomáticos, políticos y expertos legales de todo el mundo. El objetivo de aquel foro fue discutir y proponer soluciones para resolver el vacío legal para el uso de los recursos espaciales, sentar al menos un marco legal regulatorio. Asimismo, la ONU cuenta con un capítulo especial en su organización para abordar asuntos relacionados con el espacio exterior, desde el uso de sus recursos, al despliegue de determinadas actividades o a la utilización de energía nuclear, entre muchos otros tratados.

El último dictamen del IISL, fechado en 2017, es tajante al afirmar que “teniendo en cuenta el equilibrio de los derechos y las prohibiciones del Tratado del Espacio Exterior, el uso de los recursos espaciales no está explícitamente prohibido siempre que se cumplan las demás obligaciones del tratado”. Entre las condiciones aparejadas a esta explotación de los recursos espaciales se encuentran, por ejemplo, que sea “para beneficio e interés de todos los países”, “sin discriminación de ningún tipo”, “de conformidad con el derecho internacional” o “guiado por el principio de cooperación y cooperación mutua”. El objetivo final, desde la óptica de IISL, es garantizar que las actividades espaciales, incluida la explotación, sirvan a toda la humanidad.

Los nuevos viajeros espaciales

Otro de los mercados emergentes que van ligados a esta nueva carrera espacial es la de los viajes comerciales espaciales. Durante el último mandato de Obama (2015), el Senado aprobó el proyecto de ley HR 2262 (Commercial Space Launch Competitiveness Act), conocida como la Ley Espacial de EEUU.

Empresas como SpaceX, Blue Origin o Virgin Galactic son tres de las grandes beneficiadas; detrás de ellas, tres magnates como son el propietario de Tesla Elon Musk; el multimillonario y fundador de Amazon Jeff Bezos, y el británico Richard Branson, fundador de Virgin.

Desde el punto de vista legal, hace descansar la responsabilidad de los vuelos espaciales privados en quienes los realizan, sin que exista una regulación estatal que salvaguarde a estas personas. En realidad, es una moratoria al periodo anterior que se había concedido previamente, que expiraba en 2012. Con la HR 2262, el llamado ‘periodo de aprendizaje’ exento de la estricta normativa de la FAA (Federal Aviation Administration) se amplía hasta el 30 de septiembre de 2023.

En ese periodo, la FAA tiene escaso margen, más allá de emitir las correspondientes licencias para los lanzamientos, así como para las aeronaves que vuelvan a la Tierra. Más allá de eso, las autoridades no pueden determinar el modo en que se han de construir las aeronaves; ni siquiera exigir medidas de seguridad específicas como sucede con la aviación comercial, de manera que los pasajeros espaciales han de firmar previamente un consentimiento dando fe del conocimiento que tienen del riesgo de muerte que afrontan en un viaje cuyos billetes rondan los 250.000 dólares. De hecho, el vehículo suborbital SpaceShipTwo de Virgin Galactic sufrió un accidente en 2016 que se cobró la vida del piloto.

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El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, participa en Buenos Aires de la Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo. AP

Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos han creado un grupo de coordinación antiterrorista para vigilar la Triple Frontera entre los tres países latinoamericanos, una zona turbulenta donde, según diversos servicios de espionaje, la organización libanesa Hezbolá recauda fondos para sus actividades en el continente. El anuncio coincide con la visita a Buenos Aires de Mike Pompeo, jefe de la diplomacia estadounidense, y con la crisis entre Washington y Teherán. Hezbolá, que acaba ser incluido en la lista de organizaciones terroristas por el gobierno argentino, está directamente vinculado al régimen iraní.

 

Pompeo viajó a Buenos Aires para participar en la conmemoración de los 25 años del atentado contra la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), en el que murieron 85 personas. Tanto Estados Unidos como Argentina acusan a Hezbolá de haber cometido el ataque, impune hasta la fecha, y consideran que el responsable directo de la matanza fue el ciudadano libanés Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel Salman El Reda, miembro de Hezbolá y casado con una ciudadana argentina. El Departamento del Tesoro estadounidense ha anunciado que recompensará con siete millones de dólares a quien facilite información sobre el paradero de Salman, quien supuestamente se encuentra en Líbano.

Los gobiernos de Washington y Buenos Aires, ambos conservadores, parecen vivir un idilio intenso. John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, elogió a Mauricio Macri por haber incluido a Hezbolá en la lista de organizaciones terroristas, lo que permitirá bloquear cuentas corrientes vinculadas a la organización. Mike Pompeo, en Buenos Aires, afirmó que Hezbolá mantenía “una presencia fuerte y amenazante” en el cono sur latinoamericano y llamó a “todos los países a seguir el ejemplo argentino”. “Entramos en una nueva era en cuanto a la cooperación entre Estados Unidos y los países latinoamericanos”, dijo. El grupo de cooperación antiterrorista en la Triple Frontera se reunirá antes de fin de año en Asunción (Paraguay) para establecer su estructura de funcionamiento.

El ministro de Asuntos Exteriores argentino, Jorge Faurie, indicó que Hezbolá mantenía vínculos con la guerrilla colombiana y con los restos de Sendero Luminoso en Perú, y constituía “un peligro para la región entera”.

