Viernes, 28 Febrero 2020 06:10

 Bolsonaro viola DD.HH. en Brasil

 Bolsonaro viola DD.HH. en Brasil

Un informe de Amnistía Internacional condena la retórica del presidente 

Hay un "aumento del número de homicidios cometidos por policías" y una "grave crisis en la Amazonia". Para Bachelet, Brasil dio "marcha atrás" en  medio ambiente.

El gobierno brasileño y las autoridades regionales del país pusieron en práctica la dura retórica del presidente Jair Bolsonaro contra los derechos humanos a lo largo de 2019. Esa es la principal conclusión del informe anual de la organización Amnistía Internacional, en el capítulo dedicado exclusivamente a Brasil. Para Amnistía, el país es escenario de un "aumento del número de homicidios cometidos por policías" y de una "grave crisis en la Amazonia" que afectó principalmente a las comunidades indígenas. También citó los intentos del gobierno brasileño de restringir las actividades de las organizaciones no gubernamentales, así como el aumento de homicidios y amenazas contra defensores de derechos humanos. En la misma sintonía, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acusó a Brasil de dar "marcha atrás" en materia de protección del medio ambiente, y destacó su preocupación ante el aumento de "ataques e incluso asesinatos contra defensores de derechos humanos, muchos de ellos líderes indígenas".

De acuerdo con Amnistía, las autoridades brasileñas "no ofrecieron una respuesta adecuada a una amplia gama de violaciones de derechos humanos". Por el contrario, "mantuvieron un discurso abiertamente contrario que incluía declaraciones dirigidas a debilitar el sistema interamericano de derechos humanos". 

La organización señala en ese sentido los decretos de seguridad pública que contienen una definición de defensa propia "muy general e imprecisa" que podría usarse para justificar excesos por parte de los agentes del Estado, las normas que flexibilizaron las leyes para la posesión de armas, o las medidas que bloquearon la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura militar brasileña (1964-1985).

En relación al accionar de la fuerza policial, Amnistía critica el discurso de mano dura adoptado por las autoridades federales y regionales, especialmente en Río de Janeiro, donde 1.249 personas murieron a manos de efectivos entre enero y julio de 2016. La cifra significa un 16 por ciento más respecto a 2018, de acuerdo con una investigación presentada por la Fiscalía del estado fluminense.

Amnistía atribuye además el aumento de muertes a manos de agentes al consentimiento del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel , quien autorizó "intervenciones policiales militarizadas que se caracterizaban por altos niveles de violencia policial, crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos". Todo bajo la excusa de una "guerra contra las drogas".

Crisis ambiental

En otro de los apartados, Amnistía denuncia la falta de políticas públicas "coherentes" por parte del gobierno para frenar la creciente deforestación y los incendios que el año pasado amenazaron a la selva amazónica, donde ardieron alrededor de 435 mil hectáreas en los primeros ocho meses según datos de la ONG Instituto Socioambiental.

Para la ONG, esos incendios afectaron a los medios de vida y la salud de poblaciones rurales y urbanas, especialmente comunidades indígenas y de afrodescendientes que viven en la región. "Los devastadores incendios en la Amazonia eran el síntoma de una crisis mayor de deforestación ilegal y confiscación de tierras", resalta el estudio.

La legislación brasileña contenía disposiciones "firmes" para la protección de los territorios de los pueblos indígenas y las reservas medioambientales, pero Bolsonaro "ha tratado activamente de socavar dichos mecanismos de protección", remarca Amnistía. De hecho, el mandatario cumplió con su promesa de campaña de abrir la Amazonia para ampliar la explotación agricola y minera sobre el territorio.

A lo largo de 2019, el presidente se encargó de denigrar a las organizaciones ambientalistas. Por ejemplo, el 21 de agosto en una declaración a periodistas en el contexto del aumento del 82 por ciento de los incendios forestales en la Amazonia, acusó a las organizaciones de la sociedad civil de ser responsables de esos incendios: "Entonces, puede estar habiendo acción criminal de esos `oenegeros´ para llamar la atención contra mi persona, contra el gobierno de Brasil. Esta es la guerra a la que nos enfrentamos".

Según el Consejo Indigenista Misionero, entre enero y septiembre de 2019 se registraron 160 invasiones de territorios indígenas, frente a los 109 de todo 2018 y los 96 de 2017. Los homicidios de indígenas también aumentaron, pasando de 110 en 2017 a 135 en 2018, y Amnistía ve una tendencia al alza que hace temer por "cifras sin precedentes" en el balance final de 2019.

"Importantes retrocesos"

Pero Bolsonaro no solo recibió críticas de parte de Amnistía. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acusó al gobierno brasileño de retroceder en materia de medio ambiente y derechos humanos. Bachelet habló en el marco del 43° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.

"La protección de nuestro medio ambiente es fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos", declaró Bachelet. En ese sentido, la comisionada lamentó "los importantes retrocesos en las políticas de protección del medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas" en Brasil. Para Bachelet, en la tierra de Bolsonaro están proliferando "ataques e incluso asesinatos contra defensores de derechos humanos, muchos de ellos líderes indígenas" en un contexto de retroceso de las políticas de protección de las minorías.

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Manifestante sostiene un letrero que dice "No más Esmad" tras una marcha en Bogotá. 10 de octubre 2019.Luisa Gonzalez / Reuters

En su informe anual, la oficina del Alto Comisionado de la ONU solicitó una reforma urgente al cuerpo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), tras evidenciarse el uso desmedido de la fuerza para reprimir las protestas.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) consideró urgente una reforma al cuerpo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de Colombia, tras acusaciones sobre el uso desmedido de la fuerza para responder a las protestas contra el Gobierno del presidente Iván Duque. 

En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la oficina denunció que algunos miembros del Esmad no han cumplido con las "normas y estándares internacionales" en el uso de la fuerza.

La oficina del ACNUDH también documentó la "privación arbitraria de la vida" de un estudiante de 18 años, así como lesiones oculares o craneales causadas por proyectiles disparados por las fuerzas policiales. 

De igual forma, el organismo indicó que ese cuerpo represivo cometió "actos contra los manifestantes que podrían llegar a constituir malos tratos y/o tortura, tales como desnudez forzada, amenazas de muerte con matices racistas y repetidas golpizas".

En ese contexto, la instancia de Naciones Unidas urgió al Estado a iniciar "investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes" sobre los casos de uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad, e insistió en la necesidad de una "profunda transformación" de ese cuerpo, que pase por la revisión de protocolos de actuación "y de las armas y municiones menos letales para que cumplan con las normas y estándares internacionales".

A la par, la organización recomendó restringir "en la mayor medida posible" el uso del Ejército para labores de orden público, y recomendó trasladar la supervisión de las fuerzas de seguridad del Estado al Ministerio del Interior.

Desde el pasado 21 de noviembre iniciaron las protestas en contra del Gobierno de Duque, ante el descontento de sectores estudiantiles, obreros y universitarios. Durante las movilizaciones se denunciaron los excesos por la represión de uniformados del Esmad.

El más crucial fue el asesinato de Dilan Cruz, un joven de 18 años que participaba en una manifestación pacífica en el centro de Bogotá. Según Medicina Legal, el elemento que golpeó a Cruz en la cabeza fue un proyectil tipo 'bean bag', disparado por una escopeta calibre 12, un arma convencional usada por el escuadrón antidisturbios.

Pese a la cuestionada actuación de ese cuerpo, el gobierno colombiano presentó a finales del año pasado una política de seguridad que pretendía "reforzar" el Esmad, multiplicando el número de efectivos para "mejorar su respuesta, intensificar su entrenamiento, del mismo modo que la formación".

Publicado: 27 feb 2020 02:58 GMT

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Policías militares registran a un joven en una favela de Río en enero. FABIO TEIXEIRA GETTY

Especialistas brasileños en seguridad pública advierten de que la letalidad de los agentes y el descenso de los crímenes están desvinculados

 La letalidad policial fue récord en Río de Janeiro en 2019 mientras los delitos tuvieron una caída histórica, tendencia esta última que se extiende al resto de Brasil, uno de los países más violentos del mundo. En el Estado murieron 1.810 personas en intervenciones policiales, la cifra más alta en dos décadas. Los 3.995 asesinados en el mismo tiempo suponen un dato histórico, el menor desde 1991, según datos oficiales del Gobierno estatal. Aunque los políticos partidarios de la mano dura presumen de eficacia, numerosos especialistas brasileños en seguridad pública advierten de que ambos fenómenos no están vinculados.

Al conocerse el balance anual de la violencia, el gobernador de Río, Wilson Witzel, tuiteó la semana pasada: “Nuestra política de seguridad viene generando resultados positivos mes a mes”. Es el mismo que cuando hacía campaña para el puesto que ostenta hace un año proclamó “la policía va a apuntar a la cabecita y…. fuego” contra los sospechosos armados con fusiles. En sus tuits, Witzel, que fue juez y militar, enumeró las estadísticas, que también reflejan notables caídas de las muertes en robos y de aprensiones de armas. El experto de la Red de Observatorios de la Seguridad Pablo Nunes explica que “es improbable que las variaciones en las tasas de homicidios y muertes por policías estén relacionadas. Cuando analizamos los barrios y ciudades del estado de Río, en la mayoría de los casos, donde aumentaron las muertes policiales aumentaron o se estabilizaron los homicidios y viceversa”.

