Sábado, 12 Enero 2019 06:45

¿Ruptura o perpetuación?

¿Ruptura o perpetuación?

La nueva toma de posesión de Nicolás Maduro se llevó a cabo ayer, jueves, en el Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional, enteramente controlada por la oposición, fue declarada “írrita”, al haber votado un impeachment contra Maduro. Hoy, viernes, la Asamblea Nacional Constituyente, bajo control del chavismo, debía reconocer la investidura del presidente.

El viernes 3 los cancilleres del Grupo de Lima consensuaron, a excepción de México y con apoyo de Estados Unidos, una declaración en la que desconocen al nuevo gobierno que asumió Maduro ayer jueves. Si por ahora no se habla de intervención militar para “restaurar la democracia” en el país, según palabras del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, los rumores en ese sentido persisten en Venezuela y se sabe que funcionarios estadounidenses continúan instando a los militares caribeños a tumbar a Maduro. Otras señales en esa dirección provinieron, meses atrás, de políticos y militares brasileños muy cercanos al ahora presidente Jair Bolsonaro. Uno de ellos fue el ahora vicepresidente, el general Hamilton Mourão, quien fue encargado militar de la embajada en Venezuela. Mourão se pronunció, antes de la toma de posesión de Bolsonaro, a favor de un golpe de Estado en Venezuela. “Las Naciones Unidas tendrán que intervenir a través de las tropas de paz (…) y allí está el papel de Brasil: liderar las tropas de paz”, afirmó. Pero una vez en el poder, Bolsonaro fue más cauto, quizá esperando la movida definitiva de su aliado Donald Trump y también la actitud que asuma la Colombia de Iván Duque, otro “trumpista” que se manifestó en su momento favorable a una acción armada y luego se desdijo.


En el plano regional, México y Uruguay, fuera de los aliados clásicos del chavismo, como Nicaragua y Bolivia, aparecen como los países más opuestos a acciones tendientes a buscar la caída del gobierno chavista. A su vez, la llegada al gobierno del Psoe en España ha sumado una voz en la Unión Europea a quienes privilegian el diálogo con el Ejecutivo de Maduro.
La intervención militar abierta es, de todas maneras, la hipótesis de menos peso de todas las que evalúan la oposición interna y externa para lograr que el nuevo sexenio de Maduro no llegue a su término en 2024. Estados Unidos continúa, por ejemplo, apretando el torniquete económico. Nuevas sanciones del Tesoro fueron publicadas el martes 8 en Washington contra un grupo de ex funcionarios del chavismo. Lo curioso es que todos ellos, o bien están detenidos en el país, o se han ido de él o han sido sancionados. Es muy poco probable que esas medidas puedan entonces ejercer presión real sobre el Ejecutivo de Maduro.


Los escenarios más radicales, como un bloqueo económico o un embargo petrolero, terminarían por otro lado atrincherando al gobierno y consolidando las alianzas que ya ha hecho con países como China, Rusia y Turquía. Los dos primeros han otorgado a Caracas créditos por 5.000 y 6.000 millones de dólares, respectivamente, destinados a reactivar la industria petrolera. Rusia, además, envió por unos días el mes pasado algunos de sus bombarderos estratégicos TU-160 a tierras venezolanas para marcar presencia y como forma de advertencia.


El escenario de presión económica externa tampoco beneficia al empresariado, uno de los principales sostenes de los sectores antichavistas.
La oposición política, por su lado, se halla en este plano, como en muchos otros, dividida. Hay quienes –como el diputado Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, controlada enteramente por las fuerzas adversas a Maduro– rechazan las intervenciones externas, y quienes –como los dirigentes opositores radicados fuera del país– respaldan sin cortapisas cualquier iniciativa que conduzca al derrocamiento de Maduro.


Lo cierto es que la oposición ya no aparece con fuerzas como para convocar a nuevas movilizaciones contra el gobierno, incluso en un contexto de crisis económica y social como el actual, que podría serle propicio para agitar nuevamente las aguas, como lo hizo en 2017, cuando alentó las “guarimbas”, acciones violentas que derivaron en una espiral saldada con decenas de muertes.


El Plan de Recuperación Económica lanzado por Maduro cuatro meses atrás no ha dado los resultados esperados por el gobierno: no hay muestras de crecimiento de la economía, la hiperinflación continúa descontrolada, y la actividad petrolera, la principal del país, sigue decayendo.


Pero su debilidad política ha llevado a algunos sectores de la oposición a cambiar de discurso, y a dejar incluso de cuestionar la legitimidad del nuevo gobierno de Maduro, un tema en el que estuvo enfrascada, buscando nuevas estrategias. Habrá que ver cómo se van decantando las aguas en las próximas semanas.

Por Ociel Alí López
11 enero, 2019

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Maduro defendió su investidura ante el mundo

“Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélite, que han pretendido convertir una toma de posesión en una guerra mundial”, dijo el presidente bolivariano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juró ayer para su segundo mandato como jefe de Estado en medio del rechazo de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima. En su discurso de investidura, el flamante mandatario respondió a quienes intentan deslegitimarlo: “Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites que han pretendido convertir una toma de posesión pacífica y legal en una guerra mundial contra nuestro país”.


El continuador del legado del ex presidente Hugo Chávez estuvo acompañado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, su par nicaragüense, Daniel Ortega, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y los mandatarios de El Salvador y de Osetia del Sur. A la investidura también asistieron una veintena representantes internacionales, entre ellos, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) Gleisi Hoffmann y el vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay. En tanto, Uruguay y México designaron a sus encargados de negocios en Caracas como representantes oficiales para el acto.


“Juro en nombre del pueblo de Venezuela que cumpliré y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución para procurar defender la independencia absoluta de la patria, llevar a la prosperidad económica a nuestro pueblo y construir el socialismo del siglo XXI”, dijo Maduro, luego de recibir la banda presidencial del jefe del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno. La ceremonia fue en el Tribunal y no en la Asamblea Nacional, como indica la Constitución porque, según afirmó Moreno, la Asamblea está en desacato por lo que todos sus actos, agregó, carecen de validez y eficiencia jurídica.


En la primera manifestación concreta del malestar regional ante la nueva toma de poder de Maduro, Paraguay rompió relaciones con el país centroamericano y, en sesión extraordinaria, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que declara ilegítimo a Maduro (ver página 20), en línea con la reciente declaración del Grupo de Lima.


En su extenso discurso y ante referentes internacionales, el sucesor de Chávez lazó duras palabras contra quienes lo acusan de dirigir un régimen dictatorial. Al Grupo de Lima lo llamó “el cártel que trafica con el derecho internacional” y a Estados Unidos, por su parte, le respondió: “yo no me formé en la Escuela de las Américas ni en el Comando sur, yo me forjé en las escuelas de Caracas, en la clase obrera con los conductores del metro de Caracas, de ahí vengo yo. No soy un magnate ni he estudiado en Harvard”, arremetió y luego fue aplaudido por la sala en donde también estuvieron presentes el vicepresidente del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, Ilyas Umakhanov; el viceprimer ministro de Bielorrusia, Igor Liashenko; y el ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, Han Changfu. Luego de unos segundos de aplausos el flamante mandatario prosiguió: “Como locos andan los gobiernos satélites inventando y presionando. Yo le digo a nuestro pueblo: allá ellos con su nerviosismo y desesperación y acá nosotros con nuestro amor y nuestro espíritu revolucionario y socialista”.


La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, calificó la investidura de Maduro como una usurpación del poder y aseguró que su proclamación es ilegítima porque deriva de las elecciones presidenciales del 20 de mayo que, según denuncian, no tuvieron las condiciones mínimas de comicios libres y transparentes. Desde una posición opuesta, la senadora Hoffmann señaló que el PT reconoce el voto popular por el que Maduro fue electo. “Mi intención es llevar el apoyo del PT al pueblo venezolano”, afirmó la presidenta petista. Mientras el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuvo en el poder (2003-2010), mantuvo un firme apoyo al gobierno de Chávez y, una vez que el líder venezolano falleció, ese respaldo personal y del propio PT fue trasladado a Maduro. Según la senadora, su presencia en la investidura también fue para denunciar la posición agresiva del gobierno de Jair Bolsonaro contra Venezuela. “Es contraria a la tradición diplomática del país”, denunció. Y agregó que las políticas intervencionistas y golpistas están incentivadas por Estados Unidos y cuentan con la adhesión del gobierno brasileño.


El vicepresidente de Turquía, por su parte, aterrizó en Caracas la noche anterior a la ceremonia y al ser recibido por las autoridades venezolanas expresó su satisfacción con el progreso de las relaciones bilaterales. Luego recordó que el viaje del presidente turco, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, a Venezuela en diciembre pasado llevó a un nuevo nivel las relaciones, ya estrechadas durante varias recientes visitas de Maduro a Turquía. “Extiendo los saludos de nuestro presidente al pueblo venezolano. Durante la ceremonia de investidura de Maduro tendremos oportunidad de pasar una vez más revista a las relaciones entre Turquía y Venezuela”, dijo Oktay. Poco después de llegar, el político turco se reunió en su hotel con el presidente de Bolivia a quien invitó a Turquía. Para el final de la reunión ambos acordaron que Bolivia abrirá una embajada en Ankara en el primer semestre del año en curso. Evo Morales, fiel a su estilo antiimperialista, denunció ayer que la OEA atenta contra el pueblo venezolano y volvió a acusar a Estados Unidos de usar al organismo para forzar una intervención al país caribeño. “La OEA viola el principio de no injerencia de ese organismo y atenta contra la soberanía de un pueblo que votó por el presidente que votó por su presidente. La democracia es del pueblo, no del imperio”, arremetió.


