Bill Richardson viaja a Caracas para intentar excarcelar a estadunidenses

Surgen intermediarios dispuestos a colaborar con Maduro en el sector petrolero, pese al acoso de Trump

 

Caracas. El veterano diplomático Bill Richardson viajó a Caracas para reunirse con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el objetivo de discutir el estado de varios ciudadanos estadunidenses detenidos allí, dijo ayer su fundación.

En un mensaje difundido en Twitter, el Centro Richardson indicó que el ex gobernador de Nuevo México y embajador de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas llevaría a cabo una misión humanitaria privada en Venezuela "a pedido de varias familias de prisioneros estadunidenses", a los que no identificó.

"Llegó hoy (lunes). Ahora vamos a ver su agenda", indicó el vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez.

El gobierno de Venezuela actualmente mantiene detenidos a dos ex integrantes de las fuerzas especiales estadunidenses, Luke Denman y Airan Berry. Fueron capturados en mayo por liderar un fallido intento de incursión destinado a capturar a Maduro.

También están en prisión desde 2017, seis ejecutivos petroleros de Citgo Petroleum Corp, la unidad de refinación estadunidense de la compañía petrolera estatal de Venezuela (Pdvsa), por acusaciones de malversación de fondos.

El gobierno de Estados Unidos y los abogados de los ejecutivos han dicho que los cargos no tienen fundamento. Cinco de ellos tienen ciudadanía estadunidense.

El Centro Richardson agregó que el ex gobernador también discutirá otros asuntos humanitarios relacionados con la pandemia de coronavirus en la nación sudamericana.

Aunque la visita de Richardson es una misión privada, la coordinó con el Departamento de Estado de Estados Unidos y ha mantenido a las autoridades estadunidenses al tanto de sus planes, según una persona familiarizada con el viaje quien habló a condición de no ser identificada para comentar los detalles de planificación.

Richardson, quien fue embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas durante la presidencia de Bill Clinton y también fue gobernador de Nuevo México, ha abierto canales diplomáticos extraoficiales con varios gobiernos hostiles hacia Estados Unidos como Irán, Cuba y Corea del Norte, para conseguir la liberación de unos 40 estadunidenses, y en Venezuela logró la liberación del misionero Joshua Holt, en 2018.

En otro asunto, Ap indicó que mientras las sanciones estadunidenses ahuyentan a las navieras más grandes del mundo de la industria petrolera venezolana, nuevos intermediarios están dispuestos a asumir los crecientes riesgos y ayudar a Maduro a seguir a flote, según un reporte de C4ADS e IBI Consultants, dos centros de estudios con sede en Washington dedicados a cuestiones de seguridad nacional.

Publicado enInternacional
Para hacer realidad un derecho. Acción de tutela en favor de todas las personas sindicadas.
 

Formato de acción de tutela para solicitar casa por cárcel. Formato para personas sindicadas privadas de la libertad por cualquier delito que no entre en los requisitos del decreto expedido por el Gobierno

El pasado viernes 14 de abril el gobierno nacional expidió el decreto 546 por medio del cual adoptó “[…] medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación en el marco del Estado de Emergencia Económica, social y ecológica”.

El decreto, como lo anotan los especialistas, es totalmente insuficiente frente al peligro real que enfrentan los presos de perder su vida producto de una infección y/o contagio generalizado que suceda en los sitios de castigo y, por tanto, de necesaria excarcelación de quienes por uno u otro motivo han perdido su libertad.

Luchar por la excarcelación y traslado a sus sitios de vivienda de sindicados y condenados es urgente, medida por reclamar, para que continúen allí el proceso judicial mientras sea superada la situación de emergencia en salud que ha llevado a recluir en cuarentena a 50 millones de colombianos y colombianas.

Para facilitar el proceso de demanda ante los jueces de la medida de excarcelación, el Semillero de estudios dogmáticos y Sistema penal de la Facultad de Derecho y Ciencia política de la Universidad de Antioquia y el Colectivo Abolicionista contra el castigo, elaboraron el siguiente formato:

Formato para personas sindicadas privadas de la libertad por cualquier delito QUE NO ENTRE EN LOS REQUISITOS DEL DECRETO EXPEDIDO POR EL GOBIERNO:

Si usted cuenta con posibilidad de imprimir y va a entregarlo físicamente, antes de hacerlo complete con sus datos los espacios y borre todo lo que está en rojo. Esta tutela se puede poner por correo electrónico, en las siguientes direcciones:

  • AMAZONAS: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • ANTIOQUIA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • ARAUCA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • ARC. S. ANDRÉS: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • ARMENIA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • BARRANQUILLA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • BOGOTÁ: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • BUCARAMANGA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • BUGA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • CALI: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • CARTAGENA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • CÚCUTA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • CUDINAMARCA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • FLORENCIA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • IBAGUÉ: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • MANIZALES: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • MEDELLIN: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • MOCOA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • MONTERÍA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • NEIVA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • PAMPLONA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • PASTO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • PEREIRA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • POPAYÁN: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • QUIBDÓ: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • RIOCHA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • SAN GIL: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • SANTA MARTA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • SANTA ROSA DE VITERBO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • SINCELEJO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • TUNJA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • VALLEDUPAR: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • VILLAVIVENCIO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • YOPAL: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

______________(su ciudad)_____, abril ______ (día)de 2020.

Señores

Magistrados del Tribunal Superior de _____________ (colocar el nombre de la ciudad)

Referencia:ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL DE CARÁCTER URGENTE

 

Accionante:

(También desde afuera de prisión puede presentar esta tutela un familiar, por correo electrónico a los correos que se indican al principio; en ese caso debe decir el nombre, apellidos y cédula de la persona que presenta la tutela, así como dirección y teléfono, y luego poner que se presenta a nombre de la persona privada de la libertad con todos los datos aquí indicados)

(incluir nombres de las personas privadas de la libertad que presentan la acción de tutela) __________________________________________________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. ______________________, TD No. ______________, detenido(a) en _________________________________ (prisión o centro de detención donde se encuentra)

Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, __________________________________________________(si te encuentras en una estación de policía incluir POLICIA NACIONAL), (Si te encuentras en un establecimiento carcelario, incluir el Director del establecimiento carcelario), GOBERNACIÓN DE ____________, ALCALDÍA MUNICIPAL DE _____________________

___________________________________________________,(incluir nombres de las personas privadas de la libertad que presentan la acción de tutela - pueden ser varias que estén en la misma situación o presentar cada persona su propia tutela) identificado (a) con cédula de ciudadanía No. __________________, haciendo uso de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1983 de 2017, respetuosamente me permito presentar la precitada acción constitucional en contra de la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, __________________________________________________(si te encuentras en una estación de policía incluir POLICIA NACIONAL), (Si te encuentras en un establecimiento carcelario, incluir el Director del establecimiento carcelario), LA GOBERNACIÓN DE ______________, LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE _____________________, con el propósito de que sean tutelados mis derechos fundamentales a la salud y la vida, además de los que usted estime que han sido vulnerados y/o amenazados a la luz del bloque de constitucionalidad.

  1. HECHOS

PRIMERO: El Covid-19, según los informes de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), es un virus que surgió en la ciudad de WUHAN, CHINA y tiene como principales síntomas la fiebre, tos y dificultad respiratoria. Si el paciente cuenta con un sistema inmunológico débil, puede ocasionar la muerte.

SEGUNDO: Debido a su naturaleza, el virus cuenta con características de rápida propagación, logrando ser catalogado como una pandemia por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

TERCERO: Para el 06 de marzo de 2020, Colombia confirmó su primer caso de infección. A la fecha de elaboración del presente escrito, la cifra ha aumentado a más de 4.000 casos confirmados y 180 muertes, siendo este uno de los países con el índice de propagación más elevado.

CUARTO: Gracias a la rápida expansión del virus, desde la semana pasada algunos presos y presas hemos manifestado nuestra preocupación por la propagación de éste, pues al ser parte de una población vulnerable, en vista de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional desde el año 2013, nos sentimos indefensos y temerosos frente al COVID-19, pues no disponemos de medicamentos ni acompañamiento médico para afrontarlo ante un contagio masivo de la pandemia y nos encontramos en lugares con tasas de hacinamiento que superan ampliamente la capacidad de habitabilidad para vivir libre de humillaciones.

QUINTO: En razón a lo anterior le hemos exigido al Gobierno Nacional que tome medidas urgentes para que garantice nuestros derechos fundamentales, pero hasta el momento nuestras palabras no han tenido efecto alguno.

SEXTO: El 21 de marzo de la presente anualidad, las cárceles de Colombia fueron protagonistas de varios enfrentamientos entre el personal del INPEC y los reclusos, toda vez que exigimos y seguimos exigiendo detención domiciliaria para afrontar esta crisis en nuestras casas. La situación logró controlarse, con costos humanos irreparables. Sin embargo, por el temor a ser contagiados en estas condiciones de indignidad, tememos que sea una cuestión de días hasta que el Estado pierda el control en los centros de reclusión, situación que aumentaría el peligro para nuestra vida y salud.

SÉPTIMO: Teniendo en cuenta el estado de cosas Inconstitucional (ECI) que presentan los centros de reclusión, la llegada del COVID-19 a cualquiera de estos representa un peligro inminente, no solo para el personal del INPEC y sus familias, sino también para la población carcelaria, que ronda las 123.451 personas.

OCTAVO: Aproximadamente el 4,3 % de la población carcelaria tienen 60 años o más. Según informes de la OMS, estas personas tienen un rango mayor de fatalidad al adquirir el virus junto con todo aquel que presente una condición médica que debilite el sistema inmunológico, que dadas las condiciones precarias de alimentación y salubridad que han sido bien descritas para los Centros de Reclusión Transitoria del país, en el seguimiento que la Corte Constitucional le está haciendo al ECI en materia carcelaria del país. Esto se puede ver especial en el Auto 110 de 2019.

NOVENO: El 22 de marzo, el Director General del INPEC, declaró el “Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria” en los establecimientos de reclusión del orden nacional, a través de la resolución 001144, donde sustenta que frente a lo acontecido los últimos días, existían situaciones de orden que no pueden ser controladas ni abordadas por los medios ordinarios, evitando que se pueda garantizar la prestación de servicios esenciales y afectando de forma directa nuestros derechos fundamentales hasta el punto de poner en riesgo nuestras vidas.

DÉCIMO: El día ____ de _______ de ______, (colocar fecha en que se realizó la audiencia de medida de aseguramiento) un Juez de Control de Garantías me impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Me encuentro siendo procesado por el delito de ________________________________ y actualmente recluido(a) en _________________________________________________________________________

DÉCIMO PRIMERO: Toda vez que me encuentro en un centro de reclusión que no tiene el personal humano ni los implementos necesarios para afrontar un muy alto probable contagio de COVID - 19 en sus instalaciones, mis derechos fundamentales a la salud y la vida se encuentran amenazados de forma inminente, por lo que es necesario de forma impostergable que se me sustituya la medida de aseguramiento actual por la domiciliaria, ya que de esta forma podría seguir todos los protocolos establecidos por el GOBIERNO NACIONAL para afrontar la actual pandemia.

