La caída del precio del petróleo afecta la aspiración releccionista de Donald Trump.Foto Ap

Las terapias esotéricas de Trump para lidiar con la pandemia lo tienen arrinconado. Pero no hay que subestimarlo cuando le quedan varios ases bajo la manga de aquí al 3 de noviembre (bit.ly/2VQOiuo).

Estrategas del Partido Republicano y el connotado politólogo Walter Russell Mead consideran que la “mejor apuesta de Trump para su relección es irse contra China ( on.wsj.com/3bDxrCb)”, al menos, de forma retórica.

Durante la guerra de precios entre su aliado Arabia Saudita (AS) y Rusia, las medidas contradictorias que tomó Trump –más bien, su yerno talmúdico Jared Kushner, quien maneja de manera ineficaz la triple agenda de: 1. AS/Medio Oriente, 2. México y 3. El combate al Covid-19, lo que resultó contraproducente y puso en agonía a la industria del petróleo/gas lutita (shale oil/gas) de Estados Unidos (EU), cuya viabilidad es sostenida con artificios por Wall Street (bit.ly/2yMahuY).

Los 38 votos electorales de Texas –segundo estado con el mayor PIB de EU, tras California–, sumados de la demografía mexicana, son demasiado importantes para descuidarlos sin rescatar a la industria del petróleo/gas lutita.

Se desprenden dos hipótesis: 1. La del célebre Scott Ritter (SR), que vislumbra una guerra de EU contra Irán para elevar el precio del barril a niveles donde sea viable la extracción del petróleo/gas lutita, entre 40 y 60 dólares el barril (bit.ly/3eQ9ucS); y 2. La de un servidor que contempla una teatral tensión paroxística sin llegar a la guerra.

SR, ex espía de los marines e inspector de la ONU en la guerra del Golfo, quien desmintió la posesión de "armas de destrucción masiva" de Irak, aduce que "en tiempo de la pandemia, EU se prepara para la guerra", cuando "la debilidad (sic) de Irán es gravemente exagerada".

Más allá de la vulgar "propaganda de guerra", SR comenta que "Irán está preparado para defenderse" y "cualquier movimiento de EU podría ser un pésimo cálculo con resultados devastadores".

SR refiere que el hoy secretario de Estado, Mike Pompeo, ex director de la CIA y "evangelista sionista" que defiende más los intereses de Israel que los de EU y Robert O’Brien, consejero de Seguridad Nacional, pugnan por una guerra contra Irán y su "cambio de régimen" cuando alucinan que las sanciones y la "máxima presión de EU" han desangrado al país persa.

Un operativo de EU contra las milicias chiítas en Irak, apoyadas por Teherán, pudiera ser el atractivo fatal para aniquilar a Irán.

En contraste, el comandante en Irak, Robert White, quien sí sabe de teatros de guerra, emitió una brutal advertencia para no desviarse de los objetivos primarios de EU en Irak (bit.ly/35gjd85).

A diferencia de los blufs de Trump y Pompeo, los iraníes aún no se emplean a fondo con sus nuevos misiles furtivos y sus novedades tecnológicas como su satélite militar Nur-1.

SR arguye que una nueva guerra de EU en Irak para atraer a Irán sería una "carnicería para todos" que, a mi juicio, el misticismo chiíta está dispuesto a tolerar, a diferencia de la sociedad hedonista de EU, que castigaría a Trump en las urnas funerarias y electorales.

Sólo bastaron las amenazas de Trump de represalias por un supuesto amago de embarcaciones iraníes en el Golfo Pérsico –que según la prensa iraní no existieron– para repuntar en 20 dólares el barril y romper su letal espiral, en medio de la hazaña tecnológica del país persa al irrumpir en la élite del Club Espacial de 10 países con la colocación en órbita de su satélite militar Nur-1 (bit.ly/2VVpbqE).

Ni a EU ni a Irán les conviene una guerra. Las posturas son prístinas: EU se encuentra a la ofensiva en el Golfo Pérsico, mientras Irán se ubica a la defensiva (bit.ly/2W0juYa).

A EU e Irán les conviene más una tensión paroxística de corte teatral/hollywoodense en el Golfo Pérsico para elevar geopolíticamente el precio del barril: uno de “los cinco precios del petróleo (bit.ly/3aEEU2C)”.

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Asesinan a otro líder comunitario en Colombia; suman 80 en el año

El líder comunitario y defensor ambiental Alejandro Llinás Suárez fue asesinado el viernes en la zona rural de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, en el norte de Colombia. El activista había denunciado en semanas recientes la presencia y el hostigamiento de grupos paramilitares.

Llinás Suárez era un defensor ambiental del Parque Tayrona. Según medios locales, varios individuos armados entraron en su finca y acabaron con su vida.

"Con profunda tristeza lamentamos el asesinato del líder de Colombia Humana en Santa Marta, Alejandro Llinás", publicó en su cuenta de Twitter el movimiento político Colombia Humana, liderado por el senador Gustavo Petro.

Hostigamiento paramilitar

Llinás Suárez fue "un defensor de su territorio, del ambiente y los recursos naturaleza. Pedimos justicia para que su asesinato no quede impune!", agregó la organización.

"La violencia política sigue cobrando vidas, triste realidad. Alejandro Llinás Suárez fue asesinado hoy en Calabazo, Santa Marta, Magdalena", tuiteó por su parte la activista Mariana Risaralda, que ha subrayado que Llinás Suárez "denunció la presencia y el hostigamiento de grupos paramilitares en la zona".

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de 2020 han sido asesinados más de 80 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. El gobierno ha contabilizado desde 2016 hasta abril de 2020 los asesinatos de 364 líderes sociales, de los cuales el 55 por ciento se encuentran ya bajo investigación.

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Domingo, 26 Abril 2020 07:36

Fuerza feminista

Fuerza feminista

Son tiempos agitados en América Latina. Eso ya era verdad antes de la emergencia de la pandemia global.

En octubre, un levantamiento de 11 días paralizó a Ecuador y una protesta estudiantil se convirtió en un estallido social prolongando en Chile. En noviembre la derecha tomó el poder en Bolivia, en diciembre Argentina volvió a ser gobernado por el kirchnerismo. Este año ya, asumieron nuevos presidentes en Guatemala y Uruguay. Y luego, vino la pandemia.

Pero en todo el continente, mientras cambiaban las caras de los gobernantes, ha habido una constante: las mujeres han tomado y han vuelto a tomar las calles de forma masiva, repudiando la deuda, el capital y la violencia. El 8-9 de marzo las mujeres mostraron que tienen una capacidad inmensa de lucha y despliegue de múltiples estrategias feministas en todo el continente.

En México, desde Ciudad Juárez hasta Tapachula, fuimos nosotras las que, de forma masiva, rechazamos la violencia y desafiamos el gobierno de la Cuarta Transformación.

En Santiago de Chile, salieron dos millones de mujeres y hombres a las calles el 8 de marzo en una huelga general, en apoyo a un programa feminista.

En Montevideo, fueron 350 mil mujeres en la calle, casi la mitad de las que viven en la capital uruguaya. Miles también tomaron las vías en la ciudad de Guatemala, denunciando el machismo, rememorando las víctimas de violencia, y clamando contra políticas de despojo.

El 9 de marzo, las mujeres armaron un paro en toda Argentina, con medio millón tan sólo en Buenos Aires. “La deuda es con nosotras y con nosotres, ni con el FMI ni con las iglesias”. Ese fue el lema bajo el cual cientos de miles mujeres se movilizaron allá. Fue el cuarto año de huelga feminista, un día de rebelión en medio de un año repleto de encuentros, asambleas y articulaciones entre mujeres.

