La investigación de la comisión de la Verdad ecuatoriana duró un año y medio.

Por la represión a las protestas en 2019

La Comisión Especial para la Verdad y la Justicia recopiló 519 testimonios sobre el levantamiento popular de octubre de 2019 en Ecuador. El informe final señala que el Estado llevó a cabo delitos de lesa humanidad y pide que se juzgue a los responsables.

 

Seis personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano durante las protestas de octubre de 2019. Este es sólo uno de los hechos más importantes que reveló la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia tras casi un año y medio de investigación en Ecuador. El organismo creado por el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, además denunció que se violentó gravemente el derecho a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal de los manifestantes. "El gobierno nacional generalizó el argumento de que la protesta social era violenta y así pretendió justificar el uso irracional y desproporcionado de la fuerza", dijo Carrión a Página/12. La Comisión también le dedicó un apartado a la cobertura mediática. El análisis arrojó que los medios con mayor llegada se limitaron a repetir el relato gubernamental.

La cara autoritaria del neoliberalismo

El “paquetazo” que intentó imponer Moreno, en línea con las solicitudes del Fondo Monetario Internacional (FMI), tuvo su resistencia en la calle a fines de 2019. Tras casi dos años de políticas de ajuste, la gota que colmó la paciencia del pueblo ecuatoriano fue la quita del subsidio a los combustibles. A los pocos días de tomada esta medida el precio de las naftas más baratas y el diesel comenzó a subir de manera desproporcionada. Así, el 3 de octubre comenzaron las movilizaciones que tuvieron como punta de lanza al sector transportista. Luego se convocó a un “paro nacional” al que se plegaron estudiantes y sindicatos de trabajadores. Pero la participación más importante vino desde el movimiento indígena, que se movilizó a escala nacional. Moreno respondió decretando el “estado de excepción” y toque de queda. De esta manera policías y militares tomaron las calles de todo el país. Los resultados no se hicieron esperar: hubo miles detenidos y al poco tiempo se produjo la muerte del primer manifestante.

Fueron 13 días de resistencia popular que finalmente obligaron a Moreno a dar marcha atrás con la quita de subsidios. Sin embargo, a un costo altísimo: al 13 de octubre la Defensoría del Pueblo documentó al menos ocho personas muertas y 1.340 atendidas en centros de salud por circunstancias relacionadas a la protesta. En paralelo, el Ministerio Público comenzó a investigar a los dirigentes del movimiento indígena. También se abrieron procesos judiciales contra políticos ligados al partido expresidente Rafael Correa. Varios de ellos fueron detenidos, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. A su vez la asambleísta Gabriela Rivadeneira, junto a otros integrantes del correísmo tuvieron que exiliarse en México ante lo que denominaron una persecución judicial. Al día de hoy continúan allí y sus causas siguen abiertas.

 “Ejecuciones extrajudiciales”

En ese contexto convulsionado el Defensor del Pueblo decide conformar la Comisión para investigar los hechos ocurridos del 3 al 16 de octubre. La pandemia retrasó la salida del informe pero finalmente esta semana fue presentado al público. Los resultados son concluyentes: hay evidencia de la participación estatal en múltiples delitos de lesa humanidad. Por este motivo, la presidenta de la Comisión, Sybel Martínez, pidió que la fiscalía utilice los datos volcados en el informe para iniciar procesos legales. “Son 519 testimonios de los que 249 responden a violaciones de DDHH. Se puede ver una actuación sostenida en este sentido por parte de las fuerzas del orden durante todo el paro nacional", indicó Martínez.

El informe documenta seis muertes provocadas presuntamente por ejecuciones extrajudiciales en manos de la policía ecuatoriana. Todas se dieron en el contexto de las protestas. El caso de Segundo Inocencio Tucumbi Vega, dirigente indígena de 50 años, da cuenta de la brutalidad de la represión en Quito. Su muerte se produjo luego de que la policía arrojara gases lacrimógenos en la Universidad Salesiana, uno de los espacios que la policía y las organizaciones indígenas habían acordado como “centros de paz”. En estos núcleos alejados de la zona de protesta los manifestantes llegados desde distintos puntos del país descansaban y se alimentaban. Según testigos, Tacumbi Vega había salido a la calle obligado por los gases y allí habría recibido el impacto de una bomba lacrimógena.

El informe también documenta 22 casos de atentado contra el derecho a la vida, 123  violaciones a la integridad personal, 38 violaciones del derecho a la libertad, tres personas víctimas de violencia sexual y 20 personas con lesiones oculares. El Defensor del Pueblo subrayó que el gobierno Moreno justificó el uso de la fuerza para defender la democracia. “Eso contradice la Constitución. No tiene sentido que un gobierno salga a defender la democracia privando de la vida o afectando la integridad de las personas”, sostuvo Carrión. A su vez la Comisión informó de otras seis muertes producidas durante las protestas pero sin conexión directa con personal policial. 

La entonces Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, habían sostenido que las movilizaciones estaban siendo fogoneadas desde Venezuela y Cuba. Martínez señaló que estas declaraciones, hasta el momento no comprobadas, tuvieron como finalidad construir la figura de un “enemigo interno”. “Se buscó justificar la vulneración de derechos de los manifestantes, pero por otro lado, también se implantó un estado de terror durante las protestas”, indicó la comisionada.

Con la agenda del gobierno

El informe de la Comisión concluyó que los medios masivos, tanto de televisión, internet y radio, así como gráficos, reprodujeron el relato oficial. A la hora de encarar la cobertura de las protestas los medios hegemónicos se centraron en mostrar la “violencia de los manifestantes”. A la par, utilizaron como fuentes mayoritarias de sus noticias a las autoridades de gobierno y funcionarios. “Hubo un preocupante nivel de desinformación en todo el país. Se actuó con sesgo que en algunos casos llegó hasta la censura. Llamamos a las cabezas visibles de los medios para preguntarles con qué criterio bajaron ciertas las notas. Se justificaron apelando al ‘estado excepción’ decretado por el gobierno”, sostuvo Martínez. Además señaló que los medios alternativos y comunitarios fueron los que aportaron una mirada distinta, encarando sus notas bajo una perspectiva de DDHH y amplificando la voz de las víctimas.

Para el actual ministro de Gobierno de Ecuador, Gabriel Martínez, el informe de Comisión no presentó la verdad de los hechos. “Lo real fue que tuvimos unas protestas con fines políticos, con fines de desestabilización política, en los que la Policía actuó firmemente, correctamente, intentando proteger a las personas, restablecer el orden”, sostuvo el ministro. Además señaló que el informe no menciona la violencia contra la policía, ni el vandalismo contra edificios públicos. El Defensor del Pueblo rechazó esta afirmación. “Determinamos que hubo actos violentos por parte de los manifestantes y pedimos a la fiscalía que insista en esas investigaciones. La impunidad no puede estar en ningún lado. Pero por otro lado vemos que hasta el momento el Ministerio Público solo se dedicó a buscar sanciones contra los manifestantes, y no hacia los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, señaló Carrión.

En ese sentido la presidenta de la Comisión indicó que la Justicia se está moviendo con lentitud para juzgar las responsabilidades estatales.  “En el tema de vulneración de derechos han actuado muy lento. Pero en otros temas sí se avanzó con más ahínco. La prefecta Pabón nos decía que le llamaba la atención la rapidez con la que manejaron su caso”, señaló Sybel Martínez. Para el Defensor del Pueblo la Justicia está siendo parcial. “Este informe pretende dar a conocer la verdad. La Comisión, formada por personas sin sesgo partidista, llegó a la conclusión de que hay indicios de responsabilidad en delitos de lesa humanidad por parte del Estado”, enfatizó Carrión.

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Viernes, 12 Marzo 2021 08:17

¿Unidos y adelante?

Fuerzas policiales reprimen a manifestantes en la Plaza de la República, en Paris, durante las protestas contra el racismo y la brutalidad policialAfp, Christine Pujoulat

A lo largo de la historia y las geografías, la unión entre agentes y trabajadores genera encendidas polémicas. En Estados Unidos, los estudios muestran una correlación positiva entre la negociación colectiva de los uniformados y el aumento de sus abusos contra civiles.

 

La relación entre el movimiento sindical y los integrantes de las fuerzas de seguridad nunca fue fácil, ni siquiera cuando los últimos lograron agruparse en sus propios sindicatos. Nunca lo fue. Y en ningún lugar. Los viejos revolucionarios anarquistas o comunistas de fines del siglo XIX y primeras décadas del XX consideraban que los «agentes del orden» –fundamentalmente aquellos que elegían esa profesión– no eran de fiar, porque, a la larga, aunque no fueran conscientes de ello, eran «el último garante del orden burgués» y en esa condición terminarían actuando, obedeciendo a las órdenes de los gobiernos, aunque eso significara atacar a sus compañeros de clase, reprimir sus manifestaciones y sus huelgas, ponerlos presos y eventualmente asesinarlos. Fomentar que se organicen corporativamente para que defiendan sus derechos y que sus jerarcas no los pisoteen es una cosa, pero otra es que el movimiento obrero los contemple como a «cualquier otro trabajador» y los integre en sus filas a las centrales nacionales o internacionales, pensaban.


«El obrero convertido en policía al servicio del Estado capitalista es un policía burgués y no un obrero», escribía por los años 1930 un Trotsky ya exilado, en polémica con los socialdemócratas alemanes que creían que los policías podían llegar a frenar el ascenso de Hitler porque «en última instancia» eran trabajadores y, algunos de ellos, incluso socialistas. El marxista argentino Rolando Astarita trajo a colación esos debates en 2012, cuando en su país centrales obreras y organizaciones de izquierda discutían sobre si promover o no el naciente sindicalismo policial («Sindicato de policías, ¿consigna socialista?», rolandoastarita.blog, 06-X-12). Había en la Argentina de entonces confederaciones sindicales –una de las CTA, sectores de la Confederación General del Trabajo– y algunas organizaciones políticas de izquierda que, aun admitiendo que se trataba de trabajadores «especiales» pertenecientes a un sector muy especial, el de los cuerpos represivos del Estado, los policías no dejaban de ser asalariados, en su gran mayoría de un origen social muy pobre, que, en tanto tales, tienen «objetivamente» intereses comunes con el resto de los trabajadores. Y que si el movimiento obrero organizado apunta a ganar para su causa a todos quienes venden su fuerza de trabajo, no puede excluir a policías o gendarmes.


Pura ilusión, respondían otros, Astarita entre ellos: llegado el caso, el policía, por más sindicalizado que esté, responderá a su «patrón» porque no podrá no hacerlo. Estar a la orden del Estado es la naturaleza de su trabajo, y mientras el Estado siga respondiendo a «los intereses de la clase dominante», aunque esos intereses no sean los suyos, el policía los defenderá y los servirá. Sindicalizarse les será funcional para protegerse de abusos y progresar en su carrera; podrán incluso protagonizar movilizaciones por salarios y mejores condiciones de trabajo como cualquier otro sindicato (ejemplos de ese tipo de movilizaciones ha habido muchos en todo el planeta, América Latina incluida); podrán incluso hasta cogestionar los propios cuerpos de seguridad junto a las autoridades del Ministerio del Interior (ahí está el caso de Francia, donde desde hace muchos años buena parte de los policías pertenecen a sindicatos que gozan de un poder enorme a la hora de negociar condiciones laborales y definir reglamentos). Pero de ahí a ponerse «del lado» del resto de los trabajadores, apuntaba Astarita –ubicándose en una tradición de sindicalismo revolucionario, socialista–, hay un enorme trecho. Y mencionaba la rareza extrema de los ejemplos de «confraternización en las calles» de policías y el resto de los trabajadores por reivindicaciones que los unificaran.