DÉCIMO SEGUNDO: El día 14 de abril, el GOBIERNO NACIONAL promulgó el Decreto Legislativo No. 546 de 2020, teniendo este como objetivo:

“Por medio del cual se conceden los beneficios de la detención domiciliaria y la prisión domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID- 19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación”

DÉCIMO TERCERO: Aunque el objetivo del Decreto Legislativo es disminuir el hacinamiento carcelario (el cual se encuentra por encima del 50%) y mitigar el riesgo de propagación en los diferentes centros de reclusión, es menester recordar que en estos momentos hay 123.451 personas privadas de la libertad, de las cuales 38.052 son imputadas o acusadas.

DÉCIMO CUARTO: en una cifra muy optimista, por las exclusiones que se incorporan en el Decreto 546/2020, se estima que saldrían de los centros de reclusión un aproximado de no más 2000 presos, lo cual no sería siquiera el 2% de la población reclusa en nuestro país, generando que el hacinamiento continúe latente.

DÉCIMO QUINTO: La poca cantidad de personas que saldrán de prisión, se debe a que en el Decreto mantiene la prohibición de beneficios de subrogados penales contenida en el artículo 68 A de la Ley 599 de 2000 para una inmensa cantidad de delitos, además de la prohibición que establece en el parágrafo del artículo 314, el cual se encuentra en la Ley 906 de 2004 y en el cual se prohíbe de forma expresa la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por detención domiciliaria. Asimismo, se incrementa la lista de delitos excluidos

DÉCIMO SEXTO: Debido a que el GOBIERNO NACIONAL incrementó la lista de delitos respecto a los cuales existía la prohibición de beneficios contenidos en las disposiciones precitadas con anterioridad, no fui cobijado por el decreto legislativo en mención, toda vez que el delito por el cual me encuentro siendo procesado hace parte de estas prohibiciones.

DÉCIMO SÉPTIMO: Lo anterior atenta gravemente contra mi derecho fundamental a la salud y pone en peligro inminente mi vida, toda vez que el virus está propagándose muy rápidamente y la probabilidad de que llegue al lugar donde me encuentro es casi que absoluta; en el evento de que ello suceda, necesariamente me contagiaría del virus, toda vez que el estado de hacinamiento en el que nos encontramos haría nugatoria cualquier medida que se tome en este lugar.

  1. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

Con relación a los hechos narrados, considero que las instituciones accionadas en este escrito, se encuentran vulnerando mi derecho fundamental a la salud y ello a su vez pone en peligro inminente el derecho fundamental a mi vida.

  1. FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO

La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y se erige como la coraza protectora de los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentren dentro del Estado Colombiano.

Precisamente, en concordancia con los hechos anteriormente señalados, en el presente escrito se evidenciará que me está siendo vulnerado el derecho fundamental a la salud y puesto en peligro inminente mi derecho fundamental a la vida, toda vez que no ha existido una orden judicial o administrativa que les ordene a las autoridades competentes hacer mi traslado hasta mi lugar de domicilio.

El derecho fundamental a la salud ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial por parte del máximo tribunal constitucional e incluso se encuentra desarrollado por el legislador en la Ley Estatutaria 1751 de 2015. Tal como lo ha preceptuado la Corte Constitucional en la sentencia T- 171 de 2018, este derecho consiste en:

            “ (...) la obligación del Estado de asegurar la prestación eficiente y universal de un servicio público de salud que permita a todas las personas preservar, recuperar o mejorar su salud física y mental, como la posibilidad de hacer exigible por vía de tutela tales prestaciones para garantizar el desarrollo pleno y digno del proyecto de vida de cada persona”(negrillas originales).

Resulta claro que el derecho fundamental a la salud no solamente se restringe al acceso que tenga una persona sobre los diferentes servicios para tratar una determinada enfermedad, sino que además el Estado se encuentra en la obligación de prevenir cualquier tipo de suceso o riesgo que pueda ocasionar un daño a la integridad física y mental de cada una de las personas que residan en él.

En declaración del 9 de abril de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó: “Dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”.

Con relación a lo anterior y en el caso concreto, es indiscutible que el COVID-19 es una enfermedad y actualmente una pandemia que se propaga de forma fácil y rápida. La información anterior se respalda en el hecho de que el primer caso que se identificó en nuestro país fue el día 06 de marzo de 2020, siendo positiva una ciudadana que procedía de Milán - Italia y hasta la fecha de presentación de la presente acción de tutela se registran más de 1000 casos confirmados, sin contar con aquellos que aún no han sido detectados y según los expertos, pueden superar con creces los oficiales.

La situación en los centros de reclusión se torna más crítica en razón al COVID-19, ya que este virus tiene una gran capacidad de expansión y contagio, sin tener en cuenta que en los diversos centros de reclusión contamos con una penosa cifra de hacinamiento, aunado a que las condiciones de higiene, saneamiento de agua potable y demás satisfactores de necesidades básicas son pésimas, haciendo que la pandemia se expande fácilmente dado que no tenemos de los espacios necesarios para realizar un aislamiento preventivo.

Las órdenes emitidas por el GOBIERNO NACIONAL son claras y la principal de ellas es la medida de aislamiento, pero dada la situación actual de las cárceles en Colombia no las podemos cumplir, no contamos con tapabocas ni gel antibacterial para que los parámetros establecidos sobre cuidado ante la pandemia sean efectivos, por ende, basta con que llegue un solo caso para la propagación masiva del virus, siendo la comunidad vulnerable la más afectada.

Es menester precisar que la acción de tutela no solo es idónea para evitar que continúe la vulneración de los derechos fundamentales, sino también para salvaguardarlos cuando exista una amenaza inminente de estos. Conforme a la premisa sostenida con anterioridad, no cabe duda que la vida es un derecho fundamental y que una pandemia como el COVID-19 la pone en alto riesgo de que ésta cese; basta con ver las cifras de países como Italia, España o China.

Esta pandemia ha cercenado millares de vidas a nivel mundial, enseñándose especialmente con las personas que tienen el sistema inmune deteriorado, como, por ejemplo, los adultos mayores, quienes también son sujetos de especial protección constitucional, conforme lo ha manifestado la Corte Constitucional en múltiples sentencias.

Para ilustrar un poco más la situación que padecemos los reclusos, según informes del INPEC, en Colombia hay 1.301 hombres privados de la libertad con 70 años o más, de los cuales 1.000 están condenados y los otros 301 imputados o procesados; todos permanecen presos. También hay 41 mujeres con esta misma edad, de las cuales 33 están condenadas y 08 imputadas o procesadas; todas presas. Igualmente, hay 74 mujeres con detención preventiva en centros de reclusión y la cuales tienen edades que oscilan entre los 65 y 69 años. De estas, 26 están imputadas o acusadas y las otras 48 se encuentran condenadas. Finalmente, hay 1.503 hombres con edades entre los 65 y 69 años, de los cuales 1.107 ya cumplen condena y 394 están en calidad de imputados o procesados.

Es importante denotar que es de suma urgencia, tomar cartas en el asunto y proteger los derechos fundamentales de los más vulnerables respetando los parámetros constitucionales y recordando que es obligación del Estado velar por el bienestar de los internos, tal como lo expone la Sentencia T-836 de 13, emitida por el máximo tribunal constitucional:

“El Estado, en su función de garante, debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas que puedan poner en peligro los derechos fundamentales de los internos en custodia, específicamente en lo que tiene que ver con el deber de brindar condiciones de salud adecuadas que reflejen un trato digno inherente a la naturaleza del ser humano”.

Si bien el GOBIERNO NACIONAL ha emitido un Decreto Legislativo en el cual ha prohibido el beneficio de la detención domiciliaria para el delito por el cual me encuentro siendo procesado, ustedes señores Magistrados deben inaplicar la disposición en las cual se encuentra dicha prohibición con el objetivo de salvaguardar derechos fundamentales de mayor raigambre constitucional.

Lo anterior señores Magistrados, porque resulta inconcebible que, pese a este momento histórico, en el que se exige que el Gobierno actué en favor de los más desprotegidos, haciendo parte de este grupo nosotros los reclusos, el ejecutivo emita un Decreto Legislativo que nos excluya, obligándolos a permanecer en un sitio que favorece el contagio de un virus mortal y, por tanto, contrariando la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes establecida en el artículo 12 de la Constitución Política colombiana.

El GOBIERNO NACIONAL de forma desproporcionada estipula que no se podrá otorgar la detención domiciliaria a una amplia cantidad de delitos, produciendo que no salgan de los centros de reclusión carcelarios o transitorios siquiera el 10% de los reclusos y generando con ello que el estado de cosas inconstitucional se mantenga vigente, siendo este un perfecto aperitivo para que el COVID-19 se ciña sobre nosotros, los más vulnerables.   Además, dicha exclusión es contraproducente con la finalidad de evitar que un contagio masivo implique que el personal médico tenga que decidir sobre la vida y la muerte de personas, que de ser debidamente atendidas, que podrían ser salvadas.

Señores Magistrados, el Decreto Legislativo emitido por el Gobierno Nacional afirma que vale más tener a un procesado por un delito de poca gravedad (véase por ejemplo la prohibición para el delito de hurto calificado) en un centro de reclusión a una persona que goza de su presunción de inocencia, que no ha sido vencida en juicio, con el objetivo de que tal vez no comparezca al proceso, no resulte un peligro para la sociedad o la víctima u obstruya la justicia y en contravía de sus más preciados derechos fundamentales como la locomoción, presunción de inocencia, dignidad humana, unificación familiar, la salud, la vida, etc…

Señores Magistrados, ustedes son llamados a velar por los derechos fundamentales de las personas y por ende puede emitir las órdenes que considere necesarias para que no continúe la vulneración de estos o en caso de estar en peligro inminente para evitar que sean vulnerados. Ustedes pueden ejercer el control difuso contemplado en el artículo 4 de nuestra Carta Política y consecuencia de ello, inaplicar la prohibición del delito para mi caso concreto contemplada en el Decreto Legislativo por resultar desproporcionada con relación a los derechos fundamentales que me están siendo vulnerados y me serán vulnerados si continuo en el centro de reclusión que me encuentro.

En el caso concreto señores Magistrados, para evitar que se sigan vulnerando mis derechos fundamentales o llegue a perderse mi vida, de forma respetuosa le solicito ordene a las autoridades competentes, realizar mi traslado hasta el lugar de domicilio, con el objetivo de poder tomar todas las medidas necesarias para salvaguardarlos.

  1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La acción de tutela es de carácter subsidiario, por lo que no resulta procedente cuando existen otras acciones jurídicas que salvaguarden los derechos fundamentales objeto de amparo, salvo en el evento de que exista un perjuicio irremediable y tenga como objetivo protegerlos de forma transitoria.

Con relación al caso particular, el problema jurídico que subyace es determinar si dentro de nuestro ordenamiento jurídico existe una acción jurídica idónea para buscar la sustitución de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario a detención domiciliaria y en el evento de que se hallare, si en el transcurso de dicho procedimiento no se originaría un perjuicio irremediable al imputado o procesado, teniendo en cuenta para ello el contexto actual.