En las ciudades más grandes de Bolivia, miles de mujeres se manifestaron el 8 de marzo, a pesar de una coyuntura polarizada y violenta. En Cochabamba, las mujeres salieron a las calles con el eslogan "no tenemos miedo, tenemos fuego".

A pocas semanas de las masivas concentraciones, marchas y juntas del 8-9 de marzo, vino lo que ahora vivimos: órdenes de cuarentena, toques de queda, distanciamiento social y estados de emergencia, a raíz de la llegada al continente de un nuevo virus sumamente contagioso y con efectos complicados y a veces letales en el cuerpo humano.

Las contradicciones, las tensiones y las injusticias se han ahondado en tiempos de pandemia. Hoy día, los temas al centro de la revolución feminista nunca han sido más relevantes.

"Nosotras en general con el movimiento feminista y el movimiento social dijimos no al pago de la deuda directamente, por ser deuda ilegítima por que la toma de deuda no pasó por el parlamento cuando es un requirimiento constitucional", me dijo Verónica Gago en una entrevista por Zoom desde Buenos Aires. La mayor parte de la deuda fue tomada por Maurico Macri durante los pasados cuatro años.

"Al escala global ahora hay una posibilidad de suspender la deuda, y además hay una necesidad acá de derivar fondos para el gasto social y público que hace actualmente imposible pensar a los términos de negociación anterior a la pandemia" dijo Gago, miembro del colectivo Ni Una Menos y autora del libro La potencia feminista.

Mientras que cuerpos envueltos en plástico se pudren en las calles de Guayaquil y los barrios marginados se militarizan, las redes de mujeres en Ecuador se siguen organizando. El Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas ha surgido como resultado de la revuelta de octubre y ahora es un nodo para coordinar mujeres en todo el país.

Las ollas populares, forma de protesta pública que a la vez es estrategia alimenticia, han vuelto a ser parte de la cotidianidad en Argentina y Uruguay, debido a la profunda crisis alimentaria actual.

A principios de la llegada de la pandemia, el gobierno de Luis Lacalle Pou decretó alzas en las tarifas de luz, agua y telefonía. "Después de 15 años de progresismo, regresaron las ollas en 15 días", me comentó Mariana Menendez, feminista uruguaya e integrante del colectivo Minervas en la ciudad de Montevideo.

En Chile, el movimiento feminista ha sido central en el sostenimiento del estallido social.

"Lo que abre la revuelta en Chile desde el 18 de octubre, marca de manera muy radical una idea, que es que la vida en su conjunto es la que estaba en cuestión, la forma en la que se organizaba la vida en Chile" me comentó Javiera Manzi de la Coordinadora Feminista 8m desde Santiago. "Y eso es precisamente lo que nosotras veníamos hablando cuando nos referíamos a la reorganización de la vida".

No queda duda que las ideas sobre el cuidado y la reproducción de la vida se han vuelto todavía más centrales con la pandemia. La historia de la lucha abierta en América Latina durante los pasados años nos deja en claro que serán las mujeres, algunas feministas pero todas movilizadas, las que marquen el paso y las formas de seguir transformando la sociedad y la economía.

Por Dawn Marie Paley, periodista canadiense y autora de Capitalismo antidrogas: Una guerra contra el pueblo (Libertad Bajo Palabra, 2018).

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La débil reacción fiscal frente al coronavirus

Una revisión de las medidas económicas más fuertes tomados por el gobierno nacional desnudan la pequeñez e insuficiencia de la inversión pública en nuestro país, así como la incomprensión del potencial de la crisis que golpea a nuestro país, como parte de un sistema global también afectado en su integridad.

Gasto público como porcentaje del PIB en respuesta al Coronavirus

Alemania  28
 Italia  20
 España 16
 Francia  15
 Bélgica 14
 Austria  10
 USA9
 Polonia9
Suecia9
Colombia2

Fuente: Oxford Economics.

 

La respuesta de los países al Coronavirus ha sido muy diferente. En el cuadro se presenta el gasto público que cada gobierno estima destinar para combatir la pandemia. Las cifras corresponden a porcentajes del PIB de cada país. De lejos, el mayor gasto es el de Alemania (28% del PIB). Le siguen Italia (20%) y España (16%). Hasta ahora el costo de las medidas que el gobierno colombiano ha anunciado, sumando los gastos de las administraciones locales, podría llegar a 20 billones de pesos, que más o menos corresponde a 2 por ciento del PIB. Comparado con otros países, es clarísimo que los estímulos son mínimos. Parecería que el Gobierno todavía no se hubiera percatado de la gravedad de la crisis.

Cada gobierno percibe el contagio de manera distinta, y por esta razón las respuestas no son homogéneas. El cuadro refleja, además, el músculo financiero de las políticas fiscales. Mientras que en Alemania, el gasto público total, como porcentaje del PIB es cercano al 60 por ciento en Colombia apenas llega al 19 por ciento. La brecha es significativa y refleja la confianza que tiene la sociedad alemana en la acción del Estado, y el profundo desprecio que existe en Colombia por lo público. En momentos de crisis como la actual se siente con mayor fuerza la falta que hace la protección del Estado. En Colombia es evidente la debilidad de lo social.

Recursos para las empresas o para los ciudadanos

El debate ha sido muy álgido sobre los beneficiarios de los recursos. En Estados Unidos, de los 9 puntos del PIB destinado para enfrentar la crisis, 5 irán para apalancar los créditos y darle garantías a los bancos. En Colombia se ha privilegiado la financiación de la salud y la atención a los más vulnerables, pero de nuevo queda en evidencia la debilidad de la infraestructura hospitalaria, y la falta de cobertura efectiva. Y en cuanto a las personas pobres, por ahora la atención recae en Familias en Acción –que cobija a 2,6 millones de hogares–, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción. Esta semana comenzó la devolución del IVA a las familias de menos recursos (75 mil pesos por familia cada dos meses). Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) está distribuyendo mercados a las familias que tienen niños en las guarderías. El gobierno nacional, siguiendo el ejemplo de Bogotá Solidaria, está armando un programa que se llama Ingreso Solidario, para atender a las personas vulnerables que hasta ahora no están en las bases de datos de los programas sociales mencionados. Este proceso apenas está comenzando, y se están tratando de mejorar las bases de datos.

La reacción de los gobiernos locales ha sido muy heterogénea. Pero, en general, se ha tratado de atender rápidamente a la población vulnerable, para evitar que el desespero del hambre lleve al vandalismo. Las ciudades grandes (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) tienen mayor músculo financiero, y le dan prioridad a la distribución de alimentos. Para complementar los programas nacionales, en Bogotá, por ejemplo, la Secretaría de Educación comenzó a entregar mercados de 50 mil pesos por niño matriculado, a través del Éxito y de tiendas de barrio. Y está comenzando el programa Bogotá Solidaria, que busca atender a quienes tienen necesidades urgentes pero no están inscritas en los programas regulares. Son personas pobres que viven del día a día, y que no están en los registros usuales del Distrito. En general ha sido notoria la dificultad para lograr una buena focalización de la población más vulnerable.