Todo hace pensar que la buena relación personal entre los presidentes Donald Trump y Mauricio Macri ha propiciado un intercambio de favores. El canciller Faurie agradeció en presencia de Pompeo “el apoyo de Estados Unidos durante nuestras dificultades financieras”. Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional, que en septiembre pasado prestó 57.000 millones de dólares a Argentina (la mayor ayuda proporcionada nunca por el organismo) y desde entonces ha atendido todos los ruegos procedentes de Buenos Aires, en especial los referidos al uso de parte de los fondos concedidos para frenar la devaluación del peso respecto al dólar.

Mientras la Casa Blanca respalda a Macri, que necesita un mínimo de estabilidad macroeconómica para tratar de ser reelegido en las elecciones presidenciales de octubre, éste se alinea firmemente con la Casa Blanca en todas las cuestiones diplomáticas, incluyendo las iniciativas antiterroristas. Tradicionalmente, la proximidad a Washington no solía reportar buenos resultados electorales para los gobiernos argentinos; tal vez, como proclamó Mike Pompeo, “los tiempos están cambiando”.

La cercanía entre ambos gobiernos ha hecho que la Casa Blanca autorice la publicación de los datos de la CIA sobre el atentado contra la AMIA, lo que es considerado en Buenos Aires como una muestra de confianza. Según la CIA, no existen dudas acerca de la autoría de Hezbolá, “con el apoyo de Irán”. La CIA considera que personal diplomático iraní trabajó estrechamente con los tres grupos de Hezbolá (el de información, el de ejecución y el encargado de borrar pistas) que organizaron y cometieron el atentado de 1994.

El diario argentino Infobae informó de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había telefoneado al presidente Mauricio Macri para agradecerle la inclusión de Hezbolá en el listado de organizaciones terroristas.

Buenos Aires 19 JUL 2019 - 18:02 COT

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La deconstrucción del mito Moro justiciero

 Moro sigue siendo popular, aunque haya perdido parte substancial de respaldo en la opinión pública, y depende, más que nunca, de la protección presidencial. El goteo de filtraciones continúa.

 

Al menos dos brasileños – el ex juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro, y el fiscal Deltan Dallagnol - difícilmente olvidarán la fecha 9 de junio. En aquel domingo la publicación digital The Intercept Brasil, creada por el periodista norteamericano Glenn Greenwald, reveló mensajes intercambiados, por la aplicación Telegram, entre Moro y Dallagnol, coordinador de la acusación en la llamada "Operación Lavado Rápido" (lava jato). El principal blanco de la pluma de Moro es el expresidente Lula da Silva, preso desde el siete de abril del año pasado.

Se considera en Brasil que la principal razón de la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia es que a Lula, favorito absoluto, no se le permitió participar. Las primeras revelaciones de The Intercept abrieron dudas entre juristas sobre la actuación de Moro junto a Dallagnol: quedaba claramente insinuada una especie de alianza tácita entre juzgador y acusador, lo que viola las reglas y normas de la Justicia brasileña. En un primer momento los dos dijeron no haber ninguna irregularidad en el cambio de mensajes.

Pero a lo largo de las semanas siguientes The Intercept pasó a gotear – generalmente en los domingos y jueves – nuevas revelaciones cada vez más comprometedoras. Además de su página en internet, la publicación digital pasó a compartir el material obtenido de forma no revelada con una radio, la Bandeirantes, con el diario Folha de Sao Paulo y la revista semanal Veja, la de mayor tirada en Brasil. Ninguno de los tres medios puede ser considerado como favorable a Lula, y fueron grandes defensores de la "Lavado Rápido", contribuyendo para transformar a Moro en una celebridad nacional y ayudando a construir la imagen de un paladín de la justicia y combatiente sin pausa de la corrupción.

La segunda reacción, tanto de Moro como de Dallagnol, fue acusar Greenwald y The Intercept de haber recibido material confidencial de un hacker. El periodista norteamericano, que se hizo célebre por divulgar los archivos de Edward Snowden de material secreto de agencias norteamericanas de inteligencia – trabajo que le valió el más importante premio de la profesión, el Pulitzer – se niega a revelar su fuente. Moro y Dallagnol no mencionan la hipótesis de que los mensajes, tanto escritos como registrados en audio, hayan sido filtrados a Greenwald por alguna fuente interna de la fiscalía o del juzgado de Curitiba.

La reacción siguiente de Moro fue levantar sospechas sobre la autenticidad del material y aventar la hipótesis de manipulación. Pero los medios ahora asociados a The Intercept aseguran tener pruebas cabales de que se trata de transcripciones auténticas. Otro medio importante, la versión brasileña del diario español El País, examinó parte del material y aseguró su autenticidad a partir de un punto elemental: chequear mensajes de sus reporteros a integrantes de la "Lavado Rápido" y las respectivas respuestas.