La respuesta al primer interrogante es clara: en nuestro ordenamiento jurídico existe un instrumento procesal y disposición sustancial que permite realizar la sustitución de la medida de aseguramiento, tal como lo preceptúa el artículo 318 de la Ley 906 de 2004:

“ARTÍCULO 318. SOLICITUD DE REVOCATORIA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Cualquiera de las partes podrá solicitar la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento, por una sola vez y ante el juez de control de garantías que corresponda, presentando los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenidos que permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo308.”

Dicha solicitud de sustitución debe realizarse ante el centro de servicios judiciales, quien programará audiencia que será presidida por un Juez de Control de Garantías y a la que deberán asistir el ente acusador, la defensa, y el imputado o procesado. Desde el momento de la solicitud hasta la realización de la audiencia, pueden pasar varios días e incluso semanas, con el agravante de que en la situación actual la falta de recursos materiales y humanos pueden aumentar el tiempo de forma considerable.

Aunque existe un instrumento idóneo para solicitar el cambio de medida de aseguramiento, en el presente caso este se tornaría ineficaz por la alta probabilidad de la ocurrencia de un perjuicio irremediable de los derechos fundamentales objeto de la presente acción. El máximo tribunal constitucional en la Sentencia T- 318 de 2017 ha definido los elementos del perjuicio irremediable:

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”.

En el presente caso se observa que se cumplen con los cuatro requisitos establecidos por la Corte Constitucional para acreditar el perjuicio irremediable. En primer lugar, porque la probabilidad de contagio del COVID-19 en un centro de reclusión carcelario o transitorio es muy alta, toda vez que sólo bastaría con que uno de los reclusos sea contagiado para que se genere un crecimiento exponencial del virus, máxime cuando existe un alto hacinamiento carcelario.

En segundo lugar, existiría un daño real en mi salud como recluso, además de que mi vida se encontraría en riesgo, ello porque este virus tiene una alta letalidad. En tercer lugar, resulta necesario y urgente que las cárceles y demás centros de reclusión transitorios disminuyan por completo su hacinamiento, toda vez que como se argumentó, ello es lo que incrementa el riesgo de contagio y como en la actualidad no ha sucedido, la medida que se debe tomar es ordenar mi traslado a un domicilio, con el objetivo de que allí pueda aislarme preventivamente como el resto de personas que se encuentran en el territorio nacional.

En último lugar, el aislamiento en un domicilio resulta impostergable, toda vez que en el evento de que no se realice, puede existir un grave deterioro a mi salud, además de que mi vida se encontraría en alto riesgo, ello por la alta probabilidad de que el virus ingrese a los diversos centros de reclusión y la poca atención medica que podría recibir allí, esto teniendo en cuenta el poco personal médico existente y los pocos implementos médicos que existen en estos.

Al encontrarse acreditado el perjuicio irremediable que sufriría si no se me envía de forma inmediata a mi domicilio con el objetivo de que pueda cumplir con las medidas establecidas para prevenir un contagio del COVID-19 y teniendo en cuenta que para la eventual fecha de realización de la respectiva audiencia ante un Juez de Control de Garantías mis derechos fundamentales ya habrían sido vulnerados, la presente acción de tutela se torna procedente.

  1. PRETENSIONES

 

Con fundamento en los hechos narrados y las consideraciones expuestas, respetuosamente le solicito señor Juez, concederme como accionante las siguientes pretensiones:

  1. TUTELAR los derechos fundamentales invocados.
  2. Consecuencia de lo anterior, CONCEDER la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la domiciliaria, que para ello es en __________________________________ (colocar la dirección en la cual el procesado estaría en detención domiciliaria) del municipio de ________________, con el fin de prevenir un contagio masivo del COVID-19 al interior del centro de reclusión en el que me encuentro, evitando de esta forma un perjuicio irremediable de mis derechos fundamentales.
  3. En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta el artículo 30B de la Ley 65 de 1993, ORDENAR que el traslado se realice garantizando mis derechos fundamentales a la vida, integridad personal y dignidad humana.

(En caso de que la persona privada de la libertad pueda correr con los gastos de transporte desde donde está recluido(a) hasta donde cumplirá la domiciliaria, indicarlo aquí, para que no pongan como excusa que no tienen con qué, y poner en este punto que se permita el traslado hasta el domicilio)

  1. ORDENAR al INPEC aplicar la Directiva transitoria 000009 relativa a la detención, prisión domiciliaria y vigilancia electrónica, expedida en el marco de la declaración de la emergencia carcelaria.
  2. TUTELAR los demás derechos fundamentales que estime pertinentes, además de emitir las órdenes que considere pueda ayudar a salvaguardarlos.
  1. MEDIDA PROVISIONAL

El Decreto 2591 de 1991, en su artículo 7, prevé las medidas provisionales con la finalidad de salvaguardar prontamente los derechos fundamentales amenazados, y evitar así, un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional en la sentencia T-103 de 2018 esgrimió frente a la medida provisional que aquella:

           “está dirigida a: i) proteger los derechos de los demandantes con el fin de impedir que un eventual amparo se torne ilusorio; ii) salvaguardar los derechos fundamentales que se encuentran en discusión o en amenaza de vulneración; y iii) evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el proceso, perjuicios que no se circunscriben a los que pueda sufrir el demandante. De ahí que, el juez está facultado para “ordenar lo que considere procedente” con arreglo a estos fines (inciso 2º del artículo transcrito)”

En el mismo sentido, el máximo tribunal constitucional en la Sentencia SU- 695 de 2015, caracteriza las medidas provisionales como aquellas que:

       “buscan evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en violación o, habiéndose constatado la existencia de una violación, ésta se torne más gravosa y las mismas pueden ser adoptadas durante el trámite del proceso o en la sentencia, toda vez que “únicamente durante el trámite o al momento de dictar la sentencia, se puede apreciar la urgencia y necesidad de la medida.

          Esta Corporación ha establecido que la suspensión del acto violatorio o amenazador de un derecho fundamental “tiene como único objetivo la protección del derecho fundamental conculcado o gravemente amenazado y, obviamente, evitar que se causen mayores perjuicios o daños a la persona contra quien se dirige el acto”.

Teniendo en cuenta esto, son procedentes las medidas señaladas en los incisos A2, B1, B2, B5 del artículo 307 de la Ley 906 de 2004, atendiendo a la emergencia carcelaria y la imposibilidad que esto representa para cumplir con plena eficiencia lo determinado en el decreto 457 de 2020, toda vez que la limitación de espacio, la falta de medidas adecuadas de saneamiento, la insuficiencia de la prestación de servicios de salud y demás deficiencias evidencias a través de la declaratoria del ECI convierten los establecimientos carcelarios en focos de propagación de crecimiento exponencial del COVID-19 por lo cual acudir a estas medidas sustitutivas pueden evitar mayores perjuicios como el colapso del sistema de salud y una cadena de vulneración a los derechos fundamentales, se hace URGENTE en la medida en que diariamente aumentan los contagiados por el virus y las condiciones actuales a las cuales se encuentran expuestas las personas privadas de la libertad facilitan la propagación del mismo.

  1. COMPETENCIA

En concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y el artículo 1° numeral 3 del Decreto 1983 de 2017, es competente el Tribunal Superior del Distrito Judicial o el Tribunal Administrativo para conocer del asunto, debido a que la vulneración de los derechos fundamentales invocados, de los cuales se solicita su amparo se encuentran siendo amenazados y vulnerados por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, entre otras autoridades públicas.

El artículo 50 de la ley 1709 de 2014, dispone que la orden de excarcelación debe darse por autoridad judicial competente y ustedes señores magistrados son competentes para ello por ser jueces constitucionales.

En caso de que no avoquen competencia, les solicito de manera respetuosa que remitan la acción a quien consideren competente.

  1. JURAMENTO

Señores Magistrados, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra la misma autoridad.

  1. PRUEBAS
  2. Copia de mi cédula de ciudadanía.

- Si es una mujer y le faltan menos de dos (2) meses para el parto deberá mencionar como prueba la historia clínica y en el caso de que su hijo haya nacido y no tenga más de seis (06) meses, también deberá mencionar como prueba la historia clínica y el Registro Civil de Nacimiento o en su defecto el Certificado de Nacido Vivo.

-Si padece alguna enfermedad deberá mencionar la historia clínica y en el evento de que le hayan realizado un examen médico por Medicina Legal o profesional particular, también deberá mencionarlo.

- Si tienes un hijo con algún tipo de discapacidad Y ERES MADRE O PADRE CABEZA DE FAMILIA, deberás mencionar su historia clínica y demás documentos que tengas en tu poder que puedan acreditar dicha condición. Además, puedes probar que eres padre o madre cabeza de familia mencionando el proceso de alimentos en caso de que exista o un acta de conciliación.

- Si es mayor de 60 años, indíquelo y adjunte copia de cédula o registro civil si lo tiene.

- Si ya cumplió el 40% de la condena, indíquelo también.

1O. ANEXOS

  1. Documentos aducidos como prueba

A LA ACCIÓN DE TUTELA DEBERÁS ANEXAR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE MENCIONASTE COMO PRUEBAS

NOTIFICACIONES

Accionante: (colocar correo electrónico y teléfono de algún familiar o ser querido de confianza y muy cercano al procesado)

Respetuosamente,

(Aquí deberá firmar el procesado)

_________________________________  

(aquí deberá colocar el nombre del procesado)

C.C No. (número de cédula del procesado)                          

(Si va a enviar esto directamente desde prisión, puede hacer el envío por la oficina jurídica donde pondrán un sello y enviarán al juez: lleve este documento igual dos veces, para que entregue uno a la oficina jurídica y le entreguen otro donde conste con sello o firma y fecha que usted presentó esta tutela).

Publicado enColombia
Cierre inmediato de la Cárcel de Villavicencio

La noticia, tardía, confirma lo que tanto se temía: el pasado 10 de abril el Instituto nacional penitenciario y carcelario (Inpec) confirmó la muerte de un exrecluso que estaba en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio y que había recuperado su libertad el 1 de abril. Con retraso de tres días el Inpec confirmó el deceso, producido en el Hospital Departamental de Villavicencio, donde el exrecluso de 63 años ingresó el mismo día que recibió la boleta de libertad. El centro de salud confirmó el 7 de abril que perdió la vida producto de infección con Covid-19. ¿Cuántos contagiados y muertos necesita el Inpec y el gobierno nacional para clausurar de inmediato este centro de encierro y de muerte? ¿Cuántos presos más habrán muerto por el virus a nivel nacional y la opinión pública aún no está enterada de ello?