Fuera de las grandes ciudades, el margen de maniobra que tienen los municipios, y los departamentos, es muy bajo. Por esta razón tienen que depender de los recursos nacionales. En los departamentos y municipios se están ejecutando programas como Familias en Acción. Y se están haciendo ajustes para implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Parte de las dificultades logísticas se originan en que el Gobierno decretó el comienzo de vacaciones el 16 de marzo, y de acuerdo con las normas vigentes no se podría dar alimentos a niños y jóvenes que estén en vacaciones. En Bogotá ha sido distinto, porque no hay vacaciones, y se ha mantenido el aprendizaje en la casa. Se ha buscado que los estudiantes no interrumpan el proceso educativo.
La pandemia ha puesto en evidencia las limitaciones de los registros administrativos, que eran razonablemente buenos para cálculos estadísticos, pero no son adecuados para distribuir subsidios, porque se requiere la plena identificación del beneficiario. De todas maneras, los recursos que les están entregando a las familias no son suficientes. Los subsidios nunca han garantizado el sostenimiento de los hogares, porque en condiciones normales pueden obtener ingresos adicionales. Es absurdo pretender que una familia pueda vivir únicamente con los subsidios.

Hay mucha duda sobre las ayudas por darle a los grupos medios de la población (estratos 3 y 4), que también están sintiendo el impacto de la crisis. Por ahora, se están buscando alternativas para aligerar los créditos y el pago de servicios públicos. El Gobierno está analizando la posibilidad de darle subsidios a los trabajadores formales, pero aún no toma una decisión clara.

En Colombia todavía no le han dado subsidios directos a las empresas, y le han pedido a los bancos que sean más flexibles con los créditos. Y para estimular esta política el Banco de la República bajó la tasa de interés de referencia anual de 4,25 por ciento a 3,75, y se recapitalizó el Fondo Nacional de Garantías. No obstante esta reducción, los bancos comerciales siguen cobrando intereses muy altos (25% en tarjetas de crédito). A pesar de los esfuerzos que ha hecho el Banco de la República, los bancos comerciales no bajan las tasas de manera importante. En medio de la crisis le están proponiendo a los clientes ampliar los plazos, pero no han tomado decisiones que, efectivamente, alivien la situación de los deudores. El sector financiero, que ha sido uno de los grandes favorecidos en los últimos 10 años del desempeño de la economía, todavía no está dispuesto a reducir sus enormes ganancias. Si mantiene esta posición obstinada, también tendrán problemas cuando las familias no les puedan pagar.

El decreto 444 y la reacción airada de los gobiernos locales

De manera inconsulta, el Gobierno expidió el decreto 444, mediante el cual crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), que se nutre de dos fuentes que tienen su origen en las regalías. Por un lado, el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y, por el otro, el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Entre estas dos fuentes suman unos 14 billones de pesos. El Decreto dice que estos recursos, que son de los departamentos y de los municipios, serán tomados en calidad de préstamo. Varios gobernantes locales, como Claudia López en Bogotá, y Carlos Caicedo en el Magdalena, reaccionaron en contra, porque consideran que esta decisión es unilateral y abusiva. Desde su perspectiva, las administraciones locales necesitan estos dineros para poder responder a la emergencia.

Además, los usos que tendrán los recursos del Fome no son claros. En el Decreto se dice que podrán servir para apalancar las necesidades financieras de los bancos e intermediarios financieros. Como lo ha señalado el gobernador del Magdalena, se debería mirar el ejemplo de Islandia, que en lugar de entregarle la plata directamente a los bancos, se la transfirió a los deudores para que le pagaran a los bancos, y pudieran conservar sus activos.

 


El uso de las reservas

 

Llegó el momento de volver la mirada hacia las reservas internacionales. Colombia tiene en el exterior –sobre todo en bonos del Tesoro de los Estados Unidos– 53 mil millones de dólares. El país puede utilizar de manera responsable parte de estos recursos, digamos 5 mil millones de dólares, que serían equivalente a 20 billones de pesos.

El Banco de la República se niega a hacer operaciones heterodoxas, pero en medio de la crisis hay que seguir el ejemplo de otros bancos del mundo, que también lo hacen. Es factible, además, que en las circunstancias actuales el Banco le haga préstamos directos al Gobierno.

Un impuesto urgente al patrimonio

Dadas las condiciones excepcionales de la emergencia, podría decretarse de manera inmediata un impuesto al patrimonio que sea progresivo, de tal forma que la tarifa vaya creciendo con el valor del patrimonio. Esta medida favorece la distribución del ingreso y permite fortalecer las finanzas públicas.

La crisis desprendió inmensos retos para el gobierno nacional y éste aún no responde al nivel requerido; de proseguir así los efecto negativos de su proceder serán más fuertes no solo en el corto sino también en el mediano y largo plazo, cuando el impacto de la anunciada recesión haya golpeado con todo su potencial al conjunto social.

 

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6 de abril de 2020

 

 

Periódico desdeabajo Nº267, pdf interactivo

 

 

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Publicado enEdición Nº267
La erradicación forzosa de plantaciones de coca en Colombia, una chispa en medio de la pandemia

El Gobierno de Iván Duque intensifica el combate contra los cultivos ilícitos en la cuarentena, mientras productores cocaleros salen de sus casas a impedirlo y se enfrentan a la Policía. Ya hay dos muertos

Mientras las grandes ciudades en Colombia están volcadas a la crisis del coronavirus, en el campo colombiano se libra otra batalla que ya ha dejado dos cultivadores de hoja de coca muertos y un policía herido. De acuerdo con varias asociaciones de productores, durante la cuarentena el Gobierno de Iván Duque ha intensificado la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y los campesinos han salido de sus casas, donde cumplen el aislamiento obligatorio, para evitar que les arranquen las hojas.

El miércoles fue el indígena Ángel Artemio Nastacuas quien murió en Tumaco, sur del país, después de enfrentamientos con la Fuerza Pública que acompaña a las brigadas encargadas de la erradicación; pero la resistencia se ha presentado en varias regiones. En el otro extremo, en la frontera con Venezuela, el 26 de marzo la víctima mortal fue Alejandro Carvajal, un caso por el que se investiga a un soldado que le disparó con su arma de dotación.

La Coalición de Acciones para el Cambio, que reúne a 11 organizaciones civiles del país ha detectado que durante el aislamiento obligatorio por la covid-19, el Ejército ha realizado operativos de erradicación forzada en siete departamentos. La organización solicitó al Ministerio de Defensa que se suspendan para “garantizar el derecho a la salud y a la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas”. El Ministerio les respondió que no interrumpirán las operaciones militares.

Colombia tiene 169.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, a cierre de 2018, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci). Dada la magnitud del fenómeno, el acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas FARC contempló un programa de sustitución voluntaria de la coca en algunos de los territorios con más sembrados. Cerca de 100.000 familias campesinas se acogieron a él y arrancaron sus propias matas a la espera de lo prometido por el Estado. Sin embargo, la transición entre la Administración de Juan Manuel Santos y la de Iván Duque supuso un viraje de la política antidroga. El actual Gobierno privilegió la erradicación forzosa en lugar de la sustitución voluntaria, y apostó por el prohibicionismo y el retorno de la aspersión aérea.

Desde la frontera con Venezuela, Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Acamcat), cuenta que muchos de los que hoy “se van detrás del Ejército a impedir la erradicación” son campesinos que creyeron en el Gobierno, firmaron los acuerdos colectivos de sustitución de cultivos en 2018 y, tras sentirse abandonados y sin sustento económico, volvieron a sembrar cultivos ilícitos. “En Sardinata, Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela, son cerca de 1.500 familias productoras de hoja de coca que se habían comprometido a sustituir. Ni el Gobierno de Santos ni el de Duque han hecho la tarea completa ni han cumplido con la segunda parte del proceso”, afirma. Precisamente estos productores llevaban varios días de protesta en las carreteras cuando el Ejecutivo decretó la cuarentena por el coronavirus. Por temor al virus decidieron detener las manifestaciones y aislarse en sus casas.