Ilona Szabó, especialista en seguridad pública, advierte de que “a veces las reducciones de delitos son utilizados para legitimar el abuso de la fuerza. La relación, sin embargo, es falsa”, escribe este miércoles en Folha de S.Paulo. Daniel Cerqueira, del Forum Brasileño de Seguridad Pública, coincide: “Esa retórica del gobernador es falsa. Estadísticamente no vemos relación”. Añade este experto que, en todo caso, “la violencia policial estimula la violencia en general”.

La caída de los asesinatos a lo largo del año pasado, también el primero del exmilitar Jair Bolsonaro en el poder, se extiende por Brasil en general. Es uno de los datos de los que el ultraderechista más presume y que influye en el reciente aumento de su popularidad en este país que está desde hace años entre los más violentos del mundo, guerras al margen. La experta Szabó alerta de que existen “líderes que están reduciendo problemas complejos a discusiones binarias y reforzando la violencia como solución”. Justo este miércoles el Gobierno ha autorizado que los dueños de armas legales puedan comprar cuatro veces más munición al año que antes.

Río de Janeiro –Estado donde viven 17 millones de brasileños– destaca en el ámbito nacional e internacional por lo mucho que su policía mata. Para hacerse una idea, las 1.810 personas muertas en intervenciones policiales en 2019 suponen más del doble de las 800 personas asesinadas por la organización terrorista ETA en España durante cuatro décadas o la mitad de las víctimas mortales del conflicto de Irlanda del Norte.

Los tiroteos son tan frecuentes en Río de Janeiro que cuatro niños han sido alcanzados por disparos desde que empezó 2020. El último, de cinco años, veía un partidillo de fútbol. Una bala le dio este lunes en la cabeza después de perforar la mano de su padre, que intentaba protegerlo del intercambio de tiros entre policías y criminales. El crío sobrevivió pero está gravísimo. El asunto ha alcanzado tal magnitud que la ONU expresó su preocupación en septiembre pasado. Y también tiene su reflejo en la cultura popular. La telenovela más vista ahora mismo en Brasil Amor de mãe tiene entre sus villanos a un policía corrupto que mata a un policía limpio.

En la comparación nacional las fuerzas de seguridad de Río también destacan, como indica la comparación con São Paulo. La tasa de muertes en el primer Estado a manos de la policía solamente es superior a los perpetrados en São Paulo por criminales y agentes de policía juntos, según el diario Folha. Uno de los factores que lo explica esa diferencia es que el grupo criminal más poderoso de São Paulo, el Primer Comando de la Capital (PCC), prohíbe matar sin autorización en el territorio que domina.

Es muy poco probable que un policía sea denunciado en Brasil por abatir a un sospechoso, mucho menos juzgado o condenado. Ni un solo agente de Río fue llevado ante la justicia en 2019, según una investigación del semanario Época, que analizó los casos de los 195 muertos a manos de la policía en julio, el mes más letal. Revela que se abrieron 151 investigaciones, que 11 casos han sido archivados y que no encontraron información sobre otros 19. La revista descubrió que los informes policiales muestran un patrón: incursiones en favelas de patrullas de entre 2 y 6 policías con fusiles para reprimir el tráfico de drogas, son atacados, responden, registran el lugar, localizan a la víctima y la trasladan al hospital. Resalta Época que en el 60% de los casos los agentes no regresaron al lugar del suceso a investigar. La inmensa mayoría de las víctimas de violencia policial son varones, negros, pobres de favela.

El profesor Cerqueira recalca que las muertes violentas vienen disminuyendo en Río de Janeiro desde 2003 con la única excepción del bienio 2016-2017, cuando se registró un repunte coincidiendo con el declive socio-económico generalizado que vivió la ciudad tras los Juegos Olímpicos.

Por NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR

São Paulo 29 ENE 2020 - 17:16 COT

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Yuri Camargo, una de las heridas oculares durante las manifestaciones en Colombia. Estaba en la primera línea y recibió un impacto del Esmad.

Al menos 8 personas han sufrido heridas en sus ojos. Estos son los relatos de varios de los que han perdido la vista. Congresistas y ONG piden desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)

Yuri Camargo se graduó el 20 de noviembre pasado. Salió a marchar por las calles de Bogotá el 21, el 22 y el 26 recibió un impacto de la policía antidisturbios que le quitó la posibilidad de ver por su ojo izquierdo. “Era un día normal de marcha en la Universidad Nacional. El Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios] arremete con lacrimógenos, yo estoy en la primera línea pero bajo la guardia y siento el proyectil, me disparan con una bala de goma directo al ojo. Me desmayo, me levantan. Veo destellos, veo negro, me pongo a llorar del dolor”. Yuri habla en presente, según ella, porque lo revive y porque los casos siguen ocurriendo.

Las imágenes de jóvenes llorando sangre por uno de sus ojos tras recibir impactos de la policía antidisturbios obligan a esquivar la mirada, pero están ahí y se han convertido en las últimas imágenes de las protestas en Colombia, que ya completan un mes. Los vídeos se hacen virales y recuerdan a las lesiones oculares que ocurrieron en Chile, donde Naciones Unidas señaló al Gobierno por estas violaciones graves a los principios internacionales. Allá la policía suspendió el uso de perdigones tras herir a 1.000 personas.

El último hecho ocurrió el pasado jueves en Bogotá,  cuando jóvenes que integran la Primera Línea, un grupo de defensa similar al de las protestas de Hong Kong, recibieron impactos y pasaron 40 minutos esperando para ser trasladados a un hospital. Pero los casos vienen desde las protestas del 21 de noviembre e incluso antes, por lo cual congresistas de oposición exigen el desmonte del Esmad. Según la Campaña Defender la Libertad van ocho lesionados oculares. EL PAÍS escuchó los relatos de seis de ellos en Bogotá y Medellín.

Bárbara Zárate no ha sido capaz de ver los vídeos de su hijo Cristian Rodríguez, que perdió su ojo el lunes 16 de diciembre. Según los relatos de los testigos, el joven de 26 años, estudiante de Trabajo Social, recibió el impacto de una bomba aturdidora en el rostro. El diagnóstico: trauma ocular severo. “Soy una mujer que ama a su país. Si acá le suben el pasaje al Transmilenio, uno paga; si le suben los impuestos, también agacha la cabeza. Esta es otra generación, los chicos de ahora no se aguantan. Lo que duele es que los califiquen de vándalos cuando no lo son. Con mi hijo cometieron una injusticia”, dice la mujer que comenzó un proceso judicial contra el Esmad. La Policía ha dicho que estaban bloqueando una vía, pero testigos aseguran que el muchacho no estaba en ese grupo y que recibió el impacto de frente. “Él nos cuenta que corrió y que el policía lo persiguió para lanzarle la bomba”, agrega.

Las afectaciones no solo han ocurrido en Bogotá, donde se han concentrado las protestas. En Medellín, Alexis Lopera Quiceno, estudiante de Educación Física perdió la visión en el ojo derecho. Había participado en la marcha del 21 de noviembre que fue pacífica hasta las seis de la tarde. A esa hora llegó el Esmad a las inmediaciones de la Universidad de Antioquia, y lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes pacíficos y también a algunos encapuchados que los enfrentaron. “Cuando lanzaron gases toda la gente toda salió corriendo del lugar, me entré a la universidad y luego, cuando se calmó todo, salí a buscar a mis amigos. De repente, me lanzaron una mina aturdidora que me impactó en el rostro. Casi todos los días he llorado por lo que sucedió, de haber sabido me habría parado en otro punto o no hubiera buscado a mis amigos. Pero tampoco me arrepiento de haber ido a la marcha, eso fue muy bonito”, dijo Alexis, cuya foto de perfil de WhatsApp revela su nueva vida: un animé con la mitad del rostro destrozado y un ojo sangrante.

También interpuso denuncia por abuso de autoridad. La Policía lo buscó y lo citó a una reunión pero no sabe cuál es la intención. “Lo más duro fue cuando el médico me dijo que ya no había nada que hacer en ese ojo, que perdía la visión. Yo soy deportista y trabajo en una fundación que ayuda a niños con lesiones cerebrales. Me gano el salario mínimo y con eso me pago la universidad”.

El Ministerio de Salud le informó a EL PAÍS de que entre el 21 de noviembre y el 16 de diciembre “se han presentado 807 lesionados [433 civiles y 374 de la fuerza pública] de los cuales tres permanecen hospitalizados y hay cuatro personas fallecidas”. Sin embargo, no discriminan cuántos de esos lesionados han tenido heridas oculares o de otro tipo. Solo el “trauma ocular grave” de Cristian Rodríguez, cuyas heridas se conocieron a través de redes sociales.