En particular en este primer muerto producto del Covid-19, el interno se sintió mal los días finales de marzo y el 31, ante su agravamiento, le autorizaron al amanecer el traslado al Hospital Departamental, donde le brindaron oxígeno para regresarlo a la prisión hacia medio día. Un día después, por coincidencia, le llega la boleta de libertad, la que no pudo disfrutar pues debió internarse de nuevo en el Hospital, del cual salió el 5 de abril pero sin vida

Una realidad de espanto. Normalmente en una cárcel, por la manera como están construidas, no existe espacio suficiente para guardar distancia entre presos, los cuales comparten un patio pequeño para su movilidad y mínimo esparcimiento, así como un comedor estrecho donde un preso se sienta a ingerir el alimento hombro a hombro con sus compañeros de desgracia. Así mismo son las duchas, sin espacio suficiente para guardar distancia entre quienes allí pasan sus días.

Realidad sufrida por miles a lo largo del país y por lo cual semanas atrás la población reclusa levantó su voz de protesta y la exigencia de deshacinar estos centros del horror, así como brindar prisión domiciliaria transitoria para todos los sindicados. La respuesta que recibieron fue el asesinato de 23 prisioneros en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, más de 80 heridos y el posterior traslado –como castigo– de varios reclusos, tanto hombres como mujeres, para alejarlos de sus familias.

Mientras mujeres y hombres confinados tras barrotes demandaban medidas humanitarias y de emergencia, el Inpec declaraba la emergencia carcelaria y el Gobierno entrega un proyecto de decreto para reglamentar la manera en que haría efectiva el traslado a sus sitios de vivienda u otros espacios de vida a las personas presas a las que les abrieran las puertas de las prisiones. Ni uno ni otro han servido para nada, ya que la emergencia solo ha sido utilizada como paraguas para reprimir a quienes protestan, y el borrador de decreto, empantanado en trasladar a otros sitios de detención a sindicados, pero también condenados mayores de edad y enfermos, no ha logrado el consenso del poder.

Un decreto, valga enfatizar, en el cual se siente la ausencia de voluntad política, así como la aceptación y aplicación de la misma legalidad del Estado colombiano, expresada por sus jueces así: “[…] sobra recordar el carácter procesal, excepcional y preventivo que gobierna en el régimen democrático la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva, más aún cuando se ordena en un establecimiento de reclusión, teniendo en cuenta su calidad provisoria y no sancionatoria, además que no puede perseguir fines de prevención general ni especial y, mucho menos retributivos o de resocialización” (*)

Jurisprudencia posterior a la Sentencia T-388 de 2013 (M.P. María Victoria Calle C.), en la cual la Corte Constitucional reclamó a los legisladores y a los jueces que: “Las medidas de aseguramiento deben ser excepcionales” […]. "Como parte de una política criminal y carcelaria respetuosa de un estado social y democrático de derecho, las entidades del Estado, sin importar la rama a la cual pertenezcan, deben tomar las medidas adecuadas y necesarias para evitar un uso indebido o excesivo de las medidas de aseguramiento que impliquen la privación de la libertad de una persona. El Estado tiene que tomar todas las acciones que correspondan para evitar que sea una realidad el adagio popular según el cual ‘la condena es el proceso’. Los abogados expertos en el litigio advierten que las medidas de aseguramiento mal administradas convierten el proceso penal en una manera de imponer una pena privativa de la libertad, hasta que se constate que no se pudo demostrar la culpabilidad de la persona. Bajo el orden constitucional vigente el proceso penal no puede convertirse en una manera de imponer, de facto, una condena arbitraria a una persona".

La cadena toma forma

Si había un infectado, y las condiciones de vida en los penales son tan precarias, deben estar infectados muchos más. En efecto, el sábado 11 de abril a las 2:25 en su cuenta de twitter el Inpec informa de un segundo preso infectado y de su traslado al Hospital Departamental. El diario El Tiempo informa ese mismo día en su página web que un hombre de 78 años fue trasladado de urgencia el 5 de abril al mismo hospital para morir dos días después. Un tercer interno también fue trasladado al centro de salud y allí permanece en tratamiento.

Una información entregada de manera tardía a la opinión pública, y a cuentagotas, reflejo de una administración de justicia que no garantiza los derechos humanos de todas las personas que han caído en prisión, las cuales pierden derechos como locomoción, derechos políticos, pero no el resto de derechos conquistados por la humanidad, en sus luchas contra la opresión.

De manera también tardía, el 10 de abril el Inpec en comunicado de prensa informó que inició el protocolo de emergencia de salud, no lo hizo a nivel nacional, solo para la prisión de Villavicencio, donde ejecutarán las siguientes medidas:

  • “Los adultos mayores y pacientes con patologías previas fueron trasladados a una zona de aislamiento primario especial, donde van a ser monitoreados por personal de la salud para hacer un proceso de búsqueda activa, con el fin de monitorear casos sospechosos.
  • Los demás internos del Establecimiento también se encuentran aislados, bajo el procedimiento de búsqueda activa de cualquier síntoma, con el fin de ser atendido de manera inmediata.
  • El día de mañana se realizará un consejo de seguridad municipal, a fin de establecer otras medidas frente al tema.
  • La Agencia Nacional de Epidemiología realizará el día de mañana un cerco epidemiológico en el Establecimiento para identificar la ruta de contagio de esta persona.
  • Se solicitó apoyo al Instituto Nacional de Salud para realizar la prueba de COVID - 19 a los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia que trabajan en el Establecimiento y los Privados de la Libertad que tuvieron contacto con la persona contagiada.
  • Se asignaron recursos para comprar de manera inmediata elementos de bioseguridad a todos los funcionarios del Establecimiento”.

Éstas medidas están bien, pero deben aplicarse en todos los presidios, junto con la expedición del decreto que ordene el traslado a sus sitios de vivienda o lugares de paso para las 36.367 personas sometidas a prisión pese a solo estar sindicadas. Una medida que, como complemento, ayudará al deshacinamiento que reina en estos sitios, sobrepoblados en un 52 por ciento.

Unas medidas que mientras cierran este penal, tienen que ir más allá. De inmediato, por ejemplo, deben someter a toda la guardia a la prueba de coronavirus, personal que puede ser el conducto por el cual ingresó el virus al lugar del encierro.

El encierro como castigo no puede prolongarse hasta la muerte. Garantizar los derechos humanos de toda la población reclusa es obligación para el Estado colombiano.

Lea el especial de desdeabajo: Para toda la población carcelaria. Prisión domiciliaria transitoria, Ya!

*Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Acción de Tutela, expediente STP 14283-2019, radicado 104983 de octubre 15 de 2019, Magistrados Patricia Salazar Cuéllar y Luis Antonio Hernández Barbosa.

https://www.desdeabajo.info/component/k2/item/39331-para-toda-la-poblacion-carcelaria-prision-domiciliaria-transitoria-ya.html

 

Artículos relacionados

Ineficaz emergencia carcelaria contra coronavirus en Colombia

Jueves, 09 Abril 2020

Casa por cárcel para la totalidad de personas sometidas a prisión en condición de sindicadas
Viernes, 03 Abril 2020

Colombia ¿La justicia es ciega? Emergencia carcelaria. Gobierno reprime y segrega a presos
Martes, 24 Marzo 2020

La masacre del aislamiento
Lunes, 23 Marzo 2020

Masacre en la cárcel Modelo de Bogotá dejó 23 o más presos asesinados
Domingo, 22 Marzo 2020

 

Publicado enColombia
Cárcel Nacional Modelo, Bogotá

De momento, se desconoce la cantidad de heridos o si se han registrado muertos.

En al menos 10 cárceles de Colombia, los reos protestan este sábado por las medidas tomadas para afrontar la crisis por la pandemia de coronavirus.

En las ciudades de Bogotá, Jamundí, Cómbita e Ibagué se produjeron
protestas, incendios y enfrentamientos. De momento, se desconoce la cantidad de heridos o si se han registrado muertos.

Vecinos del sector de Bogotá donde se encuentra ubicada la cárcel La Modelo comentan en en redes sociales que se oyen balaceras. En redes sociales se han publicado videos desde el interior del penal en los que se ve a reclusos gritando "vamos para la calle".

Estos sucesos ocurren después de que el Movimiento Nacional Carcelario exigiera en un comunicado mejoras en las condiciones de las cárceles y rechazara las actuales medidas para enfrentar al coronavirus.

"Ante la alerta de salud que se ha generado en el país en los últimos días respecto a la pandemia de coronavirus, las personas privadas de la libertad alzamos la voz en rechazo de las políticas y acciones poco efectivas que ha tomado el INPEC y las entidades de gobierno en las cárceles de Colombia", reza el comunicado, citado por El Espectador.

El mismo día, el Gobierno del país suramericano confirmó la primera muerte por coronavirus. Se trata de un taxista de 58 años que murió en la ciudad de Cartagena.

El presidente, Iván Duque, decretó el pasado viernes que a partir del próximo martes la República entrará en "aislamiento total obligatorio" para frenar la propagación del nuevo coronavirus, que hasta el momento ha infectado a 210 personas.

22 mar 2020

Publicado enColombia
Excombatientes talibanes entregan sus armas este domingo en Jalalabad. GUHLAMULLA HABIBI EFE

El presidente de Afganistán rechaza liberar a los milicianos prisioneros como precondición para el diálogo interno

El acuerdo de Estados Unidos con los talibanes ha encontrado este domingo su primer obstáculo. El presidente afgano, Ashraf Ghani, ha rechazado la cláusula que prevé la liberación de miembros de la guerrilla. “El Gobierno de Afganistán no se ha comprometido a liberar a 5.000 prisioneros talibanes”, ha declarado Ghani al día siguiente de asistir en Qatar a la firma de ese pacto, presentado como un primer paso para alcanzar una solución política en aquel país. No obstante, el presidente extiende la tregua que se respetó durante la semana pasada.

“Estados Unidos carece de autoridad para dejar en libertad a los prisioneros, esa es una prerrogativa que corresponde al Gobierno de Afganistán”, ha subrayado Ghani durante una conferencia de prensa de la que se ha hecho eco la web afgana ToloNews. Es tan solo la segunda vez que el presidente comparece ante los medios en sus cinco años de mandato.

Según los términos del acuerdo, “Estados Unidos se compromete a trabajar con todas las partes implicadas para la liberación de los presos políticos y combatientes”. El texto prevé que hasta 5.000 talibanes encarcelados serán liberados a cambio de un millar de presos del lado gubernamental antes del 10 de marzo, para facilitar el inicio del diálogo interafgano. Pero Ghani rechaza que esa medida se considere una precondición y defiende que debe ser parte de las conversaciones con los talibanes.

“Un acuerdo que se alcanza a puerta cerrada va a tener problemas básicos en su ejecución desde mañana mismo”, añadió el presidente afgano en una poco velada crítica a la ausencia de su Gobierno en las negociaciones que llevaron al pacto. Pero los talibanes siguen sin reconocer la legitimidad del Gobierno de Kabul, lo que ha obligado a Estados Unidos a hacer equilibrios para contar con la participación de éste y ofrecer la imagen de que va a incorporarse en una segunda fase.