La preocupación por un posible contagio de coronavirus es otra de las razones que argumentan los pobladores para pedir que se detengan las erradicaciones forzosas. Temen que los erradicadores, civiles contratados por el Gobierno, les lleven el virus desde las ciudades. Y a su manera, intentan protegerse de la covid-19. En El Capricho, un pequeño poblado del selvático departamento del Guaviare, los campesinos instalaron un puesto de control donde desinfectan a los vehículos que abastecen de comida y la ponen en cuarentena durante 12 horas en una casa. En esa zona, como explica Olmes Rodríguez, líder de Asocapricho, antes raspachín de hoja de coca y ahora defensor de bosques, unas 6.000 familias cambiaron sus cultivos de forma voluntaria pero luego no les cumplieron con el dinero para el recambio a otros productos.

La realidad es similar en los departamentos de Córdoba, Chocó, Cauca y Caquetá, pero en otras zonas como Putumayo y Nariño, en frontera con Ecuador, la violencia de los grupos armados suma dramatismo a la ecuación. Durante los primeros días de la cuarentena fue asesinado en Putumayo, Marco Rivadeneira, uno de los líderes más visibles de la sustitución de cultivos ilícitos. Los armados les cobran a los líderes haber intentado abandonar la hoja de coca. Y en Nariño, los choques entre los cocaleros y el Ejército cada vez son más fuertes. “Nunca la erradicación forzada va a ser la salida para enfrentar este flagelo, la violencia siempre va a generar más violencia. Hoy tenemos que enfrentar el riesgo de una pandemia como la covid-19, las amenazas por la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales y las agresiones desmedidas contra los indígenas”, expresó a través de un comunicado la Unidad Indígena del Pueblo Awá y exigió investigaciones tras la muerte de su compañero en el cultivo de hoja de coca.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 23 abr 2020 - 12:42 COT

Publicado enColombia
Bolsonaro sigue quemando etapas para provocar el autogolpe en Brasil

El presidente brasileño cesa al máximo jefe de la policía en un intento de tener el control del cuerpo. Con este gesto genera una crisis probablemente irreversible con Sérgio Moro, el popular ministro de Justicia y uno de sus pilares de gobierno. La actitud de Bolsonaro  afirma la línea que avanza un autogolpe militar provocado por el círculo de confianza del presidente.

Hace apenas una semana el presidente brasileño defenestró a su ministro de Salud, Luíz Henrique Mandetta, político que había cobrado prestigio social desde que adoptara las normativas prescritas por la Organización Mundia de la Salud en el combate al coronavirus. El sanitarista mantenía notorias discrepancias con el ex capitán al frente del gobierno, que en el tema coronavirus es un consumado negacionista.

Su destitución fue una decisión en solitario del gobernante que ─según los medios brasileños─ no habría contado con el apoyo del círculo de militares que acompañan su gestión y ni siquiera con el de sus colaboradores cercanos, entre ellos los ministros de Economía y de Justicia, Paulo Guedes y Sérgio Moro, que ha dimitido pasadas las 16h de la tarde hora española. Todos se manifestaron a favor de las directrices de Mandetta ante la pandemia, eso sí, teniendo la precaución de no desmentir en público las tesis radicalmente contrarias de Bolsonaro. Hay que tener en cuenta que Guedes y Moro constituyen dos soportes de sustentación del gobierno del ex militar.

Hoy, 24 de abril, Bolsonaro ha decidido dar otro golpe en la mesa relevando al jefe de la Policía Federal, Mauricio Valeixo. Lo hace tal vez reforzado por la manifestación de sus leales frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia, el pasado domingo 19. Se convocaron en su apoyo y en explícita demanda de una asonada militar, una de las líneas en desarrollo en el complejo escenario político brasileño.

Las consignas coreadas no dejaron lugar a dudas: exigían la supresión de las instituciones del Estado ─explícitamente del Supremo Tribunal Federal (STF) y del congreso nacional─ y la instauración de una dictadura, a cuyo frente solicitaban al propio Bolsonaro, en el formato de la inaugurada en el país en 1964. Entre otras consignas, cabe destacar una en favor del Acta Institucional 5 (AI-5), que ─en aquella época─ dio poderes extraordinarios al presidente, suspendió las garantías individuales y, solapándose a la Constitución, suprimió, de hecho, su vigencia.

El mandatario salió al encuentro de sus seguidores y, desde la caja de una camioneta policial respondió en su tono habitual, con un breve discurso cuya síntesis extractamos: “Estoy aquí porque creo en vosotros y en Brasil. Nosotros no queremos negociar nada, queremos una acción en favor del país y un nuevo Brasil. Hay que ser patriota y poner a Brasil en el lugar que se merece. Se acabó el tiempo de la indignidad, ahora es el pueblo quien está en el poder”.

El episodio desencadenó una reacción unánime en contra del Supremo Tribunal Federal, de las asociaciones de abogados y jueces, los políticos brasileños y las entidades defensoras de las libertades y los derechos humanos. Como muestra, el tweet de Gilmar Mendes, uno de los jueces del STF: “La crisis del coronavirus solo será superada con responsabilidad política, con la unión de todos y la solidaridad. Invocar el AI-5 y el retorno de la dictadura es romper el compromiso con la Constitución y con el orden democrático. Dictadura Nunca Más”.

UNA HISTORIA EN CAPÍTULOS

En este marco se produce el relevo del jefe de la policía federal. Pero sucede que este alto mando es hombre de extrema confianza de Sérgio Moro, quien lo nombró en el cargo. Hay que recordar que el ex juez federal y actual titular de Justicia fue el articulador de la Operación Lava Jato, iniciativa judicial rodeada de un aura de cruzada moralizante. La gesta ha acarreado al ahora ministro Sérgio Moro un amplio apoyo y prestigio social, superior al que detenta el presidente.

La historia que acaba con la destitución del jefe policial tiene recorrido. Se inicia en agosto de 2019, cuando Bolsonaro anuncia que “por problemas de productividad” cambiaría a Ricardo Saadi, Jefe de la Policía Federal en Río de Janeiro (ámbito de actuación por excelencia de la mafia bolsonarista) y a renglón seguido intentó colocar en su lugar a Alexandre Silva Saraiva, jefe de la PF en Amazonas. Pero este movimiento suscitó la reacción negativa de la corporación policial y del ministro de Justicia Sérgio Moro, quienes estaban a favor de la designación de Henrique Oliveira Sousa, procedente de la PF de Pernambuco.

La disputa con Bolsonaro duró cerca de tres meses y hasta provocó uno de los proverbiales exabruptos del ex militar, “Si Moro quiere ese cambio va a tener que hablar conmigo. Quien manda aquí soy yo y lo quiero dejar bien claro”. Sin embargo, finalmente el presidente dio marcha atrás y quien tomó posesión fue el candidato de Moro y del cuerpo policial.

Bolsonaro y su clan ─integrado por sus hijos y un grupo cerrado son conscientes de su vulnerabilidad. Su implicación en el asesinato de Marielle Franco y su chófer Ánderson Gomes es algo sobre lo que pocos dudan, así como que son los articuladores y legitimadores políticos de Las Milicias, una vasta red delictiva, parapolicial y paramilitar que opera en el Estado de Río de Janeiro. También es casi de dominio público la vinculación de los Bolsonaro con la llamada Oficina del Crimen, cuyo responsable más visible –el ex capitán Adriano Magalhães da Nôbrega- fuera asesinado hace poco tiempo en una truculenta operación policial, en evidente clave de “quema de archivo”.