La UE, la OEA y Estados Unidos desconocen al nuevo gobierno de Maduro


Un intento de bloqueo para empezar


Paraguay rompió relaciones diplomáticas con Venezuela; la OEA aprobó una resolución para declarar ilegítimo el nuevo gobierno y la UE insistió en llamar a nuevas elecciones. Por otro lado, Rusia y China enviaron importantes delegaciones a la toma de posesión de Maduro.

El segundo mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comenzó con un cerco internacional. Paraguay rompió relaciones diplomáticas, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución para declarar ilegítimo su nuevo gobierno, Estados Unidos advirtió que aumentará su presión sobre el país caribeño y la Unión Europea (UE) insistió en que haya nuevas elecciones. Por otro lado, contó con la presencia de los dignatarios de Bolivia, Cuba y El Salvador, Evo Morales, Miguel Díaz Canel y Salvador Sánchez Cerén respectivamente; así como de delegaciones importantes de China, Rusia y Turquía.


El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, realizó el anuncio de ruptura tras la jura de Maduro, desde el Palacio de Gobierno en Asunción. El mandatario justificó su decisión, dijo, con base al ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional. “En ese sentido se ha dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país”, señaló el presidente. Abdo Benítez hizo mención a su discurso durante la toma de posesión de la Presidencia, el pasado 15 de agosto, cuando prometió respaldar al pueblo venezolano. “Manifesté que no seríamos indiferentes al dolor de los venezolanos, el respaldo al pueblo de Venezuela debe ser real, es fundamental honrar lo que decimos con hechos concretos y tomar decisiones por principios”, dijo.


Sin embargo, el mandatario aclaró que la ruptura de relaciones no implicaba que Paraguay dejará de cumplir sus compromisos con Venezuela en la deuda que la estatal Petropar tiene con la venezolana Pdvsa. La empresa estatal venezolana reclama a Asunción 265 millones de dólares, más un 2 por ciento de intereses anuales, en virtud de una deuda contraída tras un acuerdo firmado entre ambos países para el suministro de gasoil a Petropar.


La OEA, por su parte, aprobó ayer una resolución que declara ilegítima la nueva presidencia de Maduro. El documento, que fue aprobado por 19 votos a favor, seis en contra, ocho abstenciones y una ausencia, será transmitido, según dijeron inmediatamente, al secretario general de las Naciones Unidas. La medida “hace un llamamiento para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo”, estipuló la resolución. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha defendido una intervención en el país sudamericano y que estaba presente en la sala, celebró la decisión.


Venezuela, Nicaragua, Bolivia San Vicente y las Granadinas, Surinam y Dominica votaron en contra y entre los países que se abstuvieron estuvieron México y Uruguay. Entre las naciones que votaron a favor estuvieron Argentina, Estados Unidos, Colombia, Chile, Canadá, Brasil y Ecuador.


A pesar de haber firmado la resolución y de no haber enviado a ningún representante desde Quito a la asunción de Maduro, el canciller ecuatoriano José Valencia, aclaró que no se habían roto las relaciones con Venezuela. “Nuestra posición tiene un punto de partida muy claro, creemos que la salida a la situación en Venezuela debe ser tomada exclusivamente por los venezolanos, no pensamos que tenga que ser una acción internacional”, puntualizó el ministro. Valencia aseguró, asimismo que la resolución de la OEA está cimentada sobre la preocupación de la región al respecto de la situación en Venezuela. Finalmente, destacó que la posición de Ecuador siempre ha estado ceñida a la no injerencia, al diálogo y al respeto de la autodeterminación.


La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA fue solicitada por las misiones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú, casi en concordancia con los países que firmaron el comunicado del Grupo de Lima del pasado viernes 4 en el que instaban a Maduro a no asumir su nuevo mandato. Dicha declaración fue firmada por 13 de los 14 países miembros (ya que México no adhirió): Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía.


El representante alterno de Venezuela en la OEA, Samuel Moncada, cerró las intervenciones en la reunión extraordinaria y rechazó tajantemente la medida. “La resolución presentada hoy (por ayer) es una insensatez jurídica, un abuso de poder, un crimen de agresión y un golpe de Estado, todo con el propósito de promover el caos y una intervención militar extranjera que destruiría no sólo la paz en Venezuela sino en toda la región”, subrayó el diplomático. “El primer gran problema de esta resolución es que pretende, sin tener capacidad para ello, decidir quién es el gobernante legítimo de Venezuela”, sentenció.


En Washington, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció que el gobierno estadounidense no reconocerá al nuevo gobierno. “Estados Unidos no va a reconocer la toma de posesión ilegítima de la dictadura de Maduro. Vamos a continuar aumentando la presión sobre el régimen corrupto, apoyar la democrática Asamblea Nacional y abogar por la democracia y la libertad en Venezuela”, tuiteó Bolton.


Casi simultáneamente, en Bruselas, la UE emitió una declaración en la que lamentó que comience un nuevo período emanado de elecciones que calificó como no democráticas y amenazó con tomar medidas si aumenta el deterioro de la situación en Venezuela. En su investidura, Maduro pidió respeto a la comunidad europea: “Unión Europea, detente, no vengas con tu viejo colonialismo, con tus viejas agresiones”, exclamó el gobernante, quien elogió a los chalecos amarillos que desafían al gobierno francés.

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Viernes, 30 Noviembre 2018 06:13

Narcocrisis en Honduras

Narcocrisis en Honduras

Juan Orlando Hernandez está con el agua al cuello. El pasado 23 de noviembre su hermano, el exdiputado Tony Hernandez fue detenido en Miami por cargos de narcotráfico y tráfico de armas. El departamento de Justicia lo acusa en un comunicado de estar “implicado en todas las instancias del tráfico a través de Honduras de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína”. También de coordinar “el uso de ametralladoras para brindar seguridad a los envíos de cocaína”, e incluso de marcar los paquetes de cocaína con el símbolo “TH”, por Tony Hernandez.


Tras la detención, Juan Orlando Hernandez se ha desvinculado de su hermano asegurando que en su familia no les habían educado para acabar de esa forma y que en Honduras nadie está por encima de la ley. De esta forma, la versión oficial es que, si Tony es culpable, Juan Orlando no sabía nada. Algo difícil de creer, más teniendo en cuenta que según la justicia estadounidense, Tony Hernandez es un narcotraficante de altos vuelos, con acceso a laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras y que durante su carrera criminal “estuvo implicado en el procesamiento, la recepción, el transporte y la distribución de cargamentos de varias toneladas de cocaína que llegaban a Honduras mediante aviones, lanchas rápidas y, al menos en una ocasión, un submarino”. ¿Es factible pensar que todas estas actividades se realizaron sin conocimiento de la inteligencia militar hondureña, y por ende del Presidente?


De lo que no cabe duda es de que, con anterioridad a su detención, ya existían fuertes señalamientos contra Tony Hernández. En octubre de 2016, el entonces Capitán del Ejército de Honduras Santos Rodriguez Orellana afirmó haber participado en un operativo en el que se decomisó un helicóptero propiedad de Tony. Según las declaraciones del capitán, tras el decomiso del helicóptero, recibió una llamada de un superior del Ejercito en la que le ofrecieron 500,000 dólares a cambio de hacer la vista gorda, oferta que posteriormente se ampliaría al millón de dólares. Debido a su negativa a aceptar estos sobornos, Rodriguez Orellana fue dado de baja de manera deshonrosa del Ejército hondureño. Del helicóptero no se volvió a saber nada. Rodriguez Orellana, afirmó también haber sido presionado por la DEA para acusar de pertenencia al narcotráfico a Tony Hernandez, e incluso para involucrarlo en un supuesto plan liderado por el narco Wilter Blanco para atentar contra el entonces Embajador de Estados Unidos en Honduras James Nealon. Un par de meses después, en noviembre de 2016 Wilter Blanco fue detenido en un operativo ordenado por la DEA en Honduras. A escasas horas de su detención consiguió fugarse, al parecer con ayuda de altos mandos policiales. Lo absurdo de su fuga, unido a la cercanía temporal con las acusaciones de colusión entre Blanco y Tony Hernandez causaron gran revuelo en su momento, aunque sin mayores consecuencias. Finalmente, Blanco fue capturado en Costa Rica y extraditado a Estados Unidos. Como colofón, unos meses más tarde, en marzo de 2017 el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, perteneciente al cartel de los Cachiros, declaraba ante una corte de Nueva York haber entregado sobornos a Tony Hernandez para que agilizase el pago de deudas pendientes del gobierno hondureño con una de las empresas pertenecientes a los Rivera Maradiaga. Y es que el cartel de los Cachiros había creado una empresa llamada Inmobiliaria Rivera Maradiaga, que ganó contratos públicos al menos por un valor de 143 millones de lempiras (unos 6 millones de dólares) durante el mandato del nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2013).


