Un hombre camina frente a un graffitti en una de las calles de Santiago de Chile. EFE

Chile celebraba este pasado domingo un referéndum que iba a dejar atrás la constitución vigente desde Pinochet y Bolivia pretendía celebrar elecciones tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales

 

La crisis del coronavirus ha derivado en el aplazamiento de dos citas clave que iban a tener lugar esta semana en América Latina: las elecciones presidenciales tras el golpe de Estado que sacó del poder a Evo Morales en Bolivia y el referéndum constitucional convocado en Chile después de varios meses de protestas en el país.

Este pasado domingo, cerca de 15 millones de chilenos estaban llamados a votar en un referéndum para elegir si querían una nueva Constitución o continuar con la carta magna promulgada en 1980 bajo el régimen dictatorial de Pinochet. Pero el plebiscito ha sido aplazado para otoño. 

A finales de marzo las diferentes fuerzas políticas acordaron postergar el plebiscito para el próximo 25 de octubre, y que a su vez ha obligado también a cambiar la fecha de las elecciones municipales y regionales –y unas posibles elecciones constituyentes dependiendo del resultado del referéndum– previstas para ese día hasta 2021.

Esta cita era una de las principales apuestas del presidente, Sebastián Piñera, para aliviar las protestas que comenzaron en octubre contra la subida del billete de metro y que se han convertido en una lucha contra la desigualdad, por la falta de acceso a derechos básicos como la salud o la educación, o el actual sistema de pensiones, aunque ahora paralizadas por la epidemia. Pero que hasta enero habían dejado más de 2.000 heridos y una treintena de muertos por la brutalidad del ejército en su intento de reprimir el estallido social.

Los sondeos publicados antes la pandemia apuntaban a una holgada victoria de la opción 'apruebo' por la que se abriría el proceso constituyente para reformar la Constitución. Aunque según la Agencia EFE, la población estaría más dividida respecto a qué órgano debería redactar el eventual nuevo texto, la otra pregunta que planteará el plebiscito y en la que los ciudadanos elegirán entre una asamblea de ciudadanos electos o integrada también por parlamentarios.

 

El coronavirus ancla en el poder a Jeanine Áñez

 

Bolivia celebraba este domingo elecciones presidenciales para reconfigurar el poder en el país. Los comicios tenían previsto renovar los cargos de la presidencia y vicepresidencia, así como los senadores y parlamentarios en las cámaras legislativas pero la COVID-19 ha paralizado los comicios 'sine die'.

El pasado 21 de marzo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que se suspendían las elecciones después de que el gobierno interino de Jeanine Áñez decretara cuarentena nacional por la pandemia, ahora ampliada hasta el 10 de mayo. En una rueda de prensa y posteriormente en un mensaje enviado al Parlamento, el presidente del TSE pidió "consenso" a las formaciones políticas para convocar una nueva cita electoral basándose en "criterios técnicos y científicos sólidos".

En el escrito proponen también que los comicios tendrán que celebrarse entre el domingo 7 de junio y el domingo 6 de septiembre. De esta forma, era la Asamblea Legislativa la que tenía que aprobar un proyecto de ley que fije la nueva fecha, pero en la sesión que tuvo lugar este pasado miércoles, la Cámara de Diputados, con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, en un primer trámite del proyecto ha aprobado que sea el órgano electoral el que diga la fecha exacta, en un plazo de noventa días desde que se dé el visto bueno a la ley.

Ahora la ley ha pasado al Senado, que por la fiesta del 1 de mayo no está claro que pueda celebrar el pleno por lo que trastocaría todavía más la propuesta del MAS en la Cámara de Diputados para que las elecciones tengan lugar el 2 de agosto.

El MAS iba primero en las encuestas antes de que se aplazaran los comicios y antes de tratar el proyecto afloraron supuestas diferencias internas sobre la conveniencia o no de demorar más o menos la cita electoral, negadas luego por voces del partido como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque. Además de que el propio Morales ha acusado de presiones a algún parlamentario afín al Gobierno interino para aplazar lo más posible los comicios.

Desde que la epidemia llegó al país andino, varias organizaciones humanitarias han criticado la deriva autoritaria y de restricción de libertades que Áñez sigue imponiendo en el país. Human Rights Watch denunció a principios de abril que el gobierno interino "aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren 'incorrecta'". Además, según esta misma organización, altos funcionarios bolivianos han mencionado expresamente a opositores políticos como posibles blancos de procesamiento por "desinformar", y se enfrentarían a penas de hasta 10 años de prisión por una interpretación "ambigua" del decreto sobre las medidas contra la COVID-19.

Bolivia se encuentra desde el pasado mes de octubre bajo un gobierno interino presidido por la senadora Jeanine Áñez, después de que entrara en sede parlamentaria con una Biblia y se autoproclamara presidenta de Bolivia a través de un golpe de Estado. Evo Morales se vio obligado abandonar el poder entre denuncias de fraude a su favor, informes de organismos internacionales sobre presuntas irregularidades en los comicios y presionado por las fuerzas armadas.

Publicado enInternacional
Sábado, 02 Mayo 2020 05:59

Total vigilancia

Total vigilancia

Nadie puede negar que las nuevas tecnologías son útiles para contener la pandemia del Covid-19 en Moscú –megápolis que concentra más de 60 mil contagiados, la mitad de todos los que a la fecha tiene Rusia–, donde la alcaldía aplica su programa de "Ciudad Inteligente-2030", concebido para mejorar los servicios urbanos y facilitar los trámites de los ciudadanos por Internet.

Ante la necesidad de restringir la movilidad de la gente para frenar la propagación de los contagios, en este momento hay más de 200 mil sospechosos de enfermar que de plano no pueden salir de su casa, igual que todos los mayores de 65 años.

Para verificar que se cumpla el confinamiento, aparte de los controles policiales tradicionales, se usan las 175 mil cámaras de video instaladas en las calles (Moscú ocupa el sitio 18 de ciudades del mundo por número de cámaras, pero va a la vanguardia en cuanto a la instrumentación de programas de reconocimiento facial); la información de las compañías de telefonía celular (sobre todos los datos de geolocalización de los clientes); y el reporte de los puntos de acceso gratuito a wifi.