EN PELIGRO LA CARRERA DEL PRESIDENTE Y DE SU PROPIO ENTORNO

Según diversos analistas brasileños, si alguien de la cúpula institucional –judicial y/o policial- pusiera alguna voluntad de esclarecimiento podría demostrar sin mayores dificultades la responsabilidad directa de Bolsonaro y los suyos en este extenso magma criminal y delictivo. Equivale a decir que el juez Moro y el Jefe de la Policía Federal que acaba de ser destituido, tienen al presidente y a su clan en un puño y eso es intolerable para Bolsonaro.

Para colmo, en los últimos días un elemento emergente agravó este cuadro de amenaza sobre el ex militar y su círculo áulico: la policía federal investigó una fuente de fake news a cuyo frente estarían los hijos del presidente, destinada a atacar a los adversarios políticos del bolsonarismo. Y las pesquisas habrían llegado a pruebas concluyentes de que este “gabinete del odio” estaría promovido directamente desde la casa de gobierno, en Brasília.

Esta habría sido la gota que rebalsó el vaso y llevó a Bolsonaro a fulminar al máximo jefe policial, parece evidente que sintió que estaba en juego la supervivencia de su clan y de él mismo. El ex capitán, que pocos días atrás no vaciló en quitarse de encima al “estorbo Mandetta” para seguir sin impedimentos con su política negacionista del coronavirus ─por imperativos quizá aún más acuciantes─ ahora se mueve para reemplazar al jefe policial por un mando de su confianza, cuyo nombre aún no es público.

A esta situación, se suma un agravante que amplifica el sino de Espada de Damocles sobre la cabeza del presidente: las conocidas pretensiones de Sérgio Moro de presentarse a las elecciones de 2022, en las que disputaría a Bolsonaro la presidencia del país. Fácil es deducir que poco costaría a Moro destrabar las investigaciones policiales sobre los delitos de la cofradía y así ─por la vía judicial─ quitar de en medio al desequilibrado mandatario. Después de todo, el ex juez ya probó con Lula su habilidad para sacar de la carrera a un candidato que podría haber disputado la presidencia a Bolsonaro, con buenas posibilidades de éxito.

EN LAS ÚLTIMAS HORAS CIRCULAN RUMORES ENCONTRADOS

La situación aún es confusa. Las versiones más consolidadas afirman que Moro ha presentado al presidente su renuncia irrevocable. Esto constituye un problema para Bolsonaro y la cúpula militar que le circunda. Que renuncie el ministro de mayor prestigio da mala imagen y debilita al gobierno, por ello tanto Bolsonaro como los generales Walter Souza Braga Netto y Luiz Eduardo Ramos ─muy próximos al ejecutivo─- estarían intentando hacer desistir de su decisión al ministro Moro. Y aquí los medios brasileños se dividen: algunos sostienen que el ministro estaría decidido a dimitir y otros, que el ministro aceptaría quedarse a condición de nombrar al sustituto del alto jefe policial. Afirman que su candidato sería el director de la Depen, Fabiano Bordignon. Por otra parte, Bolsonaro no desistiría de ser él quien imponga al nuevo mando y sería favorable a la designación de Alexandre Ramagen director general de la Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia) o, en su defecto, del secretario de Seguridad Pública de Brasília, Anderson Torres. Y, yendo más lejos, otros medios afirman que Bolsonaro estaría dispuesto incluso a prescindir del ministro Moro y ya tendría el nombre de su sustituto ─sería Jorge Oliveira, de la secretaria general de la presidencia─ en caso de que el ex juez se mostrase irreductible a negociar el nombramiento del próximo jefe de la policía militar.

En las próximas horas se dirimirá el episodio, pero de lo que no cabe duda es que esta jugada implica una conmoción en el interior del gobierno. La biografía de Jair Bolsonaro lo retrata como un hombre de audacia, al límite de la cordura. Jugar con fuego le pone y el paso que acaba de dar podría interpretarse como un nuevo avance en favor del (auto)golpe que sus más fieles le instigan a dar. Para más inri, habría un segundo frente de conflicto en la cúpula gubernamental y sería con el ministro de Hacienda Paulo Guedes, el otro pilar del gobierno Bolsonaro. Algunos de sus proyectos estratégicos estarían siendo congelados en los cajones del escritorio presidencial y se rumorea que el presidente ya no está tan convencido de la eficacia de las recetas hÍper neoliberales del ministro para dar una salida consistente a la mayor recesión en la historia del país.

La analista del periódico O Globo, Miriam Leitão, en su columna de hoy, compara la crisis del gobierno Bolsonaro con la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Sin augurar cualquier desenlace final, afirma que el presidente habría decidido atacar a los dos pilares de sustentación del actual gobierno: los ministros Sérgio Moro y Paulo Guedes.

ACTUALIZADO TRAS LA RUEDA DE PRENSA DE MORO

El ministro de Justicia renunció sí, pero cayó tirando y dejó el camino expedito para un impeachment al presidente Jair Bolsonaro. En la rueda de prensa que acaba de dar en la tarde del 24 de abril ante los periodistas en que anunció su decisión, acusó al presidente de haber cometido crimen de responsabilidad al destituir al director de la Policía federal, para reemplazarlo por alguien en quien confiase, que le pase información confidencial sobre las investigaciones de crímenes protagonizados por su familia. Más claro, agua.

Y, hasta confidenció que Bolsonaro se lo habría dicho sin tapujos: “el presidente me comentó que pretendía nombrar al nuevo cargo, para poder tener informaciones personales. Y eso no es función de la Policía Federal”, denunció. “Tampoco es función del presidente, tener comunicaciones permanentes para obtener informaciones personales. Ese es un valor fundamental que debemos preservar dentro de un estado democrático de derecho”, agregó.

De pasada, hizo un elogio explícito a la gestión en ese ámbito de la depuesta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, reconociéndole haber dado autonomía e independencia a la Policía Federal durante el período de la Operación Lava Jato, que comandara el propio Moro. Como para no dejar dudas respecto a la intención de sus declaraciones, acrecentó: “Tenemos que garantizar la autonomía de la Policía Federal contra las interferencias políticas”. A renglón seguido, se refirió directamente a Bolsonaro: “Me había garantizado autonomía”. Y aseguró que él no se habría opuesto a la sustitución del director de la Policía Federal, si hubiera habido causas consistentes para ello, “pero no puedo concordar con esto, voy a empaquetar mis cosas y a presentar mi carta de renuncia”, concluyó, recibiendo un fuerte aplauso de los periodistas presentes.

Por ALBERTO AZCÁRATE

24 ABR 2020 14:34

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Pacientes de coronavirus en un hospital temporal convertido en un centro deportivo en Wuhan durante el mes febrero Xiao Yijiu/AP

Un grupo de vecinos críticos en la capital donde empezó a propagarse el coronavirus intentan organizarse para pedir respuestas. O al menos una disculpa

A principios de enero, Hu Aizhen, de 65 años, oyó hablar de un coronavirus nuevo que comenzaba a circular por la ciudad en la que vive, Wuhan. No se preocupó, las autoridades decían que no era contagioso. Siguió con su vida y organizó su celebración del Año Nuevo lunar a finales de mes.

Poco antes de que el gobierno decidiera confinar la ciudad, Hu desarrolló síntomas de neumonía. Tras días esperando y buscando un hospital, logró que le hicieran una prueba. Dio negativo pero se sabía que las pruebas no eran del todo precisas y sus síntomas eran evidentes. Dio igual. En seis hospitales diferentes se negaron a tratarla.

Hu, que siempre ha disfrutado de buena salud, se quedó durante 10 días en casa. No podía comer ni beber y su salud empeoraba. Cuando notó que cruzaba una línea roja, su hijo intentó llevarla a un hospital de otro distrito pero la policía se lo impidió. Siguiendo las normas del confinamiento, no podía salir de su zona. Su hijo, desesperado, gritó a los policías: "¿Acaso no sois personas?".