Pasado más de un mes desde la primera filtración, el caso Moro-Dallagnol asumió serias proporciones. A estas alturas no hay mucho espacio para dudas sobre la interferencia directa del entonces juez en el trabajo de la acusación. En varios mensajes Moro instruye directamente el fiscal sobre cómo actuar, inclusive indicando a quién interrogar para acusar a Lula. Los defensores del expresidente, que siempre acusaron Moro de ser parcial y de haber condenado al expresidente sin presentar ninguna prueba, afirman ahora que todo lo que dijeron antes quedó comprobado. Los abogados de Lula pidieron, en el Supremo Tribunal Federal, que la actuación de Moro sea considerada irregular e ilegal. Con eso pretenden que el juicio sea anulado y todo empiece otra vez, con otro magistrado y otros fiscales acusadores.

A causa de la crisis desatada – y alimentada a cada semana por nuevas y contundentes revelaciones – la figura de Sergio Moro sufrió un severo desgaste. Si al ser nombrado ministro su imagen del justiciero e íntegro juez sirvió de aval al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, ahora se da la inversa: Moro sigue siendo popular, aunque haya perdido parte substancial de respaldo en la opinión pública, y depende, más que nunca, de la protección presidencial.

Hay presión directa de los grandes medios de comunicación para que Moro renuncie. Algunos de los más respetados juristas brasileños y al menos dos integrantes de la Corte Suprema denuncian su actitud mientras era juez como "violación de la Justicia".A la vez, en las redes sociales controladas por Carlos, uno de los hijos de Bolsonaro, se multiplican los mensajes cada vez más agresivos contra Greenwald. Hay desde pedidos para que sea expulsado del país hasta ofensas homofóbicas: el periodista está casado con David Miranda, diputado federal por el izquierdista PSOL.

La Policía Federal, que actúa bajo el mando del ministerio de Justicia encabezado precisamente por Moro, se niega a confirmar o desmentir que haya pedido un informe de las cuentas bancarias de Greenwald. Tampoco confirma o desmiente que exista alguna investigación contra el periodista.

Greenwald, a su vez, tuvo que cambiar su rutina cotidiana de manera radical. Hay amenazas violentas contra él, su compañero y los dos hijos adoptados por la pareja.Si hasta junio su casa en Río de Janeiro contaba con tres cámaras de seguridad, ahora tiene treinta. Pasó a usar un vehículo blindado y se hace acompañar por guardaespaldas. Reitera, sin embargo, que no dejará de revelar el material del que dispone. Y que hay cosas mucho más graves que las ya divulgadas.

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Viernes, 19 Julio 2019 08:15

De la confrontación a la autonomía

Integranates de la Nación Wampis en defensa de su territorio

La historia del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis se remonta medio siglo atrás, un proceso que llevó a la conformación del Consejo Aguaruna Huambisa en 1977, bajo el régimen militar peruano. Fue también una respuesta de los pueblos wampis y awajun a la colonización mestiza del río Marañón, cerca de la frontera con Ecuador. Poco después rompieron con los jesuitas que trabajaban con ellos y decidieron tomar un camino propio.

 

En una primera etapa se empeñaron en la titulación de sus tierras, como forma de recuperar la integridad territorial como pueblo. Este proceso implicó muchas ten-siones con los actores externos, militares, empresas extractivas y mestizos colonizadores, y llevó al despliegue fuerzas comunales para desalojar a los invasores, que fue respondido con el encarcelamiento de líderes y dirigentes.

 

Con la crisis del gobierno militar al comienzo de la década de los años 80, se produjo lo que la socióloga Tania Gómez (autora de una magnífica tesis sobre el gobierno autónomo wampis que inspira este artículo) denomina como una "avalancha a la Amazonía", de la mano de las empresas multinacionales en el contexto de la globalización. Hidrocarburos y minería aurífera son las dos actividades que más afectan a los pueblos amazónicos, impulsadas por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000).

 

La crisis sobrevino en 2009, cuando el Estado desconoció los acuerdos que tenía con los pueblos. "Los wampis van aprendiendo que tanto las titulaciones como las categorizaciones ambientales de su territorio son herramientas insuficientes. El Estado empieza a modificar los marcos legales para permitir el ingreso de fuerzas globales de enorme magnitud, sin tomar en cuenta las afectaciones en la vida de los wampis", señala el citado trabajo de Gómez.

 

El 5 de agosto se produjo el enfrenamiento entre indígenas awajun y wampis y fuerzas policiales y militares, luego de casi dos meses de intensa movilización en la Amazonia para la derogación de los decretos que permitían una abusiva explotación de los bienes comunes sin consulta ni consentimiento de los pueblos originarios, con un saldo de 33 muertos entre manifestantes y policías (https://bit.ly/2XROoB2).

 

La jornada conocida como Baguazo fue un parteaguas, además de la síntesis de un largo e intenso ciclo de luchas amazónicas. En apenas seis años, a caballo de nuevas frustraciones que agudizaron la histórica desconfianza con el Estado (criminalización y divisiones), el pueblo wampi tomó decididamente el camino de la autonomía. Debieron dejar de lado desde las ONG hasta organizaciones nacionales, incluyendo la tentación de la administración municipal. Esta experiencia los convenció, además, de los límites de instituciones que nunca los trataron como iguales, incluyendo las leyes de consulta previa, que no se aplicaron o se manipularon.