Uno de los más notorios y recientes fue el de Portugal de comienzos de la década pasada, cuando policías sindicalizados se negaron a reprimir algunas movilizaciones contra las políticas de austeridad y recortes del gobierno de la época, y llegaron a sumarse a ellas bajo la consigna «somos ciudadanos antes que policías». En marzo de 2019, en momentos en que las movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia crecían en amplitud y la violencia policial lo hacía aún más, algunos agentes se negaron a acatar órdenes que consideraron «ilegales», como la detención de manifestantes que no habían cometido delito alguno. La filial de Solidarios, Unidos, Democráticos (SUD), una central sindical de creación relativamente reciente, los respaldó y denunció la «instrumentalización política de la Policía por el gobierno» de Emmanuel Macron, al que acusó de «tratar al movimiento social únicamente por la fuerza» y de contribuir al «distanciamiento cada vez mayor entre la Policía y la población».


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Pero son ejemplos muy excepcionales. En Francia, el peso de SUD entre los policías sindicalizados es ínfimo. Los sindicatos policiales mayoritarios tienen, según algunas investigaciones universitarias, un comportamiento exclusivamente corporativo que se traduce en la defensa férrea de los agentes acusados de «excesos» en la represión a movilizaciones sociales o señalados por casos de gatillo fácil, racismo, xenofobia, homofobia, sexismo. Un sondeo encargado por el Instituto de Ciencias Políticas de París, citado en diciembre por la radio estatal France Culture, da cuenta de una sobrerrepresentación del voto por la extrema derecha entre los policías sindicalizados en relación con lo que «pesa» la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en la sociedad francesa en su conjunto. Y además, apunta France Culture, la existencia de las gremiales no ha impedido que surjan desde comienzos de la década pasada agrupaciones policiales «extrasindicales» que afirman representar a miles de agentes y que amenazan con «desbordar» a los sindicatos aún más por la derecha.


Una de ellas es Hors Service (fuera de servicio), que recientemente llamó desde sus redes sociales a «matar a los agitadores de extrema izquierda» en las manifestaciones sociales: «Basta de balas de goma o gases lacrimógenos. Tiros reales». El mismo mes la revista Charlie Hebdo recordó que en cada movilización importante convocada por las centrales sindicales francesas (entre las más recientes: contra la reforma laboral, contra la Ley de Seguridad Global) ha habido «excesos» en la represión, cubiertos y justificados por la gran mayoría de los sindicatos policiales. A tal punto llegaron esos supuestos «excesos» que el presidente Macron debió reconocer, en una entrevista con el portal Brut (4-XII-20) –uno de cuyos periodistas fue golpeado por un uniformado–, que «existe en Francia violencia policial» y que hay un ensañamiento particular de las fuerzas de seguridad con los «diferentes» y con los que «no tienen piel blanca». Macron, promotor de leyes liberticidas y de un reforzamiento en todos los planos de las fuerzas de represión (véase, por ejemplo, «Orwellianas», Brecha, 27-XI-20), pasó sin embargo a ser desde entonces blanco de ataque de la mayoría de los sindicatos policiales y de las asociaciones extrasindicales de uniformados, como Hors Service, Policías Indignados, el Colectivo Libre e Independiente de la Policía y otras.


SUD no renuncia, a pesar de todo, a continuar la lucha por «mejorar las relaciones entre la Policía y la sociedad y por reforzar los lazos de los policías con el resto de los trabajadores». Pero en esa misma central, surgida como una escisión por izquierda de otra confederación obrera, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, hay dirigentes de otros sindicatos que se cuestionan si son «realistas» esos «esfuerzos». «Hay un nivel de asociacionismo policial que indudablemente debe defenderse, para que los agentes tengan derechos sociales y se les proteja en su salud e integridad personal. Son trabajadores particularmente expuestos y tienen una función social. Pero, por otro lado, nunca están de nuestro lado, sobre todo cuando uno se maneja con una concepción del sindicalismo que va más allá de la mera reivindicación salarial o de mejores condiciones laborales», dijo un sindicalista de SUD citado por el diario Libération en 2005, año de grandes movilizaciones sociales en Francia. Y se preguntaba si a los sindicatos policiales hay que integrarlos a las centrales obreras o promover que permanezcan autónomos, «para no mezclar campos». En su blog, Astarita señalaba que la propia «función social» de la Policía debía ser cuestionada desde un sindicalismo con «intención socialista».


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En Estados Unidos, en junio del año pasado, el New Yorker publicó un amplio informe sobre el tema. John Greenhouse, su autor, un experiodista del New York Times especializado en el mundo del trabajo, recordó cómo desde fines del siglo XIX hasta los primeros años del XX –es decir, la época de mayor influencia en Estados Unidos de las corrientes sindicales «clasistas», que a menudo eran impulsadas por inmigrantes europeos– en la Federación del Trabajo de ese país regía una resolución taxativa: «No está dentro de las competencias del movimiento obrero la organización especial de los policías, de la misma manera que no lo está la organización de los militares, siendo que ambas fuerzas son controladas generalmente por poderes hostiles al movimiento de los trabajadores». A medida que el propio sindicalismo estadounidense «evolucionó», las cosas fueron cambiando. El proceso de sindicalización de los policías del país norteamericano comenzó a desarrollarse en los años de posguerra, pero desde su inicio tuvo un sello exclusivamente corporativo: lejos de relacionarse con los movimientos de trabajadores, los policías se centraron en mejorar sus propias condiciones de trabajo y en exigir mayor «cobertura» de parte de las instituciones del Estado, apunta el articulista del New Yorker.


El informe cita además tres investigaciones universitarias que demuestran cómo el mayor «empoderamiento» policial se fue traduciendo en una violencia acentuada de la represión a las movilizaciones sociales y a las minorías raciales. «Un estudio de 2018 de la Universidad de Oxford sobre las 100 ciudades estadounidenses más grandes –dice la revista– encontró que el nivel de protecciones estipuladas en los contratos policiales estaba directa y positivamente relacionado con el nivel de violencia de la Policía y de otros abusos de esa fuerza contra civiles.» Otra investigación, de 2019, de la Universidad de Chicago, concluyó que «otorgar derechos de negociación colectiva a los ayudantes del sheriff en Florida llevó en ese estado a un aumento anual del 40 por ciento de los casos de conducta violenta». Y un tercer estudio, aún no publicado, del profesor universitario Rob Gillezeau, fue en el mismo sentido. «La habilidad de la Policía de llevar adelante negociaciones colectivas llevó a un incremento sustancial del asesinato de civiles a manos de agentes», le dijo Gillezeau a Greenhouse al adelantarle parte de sus conclusiones.

 


 

EL LOBBY PUNITIVISTA DE LOS SINDICATOS POLICIALES A NIVEL INTERNACIONAL


Policías en acción


Francisco Claramunt

 

 


El juicio contra el policía Derek Chauvin empezó este 8 de marzo. Chauvin saltó a la fama el 25 de mayo, cuando una filmación lo registró arrodillado sobre el cuello de George Floyd, quien, inerme, pedía por su madre y repetía: «No puedo respirar». El asesinato de Floyd despertó la mayor ola de protestas del último medio siglo estadounidense contra la brutalidad policial y el racismo sistémico.


En medio de las cargas de las fuerzas de choque y las amenazas de Donald Trump, una pregunta pasó relativamente desapercibida. ¿Cómo fue posible que antes del asesinato Derek Chauvin tuviera al menos 17 denuncias por mala conducta pero permaneciera activo en la Policía de Mineápolis?, se cuestionaba por entonces Benjamin Sachs, profesor de Trabajo e Industria de la Escuela de Derecho de Harvard. «Parte de la respuesta es el acuerdo de negociación colectiva hecho entre el Departamento de Policía y el sindicato de Chauvin», razonaba este abogado, en un artículo publicado días después del crimen por USA Today, en el que recordaba que, «como otros convenios policiales, el de Minéapolis protege de manera extraordinaria a los policías frente al disciplinamiento por conductas violentas».


Lo logrado por los sindicatos policiales de Minéapolis, Baltimore, Chicago y otras ciudades, apuntaba Sachs, permite, entre otros privilegios para los agentes, «la eliminación de antecedentes de los registros disciplinarios de la Policía luego de cierto tiempo»; en algunos casos, había informado antes Reuters, apenas después de seis meses. La fuerza de las gremiales de uniformados y sus conquistas lleva a que incluso en casos en los que un oficial es expulsado por mala conducta el proceso de apelación demandado por el convenio colectivo conduzca frecuentemente a su restitución. Así lo documentaba en 2017 The Washington Post: en los 11 años previos, los principales departamentos de Policía de Estados Unidos habían expulsado por diversas faltas a unos 1.881 agentes. Pero en casi una cuarta parte de los casos las autoridades se habían visto luego obligadas a recontratarlos tras apelaciones forzadas por los sindicatos, que habían encontrado detalles erróneos en el procedimiento de expulsión. Entre los restituidos había oficiales que cometieron abusos sexuales, torturas y asesinatos de civiles desarmados (3-VIII-17).


HERRAMIENTAS DE TRABAJO


Tras el homicidio de George Floyd, y en respuesta a la acusación de la fiscalía contra su matador, el presidente del sindicato de policías de Minéapolis acusó a los políticos de «vender» a la Policía, en una carta al gremio obtenida por un reportero local. El teniente Bob Kroll había criticado antes al gobierno de Barack Obama por su «opresión de la Policía» y se había deshecho en elogios por la política de «ley y orden» impulsada por Trump, informaba The New York Times (06-VI-20).


Las declaraciones de Kroll coinciden con uno de los principales objetivos de lucha de los sindicatos policiales a lo largo del mundo: la férrea defensa y la búsqueda de impunidad de los afiliados denunciados por abusos y otros crímenes contra civiles. Lo mismo han hecho, por ejemplo, sus más de 63 mil colegas reunidos en la Federación Policial de Australia ante los múltiples casos de gatillo fácil en ese país contra jóvenes aborígenes. La federación no ha titubeado en defender a los agentes «injustamente» condenados por la Justicia por «cumplir su labor y proteger a la comunidad», en palabras de Scott Weber, uno de sus líderes (The Australian, 23-XI-19).


Sucede algo similar en Francia. Frente a las manifestaciones antirracistas del año pasado contra el asesinato de Adama Traoré por un agente policial, el entonces ministro del Interior, Christophe Castaner, propuso el 8 de junio que la técnica de inmovilización por estrangulamiento ya no fuera enseñada en las escuelas de Policía. «Es un método peligroso», dijo en una conferencia de prensa. «Los sindicatos policiales mayoritarios reaccionaron advirtiendo que no se podía privar a las fuerzas de seguridad de los medios de control que han probado ser eficaces», informaba por entonces Daniel Gatti en una nota de este semanario. «Los compañeros se sienten insultados, están enojados», dijo a AFP el delegado sindical Xavier Leveau durante la serie de movilizaciones que, tres días después del anuncio ministerial, las gremiales de uniformados convocaron en distintas ciudades francesas para pedir que se mantuviera en uso la inmovilización por estrangulamiento. Los policías ganaron. Tras sus manifestaciones, se anunció que finalmente el estrangulamiento continuaría dentro del arsenal de técnicas de detención.


LOS ABUSOS BIENVENIDOS


En Brasil, donde buena parte de las fuerzas de seguridad están militarizadas, los sindicatos policiales no son la regla. Los que sí tienen permitido formarlos son los policías federales, que no responden a una estructura militar. Son estos quienes en los últimos años lideraron la oposición a que se aprobara una ley que define los crímenes de abuso de autoridad.


Según explicaba en su portal web el Sindicato de Servidores Públicos Civiles del Departamento de Polícia Federal del Estado de San Pablo, la iniciativa a la que se oponen enumera 37 acciones que pueden considerarse abuso de autoridad: «Se criminalizan, por ejemplo, el uso de esposas en detenidos que no se resisten al arresto; la ejecución de una orden de allanamiento e incautación de bienes, movilizando ostensiblemente vehículos, personal o armas con el fin de exponer a la persona investigada al escarnio público; la coerción a testigos o investigados sin intimación previa de comparecer ante un tribunal; y obstaculizar la reunión reservada entre el preso y su abogado. En estos y otros casos, la autoridad puede ser sancionada con seis meses a cuatro años de prisión».