Cuando logró que la admitieran en un hospital, el 8 de febrero, a duras penas respiraba. Un médico ordenó que repitieran la prueba pero era demasiado tarde. Ya sólo recuperaría la consciencia durante un momento, pidiéndole agua a su hijo. Después, falleció.

Ahora, su hijo ha presentado una demanda contra el gobierno local de Wuhan, al que acusa de haber ocultado la gravedad del virus, entre otras cosas. The Guardian ha tenido acceso a la demanda, preparada por Funeng, una ONG con sede en la ciudad de Changsha, capital de Huan.

No está solo. Forma pare de un pequeño pero ya relevante grupo de ciudadanos que pide respuestas –al menos una disculpa- de las autoridades que tardaron en semanas en avisar a la población de la amenaza de un virus que se ha cobrado al menos 4.500 vidas en China, según el recuento oficial de su Gobierno.

Otras personas que han optado por la misma vía son, por ejemplo, un funcionario que demanda a la administración provincial de Hubei o una madre que pide castigar a varios funcionarios por limitarse a mirar mientras su hija de 24 años moría, víctima del virus. Un hijo que después de lograr que su madre, desvaneciéndose, llegara a un hospital en las afueras de Wuhan e ingresara en cuidados intensivos, fue a casa a recoger algo y no tuvo ni tiempo de regresar a llevárselo. Recibió una llamada del hospital que le anunciaba la muerte de su madre.

"Nada de esto habría sucedido si nos hubieran avisado. No tendría que haber muerto tanta gente", afirma uno de los parientes de personas fallecidas implicadas en la demanda. "Quiero una respuesta. Quiero que los responsables sean castigados de acuerdo con la ley", exige otro.

Un resentimiento eclipsado por la propaganda

A medida que la infección se expandía por China, cuando se llegó a un pico de transmisión con miles de casos confirmados cada día, el enfado entre la ciudadanía alcanzó niveles no vistos en décadas y plantearon una amenaza real al Gobierno del Partido Comunista. En febrero, cuando falleció el doctor Li Wenliang, que había filtrado las primeras noticias sobre el virus, los censores ya no eran capaces de frenar la marea de protestas que se extendía por la red. Fue un momento que algunos compararon con la muerte de Hu Yaobang, que precipitaría el derramamiento de sangre de 1989 tras las protestas de la Plaza de Tiananmen.

Poco más de dos meses después, ese resentimiento es mucho menos visible. Historias como la de Hu Aizhen han sido sustituidas por relatos positivos, los de un país unido para vencer al virus, que envía al resto del mundo los suministros que necesita y se enfrenta a los ataques malintencionados de Estados Unidos y otros países empeñados en culpar a Pekín por el estallido de la Covid-19.

Shi, activista en defensa de los derechos humanos que vive en la provincia de Hubei, de la que Wuhan es capital, dice que "la gente se deja llevar por la propaganda con facilidad. Una vez mejoró la situación provocada por la epidemia y la maquinaria propagandística echó a andar, han cambiado las tornas. Ahora la gente dice que el fuerte liderazgo mostrado por el partido es positivo".

Cuando la normalidad, aún con cierta lentitud, ya se instala de vuelta, las autoridades vigilan estrechamente a aquellos que puedan albergar resentimiento. Zhang Hai, de 50 años, que perdió a su padre por el virus en febrero, formaba parte de un grupo en WeChat en el que participan más de 100 personas que perdieron familiares por el virus.

A finales de marzo les dijeron que podrían recoger los restos de sus seres queridos de las funerarias. No podían juntarse más de cinco personas al mismo tiempo y tenían que ir acompañados por un representante del gobierno local. Zhang se negó a ir. Poco después, el administrador del grupo recibió un aviso de la policía y alguien borró el grupo. Zhang, que pide una disculpa del Gobierno, dice que  hay "muchas familias muy enfadas" y "ahora todo el mundo trata de ser muy cuidadoso".

Tan Jun, funcionario en Yichang, en la misma provincia de Hubei, presentó una demanda este mismo mes acusando al Gobierno regional de ocultar el brote del virus. La policía publicó una copia en línea. Tan confirmó la demanda pero prefirió no conceder una entrevista. Otros habitantes de Wuhan aseguraron a The Guardian  que la policía local los había intimidado y obligado a prometer que no hablarían.

En un artículo publicado en varias cuentas de WeChat, Tan dijo:"Hay que depurar responsabilidades. Como habitante de Hubei, creo que es necesario dar la cara y pedir al gobierno de Hubei que asuma su responsabilidad". El artículo fue borrado posteriormente.

El Gobierno central desvía la atención

El Gobierno central ha sustituido a algunos funcionarios locales. Quienes conocen el régimen saben que se trata de una vieja táctica para desviar las culpa del Gobierno central. Pero algunos ciudadanos creen que no es suficiente.

Wu, una mujer de 49 años que afirma haber contraído el virus en enero y no haber sido diagnosticada hasta marzo, dice que "eso no es asunción de responsabilidades sino un mero lavado de cara". En el hospital vio gente morir. incluso en la cama de al lado. Acaba de saber que una compañera de clase que se infectó al mismo tiempo que ella acaba de fallecer.

"Cuando estaba en cama pensando que podía morir pronto, me dije: ¿Cómo ha sucedido esto?", recuerda Wu, que demanda al hospital por no confirmar que era paciente de coronavirus cuando recibió el alta. "El común de los ciudadanos tiene un acceso limitado a información real. Confiamos en el Gobierno. Creemos en lo que dice".

La disidencia se expande por otros métodos. Docenas de tenderos en un centro comercial de Wuhan se manifestaron este mismo mes exigiendo rebajas en sus alquileres tras meses de cierre forzado. En Yingcheng, una ciudad al oeste de Wuhan, los habitantes en confinamiento protestaron contra los precios de la comida impuestos por el Gobierno. Uno de los manifestante ha sido, aparentemente, detenido.

Xie Yanyi, abogado defensor de los derechos humanos en Pekín, cree que "la gente ha despertado. No me cabe duda". Xie ha pedido información al Gobierno sobre el origen del virus y las razones de los retrasos a la hora de informar a la ciudadanía del brote. "Puede que no sean tantos, pero la Historia nos muestra que hay una minoría capaz de cambiarla".

La mayor parte de los habitantes de Wuhan están más tranquilos porque parece que lo peor de la epidemia ha pasado y ven que ahora son otros los países que luchan por contenerla. Los trabajadores esperan en fila en el exterior de algunos edificios para que les tomen muestras de tejido de la garganta y asegurar que no están infectados antes de regresar al trabajo.

En Hankou, un barrio frente al río, una pareja se besa ante el espectáculo que ofrecen los rascacielos y sus mensajes luminosos. Muchos de los habitantes de la ciudad dicen que están agradecidos por lo que el Gobierno ha hecho.

En opinión de Yan Zhanqing, cofundador de Funeng, las posibilidades de casos como el de Hu sean aceptados a trámite y lleguen a juicio son pocas. Es más probable que quienes han presentado las demandas reciban presiones y sufran intimidación. En algunos casos concretos podría reconocerse indemnizaciones económicas, una forma de disculpa.

"Los casos sirven para poner algo de presión sobre el Gobierno y que cada vez más gente sea consciente de que tiene derechos y el Gobierno tiene responsabilidades" explica Yan. "Es también un modo de documentar la historia, de que más gente conozca la verdad y no sólo la versión oficial de lo sucedido en Wuhan".