Si aun así el presidente no sabía en que andaba su hermano, no puede alegar tampoco que se deba a que estuvieran distanciados. La conducta del mandatario Juan Orlando Hernandez más bien indica que Tony era de su total confianza. Su involucramiento en la primera campaña presidencial del actual mandatario en 2013 fue notorio. De hecho, la esposa de Tony se ha visto salpicada en el escándalo de corrupción conocido como caso pandora: ella es la propietaria de dos locales adquiridos con dinero de la trama corrupta en un lujoso edificio de la capital hondureña. Según declaraciones del abogado de Fernando José Suarez (uno de los implicados en el caso pandora), que recientemente ha declarado su voluntad de colaborar con la justicia, estos apartamentos acabaron en propiedad de la cuñada de Juan Orlando Hernandez tras amenazas y agresiones del propio Tony Hernandez contra Suarez. Tampoco se puede negar, que el peso de la ley ha tardado en caer sobre Tony Hernandez, y que ha sido fuera de Honduras. La justicia hondureña no solo permaneció inactiva ante los diversos señalamientos contra Tony, continua sin hacer nada tras su detención. En concreto, la Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI no ha procedido contra los bienes del acusado y su familia. La comparación con el caso Rosenthal es inevitable. En aquel caso, tras la acusación en Estados Unidos de lavado de activos del narcotráfico contra una prominente familia de banqueros hondureños, la misma OABI procedió con celeridad al embargo de todos los bienes de los acusados. Lo mismo ocurrió con los bienes del ex Presidente Lobo, cuya casa fue embargada en el marco de un proceso por corrupción contra su esposa. La pregunta es, ¿por qué en este caso la OABI no hace nada, si el mandatario afirma que la ley es igual para todos?


Pero los señalamientos que afectan a la familia Hernandez Alvarado no se limitan al caso de Tony. En el marco del denominado caso pandora también se vio involucrada otra hermana de Juan Orlando: Hilda Hernandez, fallecida en un confuso accidente de helicóptero a finales de 2017. Al parecer, el deceso de Hilda evitó su imputación en el caso pandora, en el que si figura como acusado su esposo Jean Marie Peyrecave. En relación a este caso, el abogado de Suarez ha declarado que lo revelado por pandora es solo la punta del iceberg de una trama en la que se saquearon fondos públicos de diversas instituciones públicas, para favorecer las candidaturas presidenciales del propio Juan Orlando Hernandez. Según Suarez, la trama era dirigida de forma directa por Hilda Hernandez hasta su supuesto fallecimiento en 2017, con el conocimiento y beneplácito de los presidentes Hernández y Lobo.


Pero el involucramiento de los actuales gobernantes de Honduras con el narcotráfico va mucho más allá de estos casos. Así, en el caso de la familia del expresidente Porfirio Lobo (2009-2013), estos vínculos llegan hasta su hijo, preso por narcotráfico en Estados Unidos. Además el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga declaró ante una corte de Nueva York que su organización financió la campaña electoral de Lobo en 2010, y que incluso se celebró una fiesta tras el triunfo electoral en casa del mandatario en la que participaron el presidente, su hermano y varios diputados oficialistas, junto con los jefes de la banda los cachiros. Devis Leonel también acusó de colusión con el narcotráfico a importantes figuras de los últimos gobiernos, como el actual Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, al exministro Oscar Alvarez y a varios y alcaldes diputados nacionalistas.


En el nivel local el narcotráfico y el Partido Nacional también se han visto relacionados. Paradigmático es el caso del ex alcalde nacionalista de Yoro, Arnaldo Urbina, que fue jefe de campaña de Juan Orlando en su departamento en 2013, y actualmente está preso por liderar una banda de narcotraficantes y sicarios que todavía mantiene un férreo control político y criminal en su región. La hermana de Urbina fue diputada por el Partido Nacional y es la actual alcaldesa de Yoro. Otro caso relevante es el del municipio de El Paraíso (Copán), cuyo narco alcalde Alexander Ardón, del Partido Nacional (fugado en la actualidad) llegó a construir una réplica de la Casa Blanca como sede del gobierno local. En la actualidad el municipio es gobernado por un lugarteniente suyo bajo la égida del Partido Nacional. Ardón, que al parecer vive escondido en las montañas de Copán, llegó a realizar una aparición pública en la última campaña electoral para apoyar a su lugarteniente, que se presentaba bajo una de las listas que apoyaban la reelección de Juan Orlando Hernandez Alvarado. El hermano de Ardón fue durante años el director del Fondo Vial, desde el cual otorgó contratos de obra pública a los Cachiros.


Como se ve, los vínculos entre el Partido Nacional y el crimen organizado existen en todos los niveles, revelando un patrón que podría considerarse sistemático. El hecho de que el mismo abogado lleve la defensa del hijo de Pepe Lobo, de Tony Hernandez, y de Rafael Callejas genera la sensación de que todos ellos forman una comunidad de intereses que gira alrededor del Partido Nacional. Sensación que se ve reforzada por las declaraciones de numerosos líderes del partido, en las que arremeten contra la justicia estadounidense y hacen llamados a la defensa de la independencia de Honduras.


La Honduras posterior al golpe de Estado de 2009 sufrió un marcado proceso de degradación política, que la llevo a convertirse en un auténtico narco estado. La llegada al poder en 2010 de un Partido Nacional que se sintió hegemónico creo una serie de incentivos perversos que llevaron al país por la senda de la violencia y la corrupción. En este contexto se produjo un gigantesco desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social, se financiaron campañas políticas con dinero destinado a apoyar a mujeres pobres, se dilapidaron los fondos de la oficina de Presidencia y del Despacho de la Primera Dama y se crearon enormes redes de corrupción en gran parte de las instituciones públicas. Además, la vida política del país, que se había caracterizado por su escasa conflictividad, se volvió profundamente inestable. A finales de 2017, Juan Orlando Hernández logró presentarse a la reelección, violando lo dispuesto en la propia constitución del país, y se realizó el proceso electoral más polarizado en décadas en el país. Un conteo de votos plagado de irregularidades y caídas de sistema provocó una masiva movilización ciudadana contra el fraude, que degeneró en represión militar. Como resultado, más de 30 personas asesinadas. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos recomendó que se repitieran los comicios en el nivel presidencial, aunque su propuesta no fue atendida. En la actualidad, el mandatario Juan Orlando Hernández es ampliamente percibido como ilegitimo en Honduras. Sin embargo, el respaldo incondicional de sectores militares le permite continuar en el poder, con lo cual el futuro de Honduras sigue siendo un enigma.

Por Javier San Vicente Maeztu
Activista en defensa de los derechos humanos
30/11/2018

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Jueves, 11 Octubre 2018 05:51

Brasil en peligro: tres bombas reloj

Brasil en peligro: tres bombas reloj

La democracia brasileña está al borde del abismo. El golpe institucional que se inició con el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff y prosiguió con el encarcelamiento injusto del expresidente Lula da Silva está casi consumado. La consumación del golpe significa hoy algo muy diferente de lo que inicialmente pensaron muchas de las fuerzas políticas y sociales que lo protagonizaron o no se opusieron. Algunas de esas fuerzas actuaron o reaccionaron con el convencimiento genuino de que el golpe pretendía regenerar la democracia brasileña por vía de la lucha contra la corrupción; otros entendieron que era el modo de neutralizar el ascenso de las clases populares a un nivel de vida que más tarde o temprano amenazaría no solo a las élites, sino también a las clases medias (muchas de ellas producto de las políticas redistributivas contra las que ahora se movilizan). Obviamente, ninguno de estos grupos hablaba de golpe y ambos creían que la democracia era estable. No se dieron cuenta de que había tres bombas reloj construidas en tiempos muy diversos, pero con la posibilidad de explotar simultáneamente. Si esto ocurría, la democracia revelaría toda su fragilidad y posiblemente no sobreviviría.


La primera bomba reloj se construyó en el tiempo colonial y en el proceso de independencia, se accionó de modo particularmente brutal varias veces a lo largo de la historia moderna de Brasil, aunque nunca se desactivó eficazmente. Se trata del ADN de una sociedad dividida entre señores y siervos, élites oligárquicas y el pueblo ignorante, entre la normalidad institucional y la violencia extrainstitucional, una sociedad extremadamente desigual en la que la desigualdad socioeconómica nunca puede separarse del prejuicio racial y sexual. A pesar de todos los errores y defectos, los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) fueron los que más contribuyeron a desactivar esa bomba, creando políticas de redistribución social y de lucha contra la discriminación racial y sexual sin precedentes en la historia de Brasil. Para que la desactivación fuera eficaz sería necesario que dichas políticas resultaran sostenibles y permanecieran durante varias generaciones a fin de que la memoria de la extrema desigualdad y de la cruda discriminación dejara de ser políticamente reactivable. Como esto no ha sucedido, las políticas tuvieron otros efectos, pero no el efecto de desactivar la bomba reloj. Por el contrario, provocaron a quien tenía poder para activarla y hacerlo cuanto antes, antes de que fuera demasiado tarde y las amenazas para las élites y las clases medias se volvieran irreversibles. La avasalladora demonización del PT por los medios oligopolistas, sobre todo a partir de 2013, reveló la urgencia con la que se quería poner fin a la amenaza.


La segunda bomba reloj se construyó en la dictadura militar, que gobernó el país entre 1964 y 1985, y en el modo en que se negoció la transición a la democracia. Consistió en mantener a las Fuerzas Armadas (FFAA) como último garante del orden político interno y no solo como garante de la defensa contra una amenaza extranjera, como es normal en las democracias. “Último” quiere decir en situación de disposición para intervenir en cualquier momento definido por las FFAA como excepcional. Por eso no fue posible castigar los crímenes de la dictadura (a diferencia de Argentina, pero en la misma línea de Chile) y, por el contrario, los militares impusieron a los constituyentes de 1988 veintiocho párrafos sobre el estatuto constitucional de las FFAA. Por eso también muchos de los que gobernaron durante la dictadura pudieron seguir gobernando como políticos elegidos en el Congreso democrático. Apelar a la intervención militar y a la ideología militarista autoritaria quedó siempre latente, a punto de explotar. Por eso, cuando en los últimos meses los militares comenzaron a intervenir más activamente en la política interna (por ejemplo, apelando a la permanencia de la prisión de Lula), parecía normal, dadas las circunstancias excepcionales.
La tercera bomba reloj se construyó en Estados Unidos a partir de 2009 (golpe institucional en Honduras), cuando el Gobierno estadounidense se dio cuenta de que el subcontinente huía de su control mantenido sin interrupción (con la excepción de la “distracción” en Cuba) a lo largo de todo el siglo XX. La pérdida de control contenía ahora dos peligros para la seguridad de Estados Unidos: el cuestionamiento del acceso ilimitado a los inmensos recursos naturales y la presencia cada vez más preocupante de China en el continente, el país que, mucho antes de Trump, se consideró la nueva amenaza global a la unipolaridad internacional conquistada por Estados Unidos tras la caída del Muro de Berlín. La bomba comenzó entonces a construirse, no solo con los mecanismos tradicionales de la CIA y el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (también conocido por su denominación anterior, Escuela Militar de las Américas), sino sobre todo con los nuevos mecanismos de la llamada defensa de la “democracia amiga de la economía de mercado”.