Para los sindicatos de uniformados la norma «dificulta las labores policiales» y expone a los agentes a los peligros que deben combatir, en palabras de la Federación Nacional de Policías Federales. Apenas aprobada la ley, en 2019, la federación pidió al presidente Jair Bolsonaro su veto total. De acuerdo a los representantes sindicales, sólo pueden defender semejante disparate garantista los «verdaderos criminales» y los «corruptos de cuello blanco» cuyos delitos afligen a Brasil. Los sindicatos policiales de ese país, al igual que sus pares estadounidenses, australianos y franceses –y algunos otros–, buscan proteger a sus afiliados de las consecuencias de seguir órdenes impartidas en un contexto internacional de aumento de la represión contra las poblaciones marginadas y los movimientos sociales. Y no las cuestionan, al menos no públicamente.

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Lunes, 08 Marzo 2021 05:39

Rebeliones

La batalla actual para sindicalizar un mega-almacén de Amazon en Alabama se acompaña, como todas las luchas en Estados Unidos, por los ecos de la historia de rebelión en el país. En la imagen del viernes pasado, un participante en una protesta de apoyo a la sindicalización de trabajadoras de la empresa Amazon en Nueva York.Foto Afp

La historia de Estados Unidos, como todas, no se puede entender sin contar las rebeliones. Esa historia está sujeta a incesantes intentos de borrarla, purificarla, domarla –hasta proclamar días festivos oficiales a líderes rebeldes y ponerles monumentos que ocultan más de lo que revelan– y mantenerla semisecuestrada para que no vaya a inspirar a nuevas generaciones. Todos los días se batalla por la historia real y completa del país, y cada movimiento contemporáneo tiene que dedicarse a rescatar a sus antecesores. Esa historia rebelde es aun menos conocida afuera de este país, y sin ella es fácil reducir la visión sobre lo que ocurre en Estados Unidos a una versión de estereotipos demasiada centrada en Washington, Hollywood y Disneylandia.

La lucha contra la amnesia histórica no es tan simple, ya que no es resultado de censura explícita y más aún existe material vasto, con algunas aportaciones excepcionales, generado por Hollywood y la televisión (comprobando que una parte de la izquierda estadunidense se puede encontrar en ese mundo entre guionistas y directores).

Esa historia es presentada de manera fragmentaria en museos y en la academia, como en bibliotecas y por innumerables proyectos literarios. Aun así, esa historia de rebeliones es capturada y presentada de tal manera para que no vaya a provocar, pues, rebelión.

Uno puede visitar los monumentos a Martin Luther King y festejar su día oficial, al igual hay avenidas llamadas César Chávez en California, ver películas sobre Malcolm X y John Reed, y algunas clásicas basadas en los libros de Steinbeck y más recientes como la del Juicio de los 7 de Chicago, como todo tipo de expresiones y exposiciones sobre líderes de la lucha feminista, de los gays, algunas –muchas menos– de luchas obreras, ambientalistas, y más pocas aún sobre luchas indígenas.

Vale recordar que historiadores rebeldes como Howard Zinn dedicaron su vida a rescatar la "otra historia" de este país, junto con Mike Davis, Eric Foner, Greg Grandin entre otros, junto con periodistas que hacen presente la historia como Studs Terkel y Bill Moyers, y existe un magnífico mosaico de proyectos de educación popular como los impulsados por el Highlander Center en Tennessee que hacen viva y resucitan la historia rebelde del país, junto con otros proyectos (https://www.zinnedproject.org; https://studsterkel.wfmt.com; https://highlandercenter.org).

Nuevos movimientos están rescatando a sus antecesores y los hacen presentes hoy día. La Campaña de los Pobres explícitamente reinicia la última lucha del reverendo King, donde él fusionó las demandas por derechos civiles con las de la justicia económica y derechos de los trabajadores (algo de lo cual casi nunca se menciona en los festejos oficiales de su vida). La lucha indígena apache en defensa de su tierra sagrada en Arizona contra mineras transnacionales, como la de los pueblos sioux y otros contra los gasoductos en el norte del país; la batalla actual para sindicalizar un mega-almacén de Amazon en Alabama, su dueño el multimillonario más rico del planeta.

La batalla de años por elevar el salario mínimo a 15 dólares impulsado por trabajadores de comida rápida y ahora bajo debate en el Congreso, las luchas que fueron claves en derrotar el proyecto neofascista en las elecciones federales, sobre todo las impulsadas por coaliciones y alianzas extraordinarias y sin precedente entre movimientos afroestadunidenses, latinos e indígenas, así como las incesantes luchas por los derechos de los inmigrantes -–que usan consignas de luchas anteriores aquí como las de las luchas de sus pueblos de origen–, todas son acompañadas por los ecos de la historia de rebelión en Estados Unidos.

Pero el rescate de la historia de los pueblos es parte del rescate de su futuro. "Quien controla el pasado, controla el futuro. Y quien controla el presente, controla el pasado", dijo George Orwell. Por eso, en los ecos de historia de rebelión que se manifiestan hoy, están las claves del futuro de este país.

Bruce Springsteen & Tom Morello. Ghost of Tom Joad. https://www.youtube.com/watch?v=B-c6GphpAeY

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Carabineros reprimen en Santiago una manifestación en repudio al asesinato perpetrado el viernes por policías contra el malabarista Francisco Martínez Romero, de 27 años, cuando efectuaban un control de identidad. El joven, quien llevaba unos machetes para realizar sus actos, se negó a ser revisado. El caso pareció ahondar la crisis que viven las fuerzas de seguridad desde el estallido social de octubre de 2019, que dejó decenas de muertos. El agente acusado de disparar a quemarropa está detenido. Foto Ap / Ap

En las manifestaciones, enfrentamientos, barricadas y 10 edificios públicos incendiados

 

Santiago. El policía acusado de disparar a quemarropa y matar a un joven malabarista callejero el pasado viernes en una ciudad del sur de Chile permanacerá en prisión preventiva después de que manifestantes respondieron a este acto de brutalidad policial con protestas y la quema de 10 edificios públicos, barricadas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

El juez del juzgado de garantía de Panguipulli resolvió conceder dos días más de detención para que la fiscalía pueda recabar pruebas. El lunes se presentarán formalmente los cargos contra el detenido, cuya identidad se mantiene en secreto por su seguridad.

Tras el asesinato del malabarista, la noche del viernes fueron incendiados los principales edificios públicos de Panguipulli, en la Región de Los Ríos y a 800 kilómetros al sur de Santiago, donde ocurrió el asesinato.

El malabarista Francisco Martínez Romero, de 27 años, se encontraba en el centro de Panguipulli, pequeña localidad, de 32 mil habitantes, cuando dos policías realizaban un control de identidad, que obliga a todos los ciudadanos a mostrar sus documentos por ley. Al momento del control Martínez Romero, quien portaba unos machetes con los que realizaba sus actuaciones callejeras, se negó a ser revistado por los uniformados, a lo que dos policías respondieron disparando al suelo.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra cómo uno de los policías continuó disparando al joven hasta que este cae, muerto, en la calzada. El malabarista recibió al menos cinco disparos, según información de la Policía de Investigaciones.

El coronel de Carabineros, Boris Alegría Michellod, argumentó en declaraciones a los medios de comunicación que el joven malabarista persistió en abalanzarse contra la policía, por lo que los uniformados actuaron “en resguardo de su propia integridad y de sus propias vidas” e hicieron uso de las armas de fuego en “legítima defensa propia”. Esta versión es desmentida por testigos en el lugar de los hechos y, el video que circuló en redes.

El caso pareció ahondar una crisis profunda de la policía chilena que data desde las documentadas violaciones a los derechos humanos ocurridas por este organismo del Estado desde el estallido social que inició en octubre de 2019 y que dejó un saldo de más de 450 personas con trauma ocular, más de 31 muertos y 4 mil denuncias por violaciones de derechos humanos, en situaciones que no han llegado a la justicia.

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https://www.flickr.com/photos/policiacolombia/5885648462/

El tiempo pasa y nos marca de diversas maneras con sus acontecimientos, unos más fuertes, otros no tanto. De unos y otros escritos en desdeabajo en su debido momento. Hoy, en época de balances, los retomamos y les invitamos a su relectura.

 

La negativa a cumplir una orden por parte de un patrullero permite aproximarse a las concepciones sobre el ejercicio de la fuerza policial en nuestra sociedad. El hecho se constituye en una ventana de oportunidad para cuestionar los significados hegemónicos de heroísmo, profesionalismo y cumplimiento del deber, propios de una concepción militarista de la policía, pero también revela las limitaciones que tal cuestionamiento enfrenta.

 

El pasado martes 9 de junio un patrullero de la Policía Nacional con diez años de antigüedad en la institución, Ángel Zúñiga Valencia, se negó a cumplir una orden de desalojo contra una comunidad asentada en la ribera del río Pance, en uno de los sectores rurales de Cali.

El hecho se conoció por un video difundido masivamente en las redes sociales virtuales. De fondo se puede apreciar una máquina retroexcavadora preparándose para tumbar las viviendas y cultivos de la comunidad, mientras distintas voces felicitan y aplauden al policía, a quien se ve entregando su arma de dotación y su radioteléfono, ofreciendo retirarse el uniforme y esgrimiendo las razones para negarse a cumplir la orden:

“[…] yo me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos […] es algo injusto lo que están haciendo en este momento: no les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”.

El caso no parece ser aislado, si se tiene en cuenta que en días anteriores también rotaron por las redes sociales virtuales videos de otros agentes de policía explicando por qué se negaban a desalojar vendedores ambulantes, pese a las restricciones impuestas por el confinamiento, pero permite observar las representaciones colectivas que se han construido sobre la Policía y avizorar posibilidades de transformación.

Deconstruyendo el heroísmo

De inmediato se produjo una ola de apoyo virtual al patrullero Zúñiga, de “tendencias” en las redes sociales y, por consiguiente, una disputa por el significado del hecho. Al menos temporalmente se operó un movimiento de resistencia respecto del discurso hegemónico sobre las Fuerzas Armadas instituido desde los tiempos del primer gobierno Uribe (2002-2006), que hasta cierto punto muestra sus fisuras.

En efecto, hubo una deconstrucción y resignificación de la categoría de “héroe”. Desde arriba, el marketing oficial basado en la atribución de esa dignidad a soldados y policías -“los héroes en Colombia sí existen”- los presenta defendiendo a la población de enemigos externos al orden social, como la delincuencia y la insurgencia armada.

En contraste, desde abajo, ahora se le confería dicho reconocimiento a un agente por defender a una comunidad desamparada frente a los atropellos e injusticias del propio establecimiento. Frente a las noticias de abuso de autoridad, corrupción y extralimitación en el uso de la fuerza, que ocupan cotidianamente tanto los medios masivos de comunicación como las mismas redes sociales, el ideal de heroísmo pareció coincidir con su expresión fáctica.
En este registro se ubicaron los mismos pobladores objeto del desalojo, que llamaron al policía “un ejemplo”, “un buen ser humano”, “un verdadero héroe”, así como los miles de ciudadanos que aplaudieron su actitud en las redes y los 40 congresistas de la bancada alternativa, quienes propusieron conferirle una condecoración al Patrullero y solicitaron que no fuera sancionado.

Así, el enmarcado de la situación dejó poco margen de maniobra a los custodios de la “institucionalidad” puesto que el hecho al mismo tiempo era positivo, un policía se convertía en héroe en un contexto en que otro miembro de la Institución es acusado de asesinar a un ciudadano afrocolombiano y en que se han presentado innumerables abusos en la implementación de las medidas de confinamiento por la pandemia, y negativo, pues se negaba a cumplir una orden.