 

"Después de la participación en estos procesos, se concluye que la consulta previa es apenas un procedimiento de convencimiento en donde el Estado busca atacar debilidades de la organización". Para construir autonomía debieron articular las comunidades de dos cuencas (ríos Santiago y Morona) y elaboraron su estatuto autonómico en más de una decena de talleres con amplia participación de las bases.

 

Uno de los puntos centrales del estatuto destaca: "consideramos sin validez alguna, cualquier trato o consentimiento efectuado en favor de las empresas de manera separada o parcial antes de que haya terminado el proceso oficial entre nuestra nación y el Estado peruano".

 

Los organismos de poder del gobierno autónomo conocen cuatro instancias: la asamblea principal con 96 asambleístas; un gobierno ejecutivo con sus consejeros; gobiernos de ambas cuencas y gobiernos de cada comunidad con sus respectivas autoridades electas.

 

Como señala el sociólogo peruano Alvaro Giles, "se trata del primer pueblo indígena en el país que cambia la estrategia del sindicalismo indígena por la idea del autogobierno". Añade que ya hay otros tres pueblos amazónicos en proceso de fundar sus gobiernos autónomos, por lo que "estaríamos frente a una nueva estrategia en el mundo amazónico peruano".

 

Sólo caben dos observaciones. Una, que la autonomía no es una opción anclada en ideologías, sino en historias y cosmovisiones propias que se despliega para enfrentar desafíos concretos. Lo que nos muestra que estamos ante genealogías diferentes a las de cuño europeo, analizadas entre otros por Castoriadis.

 

Dos, que los pueblos en movimiento (concepto más adecuado que movimientos sociales) van descubriendo que las autonomías y los autogobiernos territoriales les permiten enfrentar en mejores condiciones el extractivismo depredador, que cualquier otra estrategia que pase por la negociación con el Estado. En los próximos años veremos una proliferación de procesos autonómicos.

 

La acumulación por despojo y el capitalismo sólo se pueden confrontar y derrotar con otras culturas políticas, por fuera de las instituciones y de los acuerdos por arriba.

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La exguerrillera e historiadora nicaragüense Dora María Téllez, en Managua.

La exguerrillera e historiadora nicaragüense repasa el legado y la deriva de la revolución sandinista, en la que participó activamente, a los 40 años de su triunfo

 

Dora María Téllez (Matagalpa, 1955) era Comandante 2 cuando con solo 22 años participó, como tercera al mando, en la toma del Palacio Nacional de Managua, el 22 de agosto de 1978, uno de los golpes con los que el Frente Sandinista de Liberación Nacional aceleró la caída de la dictadura de Anastasio Somoza. Un año después, Téllez lideró la toma de León, la primera ciudad en caer del lado sandinista antes de la entrada victoriosa en Managua, el 19 de julio, un triunfo del que este viernes se cumplen 40 años. Una algarabía, la que produjo entonces la revolución sandinista, en las antípodas de la deriva autoritaria que ha alcanzado el régimen de Daniel Ortega cuatro décadas después.

Téllez rompió hace más de dos décadas con el otrora admirado líder y junto a otros sandinistas como el escritor Sergio Ramírez fundaron el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), que el orteguismo ha perseguido hasta la saciedad. Desde la rebelión de abril del año pasado, se ha visto obligada a resguardarse en al menos seis casas de seguridad, después de que su casa fuese allanada. A través de Skype, la exguerillera e historiadora asegura que este viernes, ante la prohibición de Ortega de salir a manifestarse, junto a miles de personas cerrará su casa en señal de protesta. “Un portazo a la dictadura”.

Pregunta. ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando piensa en la revolución?

Respuesta. Los nicaragüenses invertimos muchísimo esfuerzo, trabajo y sangre para derrocar la dictadura de los Somoza y, evidentemente, los procesos de democratización fueron insuficientes porque volvió a instalarse otra dictadura. Una dictadura forjada en la matriz propagandística de la revolución sandinista. Digo la matriz propagandística porque no tiene nada que ver con el sandinismo lo que está sucediendo. Tiene que ver con un adefesio que se llama orteguismo, una maquinaria de poder político que ha ocupado el Frente Sandinista, un partido que no pudo conformarse como una formación con vocación democrática jamás.

P. ¿Qué queda de la revolución?

R. Las revoluciones no son eternas, esta terminó en 1990. El legado principal está en la cabeza de las personas, en la conciencia de la ciudadanía, que es lo que produce la rebelión de abril del año pasado

P. ¿Qué tuvo de particular la revolución sandinista?

R. Fue heroica en el sentido de que se enfrentó a una dictadura que tenía 30 años y que había sido sólidamente respaldada por Estados Unidos. Era una lucha desigual. Además, se trataba de una revolución triunfante desde la perspectiva de los movimientos de izquierda que habían venido creciendo desde los años sesenta. Coincidió con esta generación que participó en las acciones del 68 en Europa y que tenía en el imaginario cambiar el mundo en África, en Asia, en América Latina. Además, está la imagen de Sandino, que había tenido un correlato importante en materia de respaldo internacional. Lo otro novedoso fue el vínculo de la revolución sandinista con una corriente del cristianismo que había tomado mucha forma después del Concilio Vaticano Segundo, que tenía que ver con toda esta opción por los pobres.