Esto significó que, más allá del Gobierno estadounidense, la intervención podría incluir organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los intereses económicos de Estados Unidos (por ejemplo, las financiadas por los hermanos Koch). En consecuencia, es una defensa de la democracia condicionada por los intereses del mercado y, por eso, descartable siempre que los intereses lo exijan. Esta bomba reloj mostró que ya estaba lista para operar en Brasil desde las protestas de 2013. Fue mejorada gracias a la oportunidad histórica ofrecida por la corrupción. La gran inversión norteamericana en el sistema judicial se inició a principios de 1990, en la Rusia postsoviética, y también en Colombia, entre muchos otros países. Si la cuestión no es el regime change, la intervención tiene que ser despolitizada. La lucha contra la corrupción es precisamente eso. Sabemos que los datos más importantes de la operación Lava Jato fueron proporcionados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El resto fue resultado de la miserable “delación premiada”. El juez Sérgio Moro se transformó en el agente principal de esa intervención imperial. Solo que la lucha contra la corrupción por sí sola no será suficiente en el caso de Brasil. Lo fue para neutralizar la alianza de Brasil con China en el ámbito de los BRICS, pero no será suficiente para abrir plenamente Brasil a los intereses de las multinacionales. Es que, como resultado de las políticas de los últimos cuarenta años (algunas venidas de la dictadura), Brasil tuvo hasta hace poco inmensas reservas de petróleo fuera del mercado internacional, tiene dos importantes empresas públicas y dos bancos públicos, y 57 universidades federales completamente gratuitas. Es decir, es un país muy distante del ideal neoliberal, y para aproximarse al mismo se requiere una intervención más autoritaria, dada la aceptación de las políticas sociales del PT por la población brasileña.


Así surgió Jair Bolsonaro como el candidato “preferido de los mercados”. Lo que él dice sobre las mujeres, los negros o los homosexuales o acerca de la tortura poco interesa a los “mercados”. Poco interesa que el clima de odio que él creó esté incendiando el país. En la madrugada del pasado lunes 8, el conocido maestro de capoeira Moa do Katende fue asesinado en Salvador por un seguidor de Bolsonaro a quien no le gustó que el maestro expresara su apoyo a Haddad. Y esto es solo el comienzo. Nada de esto interesa a los “mercados” con tal de que su política económica sea semejante a la del dictador Pinochet en Chile. Y todo lleva a pensar que lo será, pues su economista jefe tiene conocimiento directo de esa infame política chilena. El político de extrema derecha estadounidense, Steve Bannon, apoya a Bolsonaro, pero es solamente la cara visible del respaldo imperial.

Los analistas del mundo digital están sorprendidos con la excelencia de la técnica de la campaña bolsonarista en las redes sociales, que incluyó microdireccionamiento, marketing digital ultrapersonalizado, manipulación de sentimientos, fake news, robots, perfiles automatizados, etcétera. Quien vio la semana pasada en la televisión pública norteamericana (PBS) el documental titulado Dark Money, sobre la influencia del dinero en las elecciones de Estados Unidos, puede concluir fácilmente que las fake news en Brasil (sobre niños, armas y comunismo, etcétera), son la traducción al portugués de las que el dark money hace circular en Estados Unidos para promover o destruir candidatos. Si algunos centros de emisión de mensajes tienen sede en Miami y Lisboa es poco relevante (pese a ser verdadero).


La victoria de Jair Bolsonaro en segunda vuelta significará la detonación simultánea de las tres bombas reloj. Y difícilmente la democracia brasileña sobrevivirá a la destrucción que provocará. Por eso la segunda vuelta es una cuestión de régimen, un auténtico plebiscito sobre si Brasil debe continuar siendo una democracia o pasará a ser una dictadura de nuevo tipo. Un muy reciente libro mío circula hoy bastante en Brasil. Se titula Izquierdas del mundo, ¡uníos! Mantengo todo lo que digo ahí, pero el momento me obliga a una invocación más amplia: demócratas brasileños, ¡uníos! Es cierto que la derecha brasileña reveló en los últimos dos años una afección muy condicional a la democracia al alinearse con el comportamiento descontrolado (más bien controlado en otros sitios) por parte del poder judicial, pero estoy seguro de que amplios sectores de ella no están dispuestos a suicidarse para servir a “los mercados”. Tienen que unirse activamente en la lucha contra Bolsonaro. Sé que muchos no podrán pedir el voto por Haddad, pues tanto es su odio al PT. Pero basta que digan: no voten por Bolsonaro. Imagino y espero que eso sea dicho públicamente y muchas veces por alguien que en otro tiempo fue gran amigo mío, Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil y, antes de eso, un gran sociólogo y doctor honoris causa por la Universidad de Coímbra, de quien pronuncié el discurso de elogio. Todos y todas (las mujeres no tendrán en los próximos tiempos un papel más decisivo para sus vidas y las de todos los brasileños) deben involucrarse activamente y puerta a puerta. Y es bueno que tengan en mente dos cosas. Primero, el fascismo de masas nunca lo hicieron masas fascistas, sino minorías fascistas bien organizadas que supieron capitalizar las aspiraciones legítimas de los ciudadanos comunes a vivir con un empleo digno y seguridad. Segundo, al punto que llegamos, para asegurar un cierto regreso a la normalidad democrática, no basta que Haddad gane: tiene que hacerlo con un holgado margen.

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

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Viernes, 05 Octubre 2018 06:56

Bolsonaro, el polarizador

Bolsonaro, el polarizador

Encabeza las encuestas de intención de voto para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo, y tiene buenas chances de convertirse en el próximo presidente de Brasil. Jair Bolsonaro ha sabido aprovechar el profundo descontento popular por la corrupción, el desencanto con el petismo, el miedo a la inseguridad y la reacción contra los movimientos de mujeres y de minorías discriminadas. Así este ex militar ha obtenido el apoyo de sectores muy diversos. El único grupo que ha logrado unirse con éxito en rechazo a este nostálgico de la dictadura han sido las mujeres. Con el eslogan “Él no”, el sábado pasado tuvo lugar el mayor evento político organizado por mujeres en la historia de Brasil.

 

Brasil se enfrenta a una de las elecciones presidenciales más polarizadas de su historia reciente. Las constantes discusiones entre la gente contrastan con el hastío que la mayoría de los brasileños dicen sentir frente a la política.


Si la discusión política se mantiene viva a nivel social, es sobre todo debido a un hombre: Jair Bolsonaro. El candidato presidencial ultraderechista lidera las encuestas para la primera vuelta del domingo próximo con 35 por ciento de la intención de voto (según una encuesta de Datafolha de ayer).


Este ex militar paracaidista, nostálgico de la dictadura militar, ha logrado acumular el apoyo de amplios sectores de la sociedad, aprovechando sobre todo el descontento popular con la extendida corrupción en el país, la preocupación por la inseguridad y la reacción contra los movimientos de mujeres, Lgbt y de minorías discriminadas.


Pero su discurso virulento también ha sido capaz de generar un amplísimo rechazo, y el pasado sábado 29 de octubre ese rechazo lo representaron las mujeres brasileñas, que irrumpieron en el escenario político al colmar las calles de las principales capitales de los estados del país con multitudinarias manifestaciones, sobre todo en San Pablo –donde alcanzaron el medio millón de participantes– y Rio de Janeiro. A una semana de las elecciones, las mujeres se colocaron a la vanguardia de la lucha política. Protagonizaron la primera movilización masiva anti-Bolsonaro, que no fue gestada por las organizaciones sociales tradicionales ni contó con el sustento de grandes estructuras organizativas. Nació como iniciativa de una mujer, Ludmilla Teixeira, que a mediados de setiembre creó un grupo de Facebook llamado “Mujeres unidas contra Bolsonaro”. En dos semanas ya contaba con más de 3,5 millones de integrantes y rápidamente, antes de expresarse en las calles, el rechazo a Bolsonaro se transformó en un fenómeno viral bajo el eslogan #elenão (“él no”).


UN FANTOCHE CARISMÁTICO.


Jair Bolsonaro es un personaje curioso. Fácilmente irritable, suele perder la compostura ante preguntas que, aunque no muy complejas, lo obligan a pensar más allá de su estrecha zona de confort. A pesar de estar acostumbrado a ser victimario, ha conseguido presentarse como víctima (el apuñalamiento que sufrió durante un acto público el mes pasado reforzó esta imagen) y presentar la imagen de que todo el mundo está contra él porque dice lo que nadie se anima a decir.


Sus declaraciones venenosas y sus propuestas radicales de mano dura –una de sus banderas es la liberalización de las armas: “Si alguien dice que quiero darle carta blanca a la Policía Militar, para matar, yo respondo: sí, quiero”, dijo en diciembre pasado– encuentran eco en un país con índices altísimos de violencia. Ha logrado convencer de que representa lo nuevo al venderse como el “único político que no se corrompió”, a pesar de que su trayectoria parlamentaria es poco impresionante: durante sus 28 años en el Congreso, el diputado del Partido Social Liberal (Psl) sólo ha logrado hacer aprobar dos proyectos de ley que presentó. Bolsonaro cosecha apoyos en una sociedad indignada con la corrupción.