La corrección política se oficializa

Paradójicamente, una acción juzgada por la opinión pública como “buena” no podía ser capitalizada como propaganda, al nivel de los policías cantando y bailando para amenizar la cuarentena en algún vecindario o repartiendo bolsas con pan. Por esa razón, en la disputa por el significado del evento el contradiscurso fue necesariamente ambiguo y políticamente correcto. Quien mejor lo sintetizó fue el brigadier general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali:

“Los policías de Colombia en el cumplimiento del deber nunca perdemos nuestra condición humana; sin embargo, frente a orden legítima expedida por la autoridad judicial o administrativa correspondiente no tenemos sino un solo camino, el de garantizar el cumplimiento. Ni el policía, como ningún servidor público, podrá incurrir en una omisión o extralimitación en el cumplimiento de su deber”.

En uno de los lados de la balanza imaginaria se ubicó la “humanidad” o “condición humana” del Patrullero y en el otro, mucho más pesado por supuesto, el cumplimiento del “deber” y la ley. Este concepto fue repetido, casi con las mismas palabras por el presidente Iván Duque, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y numerosos “formadores de opinión”.

La cuestión del “deber”, y con él del profesionalismo, se redujo de esa manera a un problema legal. El exdirector de la Policía, general Luis Ernesto Gilibert sancionó al respecto: “El policía está para cumplir órdenes. Se obliga a cumplir la ley y hacer cumplir la ley”.

Al patrullero Zúñiga se le abrió un proceso disciplinario que en rigor no podrá avanzar, pues estaba obedeciendo la Constitución y por tanto cumpliendo su deber, máxime en el momento de emergencia debido a la pandemia, e igualmente hacía objeción de conciencia, que al ser individual no tendría por qué afectar el operativo.

La ley y la ideología

Pero las minucias legales que en contra del patrullero se esgrimen lo que envuelven, en últimas, es una concepción ideológica sobre el deber y el profesionalismo en la Policía. De esa manera, el discurso oficial sobre el suceso reproduce las limitaciones tanto del concepto del deber como de profesionalismo en que se asienta hoy la labor represiva de esta institución. Se trata de dos concepciones totalmente anacrónicas, sobre todo si se piensa en que formal y oficialmente la sociedad colombiana se encuentra en un período de “postconflicto” y en medio de un proceso de construcción de paz.

En efecto, el deber y el profesionalismo esgrimidos para argumentar que las órdenes solo se pueden cumplir, perviven en la Policía únicamente porque los intentos de reformar la estructura militar hoy prácticamente caduca, que le confirió el gobierno de Rojas Pinilla (1953) a fin de despolitizarla, han sido infructuosos. La reforma realizada en esta materia en 1993 (Ley 62) fue prácticamente cosmética.

Por un lado, redujo el concepto de “profesionalismo” a la exigencia de un grado mínimo de preparación académica formal, el bachillerato, para ingresar a la carrera policial. La mística y la vocación de servicio insertas en el concepto de “deber”, reducida a un artilugio jurídico entre los críticos del patrullero Zúñiga, se reemplazó desde el principio por un requisito burocrático, que ni siquiera es suficiente para garantizarlas.

Por otro lado, mantuvo la estructura jerárquica calcada del ejército y, por consiguiente, unas relaciones de mando-obediencia totalmente verticales. La reforma no unificó la estructura de la Policía, de tal manera que permitiera el ascenso de todos los efectivos en los mismos rangos en función de su antigüedad, desempeño o preparación, sino que se limitó a reemplazar el antiguo rango de “suboficiales” por un “nivel ejecutivo”, manteniendo como un rango aparte y superior a los oficiales.

En esta estructura, mientras la oficialidad una vez culmina su proceso de formación accede a un título profesional, análogo al de las profesiones liberales, el nivel ejecutivo no. En el fondo, se reproduce una concepción en donde los rangos inferiores de este último nivel se conciben como operarios o instrumentales, casi como herramientas, antes que como agentes capaces de enfrentar decisiones complejas, reflexionar y decidir. Estas son tareas que, al menos teóricamente, se mantienen en el rango de oficiales.

Otra noción del deber y del profesionalismo

De ahí que se asuma que el cumplimiento de las órdenes es irreflexivo, y más si de un agente del “nivel ejecutivo” se trata. Este supuesto es totalmente contrario a una noción más amplia de profesionalismo, que tenga en cuenta las particularidades de la función de un efectivo de la policía y sus enormes diferencias con las tareas que un soldado está llamado a desempeñar.

La interacción permanente con la ciudadanía y la comunidad le imponen al policía la necesidad de deliberar, ponderar, reflexionar, e incluso negociar, antes de tomar decisiones y actuar, y por supuesto mucho antes de emplear la fuerza, que debe ser siempre recurso de última instancia. Es ese conjunto de tareas las que le permiten al policía entender el entramado de los problemas que está llamado a resolver. Pero además le proporcionan un acercamiento a la gente, que no solo dota de legitimidad su acción sino que fundamentalmente posibilita el reconocimiento de sus interlocutores como ciudadanos, sin ningún tipo de distinción.

Por consiguiente, el cumplimiento ciego de una orden no solo puede afectar negativamente el profesionalismo sino que también puede ser contrario al deber, incluso reducido a la subordinación de la acción del policía a la Constitución y la ley. De hecho, una consecuencia de esa concepción es el creciente distanciamiento entre los policías y los ciudadanos. En particular en tareas de choque, como la contención de la protesta, las personas que en ella participan tienden a ser vistos como “enemigos”, más que como ciudadanos ejerciendo derechos, en lo que constituye un legado nocivo de las doctrinas contrainsurgentes.

Desde esta perspectiva, el patrullero Zúñiga, lejos de faltar al deber y al profesionalismo, nos permite apreciar una concepción alternativa y contrahegemónica de los mismos, pues se tomó el trabajo de reflexionar, ponderar y reconocer a las personas objeto del desalojo.

Explícitamente ponderó la orden judicial en relación con sus deberes en el marco de la Constitución y el respeto de los derechos humanos, pero también teniendo en cuenta el contexto particular de emergencia por la pandemia y la prohibición de los desalojos. Así declaró en una entrevista: “[…] Yo soy policía, pero si yo veo que las cosas están mal, cuando me dan una orden, yo evalúo si la orden es para bien o es para mal. Si la orden es para mal, entonces yo tengo que tomar una decisión: si camino ciego o abro los ojos [...] Las cosas que yo hice las hice como me manda la Constitución política”.

En ningún momento puso en riesgo la seguridad personal de sus compañeros policías, ni de los funcionarios o la comunidad, puesto que lo primero que hizo fue despojarse de su arma de dotación. Pero sobre todo, fue capaz de reconocer en la comunidad objeto del desalojo, quienes han infringido la ley, ciudadanos en toda la extensión del concepto, es decir, personas con las cuales también tiene la obligación de resguardarles sus derechos. En la entrevista con la revista Semana dice: “defendí los derechos de unos ciudadanos que no tenían a nadie que los apoyara, absolutamente, doctora, no tenían a nadie que los apoyara. Estaban desamparados, totalmente desamparados”.

¿Más policías como el patrullero Zúñiga o menos policía?

El caso de este patrullero ha significado una oportunidad para cuestionar ciertas prácticas y discursos dominantes sobre la Policía, como el heroísmo y los conceptos de deber y profesionalismo. Sin embargo, los cuestionamientos concretos han sido bastante limitados. Se han concentrado en la persona del Patrullero, resaltando su valor al oponerse a cumplir una orden injusta, pero no se ha transitado al cuestionamiento de la orden misma, esto es, de la función ultra-represiva que ha terminado por adoptar la Policía, ni a la injustica que implica el desalojo.

La discusión no fue más allá de reivindicar “más policías como el patrullero Zúñiga”, ubicando así los problemas que el suceso desnudó, la injusticia del desalojo y las funciones represivas de la institución policial, en el plano de las personas, de la ética y de la moral, más que en el terreno de las estructuras, las instituciones y la política. Por ejemplo, no se planteó la necesidad de menos policía y menos represión o de otro tipo de policía, de procedimientos policiales.

En suma, si por un lado el caso evidencia un hartazgo con una sociedad altamente represiva y una policía militarizada encargada de ejercer esa represión, por otro lado permite observar las dificultades que se tienen a la hora de cuestionar radicalmente el estado de cosas.

 

 

 

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Publicado enColombia
Oficiales de la Policía patrullas las calles de Cali, Colombia, el 22 de marzo de 2020.Luis Robayo / AFP

La familia de Carlos Esteban Brown Mosquera declaró que el joven se encontraba observando la escena desde la ventana de una vivienda, cuando una bala le impactó el rostro.

 

Un joven colombiano que soñaba con ser futbolista murió la madrugada del martes durante un polémico operativo policial en la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, lo que ha provocado una nueva ola de indignación por los excesos de las fuerzas de seguridad.

La familia de Carlos Esteban Brown Mosquera denunció que el joven murió a manos de la Policía con un disparo que impactó en su cabeza, mientras el joven veía desde la ventana de su hogar el desarrollo de un operativo policial en el barrio Laureano Gómez, al oriente de Cali.

"Fue un tiro certero.Mi hijo medía más de 1.80 y el tiro fue directo a la cara", dijo Diana Sugey Castillo, madre de la víctima, según información de El Tiempo. "No quiero que el crimen quede impune y sigan matando jóvenes inocentes", agregó.

Postura oficial

La versión de la familia del joven difiere de la postura oficial. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Manuel Vázquez Prada, los uniformados llegaron a atender un caso de riña entre dos mujeres, cuando se presentó una "asonada" contra los oficiales que terminó en los disparos que impactaron en Brown Mosquera.

"Se presentan disparos, y como consecuencia, una persona resulta lesionada, quien posteriormente fallece en centro hospitalario", dijo Vázquez Prada en un reporte a medios. 

La familia trasladó a Brown Mosquera al Hospital Carlos Holmes Trujillo de Cali, y posteriormente, el joven fue remitido al Centro Médico Imbanaco, en donde falleció.  

Indignación

Los vecinos y conocidos de la víctima protestaron el martes 13 de octubre en la estación de Policía El Vallado, para exigir el esclarecimiento del caso. 

"No era un vándalo, y no son manzanas podridas, son una banda criminal armada y pagada por nosotros", criticó una usuaria de Twitter sobre la actuación policial en la muerte de Brown Mosquera.

En medio de la polémica por los recientes casos de abuso policial en Colombia —que motivaron fuertes protestas contra el Gobierno de Duque—, el general de la Policía de Cali informó que se investigará internamente el caso, a la par de la pesquisa que desarrolle el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

"De tal forma que sean los jueces judiciales y administrativos los que se pronuncien de cara al esclarecimiento de este lamentable hecho", dijo Vázquez Prada. 

El violento actuar de las fuerzas de seguridad colombianas ha sido objeto de fuertes críticas en el país, principalmente tras el reciente homicidio del abogado Javier Ordóñez, a quien la Policía le aplicó descargas eléctricas en el suelo antes de llevarlo detenido a un Comando de Atención Inmediata (CAI), en donde la víctima falleció por politraumatismos.

El homicidio de Ordóñez a manos de la Policía provocó multitudinarias protestas en las principales ciudades colombianas, que dejaron un saldo de 13 fallecidos y más de 500 heridos, reavivando el debate sobre el abuso de la fuerzas de seguridad durante las manifestaciones sociales. 

El pasado 7 de octubre, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pidió disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial aquellos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD) durante las protestas, después de que el Tribunal Superior de Bogotá dictara un ultimátum para que el funcionario se pronunciase sobre el tema

Publicado: 14 oct 2020 21:10 GMT

Publicado enColombia
Araya yace en el lecho del Mapocho, luego de haber sido arrojado al río.  ________________________________________ Imagen: Twitter

Indignación contra el accionar de los Carabineros

 

Anthony Araya estuvo inconsciente, además sufrió fracturas en el cráneo y las muñecas. A pesar de los videos que incriminan a los agentes, el teniente coronel Rodrigo Soto insiste con negar su responsabilidad.  “Carabineros hace su trabajo, Carabineros está restableciendo el orden público”, alegó. La Comisión Interamericana de Derechos reclamó que se investigue el caso. 