P. ¿Cuáles fueron los grandes errores de los líderes de la revolución?

R. El primer punto es que la revolución no hizo una crítica a profundidad del sistema político que derrotaba. La izquierda en los años setenta y ochenta era una izquierda que veía las cosas de la manera siguiente: tenía un compromiso con los pobres, con la justicia social, no era una izquierda que tuviese un enfoque de género, vamos a decirlo así, o un enfoque medioambiental. Esos no eran temas siquiera. Era una izquierda enfocada hacia la justicia social y los pobres, pero el compromiso democrático no estaba desarrollado simplemente. Cuando triunfa la revolución, no está hecha la crítica al modelo político. La evidencia está en que en la Constitución de 1987 reproduce el modelo autoritario que ya tenía la dictadura de los Somoza. Al final, la matriz autoritaria en materia política fue muy fuerte. Yo creo que la no comprensión de eso fue un asunto sumamente clave, sobre todo, en el campo, que después engrosó las filas de la contrarrevolución.

P. ¿Siente que se dio cuenta demasiado tarde de esa falta de crítica?

R. Yo no sé qué cosa es demasiado tarde. Para nosotros este es un debate que llega a su punto crítico en 1990, pero que se venía haciendo desde antes. Ya en 1994 vemos que no había nada que hacer, que todos estos planteamientos estaban siendo completamente rechazados por una maquinaria dominada por Daniel Ortega.

P. ¿Por qué Ortega se convierte en la figura de la revolución cuando en la dirección del Frente había nueve personas, la mayoría más preparadas?

R. Hay gente que dice que porque se consideraba que Ortega era el menos riesgoso. La verdad es que la tendencia tercerista fue hegemónica en la lucha contra la dictadura y Ortega estaba a la cabeza de esa tendencia junto con Humberto, su hermano. Era lógico que siendo hegemónica, al triunfo de la revolución, estuviera representado en la Junta de Gobierno y de ahí derivó a la presidencia. Ese no fue el problema, porque hay muchos presidentes que no desarrollan el modelo de Ortega. En su caso, después de la derrota electoral [de 1990], comenzó un manejo deliberado de su personalidad que luego se extendió a la familia.

P. ¿Cree que se deben investigar los desmanes y excesos que pudo haber en la revolución?

R. Creo que este es un país que tiene heridas. No solo de esa época, sino desde mucho antes. Este es un país que va pasando la página, pasando la página, pasando la página y la pasada de página no logra resolver el problema. Tiene que haber una comisión de la verdad que abarque desde 1950 a la fecha. Lo que estamos enfrentando ahora es la consecuencia de una falta profunda de cultura democrática en el país. Ortega, con su Ley de Amnistía, está funcionado como en el año setenta, va a pasar la página. Esta es la primera vez en la historia de Nicaragua que una rebelión reivindica la justicia. Nunca se ha hecho y yo creo que ese es un hecho notable y valiosísimo, que no se pase la página. Si quiere revisar para atrás, pues que revise, yo creo que cada generación se coloca frente a los de atrás como le dé la gana. Cada quien que enfrente sus responsabilidades. Es importante que se acabe el juego de pasar página.

P. ¿Qué queda del sandinismo?

R. Del sandinismo quedamos los sandinistas, que estamos luchando contra el orteguismo. El Movimiento Renovador Sandinista está en frontal oposición a Daniel Ortega desde hace ya 16 años. Donde no queda sandinismo es en el Frente Sandinista, ahí sólo queda el orteguismo. Ahí el sandinismo quedó completamente vaciado de contenido. Lo que hay es un Frente Orteguista en realidad.

P. ¿En qué le cambió la revolución?

R. Fue un aprendizaje. El haber pasado por la lucha armado ha hecho que quienes estuvimos en la revolución defendamos a fondo el que esta revolución de abril [de 2018] sea cívica. . Yo soy lo que he vivido. Yo ni huyó, ni reniego, ni me arrepiento ni tampoco tengo nostalgia del pasado.

P. ¿No se arrepiente de nada?

R. No, mi vida no la vivo en arrepentimientos. Más bien, si considero que cometí un error, veo cómo rectificarlo, pero el arrepentimiento es de la gente que se queda con los brazos cruzados, pero no cambia.

México 19 JUL 2019 - 01:47 COT

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Argentina y Brasil: fractura social, sin gobernabilidad a la vista

Mauricio Macri comenzó con buen pie, en 2015. Jair Bolsonaro empezó su gestión tropezando, en 2019. Luego de dos años tranquilos y hasta exitosos, Macri perdió la estabilidad y se despeñó.

 

Bolsonaro sigue cuesta abajo, con una popularidad del 33% a seis meses de empezar su mandato, los peores índices que se recuerdan en tres décadas. En ambos casos, hay oscilaciones, y las habrá cada vez más en los próximos años.

El aspecto común en los dos principales países de la región, es la fluctuación, la imprevisibilidad, los bruscos cambios de humor en sociedades que —más allá de puntuales entusiasmos— muestran hartazgo con la clase política, con sus promesas siempre incumplidas y una soberbia rayana en el desprecio por los demás.