Los demás habitantes, para poder salir, salvo los contados ejemplos en que se permite ir a la tienda y farmacia más cercanas, así como para sacar al perro, tienen que solicitar un permiso electrónico con código QR para ir al trabajo (quienes no puedan hacerlo desde casa), para ir a un sitio que requiera transporte (dos veces por semana) o para acudir a una cita con el médico (sin límites semanales).

En todos los casos, incluidos quienes tienen que salir a diario –funcionarios, legisladores, policías, militares o reporteros–, la solicitud del permiso debe incluir los números de pasaporte, credencial que acredita la condición laboral, tarjeta recargable para pagar el transporte público y/o placa en caso de viajar en coche propio.

Muchos se preguntan qué va a pasar con la vigilancia cuando la pandemia acabe. La alcaldía asegura que son limitaciones temporales de derechos, mientras los diputados de la Duma lo pusieron en entredicho al aprobar, hace poco, en segunda instancia, un proyecto de ley que pretende reunir la máxima información posible sobre cualquier persona desde el día que nace hasta el día que muere, más de 30 categorías de datos sacados de 500 millones de documentos.

Publicado enInternacional
Daniel Cahen

El surgimiento de la pandemia del Covid-19 ha traído consigo, entre otras cosas, una invocación del lenguaje de la guerra. Líderes políticos en todos los continentes han descrito el nuevo coronavirus como un enemigo, enfrentándole con medidas rara vez vistas en tiempo de paz, como cierres de fronteras y toques de queda. El personal de salud en contacto con personas enfermas enfrenta riesgos tan altos que se habla de sanidad en la línea del frente.

Como integrante del Comité Internacional de la Cruz Roja, una institución dedicada a trabajar en conflictos armados y otras situaciones de violencia, y abogado especializado en derecho internacional humanitario, este discurso bélico me llama mucho la atención. Sin duda puede ser útil, si contribuye a la concientización de que la amenaza es real y requiere esfuerzos considerables para contrarrestarla. Al mismo tiempo, conflictos armados y crisis sanitarias como las pandemias son categorías muy distintas.

En una guerra, los beligerantes toman iniciativas para dañar la capacidad de su adversario de tomar decisiones y de llevar a cabo operativos defensivos u ofensivos, a menudo por medio de ataques sorpresas. Pero el Covid-19 no es el Pearl Harbor sanitario. La comunidad internacional ha reconocido desde hace décadas el gran riesgo que entrañan para la humanidad pandemias como la actual.

No hacen falta nuevas normas para guiar la acción de los estados. Un instrumento internacional vinculante como el Reglamento Sanitario Internacional, de la Organización Mundial de la Salud, estructura desde 2005 todo un sistema para reducir la propagación a escala global de enfermedades basado en monitoreo, notificaciones y medidas para detectar pandemias. Y sin saber todavía nada del Covid-19, todos los estados sin excepción aprobaron por consenso en diciembre de 2019, durante la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, una resolución titulada: El momento de actuar: juntos en la lucha ante epidemias y pandemias.

Si bien la lucha contra una enfermedad como el nuevo coronavirus no es una guerra (o sólo en el plano metafórico), sí hay una preocupación porque la pandemia está llegando a países en guerra. En Yemen, Siria o Nigeria, el Covid-19 es una amenaza adicional para la vida.

El derecho internacional humanitario –cuerpo de normas que busca mitigar el impacto de conflictos armados– obliga a los beligerantes a tomar en cuenta el reto de la pandemia. En estos contextos también aplica el derecho internacional de las garantías individuales. Ambos establecen salvaguardas mínimas, como la disposición de instalaciones médicas, el acceso de las comunidades a la salud y a la ayuda humanitaria y el respeto al personal e instalaciones sanitarios, entre otras. El cumplimiento de estas normas es fundamental para evitar que situaciones ya de por sí críticas se degraden de manera significativa.

Por fuera de situaciones de conflicto, el derecho internacional de las garantías individuales es el marco legal bajo el que deben actuar los estados, incluso en situaciones excepcionales como la actual.

En un escenario de amenaza grave para la salud pública, tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos a nivel regional habilitan a los estados a restringir o suspender algunas garantías fundamentales. Casi todos los estados en América Latina y el Caribe han adoptado medidas extraordinarias frente al Covid-19, afectando garantías importantes (como el derecho a circular libremente, la libertad de reunión, el derecho a la libertad personal). Algunos (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras o República Dominicana) han notificado la existencia de tales medidas extraordinarias de manera oficial a la Organización de Naciones Unidas o a la Organización de Estados Americanos, lo que permite un mayor grado de transparencia.

Sin embargo, los estados no gozan de poderes ilimitados. Algunas garantías son tan fundamentales que resultan intocables: el derecho a la vida y a la integridad personal, la prohibición de la tortura, el derecho a la vida familiar, entre otras. El derecho de solicitar y de recibir asilo también debe mantenerse, así como el principio de no devolución, que implica no retornar a una persona a un lugar donde, en particular, su vida e integridad física corren peligro. Los estados están obligados por un marco estricto de necesidad y de proporcionalidad. Cualquier restricción a derechos humanos en el contexto de la pandemia debe fortalecer de manera directa la capacidad de proteger el derecho a la vida y a la salud, es decir, controlar mejor la propagación, dar acceso a medidas de prevención, garantizar una atención médica adecuada y proteger al personal y las instalaciones sanitarias.

Las decisiones en materia de salud pública y las conductas concretas de quienes las implementan deben cumplir con el principio de no discriminación, que implica que cualquier persona tenga acceso a la atención médica que requiera, sin distinción desfavorable basada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Consideraciones como el estatuto migratorio, la situación de personas desplazadas por la violencia, la privación de la libertad o cualquier tipo de exclusión social no pueden obstaculizar el acceso a servicios de salud.