Las protestas en Chile dejaron este viernes una imagen estremecedora: un joven de 16 años fue arrojado al Río Mapocho por efectivos de Carabineros, que pese a la existencia de videos que captan el momento, negaron la responsabilidad en lo sucedido. No obstante, más tarde la Fiscalía Centro Norte chilena anunció la detención del agente que provocó la caída del adolescente bajo la imputación de "homicidio frustrado".

El hecho sucedió en medio de una refriega entre policías y manifestantes, cuando en Chile falta menos de un mes para el plebiscito del 25 de octubre que determinará si habrá o no una nueva Constitución que reemplace a la de Augusto Pinochet. Los videos muestran cómo un efectivo de la Policía Nacional chilena tiró al menor de edad al río Mapocho.

El joven, identificado como Anthony Araya, estaba inconsciente cuando los rescatistas bajaron a buscarlo y recibió reanimación. Quedó internado y, de acuerdo a lo informado, su estado es grave pero estable, con fracturas en el cráneo y las muñecas. “Por ningún motivo Carabineros arrojó a esta persona al lecho del río”, aseguró el teniente coronel Rodrigo Soto, comisario de Providencia, pese a la evidencia en contra de sus palabras. “Carabineros hace su trabajo, Carabineros está restableciendo el orden público, Carabineros lo único que desea es que estemos tranquilos”, agregó Soto. 

Más tarde, Soto volvió a hablar. “Lo que Carabineros desmintió y vuelve a desmentir absolutamente es que se haya tomado de los pies o que haya sido botado al río por un carro lanzaaguas como inventaron testigos en redes sociales”. Y añadió: Afortunadamente existe un video que muestra que este lamentable accidente se produjo en un contexto intenso de detención de personas que causaban desórdenes”, al tiempo que aseguró que “el carabinero que aparece en el video está totalmente identificado”.

Carabineros está en la mira por su acción represiva como nunca antes desde la dictadura pinochetista. Se acumulan decenas y decenas de denuncias por la violencia desde que hace casi un año comenzó la revuelta popular. Una de las marcas de la represión han sido los perdigonazos a los rostros de que manifestantes, muchos de los cuales han perdido la visión de uno o ambos ojos. Según se denunció, ayer hubo no menos de diez carros hidrantes y gases. 

Tras lo ocurrido ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su "firme condena" y llamó al gobierno de Sebastián Piñera a "realizar investigaciones con debida diligencia" así como a respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, "particularmente en el contexto de las películas". 

La oposición reclama la renuncia de Mario Rozas, titular de Carabineros, que ha sostenido el accionar de la fuerzas en los últimos meses. Mientras, esta mañana se registraron incidentes en la puerta de la clínica donde esta internado el adolescente: un grupo de carabineros fue a reprimir a quienes se congregaron en la entrada del centro de salud para saber la evolución del agredido.

La detención del carabinero

La Fiscalía chilena anunció a las pocas horas que el policía acusado por el hecho fue detenido por presunto "homicidio frustrado". Según explicó, la solicitud se presentó “tras múltiples diligencias que permitieron establecer que hay antecedentes de su responsabilidad en los hechos”.

El carabinero será trasladado el domingo a la Fiscalía de Alta Complejidad, a cargo de  Ximena Chong, quien habló de su responsabilidad en el hecho. Según Chong, el uniformado, “en el contexto de una arremetida realizada por personal de la Unidad de Control de Orden Público, habría impulsado al joven de 16 años, lo que habría provocado su caída, a una altura aproximada de siete metros”.

Siguiendo esta línea, la fiscal a cargo del caso determinó que la “evidencia audiovisual y testimonial dan cuenta de la existencia de una conducta, que a nuestro juicio, es de carácter dolosa”.

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Venezuela: La violación de los derechos humanos se acentúa en medio de la pandemia

La violación a los derechos humanos fundamentales es algo que se ha profundizado en Venezuela durante el período de gobierno de Nicolás Maduro. A partir de la cuarentena decretada debido a la pandemia del Covid19, estas violaciones se vienen acentuando pese a la disminución general de la actividad social, pública y privada, en todo el país.

Dos hechos recientes ejemplifican esta grave situación: la agresión cometida por miembros de la Guardia Nacional contra ciudadanos que hacían cola de gasolina en Aragua de Barcelona (Anzoátegui), que resultó en un muerto y varios heridos, y el desalojo decretado por el gobierno de las residencias estudiantiles “Livia Gouverneur” en Caracas, bajo el argumento de que van a ser utilizadas para alojar pacientes contagiados con el coronavirus.

El sábado 25 de julio varios integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dispararon contra ciudadanos que reclamaban irregularidades en la cola para surtir gasolina en una estación de Aragua de Barcelona, resultando un fallecido y un herido de bala[1]. Ante esa agresión la fiscalía designó dos fiscales para investigar los hechos y posteriormente fueron detenidos cuatro miembros de la GNB[2] .

Este asesinato se suma a la reciente muerte de otro ciudadano durante una protesta popular por irregularidades en el suministro de gasolina en Isla de Toas (Zulia) el pasado 15 de julio, en donde la GNB aparentemente causó la muerte de un pescador que reclamaba dichas irregularidades[3]. Este asesinato, hasta donde sabemos, no ha sido investigado por la fiscalía y nadie ha sido detenido.

Toda Venezuela conoce y sufre las graves irregularidades que se están presentando desde hace meses en las estaciones de gasolina al momento de surtir combustible a la ciudadanía. Colas enormes que duran hasta varios días para poder echar gasolina, y una constante acción ilegal de los funcionarios militares en concierto con los trabajadores de dichas estaciones de servicio, los cuales ingresan muchos vehículos que no han hecho cola pero que sí han pagado la respectiva “coima”, muchas veces en dólares. Las protestas son diarias a lo largo y ancho del país de los ciudadanos molestos y hartos de tanta burla en sus propias narices, y los casos de agresión física dentro de las estaciones de gasolina se presentan con mucha frecuencia. El rebaso de esta grave situación permitida y protagonizada por los mismos funcionarios militares que custodian las referidas estaciones, han sido estos dos casos de ciudadanos asesinados a balazos al momento de protestar estas enojosas irregularidades.

El desalojo de las residencias estudiantiles “Livia Gouverneur” en Caracas con el argumento gubernamental de que van a ser utilizadas para alojar pacientes del covid19 también significó una violación abierta de los derechos de los estudiantes afectados, al hacer un allanamiento a media noche, aplicando pruebas PCR cuya veracidad fue puesta en duda por los mismos estudiantes (como se observa su denuncia en numerosos videos)[4]. Los estudiantes finalmente fueron desalojados por la fuerza, y algunos de ellos detenidos por corto tiempo[5]. No se tomó en cuenta que muchos estudiantes que provienen del interior del país trabajan a la vez que estudian (obligados por la grave crisis económica que afecta también a sus familias), que en Caracas tienen mejor acceso a internet que en sus lugares de origen, y que regresarlos a su casa puede significar simplemente el abandono definitivo de sus estudios. Resalta en este caso que los estudiantes desalojados son afines al PSUV y al gobierno de Maduro, y que pese al pronunciamiento de conocidos activistas del oficialismo, se continuó y culminó con el proceso de desalojo.

La violación reiterada de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, ha continuado también durante la pandemia. Nos referimos a las constantes muertes de ciudadanos en supuestos enfrentamientos con fuerzas policiales. El pasado 11 de junio en la carretera vieja Caracas-La Guaira, fueron asesinados cinco ciudadanos por el FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana-PNB), destacando que uno de los muertos era escolta de una ministra. Ante el pronunciamiento público de la ministra denunciando ese asesinato[6], en lo que calificó de “actuación aberrante de esos funcionarios”, la fiscalía ordenó la detención de cinco integrantes del FAES, por “el exceso y uso desproporcionado de la fuerza”[7].

La muerte de ciudadanos que supuestamente hacen “resistencia a la autoridad” se han multiplicado exponencialmente en la última década. Connotados investigadores universitarios[8] han resaltado que, según las propias cifras aportadas por las autoridades, entre los años 2010 y 2018 “han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas”. Sólo en el año 2018 los datos oficiales reflejan 5.287 muertes a manos de las policías[9]. Provocando que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes aumentara de 2,3 % en 2010, hasta 16,6 % en 2018, un aumento del 622%. En comparación con países vecinos como Brasil, esa misma tasa de homicidios es de 7%, a pesar de que este país tiene décadas presentando una problemática delincuencial aparentemente incontrolada y sus cuerpos policiales han sido muchas veces denunciados por violación a los derechos humanos.

Este aumento exponencial de las muertes en supuestos enfrentamientos con los cuerpos policiales, ha llevado a que el porcentaje de muertes en acciones policiales en comparación con el total de homicidios en Venezuela, que en 2010 era apenas del 4%, haga llegado en 2018 al 33%, lo que implica que uno de cada tres homicidios en el país es consecuencia de la acción de las fuerzas de seguridad del Estado. De manera general son cifras más propias de un país en guerra civil, y no de un país en paz social, como se supone que estamos.

Las FAES, creadas por el gobierno de Maduro en julio de 2017, han terminado de consolidar una visión que concibe la actuación policial como una cuestión militar y de seguridad nacional. El resultado de esta visión son los miles de ciudadanos asesinados en la última década, cifra que hoy se acerca a las 30 mil personas.

En los hechos, el gobierno de Maduro ha implementado la pena de muerte mediante ejecuciones sumarias de supuestos delincuentes, una violación gravísima de nuestra Constitución Bolivariana, que viene generando un clima de terror en los barrios más humildes de todas las ciudades del país, en los cuales casi diariamente se asiste al asesinato selectivo de ciudadanos que se supone son delincuentes y hacen “resistencia a la autoridad”, negando, mediante esta práctica criminal del propio Estado, los derechos jurídicos al debido proceso, a la defensa, y lo más sagrado, el propio derecho a la vida.

Esta violación de los más elementales derechos humanos ha sido denunciada incluso por diputados oficialistas de la Asamblea Nacional Constituyente[10].

El gobierno mantiene una constante persecución y represión hacia las organizaciones e individualidades que le hacen oposición política, o que simplemente ejercen sus derechos ciudadanos al denunciar irregularidades en la administración pública y exigir que las instituciones hagan su trabajo. Esta represión ha llegado hasta el asesinato de dirigentes opositores como el concejal Fernando Albán en octubre de 2018, que fue lanzado por una ventana del 10º piso del edificio del SEBIN[11] en Caracas, luego de ser torturado mientras estaba detenido, como denunciaron sus abogados en base a evidencias observadas en el cadáver[12]. Otro caso de asesinato de un detenido político es el capitán Rafael Acosta Arévalo, asesinado mediante torturas en junio de 2019[13], quien falleció luego de desmayarse en la audiencia del tribunal militar[14].

La represión política, las detenciones y torturas a los detenidos se extienden a dirigentes obreros y periodistas que ejercen sus derechos constitucionales en sus respectivas áreas laborales[15]. Como es el caso de Rubén González, sometido a tribunales militares a pesar de su condición civil y de dirigente sindical en la empresa Ferrominera[16]. Rodney Alvarez, también trabajador de Ferrominera. Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, ingenieros de PDVSA que denunciaban internamente casos de corrupción y fueron detenidos y torturados por el DGCIM[17], acusados de traidores a la patria y de ser “informantes de la CIA”. Javier Vivas Santana, columnista de la página web aporrea.org quien fue detenido en marzo de 2020 por sus escritos críticos hacia el gobierno[18]. El dirigente político y comunicador Nicmer Evans, detenido en julio de 2020, acusado de “instigación al odio”[19].