Lo cierto es que estamos ante sociedades profundamente divididas. Este es el otro aspecto que comparten Argentina y Brasil, situación que se va volviendo habitual en la región. "La grieta" es como denominan los argentinos a esta profunda división política que no parece remitir y que reproduce hondas diferencias que se arrastran desde el primer tercio del sigo pasado, cuando se conjugaron el gobierno militar de José Uriburu y la irrupción del peronismo, para congelar una escisión social que es también cultural y de modos de vida.

En Brasil, una reciente encuesta de Datafolha muestra que el 58% desconfían de los partidos políticos y la institución en la que más confían son las fuerzas armadas, por la cual sienten simpatía el 42% de los entrevistados en tanto el 19% siente rechazo por los uniformados.

Incluso en Uruguay, probablemente la sociedad más democrática por el modo como resuelve sus contradicciones, se constata la aparición de fuerzas que parecían haberse evaporado del escenario político. Me refiero al partido de carácter militar Cabildo Abierto, encabezado por un general que se enfrentó al presidente Tabaré Vázquez, y al Partido de la Gente que reclama mano dura contra la delincuencia.  

Me parece necesario destacar que el profundo fraccionamiento de nuestras sociedades es de carácter estructural, no coyuntural, y que ha sido reforzado en los últimos años por diversos factores. Estructural porque los dos principales segmentos enfrentados, tienen historias precisas que se arrastran desde el siglo XIX y se han profundizado en las dos últimas décadas.

El primer aspecto es que estamos ante sociedades herederas del colonialismo, donde la casta que detentaba el poder devino en oligarquía de la tierra, generando una cultura política caudillista y el clientelar. Aunque aquella clase fue derrotada en casi todos los países (menos en Colombia y Centroamérica) por diversas insurgencias obreras, campesinas y gobiernos militares que realizaron reformas agrarias, la cultura oligárquica se reveló mucho más resistente y perdura hasta nuestros días, encarnada tanto entre partidos conservadores como progresistas.

La segunda cuestión es que el modelo extractivo vigente, anclado en los monocultivos, la extracción de hidrocarburos, la minería a cielo abierto, las grandes obras de infraestructura y la especulación inmobiliaria urbana, actualiza las relaciones coloniales con una ocupación vertical del territorio y marginando a la mitad de las poblaciones.

Esta economía especulativa, no productiva, que va de la mano de la hegemonía del capital financiero, divide las sociedades en mitades: quienes tienen empleo fijo y los precarios; los que pueden pagar salud y educación de calidad y los que solo acceden a servicios de pésima calidad; los que tienen viviendas dignas y los que están sumergidos en viviendas precarias; y así en todos los aspectos.

La mitad de la población que vive en la precariedad es objeto de políticas sociales, perciben menos de cien dólares mensuales de beneficios, y es vigilada de cerca por policías y guardias armados en sociedades cada vez más militarizadas. Un seguimiento de los casos de "gatillo fácil" en Argentina (la muerte de personas desarmadas por la policía) y de muertes violentas en Brasil, muestra una constante progresión desde comienzos de la década de 1990, justo cuando se implementaron las políticas neoliberales de las cuales el extractivismo es su última fase.

Es evidente que para gobernar una sociedad donde la mitad de la población no tiene derechos y naufraga en la pobreza, hay que emplear la fuerza. Estamos ante un aspecto estructural del modelo, que atraviesa a los gobiernos progresistas y a los conservadores, aunque éstos han profundizado los aspectos más regresivos como el despojo de las mayorías.

El tercer aspecto a tener en cuenta es que la fractura social y cultural vigente también es profundizada por las iglesias evangélicas y pentecostales que han arraigado, con diversos grados de profundidad, en toda la región. Estas iglesias no se limitan a trabajar dentro de sus locales sino que desbordan su influencia en toda la sociedad, con medios de comunicación masivos y con fuerte impacto en el sistema político, sobre todo en Brasil y Colombia, con bancadas parlamentarias propias y con partidos que les son afines.

En general, estas iglesias profundizan las grietas preexistentes al enfrentarse con los movimientos feministas, con las sexualidades no hegemónicas y muy en particular con gais y lesbianas, con los pueblos negros e indígenas. Por momentos, en convergencia con sectores de la iglesia católica, parecen desear un retorno al pasado a través del rechazo al aborto y a los derechos colectivos de los pueblos.

El cuarto aspecto es que sociedades tan divididas y enfrentadas no pueden promover un crecimiento que incluya a la mayoría de la población y están destinadas a naufragar en conflictos que tienden a desmembrarlas. Mientras algunos analistas creen que una sociedad se cohesiona gracias al desarrollo económico, postulo que la realidad es la inversa: el crecimiento llega a sociedades que alcanzan un mínimo de cohesión, de objetivos comunes e imaginarios compartidos.

Las sociedades agrietadas que tenemos en este período en América Latina, muestran que esa división amenaza las libertades democráticas, la estabilidad económica y política y la existencia misma de algo que pueda denominarse como sociedad. O sea, de personas que se sientan parte de un mismo colectivo humano, con valores compartidos y acuerdos mínimos para la convivencia. Esta grieta no la puede resolver ningún político, ningún gobierno, si las personas que integran la sociedad no están dispuestas a aceptar convivir con las diferencias y los diferentes.