El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de las garantías fundamentales señalan el rumbo para diseñar planes de batalla contra la pandemia: sin una mayor inclusión de las personas vulnerables no habrá manera de salir de esta lucha de manera digna

Por Daniel Cahen, Coordinador jurídico de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central

Publicado enSociedad
Jueves, 30 Abril 2020 05:56

Las revueltas del pan toman Líbano

Soldados libaneses arrestan a un joven en la ciudad libanesa de Trípoli, este martes.Natalia Sancha García

Las manifestaciones rebrotan con fuerza y registran su primer muerto, mientras la crisis sanitaria precipita el colapso para hundirse en la económica

 

“Mi hermano ha muerto a los 26 años por defender pacíficamente sus derechos”, cuenta Fatima Fouad, conocida activista libanesa y hermana de Fawaz Fouad, quien falleció en la mañana del martes tras recibir un disparo de bala la noche anterior durante una protesta en la norteña ciudad de Trípoli. El cuerpo fue recibido como “mártir de la revolución” a su paso por la plaza Al Nur, epicentro de las protestas. La muerte del joven, la primera de un manifestante por fuego de las fuerzas del orden, ha desatado la violencia en las calles de la segunda urbe y lumpen del país.

“Se está normalizando el uso de la violencia conforme los políticos viven en la negación absoluta y su oligopolio roba a los pobres para dárselo al 1% de los ricos”, acota la joven. Fawaz deja a una niña de cuatro meses huérfana a la que ya tenía dificultades para mantener tras cerrar su taller de motos por la crisis. “No recibió ayuda alguna”, denuncia su hermana. Una realidad que asola a muchos otros conciudadanos. Tras un mes de pausa forzada por las medidas de confinamiento, los manifestantes retornaron a las calles el pasado día 20, seis meses después del estallido las primeras protestas. Lo han hecho con más hambre y menos paciencia con sus dirigentes que hace unos meses para centrar sus ataques contra el Banco Central y el resto de entidades financieras privadas del país.

También han pasado de las piedras a los cócteles molotov con los que jóvenes encapuchados han incendiado varias sucursales bancarias en Trípoli y, de paso, calcinado un par de vehículos policiales. Frente a ellos se desplegaba este martes el Ejército libanés quien también ha aumentado la represión. En una de las muchas batallas callejeras que se libran estos días, una fila de soldados abría fuego contra un grupo de unos 200 chavales con balas de goma y botes de gas hasta que recurrieron al fuego real con ráfagas al aire. Los jóvenes salían despavoridos por el ensordecedor estruendo de disparos. Medio centenar de heridos acabaron siendo atendidos —cinco de ellos hospitalizados— por los paramédicos de la Cruz Roja libanesa que pululaban entre nubes de gas. Uno de ellos se afanaba en vendar la pierna de un soldado al otro lado de la avenida convertida en frente de batalla.

Varios uniformados aporreaban y pateaban a otro joven detenido antes de que un oficial les ordenara parar y comportarse como soldados. Aplaudidos como símbolo de unidad nacional hasta ahora en las manifestaciones, han pasado a cargar con rabia contra los manifestantes, como se vio el martes en el repunte más grave de violencia que ha vivido el país en los últimos tres meses. “En esta ciudad han caído muchos más soldados que en el resto de Líbano en las diferentes y numerosas batallas que ha habido. No lo olvidan”, intentaba justificar durante el revuelo un agente armado y vestido de civil. Algunos de los jóvenes aprovechaban el caos para ensañarse con una heladería.

“Solo queremos pan, es muy simple, pero nos lo han robado todo”, gritaba uno de esos jóvenes con las manos repletas de piedras y el rostro cubierto por una mascarilla que le sirve para protegerse de tanto la covid-19 como del gas. Mientras se enjuagaba la cara con el agua de una manguera, algo mareado explicaba por tanto ajetreo y con el estómago vacío desde el amanecer por la celebración del Ramadán, mes de ayuno musulmán, uno de los más austeros que vive el país. La libra libanesa lleva dos semanas en caída libre y los precios se han disparado un 55%, según datos del Ministerio de Economía, empujando a casi la mitad de los 4,5 millones de ciudadanos bajo el umbral de la pobreza. “Trípoli ha sido históricamente marginalizada política y económicamente, de ahí que la pobreza afecte al 60% de sus habitantes”, valora en conversación telefónica Adib Nehme, experto en desarrollo y pobreza.

Debacle económica

Razón por la que el resto de ciudades del país miran hoy hacia Trípoli y no a Beirut como nueva punta de lanza de las protestas transformadas en una revuelta del pan. Conforme el Gobierno anuncia un plan en cinco fases para salir del confinamiento y canta victoria frente a la amenaza sanitaria (con 721 casos y 24 muertes por la covid-19, oficialmente), el país se hunde en la crisis económica. Las eficaces medidas de prevención contra la pandemia han asestado paradójicamente la estocada final al bolsillo de sus habitantes y acelerado los despidos en masa. Líbano acumula una de las deudas públicas más altas del mundo (equivalente a unos 76.000 millones de euros, el 150% del PIB) y ha declarado el primer impago de deuda de su historia.

Los bancos cerraron sus puertas hace ya un mes y no todos los cajeros tienen billetes. De ahí la inquina ciudadana contra sus instalaciones. La libra libanesa se cambiaba este fin de semana a 4.300 unidades por dólar en las casas de cambio frente a las 1.507 que mantiene el Banco Central desde hace tres décadas. “En los supermercados ya no se molestan ni en etiquetar los productos por lo volátiles que son los precios”, explica Sami, un comerciante de Trípoli. Sin reservas de divisas y con el desplome de la moneda nacional, los precios más que se duplican en un país que importa el 80% de todo lo que consume.

Al atardecer suena la llamada al Iftar, ruptura diaria del ayuno, y varias personas comienzan a distribuir cenas calientes entre las familias más pobres. Los activistas han creado toda una red de apoyo civil para los hogares que han perdido sus ingresos y colman el vacío que dejan los partidos tradicionales sin fondos para cooptar a sus bases sociales. El miedo a una espiral de violencia conforme se extienda la pobreza es algo general. En este empobrecido y conservador bastión suní, otros temen que tal y como ocurrió en esta misma ciudad en 2014 el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) venga a reclutar a jóvenes en este pozo de desesperanza.