La llamada “Ley contra el odio” aprobada por la inconstitucional “Asamblea Nacional Constituyente” en noviembre de 2017[20], ha permitido al gobierno perseguir y silenciar a espacios comunicacionales y dirigentes sociales que cuestionan de alguna forma las irregularidades en la acción gubernamental. Es una ley que se aplica únicamente contra los que de alguna forma hacen oposición política o social al gobierno. El mismo presidente Maduro y muchos de sus ministros y principales exponentes del PSUV permanentemente hacen pública apología al odio hacia sus opositores, sin que hasta el presente se haya levantado ninguna investigación contra ellos. Es una ley “ad hoc” utilizada como arma de control social y represión política de acuerdo a su conveniencia.

La persecución al periodismo crítico también se expresa en el bloqueo de páginas web que publican denuncias y opiniones sobre la política nacional, como ha sucedido por años con el bloqueo a la web aporrea.org y otras. Esta política contra todos los espacios de crítica y denuncia se manifiesta también en la campaña que el propio presidente Maduro[21] y Diosdado Cabello han generado contra la organización Provea[22], de relevante trayectoria por 30 años en la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

La política ultraneoliberal de salarios de hambre (Salario Cero) que ejecuta desde hace años el gobierno de Maduro es otro escenario de violación de derechos humanos fundamentales y de la propia constitución nacional[23]. La remuneración del trabajo ha desaparecido en la Venezuela supuestamente “socialista” de Maduro, pues hoy el salario mínimo más el bono de alimentación apenas superan los tres (3) dólares mensuales, contrastando esa dura realidad que vivimos todos los trabajadores en este país con los salarios mínimos del resto de países latinoamericanos[24] que no se reivindican como “socialistas” ni “obreristas”: Uruguay, 462 dólares mensuales; Chile, 431; Ecuador 394; Paraguay, 355; Argentina 298; Perú, 275; Brasil, 257; Colombia, 254; México, 156; y Haití, 59. La supervivencia de los trabajadores y sus familias en Venezuela está en grave riesgo debido a la imposibilidad de alimentarse y mucho menos de cubrir otros gastos básicos con un salario de tres dólares al mes.

La violación de los derechos humanos se extiende a múltiples expresiones de los derechos sociales consagrados en la Constitución, como lo son:

  • El derecho a la salud. Señalando el déficit en médicos y enfermeras debido a la enorme migración debido a los bajos salarios; unido a las carencias de equipos, insumos médicos y medicinas para atender pacientes en los hospitales públicos y ambulatorios. La disminución de campañas preventivas de vacunación y la reaparición de enfermedades que estaban erradicadas desde hace décadas (como la malaria y la tuberculosis)[25].
  • El derecho a la seguridad social, en donde resalta la casi desaparición del valor real de las pensiones, cuyo monto hoy apenas supera un (1) dólar mensual. Los ciudadanos pensionados, por razones obvias de su edad y en muchos casos sus condiciones de salud, no están en posibilidad de buscar otras fuentes de ingresos distintas a la pensión. Lo que ha colocado a centenares de miles de ancianos al borde de la inanición por la incapacidad de alimentarse ni siquiera un día con el ingreso que perciben del estado.
  • El derecho a la educación, al reducir al mínimo y casi desaparecer los presupuestos destinados al sistema educativo en todos sus niveles. Resaltando la desaparición absoluta del financiamiento a la investigación científica en las universidades y de todas las actividades relacionadas (adquisición de equipos y materiales, compra de libros y otras publicaciones, asistencia a eventos nacionales e internacionales). Hoy en día Venezuela es un país en el cual ha desaparecido la investigación científica como tal, salvo contadas excepciones sustentadas en financiamientos privados y en el esfuerzo personal de los propios investigadores de las universidades públicas.
  • Los derechos de los pueblos indígenas, en donde resalta todo un conjunto de violaciones ubicadas en la explotación del Arco Minero del Orinoco[26] y en las recientes resoluciones del CNE eliminando el voto directo de los pueblos indígenas para elegir la Asamblea Nacional[27].
  • La violación de prácticamente todos los derechos laborales consagrados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT), resaltando el memorando 2792 del ministerio del trabajo de octubre de 2018[28], que desconoció todas las contrataciones colectivas vigentes en la administración pública y en el sector privado, barriendo en un solo acto las conquistas obreras que se habían logrado durante el período de Hugo Chávez. La política del gobierno ha sido la de “aplanar” las tablas salariales, estableciendo diferencias mínimas entre los salarios iniciales y las escalas más altas de remuneración, violentando el principio constitucional de progresividad en los derechos laborales, desconociendo la antigüedad, la capacitación profesional y técnica, los grados de responsabilidad y la meritocracia de los trabajadores.
  • La violación de derechos humanos también se viene presentando en el trato que el gobierno viene dando a los venezolanos que regresan de otros países debido a la pandemia. Al calificar como “bioterroristas” a los connacionales que regresan a través de pasos fronterizos ilegales[29] (trochas), se genera una instigación al odio y se abre la puerta a la represión policial-militar, se expone al desprecio público y se somete de hecho a malos tratos, a todos los ciudadanos que están regresando al país porque perdieron sus trabajos en los respectivos países adonde habían emigrado. Más aún cuando se constata que el ingreso “legal” al país por los pasos fronterizos está sumamente restringido y en algunos casos inexistente. El llamado “plan vuelta a la patria” de Maduro ha terminado en su contrario: “no regresen, que aquí no los queremos”.

En resumen, la violación de los derechos humanos fundamentales consagrados en nuestra constitución y las leyes de la República ha sido una constante durante el gobierno de Nicolás Maduro, y se ha mantenido y en algunos casos acentuado durante los meses de cuarentena decretados con motivo de la pandemia del coronavirus. De facto, el gobierno mantiene un estado de excepción permanente, suspendiendo garantías constitucionales que no pueden ser obviadas en ninguna circunstancia, como el derecho a la vida, la prohibición de incomunicación y tortura, el debido proceso, el derecho a la información y demás derechos intangibles (artículo 337 de la Constitución).

Más allá de denunciar esta grave situación que está convirtiendo a Venezuela en un territorio donde no existe el imperio de las leyes, y el abuso contra los ciudadanos es una política de estado, consideramos que hoy más que nunca se plantea la necesidad de una solución urgente a la profunda crisis que en todos los órdenes atraviesa el país. Una solución que, como hemos propuesto reiteradamente en el último año, debe buscarse por medios pacíficos, democráticos y constitucionales, a partir de acuerdos consensuados entre todos los sectores políticos y sociales del país.

República Bolivariana de Venezuela, 05 de agosto de 2020.

Santiago Arconada, Juan García, Edgardo Lander, Roberto López Sánchez, Gustavo Márquez Marín, Oly Millán Campos, Esteban Emilio Mosonyi, Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio.

 

[1] GNB presuntamente asesinó a un hombre e hirió a otro por reclamar abusos en estación de gasolina.

https://www.aporrea.org/ddhh/n357398.html

[2] Detenidos 4 gnb que iban con el capitán investigado por muerte en 'bomba' de Anzoátegui.

https://www.panorama.com.ve/sucesos/Detenidos-4-gnb-que-iban-con-el-capitan-investigado-por-muerte-en-bomba-de-Anzoategui-20200726-0043.html

[3] Mataron a un pescador en isla de Toas en protesta por gasolina. https://www.panorama.com.ve/sucesos/Mataron-a-un-pescador-en-isla-de-Toas-en-protesta-por-gasolina-20200716-0076.html

[4]https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1286900373031202816

[5]https://efectococuyo.com/la-humanidad/livia-gouverneur-del-icono-de-lucha-al-desalojo-de-estudiantes/

[6]https://www.elnacional.com/venezuela/iris-varela-tras-asesinato-de-su-escolta-la-actuacion-aberrante-de-esos-funcionarios-no-quedara-impune/

[7]https://twitter.com/irisvarela/status/1271897496927834113/photo/4

[8] Homicidios en Venezuela: vamos de nuevo con las cifras.  Keymer Ávila | Sábado, 28/03/2020. https://www.aporrea.org/ddhh/a288589.html

[9] ¿Cómo se organiza la violencia desde el Estado en Venezuela? Por: Keymer Ávila | Lunes, 22/06/2020. https://www.aporrea.org/ddhh/a291996.html

[10] Diputado Chavista De La ANC Vivió En Carne Propia Atropello De La FAES.  julio 18, 2020. https://monitordolarvzla.com/diputado-chavista-de-la-anc-vivio-en-carne-propia-atropello-de-la-faes/

[11] Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

[12]https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/07/30/los-abogados-del-concejal-fernando-alban-difundieron-evidencias-de-las-torturas-que-sufrio-antes-de-morir-bajo-custodia-del-sebin/.

[13]https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/06/28/a-un-ano-del-asesinato-de-rafael-acosta-arevalo-la-esposa-del-capitan-detallo-la-brutal-tortura-que-sufrio-el-militar-por-parte-de-la-dictadura-chavista/

[14] Qué se sabe de Rafael Acosta Arévalo, el militar que murió bajo custodia en Venezuela. BBC News Mundo.

1 julio 2019.   https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48824174

[15] Existen hoy en Venezuela varios centenares de presos políticos, incluyendo un centenar de militares.

[16]https://eldiario.com/2020/07/31/ruben-gonzalez-simbolo-para-los-trabajadores-detenido-por-el-regimen/.

[17] Dirección general de contrainteligencia militar.

[18]https://talcualdigital.com/dgcim-detiene-a-periodista-javier-vivas-santana-aun-se-desconocen-los-motivos/

[19]https://www.cinco8.com/periodismo/detenido-el-politologo-nicmer-evans/

[20]https://cpj.org/es/2017/11/nueva-ley-contra-el-odio-de-venezuela-se-propone-s/.

[21]https://www.elnacional.com/venezuela/nicolas-maduro-acuso-a-la-ong-provea-de-ser-financiada-por-la-cia/

[22] Programa Venezolano de educación-acción en derechos humanos.

[23] Venezuela: ¿Por qué tenemos el salario más bajo del mundo?. Manuel Sutherland. 03/05/2020. https://www.sinpermiso.info/textos/venezuela-por-que-tenemos-el-salario-mas-bajo-del-mundo

[24]https://es.statista.com/estadisticas/1077860/america-latina-salario-minimo-mensual-por-pais/.

[25]https://www.voanoticias.com/archivo/oms-sistema-de-salud-de-venezuela-sigue-en-ca%C3%ADda-libre#:~:text=GINEBRA%20%2D%20%2D%20La%20ONU%20y%20las,alguna%20vez%20se%20consideraron%20vencidas.

[26] Informe: Situación de la Amazonía venezolana en tiempos de pandemia. 17/07/2020. https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/07/17/informe-situacion-de-la-amazonia-venezolana-en-tiempos-de-pandemia/

[27]https://oevenezolano.org/2020/08/el-cne-continua-violando-la-constitucion/

[28] Memorando-circular nº 2792. Lineamientos a ser implementados en las negociaciones colectivas de trabajo en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo. 11/10/2018. Publicado en: http://www.laizquierdadiario.com.ve/Trabajadores-marcharon-en-Caracas-contra-el-plan-de-ajuste-de-Maduro-y-los-empresarios

[29]Un #TrocheroInfectado es un bioterrorista que te puede quitar la vida a ti y a tus seres más queridos” afirmó el padre Numa Molina, muy vinculado políticamente al gobierno de Maduro. https://twitter.com/numamolina/status/1283375042081030146?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1283375042081030146%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aporrea.org%2Fmedios%2Fa293118.html Declaraciones similares las ha dado el mismo presidente Maduro y otros altos funcionarios como Freddy Bernal.