Previo a la firma del acuerdo de EE UU con la guerrilla, un comunicado conjunto afgano-estadounidense anunció los planes de reducción de tropas, presentándolos dentro de un marco bilateral. Sin embargo, el asunto del intercambio de presos aparecía de forma mucho más ambigua: “La República Islámica de Afganistán participará en un debate facilitado por Estados Unidos con representantes talibanes sobre medidas de fomento de la confianza, que incluirá la posibilidad de liberar a un número significativo de prisioneros de ambos lados”.

Las objeciones del presidente pueden muy bien ser una mera táctica para hacerse valer ante el diálogo interafgano que debe empezar ahora y en el que la participación del Gobierno no está clara. El enviado estadounidense Zalmay Khalilzad, ha mencionado una delegación “incluyente” con “importantes figuras del Gobierno, responsables clave de partidos políticos, miembros de la sociedad civil y mujeres” para hablar con los talibanes.

El Gobierno querría determinar los participantes. Sin embargo, el rifirrafe que Ghani mantiene con su principal rival, Abdullah Abdullah, que le disputa el resultado de las últimas elecciones presidenciales, dificulta formar el equipo. En principio, solo tras el lanzamiento de esas conversaciones, empezará la retirada de las tropas estadounidenses que es lo que buscan tanto Washington como la guerrilla.

De momento, el presidente afgano ha dicho que, por su parte, “la reducción de la violencia va a continuar con el objetivo de alcanzar un alto el fuego definitivo”. Kabul ha informado a los talibanes a través del general Scott Miller, jefe de las fuerzas norteamericanas en Afganistán. La guerrilla aún no se ha manifestado al respecto. La víspera el responsable político del grupo, Mohammad Abbas Stanikzai, declaró a ToloNews que el alto el fuego llegará una vez que se acuerde el Gobierno interino (de transición) y dio a entender que seguirían atacando a las fuerzas afganas, aunque mantendrían la tregua con Estados Unidos.

Dubái 1 MAR 2020 - 11:14 COT

Publicado enInternacional
Reclusos del EPCAMS de San Isidro. Popayán, demandan alimentación adecuada

Señor teniente coronel Darío Antonio Balen Trujillo

Director Del Establecimiento Penitenciario “EPCAMS” de San Isidro. Popayán

Acudimos a usted con el derecho de petición basado en el artículo 23 de la C.N de la C.C.A. Nosotros los privados de la libertad de este penal nos dirigimos a usted con el fin de manifestarle con mucho respeto, mediante el derecho de petición, nuestra inconformidad en cuanto a la vulneración y violación del suministro de nuestros alimentos.

Nosotros los reclusos: Luis Aníbal García Gómez, Leonardo Fabio Vásquez Ceballos, Carlos Mario Kerkelen, Yeiner Andrés Zapata Rueda, Luis Eduardo Higuita López, Cristian Camilo Higuita Giraldo, Luis Gerardo Flor, Hernán Darío Ardila Mora, Alejandro Ríos, actualmente recluidos en el pabellón 6 de este penal.

Le queremos informar que el día viernes 27 de septiembre del presente año nos vimos obligados a realizar una protesta pacífica en la que nos rehusamos en recibir la alimentación que suministra el consorcio alimenticio encargado del penal, dicha protesta se hizo con el fin de exigir un buen trato en el ámbito alimenticio ya que en ocasiones no cumplen con la línea exigida en base a la alimentación.

Señor Kemer Ramírez Cárdenas

La presente es con el fin y el buen deseo que tenemos, que nos brinden una mejor atención en los alimentos y en una proporción adecuada.

Ya que la misma está estipulada en el cumplimiento de la ley tal como lo interpone la Corte Suprema en uno de los aspectos que contribuyen a la protección y garantía de los derechos de la vida, la salud y la integridad de los reclusos. Hacemos énfasis en el suministro de una alimentación sana, adecuada y suficiente, pues se observa el deterioro de víveres, cantidad, calidad y valor nutricional. El desperfecto y pasado de tiempo de los alimentos ha provocado la aparición de enfermedades en los internos debilitando en cada uno el sistema inmunológico y daños intestinales en el organismo e incluso en casos de ausencia total. Se podría considerar esto como una modalidad de tortura o maltrato en contra de lo previsto en la constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos.

Además el estado tiene el deber constitucional de proporcionar a los reclusos la alimentación adecuada y suficiente en mejores condiciones de higiene garantizando así la protección de los derechos y la integridad de los reclusos. Usted bajo su cargo condicional podrá también autorizar el suministro de una alimentación especial de acuerdo con los requerimientos médicos de cada interno.

Tenga en cuenta que por la mala alimentación ya tenemos en el pabellón penitenciario 17 personas enfermas entre el 26 al 28 de septiembre del presente año, sin contar con que también hayan enfermado en los demás pabellones, esto debido al suministro de un pollo descompuesto y en malas condiciones que suministro la señora Alicia Bejarano, encargada del Copast o Uspec.

Por este medio explicito queremos sugerir que no se viole más la integridad y la dignidad como seres humanos ,que se respeten los derechos fundamentales y constitucionales teniendo en cuenta que de una sana y buena alimentación balanceada depende mucho la salud de todo ser humano. No siendo más en el escrito ,agradecemos su mayor interés y disposición en el asunto ,porque aunque reconocemos que estamos pagando penas justificables merecemos un trato digno en el ámbito social .Esperamos de su parte una pronta y favorable respuesta..

Muchas gracias.

Atte. Reclusos del pabellón

Publicado enColombia
Elaine Brown: “El movimiento feminista de los Estados Unidos está dominado por ideales burgueses blancos”

Elaine Brown presidió el Partido de las Panteras Negras entre 1974 y 1977. Actualmente se dedica a la lucha contra el complejo penitenciario industrial de los EE UU.

 

 Entrevistamos a Elaine Brown aprovechando su visita a la feria Literal–Feria de Ideas y Libros Radicales de Barcelona, que esta edición ha conmemorado el 50 aniversario de Mayo del 68 bajo el lema de “Bajo los adoquines, los libros”. Brown presidió el Partido de las Panteras Negras entre 1974 y 1977. Es autora de la autobiografía Una cata de poder. Historia de una mujer negra (Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2015) y actualmente se dedica a la lucha contra el complejo penitenciario industrial de los EE UU.

Dices que “nuestro objetivo era lograr la liberación de los negros, no la igualdad ante la ley, que suponía aceptar el sistema tal cual era”. ¿Cómo valoras, en este sentido, el movimientoBlack Lives Matter?


En primer lugar, preguntaría qué es: ¿un movimiento? A mí no me lo parece. ¿Qué nos hace pensar que el hashtag #BLM ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento? Y es que, aunque se pudiera considerar como una iniciativa organizada, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es su objetivo? La mayoría de la gente de BLM dio apoyo a Hillary Clinton. ¿Cómo puedes ser negro y apoyar a Hillary Clinton?


Comenzaron como una iniciativa de denuncia de la brutalidad policial, no era más que eso. Después evolucionaron con lemas como "Manos arriba, no dispares". ¡Qué pensamiento más revolucionario, eh! Pero no dicen nada sobre cuestiones relacionadas con cambios fundamentales, y tampoco veo que tengan una agenda concreta ni que hagan ninguna acción en este sentido.

En la misma línea, ¿qué opinas del feminismo liberal?


El movimiento feminista de los Estados Unidos está dominado por ideales burgueses blancos. Te hablan de derechos reproductivos, pero sin recordar que quien nos dio la planificación familiar, la honorable Margaret Sanger, era realmente una defensora de la eugenesia, de eliminar a ciertas poblaciones, y que las primeras clínicas de interrupción del embarazo se abrieron precisamente en Harlem.


Por otro lado, cuando hablan de romper el techo de cristal, lo que realmente quieren decir es que quieren participar en el mundo empresarial y que quieren tener igualdad para poder oprimir en igualdad de condiciones, entre otros a otras mujeres.


Igualmente, en este movimiento no encontrarás prácticamente a ninguna mujer negra o latina. En la práctica, se trata de un movimiento de mujeres blancas y así ha sido en la primera ola, en la segunda y en la tercera.

En cualquier caso, ¿no crees que sí que hay algunos derechos por los que las mujeres trabajadoras debemos luchar?


Claro, lo que digo no es que no crea que haya determinadas cuestiones que afectan de manera específica a las mujeres pobres y a las mujeres negras y latinas, y que no piense que estas cuestiones se deban abordar como problemas de las mujeres. Las mujeres negras son el colectivo más pobre del mundo y en el África subsahariana, por ejemplo, las mujeres son aún más pobres que los hombres. Pero nadie habla de estas mujeres, del mismo modo que en los EE UU nadie habla de las mujeres pobres que se dedican a cuidar a sus hijos.


Así pues, vemos como muchas feministas lo que hacen es imponer su estilo de vida y sus valores burgueses, ya que consideran que son los correctos y que ellas tienen que definir qué es lo que queremos y necesitamos. Esto se refleja claramente en la Reforma de la Asistencia Social aprobada por Bill Clinton, que básicamente criminalizaba a las mujeres pobres. La gente votó a favor de esta ley porque pensaban que solo afectaría a las mujeres negras. Pero resulta que la mayoría de las personas que viven de la asistencia social son mujeres blancas, debido a su mayor peso demográfico.
Con esta reforma, Clinton impuso una agenda neoliberal a un nivel que George Bush no podría haber hecho, considerando que uno de los problemas que tenía la comunidad negra era el gran número de madres solteras. Individualizaron el problema, ocultando el componente racista, machista, etc., y decidieron dejar sin ayudas sociales a muchísimas mujeres, sin que ninguna organización feminista se opusiera. A consecuencia de esta criminalización muchas mujeres se vieron obligadas a hacer cosas desesperadas para poder ocuparse de sus hijos, y se acentuó aún más el nivel de pobreza de estas mujeres y de sus hijos. Y ¿dónde estaban las feministas? La mayoría de organizaciones feministas están centradas en cuestiones LGBTQ, que me parece perfecto porque a todas nos preocupa que cualquier grupo sea oprimido. El problema es que, con estas feministas, estos temas se convierten en una cuestión de estilo de vida.


Creo que lo fundamental es que volvamos a las cuestiones esenciales que nos preocupan a las mujeres. ¿Nos preocupa la igualdad con los hombres? Pues yo no quiero ser igual a un hombre que es un general que se dedica a matar gente en Afganistán, por ejemplo. Pero sí que me preocupa que mi capacidad de disfrutar de una vida plena se vea afectada por el hecho de ser mujer. Me preocupa no tener dinero o no poder cuidar de mis hijos por el hecho de ser mujer. Las mujeres negras ganan menos que las mujeres blancas, y éstas menos que los hombres. Esto es sumamente importante, y no hablamos de ello, como tampoco hablamos de las mujeres sin hogar, de las mujeres que están en la cárcel… Muchas feministas se limitan a hablar de derechos reproductivos y de romper el techo de cristal.

¿Qué opinas de la iniciativa #MeToo?