El silencio en las calles apenas dura una hora hasta que los jóvenes, ya con el estómago lleno, se lanzan de nuevo a otra batalla campal que durará un día más hasta bien entrada la madrugada.


Las luchas de poder tras la quema de bancos

El director del Banco Central, Riad Salamé, se ha convertido en diana favorita de los insultos de los manifestantes. La indignación creció ayer en las redes cuando algunos activistas filtraron un inusual ajetreo de jets privados despegando desde el aeropuerto de Beirut, teóricamente clausurado por la pandemia hasta nuevo aviso. “Los banqueros huyen y se llevan nuestro dinero”, denunciaban en los grupos de WhatsApp.

En Líbano la mayor parte de accionistas de la banca son simultáneamente diputados o ministros que, al igual que Salamé, llevan décadas en sus puestos, tres en su caso. De ahí que mantenga estrechos lazos con la mayoría de los líderes políticos, de todas las confesiones religiosas. Incluido el ex primer ministro Saad Hariri, depuesto en octubre por las protestas.

Precisamente esta semana, su sucesor, Hasan Diab, se ha lanzado en los medios a una guerra dialéctica contra el poderoso banquero, atrayendo los ataques de sus aliados e incluso el reproche de París. Diab advirtió este martes contra aquellos que intentan “aprovecharse políticamente de las protestas para servir sus ambiciones políticas y personales en base a sus intereses y cálculos”. Un mensaje que muchos interpretan que va dirigido a su antecesor, quien no descarta reocupar el cargo.

Bastión suní, Trípoli se antoja una pieza clave para todo candidato que quiera optar al cargo de primer ministro, que según el acuerdo que rige el país ha de ser suní. La quema de bancos esconde, según varios políticos consultados, dos renovadas guerras de poder: entre los dos bloques políticos por el Gobierno, por un lado, y entre Diab y Hariri dentro del propio campo suní, por otro.

Por Natalia Sancha

Trípoli - 29 abr 2020 - 17:30 COT

Publicado enInternacional
El dilema de Vladimir Putin en Siria no tiene una resolución fácil

En los últimos días algunos medios han publicado que Vladimir Putin está tratando de que Asad haga concesiones a la oposición. Aunque no está claro qué es exactamente lo que quiere, el presidente ruso no parece dispuesto a renunciar a su presencia en Siria.

 

Desde que se inició la intervención de Rusia en el conflicto sirio en 2015, el presidente Bashar al Asad ha pasado de una situación claramente perdedora a consolidar su dominio en la mayor parte del país. A cambio, Vladimir Putin ha obtenido una presencia significativa en Oriente Próximo, una región que ha estado sometida históricamente a la hegemonía de Estados Unidos y en la que últimamente Israel juega un papel central.

Algunas noticias aparecidas recientemente en medios de comunicación rusos, y de las que se han hecho eco medios occidentales como la agencia alemana DPA y la americana Bloomberg, señalan que la luna de miel entre Putin y Asad atraviesa por un momento crítico y que el primero desea resolver de una manera rápida y satisfactoria para los intereses de Moscú una situación que le causa quebraderos de cabeza.

El problema es que Putin no ve ninguna figura que pueda sustituir a Asad. La imagen del líder sirio se ha deteriorado mucho con el conflicto que comenzó en 2011 espoleado y alimentado por potencias occidentales y regionales, que derivó en una guerra civil abierta con la muerte de cientos de miles de personas y con el desplazamiento interno y externo de millones de refugiados.

Según distintos medios rusos, Putin estaría presionando a Asad para que mostrara una mayor flexibilidad en las negociaciones con la oposición con el fin de lograr un arreglo político al conflicto, una posición que Asad rechazaría por verla inviable, al considerar que Siria no puede arriesgarse a una reanudación de la guerra civil, un peligro que es muy evidente.

Las mismas potencias que incendiaron el conflicto jaleando a los insurgentes e invirtiendo dinero, armas e inteligencia a manos llenas, ahora indican al gobierno de Siria que la única manera que tiene de obtener inversiones para la reconstrucción es echando a Asad. Esas mismas potencias, por supuesto no tienen otro plan de salida y parecen seguir creyendo que las cosas se arreglarán e irán como la seda si Asad desaparece de la escena de un día a otro por arte de magia.

El enorme sufrimiento causado con sus injerencias no les importa lo más mínimo, ni tampoco el sufrimiento que pueden causar a partir de ahora. La idea que acarician, ya sea por ingenuidad o por ambiciones hegemónicas, es establecer en Siria una democracia liberal que sirva de modelo a la región, con la inversión de miles de millones de dólares para la reconstrucción que ahora niegan a Asad: es decir, exactamente las mismas promesas que hicieron a Irak, país que ya goza de una vibrante democracia y de gran bienestar gracias a George Bush y sus aliados occidentales, y donde todos cenan perdices escabechadas por la noche.

Si acepta ese viejo juego, Putin podría tener la última palabra. No está claro que el presidente ruso vaya a aceptarlo, entre otras cosas porque acabaría con la presencia de Rusia en Siria, y porque va en contra de los intereses regionales de Moscú. Crear en la zona otro país fallido al lado de Irak no redundaría en beneficio de Rusia y sí en beneficio de las potencias occidentales.

Aunque el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov ha negado que Putin esté descontento con la resistencia de Asad a alcanzar un compromiso con la oposición, en varios medios moscovitas se dice lo contrario, sin aportar pruebas sólidas que lo demuestren.

Un reciente artículo en la Agencia de Noticias Federal de Moscú, a quien algunos analistas vinculan con el Kremlin, decía que Asad es corrupto y que no cuenta con un apoyo mayoritario entre su pueblo. El artículo fue recogido por varios medios pero pronto desapareció de la página de la agencia, una indicación de que probablemente no fue del agrado del Kremlin.