Publicado enInternacional
Jueves, 25 Junio 2020 10:50

Las lecciones del patrullero Zúñiga

https://www.flickr.com/photos/policiacolombia/5885648462/

La negativa a cumplir una orden por parte de un patrullero permite aproximarse a las concepciones sobre el ejercicio de la fuerza policial en nuestra sociedad. El hecho se constituye en una ventana de oportunidad para cuestionar los significados hegemónicos de heroísmo, profesionalismo y cumplimiento del deber, propios de una concepción militarista de la policía, pero también revela las limitaciones que tal cuestionamiento enfrenta.

 

El pasado martes 9 de junio un patrullero de la Policía Nacional con diez años de antigüedad en la institución, Ángel Zúñiga Valencia, se negó a cumplir una orden de desalojo contra una comunidad asentada en la ribera del río Pance, en uno de los sectores rurales de Cali.

El hecho se conoció por un video difundido masivamente en las redes sociales virtuales. De fondo se puede apreciar una máquina retroexcavadora preparándose para tumbar las viviendas y cultivos de la comunidad, mientras distintas voces felicitan y aplauden al policía, a quien se ve entregando su arma de dotación y su radioteléfono, ofreciendo retirarse el uniforme y esgrimiendo las razones para negarse a cumplir la orden:

“[…] yo me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos […] es algo injusto lo que están haciendo en este momento: no les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”.

El caso no parece ser aislado, si se tiene en cuenta que en días anteriores también rotaron por las redes sociales virtuales videos de otros agentes de policía explicando por qué se negaban a desalojar vendedores ambulantes, pese a las restricciones impuestas por el confinamiento, pero permite observar las representaciones colectivas que se han construido sobre la Policía y avizorar posibilidades de transformación.

Deconstruyendo el heroísmo

De inmediato se produjo una ola de apoyo virtual al patrullero Zúñiga, de “tendencias” en las redes sociales y, por consiguiente, una disputa por el significado del hecho. Al menos temporalmente se operó un movimiento de resistencia respecto del discurso hegemónico sobre las Fuerzas Armadas instituido desde los tiempos del primer gobierno Uribe (2002-2006), que hasta cierto punto muestra sus fisuras.

En efecto, hubo una deconstrucción y resignificación de la categoría de “héroe”. Desde arriba, el marketing oficial basado en la atribución de esa dignidad a soldados y policías -“los héroes en Colombia sí existen”- los presenta defendiendo a la población de enemigos externos al orden social, como la delincuencia y la insurgencia armada.

En contraste, desde abajo, ahora se le confería dicho reconocimiento a un agente por defender a una comunidad desamparada frente a los atropellos e injusticias del propio establecimiento. Frente a las noticias de abuso de autoridad, corrupción y extralimitación en el uso de la fuerza, que ocupan cotidianamente tanto los medios masivos de comunicación como las mismas redes sociales, el ideal de heroísmo pareció coincidir con su expresión fáctica.
En este registro se ubicaron los mismos pobladores objeto del desalojo, que llamaron al policía “un ejemplo”, “un buen ser humano”, “un verdadero héroe”, así como los miles de ciudadanos que aplaudieron su actitud en las redes y los 40 congresistas de la bancada alternativa, quienes propusieron conferirle una condecoración al Patrullero y solicitaron que no fuera sancionado.

Así, el enmarcado de la situación dejó poco margen de maniobra a los custodios de la “institucionalidad” puesto que el hecho al mismo tiempo era positivo, un policía se convertía en héroe en un contexto en que otro miembro de la Institución es acusado de asesinar a un ciudadano afrocolombiano y en que se han presentado innumerables abusos en la implementación de las medidas de confinamiento por la pandemia, y negativo, pues se negaba a cumplir una orden.

La corrección política se oficializa

Paradójicamente, una acción juzgada por la opinión pública como “buena” no podía ser capitalizada como propaganda, al nivel de los policías cantando y bailando para amenizar la cuarentena en algún vecindario o repartiendo bolsas con pan. Por esa razón, en la disputa por el significado del evento el contradiscurso fue necesariamente ambiguo y políticamente correcto. Quien mejor lo sintetizó fue el brigadier general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali:

“Los policías de Colombia en el cumplimiento del deber nunca perdemos nuestra condición humana; sin embargo, frente a orden legítima expedida por la autoridad judicial o administrativa correspondiente no tenemos sino un solo camino, el de garantizar el cumplimiento. Ni el policía, como ningún servidor público, podrá incurrir en una omisión o extralimitación en el cumplimiento de su deber”.

En uno de los lados de la balanza imaginaria se ubicó la “humanidad” o “condición humana” del Patrullero y en el otro, mucho más pesado por supuesto, el cumplimiento del “deber” y la ley. Este concepto fue repetido, casi con las mismas palabras por el presidente Iván Duque, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y numerosos “formadores de opinión”.

La cuestión del “deber”, y con él del profesionalismo, se redujo de esa manera a un problema legal. El exdirector de la Policía, general Luis Ernesto Gilibert sancionó al respecto: “El policía está para cumplir órdenes. Se obliga a cumplir la ley y hacer cumplir la ley”.

Al patrullero Zúñiga se le abrió un proceso disciplinario que en rigor no podrá avanzar, pues estaba obedeciendo la Constitución y por tanto cumpliendo su deber, máxime en el momento de emergencia debido a la pandemia, e igualmente hacía objeción de conciencia, que al ser individual no tendría por qué afectar el operativo.

La ley y la ideología

Pero las minucias legales que en contra del patrullero se esgrimen lo que envuelven, en últimas, es una concepción ideológica sobre el deber y el profesionalismo en la Policía. De esa manera, el discurso oficial sobre el suceso reproduce las limitaciones tanto del concepto del deber como de profesionalismo en que se asienta hoy la labor represiva de esta institución. Se trata de dos concepciones totalmente anacrónicas, sobre todo si se piensa en que formal y oficialmente la sociedad colombiana se encuentra en un período de “postconflicto” y en medio de un proceso de construcción de paz.

En efecto, el deber y el profesionalismo esgrimidos para argumentar que las órdenes solo se pueden cumplir, perviven en la Policía únicamente porque los intentos de reformar la estructura militar hoy prácticamente caduca, que le confirió el gobierno de Rojas Pinilla (1953) a fin de despolitizarla, han sido infructuosos. La reforma realizada en esta materia en 1993 (Ley 62) fue prácticamente cosmética.

Por un lado, redujo el concepto de “profesionalismo” a la exigencia de un grado mínimo de preparación académica formal, el bachillerato, para ingresar a la carrera policial. La mística y la vocación de servicio insertas en el concepto de “deber”, reducida a un artilugio jurídico entre los críticos del patrullero Zúñiga, se reemplazó desde el principio por un requisito burocrático, que ni siquiera es suficiente para garantizarlas.

Por otro lado, mantuvo la estructura jerárquica calcada del ejército y, por consiguiente, unas relaciones de mando-obediencia totalmente verticales. La reforma no unificó la estructura de la Policía, de tal manera que permitiera el ascenso de todos los efectivos en los mismos rangos en función de su antigüedad, desempeño o preparación, sino que se limitó a reemplazar el antiguo rango de “suboficiales” por un “nivel ejecutivo”, manteniendo como un rango aparte y superior a los oficiales.

En esta estructura, mientras la oficialidad una vez culmina su proceso de formación accede a un título profesional, análogo al de las profesiones liberales, el nivel ejecutivo no. En el fondo, se reproduce una concepción en donde los rangos inferiores de este último nivel se conciben como operarios o instrumentales, casi como herramientas, antes que como agentes capaces de enfrentar decisiones complejas, reflexionar y decidir. Estas son tareas que, al menos teóricamente, se mantienen en el rango de oficiales.

Otra noción del deber y del profesionalismo

De ahí que se asuma que el cumplimiento de las órdenes es irreflexivo, y más si de un agente del “nivel ejecutivo” se trata. Este supuesto es totalmente contrario a una noción más amplia de profesionalismo, que tenga en cuenta las particularidades de la función de un efectivo de la policía y sus enormes diferencias con las tareas que un soldado está llamado a desempeñar.

La interacción permanente con la ciudadanía y la comunidad le imponen al policía la necesidad de deliberar, ponderar, reflexionar, e incluso negociar, antes de tomar decisiones y actuar, y por supuesto mucho antes de emplear la fuerza, que debe ser siempre recurso de última instancia. Es ese conjunto de tareas las que le permiten al policía entender el entramado de los problemas que está llamado a resolver. Pero además le proporcionan un acercamiento a la gente, que no solo dota de legitimidad su acción sino que fundamentalmente posibilita el reconocimiento de sus interlocutores como ciudadanos, sin ningún tipo de distinción.

Por consiguiente, el cumplimiento ciego de una orden no solo puede afectar negativamente el profesionalismo sino que también puede ser contrario al deber, incluso reducido a la subordinación de la acción del policía a la Constitución y la ley. De hecho, una consecuencia de esa concepción es el creciente distanciamiento entre los policías y los ciudadanos. En particular en tareas de choque, como la contención de la protesta, las personas que en ella participan tienden a ser vistos como “enemigos”, más que como ciudadanos ejerciendo derechos, en lo que constituye un legado nocivo de las doctrinas contrainsurgentes.

Desde esta perspectiva, el patrullero Zúñiga, lejos de faltar al deber y al profesionalismo, nos permite apreciar una concepción alternativa y contrahegemónica de los mismos, pues se tomó el trabajo de reflexionar, ponderar y reconocer a las personas objeto del desalojo.

Explícitamente ponderó la orden judicial en relación con sus deberes en el marco de la Constitución y el respeto de los derechos humanos, pero también teniendo en cuenta el contexto particular de emergencia por la pandemia y la prohibición de los desalojos. Así declaró en una entrevista: “[…] Yo soy policía, pero si yo veo que las cosas están mal, cuando me dan una orden, yo evalúo si la orden es para bien o es para mal. Si la orden es para mal, entonces yo tengo que tomar una decisión: si camino ciego o abro los ojos [...] Las cosas que yo hice las hice como me manda la Constitución política”.

En ningún momento puso en riesgo la seguridad personal de sus compañeros policías, ni de los funcionarios o la comunidad, puesto que lo primero que hizo fue despojarse de su arma de dotación. Pero sobre todo, fue capaz de reconocer en la comunidad objeto del desalojo, quienes han infringido la ley, ciudadanos en toda la extensión del concepto, es decir, personas con las cuales también tiene la obligación de resguardarles sus derechos. En la entrevista con la revista Semana dice: “defendí los derechos de unos ciudadanos que no tenían a nadie que los apoyara, absolutamente, doctora, no tenían a nadie que los apoyara. Estaban desamparados, totalmente desamparados”.

¿Más policías como el patrullero Zúñiga o menos policía?

El caso de este patrullero ha significado una oportunidad para cuestionar ciertas prácticas y discursos dominantes sobre la Policía, como el heroísmo y los conceptos de deber y profesionalismo. Sin embargo, los cuestionamientos concretos han sido bastante limitados. Se han concentrado en la persona del Patrullero, resaltando su valor al oponerse a cumplir una orden injusta, pero no se ha transitado al cuestionamiento de la orden misma, esto es, de la función ultra-represiva que ha terminado por adoptar la Policía, ni a la injustica que implica el desalojo.

La discusión no fue más allá de reivindicar “más policías como el patrullero Zúñiga”, ubicando así los problemas que el suceso desnudó, la injusticia del desalojo y las funciones represivas de la institución policial, en el plano de las personas, de la ética y de la moral, más que en el terreno de las estructuras, las instituciones y la política. Por ejemplo, no se planteó la necesidad de menos policía y menos represión o de otro tipo de policía, de procedimientos policiales.

En suma, si por un lado el caso evidencia un hartazgo con una sociedad altamente represiva y una policía militarizada encargada de ejercer esa represión, por otro lado permite observar las dificultades que se tienen a la hora de cuestionar radicalmente el estado de cosas.