El movimiento #MeToo se ha convertido en una especie de aventura, en un evento hollywoodiense en el que te encuentras con unas actrices protestando porque no les han pagado lo mismo que a otros hombres. Que, en vez de cobrar dos millones de dólares, solo cobraron uno. Y, mientras tanto, no han dicho ni mu sobre las mujeres normales y corrientes que luchan cada día para salir adelante. Esta es la visión que está dominando el discurso, incluso en lo referido a la violación. Y es que si Harvey Weinstein ha tenido tanta repercusión es porque todas las mujeres que violó eran blancas. Lo mismo pasa con Bill Cosby y con O.J. Simpson. Este último, si en vez de a una mujer blanca hubiera matado a una mujer negra, nunca habría sido imputado. Está claro que la vida de las mujeres blancas es mucho más importante que la de las mujeres negras.


En cualquier caso, tengo que decir que sí que soy feminista. ¡¿Cómo no lo voy a ser, si soy una mujer?! Estoy oprimida como mujer, como negra y como pobre. Es cierto que tengo mis necesidades básicas cubiertas y una vida digna, pero no tengo control sobre las cosas que afectan mi vida como mujer, como negra y como ser humano.

Y ¿cuál era la postura de las Panteras negras respecto al feminismo?


El Partido adoptó una posición muy clara en relación con el movimiento de liberación de las mujeres: consideró aquella lucha como propia, como también lo era la lucha por la liberación gay, y lo hizo no solo en términos retóricos, actuamos en consecuencia. Entendíamos la liberación de las mujeres como la conquista de la libertad para definir nuestro propio destino sin que éste estuviera definido en función de la dependencia económica hacia los hombres. Las feministas blancas solían decir que una mujer sin un hombre es como un pez sin una bicicleta, pero el verdadero problema es que, si no tienes un hombre o no tienes dinero, no te puedes valer por ti misma. En todo caso, la mayoría de mujeres que conozco tiene suficiente dinero para sobrevivir y no necesita ningún marido para tener un lugar donde vivir, pueden cuidarse de sí mismas, de forma que no tolerarán ningún abuso por parte de un hombre. Es así que sé que esta cuestión social es realmente una cuestión económica.

Has dicho que los negros solo pueden liberarse mediante un cambio radical del sistema. Ahora que parece haber una reacción generalizada contra los derechos de las personas negras y latinas, de las mujeres, de los migrantes, etc., ¿cuál tendría que ser el camino a seguir? Y ¿qué posibilidades de cambio observas?


Tenemos que partir de la constatación de que vivimos en un sistema de explotación económica. Igualmente, cuando hablamos de inmigración en Estados Unidos, hay que empezar por el principio, ya que EE UU fue fundado a partir de la colonización inglesa de Virginia, que tuvo lugar mediante la aniquilación de las treinta tribus indias que vivían allí. Una vez conquistado el territorio empezaron a cultivar tabaco y algodón para venderlo a la metrópoli, y para ello necesitaban mano de obra. Como no podían esclavizar a los nativos porque preferían dejarse morir que someterse y, además, al estar en su propio territorio se podían organizar y rebelarse, decidieron capturar africanos, meterlos en barcos y enviarlos por millones a EE UU. Esta práctica se prolongó durante 250 años. Y es que, como bien dijo Marx, sin el algodón y sin los esclavos que lo cultivaban, la revolución industrial no hubiera sido posible.


Este mismo sistema sigue vigente y, si alguien piensa que se puede lograr la reforma de la política migratoria o de la política penitenciaria mientras el sistema siga intacto, es que realmente no quiere hacer nada al respeto. Solo quiere charlar, pero no va en serio. Intento convencer de esto a los jóvenes con los que trabajo cada día y los animo a resucitar el Partido de las Panteras Negras. Les digo que ya les ayudaré. ¿Han hecho algo? No, porque tienen miedo, porque son perezosos y quieren vivir cómodos. Quieren una pequeña beca para ir a la universidad, tener su coche, poder pagar su factura de teléfono, salir a cenar siempre que quieran…


Como decía Marx, tenemos que ser despiadadamente críticos, analizar cuáles son las condiciones reales en las que vivimos y actuar a partir de las mismas y no según cómo nos gustaría que fueran. Esto no quiere decir que no tenga esperanza eterna, ya que creo que la gente siempre acaba eligiendo la vida por encima de la muerte, al menos porque se ven afectados por esta elección, no necesariamente porque sean seres morales. La gente tiene un interés personal en seguir viva. Y aunque no sea consciente de ello, su vida depende de la mía, y viceversa. En cualquier caso, los marxistas leninistas sabemos que, si mantienes a la gente oprimida, acabará cortándote el cuello, así que lo que más les conviene es garantizar que todo el mundo tiene comida y vivienda, atención médica y educación, y el resto de necesidades básicas, y construir una sociedad interconectada y solidaria.


En eso tengo esperanza. En que la gente se dará cuenta de que somos seres dependientes, interdependientes, de que formamos parte del mismo planeta y de que tendremos que encontrar maneras para que todos podamos vivir una vida digna, ya que, en caso contrario, la vida de todos nosotros estará en peligro. Y no digo que esto vaya ocurrir a lo largo de mi vida, pero sí que ocurrirá, puesto que no nos queda otra.


A diferencia de otros movimientos políticos, las Panteras Negras le dieron mucha importancia al lumpen proletariado, del cual provenía gran parte de su militancia. Considerabais que "era el sector más motivado en los EE UU para liderar la revolución" y el partido decidió formar y politizar a estas personas. ¿Qué hicisteis para "transformar la rabia del gueto en acción revolucionaria"?


Durante los últimos veinte años he estado trabajando con gente que está en la cárcel o que ha salido de la cárcel. En mi opinión, representan el grupo de gente que tenía el mayor potencial para convertirse en la vanguardia revolucionaria. No digo que las masas no se tengan que implicar en algún momento, pero todas las demás personas están conectadas al sistema: tienen un trabajo o quieren tenerlo. Estos otros, en cambio, no quieren un trabajo, y lo sabemos porque se han dedicado a trapichear, hacer pequeños robos, etc. y no tienen vínculos con el sistema. No les gusta el sistema, no les gusta la policía, han asumido riesgos en su vida y tienen un mayor potencial que una persona acomodada que va a trabajar cada día y que, al salir del trabajo, vuelve a casa, ve la tele y se va de vacaciones a Disneylandia.


Por otro lado, creo que Marx se equivocó al considerar el lumpen proletariado como la escoria de la Tierra, ya que él valoraba a la clase obrera y para él quien tenía valor eran las personas que trabajaban. Bien, quien vende drogas en una esquina 18 horas al día también trabaja, pero esta es otra historia. Lo que quiero decir es que no consideró que los esclavos fueran una clase única en los EE UU compuesta exclusivamente por personas negras. Era una clase obrera, a la cual no se le pagaba un salario. Y esta situación continúa hoy en día. La mayoría de los negros, pese a tener un trabajo, tienen que hacer otras cosas para completar su sueldo, ya que no ganan lo suficiente como para formar parte del proletariado. Y otra cuestión sumamente importante es que a los negros nos dejaron fuera de los sindicatos. La historia de los sindicatos industriales de los Estados Unidos es muy vergonzosa en este sentido.


Así que sigo pensando lo mismo, puesto que los hechos no han cambiado. Los negros seguimos siendo pobres, seguimos fuera del sistema, no tenemos trabajos de verdad, no tenemos nada de dinero, no tenemos relación con el sistema. Y en lo más bajo de todo se encuentran las personas que han sido encarceladas.

EE UU es el país con la población penitenciaria más numerosa del mundo, con 2.120.000 de presos. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?


El crecimiento tanto en el número de personas encarceladas como en la duración es un fenómeno relativamente nuevo y es consecuencia de una ley aprobada por Bill Clinton en 1994 para perseguir a los reincidentes.


Entre 1994 y 2004, el número de presos en Estados Unidos se duplicó y casi la mitad de todos los presos son negros, pese a que solo representan el 13% de la población total. No es que haya una política dirigida directamente a meter a los negros en prisión. No es eso. Lo que pasa es que hay un tipo de funcionamiento automático vigente desde 1865, cuando se crearon los departamentos de sheriffs con la función de cazar esclavos fugitivos. Vemos, pues, que la cuestión de los negros está presente desde el principio de EE UU.


Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores y uno de los autores de la Declaración de Independencia, articuló perfectamente esta mentalidad en un libro suyo titulado Notes on the state of Virginia. En este libro explica que el motivo por el que no ha incluido a los negros en su proyecto de emancipación basado en la idea de que "todos los hombres son creados iguales", es que, según indica, los negros son seres inferiormente dotados a los blancos, tanto mental como físicamente, tienen un color desagradable y huelen mal, además de ser perezosos, etc. Según Jefferson, los negros ni siquiera llegan a la categoría de seres humanos, por lo que está legitimado esclavizarlos. Ésta ha sido la ideología dominante en EE UU desde 1710.

¿Nos puedes explicar cómo funciona el complejo industrial penitenciario?


Los presos producen muchas cosas, pero el valor de los presos no radica tanto en esto, sino en todo el dinero que tanto ellos como los Estados gastan. Tienen de todo en la cárcel: llamadas telefónicas, videollamadas, comida, ropa… Se puede comprar de todo, pero mucho más caro que en la calle. Por otro lado, el Estado de California, por ejemplo, gasta 70.000 dólares al año por cada preso.


También está el trabajo gratuito que los presos hacen, fabricando muebles, arreglando jardines, limpiando autopistas…. Y todo esto lo hacen gratis, o prácticamente gratis. El complejo industrial penitenciario es como el complejo industrial militar, pero con presos. Mucha gente piensa que este concepto está relacionado con las cárceles privadas, pero no es así. La mayoría de cárceles son públicas, propiedad del Estado, y hay mucha gente que trabaja allá. Solo en California hay más de cien mil funcionarios de prisiones, con sus sindicatos luchando para asegurar que sus afiliados no se queden sin trabajo. Y ¿cuál es la principal mercancía de que disponen? Los presos. No quieren que se dejen de llenar las cárceles. Todo el mundo está ganando dinero a expensas de los presos, que eran pobres cuando entraron y lo serán cuando salgan.


¿Que han hecho cosas terribles? Absolutamente. Algunos de ellos. No todos. Yo ni siquiera uso los términos inocente o culpable porque la mayoría de los presos está allá por delitos económicos, como por ejemplo atracar una tienda. ¿Por qué lo hacen? Pues porque tenemos grandes disparidades económicas en nuestro país. Vemos, por lo tanto, que todo está tan interconectado que casi no se puede separar. Y los negros son la mejor carne de cañón para meter en la cárcel. ¿Quién va a decir nada sobre ellos? Nadie. No tenemos dinero ni para sufragar demandas legales. Y a todo esto también se le añade el racismo.

El 2014 fundaste Oakland and the World Enterprises, una iniciativa para crear empresas gestionadas por expresos. ¿En qué consiste este proyecto?