Las protestas en Colombia contra el llamado “paquetazo” económico del presidente Iván Duque, vienen desde antes. Durante todo el 2019, los estudiantes han estado en las calles. En una de esas manifestaciones, el 10 de octubre, se registró el caso de Alejandro Hernández, estudiante de periodismo, que recibió un impacto de “bala marcadora de pintura” bajo su ojo mientras grababa un enfrentamiento entre encapuchados y el Esmad. “Me acerqué para grabar. Salió el Esmad y no tardó más de 6 segundos y recibí un impacto, se me incrustó un material plástico de forma ovalada, de más o menos 2 centímetros en la pestaña. En ese momento pierdo la vista por el ojo izquierdo, ahí no volví a ver nada, solo veía blanco. La angustia fue tremenda y empecé a gritar, voy a perder el ojo, voy a perder el ojo”. El vídeo de su celular muestra el momento en que grababa y cuando a su alrededor gritan que le dieron. Después de varias cirugías, pagadas de forma particular y tras un recorrido por varios hospitales donde no lo atendieron, Alejandro ve borroso y doble. Ya interpuso una demanda.

Todos ellos han vuelto a marchar aunque con más temor. “Da miedo, pero da más miedo pensar que todo lo que hemos hecho, que la muerte de Dilan Cruz o que mi ojo, quede impune”, dice Alejandro. Y otros, como Sebastián Ramírez, herido en 2017 se preguntan, ¿Cuántos ojos más?. “Yo siento que esta es una política para cegar a una generación que está viendo”, dice el joven que resultó herido cuando iba a un curso de natación y va por su quinta cirugía. Su caso también llegó a los tribunales y un miembro del Esmad recibió una sanción disciplinaria de tres días


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PRESIDENTE DUQUE FORTALECERÁ EL ESMAD

Mientras congresistas de la oposición piden el desmonte del Escuadrón Antidisturbios de la Policía ante denuncias de abuso de la fuerza, el presidente Iván Duque anunció que lo fortalecerá. En los últimos diez años 96 integrantes del Esmad han sido judicializados, 9 de ellos por homicidio, de acuerdo con la respuesta que el Ministerio de Defensa entregó a tres congresistas. La Fuerza Pública ha recibido condenas en 54 procesos por las acciones de los integrantes del Esmad y esto le ha costado al país 9 mil millones de pesos. Isabel Fajardo, abogada de la Red Popular de Derechos Humanos, que lleva algunos casos, llama la atención porque las investigaciones van a la justicia penal militar donde quedan en el limbo y que hay una "clara violación de los protocolos". La Policía no respondió la solicitud de información de este medio.

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos informó a EL PAÍS que están haciendo seguimiento al paro en Colombia, “en el marco del respeto a los estándares internacionales que garantizan el derecho a la protesta pacífica. En este sentido estamos dando seguimiento a casos de presunto uso excesivo de fuerza por parte de fuerza pública, incluyendo el Esmad -de entre otras heridas oculares y craneales-; detenciones arbitrarias y ataques y detenciones a periodistas”.

En el senado, Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, anunció un proyecto de Ley para desmontar el Esmad; el gobierno ha dicho que los escuadrones antidisturbios son necesarios y funcionan en 125 países, pero congresistas como Iván Cepeda y Maria José Pizarro señalan que el contexto colombiano, después de un proceso de paz, exige una nueva doctrina de las fuerzas militares. “No vemos investigación seria ni replanteamiento por parte del gobierno, por el contrario han salido a felicitar el Esmad en una actitud claramente connivente”, dijo Cepeda.

Por CATALINA OQUENDO

Bogotá 22 DIC 2019 - 17:44 COT

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Sábado, 30 Noviembre 2019 06:28

Chile sangra en los ojos de Gustavo Gatica

Chile sangra en los ojos de Gustavo Gatica

Los Carabineros disparan a la cara para aterrorizar a los manifestantes.

 

Gustavo Gatica perdió la vista en sus dos ojos alcanzado por los balines de la represión. Ya son 300 las personas afectadas por traumas oculares, un evento sin paralelos en todo el mundo. Gatica se convirtió en el símbolo de la lucha contra el autoritarismo. Desde el hospital mandó su mensaje: "Regalé mis ojos para que la gente despierte".

 

Tras el anuncio de la Clínica Santa María de que el joven Gustavo Gatica había perdido la visión de ambos ojos de forma permanente después de 17 días de hospitalización, la capital chilena respondió con un cacerolazo masivo en su honor. El pasado 8 de noviembre, el estudiante de psicología de 21 años se encontraba sacando fotos de las manifestaciones en Plaza Italia, el centro de la capital chilena, cuando fue impactado en los ojos por perdigones antidisturbios que carabineros ya tiene como costumbre utilizar para dispersar a los manifestantes en Chile.

 La gravedad de su caso, que los chilenos han seguido de cerca, lo ha convertido en un áspero símbolo de los excesos policiales sistemáticos en el país durante las últimas seis semanas, desde el estallido de las manifestaciones sociales con la marcha de un millón de personas el 18 de octubre.

 “La misma gente tuvo que sacarlo de la plaza, usando escudos, porque Carabineros seguía disparando. Gustavo no es el único afectado, tenemos médicos, observadores de derechos humanos, estudiantes, muchos heridos por la policía”, dice Enrique Gatica, su hermano mayor. “El protocolo de carabineros es disparar al suelo. Mi hermano mide 1.80, creemos que es imposible que se trate de un rebote o un error. Sabemos que hay una política de amedrentamiento a los manifestantes a través del terror”, agrega.

Gustavo Gatica, hijo y hermano de profesores escolares, cursa tercer año de psicología en la Universidad de Humanismo Cristiano en Santiago, es activista por los derechos de los animales y, hasta el momento del ataque, participaba de un programa de trabajo social con niños en la comuna de Peñaolén. Ese día buscaba reencontrarse con un amigo de la facultad que había perdido en la turba de Plaza Italia, el lugar más álgido de las movilizaciones en Santiago, ahora rebautizada por los manifestantes como Plaza Dignidad. Había comprado una cámara fotográfica hacía un mes, y con ella registraba las marchas que desfilan hasta hoy por los distintos barrios de la ciudad. No hubo provocación alguna de su parte.

Su historia, junto a las de las casi 300 personas afectadas hoy por traumas oculares durante las protestas, son testimonios clave que contradicen la versión oficial del gobierno acerca de los excesos policiales como hechos aislados.

Así lo corroboró la semana pasada el informe de Amnistía Internacional que denunció la intención de las fuerzas de seguridad por “lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes" y así también, lo hizo el día de ayer el organismo de Human Rights Watch, que denunció “graves violaciones a los derechos humanos” y recomendó al gobierno reformar la institución de carabineros.

Hace semanas, los manifestantes empezaron a salir a la calles de Santiago con un ojo vendado en solidaridad con la víctimas que han perdido sus ojos en las protestas. Según la Sociedad Chilena de Oftalmología, hay 294 casos reportados hasta el momento de personas con trauma ocular severo, muchos de ellos, con pérdida total de uno de sus globos oculares, una emergencia sanitaria sin precedentes en Chile que sugiere que la policía está incumpliendo los protocolos disparando perdigones y bombas lacrimógenas directo a la cara de los manifestantes. Los perdigones de las escopetas antidisturbios fueron suspendidos la semana pasada, después de que un estudio de la Universidad de Chile comprobara que no están compuestos de goma, sino que contienen metales de alta dureza, incluido plomo, pero a pesar de la medida, hubo al menos 10 casos registrados desde entonces.

 “Le hemos transmitido el apoyo y la solidaridad que envía la gente todos los días a Gustavo, algo que lo ayuda a llevar este momento es la conciencia de que él estaba luchando por causas que considera justas”, señaló Enrique Gatica, horas antes del alta de Gustavo. Solo después de una segunda cirugía, los médicos pudieron extraer los perdigones alojados en sus ojos, pero aseguran que no será la última. 

Durante los 17 días que Gatica estuvo hospitalizado, las puertas de la clínica estuvieron cubiertas de pancartas, flores y fotografías en su apoyo. “Como familia vamos a buscar justicia por todos los responsables. Vamos a buscar a quién apretó el gatillo pero también las responsabilidades políticas correspondientes. Claramente, no estamos hablando de un funcionario que se tomó atribuciones. Las cifras y la cantidad de heridos comprueban que esto ha sido sistemático”, señala el hermano mayor. El abogado de la familia, ex fiscal Carlos Gajardo, presentó una querella por lesiones graves gravísimas en la que pidió que se cite a declarar al ministro de interior Gonzalo Blumel, y al Director General de Carabineros, Mario Rozas.

Durante su primera tarde en el hospital, Gustavo Gatica, que está protegido por sus cercanos y no habla a los medios de comunicación, envió a través de su madre un mensaje que conmovió a los chilenos. Rápidamente, se convirtió en viral de redes sociales, en pasacalles e incluso en el nombre de una canción pop de un músico local. El mensaje es, sin embargo, profundamente injusto: “regalé mis ojos para que la gente despierte”.