Asume su ignorancia –y se distancia así de su principal rival, Fernando Haddad, el sabelotodo de la elite académica paulista, encorsetado en la defensa del legado petista, que no ejerce la autocrítica ni asume ninguna equivocación– prometiendo “rodearse de los mejores en cada área” y “buscarle la vuelta” a los problemas del país.


Estos son algunos de los elementos que hacen que Bolsonaro convoque apoyos muy lejanos de lo que debería ser el nicho de una candidatura de extrema derecha que defiende la oligarquía blanca más rancia, que es capaz de partir al medio una placa conmemorativa de Marielle Franco en la calle y posar para una foto riendo descaradamente.


Bolsonaro ha superado ese nicho, y el riesgo de su victoria ya se ha vuelto demasiado real. Con Lula preso, el diálogo con el pobrerío quedó vacante, y en tiempos de histeria colectiva no sería la primera vez que pase a ejercerlo un fantoche con delirios fascistas que promete cuidar a los menos privilegiados, aunque en realidad los odia.


“ANTISISTEMA.


” La socióloga Esther Solano, de la Universidad de San Pablo, ha estudiado a los votantes de Bolsonaro. En su investigación, Crisis de la democracia y extremismos de derecha, explora, mediante entrevistas, los motivos para simpatizar con el ultraderechista. Solano señala que el principal es que se presenta como un “político honesto”, en contraposición a la “clase política corrupta” que gobierna el país. Eso, analiza la investigadora en su estudio, lo ha convertido en un candidato “antisistema” a ojos de sus seguidores. Además Bolsonaro consigue presentarse como un candidato con soluciones para temas muy caros a la sociedad brasileña, como la inseguridad.


“Te pueden matar en cualquier momento. Este país es horrible. Tenés una hija, sale de noche y puede ser violada. Robos, asaltos por todos lados. No se puede vivir de esta manera, siempre con miedo. Nosotros queremos soluciones”, se queja una entrevistada por Solano. Otros defienden la liberalización de las armas de fuego: “Si el Estado no nos protege, tenemos que protegernos solos. Los bandidos tienen armas y nosotros no. Es un derecho, sí queremos tener armas para defender a nuestra familia y a nuestra casa”, comenta otra entrevistada.


Otro eje central del apoyo a Bolsonaro que identifica Solano es el antipetismo –el rechazo al PT tuvo su punto más alto durante las protestas pro impeachment de 2016–, cuyo foco es la condena a la corrupción, pero también a las “políticas asistencialistas”, que generarían “parásitos del Estado”.


Solano muestra en su estudio que muchos también consideran que Bolsonaro es un líder carismático, cercano a la gente común, una imagen de la que goza Lula y que motivó a muchos de sus votantes en anteriores elecciones.


Bolsonaro suele expresar su rechazo al 50 por ciento de la población brasileña que es negra. En un acto en el Club Hebraica, de Rio de Janeiro, en abril de 2017, contó que visitó un quilombo –así se llamaban las comunidades de esclavos forajidos, y que hasta hoy son espacios de resistencia negra– y que allí las personas “no hacen nada, creo que ya no sirven ni para procrear”. Prometió que de ser electo presidente no demarcará “ni un centímetro de tierra indígena o quilombola”, porque “donde hay una tierra indígena se encuentra una riqueza debajo” que puede ser explotada. Las comunidades indígenas y quilombolas que reclaman tierras sufren en Brasil una persecución sangrienta. Según los datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (Cpt), más de 1.800 personas fueron asesinadas en conflictos vinculados a la posesión de tierras desde el retorno de la democracia, en 1985.
La mayoría de los entrevistados por Esther Solano expresan recelos respecto del movimiento negro, del feminismo y de los movimientos Lgbt. Afirman que los integrantes de estos movimientos sí sufren discriminación, pero que “abusan de sus derechos” y que se aprovecharían de la victimización para obtener beneficios del Estado e incomodar a los que no pertenecen a esos grupos.


Un motivo para el apoyo a Bolsonaro es justamente la defensa de valores tradicionalmente conservadores. Por ejemplo, Solano entrevistó a un estudiante de 19 años que se define como gay de derecha y que cree que los homosexuales sufren discriminación, pero piensa que eso se soluciona trabajando y no reclamando: “Yo no soy víctima de nada. Eso de que los gays somos unos pobrecitos, unas víctimas, no es así. Hay que reclamar menos y trabajar más”.


REMASCULINIZACIÓN.


Joanna Burigo, coeditora del libro Tem saída? Ensaios críticos sobre o Brasil y magíster en género, medios y cultura, señaló a Brecha que Bolsonaro también representa “el fuerte rescate de una masculinidad que muchos sienten que está siendo atacada y diluida, sobre todo por los discursos feministas”, ese es un punto clave, insistió. “Eso se ve reforzado en el gesto principal de la campaña de Bolsonaro (que constantemente simula tener un arma en la mano y disparar con ella) y en fotos que se sacan sus seguidores con armas reales, en una demostración fálica.”


Es que en un país donde –según los datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública– 164 mujeres son violadas cada día, si hay algo que parece haber logrado forjar una unidad contra Bolsonaro es su machismo indiferente y sus repetidos ataques hacia las mujeres.


En 2016 el diputado del Psl dedicó su voto a favor del impeach¬ment de la entonces presidenta Dilma Rousseff al coronel Carlos Brilhante Ustra, uno de los más feroces torturadores de la dictadura militar, verdugo de Dilma y al que Bolsonaro califica de “héroe nacional”. En 2014, en el pleno de la Cámara de Diputados, le dijo a la diputada petista y ex ministra de Derechos Humanos María do Rosário que no la violaba “porque no valía la pena”. Un hábito del candidato ultraderechista es denigrar a mujeres periodistas que lo entrevistan, incluso en vivo y en directo. Las ha llamado “vagabundas”. También ha afirmado que no necesariamente le pagaría el mismo salario a una mujer que a un hombre.
Sobre la población Lgbt, Bolsonaro no esconde nada. Ya dijo que “a nadie le gustan, sólo los soportamos”.


MUJERES DE TODOS LOS COLORES.


El rechazo a la candidatura de Bolsonaro recorre todo el espectro político. En las movilizaciones del sábado participaron mujeres tanto de izquierda como de derecha.
“Estoy aquí porque no quiero un fascista gobernando mi país. Sería un retroceso sin retorno. Luchar para que no ocurra esa tragedia es una cuestión de ciudadanía básica. Bolsonaro va contra todo lo que hemos construido en este tiempo de democracia”, comentó a Brecha Eloísa, durante el acto en la explanada de Largo da Batata, en San Pablo. Simpatizante de Geraldo Alckmin –representante de la derecha liberal y candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb)– y lesbiana, afirmó que votar por Bolsonaro significaría ir contra sí misma: “Cómo voy a votar por un candidato misógino, homofóbico y racista, que además no tiene propuestas. Votarlo es darle un cheque en blanco. Quien respeta los derechos humanos, quien quiere igualdad y pluralismo no puede permitir que una persona así sea electa. Entre el oscurantismo y la libertad, no hay dudas, elijo la libertad”, sentenció.


Para Jessy Dayane, vicepresidenta de la Unión Nacional de los Estudiantes (Une), que también estuvo presente en la marcha en San Pablo, Bolsonaro representa “un atraso civilizatorio” que “enfrenta a todo el pueblo brasileño”. Esta militante, que votará a Fernando Haddad, consideró que uno de los motivos para rechazarlo es que a lo largo de su trayectoria política el presidenciable representó siempre intereses que “benefician a los ricos” y perjudican a la clase trabajadora: “Cree que los trabajadores tienen que tener menos derechos, para así generar más empleos; o sea, opone el trabajo a los derechos. Y nosotras queremos justamente lo contrario: un Brasil con trabajo digno y derechos para todos”, comentó a Brecha. “Mujeres de diferentes identidades y corrientes ideológicas se unieron contra él justamente porque el fascismo, el machismo, el racismo y la ‘lgbtfobia’ son atrasos civilizatorios que nadie que defienda un mínimo básico de democracia puede defender. Y especialmente las mujeres, que sabemos que su victoria sería un riesgo para nuestras vidas”, concluyó.


En otro rincón de la multitud se encontraba Melina, una argentina que vive en Brasil desde hace siete años y que hace campaña por el candidato Ciro Gomes, un progresista de perfil nacional-desarrollista. “Yo nunca fui activista, ni me involucré mucho en política. Pero hoy soy madre de un niño de 2 años y me di cuenta de la importancia que tiene la mujer en la toma de decisiones políticas”, comentó. “Cuando escuchás hablar a Bolsonaro te das cuenta de que no piensa en invertir en las personas, lo que quiere es resolver los problemas sociales eliminando a las personas, al diferente, y lo hace a través de un discurso tosco de violencia y segregación. Yo no quiero eso para mi hijo”, comentó a Brecha, y describió el fenómeno de apoyo a Bolsonaro como una “marea de odio”. “El problema es que fue subestimado, pero es un fenómeno creciente –afirmó–, por eso estamos acá, precisamos combatirlo en las calles.”

LECTURAS DE LA MARCHA.