 Por Lily Kuo - Wuhan (China)

20/04/2020 - 21:56h

Traducido por Alberto Arce

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El Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman / REUTERS

A punto de expirar las dos semanas del alto el fuego unilateral en Yemen decretado por el príncipe Mohammad bin Salman (MBS), los hutíes han calificado de tregua "falsa y engañosa". Ante la manifiesta debilidad de Riad, los hutíes exigen medidas concretas, como el levantamiento del cerco y el pago de compensaciones por el daño causado durante cinco años de guerra.

El 8 de abril Arabia Saudí anunció un alto el fuego de dos semanas en la guerra de Yemen, un conflicto que dura más de cinco años y se ha cobrado más de 100.000 vidas además de causar una terrible situación para los 28 millones de habitantes, que también han soportado un desastre humanitario tras otro. Se trata de una tregua temporal que en principio podría conducir a otra más prolongada o incluso al final de la guerra.

Arabia Saudí se ha metido en un montón de problemas dentro y fuera del país en los últimos años. El príncipe Mohammed bin Salman ha conducido una política exterior desastrosa, y en cuanto a la política interior, sus maneras han encontrado resistencia en sectores de la familia real, obligando a MBS a actuar con rigor y energía contra los disidentes.

Su iniciativa de parar la guerra unos días se interpreta en numerosos medios como un intento de enmendar una de sus mayores equivocaciones. Existen dos puntos que explican esta medida: por un lado, en los próximos meses Riad acogerá la cumbre del G-20, y MBS está obligado a evitar un desastre monumental que lo dejaría completamente desnudo.

En segundo lugar, se le atribuye cierto pánico comprensible si se tiene en cuenta que a día de hoy no se puede descartar que el demócrata Joe Biden derrote a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Si esto ocurriera, el panorama del príncipe, cuyo poder emana de Washington y Tel Aviv, sería desolador, de manera que posiblemente en los próximos meses tendrá que tragar más aceite de ricino, además de intentar poner fin al fiasco de Yemen.

Naturalmente, algunos aliados de Arabia Saudí, como Martin Griffiths, el enviado de la ONU para ese conflicto, se han apresurado a bendecir el anuncio de MBS. Griffiths ha dicho que "ha surgido una oportunidad para llevar la paz a Yemen" y, después de agradecer a MBS el anuncio, ha añadido que "es un claro signo para una solución pacífica y política del conflicto". En términos similares se expresa el secretario general António Guterres.

Sin embargo, no está nada claro que los hutíes estén por la labor de una paz impuesta cuyo alcance y profundidad se desconoce. Apoyados por Irán, los hutíes huelen cierta debilidad en la posición saudí y seguramente intentarán sacar provecho de ella en la medida de lo posible. De entrada, están pidiendo que los saudíes levanten el bloqueo aéreo y marítimo, paguen compensaciones por el daño causado durante la guerra y reconozcan como legítimo su Gobierno.

El pasado jueves, en su intervención ante el Consejo de Seguridad, Griffiths no mencionó a Irán, aunque la pasada semana Guterres habló en dos ocasiones por teléfono con el ministro de Exteriores de Teherán, Mohammad Javad Zarif, tanto sobre Yemen como sobre Afganistán. También ha trascendido que Zarif habló con el ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, sobre Yemen.

Estas conversaciones muestran que existe un movimiento no desdeñable entre los principales agentes de la guerra de Yemen. Por supuesto, este movimiento podría traducirse en resultados concretos, pero solo si se recalibran las posiciones hegemónicas que Riad y Teherán se disputan en la región.

La falta de experiencia, un lastre para Bin Salman

Quizás por falta de experiencia, MBS se ha visto envuelto en tanto desatino. Debería ser un interés primordial de Arabia Saudí mantener con Irán las relaciones bilaterales más amistosas posibles, algo que no ha podido ser porque a la osadía del príncipe hay que añadir los empujones que ha recibido de Israel y de Estados Unidos, cuyos intereses son muy distintos y distantes.

Es difícil que la conjunción de estrellas que ahora se da dé resultados inmediatos. Más bien parece que las negociaciones se demorarán puesto que los hutíes no quieren precipitarse. Por otro lado, el acuerdo unilateral de alto el fuego no se está respetando y en los últimos días ha habido cierto número de violaciones.

Sobre el terreno los saudíes han fracasado. A pesar de contar con recursos ilimitados y con las modernas armas que han recibido principalmente de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, han sido incapaces de reducir la resistencia de los hutíes en la capital yemení. Y no solo eso, también han tenido que hacer frente a los cohetes e incursiones enemigas dentro de su propio territorio, creando una situación que se ha ido agravando con el transcurso del tiempo.

En el contexto actual da la impresión que MBS no tiene más alternativa que salir cuanto antes de Yemen. Su ejército ha sido incapaz de acabar con la presencia de los hutíes en la mayoría de las localidades de Yemen donde se encuentran, incluida la capital Sanaa. Su principal aliado, los Emiratos Árabes Unidos, con un ejército muy capaz e igualmente armado, empezó a retirarse de Yemen el año pasado, e incluso hay informes que indican que está negociando en secreto con los hutíes.

El apuro en que se encuentra MBS es grande, máxime cuando los hutíes han calificado su alto el fuego de "falso y engañoso". Si las tres condiciones básicas impuestas a Riad por los hutíes, citadas más arriba, no se cumplen, éstos están dispuestos a incrementar sus ataques dentro de Arabia Saudí, lo que a medio plazo podría desestabilizar la posición del príncipe.

jerusalén

21/04/2020 07:26

Por eugenio garcía gascón

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La pandemia del desempleo y el negocio del rescate

Mientras en medio de un confinamiento cuasi global de masas, las grandes corporaciones mediáticas y de la tecnología digital nos suministran a diario el macabro conteo de los muertos por y con el Covid-19, en las sombras, un puñado de oligopolios de las industrias financiera y bancaria se frota las manos con el "negocio del rescate".

Ante la emergencia del "año de la peste" con su caótica danza de las cifras (Mike Davis dixit), el papel de un reforzado Estado interventor ha vuelto a ocupar un lugar central y muchos economistas avizoran que a la salida de la pandemia ya nada será igual. Que sucumbiría el "Estado nana" neoliberal −como lo llamó Noam Chomsky hace 20 años− que privatizó y concentró las ganancias en el llamado 1% y socializó los costos; que ante la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, ese ­po­deroso Estado de bienestar al servicio de la plutonomía (Citicorp), que sujeta a la disciplina del mercado a los pobres y los trabajadores, mientras redistribuye la riqueza de abajo hacia arriba, tendrá ahora que cambiar.

"La gran transformación" fue el lema del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en 2012, que según su entonces presidente, Klaus Schwab, obligaba a buscar nuevos modelos de poder político, económico y social, un crecimiento sostenible y la creación de empleo, mientras continuaban los efectos de la crisis financiera de 2008-09. Viniendo de Schwab, y dado que Davos es el centro neurálgico de la ideología que sustenta al capitalismo neoliberal, no dejaba de ser un cínico guiño intelectual a Karl Polanyi, quien en 1944 escribió La gran transformación.

En su obra, Polanyi predijo una "crisis de civilización" y refirió que tras la Gran Depresión (crac de 1929), todos los regímenes de la época –fuera la Alemania nazi, el estalinismo soviético o el New Deal de Roosevelt− coincidieron en descartar el laissez-faire (la doctrina de "dejar hacer, dejar pasar" caracterizada por una abstención de dirección o injerencia gubernamental en los asuntos económicos), y lo que siguió fue la Guerra Civil española, las invasiones a Etiopía y a China y la Segunda Guerra Mundial, con su deriva, la caída del patrón oro, el equilibrio de las potencias, el Estado liberal y el mercado autorregulado, que habían regido el mundo durante los anteriores 100 años.