Por Andrea Guzmán

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Letros construidos por participantes en mitin contra el Código de policía, Bogotá, marzo 5 de 2019.

Cada día que pasa el país mira con estupor la violencia desatada por la Policía. Las denuncias se multiplican, aquí y allá agrede y sanciona: a ciudadanos desprevenidos que compran y consumen en expendios callejeros; alguno que corre en una terminal de transporte; a otros por cuestionar un procedimiento policial… El temor crece en amplios sectores sociales ante un autoritarismo que cada día muestra un rostro más tenebroso. Es urgente una acción social que confronte esta realidad.

 

 

Son conocidas las historia padecidas en distintos países donde la “disciplina” y el “orden”, donde el acatamiento de la ley a cualquier precio, han terminado en sometimiento y silenciamiento social. En nuestro país tuvimos una vivencia de ese tipo con el mal recordado Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), pensado y dirigido contra la desobediencia social y fruto del cual las cárceles quedaron repletas de luchadores populares.

Ahora tenemos el tenebroso Código de Policía, un engendro del orden inspirado por una doble realidad: 1) El afán del gobierno Santos por preparar y darle herramientas legales a los cuerpos represivos para la etapa imaginada por ellos de postacuerdo de paz (ante un escenario de mayor protesta social); 2) Responder, por parte de igual gobierno a las demandas de la Ocde para ingresar al “Club de países de las buenas prácticas”, entre ellas, una sociedad que controle la informalidad, que reprima la indisciplina, que despeje el espacio público, es decir, que disponga todo “para el óptimo desarrollo del capital”. Ideal de orden que no repara en las condiciones específicas de cada país, por lo que la realidad debe apretarse hasta que quepa en la ley.

Es una irrealidad que coloca en el centro de su disciplinamiento a los miles/millones que en el país sobreviven del rebusque y, por obvias razones, al espacio público mismo –que es el territorio por ellos ocupado para levantar el pan diario.

Acción de persecución y criminalización potenciada desde la cabeza misma del Ministerio de Defensa, ahora ocupada por quien fuera por años el director y vocero de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), permanentes instigadores de la acción represiva de la Policía en contra de quienes con sus cachivaches ocupan y tratan de sacarle algún peso a la calle.

La lógica del absurdo

El Código de Policía actual no fue pensado y redactado por civiles, fue propuesto por policías. Esta ley, conocida como la 1801, que en realidad parece ley de leyes, fue aprobada el 29 de julio de 2016, y entró en vigencia en el 2017. Curiosamente su tramite en el Senado no generó ningún ruido y pasó a “pupitrazo”, sin ningún análisis ni objeción por parte de partido alguno, cosa diferente a lo sucedido en la Cámara de Representantes, donde los partidos alternativos la confrontaron y obligaron a su revisión.

Según Alirio Uribe, en la Cámara fueron derogados y modificados 160 artículos del Código, cada uno de los cuales debió ser argumentado a los abogados y generales de la policía. Pudieron ser muchos más los artículos derogados, según Alirio Uribe, pero la presión de Juan Manuel Santos obligó a que se aprobara de una manera más rápida y simplemente se pusieron en votación de sí o no.

Como se sintió en tales trámites, y ahora es sufrido y comprobado con su imposición cotidiana, el espíritu del Código es el del autoritarismo que desea moldear y disciplinar la sociedad mediante el castigo, pretendiendo regular hasta lo más mínimo de la vida de nuestro país. Un autoritarismo piso para encausar la propagandeada “legalidad” del actual gobierno, es decir, el imperio de la norma por sobre la realidad misma. Todo un exabrupto.

Dicen en los barrios populares, donde infinidad de personas se han visto asaltados por los ahora disciplinadores, que este Código parece la caja menor de la policía, y la realidad refuerza su sentir: según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante el año y medio de implementación de esta “norma de normas”, van dos millones de “medidas correctivas”, el 40 por ciento de ellas multas y apenas el 17 por ciento medidas educativas. Multas que en no pocos casos ascienden a 883 mil pesos y en otros a 282 mil. Miles de los afectados por los disciplinadores son jóvenes que estaban consumiendo alcohol o psicoactivos en espacio público. Estos, así como quienes han sufrido el látigo del establecimiento por consumir empanadas, correr en una terminal de transporte, o tratar de reírse de la “autoridad” al invitarlos a comer empanadas, así como quienes han sido reprimidos por estar vendiendo en el espacio público, han perdido en pocos segundos mucho más de lo que logran reunir en un mes de trabajo.

Hay que llamar la atención sobre esto, pues el monto del “disciplinamiento” no se compadece de lo que un trabajador sin contrato alguno reúne en un mes de trabajo. Esta desproporción evidencia que quienes redactaron la norma, los llamados “padres de la patria”, con su desproporcionado sueldo de más de 32 millones al mes, ni conocen ni se imaginan las afugias con que viven la mayoría de familias colombianas; quitarles a estas cientos de miles de pesos es condenarlas al hambre y al ahondamiento de sus sufrimientos cotidianos.

Un modelo autoritario

Desde el 2017, cuando empezó a regir el Código, se han interpuesto 144 demandas en contra de sus artículos, pues muchos de estos son verdaderos exabruptos, como el artículo 33 que autoriza a la policía para allanar viviendas sin orden de autoridad judicial, y como el capítulo de regulación a la movilización social, declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

Pese a esta decisión, en octubre de 2018 el actual gobierno, en cabeza de Guillermo Botero, Ministro de Defensa, estigmatizó la protesta social y exigió que fuera regulada, atreviéndose a decir, además, que las movilizaciones sociales son producto de la financiación de organizaciones armadas; es decir, las criminalizó. Acción que no pasa sin consecuencias, en un país el solo año 2018 fueron asesinados no menos de 226 líderes sociales según el reporte de Indepaz, desangre que no para en el 2019, con el asesinato registrado, en escasos dos meses, de más de 29 líderes.
La actuación de este Código de Policía desprende algunos interrogantes: ¿Nos encontramos con una institución de policiva regida por una doctrina militarista? ¿Se diferencia en algo el actuar de esta policía con el actuar de los militares? ¿Acaso debemos hablar de un cuerpo de ocupación militar en vez de policía nacional? ¿Cuál es el modelo de sociedad que pretenden y que está detrás de este Código? ¿Quiénes se benefician con el mismo? ¿Para quién está pensado realmente el espacio público en el país?

Un reto para el conjunto social
Queda claro que este Código de Policía desprende desde el interior de cada uno de sus artículos un tufillo autoritario que atenta contra las libertades a que tenemos derecho como parte del conjunto global; una acción policiva llevada a cabo, además, en una sociedad que ha sufrido por décadas la violencia y el control directo por parte de bandas paramilitares y de sus protectores en el Estado producto de lo cual el tejido social está desecho. Sumarle a esta realidad el control social y el disciplinamiento que ahora pretenden, no ayuda a sanar ese tejido desecho por décadas de violencia. Lo que requerimos en esa vía, es más libertad, más derechos cumplidos –y no en simple norma–, más diálogo, más espacios para el goce y el placer, más espacios públicos para el rebusque y para el ocio, más fraternidad, más justicia.

Como de esto no conoce el establecimiento ni sus agentes, le corresponde al movimiento social tomar cartas en el asunto, denunciar este esperpento y lograr su rechazo por el conjunto social. Un ordenamiento social alterno debe tomar cuerpo, pero el mismo debe ser diseñado, definido y controlado en su implementación por la sociedad misma, nunca por sus órganos represivos.

 

Artículos consultados


https://www.elespectador.com/noticias/nacional/estos-son-los-impactos-de-la-aplicacion-del-codigo-de-policia-en-colombia-articulo-842547
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2019-codigo-de-policia-blanco-de-la-demanditis
https://www.semana.com/nacion/articulo/codigo-de-policia-tiene-30-demandas/513411
https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/al-menos-113-lideres-sociales-fueron-asesinados-en-colombia-en-2018-onu.html 
https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/al-menos-113-lideres-sociales-fueron-asesinados-en-colombia-en-2018-onu.html

 

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Publicado enEdición Nº255
Letros construidos por participantes en mitin contra el Código de policía, Bogotá, marzo 5 de 2019.

Cada día que pasa el país mira con estupor la violencia desatada por la Policía. Las denuncias se multiplican, aquí y allá agrede y sanciona: a ciudadanos desprevenidos que compran y consumen en expendios callejeros; alguno que corre en una terminal de transporte; a otros por cuestionar un procedimiento policial… El temor crece en amplios sectores sociales ante un autoritarismo que cada día muestra un rostro más tenebroso. Es urgente una acción social que confronte esta realidad.

 

 

Son conocidas las historia padecidas en distintos países donde la “disciplina” y el “orden”, donde el acatamiento de la ley a cualquier precio, han terminado en sometimiento y silenciamiento social. En nuestro país tuvimos una vivencia de ese tipo con el mal recordado Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), pensado y dirigido contra la desobediencia social y fruto del cual las cárceles quedaron repletas de luchadores populares.