Uno de los aspectos de nuestra continua opresión como negros en Estados Unidos es que, cuando alguien sale de la cárcel, no puede conseguir trabajo puesto que es necesario presentar un formulario de antecedentes penales que los empleadores utilizan para negarse a contratar expresos. Y realmente se quedan sin alternativas. En California, por ejemplo, al salir de prisión te dan 200 dólares para que puedas empezar tu vida de nuevo. Y si no tienes a nadie que te ayude, que te ofrezca un lugar donde vivir, con 200 dólares no haces nada y vas a tener que prostituirte, que trapichear y que hacer algo ilegal, que probablemente te lleve de nuevo a prisión. Ante esta situación, nos juntamos con un cargo electo negro de Oakland y decidimos hacer algo para reducir la tasa de reincidencia, y pensamos que la única forma de conseguirlo era que estas personas tuvieran sus propios ingresos. Así pues, compramos un terreno en Oakland, creamos una asociación sin ánimo de lucro denominada Oakland and the World Enterprises, y ahora queremos poner en marcha empresas con ánimo de lucro y de propiedad cooperativa para los expresos y para otros colectivos vulnerables y marginados. En otras palabras, para negros pobres.


Pusimos en marcha la iniciativa y ahora tenemos un huerto urbano y hemos creado un banco de alimentos, al cual la gente venía a las 4h de la mañana a hacer cola, ya que estamos situados en una comunidad extremadamente pobre. Ahora queremos construir vivienda asequible, pero según nuestros criterios, es decir, que la asequibilidad se defina en función de las posibilidades de cada persona y no de la media de la zona o de criterios parecidos. Y también tenemos algunos pisos reservados a personas que no tienen nada de dinero.


La idea es que esta iniciativa se extienda a otras ciudades, a Detroit, a Filadelfia…, de forma que a nadie se le niegue el acceso a la vivienda o al empleo por el hecho de haber estado en la cárcel. El modelo que utilizamos es el de una cooperativa de trabajo asociado, pero como a algunos esto les suena demasiado comunista y se ponen nerviosos, les digo que se trata de empresas cuya propiedad es cooperativa. Es lo mismo. Los trabajadores son los propietarios, los propietarios son los trabajadores, pero se benefician de manera colectiva ya que pensamos que los beneficios no tienen nada de malo per se, lo que está mal es la explotación.

 

Por MARIA COLERA INTXAUSTI
@BIZIALAIRAUN

Publicado enInternacional
Grupos armados generan desarmonía en el territorio de Pioya, Caldono

Dicen que las casualidades no existen, y el caso que narramos a continuación parece así confirmarlo. El día 5 de marzo en horas de la madrugada 4 hombres fuertemente armados asaltan la casa del Cabildo de Pioyá, Caldono, Cauca, liberando 3 delincuentes –uno de ellos informante confeso remunerado por el ejército–. Esto sucede horas antes de iniciarse la audiencia pública en la que las autoridades del Resguardo Indígena presentarían públicamente la evidencia y conclusiones que incriminan a los 3 delincuentes convictos en Asamblea Comunitaria bajo la jurisdicción indígena. 

El informante había sido condenado en Asamblea Pública del Cabildo, en ejercicio de la Justicia propia, en respeto a la Jurisdicción Indígena reconocida por la Constitución de 1991 y bajo jurisprudencia por sentencia previa de la Corte Constitucional donde dicta que todo delito cometido dentro de territorios indígenas es sujeto de dicha jurisdicción.


Según cuentan los comuneros, los sujetos armados entraron al primer piso de la casa de 2 pisos del cabildo, intimidaron y sometieron a los pocos guardias que vigilaban el lugar (2 o 3), protegidos solo con el bastón de autoridad, y se llevaron a los tres prisioneros, quienes en Asamblea extraordinaria del Cabildo, hace apenas 4 días (el miércoles 1 y jueves 2 de marzo), tras investigaciones y confesiones presentadas en Asamblea con participación masiva de la comunidad, habían confesado sus delitos a punto de ser presentados a la opinión pública, en la asamblea programada para el 5 de marzo de 2018.


Reacción de la comunidad


Enterada de los hechos la comunidad, con la guardia indígena a la cabeza, sale en procura de quienes violaron su territorio y se llevaron consigo a los delincuentes bajo custodia. Coordinada y conocedora de su territorio, la comunidad, armada de sus bastones de mando, da con el grupo armado y con los prófugos, quienes al sentirse rodeados y prácticamente recapturados, accionan sus armadas de fuego, hiriendo de gravedad al joven indígena Eider Campo Hurtado, integrante del colectivo de comunicación Pelsxhab Estero, Resguardo de Pioya, heridas que finalmente causaron su muerte.

La comunidad se encuentra a esta hora en Asamblea Permanente. Consideran que esta acción armada fue realiza, sin duda alguna, para evitar que estos delincuentes pudieran aparecer en la audiencia programada mostrando vínculos criminales con la Fuerza Pública, con el Ejército Nacional y con el gobierno de Colombia.
Antecedentes:

Estos hechos ocurren en el marco de acciones de terror, intimidación y guerra en todo el territorio nacional y en el Cauca, en las que también hay testimonios y evidencias que recaen sobre los mismos actores. El día 1 del mes de marzo del año 2018, aproximadamente a las 11:00 a.m, la autoridad tradicional indígena de Corinto recibió un reporte de las comunidades Indígenas del corregimiento de Media Naranja, donde mencionaban que había subido el Ejército Nacional a la comunidad de La Laguna, y que además había movimiento de grupos armados ilegales en la zona.
Según la secretaria de Justicia y Armonía del Cabildo, la Autoridad Tradicional Indígena, Guardia Indígena y la Comunidad, inmediatamente realizan un recorrido en el cual se habló con el Ejército Nacional pidiéndole que se retiraran de la zona, de manera que no afectaran a la comunidad. Luego se avanza en un control territorial y se llega a una casa que se encontraba abandonada en la comunidad de La Nevera, al interior de la cual encontraron lo siguiente: “7 maletas tipo militar, 2 cantimploras marcadas con letras del “Ejército Nacional”, un vaso militar con iguales letras, 2 pañoletas negras con verde con letras amarillas que dicen “contra guerrilla” y su respectivo logo; 1 pañoleta negra con rojo con las letras ELN; 3 pantalones pincelados camuflados de las fuerzas militares, con marca “PARADISO & CARMONA”; 3 camisas pincelados camuflados de las fuerzas militares, con marca “PARADISO & CARMONA; cobijas , ropa de civil y objetos personales de aseo y 4 cartuchos de los cuales 3 tienen esta referencia; ik.03 5.56×43; y una con la referencia 13-94; 1 celular marca ALCATEL 1050ª, color negro”.

Es importante resaltar que las comunidades indígenas del norte del Cauca realizaron el posicionamiento de no grupos armados en los territorios indígenas, a través de mandatos establecidos el 20 de julio del año 2011, ratificado en la asamblea realizada en la comunidad de Sesteadero en el año 2017, resguardo indígena de Toribio, en la que se dice que no más a grupos armados. También en la asamblea comunitaria realizada en la comunidad indígena de Carrizales, el día 20 de abril del 2017, así como en la última asamblea comunitaria realizada en la comunidad de El Crucero, llevada a cabo el día 8 de febrero del 2018.

Esto sucede en el contexto de graves atentados contra la paz y el orden público que afectan todo el departamento del Cauca y los territorios indígenas, de los materiales incautados al ejército nacional en territorio de Corinto, entre los que aparecen pañoletas del ELN y del Ejército entre otros equipos, uniformes y materiales de guerra y, ante todo, ad portas de que las autoridades indígenas dieran a conocer los hechos que vinculan a la Fuerza Pública y al Estado colombiano con actores y acciones delincuenciales en territorios indígenas. Para esta comunidades, esta acción es, además de una confesión abierta de culpabilidad y complicidad, un ataque de guerra contra la comunidad y las autoridades legítimas, una violación de la jurisdicción indígena y de la Constitución de la República y un intento evidente por evitar la realización de la asamblea y la confesión pública de los capturados y liberados con este asalto.

En consecuencia, se requiere de la solidaridad y apoyo de toda la comunidad nacional e internacional ya que, estos pueblos están bajo amenaza de quienes deberían protegerlos y en cambio les hacen la guerra.

 Fuentes:

1 http://www.cric-colombia.org/portal/urgente-asalto-armado-cabildo-pioya-sacar-informante-confeso-del-ejercito-evitar-audiencia-publica/

2http://www.cric-colombia.org/portal/las-autoridades-indigenas-del-territorio-ancestral-indigena-comunidad-guardia-indigena-corinto-da-conocer-la-opinion-publica/

 

Publicado enColombia
Domingo, 12 Noviembre 2017 06:33

“Libertad para los presos políticos”

 

Cientos de miles reclamaron por los líderes independentistas encarcelados

La marcha, convocada por las organizaciones independentistas bajo el lema “Libertad presos políticos. Somos República”, concentró a una multitud –750 mil personas según la Guardia Urbana– en la calle Marina de la capital catalana.

 

Cientos de miles de personas reclamaron ayer en Barcelona la libertad de los ex miembros del gobierno catalán y de los líderes independentistas encarcelados por impulsar la secesión de Cataluña, una gran manifestación convertida en acto de campaña electoral del independentismo de cara a los comicios del 21 de diciembre. La marcha, convocada por las organizaciones independentistas bajo el lema “Libertad presos políticos. Somos República”, concentró a una multitud –750.000 personas según la Guardia Urbana– en la calle Marina de la capital catalana, donde se escucharon gritos de “¡Libertad!” para los presos, a favor de la “Independencia” y mensajes como “¡Puigdemont presidente!”.

El ex presidente catalán depuesto envió un mensaje desde Bruselas, que los manifestantes pudieron ver desde la pantalla instalada en el escenario del acto, con el que animó a los independentistas a “expresar con un clamor unitario, alto y claro que queremos libertad y democracia”. “Nos nos dejemos atemorizar por aquellos que quieren imponer el 155, recortar nuestras libertades y humillar nuestras instituciones”, dijo el líder secesionista, en referencia a los partidos que apoyaron al gobierno español de Mariano Rajoy en la intervención de la norteña región al amparo del artículo 155 de la Constitución.

“Nos tenemos que volver a hacer sentir, que todo el mundo escuche estas voces plurales”, añadió Puigdemont, para luego insistir en que el Estado español debe entender que “así no se puede continuar” y la Unión Europea (UE) debe dejar de mirar para otro lado. “No hay barrotes ni exilios” que pueden disuadir al pueblo de Cataluña de “querer hacer posible aquello que les es permitido a la mayoría de pueblos demócratas del mundo, decidir libremente su futuro, y hacerlo a través de las urnas”, remarcó el ex presidente.

El conservador Partido Popular (PP) de Rajoy intentó evitar que el acto se transmitiera por la TVE pública regional alegando con un recurso que no garantizaba la pluralidad política en campaña. Sin embargo, ese recurso fue rechazado por la Cámara electoral.

La movilización estuvo encabezada por familiares y amigos de los independentistas presos, quienes leyeron a la multitud mensajes enviados por los líderes desde la prisión. La hija del ex consejero de presidencia Jordi Turull leyó una carta de su padre, que afirmó: “Nos encarcelaron injustamente. Nuestro cuerpo está en la cárcel pero nuestro compromiso es con ustedes. Imploro unidad, que es desde donde hemos hecho grandes pasos”.