Tras la "crisis del Covid-19", ¿qué caerá ahora? ¿El dólar? ¿El capitalismo financiero? ¿La hegemonía de Estados Unidos en el mundo? ¿O la reforzada intervención del Estado llevará a una reorganización hegemónica del capitalismo tutelada por EU, China y Rusia, con una criptomoneda global y una nueva élite financiera trasnacional? ¿A un reforzado Estado panóptico digital, de vigilancia y castigo masivo militarizado urbi et orbi y con el distanciamiento social como paradigma? ¿ De la mano de próximas pandemias surgirán nuevas tesis ­reaccionarias neomalthusianas?

Según el Instituto de Finanzas Internacionales, el endeudamiento mundial alcanzará 265 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2020. Y debido a que las medianas y pequeñas empresas nacionales son los últimos eslabones de grandes cadenas industriales y de suministro global, profundamente integradas e hiperespecializadas, la actual desconexión intracadenas de valor generará miles de quiebras.

Así, de la gran depresión de 2020 −que venía incubándose desde 2018 y el Covid-19 sólo vino a agravar− emergerá un nuevo fenómeno que cobrará muchas vidas: la "pandemia del desempleo". Para el gran capital, el desempleo masivo significa población "sobrante", no funcional y que puede "desaparecer". Sólo de febrero a abril se perdieron en Estados Unidos 15 millones de empleos formales y la Reserva Federal (Fed) estima que otros 47 millones de puestos de trabajo se perderán en el segundo trimestre del año; lo que de manera conservadora significaría una tasa de desempleo de 32 por ciento.

A su vez, los estados, las instituciones y el ciudadano de a pie dependen en gran medida de la banca privada para desarrollar tareas básicas, como pagar (o cobrar) salarios, pensiones y prestaciones por desempleo o recaudar impuestos, establecer una empresa, ob­tener una tarjeta de crédito o acceder a una vivienda mediante alquiler o hipoteca.

Es previsible que en la inmediata pospandemia las bancarrotas estarán a la orden del día, y para que las grandes corporaciones financieras davosianas y los megabancos de la plutocracia puedan seguir acumulando vía la "economía de casino", los estados "nana" utilizarán fondos públicos para salvarlos –socializando las pérdidas y privatizando las ganancias− y la industria del rescate, con sus malas prácticas y conflictos de interés, volverá a hacer su agosto.

Es el caso de BlackRock, la mayor firma de gestión de activos del mundo −que además opera a dos bandas como consultora de bancos y gobiernos, el de México incluido−, que ha sido llamada por la Reserva Federal para gestionar de 6 a 10 billones de dólares de bonos y compras de activos respaldados por hipotecas. La división Financial Markets Advisory, que realiza labores de consultora, actuará como gestora de inversión de dos vehículos respaldados por la Fed que comprarán deuda corporativa y un programa que comprará activos respaldados por hipotecas, emitidos por agencias gubernamentales. Con lo que Black­Rock y su director, Larry Fink –que controlan más de la mitad de las cuentas de pensiones en México− se beneficiarán (ya que podrían invertir en esos activos), cayendo en un virtual conflicto de interés, como sugirieron The Wall Street Journal y el Financial Times.

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Lunes, 20 Abril 2020 06:41

Pandemonio

Pandemonio

Qué es peor: gritar "fuego" dentro de un teatro lleno, cuando no hay nada, o gritar "no hay fuego" cuando el teatro se está incendiando? El régimen estadunidense hizo lo segundo, y la consecuencia directa de ello es la multiplicación de víctimas cada día, cada hora, con una tasa mortal desproporcionada entre afroestadunidenses y latinos, entre ellos inmigrantes, ya que la pandemia revela claramente que la peor "condición prexistente" es la pobreza. Para evadir su responsabilidad, Trump y sus cómplices han buscado, igual que siempre, encubrir la realidad y asfixiar, o volver irrelevante la verdad, buscando atrapar a todos dentro del teatro de su reality show. Para lograrlo tiene que crear un pandemonio, abriendo el paso al virus más letal contra las democracias.

Van más de 18 mil declaraciones falsas o engañosas documentadas en lo que va en los tres años del presidente; un promedio de más de 15 diarias (https://www.washingtonpost.com/ graphics/politics/trump-claims- database/?itid=lk_inline_manual_2&itid= lk_inline_manual_2), incluyendo por lo menos 350 acerca del coronavirus. Van 2 mil tuits atacando los medios desde que llegó a la Casa Blanca, acusando que son "enemigos del pueblo" ( https://pressfreedomtracker.us/ blog/trump-crisis-mode-tweets- his-2000th-attack-press/). Todo parte de una estrategia sistemática no sólo para anular la legitimidad de los medios, sino con el fin de minar su credibilidad entre el público y sembrar la duda sobre los hechos y verdades que reportan. (https://cpj.org/reports/ 2020/04/trump-media-attacks- credibility-leaks.php).

“Muchos de los que estábamos profundamente preocupados sobre Trump desde el inicio, lo estábamos específicamente sobre qué ocurriría cuando llegara su momento del incendio del Reichstag”, comenta Jason Stanley, profesor de filosofía de Yale y autor de Cómo funciona el fascismo, en comentarios a The New Yorker. Observó que a diferencia de ese incidente usado por Hitler para culpar a los comunistas e imponer la suspensión de libertades civiles en Alemania, esta crisis del coronavirus no fue fabricada, pero Trump la está usando de la misma manera, ocupando la atención publica, exigiendo obediencia, y buscando ampliar sus poderes ejecutivos. El magnate habla y hace política como fascista, y aunque aún no ha logrado gobernar como uno, Stanley –entre otros– no descarta que podría llegar una coyuntura en la cual eso ocurra. Señala que mucha gente lo acusa de exagerar cuando usa la palabra fascismo, pero les advierte que será muy tarde cuando "ya esté el campo de concentración".

Entre otros actos recientes que podrían aumentar estas preocupaciones, Trump declaró que "el presidente tiene autoridad total", despidió al inspector independiente encargado de vigilar el uso del fondo de rescate económico para empresas para nombrar a uno de sus leales, y amenazó con cerrar esta sesión del Congreso para instalar a funcionarios sin tener que esperar su ratificación, algo que ninguno de sus antecesores se había atrevido ni a pensar.

La semana pasada, Trump tuiteó: “Liberen Minnesota… liberen Michigan… liberen Virginia”, en apoyo a agrupaciones de manifestantes derechistas, algunos armados y otros con sus niños, quienes llegaron a las sedes del gobierno estatal de esas entidades –todos con gobernadores demócratas– para exigir el fin de las medidas de distanciamiento social contra el coronavirus. Una manifestante llevaba una pancarta en que se leía: "distanciamiento social = comunismo". Críticos señalaron que Trump estaba incitando violar la ley al respaldar el derrocamiento de esos gobiernos.

Mientras, aunque la estrategia trumpista para su relección es redoblar su mensaje ultranacionalista (por eso los ataques a la OMS y China, y contra las amenazas extranjeras, incluidos los migrantes), estas maniobras ominosas no se quedan dentro de estas fronteras, advirtió Noam Chomsky en entrevista con Democracy Now: “Al grado de que uno puede detecta alguna política coherente en la locura de la Casa Blanca… hay un esfuerzo para construir una internacional de los estados más reaccionarios y opresores, encabezados por el gánster en la Casa Blanca”.

El pandemonio de la pandemia podría ser más peligroso que el virus.

https://www.youtube.com/ watch?v=wyjNRmSPVMM

https://www.youtube.com/watch?v= la1q1aRUaNg&feature=youtu.be

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