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La figura de El Chapo todavía gravita en Sinaloa.   Imagen: AFP

"Puede comprar uno o dos dobles... El verdadero Joaquín Guzmán debe andar paseando ahorita por aquí", dice sonriente un campesino sobre el jefe narco. 

 

Un aire de sarcasmo recorre Sinaloa, cuna del capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, ante la sentencia de cadena perpetua que recibió en Estados Unidos. En esta árida región aseguran con sonrisa de resignación que ni la violencia ni el tráfico de drogas disminuirán.

En el imaginario popular de Sinaloa, un cártel que surgió en la década de 1980 y que lleva el nombre de ese estado del noroeste mexicano, todavía gravita la figura de "El Chapo" y su exsocio Ismael "El Mayo" Zambada, aún prófugo.

Pese a los escalofriantes testimonios expuestos durante el histórico juicio y la sentencia de por vida más 30 años adicionales impuesta este miércoles por un juez en Nueva York, algunos en Sinaloa siguen creyendo que "El Chapo" hizo construir escuelas, iglesias, caminos y que en suma fue un benefactor. Incluso le restan responsabilidad en asesinatos y secuestros.

"Yo pienso que no (fue justo). También fue una buena persona, que ayudó a personas necesitadas", dijo Lupita Ramos, un ama de casa de 46 años, tras conocer la noticia. La mujer habla frente al altar del mítico Jesús Malverde, conocido coloquialmente como "El Santo de los Narcos", un lugar saturado de fotografías y notas de agradecimientos, en el centro de la capital estatal, Culiacán.

Al lado de un busto de Malverde, quien según la leyenda era un bandido que robaba a los ricos para dar a los pobres al estilo de Robin Hood, una mujer limpiaba una estatuilla de yeso de Guzmán: la cara en alto, un rifle AK47 en rieste, vestido con camisa rosa y pantalones azules.

Para el ferrocarrilero Juan Antonio Orozco, de 39 años, el tráfico de drogas no va a terminar con el perpetuo encarcelamiento de Guzmán. "Veo difícil que se termine... cae uno y sale otro, son cosas de nunca acabar", dice mientras aguarda afuera de la capilla.

"Se veía”, que esa sería la sentencia, “por todo el tráfico que ha habido, y las muertes y todo eso y era de esperarse que Estados Unidos” quería ese fallo, dice cabizbajo, pero luego levanta un poco la voz para decir que en Culiacán “lo respetan porque ayuda a la gente".

 Tumbas con aire acondicionado 

Pero a pesar de las supuestas obras públicas en Sinaloa impulsadas por el capo, quien según la justicia estadounidense debería tener por lo menos unos 12.000 millones de dólares en sus arcas, la brecha de desigualdad es impactante.

Cerca de caseríos hechos con tablas de madera, se encuentra el cementerio Jardines de Humaya donde muchos narcotraficantes están enterrados. Es famoso por sus mausoleos extravagantes que llegan a tener hasta tres pisos, aire acondicionado y hasta puertas de vidrio blindado.

Ahí una fachada de piedra beige decora el sepulcro de Ernesto Guzmán, uno de los hermanos de "El Chapo", cuyo interior está repleto de globos y flores. Dos pequeños autos de piedra adornan las esquinas de las cornisas.

Según Miguel Ángel Vega, periodista del diario semanal local Ríodoce, con la captura y extradición del narcotraficante que protagonizó dos espectaculares fugas de cárceles mexicanas, la violencia y el tráfico de drogas "no se acabó" y su muy probable sentencia de cadena perpetua no cambiará eso.

Dos cadáveres con el tiro de gracia aparecieron este miércoles al lado del Río Culiacán, muy cerca de una avenida rápida de esta ciudad de cerca de 700.000 habitantes.

 Hay "20 Chapos" 

"El cartel de Sinaloa no es 'El Chapo', el cartel de Sinaloa no es 'El Mayo', el cartel de Sinaloa es un grupo de por lo menos 20 líderes", asesta Vega, experto en narcotráfico.

"En Culiacán existen 20 Chapos, y hay uno que está allá [preso en Estados Unidos], pero es como la cereza en el pastel, como el que está allá es el que se infló o el que se dijo en los medios de comunicación que es el responsable de todo esto, que es el responsable de que los jóvenes en Estados Unidos consuman drogas", su proceso ha sido el más explotado mediáticamente, dice.

Joaquín "El Chapo" Guzmán se forjó una leyenda alimentada por "narcocorridos" que relatan sus hazañas, y riquezas reseñadas en la revista Forbes, que en 2011 lo incluyó en su lista de las mayores fortunas del mundo, con más de 11.000 millones de dólares.

Dos años después, la Comisión Anticrimen de Chicago lo nombró enemigo público número uno de la ciudad y lo comparó con Al Capone, mientras que se convirtió en el narcotraficante más buscado por la DEA.

Y el mito sigue creciendo. En la víspera de la audiencia de sentencia, al lado de la catedral, un hombre que calzaba unos huaraches (sandalias) con pies callosos y quemados por el sol, aseguró que el hombre que fue extraditado en enero de 2017 a Estados Unidos no es "El Chapo".