Ahora tenemos el tenebroso Código de Policía, un engendro del orden inspirado por una doble realidad: 1) El afán del gobierno Santos por preparar y darle herramientas legales a los cuerpos represivos para la etapa imaginada por ellos de postacuerdo de paz (ante un escenario de mayor protesta social); 2) Responder, por parte de igual gobierno a las demandas de la Ocde para ingresar al “Club de países de las buenas prácticas”, entre ellas, una sociedad que controle la informalidad, que reprima la indisciplina, que despeje el espacio público, es decir, que disponga todo “para el óptimo desarrollo del capital”. Ideal de orden que no repara en las condiciones específicas de cada país, por lo que la realidad debe apretarse hasta que quepa en la ley.

Es una irrealidad que coloca en el centro de su disciplinamiento a los miles/millones que en el país sobreviven del rebusque y, por obvias razones, al espacio público mismo –que es el territorio por ellos ocupado para levantar el pan diario.

Acción de persecución y criminalización potenciada desde la cabeza misma del Ministerio de Defensa, ahora ocupada por quien fuera por años el director y vocero de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), permanentes instigadores de la acción represiva de la Policía en contra de quienes con sus cachivaches ocupan y tratan de sacarle algún peso a la calle.

La lógica del absurdo

El Código de Policía actual no fue pensado y redactado por civiles, fue propuesto por policías. Esta ley, conocida como la 1801, que en realidad parece ley de leyes, fue aprobada el 29 de julio de 2016, y entró en vigencia en el 2017. Curiosamente su tramite en el Senado no generó ningún ruido y pasó a “pupitrazo”, sin ningún análisis ni objeción por parte de partido alguno, cosa diferente a lo sucedido en la Cámara de Representantes, donde los partidos alternativos la confrontaron y obligaron a su revisión.

Según Alirio Uribe, en la Cámara fueron derogados y modificados 160 artículos del Código, cada uno de los cuales debió ser argumentado a los abogados y generales de la policía. Pudieron ser muchos más los artículos derogados, según Alirio Uribe, pero la presión de Juan Manuel Santos obligó a que se aprobara de una manera más rápida y simplemente se pusieron en votación de sí o no.

Como se sintió en tales trámites, y ahora es sufrido y comprobado con su imposición cotidiana, el espíritu del Código es el del autoritarismo que desea moldear y disciplinar la sociedad mediante el castigo, pretendiendo regular hasta lo más mínimo de la vida de nuestro país. Un autoritarismo piso para encausar la propagandeada “legalidad” del actual gobierno, es decir, el imperio de la norma por sobre la realidad misma. Todo un exabrupto.

Dicen en los barrios populares, donde infinidad de personas se han visto asaltados por los ahora disciplinadores, que este Código parece la caja menor de la policía, y la realidad refuerza su sentir: según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante el año y medio de implementación de esta “norma de normas”, van dos millones de “medidas correctivas”, el 40 por ciento de ellas multas y apenas el 17 por ciento medidas educativas. Multas que en no pocos casos ascienden a 883 mil pesos y en otros a 282 mil. Miles de los afectados por los disciplinadores son jóvenes que estaban consumiendo alcohol o psicoactivos en espacio público. Estos, así como quienes han sufrido el látigo del establecimiento por consumir empanadas, correr en una terminal de transporte, o tratar de reírse de la “autoridad” al invitarlos a comer empanadas, así como quienes han sido reprimidos por estar vendiendo en el espacio público, han perdido en pocos segundos mucho más de lo que logran reunir en un mes de trabajo.

Hay que llamar la atención sobre esto, pues el monto del “disciplinamiento” no se compadece de lo que un trabajador sin contrato alguno reúne en un mes de trabajo. Esta desproporción evidencia que quienes redactaron la norma, los llamados “padres de la patria”, con su desproporcionado sueldo de más de 32 millones al mes, ni conocen ni se imaginan las afugias con que viven la mayoría de familias colombianas; quitarles a estas cientos de miles de pesos es condenarlas al hambre y al ahondamiento de sus sufrimientos cotidianos.

Un modelo autoritario

Desde el 2017, cuando empezó a regir el Código, se han interpuesto 144 demandas en contra de sus artículos, pues muchos de estos son verdaderos exabruptos, como el artículo 33 que autoriza a la policía para allanar viviendas sin orden de autoridad judicial, y como el capítulo de regulación a la movilización social, declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

Pese a esta decisión, en octubre de 2018 el actual gobierno, en cabeza de Guillermo Botero, Ministro de Defensa, estigmatizó la protesta social y exigió que fuera regulada, atreviéndose a decir, además, que las movilizaciones sociales son producto de la financiación de organizaciones armadas; es decir, las criminalizó. Acción que no pasa sin consecuencias, en un país el solo año 2018 fueron asesinados no menos de 226 líderes sociales según el reporte de Indepaz, desangre que no para en el 2019, con el asesinato registrado, en escasos dos meses, de más de 29 líderes.
La actuación de este Código de Policía desprende algunos interrogantes: ¿Nos encontramos con una institución de policiva regida por una doctrina militarista? ¿Se diferencia en algo el actuar de esta policía con el actuar de los militares? ¿Acaso debemos hablar de un cuerpo de ocupación militar en vez de policía nacional? ¿Cuál es el modelo de sociedad que pretenden y que está detrás de este Código? ¿Quiénes se benefician con el mismo? ¿Para quién está pensado realmente el espacio público en el país?

Un reto para el conjunto social
Queda claro que este Código de Policía desprende desde el interior de cada uno de sus artículos un tufillo autoritario que atenta contra las libertades a que tenemos derecho como parte del conjunto global; una acción policiva llevada a cabo, además, en una sociedad que ha sufrido por décadas la violencia y el control directo por parte de bandas paramilitares y de sus protectores en el Estado producto de lo cual el tejido social está desecho. Sumarle a esta realidad el control social y el disciplinamiento que ahora pretenden, no ayuda a sanar ese tejido desecho por décadas de violencia. Lo que requerimos en esa vía, es más libertad, más derechos cumplidos –y no en simple norma–, más diálogo, más espacios para el goce y el placer, más espacios públicos para el rebusque y para el ocio, más fraternidad, más justicia.

Como de esto no conoce el establecimiento ni sus agentes, le corresponde al movimiento social tomar cartas en el asunto, denunciar este esperpento y lograr su rechazo por el conjunto social. Un ordenamiento social alterno debe tomar cuerpo, pero el mismo debe ser diseñado, definido y controlado en su implementación por la sociedad misma, nunca por sus órganos represivos.

 

Artículos consultados


https://www.elespectador.com/noticias/nacional/estos-son-los-impactos-de-la-aplicacion-del-codigo-de-policia-en-colombia-articulo-842547
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https://www.semana.com/nacion/articulo/codigo-de-policia-tiene-30-demandas/513411
https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/al-menos-113-lideres-sociales-fueron-asesinados-en-colombia-en-2018-onu.html 
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Miércoles, 24 Octubre 2018 17:22

Centros penitenciarios de control social

Centros penitenciarios de control social

Lo que gritan es muy diciente: “cállese marrano hijueputa”; “abajo, marica, ¿es qué no escucha?”; “este hijueputa es el más fastidioso de todos”; “marrano hijueputa”; “ese es el cacique, ese hijueputa es el cacique”; “ahí sí no es hombre ¿no?”; “ahí sí llora como una nena”; “ya no se cree malo ¿no?”; “sea barón, gonorrea”; “esas gonorreas casi matan al man”. Los insultos corresponden a un video que muestra a varios hombres jóvenes semidesnudos tirados en el suelo boca abajo. Uno de ellos, al que llaman Marrano, llora de dolor al ser golpeado con un palo en la retaguardia. Si uno, como espectador, sólo tuviera acceso a los audios, y no a las imágenes, podría pensar que quienes golpean e insultan, a quien por nombre le dicen Marrano, hacen parte de una banda delincuencial que cobra venganza, posiblemente por las heridas propinadas por éste a uno de los suyos. Así se escuchan y así se ven. Pero no, no son ninguna banda enemiga, el video muestra que quien golpea y quienes insultan al joven reducido es la Policía Nacional y quienes están tirados en el piso son algunos de los jóvenes del centro penitenciario El Redentor.

 

El video salió a la luz pública el 11 de octubre y desde entonces se desató un debate sobre el funcionamiento del centro reclusorio. Un debate que, sin embargo, se centró en el comportamiento de los reclusos y no en la represión de los oficiales. Pero ¿por qué? La pregunta correcta es ¿para qué? Para justificar de forma velada el comportamiento de los policías. Así lo insinúa la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Juliana Pungiluppi, entidad encargada de proteger a los adolescentes y jóvenes: “se acude a la policía sólo cuando la situación ya está fuera de control y, pues, desafortunadamente suceden estos excesos, que nada los justifica”, aclara.