 

 

 

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Publicado enEdición Nº269
Miércoles, 24 Junio 2020 18:01

Las lecciones del patrullero Zúñiga

https://www.flickr.com/photos/policiacolombia/5885648462/

La negativa a cumplir una orden por parte de un patrullero permite aproximarse a las concepciones sobre el ejercicio de la fuerza policial en nuestra sociedad. El hecho se constituye en una ventana de oportunidad para cuestionar los significados hegemónicos de heroísmo, profesionalismo y cumplimiento del deber, propios de una concepción militarista de la policía, pero también revela las limitaciones que tal cuestionamiento enfrenta.

 

El pasado martes 9 de junio un patrullero de la Policía Nacional con diez años de antigüedad en la institución, Ángel Zúñiga Valencia, se negó a cumplir una orden de desalojo contra una comunidad asentada en la ribera del río Pance, en uno de los sectores rurales de Cali.

El hecho se conoció por un video difundido masivamente en las redes sociales virtuales. De fondo se puede apreciar una máquina retroexcavadora preparándose para tumbar las viviendas y cultivos de la comunidad, mientras distintas voces felicitan y aplauden al policía, a quien se ve entregando su arma de dotación y su radioteléfono, ofreciendo retirarse el uniforme y esgrimiendo las razones para negarse a cumplir la orden:

“[…] yo me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos […] es algo injusto lo que están haciendo en este momento: no les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”.

El caso no parece ser aislado, si se tiene en cuenta que en días anteriores también rotaron por las redes sociales virtuales videos de otros agentes de policía explicando por qué se negaban a desalojar vendedores ambulantes, pese a las restricciones impuestas por el confinamiento, pero permite observar las representaciones colectivas que se han construido sobre la Policía y avizorar posibilidades de transformación.

Deconstruyendo el heroísmo

De inmediato se produjo una ola de apoyo virtual al patrullero Zúñiga, de “tendencias” en las redes sociales y, por consiguiente, una disputa por el significado del hecho. Al menos temporalmente se operó un movimiento de resistencia respecto del discurso hegemónico sobre las Fuerzas Armadas instituido desde los tiempos del primer gobierno Uribe (2002-2006), que hasta cierto punto muestra sus fisuras.

En efecto, hubo una deconstrucción y resignificación de la categoría de “héroe”. Desde arriba, el marketing oficial basado en la atribución de esa dignidad a soldados y policías -“los héroes en Colombia sí existen”- los presenta defendiendo a la población de enemigos externos al orden social, como la delincuencia y la insurgencia armada.

En contraste, desde abajo, ahora se le confería dicho reconocimiento a un agente por defender a una comunidad desamparada frente a los atropellos e injusticias del propio establecimiento. Frente a las noticias de abuso de autoridad, corrupción y extralimitación en el uso de la fuerza, que ocupan cotidianamente tanto los medios masivos de comunicación como las mismas redes sociales, el ideal de heroísmo pareció coincidir con su expresión fáctica.
En este registro se ubicaron los mismos pobladores objeto del desalojo, que llamaron al policía “un ejemplo”, “un buen ser humano”, “un verdadero héroe”, así como los miles de ciudadanos que aplaudieron su actitud en las redes y los 40 congresistas de la bancada alternativa, quienes propusieron conferirle una condecoración al Patrullero y solicitaron que no fuera sancionado.

Así, el enmarcado de la situación dejó poco margen de maniobra a los custodios de la “institucionalidad” puesto que el hecho al mismo tiempo era positivo, un policía se convertía en héroe en un contexto en que otro miembro de la Institución es acusado de asesinar a un ciudadano afrocolombiano y en que se han presentado innumerables abusos en la implementación de las medidas de confinamiento por la pandemia, y negativo, pues se negaba a cumplir una orden.

La corrección política
se oficializa

Paradójicamente, una acción juzgada por la opinión pública como “buena” no podía ser capitalizada como propaganda, al nivel de los policías cantando y bailando para amenizar la cuarentena en algún vecindario o repartiendo bolsas con pan. Por esa razón, en la disputa por el significado del evento el contradiscurso fue necesariamente ambiguo y políticamente correcto. Quien mejor lo sintetizó fue el brigadier general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali:

“Los policías de Colombia en el cumplimiento del deber nunca perdemos nuestra condición humana; sin embargo, frente a orden legítima expedida por la autoridad judicial o administrativa correspondiente no tenemos sino un solo camino, el de garantizar el cumplimiento. Ni el policía, como ningún servidor público, podrá incurrir en una omisión o extralimitación en el cumplimiento de su deber”.

En uno de los lados de la balanza imaginaria se ubicó la “humanidad” o “condición humana” del Patrullero y en el otro, mucho más pesado por supuesto, el cumplimiento del “deber” y la ley. Este concepto fue repetido, casi con las mismas palabras por el presidente Iván Duque, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y numerosos “formadores de opinión”.

La cuestión del “deber”, y con él del profesionalismo, se redujo de esa manera a un problema legal. El exdirector de la Policía, general Luis Ernesto Gilibert sancionó al respecto: “El policía está para cumplir órdenes. Se obliga a cumplir la ley y hacer cumplir la ley”.

Al patrullero Zúñiga se le abrió un proceso disciplinario que en rigor no podrá avanzar, pues estaba obedeciendo la Constitución y por tanto cumpliendo su deber, máxime en el momento de emergencia debido a la pandemia, e igualmente hacía objeción de conciencia, que al ser individual no tendría por qué afectar el operativo.

La ley y la ideología

Pero las minucias legales que en contra del patrullero se esgrimen lo que envuelven, en últimas, es una concepción ideológica sobre el deber y el profesionalismo en la Policía. De esa manera, el discurso oficial sobre el suceso reproduce las limitaciones tanto del concepto del deber como de profesionalismo en que se asienta hoy la labor represiva de esta institución. Se trata de dos concepciones totalmente anacrónicas, sobre todo si se piensa en que formal y oficialmente la sociedad colombiana se encuentra en un período de “postconflicto” y en medio de un proceso de construcción de paz.

En efecto, el deber y el profesionalismo esgrimidos para argumentar que las órdenes solo se pueden cumplir, perviven en la Policía únicamente porque los intentos de reformar la estructura militar hoy prácticamente caduca, que le confirió el gobierno de Rojas Pinilla (1953) a fin de despolitizarla, han sido infructuosos. La reforma realizada en esta materia en 1993 (Ley 62) fue prácticamente cosmética.

Por un lado, redujo el concepto de “profesionalismo” a la exigencia de un grado mínimo de preparación académica formal, el bachillerato, para ingresar a la carrera policial. La mística y la vocación de servicio insertas en el concepto de “deber”, reducida a un artilugio jurídico entre los críticos del patrullero Zúñiga, se reemplazó desde el principio por un requisito burocrático, que ni siquiera es suficiente para garantizarlas.

Por otro lado, mantuvo la estructura jerárquica calcada del ejército y, por consiguiente, unas relaciones de mando-obediencia totalmente verticales. La reforma no unificó la estructura de la Policía, de tal manera que permitiera el ascenso de todos los efectivos en los mismos rangos en función de su antigüedad, desempeño o preparación, sino que se limitó a reemplazar el antiguo rango de “suboficiales” por un “nivel ejecutivo”, manteniendo como un rango aparte y superior a los oficiales.

En esta estructura, mientras la oficialidad una vez culmina su proceso de formación accede a un título profesional, análogo al de las profesiones liberales, el nivel ejecutivo no. En el fondo, se reproduce una concepción en donde los rangos inferiores de este último nivel se conciben como operarios o instrumentales, casi como herramientas, antes que como agentes capaces de enfrentar decisiones complejas, reflexionar y decidir. Estas son tareas que, al menos teóricamente, se mantienen en el rango de oficiales.

Otra noción del deber
y del profesionalismo

De ahí que se asuma que el cumplimiento de las órdenes es irreflexivo, y más si de un agente del “nivel ejecutivo” se trata. Este supuesto es totalmente contrario a una noción más amplia de profesionalismo, que tenga en cuenta las particularidades de la función de un efectivo de la policía y sus enormes diferencias con las tareas que un soldado está llamado a desempeñar.

La interacción permanente con la ciudadanía y la comunidad le imponen al policía la necesidad de deliberar, ponderar, reflexionar, e incluso negociar, antes de tomar decisiones y actuar, y por supuesto mucho antes de emplear la fuerza, que debe ser siempre recurso de última instancia. Es ese conjunto de tareas las que le permiten al policía entender el entramado de los problemas que está llamado a resolver. Pero además le proporcionan un acercamiento a la gente, que no solo dota de legitimidad su acción sino que fundamentalmente posibilita el reconocimiento de sus interlocutores como ciudadanos, sin ningún tipo de distinción.

Por consiguiente, el cumplimiento ciego de una orden no solo puede afectar negativamente el profesionalismo sino que también puede ser contrario al deber, incluso reducido a la subordinación de la acción del policía a la Constitución y la ley. De hecho, una consecuencia de esa concepción es el creciente distanciamiento entre los policías y los ciudadanos. En particular en tareas de choque, como la contención de la protesta, las personas que en ella participan tienden a ser vistos como “enemigos”, más que como ciudadanos ejerciendo derechos, en lo que constituye un legado nocivo de las doctrinas contrainsurgentes.

Desde esta perspectiva, el patrullero Zúñiga, lejos de faltar al deber y al profesionalismo, nos permite apreciar una concepción alternativa y contrahegemónica de los mismos, pues se tomó el trabajo de reflexionar, ponderar y reconocer a las personas objeto del desalojo.

Explícitamente ponderó la orden judicial en relación con sus deberes en el marco de la Constitución y el respeto de los derechos humanos, pero también teniendo en cuenta el contexto particular de emergencia por la pandemia y la prohibición de los desalojos. Así declaró en una entrevista: “[…] Yo soy policía, pero si yo veo que las cosas están mal, cuando me dan una orden, yo evalúo si la orden es para bien o es para mal. Si la orden es para mal, entonces yo tengo que tomar una decisión: si camino ciego o abro los ojos [...] Las cosas que yo hice las hice como me manda la Constitución política”.

En ningún momento puso en riesgo la seguridad personal de sus compañeros policías, ni de los funcionarios o la comunidad, puesto que lo primero que hizo fue despojarse de su arma de dotación. Pero sobre todo, fue capaz de reconocer en la comunidad objeto del desalojo, quienes han infringido la ley, ciudadanos en toda la extensión del concepto, es decir, personas con las cuales también tiene la obligación de resguardarles sus derechos. En la entrevista con la revista Semana dice: “defendí los derechos de unos ciudadanos que no tenían a nadie que los apoyara, absolutamente, doctora, no tenían a nadie que los apoyara. Estaban desamparados, totalmente desamparados”.

¿Más policías como el patrullero Zúñiga o menos policía?

El caso de este patrullero ha significado una oportunidad para cuestionar ciertas prácticas y discursos dominantes sobre la Policía, como el heroísmo y los conceptos de deber y profesionalismo. Sin embargo, los cuestionamientos concretos han sido bastante limitados. Se han concentrado en la persona del Patrullero, resaltando su valor al oponerse a cumplir una orden injusta, pero no se ha transitado al cuestionamiento de la orden misma, esto es, de la función ultra-represiva que ha terminado por adoptar la Policía, ni a la injustica que implica el desalojo.

La discusión no fue más allá de reivindicar “más policías como el patrullero Zúñiga”, ubicando así los problemas que el suceso desnudó, la injusticia del desalojo y las funciones represivas de la institución policial, en el plano de las personas, de la ética y de la moral, más que en el terreno de las estructuras, las instituciones y la política. Por ejemplo, no se planteó la necesidad de menos policía y menos represión o de otro tipo de policía, de procedimientos policiales.

En suma, si por un lado el caso evidencia un hartazgo con una sociedad altamente represiva y una policía militarizada encargada de ejercer esa represión, por otro lado permite observar las dificultades que se tienen a la hora de cuestionar radicalmente el estado de cosas.

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