Días después apareció otro artículo crítico con Asad en un grupo de presión vinculado al Kremlin, el Consejo Ruso para Asuntos Internacionales, donde se afirmaba que el gobierno de Damasco no tenía una política de futuro y no era flexible con la oposición. Tanto uno como otro artículo se interpretan en Occidente como indicaciones de un posible descontento de Putin.

En cualquier caso, los dos presidentes, Putin y Asad, se hallan hundidos en un pantano y a corto o medio plazo no se vislumbra que vayan a salir a flote. Esto significa sobre todo que los sirios van a seguir viviendo en una economía de guerra en la que no entrará dinero y por lo tanto no se producirá la urgente reconstrucción que necesita el país.

Además, si Putin arroja al líder de Damasco a los leones, la posición rusa en Oriente Próximo sufrirá las consecuencias y se iniciará un periodo de grandes incertidumbres, máxime si se tiene en cuenta que la "oposición" moderada son cuatro gatos mal contados, aunque cuenten con el apoyo incondicional de Occidente para establecer una "democracia liberal modélica" que parece una utopía irrealizable, directamente un delirio.

Por otra parte, si es cierto que Putin está presionando a Siria, también podría ser para que Asad adoptara algunas decisiones puramente cosméticas que le permitieran al presidente ruso decir a Occidente que se han hecho las concesiones razonables que podían hacerse, y hasta ahí hemos llegado. En esta lectura quedaría claro que Putin no quiere ni puede abandonar a su aliado sencillamente porque no existe ninguna alternativa viable a Asad.

30/04/2020 07:43

por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

Publicado enInternacional
Miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 durante un operativo el pasado fin de semana, tras la declaración de emergencia máxima en las cárceles que decretó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.Foto Ap/Presidencia de El Salvador

Encierra a bandas rivales en la misma celda

Preocupa a ONG salvadoreñas la autorización del uso de fuerza letal contra delincuentes

 

San Salvador. Un grupo de trabajadores soldaba ayer láminas de acero en las celdas de un penal para aislar a cientos de pandilleros salvadoreños, en momentos en que una ola de homicidios y el anuncio del gobierno de emplear "fuerza letal" para combatir a los delincuentes despertó alertas entre organismos humanitarios, en medio de una cuarentena para contener la propagación del nuevo coronavirus.

Tras un inusual incremento en los homicidios perpetrados en este país centroamericano, atribuidos principalmente a las maras, el presidente Nayib Bukele ordenó endurecer las medidas en las cárceles.

"Vamos a hacer que los pandilleros que cometieron esos homicidios se arrepientan toda su vida de haber tomado esa decisión", advirtió el mandatario en una reunión con su gabinete de seguridad, según un tuit de la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial publicado ayer.

"El uso de la fuerza letal está autorizado" para los cuerpos de seguridad en defensa de sus vidas y de los ciudadanos, escribió Bukele la noche del domingo en su cuenta de Twitter.

Bukele decretó el fin de semana el estado de emergencia máxima en las cárceles tras un repunte de la violencia, en el que se atribuye a las pandillas unos 50 asesinatos en diferentes puntos del país, por lo que la policía y el ejército intensificaron la vigilancia, cuando el país permanece en una cuarentena domiciliar obligatoria para contener el Covid-19.

Las pandillas rivales Barrio 18 y Mara Salvatrucha, con unos 70 mil miembros, siembran el terror en comunidades bajo su control, y se dedican al sicariato, el narcotráfico y la extorsión de comerciantes y transportistas.

El titular de la Dirección General de Centros Penales, Osiris Luna, supervisaba ayer el proceso de instalación de "un nuevo régimen de seguridad" que se pondrá en marcha en todas las cárceles un modelo de aislamiento que adoptaron de una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, donde se recluye a los líderes de las pandillas.

"No podrá entrar ningún rayo de sol a ninguna de las celdas, vamos a bloquear toda la visión para que ellos no puedan tener ningún tipo de comunicación", sostuvo Luna en rueda de prensa celebrada en el complejo Izalco, 65 kilómetros al oeste de la capital.

Bukele se jactó ayer en Twitter: "De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país permanecerán selladas. Eso evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo. Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla".

Los miembros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 eran exhibidos en ropa interior, mostrando sus tatuajes, cabelleras rapadas y sin ningún tipo de protección sanitaria en la emergencia por la pandemia del coronavirus.

En todo el sistema de cárceles están recluidos unos 12 mil 862 pandilleros, informó la Dirección General de Centros Penales.

"Estamos ante un escenario muy delicado y preocupante", declaró Miguel Montenegro, coordinador de la ONG Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.

Además, las autoridades encerraron en la misma celda a integrantes de pandillas rivales, lo que no ocurría desde 2002, cuando se les separó para evitar muertes masivas en las cárceles.

La unificación carcelaria de las pandillas es "una bomba de tiempo" que puede explotar en cualquier momento, advirtió Montenegro, quien responsabilizó al gobierno de las posibles consecuencias.

La orden de uso de fuerza letal "rompe con la legalidad y puede derivar en un uso excesivo", afirmó el director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Saúl Baños.

Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó la noche de domingo su preocupación por la emergencia en las cárceles, que pone en riesgo los derechos de los presos.

Para el analista y profesor universitario Juan Ramón Medrano, el rebrote de los homicidios de las pandillas "puede tratarse de una presión para algún tipo de negociación con el gobierno" en la búsqueda de prebendas o apoyo económico.

Medrano consideró que la Mara Salvatrucha y Barrio 18 pueden estar "en crisis económica" debido a que han dejado de percibir ingresos por extorsiones debido a la cuarentena y el cierre de pequeños y medianos negocios ordenado hasta el primero de mayo.

"Sin duda ellos están sintiendo la crisis directa porque sus familias sobreviven de las extorsiones", comentó Medrano.

El Salvador, con 6.6 millones de habitantes, es uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con 35.6 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2019. La mayoría de esas muertes fueron consecuencia de la actividad pandillera.

Jannette Aguilar, investigadora de temas de prevención de la violencia para organismos internacionales, anticipa poco éxito a la decisión de Bukele, en el poder desde junio del año pasado.