 

Pero el “nada lo justifica” ya no sirve, es sólo un accesorio para curarse en salud. Antes ya había dicho que en lo corrido del año los reclusos se han amotinado en más de 20 ocasiones y que constantemente les encuentran armas, que no son adolescentes sino jóvenes entre los 18 y 28 años. Es decir, ya deslegitimó a los reclusos. No es difícil imaginar entonces que los policías implicados compartan su lógica. No es difícil imaginar escucharlos decir “claro, ahora sí arman tremendo escándalo por los reclusos, pero ¿quién habla de los policías que los reclusos hirieron?”. Porque, como se escucha en el video, al parecer uno de los policías dice: “esas gonorreas casi matan al man”, refiriéndose a uno de los uniformados heridos.

 

Es muy posible que el motivo de la conducta de los policías haya sido precisamente esa; que, tras ver a uno de los suyos lastimado, al parecer por el joven a quien llaman Marrano, hayan actuado ciegamente, con rencor. Con esta descripción, tal y como se insinúa en medios de comunicación, es hasta muy posible que la opinión pública simpatice con los oficiales y condene a los reclusos, a pesar de ver las fuertes imágenes de estos en el piso. Sin embargo, la Fuerza Pública no es un grupo de individuos común y corriente, son una entidad, se supone, formada y capacitada para saber cómo actuar en casos de crisis. Son una institución, supuestamente, democrática y que por lo tanto sus funcionarios no deben actuar como la gente común y corriente. Por esto, no es posible justificarlos, ni mucho menos simpatizar con su conducta.

 

Ahora, si el debate estuviera encaminado en esta dirección nos estaríamos preguntando más bien por la formación y funcionamiento de la Policía, no sólo por el centro reclusorio. Aquí ganan pertinencia preguntas como: ¿en realidad los policías están formados para manejar casos como el que tratamos? Y con esto no sólo se puede hacer referencia a las estrategias de reducción y sometimiento de los reclusos, sino a la formación psicológica y emocional (hasta moral) para manejarse cuando las cosas se salen de control. ¿Se discierne con los policías la forma en que entienden a los reclusos? Esto es fundamental que lo hicieran ya que, por la naturaleza de su oficio es muy posible que la imagen que construyen sobre el delincuente en general (y el recluso en particular) esté reducida a sus características negativas, es decir, que tiendan a demonizarlos, a verlos como la escoria de la sociedad y con ello pierdan todo sentido de compasión, comprensión y entendimiento ¿Los policías tendrán, entonces, una reflexión/trabajo continuo con profesionales, por ejemplo del área de la psicología, para evitar que deshumanicen al delincuente? Estas son las preguntas que también deberían estar en el centro del debate, mucho más cuando la Procuraduría advierte que el comportamiento de los oficiales dentro del reclusorio es posiblemente sistemático.

 

Signos de crisis

 

La indignante golpiza propinada a los reclusos por parte de los oficiales, sumado al hecho de que los reclusos constantemente se están amotinando, es una muestra más de la crisis estructural del sistema penitenciario. Este es un fenómeno sobre el cual muchos estudiosos del tema han llamado la atención, pero tal vez también es uno de los más rezagados, olvidados e ignorados. Las variables de la crisis están en todas las dimensiones, comenzando por la infraestructura, como afirma la misma doctora Pungiluppi, para quien El Redentor es inadecuado e insuficiente en términos de espacio. Esta es una realidad no sólo para este reclusorio sino para la gran mayoría de este tipo de centros de reclusión con que cuenta el país. Constantemente se escucha en los noticieros los índices de hacinamiento en las cárceles, los cuales pueden sobrepasar cuatro veces su capacidad.

 

Otra variable tiene que ver con la demora en la formulación de las sentencias. Más del cincuenta por ciento de los presuntos delincuentes pasan años privados de su libertad hasta que se de una sentencia. Esta es, por un lado, una de las causas del hacinamiento, aunque no la determinante.

 

Pero el problema más relevante en términos sociales tiene que ver con los procesos de resocialización. Es bien conocido este fenómeno en la opinión pública. Se sabe que los reclusos aprenden a delinquir en los centros de reclusión tanto como en la misma calle. Una gran contradicción si se cree, como se nos dice a menudo, que la función de dichos centros es la de rehabilitar y resocializar a quienes infringen las leyes. Funciones que en realidad nunca han existido ni han estado dentro del radar de los formuladores de la política pública. En realidad, como afirma Michael Foucault, las cárceles son centros de control social, específicamente de las clases bajas y los movimientos sociales. Su función, contrario a lo propagandeado, es la de someter y destruir al disidente.

 

Sistema penitenciario: la nueva forma de esclavitud

 

La crisis estructural del sistema penitenciario no sólo es un problema de Colombia, es uno de los más importantes del mundo. En el documental Enmienda 13, de la directora Ava DuVernay (Selma, Scandal), autores como Angela Davis, Van Jones, Michelle Alexander, afirman que el sistema penitenciario en Estados Unidos es la forma como se logró perpetuar la esclavitud de la población negra a pesar de la abolición formal de la misma como sistema económico. Dichos autores muestran cómo se han transformado en el tiempo las causas del encarcelamiento. Durante el siglo XIX y parte del XX se apresaba a las personas negras que se consideraban ociosas o vagas. Luego, criminalizaban a los actores de los movimientos sociales antiracistas y a favor de los derechos civiles de las personas negras, por fomentar el caos e ir en contra de la ley. Hasta llegar a la década de los sesenta del siglo XX con el gobierno de Nixón, cuando inició la lucha contra las drogas.

 

A partir de este momento se emprendió una guerra sistemática contra los consumidores, productores y expendedores de drogas. Una política que, se sabe, tiene como objetivo el control social de la población marginal para impedir que se organicen y así fomentar el miedo de unos con otros. Este análisis que enuncia el documental es fundamental como puerta de entrada para entender nuestra propia realidad. El observatorio de niñez, del Icbf, muestra que la causa principal del encarcelamiento en adolescentes y jóvenes es el “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”. Un cambio radical en la política sobre el tema de las drogas, del punitivo a uno con enfoque de salud pública, sacaría a miles de adolescentes y jóvenes de los reclusorios donde se exponen a ambientes de riesgo. Sin embargo, más de diez millones de personas, sumadas a la indiferencia de otros tantos millones, eligió a un presidente que volvió a penalizar la dosis mínima. Lo cual traerá como consecuencia un incremento en el número de reclusos que nunca serán resocializados.

 

Así, su política contra las drogas es una política que alimenta la criminalidad si se entiende de esta manera: al ser un negocio ilegal, sus conflictos inherentes no se pueden resolver por medio de la justicia ¿qué significa esto? Que, si un productor sorprende a uno de sus expendedores robándole la mercancía, no recurre a la justicia para apresarlo, sino a métodos violentos, como el sicariato, propio de una economía ilegal. Legalizar el negocio reduciría el número de jóvenes y adolescentes muertos o encarcelados por asesinar.

 

Retórica oficial

 

Luego de darse a conocer el video que evidencia la brutalidad policial y sin exponer las causas que lleva a los jóvenes allí recluidos a cometer conductas por las caules pierden su libertad, la retórica oficial se ha centrado en decir que desean una gran reforma al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes –Srpa–. La directora del Icbf ha dicho, por ejemplo, que su enfoque deseado sería que la última opción para castigar a los jóvenes delincuentes sea la reclusión, que antes buscaría otras estrategias, como la labor social. Una propuesta que suena bonita ante un micrófono de un medio de comunicación, pero que no deja de ser buenas intenciones. Es difícil creer que la gran reforma se haga porque, para lograrla, se tendría primero que reformar, para empezar, la política contra las drogas. Si esto no se hace, a la par de una reforma del sistema penitenciario, los problemas estructurales continuarán. Pero, para que se de un giro de esta importancia, se requiere un tipo de gobierno radicalmente distinto al actual, uno que no utilice las cárceles como sistema de control social y la guerra contra las drogas como excusa para conseguirlo.

 

Publicado enEdición Nº251
Sábado, 06 Octubre 2018 05:36

Desapareció un jefe de Interpol

Desapareció un jefe de Interpol

La Justicia de Francia, país sede de la institución, activó ayer una investigación luego de la denuncia de la esposa de Meng. Su rastro se perdió el 29 de septiembre. China aún no se pronunció sobre el caso.

El presidente de Interpol, Meng Hongwei, está desaparecido en China desde que llegó al país a finales de septiembre y, en consecuencia, la Justicia de Francia, país sede de la institución, activó ayer una investigación luego de la denuncia de la esposa de Meng. Hasta el momento no hay información oficial. No obstante, el diario South China Morning Post, público que Meng fue arrestado al aterrizar en China y actualmente esta bajo vigilancia de la disciplina del Partido Comunista Chino. La Comisión Central para la Vigilancia de la Disciplina es el órgano policial del partido encargado de combatir casos de corrupción, lo que podría significar que el jefe de Interpol está bajo sospecha de este delito. El rotativo no ofrece más pistas sobre los posibles motivos por los que Meng, ex miembro del Gobierno considerado un peso pesado del Partido Comunista Chino, estaría siendo investigado. El diario tampoco precisa el lugar de la detención.