Para Burigo, el hecho de pasar de un grupo de Facebook a una movilización nacional en tan poco tiempo marcó un punto de inflexión en el movimiento anti-Bolsonaro. “Poner el cuerpo en las manifestaciones, que fue lo que ocurrió el sábado en todo el país, cambió radicalmente el tono de la protesta, porque es en nuestros cuerpos donde sentimos los efectos de la violencia, y son nuestros cuerpos los que estamos colocando en las trincheras de la lucha contra un futuro sombrío para segmentos de la población ya tan marginalizados en este país”, comentó.


Burigo apuntó, además, que “ningún otro grupo consiguió movilizar a tanta gente en las calles contra esa candidatura abiertamente antidemocrática, y en ese mismo impulso construir el mayor evento político organizado por mujeres en la historia de Brasil”. Pero esta analista señaló que las manifestaciones multitudinarias del sábado no surgieron de la nada y que no deben comprenderse solamente como un gesto de las mujeres para “salvar a la patria”, sino como “una continuación de la politización de las mujeres brasileñas y de nuestra participación en el debate público”.


Según Esther Solano, las mujeres tendrán un papel clave en las elecciones de este mes de octubre. “Por primera vez en la historia el voto de género está tan distante entre unos candidatos y otros. El público femenino representa la mayor parte del voto indeciso. Ese voto tiene la capacidad de tener un gran impacto en la elección, sobre todo en una segunda vuelta, que todo indica será muy ajustada”, comentó a Brecha. Sobre todo teniendo en cuenta que, según la última encuesta publicada (Datafolha, 2 de octubre), es en este público entre el cual Bolsonaro encuentra mayor rechazo. El 49 por ciento de las mujeres de ninguna manera votaría por él.


“Al partir de variables como ‘izquierda’ versus ‘derecha’, ‘militantes de partidos’ versus ‘despolitizados’, ‘elite’ versus ‘pobres’, ‘antipetismo’ versus ‘petismo’, los analistas tradicionales no consiguen explicar cómo lo femenino atraviesa esas distinciones y las torna más complejas”, comentó en Facebook Camila Maia, activista de derechos humanos y co-coordinadora del programa de política exterior del candidato presidencial Guilherme Boulos, del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (Psol). “Para las mujeres, Bolsonaro no es sólo un candidato. Es una fuerza concreta que afecta sus relaciones en la sociedad, sus relaciones personales y familiares, especialmente con los hombres, su libertad y su existencia”, subrayó.


La candidatura de Bolsonaro ha evidenciado un abismo cultural en cuanto a los derechos de las mujeres. Una muestra de esa polarización, que incluso ha logrado dividir a las mujeres entre sí, fueron los comentarios de la profesora universitaria Janaina Pascoal, famosa por ser una de las autoras del pedido de impeachment de Dilma y hacer discursos encendidos Biblia en mano. “Las mujeres que votan a Bolsonaro saben que si el PT vuelve, seguiremos más rápidamente hacia una venezuelización. No tiene sentido quedarnos paradas en causas femeninas o feministas”, declaró al sitio Huffington Post.


El día después de las movilizaciones de mujeres contra Bolsonaro, los seguidores del ultraderechista realizaron su propia marcha. En la Avenida Paulista, de San Pablo, Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del candidato presidencial, reforzó el discurso de su padre. Entre otras cosas dijo: “Las mujeres de derecha son más lindas que las de izquierda” porque “no muestran los pechos ni defecan en las calles”.


La candidatura de Bolsonaro, concluyó Burigo, “es un triste síntoma cultural de la nación”.

 

Por Marcelo Aguilar
5 octubre, 2018

 

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Haddad camina con paso seguro hacia la elección

Las encuestas indican que los electores comienzan a vincular al flamante postulante petista Fernando Haddad con su mentor, Lula. Y esbozan una polarización entre el ex alcalde de San Pablo y Jair Bolsonaro, de extrema derecha.


Con Lula en el pecho. Dos encuestas publicadas ayer indicaron que Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), camina con paso seguro hacia el balotaje del 28 de octubre frente al capitán retirado del Ejército Jair Bolsonaro. Un sondeo de la agencia FSB contratado por el Banco BTG Pactual reveló que en una semana el ahijado de Lula creció un cien por ciento: saltó de 8 a 16 puntos de intenciones de voto contra 33 de Bolsonaro.
Otra medición realizada por la agencia MDA a pedido de la Confederación Nacional del Transporte le dio 28,2 puntos al ex militar contra 17,6 del petista.
Haddad fue proclamado como candidato el 11 de setiembre cuando Lula lo escogió como su heredero al anunciar que desistía de participar en los comicios. Ese día, al salir de la campaña, el fundador del PT tenía un 40 por ciento de votos potenciales contra el 20 de Bolsonaro.
En principio las encuestas de ayer indican que los electores comienzan a vincular al flamante postulante petista con su hacedor. Los anuncios de campaña mostraron la buena acogida que tuvo Haddad cuando se presentó, luciendo camisetas con el nombre de Lula, en la favela Rocinha de Río de Janeiro y recorriendo el centro de San Pablo.
En estos dos sondeos Haddad comenzó a distanciarse del centroizquierdista Ciro Gomes que hace una semana ocupaba el segundo lugar con cierta holgura.
Los números conocidos ayer, más otra encuesta de Datafolha publicada el viernes, esbozaron una polarización entre el ex intentendente de San Pablo Haddad y Bolsonaro que permanece internado debido a las heridas sufridas hace doce días cuando un hombre lo apuñaló durante un acto proselitista.
Si este antagonismo izquierda-ultraderecha se cristaliza Haddad tendría asegurado el segundo lugar en el primer turno del 7 de octubre y con él un boleto para el ballottage del 28.
Lula y Haddad analizaron el pulso de la batalla electoral, con contornos de guerra política.
El jefe petista está “muy satisfecho con las encuestas pero dijo que no hay que dejarse llevar por las encuestas, éstas tienen su importancia pero la campaña se tiene que mover con base a nuestras propuestas sobre educación y trabajo y el respeto a la democracia”, dijo Haddad. Así lo planteó ante un grupo de periodistas apostados frente a la Superitendencia de la Policía Federal curitibana, donde Lula está arrestado desde el 7 de abril.
En la reunión también se trató el proceso que condujo el afamado Sergio Moro, denunciado por abusos antes el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Le dije a Lula que probablemente la ONU va a juzgar el mérito de su proceso en el primer semestre del año que viene, él me reiteró que no cambia la dignidad por la libertad, él tiene la convicción de que las cortes superiores de Brasil y los foros internacionales van a probar su inocencia”.
En otra entrevista concedida ayer por la mañana, antes de embarcar a Curitiba, Haddad habló sobre la posibilidad de firmar un indulto al ex presidente si llega al Palacio del Planalto en enero del año que viene. Evitó ser categórico sobre el tema y dijo esperar que el Supremo Tribunal Federal tome cartas en el asunto.
Fue más claro en su cuestionamiento a la “concentración” de la propiedad de los medios, materializada en el grupo Globo, opuesto encarnizadamente a cualquier tipo de regulación. Habló también del boicot de los diarios grandes a la instalación de portales de medios extranjeros en portugués.
“¿Quién le teme a la diversidad?, nosotros los del PT no le tememos”, aseguró.
Esa posición neta contra el oligopolio mediático más poderoso de América del Sur no había sido expresada en las campañas presidenciales de Lula, en 2002 y 2006, ni en las de Dilma Rousseff en 2010 y 2014.
Lula, Haddad y el PT están convencidos de que el golpe que derrocó a Dilma Rousseff hace dos años hubiera sido imposible sin el aval de la empresa de la dinastía Marinho. Y que ese mismo conglomerado hará todo lo que esté a su alcance para que el partido no retorne al poder en 2019. En otras palabras: Globo se aliará a Bolsonaro para boicotear a Fernando Haddad.

 

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Brasil. Una votación a la sombra de la tutela militar

La campaña electoral en Brasil, después de dos partidas en falso, puede darse finalmente por lanzada con la inscripción de la fórmula que comparten Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), y Manuela D’Avila, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB). En su primera partida en falso, la elección tenía a Lula Da Silva como el hombre a batir, pero la aspiración utópica de que fuera habilitado como candidato fue liquidada por el Tribunal Superior Electoral el 31 de agosto. El segundo arranque fallido fue con el ultraderechista Jair Bolsonaro corriendo por el carril del victimario, con su discurso permanente de incitación a la violencia: ese personaje fue transformado en víctima por un esquizofrénico que lo hirió con un cuchillo el 6 de septiembre.


La campaña, a partir de ahora, podrá tener otras sorpresas, pero es difícil que alguna cambie la naturaleza del juego. Dos certezas están en pie desde el principio de todo: la primera, que el 7 de octubre no se elige presidente, sino que se decide quiénes son los dos que permanecen en el ring para disputar efectivamente la presidencia tres semanas después; la segunda, que Bolsonaro tiene su vacante asegurada para la pelea de fondo.


Si vamos a creerle a las encuestas, dadas las trayectorias de intención de voto que se ven hasta aquí, los únicos dos candidatos que no podemos descartar de la disputa por una plaza en el ballottage son dos exministros de Lula: Haddad y Ciro Gomes. Eso nos deja con tres personajes en la obra, los tres con discursos bien nítidos. En la extrema derecha de la pantalla la propuesta de un fascismo en defensa propia: dirigir toda la furia y, de ser necesario, la violencia contra los políticos ladrones y contra las minorías y los distintos (por etnia, por opción sexual, por condición de vida) que serían la claque de aquellos. Moderadamente hacia la izquierda, dos propuestas desarrollistas que llaman a dejar atrás el marasmo creado por el Centrão (bloque transversal conservador) que usurpó el gobierno con el juicio político amañado de 2016, con dos declinaciones: o bien “el pueblo feliz de nuevo” (tal como han bautizado su alianza electoral el PT y el PCdoB), es decir, regresar al momento previo al “golpe”, cuando todo habría estado legal, o bien una renovación carismática del liderazgo para retomar un impulso de desarrollo con justicia social. Una continuidad desprejuiciada de la línea de los gobierno de Lula y Dilma o un cambio que tome nota de la purga que ha producido en el sistema político la operación Lava Jato, con todo y sus injusticias.