"Tiene mucho dinero, puede hacer lo que sea, incluso puede comprar uno o dos dobles... El que tienen allá no es, el verdadero Joaquín Guzmán debe andar paseando ahorita por aquí", dice sonriente el campesino antes de alejarse sin dar su nombre.

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China y la guerra comercial: una perspectiva amplia

La guerra comercial que ha desatado Donald Trump en contra de China no es un episodio pasajero que terminará en breve para ser rápidamente olvidado.

 

Esta es la segunda vez en la historia que Estados Unidos utiliza su poderío económico para frenar el auge de una potencia rival en Asia. Desde la restauración Meiji, que puso fin al shogunato de los Tokugawa en 1868, Japón desarrolló una exitosa política económica y tecnológica dirigida a alcanzar un desarrollo industrial comparable al de Inglaterra o Alemania. En los años 1930 presionó a sus vecinos en Asia para construir la "Gran esfera de coprosperidad", que le permitiría garantizar mercados para sus exportaciones y una fuente estable de recursos naturales. Estados Unidos, Inglaterra y Francia no vieron con buenos ojos el surgimiento del nuevo rival asiático. Sus esfuerzos por bloquear el ascenso de la nueva potencia rival fueron un factor importante, aunque no el único, en el surgimiento del militarismo japonés. También sirvieron para detonar la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

 

Hoy todo ha cambiado, pero en Asia surgió un nuevo rival. China se convirtió en pocas décadas en una potencia que Estados Unidos considera ya una amenaza. Después de años de guerra y ocupaciones extranjeras, el triunfo del Partido Comunista chino, en 1949, condujo a la creación de la República Popular China. En 1978, Deng Xiaoping introdujo una primera serie de reformas en la conducción de la economía. Entre 1979 y 2013, la economía china mantuvo una tasa promedio de crecimiento anual cercana a 10 por ciento. Al mismo tiempo, Pekín mantuvo la conducción estatal de la estrategia económica y una política industrial y tecnológica que llevó a profundas transformaciones estructurales. China, hoy, aspira a que su moneda sea reconocida como medio de pago y reserva de valor a escala internacional. Su iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda es un proyecto de infraestructura y transporte que busca dar una proyección global al poderío económico chino.

 

Hoy, China se encuentra enfrascada en una guerra comercial con Estados Unidos. En el último año Washington y Pekín han impuesto aranceles hasta de 25 por ciento sobre flujos comerciales por más de 900 mil millones de dólares. Pero esta guerra comercial es, en realidad, otro teatro de batalla en una guerra de largo aliento.

 

La guerra la inició Washington, pero no busca corregir un simple problema de desequilibrio comercial en algunos productos, como la soya, el aluminio o el complejo automotriz. Ni siquiera se trata de una guerra sobre el saldo de la balanza comercial, como ha dicho Trump. Se trata de una guerra cuyo fin es forzar a China a adoptar una política distinta sobre controles de capital, política industrial y propiedad intelectual. En el G20, en junio pasado, Xi Jinping y Trump acordaron un armisticio para volver a comenzar negociaciones comerciales. Pero este proceso va a durar mucho tiempo, porque la confrontación es casi a nivel existencial.

 

La tasa de crecimiento del PIB para el segundo trimestre del año (6.2 por ciento) es la más débil desde que comenzó a medirse esta variable, en 1992. Según Trump, este resultado muestra que la guerra comercial está afectando más a la economía china. La realidad es que China viene experimentando menores tasas de expansión desde hace ya varios años. Para empezar, la economía china no salió sin heridas de la crisis global de 2008: la caída de la demanda internacional en sus principales mercados contribuyó a un descalabro muy importante (la tasa de crecimiento del PIB alcanzó 6.6 por ciento en 2009). La autoridades económicas en Pekín respondieron rápidamente con un estímulo fiscal y una política monetaria laxa, lo que condujo a una recuperación en 2010-2011, pero desde entonces se ha mantenido una clara tendencia a menores tasas de crecimiento.

 

No es evidente el sendero que seguirá la economía china en los meses que vienen. Algunos analistas consideran que lo peor ya pasó y que en mercados internos importantes, por ejemplo la venta de automóviles, los números muestran estabilidad. Sin embargo, la mayoría de los indicadores clave (ventas al menudeo, demanda de energía, industria de la construcción) muestran que la economía china seguirá manteniendo una trayectoria de menor expansión económica. Además, como resultado de su política monetaria, hoy la economía entera se encuentra todavía tratando de reducir los efectos del sobrendeudamiento y esa es, quizás, la causa más importante de la caída en el ritmo de crecimiento.

 

Regresamos al punto de partida. Estados Unidos puede hacer mucho daño a la economía china, pero sin una guerra militar no podrá impedir su ascensión. En su intento por frenar el nuevo poderío chino, Estados Unidos pagará un costo muy elevado al convertirse en una sociedad cada vez más represiva. Los reflejos imperiales de Washington afianzarán en lo interno las tendencias dictatoriales y conducirán a la desaparición de lo que queda de la república.

 

Twitter: @anadaloficial

 

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