El rastro de Meng se perdió el pasado 29 de septiembre, cuando embarcó en un avión con destino a su país, y su familia no tiene noticias desde entonces. Su esposa, que permanece con sus hijos en Lyon, la ciudad francesa donde tiene su sede Interpol, dejó transcurrir unos días hasta que la noche del jueves oficializó la denuncia y en ese instante las autoridades le tomaron declaración. Según la ley china, la familia y los empleadores de un sospechoso detenido deben ser notificados dentro de las 24 horas de su arresto, pero hasta el momento los familiares de Meng no recibieron información sobre su ubicación.


Por su parte, Interpol se limitó a indicar que se trata de un asunto que compete a las autoridades de Francia y China, y que la continuidad de su misión está garantizada, ya que las operaciones de Interpol recaen en el secretario general, el alemán Jürgen Stock. Además, precisó que debe respetar las normas de confidencialidad estipuladas en los estatutos. Por su parte, el Ministerio de Interior francés compartió ayer en un comunicado su preocupación por la desaparición de Meng, así como por las amenazas que recibió su esposa, y señaló que puso a disposición de la familia un dispositivo policial adaptado para garantizar su seguridad. “Francia está perpleja acerca de la situación del presidente de Interpol y está preocupada por las amenazas ejercidas contra su esposa”, indicó el ministro y agregó que la mujer fue intimidada por teléfono y a través de las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento, su contraparte china no se pronunció sobre el caso.


Medios franceses indicaron que desde la llegada al poder del presidente Xi Jinping, hace seis años, China inició una dura campaña contra la corrupción que determinó la persecución de cientos de funcionarios. Xi puso al frente de los servicios de seguridad del país a Zhao Kezhi y lanzó una purga de altos cargos procedentes de los aparatos de sus predecesores, Hu Jintao y Jiang Zemin. Entre los funcionarios detenidos se encuentran el ex ministro de Seguridad Pública y antiguo superior de Meng, y Zhou Yongkang, uno de los más hombres más poderosos del país que fue condenado a cadena perpetua por abuso de poder. En 2014, Interpol emitió “avisos rojos” de alertas internacionales para 100 personas de origen chino que viven en el extranjero. En abril del año pasado emitió una alerta dirigida a Gou Wengui, una empresario adinerado que afirmó tener evidencia de corrupción en los niveles superiores del Partido Comunista. Wengui, que fue buscado por los fiscales chinos desde 2014, tenía vínculos con Ma Jian, quien, como Hongwei, había ocupado el cargo de viceministro de seguridad y fue investigado por presunta corrupción.


Meng tiene casi 40 años de experiencia en justicia penal y vigilancia policial en este país, según indica la página web de la Interpol. Sin embargo, perdió su asiento en el comité central del Partido Comunista, el principal centro de poder de la organización, en abril de este año.


Antes de su designación como presidente de esta entidad, Meng era viceministro de la Seguridad Pública china, un departamento de enorme poder a cuyo cargo están la Policía y los servicios de espionaje. Como figura central en ese departamento, varios medios vincularon a Meng con militantes Uighurs, grupo disidente que habita las regiones del norte de China, y que el estado considera como subversivos.


El funcionario chino dejó su cargo en seguridad 2016, para entrar a Interpol en sustitución de la francesa Mireille Ballestrazzi, un cargo honorífico, pero que aun así levantó críticas en organizaciones defensoras de los derechos humanos. En este sentido, Amnistía Internacional reaccionó preocupada acusando a China de usar la Interpol para buscar disidentes y activistas de la oposición. Por su parte, Human Rights Watch consideró que China se sirve de la organización policial internacional para intimidar y detener a familiares de disidentes, y por eso le pidió una atención particular para evitar injerencias del presidente Meng. El ex ministro había desestimado los reclamos, diciendo que se adheriría a las reglas de la organización y que estaba enfocado en promover “la causa de la vigilancia policial en el mundo”. La organización restó importancia a la nacionalidad del presidente y subrayó que el mando operativo recae en el secretario general. Además, enfatizó que los estatutos de Interpol -que tiene 192 países miembros- asientan el principio la neutralidad política de sus actuaciones, como queda registrado en el artículo 3.


Interpol cuenta con siete oficinas regionales en el mundo, además de representaciones en todos los países miembros, que se suman a las que hay ante la ONU, en Nueva York, y ante la Unión Europea, en Bruselas. Al presidente de Interpol, como al resto de los miembros del Comité Ejecutivo, lo elige la Asamblea General de la organización, en la que están representados todos los Estados miembros. Las funciones de la organización responden a aplicar las orientaciones decididas por esos países y supervisar el trabajo del secretario general.

Publicado enInternacional
Sábado, 11 Agosto 2018 09:10

De policía a cazador

De policía a cazador

¿Cuál es la concepción de Derechos Humanos que rige en la Policía Nacional, y cómo es el proceso formativo que imparten a los nuevos uniformados, para que consideren que su autoridad descansa en las armas? ¿Es posible pasar de una fuerza de ocupación, como en realidad es esta institución en Colombia, a un cuerpo de control social regido por la soberanía comunitaria?

 

“Un grupo especial de comando está preparado para perseguir y matar extraterrestres cucarachas, que invaden el planeta y se esconden en cloacas y ruinas, pero en una de las persecuciones uno de los soldados más eficientes es rociado con algo en el rostro por una de las cucarachas, justo cuando el soldado está dispuesto a matarla. Sucede algo en un inicio incomprensible para él, descubre que a quien ha estado matando no son cucarachas, el spray que rociaron en su cara le ha permitido ver que son personas, mujeres y niños escondidos en esas ruinas que lo miran directamente a los ojos. Se siente aterrorizado porque ya ha matado a muchos; cuando le cuenta a su superior éste le confirma y le da la opción de aplicarle un mecanismo para olvidar o vivir con la culpa que eso implica. El oficial decide someterse al mecanismo para olvidar (serie de Netflix, “Black Mirror 3” temporada 5to episodio)”.

 

Una serie de ficción, que como siempre carga rasgos de realidad. Esa que sí vivimos en Colombia, para el caso que nos ocupa en Bogotá, en donde el pasado 15 de junio un grupo de jóvenes, después de una salida de amigos, intentan abordar un bus del servicio integrado de transporte, ingresando sin pagar a la estación de Transmilenio de la Autopista Norte con calle 142. Intento fallido, pues son vistos por un policía que hace una voz de alto no acatada por los requeridos, quienes echan a correr. Reacción lógica, mucho más cuando se es joven, pues todos temen llegar a las celdas de la mal llamada Unidad Permanente de Justicia (UPJ), espacios hacinados donde se violan casi todos los derechos humanos.

 

¿Todo normal? No. Pero sí en Colombia, un país donde la naturalización de la violencia mutó en estrategia de vida para miles de miles; un país donde la policía, militarizada, dota con armas de gran poder a sus efectivos, los mismos que las usan más para agredir que para prevenir, convirtiéndose de hecho, y de esta manera, en una fuerza de ocupación, como sucede cuando un país es invadido por otro. Naturalización de la violencia que lleva a banalizar el mal, donde no sólo se agrade por cualquier motivo, hasta por los más intrascendentes, y donde personas normales cometen actos monstruosos.

 

Es por ello que este es apenas el inicio de una triste tragedia, pues en el caso de estos jóvenes, el policía, cegado por “el cumplimiento de su deber” –proteger y hacer respetar la propiedad privada– decide perseguirlos unas ocho cuadras, pero sin poderlos capturar. ¿Hubo una motivación profunda, sentimiento de frustración o rivalidad de fuerza que lo impulsaron a demostrar su poder y autoridad? O más tenebroso aún, no fue una emoción profunda que nubló su razón, sino que su lógica secunda sus acciones.

 

Con argumentos en su cabeza que validan su proceder, el policía actúa, toma un taxi y se dirige tras los jóvenes. Ya no es policía, ahora es un cazador. Cuando llega al lugar donde se encuentran –calle 144 con carrera 46– se baja del vehículo y desenfunda su arma; por pura reacción de autoprotección los jóvenes corren de nuevo, ahora por temor al arma; un estruendo estalla y un segundo después yace en el suelo Andrés Camilo Ortiz, de 19 años de edad, uno de los jóvenes que huía del cazador urbano.

 

El susto agobia a sus compañeros, que corren con más energía, pese a lo cual uno de ellos hace un alto para intentar socorrer a quien ahora está moribundo, pero al acercarse al cuerpo alza la vista y ve que el “el paladín de la justicia” le apunta directamente; el frío recorre su cuerpo y siente que tiene que autoprotegerse, retoma la carrera. El policía, con “su trofeo” en el piso, camina de un lado a otro sin solicitar ayuda médica inmediata para el joven que siente que la vida se le va.

 

¿Un motivo para morir? Andrés Camilo nunca hubiera pensado así, mucho menos lo hubiera deseado, nunca hubiera pensado que un policía, por el simple hecho de portar un uniforme verde y un arma, llegara a asumir una simple colada a un portal como motivo para acabar con su vida, tal vez joven como él, viviendo con sus 19 años en plena primavera.