Dando por buenos los sondeos, Ciro, con un 12% de intención de voto y Haddad, con 9%, son candidatos que todavía no han tocado su techo o que, más bien, no han terminado de repartirse los despojos de la intención de voto a Lula que no se vayan al voto blanco, nulo o a Bolsonaro. Las cartas de cada uno ya las ha visto todo el mundo: Ciro se ha presentado explícitamente como “el más progresista después de Lula” e implícitamente como el único, además de Lula, que es más que los partidos que lo apoyan; Haddad, por el contrario, está condenado a no ser nada más (nada menos, en tanto aun un PT maltrecho puede aspirar a estar en la definición de la presidencial, como lo ha estado siempre desde 1989) que el partido, el delegado del líder preso. Sin tiempo material para hacer una campaña poniéndose en valor a sí mismo, sólo le cabe aparecer al lado de la foto de Lula para crecer por asociación. Ciro, en cambio, desafía: su masa es suficiente para que los votos graviten hacia él aunque Lula pretenda mantenerlos en su órbita.


En lo inmediato, entonces, se trata de saber quién prevalecerá. Pero hay una pregunta que suscita preocupaciones más graves: ¿cómo digerirá el Centrão que después de tantos afanes y conspiraciones, después de tirar al mar la llave del calabozo de Lula, las alternativas que podrían derrotar a Bolsonaro sean las víctimas de esa conspiración? Más preocupante aún: ¿un próximo presidente que no sea Bolsonaro, pero sin la legitimidad de haber batido el hombre a batir porque a éste los tribunales le impidieron competir, podrá volver a meter en caja el espectro de la tutela militar que se encarna en el activismo desembozado del jefe del ejército, general Eduardo Villas Bôas?


* Coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas.


 La nueva cirugía al candidato de ultraderecha puso en crisis al partido militar de Brasil


Crece el nerviosismo en la tropa de Bolsonaro


Según trascendidos de la prensa brasileña, el candidato a vice, Hamilton Mourao, estaría interesado en dar un golpe interno, representar a Bolsonaro en los debates televisivos y hasta convertirse en el presidenciable.

La cirugía a la que fue sometido de urgencia Jair Bolsonaro puso en crisis al partido militar formado en su entorno. El capitán retirado del Ejército estuvo hasta los primeros minutos de ayer en un quirófano del Hospital Albert Einstein de San Pablo debido a complicaciones intestinales derivadas de la puñalada recibida hace una semana durante un acto de campaña. Fue la segunda intervención quirúrgica en seis días. El parte médico divulgado en la mañana de ayer indicó que el paciente evolucionaba favorablemente pero retornó a la sala de terapia intensiva y no informó sobre cuándo se le dará el alta, faltando sólo 24 días para la primera vuelta electoral.


“Sin Bolsonaro no estamos en condiciones de llevar millones de personas a las calles”, reconoció el diputado Mayor Olimpio, policía de San Pablo que integra la “Bancada de la Bala” en en el Parlamento.


Las declaraciones y el gesto del diputado reflejaban el desconcierto del primer círculo de poder bolsonarista en una campaña signada por los imponderables y la proscripción de Luiz Inácio Lula da Silva, con su 40 por ciento de intención de voto.


Con la salida de Lula, reemplazado por Fernando Haddad, Bolsonaro quedó primero en las encuestas con el 26 por ciento de apoyo y más del 40 por ciento de rechazo. Merval Pereira, comentarista en jefe del grupo Globo, sostuvo que el candidato no podrá hacer campaña ni estar en los debates hasta el 7 de octubre, y consideró difícil que pueda participar en las actividades proselitistas entre ese día y el 28 del mismo mes cuando será el ballottage.


Generales, policías y pastores entran y salen nerviosamente del centro médico ubicado en el sur de San Pablo devenido en comando de campaña del Partido Social Liberal (PSL).


Según el diario Valor Económico, hay disputas entre los diversos grupos bolsonaristas profundizadas después del ataque con arma blanca del jueves pasado. Una de las facciones la comanda el general Hamilton Mourao, candidato a vicepresidente en la fórmula del PSL. Según parece, el general estaría interesado en dar un golpe interno, representar a Bolsonaro en los debates televisivos y hasta convertirse en el candidato presidencial del PSL. Mourao es conocido por exaltar el golpe de 1964 y arengar a favor de otras sediciones políticas. En 2015 Dilma Rousseff lo separó del Comando Militar del Sur por fogonear el impeachment. La semana pasada el general respaldó la posibilidad de un golpe militar como antídoto para el clima de anarquía que se agravó en esta campaña presidencial. Un aliado político del general, Levy Fidelix, habló a las claras sobre la posibilidad de un putch dentro para voltear al candidato presidencial. Dijo Fidelix : “Bolsonaro puede quedarse 40 días en el hospital, no vamos a perder ese tiempo (...) Mourao puede ser el candidato”.


Otro grupo está formado por los hijos de Bolsonaro. Encabezado por el diputado federal Eduardo a quien secundan el diputado estadual por Río Flavio y el concejal de esa ciudad Carlos. Según trascendidos los hijos del capitán no estarían dispuestos a ceder el comando de la campaña al general Mourao.

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Javier Bolsonaro se recupera favorablemente de la cuchillada recibida tras un acto de campaña en Brasil

Todo ha vuelto a cambiar en los comicios brasileños tras la puñalada que recibió el jueves el ultraderechista

Todo ha vuelto a cambiar en las elecciones brasileñas tras la puñalada que recibió el jueves el ultraderechista Jair Bolsonaro en un acto de campaña. Mientras el candidato se recupera en el hospital, su formación se prepara para explotar al límite toda ventaja que pueda sacar, aprovechando desde la gravedad de la herida a la ideología de izquierdas del atacante. Mientras, la oposición, intenta desesperadamente redefinir sus campañas para no atacar más a la víctima.


“Un recado para esos bandidos que intentaron arruinar la vida de un padre de familia: acaban de elegir al presidente”. Flávio Bolsonaro salía con esas palabras del hospital de Minas Gerais (sudeste de Brasil), donde su padre, el candidato presidencial Jair Bolsonaro, se recuperaba de la grave puñalada que había recibido no muy lejos de allí en un acto de campaña el día anterior.


No es el único que percibe que el ataque ha provocado un cambio sísmico en el desenfrenado tablero político de Brasil. Entre la congoja general por la agresión al candidato presidencial favorito en las encuestas, no ha sido difícil ver cómo tanto aliados y partidarios del ultraderechista movían ficha y se reorganizaban para hacer frente, por enésima vez en estas caóticas elecciones, a una nueva e impredecible realidad.


“Es la guerra”


En su formación, el Partido Social Liberal, no tardaron en esgrimir este arma caída del cielo. “Ahora es la guerra”, le anunció el presidente y brazo derecho de Bolsonaro, Gustavo Bebianno, al diario Folha de S. Paulo. Ahora pueden radicalizar aún más a sus bases, explotar el interés por el ultraderechista en todos los medios y demonizar a la maltrecha izquierda brasileña hasta que el porcentaje de votantes repelidos se reduzca.


El número dos de la campaña, el candidato a vicepresidente Antonio Hamilton Mourão, llegó a mentirle a la revista Crusoé: “No tengo dudas de que el autor del atentado es del Partido de los Trabajadores”, dijo en referencia a la agrupación de Lula da Silva a la que Bispo de Oliveiro jamás perteneció. “Si quieren usar la violencia, los profesionales en eso somos nosotros”.


Dos mártires


Mientras, la oposición todavía intenta enumerar el sinfín de consecuencias que tiene para ellos el ataque a Bolsonaro. El principal quebradero de cabeza es contener el crecimiento del ultraderechista sin atacarle, lo que hasta ayer suponía el eje de varias de bastantes de las 13 campañas. De hecho, el candidato preferido del centro y los mercados, Geraldo Alckmin, ha pasado el viernes -festivo en Brasil- encerrado en reuniones de emergencia para trazar a contrarreloj una nueva estrategia de comunicación: casi todos sus anuncios eran ataques directos a Bolsonaro. Alckmin había apostado casi toda posibilidad de crecer en las encuestas -algo que necesita desesperadamente porque no llega al 10% de la intención de voto- en los anuncios que ha estado emitiendo hasta ahora.


Y luego está el peor de los casos. El del único capaz de hacer sombra a Bolsonaro, Lula da Silva, quien de repente tiene competencia en el puesto de mártir. Da Silva lleva meses argumentando que, si estaba vetado de seguir presentándose a las elecciones por estar la cárcel por corrupción, era por una conjura del establishment contra él. Ahora tiene a otro outsider en peor posición justo en el peor momento: cuando él debe anunciar si delega su candidatura en su vicepresidente, o si lucha por ella prolongando su agónico via crucis judicial. Será el siguiente giro de esta alocada campaña. Hasta entonces, la carrera por la presidencia de la primera potencia de América Latina se disputará entre un hombre en la cárcel y uno en el hospital.

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Revuelo entre reporteras ayer afuera de una corte de Virginia luego del veredicto contra Paul Manafort, quien fue declarado culpable de ocho de los 18 cargos de fraude bancario y fiscal que enfrentaba.