Para la investigadora, la represión es una "respuesta mediática" que provocará "un baño de sangre" pero que al final potenciará a las pandillas que en los últimos años se han fortalecido como verdaderas autoridades en las comunidades.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, denunció: "vimos con preocupación esas escenas donde juntan a las personas en los patios de las cárceles de manera humillante".

Publicado enInternacional
Lunes, 27 Abril 2020 06:34

Pandemia y después

Pandemia y después

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Augusto Monterroso

Los imponderables medios, los arduos periodistas, los sabios comunicadores, los opinólogos de todo borde, las buenas conciencias de la atormentada sociedad, las autoridades del pensamiento contemporáneo, argentino y de otras partes, sostienen que esta pandemia va a darlo vuelta todo, que después de ella nada va a a ser igual, que habrá cambios radicales y sustanciales en nuestras vidas. El público lo lee o lo escucha, lo repite y lo difunde, como si el dicho fuese, una vez más, la palabra revelada.

En verdad, la gente está bastante aturdida por los hechos, por estas enfermedades misteriosas y sus muertes masivas, por estas cuarentenas y estos confinamientos, por esta avalancha de nueva y novedosa información médica, biológica, microbiológica y terapéutica, por estas prevenciones, jamás tomadas ni contempladas, por este miedo que le meten y difunden todos, y apenas si sabe bien dónde está parada y en qué país, en qué pedazo de tierra, de qué mundo.

Otras retóricas se vinculan con aquella vaticinadora, que es la que más cunde, la futurológica, sin alcanzar a ser centrales: la complotista, que desvía la ciencia según sus pareceres, ideológicos, políticos, y hace de esta pandemia un hecho deliberado, cuando no elaborado, del enemigo; la naturalista, que insiste, no sin razón, en el daño que producen al planeta la extracción, la explotación, el menoscabo, la depredación; la anti homocéntrica, que defiende una vez más al reino animal y hasta llega a sostener que esta es su reacción y su defensa. Y, en fin, las diversas charlatanerías, como las que florecen en algunas religiones y prácticas mágicas en el Brasil de Bolsonaro, y en algunos países africanos, donde según Le Monde “la grande guerre contre les hémorroïdes a laissé place à la lutte contre le coronavirus” (la gran guerra contra las hemorroides ha dejado lugar a la lucha contra el coronavirus), por parte de santones y curanderos. Pero ninguna parece tan potente y actuante como las primeras, tal vez porque lo que hacen es ocultar las otras, y hablar de un futuro en el que todo ello se haya obviado.

¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Por qué “ya nada va a ser igual” después de esta pandemia? ¿Por qué “el mundo no va a ser el mismo”? ¿Por qué las relaciones económicas, sociales, productivas, y hasta las afectivas, no van a ser las mismas? ¿Qué producirá “el ocaso del Imperio”? ¿Qué es lo que va a transformarse, tan rotundamente? ¿Por qué esta pandemia traerá una derrota tan flagrante del capitalismo y del neoliberalismo, en la teoría y en la práctica? Frases y consignas que suelen prender con facilidad en bocas nuestras, sin que nos preguntemos, seriamente, por su significado, por su verdadera razón. ¿No habrá más ricos y pobres? ¿No habrá más clases? ¿Cambiará la esencia del sistema? (aquí y en otros lados). ¿De dónde sale esto?

Fundado en algo que suele calificarse, poco modestamente, modesta experiencia, y en lo que creo que puede ser mi conocimiento de la realidad, de la organización económica y social del mundo y de los seres humanos que lo habitan, a los que he visto comportarse a lo largo de más de siete décadas, creo, si se me permite, que van a cambiar muy pocas cosas fundamentales. Si no cede el complejo agroindustrial alimentario, que infecta el ambiente, los seres animales, vegetales y, por cierto, humanos, y los gobiernos siguen quedándose quietos como en estos últimos cincuenta años (por dar alguna fecha), que nadie espere cambios. Si continúa la contaminación a mansalva de las aguas, de los mares, del aire y de la tierra, de todos los productos vegetales y animales con que nos alimentamos; si, además, no cambia el papel de los Estados en la organización, en la atención, en el cuidado de la salud de las poblaciones, si ella sigue en manos de empresas privadas (sí que capitalistas salvajes), poco va a mejorar la condición de esa salud y su dudosa protección. Si el capitalismo, la ganancia y el individualismo siguen primando, de manera proclamada y pública, autorizada, procurada, desembozada, cómplice, sobre los distintos tipos de parciales solidaridades colectivas, poco habrá de cambios a verificar, más que en algunas áreas específicas.

Por otro lado, los sistemas políticos, así, como están, se hallan bastante cómodos en el mundo de hoy: hay derechas (liberales, financieras, supercapitalistas, hambreadoras y explotadoras), e izquierdas (contestatarias, más o menos reformistas, más o menos consecuentes). Ninguno de esos sistemas, que se vea, en lo fundamental a punto de caer. Salvo casos excepcionales (Irán, bien contradictoriamente; Venezuela, menor y tan verbalizado) conviven en el planeta sin mayores sobresaltos, y se ha visto, durante esta pandemia, una colaboración y asistencia mutuas y recíprocas que llaman la atención (de lo que no son el único ejemplo, aunque sí sumamente destacable, las brigadas cubanas).

Que me disculpen los heteredoxos, los nuevos cientistas, los muy modernos renovadores del dogma, los vigilantes del pensamiento antitotalitario y del más o menos totalitario: en tanto que haya clases, y por consiguiente lucha de clases, las cosas, pasada esta pandemia, seguirán igual (o peor). Hasta que haya un tope y al fin se junte todo, en un momento, en un período, en que los de abajo no quieran más y los de arriba no puedan más. Y todo empiece realmente a sacudirse. Mis visiones llegan hasta ahí. No soy un previsor ni un anticipador ni mucho menos un vaticinador de nuevas sociedades. Me queda demasiado grande.

27 de abril de 2020 ·

 

Por Mario Goloboff, escritor y docente universitario.