 

Pero Andrés desconocía que los agentes de la Policía Nacional son sometidos voluntariamente a una formación que acalla su conciencia, que elimina la empatía básica entre seres humanos, igual que en la historia del inicio, mecanismos de desconexión moral para ver enemigos en los otros, y considerar cada acción como un combate.

 

Las cámaras del sector registraron todo, ahí está la memoria de lo sucedido, de lo que nunca más debiera volver a ocurrir. El desenlace para Andrés Camilo Ortíz, de 19 años de edad, estudiante de tercer semestre de contaduría de la Universidad Nacional, es fatal. Un joven víctima de un policía que, reaccionó de acuerdo a procesos formativos recibidos, mentalizado como el disciplinador social, que está convencido que más que una vida, hay que proteger el “orden y la propiedad privada”, que las instituciones y las cosas son más importantes que las personas. Así, el policía formado sin un margen de autonomía y valoración ante cada circunstancia que vive y/o enfrenta, sin un aprendizaje donde resalte la vida por sobre cualquier bien privado o público, termina por considerar que ante la burla de estos jóvenes él está cumpliendo con su deber.

 

Buscando pistas

 

Juan es teniente retirado del ejército, es un conocido y amigo a quien reencuentro y le narro los hechos para entender mejor lo sucedido.

 

–Es que si los muchachos se metieron al Transmilenio sin pagar eso es una falta, pero se volvió un delito cuando se les dio la voz de alto y se echaron a correr. Me dice Juan con tranquilidad.

 

–Y ahí, el policía sí puede disparar. Agrega.

 

Esto me produce terror, porque no logro comprender la estructura de las leyes de un país donde es legal disparar a unos jóvenes por no acatar un grito de alto, cuya única falta fue querer entrar colados al sistema de transporte público, y después, por natural temor, correr al ver a la policía. Un temor donde la ética está escrita sobre simples conveniencias institucionales y sus integrantes no hacen, sobre dichas leyes, ningún discernimiento ético, sobre la valoración de la vida y de lo que puede ser catalogado o no, como delito.

 

Pienso en lo dicho por mi amigo Teniente y en el significado profundo de lo que rodea esa voz de ¡alto!, y me produce terror saber, pensar que los policías ven como enemigo y criminal a una persona que no obedece de manera inmediata sus órdenes, por lo cual pueden atentar contra su vida; policías que tienen la convicción total de que sus acciones son coherentes con la ética impartida en el entrenamiento que los prepara para su supuesta función social: proteger y servir a la comunidad.

 

En la lista de horrores que me produce el hecho y hablar de él, me horroriza la absoluta justificación y naturalidad con la que piensa un militar o policía como Juan; cuando la acción que terminó con la vida de Andrés Camilo, según la norma establecida, tiene para él una justificación, por lo cual se siente totalmente libre de culpa y bendecido por el cumplimiento del deber.

 

Dice Juan: “para mi siempre se trata de cumplir la ley del ejército y la ley de Dios, y si tengo que matar a un delincuente en un enfrentamiento pues lo hago”. Y se echa la bendición.

 

¿Ha pensado nuestra sociedad a quiénes y cómo están formando a nuestros supuestos protectores? Las consecuencias en todo caso están a la vista, indicándonos que es urgente construir otra política para la seguridad colectiva.

 

Trasfondo

 

¿Es este policía una persona intrínsecamente mala, con el potencial de matar y hacer daño a otros? ¿Es la fuerza pública un grupo de individuos malvados y violentos, sin familias y con impulsos agresivos incontrolables?

 

Para buscar luz ante este interrogante acudo al psicólogo e investigador Albert Bandura quien asegura que: “Los actos inhumanos son perpetrados por personas que en otros aspectos de sus vidas pueden ser compasivos y humanos”. En sus estudios, Bandura expone los mecanismos de desconexión moral, y parte de las respuestas a las conductas, en este caso de los uniformados que son padres, esposos, ciudadanos, a lo mejor ejemplares, pero que no tienen ningún problema ético al matar, torturar o hacer daño a quien considera como su enemigo.

 

Las personas dentro del contexto social desarrollan un marco de referencia moral que les permite identificar lo bueno y lo malo. Estas normas guían y determinan la conducta. Sin embargo para la conducta del transgresor (en este caso el policía) lo que sucede es un acomodamiento del referente ético de manera que no le incomode. Para Bandura la gente “buena” puede llegar a cometer actos crueles. Lo que hace es conectarse o desconectarse de esas normas morales, y justificar las acciones dependiendo de a quien catalogue de humano o no.

 

Para así proceder tiene varios mecanismos de desconexión moral. Las instituciones militares, religiosas, políticas, y casi cualquiera que pueda resguardarse en un ideal, usan con frecuencia estos mecanismos para validar sus actos (masacres, asesinatos, secuestros, desapariciones, genocidios) Las personas en nombre de ideales –supuestos o reales– hacen cosas para sentirse orgullosas, tener una bandera por la cual luchar les potencia valor personal, un ejemplo de siglos atrás son las Cruzadas, para aquellos caballeros matar estaba totalmente justificado, los enemigos estaban nada menos que en contra de Dios. Pero en tiempo reciente nos podemos acercar a multitud de ejemplos, entre ellos el propio fascismo, en lucha contra el comunismo, o en nuestro territorio los propios paramilitares –o sus aliados en los cuarteles– en lucha contra el “narcoterrorismo”.

 

Son “héroes” de ayer y de hoy, en cuyos casos deshumanizan al enemigo (la víctima), convirtiéndolo en un subhumano, lo que impide que lleguen a generar empatía con él, de ahí que al aludir al mismo anulen sus características humanas, identificándolo dentro de un grupo agresor, revoltoso, terrorista, insurgente, delincuente, o similar*.

 

Para así proceder, uno de los mecanismos más poderosos es la justificación moral, a partir del uso de palabras engañosas para santificar la conducta destructiva, para lo cual cada persona o institución tiene sus propios argumentos para validar sus acciones. Es común en ello el uso de lenguajes enrevesados y eufemismos, con lo cual ocultan la violencia y la agresión que despliegan a partir de ciertas políticas o medidas desplegadas, todo lo cual resume técnicas ya muy desarrolladas por los políticos que no hablan de desalojo de una población sino de reubicación, que no aluden a niveles de pobreza sino de poblaciones vulnerables.

 

Estamos, entonces, ante toda una maquinaria del poder, que requiere un abandono de la voluntad individual para someterse a la obediencia de un superior que lo es en rango, asumido, además, como tal en inteligencia. ¿Cómo discutir con alguien superior a ti? ¿Cómo discutir con quien significa el ideal de lo que quieres llegar a ser? Solo hay una máxima: Obediencia.

 

Comportamiento que de manera técnica recibe el nombre de único superior, y que lleva a la obediencia ciega, la cual tiene otras consecuencias pues cuando un subalterno es enjuiciado y argumenta que simplemente obedecía la ley lo sancionan, porque la obediencia institucional o grupal no exime del delito.

 

Responsabilidad flotante

 

Estamos ante un sistema de estructuración de mentalidades sometidas que es complejo. Los sistemas de autoridad están estructurados para que las políticas destructivas sean camufladas, disimuladas, no explícitas ni directas, pueden ser incluso ilegales –como los paramilitares en Colombia–, que les permite a quienes están en la punta de la pirámide jerárquica desentenderse de las consecuencias y negar las responsabilidades. Además que las culpas quedan diseminadas en cada fracción de la acción, lo que le resta la magnitud de terror que el hecho pudiera tener. Por ejemplo, uno da la orden, otro estructura la estrategia, otro consigue el armamento, otros realizan la acción con la convicción de que cumplen órdenes, ¿la culpa es de todos o es de nadie? La acción grupal propicia el anonimato.

 

Pero también, los mecanismos finales desplegados por el poder culpabilizan a la víctima; por supuesto, para que el sistema moral no se active se desestiman los efectos dañinos de la acción.


Todos estos recursos son potenciados por el poder al momento de formar a quienes supuestamente protegen a la sociedad, los que construyen una coraza en el cerebro de cada uno de sus funcionarios y de sus agentes. Actúan de manera violenta protegidos por tales recursos.

 

Así, al momento del disparo contra Andrés Camilo Ortiz, cuando milésimas de segundo después yace en el suelo moribundo, el “agente del orden” camina de un lado para otro, tal vez se está activando su sistema moral, para encontrar en alguno de los mecanismos antes mencionados la razón lógica de sus acciones. Finalmente, de acuerdo a su razonar, la culpa será del estudiante, que aunque no es un delincuente seguramente su conciencia –en su agonía– le dirá que se portó como tal.

 

¿Paradoja? No. Es el poder y todo su arsenal de defensa y ataque desplegado, en este caso para imponer “orden”, no importa el precio que implique lograrlo ni las consecuencias de ello.

 

* Esto es lo más tradicional, pero ahora también se habla de moralización tecnológica, ya no de personas sino que se usan términos tecnológicos o números, por ejemplo.

 

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