Doble golpe al mandatario de EU; Manafort, otro allegado, fue declarado culpable de fraude

 

En uno de los peores días para el presidente Donald Trump, su ex abogado personal y operador, además de declararse culpable de varios tipos de fraude, inculpó al magnate de ordenar el pago para comprar el silencio de dos mujeres con las que tuvo aventuras sexuales para prevenir daños a su campaña electoral, al mismo tiempo que, en otro proceso judicial, su ex jefe de campaña fue declarado culpable de fraude y evasión fiscal.

En Nueva York, Michael Cohen, ex abogado personal de Trump, quien funcionó como su operador discreto en varios asuntos personales y de negocio delicados durante más de una década y que hasta hace algunas semanas afirmaba que mantendría la lealtad a su jefe hasta las últimas consecuencias, concluyó este martes un acuerdo con fiscales federales, se entregó a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), y esta tarde se presentó con sus abogados ante un tribunal en esta ciudad declarándose culpable de ocho violaciones a las leyes bancarias y evasión de impuestos.


Pero lo más explosivo para la Casa Blanca fue que también declaró que violó leyes de financiamiento de campañas al operar pagos para silenciar a dos mujeres antes de la elección de 2016 por instrucciones expresas del entonces candidato Trump.


Cohen declaró ante el tribunal que “en coordinación con y bajo la dirección de un candidato a un puesto federal” él y un jefe de una empresa de medios obraron durante el verano de 2016 para evitar que una persona revelara información que podría dañar al candidato, y que “en coordinación”con ese mismo candidato hizo un pago a otra persona. “Participé en esta conducta… con el propósito principal de influir la elección”, afirmó, aceptando que eso es un delito.


Aunque no mencionó nombres, nadie duda que el “candidato” era Trump, y que las dos mujeres son la estrella de cine pornográfico Stormy Daniels y la ex modelo de Playboy Karen McDougal; ambas han afirmado que tuvieron relaciones sexuales con Trump hace unos 10 años, algo que el ahora presidente ha negado repetidamente.


Daniels recibió un pago de Cohen por 130 mil dólares en octubre de 2016, a cambio de un acuerdo para guardar silencio sobre su relación; McDougal recibió 150 mil de AMI por derechos exclusivos a información sobre su relación sexual, pero fue suprimido por el medio (el dueño es aliado de Trump).


El acuerdo de Cohen con los fiscales federales en Nueva York aparentemente no incluyó su cooperación en otros casos, como las investigaciones sobre el presidente y su entorno, encabezadas por Robert Mueller (este caso no fue investigado por el fiscal especial, pero fue iniciado en parte por su recomendación con base en información captada por sus investigadores). Pero quedó claro que su caracterización de los pagos y su trabajo para “el candidato” implican directamente a Trump en transacciones que este martes fueron calificadas de violatorias de las leyes de financiamiento de campañas.


Cohen optó por declararse culpable al enfrentar una investigación durante los meses recientes sobre sus negocios con cargos potenciales que implicaban penas de más de 12 años de cárcel, y negoció a cambio de su declaración de culpa una condena reducida a un máximo de aproximadamente cinco años (aunque podría ser aún menos, en caso de que llegue a un acuerdo para cooperar con la investigación de Mueller).
El abogado personal del presidente, Rudy Giuliani, difundió un comunicado en el cual afirma que “no hay alegatos de ningún acto indebido contra el presidente en los casos del gobierno contra Cohen”, e intentó descalificarlo al afirmar que ha quedado demostrado que el ex abogado actuó con engaños y mentiras.


Poco más tarde, en un tribunal en Virginia, Paul Manafort, ex presidente de la campaña electoral de Trump, fue declarado culpable por un jurado de ocho de los 18 cargos de fraude bancario y fiscal que enfrentaba por ocultar millones de dólares en cuentas en el extranjero y engañar a bancos para conseguir préstamos multimillonarios. Enfrenta una condena potencial hasta de 80 años en prisión.


Mucho del negocio de asesoría política internacional de Manafort bajo escrutinio en su juicio fue realizado antes de que llegara a la campaña de Trump, pero algunas de las maniobras financieras que intentó ocultar se realizaron mientras era estratega y después jefe de la campaña del ahora presidente, entre marzo y agosto de 2016.


Aunque los cargos no están relacionados directamente con Trump, éste fue el primer juicio que resulta de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, el cual se enfoca sobre una posible colusión de la campaña de Trump y otros tipos de intervención rusa en las elecciones de 2016. Por tanto, el veredicto de este martes fue una victoria importante para el fiscal especial, tanto en el terreno legal como en el ámbito político, donde ha sido atacado por Trump cada vez con más intensidad por conducir lo que llama el presidente una “cacería de brujas” en su contra.


Al enterarse del veredicto, Trump declaró ante periodistas que “se sentía mal” por su ex jefe de campaña, pero agregó: “el caso no tiene que ver conmigo”. Continuando su ataque contra la investigación de Mueller, insistió en que el caso “no tiene nada que ver con una colusión rusa… Esto es una desgracia”.


Cohen y Manafort son dos de un total de cinco estadunidenses del entorno de Trump que se han visto obligados a aceptar su culpabilidad o ser formalmente acusados de delitos desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Los otros son el ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, el ex subjefe de campaña Rick Gates y un ex asesor de política exterior.


Más aún, la investigación de Mueller ha resultado, hasta la fecha, en acusaciones formales contra 32 personas y tres empresas en Estados Unidos y Rusia.


Manafort enfrenta un segundo juicio en septiembre sobre otros cargos criminales presentados por el fiscal especial, incluyendo obstrucción de justicia y conspiración para lavado de dinero.

De pilón

En un caso separado, un gran jurado emitió cargos contra el representante federal republicano Duncan Hunter y su esposa por emplear fondos de campaña para gastos personales, incluyendo tratamientos dentales, boletos de cine, cenas de lujo y vacaciones. Hunter fue el segundo legislador federal republicano en apoyar la campaña presidencial de Trump. El primero, Chris Collins, fue acusado de uso ilegal de información privilegiada hace apenas dos semanas.

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Lula desafía a los jueces y se inscribe candidato a la presidencia de Brasil

El Partido de los Trabajadores desoye las leyes que prohíben la candidatura de alguien condenado en la segunda instancia

El Partido de los Trabajadores ha registrado al expresidente brasileño Lula da Silva, preso por corrupción desde abril, como candidato a las elecciones presidenciales de este octubre. Es un claro desafío a los jueces que le pusieron entre rejas y a los deberán vetar la candidatura de quien aún es el político más popular de Brasil, pues la ley impide que alguien condenado por la segunda instancia sea candidato

“Lula candidato”, el sintagma más discutido en la política brasileña en los últimos meses, ya es una realidad, al menos por ahora. El Partido de los Trabajadores(PT) ha inscrito oficialmente a Lula como como su candidato a las elecciones generales del próximo octubre, desoyendo las advertencias de los jueces, que recuerdan que la condena en la segunda instancia que pesa sobre el expresidente -y que debería tenerle entre rejas los próximos 12 años- le inhabilite para ello. Este es el último gran órdago de quien todavía es el candidato favorito con diferencia en las encuestas (y que necesita del aforamiento que viene con el cargo de presidente de la república para librarse de los muchos juicios por corrupción que tiene por delante). Un órdago que deja a sus enconados rivales del poder judicial una única maniobra posible: vetar la candidatura y provocar la ira de los millones de seguidores del expresidente.

Aún desde la cárcel, Lula ha convertido el trámite de su inscripción en un despliegue de popularidad: la "Marcha Nacional Lula Libre". Decenas de miles de sus muchos seguidores se han desplazado hasta Brasilia y han desfilado durante seis kilómetros hasta la misma puerta del Tribunal Electoral, donde se realizó la inscripción, previo discurso de la presidenta del PT, Gleisi Hoffman y la expresidenta Dilma Rouseff. Un recuerdo de que, en el antipático panorama político de Brasil, Lula todavía mueve masas.


Pero lo cierto es que también las necesita. Más que una carrera hacia las urnas, la suya es una carrera contra el tiempo: cuanta más campaña electoral sea capaz de hacer el PT usando su poderoso nombre, más tenso será el inevitable día que el Tribunal Electoral vete su candidatura. En teoría ese día no debe retrasarse más del 17 de septiembre, fecha límite prevista para revisar las inscripciones. Pero tanto la presidenta del Tribunal Electoral, Rosa Weber, como la fiscal general de la república, Raquel Dodge, han dado entender en los últimos días que tienen formas de acelerar la sentencia de la candidatura del PT y las usarán.


A la agrupación, malherida desde que perdió el poder en el juicio político a Rousseff en 2016, se le viene encima una batalla en el terreno donde hasta la fecha peor se ha manejado: el judicial. Y más que desfiles, lo que necesitan son argumentos jurídicos a su favor. Por ahora, los que defienden los abogados se pueden resumir en tres: que el caso de Lula aún no ha llegado al Tribunal Supremo y que por tanto existe la posibilidad de que la condena sea cancelada (si bien muchos juristas la encuentran irrisoria). Que el mero hecho de estar inscrito como candidato debería garantizar la posibilidad de hacer una campaña y poner su nombre en las papeletas. Y, finalmente, que en caso de que el Tribunal Electoral decida vetarle, Lula debería poder presentar recursos contra esa decisión y mientras tanto seguir haciendo campaña.


Muchos en Brasilia dan por hecho que, en caso de que finalmente no pueda seguir haciendo campaña, Lula ceda su puesto a quien hoy es el número dos en la candidatura, Fernando Haddad. El exalcalde de São Paulo es, para ellos, el único nombre lo suficientemente fuerte como para salir airoso del aparentemente inevitable escenario de unas elecciones sin Lula.

São Paulo / Brasilia 15 AGO 2018 - 15:29 COT

 

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