Publicado enSociedad
Lunes, 27 Abril 2020 06:31

Auxilio

El distrito comercial de Soho, en Manhattan, donde por lo regular las calles estaban atiborradas, se ve vacío en estos días por la pandemia del Covid-19.Foto Afp

Donald Trump nos quiere matar.No hay otra conclusión posible. Pronto será el primer mandatario en presidir sobre más muertes estadunidenses que el total que pereció en la guerra de Vietnam (58 mil), con más de 54 mil hasta ahora, la gran mayoría de las cuales eran prevenibles. De hecho, él declaró que su respuesta al "enemigo invisible" es "una guerra".

No es un huracán, o un tsunami, o un sismo; las dimensiones de esta catástrofe no se pueden atribuir a "fuerzas mayores" o"divinas", sino al manejo inepto, irresponsable y francamente criminal de los encargados de gobernar este país. Aunque el terreno para la crisis fue cultivado por políticas neoliberales bipartidistas durante décadas, el presidente es el responsable de que las dimensiones de los efectos de esta crisis sean las que estamos atestiguando.

Pero aparentemente no satisfecho con el saldo creciente del Covid-19, y el hecho de que algunos de los que vivimos en Estados Unidos seguimos vivitos y coleando, Trump nos invitó a envenenarnos. Sugirió emplear desinfectantes industriales, inyectarnos cloro, para curarnos del virus, durante su conferencia de prensa del jueves. Como comentó un médico en respuesta: "Trump tiene toda la razón: el cloro sí mata al virus. El problema es que también mata al paciente". El Centro de Control de Enfermedades, departamentos de salud estatales y municipales, junto con los fabricantes de desinfectantes como Lysol y Clorox, se vieron obligados a trasmitir alertas declarando que ingerir tales productos era peligroso. Su contrincante demócrata, Joe Biden, publicó en un tuit: "no puedo creer que sea necesario decir esto, pero por favor no beban cloro". El columnista del Washington Post David Von Drehle resumió el mensaje presidencial: "María Antonieta: que coman pastel. Donald Trump: que se inyecten Lysol". Poco después, varios centros y agencias de salud pública estatales y municipales reportaron un incremento en casos de envenenamiento o quemaduras por gente que le hizo caso al presidente, reportaron vamos medios en Maryland, Nueva York y Chicago.

Fue tan intensa la reacción que Trump se vio obligado a huir de sus declaraciones y el viernes argumentó que había sido un comentario "sarcástico" sólo para provocar a los medios. ¿En medio de una pandemia con más de 50 mil muertos el presidente decidió bromear? Poco después tuiteó que tal vez ya no haría conferencias de prensa diarias porque "no valen la pena", ya que los medios distorsionan todo lo que dice. Pero al parecer, sus estrategas temen que sus expresiones de "genio estable" no ayuden a su relección en esta coyuntura.

Por otro lado, si uno no se muere de virus, pues también está la lenta muerte por desempleo y hambre. Algunos economistas calculan que la tasa de desempleo real está entre 20 y 45 por ciento, o sea, es posible que casi la mitad de la fuerza laboral está sin trabajo, muy por arriba del peor momento de la Gran Depresión. Esto es acompañado de un incremento de millones de personas –sobre todo niños– que no tienen acceso a suficiente alimento.

No todos están en la línea de fuego de esta crisis, algunos están sufriendo la cuarentena en lugares de lujo como Los Hampton o en sus yates. De hecho, entre el 18 de marzo y el 10 de abril, mientras 22 millones de estadunidenses perdieron sus empleos, la riqueza de los multimillonarios en Estados Unidos se incrementó en 282 mil millones de dólares, una ganancia de 10 por ciento, reporta un nuevo informe del Institute of Policy Studies (https://inequality.org/ great-divide/billionaire-bonanza-2020/).

En tanto, los inmigrantes están entre los más afectados aquí por la pandemia, en gran parte por las medidas antimigrantes de este gobierno. Y para los que pensaban que estaban más seguros porque vivían fuera de este país, el más contagiado del mundo, Trump ha estado exportando el virus a varios puntos del planeta al deportar a inmigrantes que habían estado encarcelados en centros de detención contagiados sin primero administrar pruebas para diagnosticarlos. https://twitter.com/CASAforall/ status/1253442753511464960?s=20).

La gran pregunta ante todo esto es: ¿nos vamos a dejar?

https://youtu.be/LNNPNweSbp8

Publicado enInternacional
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu

Hasta la llegada de Donald Trump al poder, la Casa Blanca reconocía Cisjordania como territorio palestino ocupado en el que debía crearse el futuro Estado de Palestina

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado este domingo estar "confiado" en poder anexionar partes de Cisjordania ocupada en dos meses, en el marco de la propuesta de paz de Estados Unidos, según ha indicado en un mensaje grabado para un grupo evangélico estadounidense.

"Hace tres meses, el plan de paz de (Donald) Trump reconoció el derecho de Israel sobre todo Judea y Samaria (Cisjordania) y el presidente Trump prometió reconocer la soberanía israelí sobre las comunidades judías allí y en el Valle del Jordán", ha recordado Netanyahu.

"Dentro de un par de meses –ha agregado– confío en que esa promesa será honrada y que podremos celebrar otro momento histórico en la historia del sionismo". Aunque el plan estadounidense popularmente conocido como el Acuerdo del Siglo sí prevé la anexión de las colonias en territorio cisjordano y coincide con muchas de las posiciones del Gobierno de Netanyahu, su texto no reconoce el derecho de Israel sobre toda Cisjordania.

Hasta la llegada de Donald Trump al poder, la Casa Blanca reconocía Cisjordania como territorio palestino ocupado, en el que debía crearse el futuro Estado de Palestina, y consideraba los asentamientos judíos en la zona como ilegítimos.

El mensaje de Netanyahu llega a menos de una semana de la firma de un acuerdo en Israel para un Ejecutivo de unidad entre Netanyahu y el centrista Beny Gantz, que denominaron "Gobierno de emergencia nacional" y que, durante los próximos seis meses, solo podrá tomar medidas vinculadas a la lucha contra el coronavirus y la anexión de territorios en Cisjordania.

La comunidad internacional ha reacionado con severidad en los últimos días al conocerse la voluntad de Israel de avanzar unilateralmente hacia la anexión de Cisjordania. Francia, el Reino Unido y Alemania fueron algunos de los países que cuestionaron la decisión, sumándose a las declaraciones del enviado de Naciones Unidas para Oriente Medio, Nickolay Mladenov, que la describió como "una creciente amenaza" para la paz en la región.

Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, advirtió también esta semana de los peligros que supondría la anexión, que dijo "constituiría una seria violación a la ley internacional", y reiteró la posición de la Unión Europea de no reconocer la soberanía de Israel sobre los territorios ocupados desde 1967.

Hanán Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, agradeció hoy las declaraciones de la comunidad internacional contra la anexión, aunque dijo también que "es momento de tomar medidas concretas y preventivas" para "restaurar la relevancia y efectividad de la responsabilidad internacional".

El pacto entre Netanyahu y Gantz, firmado el pasado lunes, estipula el 1 de julio de este año como la fecha en que se llevará la cuestión de la anexión de Cisjordania al Parlamento. Esta deberá contar también con el aval de Estados Unidos, que parece garantizado tras una declaración esta semana del secretario de Estado, Mike Pompeo, en apoyo al pacto mediante el cual se formará el nuevo Ejecutivo.

EFE - Jerusalén

26/04/2020 - 19:42h

Publicado enInternacional
Israel estudió cómo aplastar una posible revuelta civil armada por el coronavirus

El ejército y otros estamentos israelíes consideraron la posibilidad de un grave deterioro de la situación social en el país y examinaron cómo aplastar una hipotética revuelta causada por la parálisis económica. En un documento al que tuvo acceso Haaretz, redactado en el pico de la crisis, el ejército recomendó al gobierno suavizar las restricciones y mostrar menos fuerza y más compasión para no exacerbar las tensiones.

 

El ejército israelí empezó a prepararse hace dos semanas para hacer frente a un escenario de revuelta armada popular si la situación económica del país se deterioraba significativamente como resultado del cierre casi completo de la economía decretado por el gobierno para hacer frente a la pandemia, revelaron varios medios de comunicación.

El Consejo para la Seguridad Nacional reunió un panel de 30 miembros entre los que había analistas y oficiales del ejército, funcionarios del gobierno, delegados de la policía y notables del mundo académico, para discutir en qué circunstancias podría darse una revuelta civil y de qué manera habría que aplastarla.

Las recomendaciones del panel, a las que tuvo acceso el diario Haaretz, se redactaron después de estudiar dos posibles escenarios: una "revuelta civil"  y "una desobediencia civil a gran escala" debido a una "tensión que podría conducir a un resentimiento o enfado entre la gente".

En opinión del panel, la tensión y el enfado "no conducirían a fenómenos sociales a gran escala por sí mismos, al menos a corto plazo", pero el segundo escenario existiría la potencialidad de causar un "daño a largo plazo a la sociedad israelí y a la democracia".

Una posible causa para un levantamiento popular a gran escala, dice el documento, podría ser la falta de fe en el gobierno y en el sistema político, o el hecho de que pareciera que el gobierno está perdiendo el control sobre la pandemia o el estado.

Otros elementos que podrían causar un levantamiento civil serían la lucha económica, las hipotecas y la incapacidad de algunos de pagar el alquiler o incluso de comprar alimentos, así como una escasez de alimentos en las tiendas. Precisamente, el viernes el gobierno de Benjamín Netanyahu, fuertemente presionado por los sectores económicos, decidió levantar más restricciones autorizando la apertura de los pequeños comercios, pese a la oposición inicial del ministerio de Sanidad.

En el documento redactado hace dos semanas se decía: "La rutina de la vida al completo se ha roto de repente para la mayoría de la población (...), el final del cierre todavía no se conoce y la gente ha recibido distintas estimaciones, desde varias semanas a muchos meses". Esta circunstancia, decía el panel, puede conducir a tensiones sociales, desobediencia civil y resentimiento hacia las autoridades"

Se mencionaba un sondeo realizado por el ejército donde se recogía que el 88% de los encuestados aseguraban que sus vidas se habían visto gravemente afectadas por la crisis, y un 75 por ciento decían que solo salían de sus casas si era absolutamente necesario. El 19% no salía de sus domicilios bajo ninguna circunstancia.

El panel advertía que la gente podría encontrar una cabeza de turco en un grupo social particular como los árabes, los ultraortodoxos o los extranjeros, inmigrantes ilegales y refugiados, quienes podrían llegar a pagar por la expansión de la pandemia y la crisis económica.

"El bienestar de la gente se ha dejado de lado para concentrarse en detener la propagación. Con la extensión de la cuarentena es necesario prestar atención y dar recursos a la gente para enfrentarse a la causa de las tensiones entre la gente", decía el documento, que advertía que si no se proporcionaban recursos, la gente podría levantarse contra el gobierno.

El panel recomendó al gobierno que contratara a miles de israelíes para trabajar en los hospitales y en unidades de seguridad comunitarias semejantes a las que funcionan en las poblaciones cercanas a la Franja de Gaza. También recomendaba que los soldados participaran en la distribución de alimentos y realizaran patrullas nocturnas.

Al gobierno le indicaba que debía adoptar una posición más relajada con la gente. "Menos munición y más compasión", sentenciaba. También le recomendaba que policías desarmados visitaran a los israelíes de más edad y que distribuyera alimentos por las tardes entre los musulmanes durante el mes de ramadán que empezó este viernes.

Según The Jerusalem Post, a pesar de la recomendación de que el ejército y la policía deberían actuar sin tanto rigor, el gobierno ha usado ampliamente la fuerza en otras protestas a gran escala, especialmente contra el sector árabe. En octubre de 2000, se aplastaron las protestas árabes con un coste de 13 civiles muertos en la Galilea poco antes de que estallara la segunda intifada.

jerusalén

26/04/2020 09:02

Publicado enInternacional