Sin embargo, la posibilidad de que el bloque independentista se presente unido en las elecciones como pedía Puigdemont y su Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) quedó enterrara debido a que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido del ex vicepresidente Oriol Junqueras, anunció que su líder encabezará su lista electoral desde la cárcel.

“Somos la cabeza de turco como una advertencia a todos. Si nos son sumisos y obedientes arruinaremos sus vidas. Nuestros sueños son sus pesadillas”, dijo Junqueras, en su papel de candidato, en su mensaje a los manifestantes desde la prisión.

ERC también llevará en sus listas a otros ex consejeros encarcelados como Raül Romeva y Carles Mundo, y le reservó un lugar a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. Existía una gran expectativa en torno al recibimiento que tendría Forcadell en la protesta, después que ayer quedó en libertad provisional tras pasar la noche encarcelada y luego de pagar una fianza, una medida que logró por haberse desmarcado de la vía unilateral de secesión.

Forcadell, quien finalmente no acudió al acto por recomendación de su abogado, es actualmente la única líder del movimiento independentista que está en Cataluña y libre, ya que la mitad de los miembros del gobierno catalán depuesto se encuentran en prisión en Madrid y la otra, incluido Puigdemont, se refugió en Bélgica. “No nos sentimos acéfalos, nuestros líderes están en la prisión pero los sentimos cerca, y eso nos ayuda a mantenernos unidos y tener esperanza”, dijo David Porto, un empresario de 37 años, que dice estar dispuesto a seguir saliendo a la calle, pero sobre todo, destaca la importancia de que los partidos independentistas ganen las elecciones del 21 de diciembre. “Si volvemos a ganar tendrán que respetar los resultados, y será la oportunidad para crear la República catalana”, remarcó este manifestante.

Tras la declaración de independencia del Parlamento catalán del 27 de octubre, el gobierno español de Mariano Rajoy intervino la región, destituyó al gobierno independentista y convocó elecciones para el 21 de diciembre. La Fiscalía, por su parte, presentó una querella por rebelión, sedición y malversación contra todo el gobierno catalán depuesto y los miembros de la Mesa directiva del parlamento catalán, con Forcadell a la cabeza, por haber intentado la secesión de Cataluña.

Mientras el Tribunal Supremo concedió libertad provisional para los miembros del parlamento investigados, la Audiencia Nacional dictó prisión sin fianza para los otros políticos, una medida muy polémica que incluso el gobierno español ve con recelo porque entra en conflicto con el proceso electoral convocado por Rajoy. “Quiero que el gobierno electo de la Cataluña sea libre”, dijo ayer la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien también participó de la manifestación. La emblemática alcaldesa barcelonesa no apoya la vía unilateral de ruptura impulsada por Puigdemont pero rechaza la intervención de la región al amparo del artículo 155 de la Constitución, que llevó al cese del gobierno elegido en las urnas.

 

Publicado enInternacional
Sábado, 06 Mayo 2017 06:50

Luchando con el estómago vacío

Familiares de palestinos presos en Israel, se manifiestan frente a las oficinas de la UE en Jerusalén Este el 27 de abril / Foto: AFP, Ahmad Gharabli

 

Bajo la consigna “Libertad y Dignidad”, más de 1.500 presos políticos palestinos piden que se respeten sus derechos fundamentales. Reclaman entre otras cosas el derecho a atención médica adecuada, a visitas y que se acabe con las torturas y las detenciones sin juicio y por tiempo indefinido.

 

El 17 de abril, mientras en Montevideo llovían mensajes de todo el mundo reaccionando ante las declaraciones de los dirigentes del Pit-Cnt, recién llegados de Israel, que se congratulaban de la democracia en Israel mientras rechazaban las denuncias sobre las políticas israelíes deapartheid contra los palestinos, más de 1.500 presos políticos palestinos iniciaban una huelga de hambre.


Bajo la consigna “Libertad y Dignidad”, no piden otra cosa que se respeten sus derechos fundamentales establecidos en el derecho internacional. Por un lado, exigen cambios en las condiciones de reclusión: acceso a lectura y estudios universitarios; dos visitas mensuales de una hora (actualmente es una sola de 45 minutos); atención médica adecuada y liberación de enfermos terminales o discapacitados; y por otro, poner fin a las inhumanas políticas de detención: la tortura, el régimen de aislamiento prolongado, la detención “administrativa” (sin juicio y por tiempo indefinido) y el traslado de los detenidos a Israel −en violación de la IV Convención de Ginebra−, lo que dificulta severamente las visitas familiares.


Según la organización Addamir, hay unos 6.300 presos(as), incluyendo 500 en detención administrativa, 300 menores de edad, 61 mujeres y niñas, 13 parlamentarios y 28 periodistas. Al menos mil tienen prohibido recibir visitas por “motivos de seguridad”, y entre 15 y 20 permanecen en total aislamiento. En 50 años desde la ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, más de 800 mil personas han sido detenidas por Israel, lo que equivale al 40 por ciento de la población masculina palestina.

 


MANDELA PALESTINO.


No es la primera huelga de hambre masiva de presos palestinos; pero lo que hace especial a ésta es que es la más plural, pues ha recibido la adhe¬sión de todos los partidos palestinos: nacionalistas, marxistas e islamistas. Además, el líder y vocero de la protesta es Marwan Barghouti, dirigente y parlamentario de Fatah, preso desde hace 15 años y condenado a cinco cadenas perpetuas por su papel en la resistencia durante la segunda intifada (un juicio plagado de irregularidades, en el cual el acusado rechazó la asistencia legal y la legitimidad del tribunal del ejército de ocupación).


Barghouti es el preso más famoso y popular, y se lo conoce como “el Mandela palestino”. Una campaña por su libertad iniciada en 2013 ha recibido el apoyo de cientos de personalidades y de varios premios Nobel de la Paz. En una carta publicada en The New York Times explicó las razones de esta huelga de hambre y denunció las permanentes violaciones de los derechos humanos que Israel comete contra los presos y sus familias.


“Tenía tan solo 15 años cuando fui encarcelado por primera vez. Apenas tenía 18 cuando un interrogador israelí me forzó a abrir las piernas mientras estaba desnudo en la sala de interrogatorio, para golpear mis genitales. Me desmayé del dolor, y la caída resultante dejó una cicatriz perenne en mi frente. El interrogador más tarde se burló de mí diciéndome que nunca procrearía, porque las personas como yo sólo engendran terroristas y asesinos”, escribió.


Barghouti acusa a Israel de mantener un sistema “inhumano de ocupación colonial y militar” y de “apartheid jurídico” que busca “romper el espíritu de los prisioneros y de la nación a la que pertenecen, infligiendo sufrimiento a sus cuerpos, separándolos de sus familias y comunidades, utilizando medidas humillantes para obligarnos al sometimiento. A pesar de semejante tratamiento, no nos rendiremos”.

 

MÁS REPRESIÓN.


Las autoridades israelíes han respondido a la huelga con violencia represiva, dentro y fuera de las cárceles. Los líderes fueron puestos bajo aislamiento y están siendo trasladados de una prisión a otra. A los huelguistas les han confiscado pertenencias personales (en algunas prisiones incluso la sal que ingieren con agua) y han suspendido las visitas, tanto familiares como legales. Por este motivo, los defensores de presos han boicoteado los tribunales militares, negándose a asistir a las audiencias.


El apoyo a la protesta continúa creciendo dentro y fuera de Palestina. La huelga general convocada en los territorios ocupados para el jueves 27 tuvo prácticamente un 100 por ciento de acatamiento. El viernes 28 la población palestina convocó a un “día de ira”, con numerosas protestas que fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas israelíes; se reportaron decenas de manifestantes heridos o detenidos. En las principales ciudades y universidades palestinas se han levantado carpas de solidaridad, y grupos de familiares o estudiantes se suman al ayuno. Un hijo de Marwan Barghouti convocó por las redes sociales al desafío de beber agua y sal en apoyo a los presos.

 


APOYO INTERNACIONAL.

 

El 1º de mayo, la Federación Sindical Mundial emitió una declaración de apoyo a los presos palestinos, a la cual se unió la Confederación Sindical Internacional. El mismo día los sindicatos palestinos llamaron a unirse al movimiento Bds para boicotear las empresas israelíes e internacionales que son cómplices de la ocupación, el colonialismo y el apartheid y presionar a los gobiernos para que corten relaciones militares y comerciales con Israel. “Reiteramos nuestro llamado al boicot contra Histadrut, el sindicato oficial israelí, por su complicidad con las violaciones del derecho internacional y su negativa a tomar una postura clara de apoyo a los derechos del pueblo palestino”, expresaron sobre el sindicato que invitara al Pit-Cnt a Israel.


Activistas se han unido a la huelga de hambre en varios países, mientras decenas en el mundo adhieren al desafío de agua y sal. Cientos de instituciones y profesionales del derecho en el mundo suscribieron a la declaración de solidaridad de la organización estadounidense de abogados National Lawyers Guild. También emitieron mensajes de apoyo el bloque de izquierdas del Parlamento Europeo y la Asociación Parlamentaria del Mediterráneo. La organización Samidoun registró 161 acciones de apoyo a la huelga de hambre entre el 14 de abril y el 7 de mayo.

 


CUESTIÓN SENSIBLE.


La cuestión de los presos y presas políticas es una de las más sensibles en Palestina, un país donde el 21 por ciento de la población ha estado o está en la cárcel. La huelga de hambre y la represión que las fuerzas sionistas están desplegando dentro y fuera de las cárceles amenaza la ya deteriorada imagen internacional de Israel.


La lucha de los presos también tiene un potencial político. Para una población tan desgastada por la brutalidad de la ocupación como desesperanzada por la corrupción y las divisiones de sus dirigentes, el llamado que sale de las cárceles a la unidad por encima de sectarismos, puede levantar la moral y empoderar a la gente. Un movimiento de resistencia civil masiva, creciendo desde abajo, con un liderazgo potente como el de Barghouti, estaría en las antípodas de las estériles gestiones del desprestigiado Mahmoud Abbas, que buscan apoyo de los gobiernos occidentales.


Israel pretende desacreditar al movimiento de prisioneros y a su líder acusándolos de “terroristas”. Dejando de lado que la mayoría de quienes están en las cárceles jamás tomó un arma, o que cada año 700 niños palestinos son juzgados en tribunales militares por tirar piedras. En una entrevista con The Washington Post, la parlamentaria y ex presa Jalida Yarrar afirmó: “El problema no son las acciones del pueblo ocupado, sino la ocupación misma. La gente sólo está reaccionando contra ella. Hay que conocer mejor lo que sufre a diario el pueblo palestino por la falta de libertad, los checkpoints, las colonias, por no poder acceder a sus tierras, a su agua... ¿Qué esperan que haga un pueblo que soporta todo eso?”. El propio Barghouti, que en su momento censuró los atentados contra civiles israelíes, afirmó que “no habrá paz ni seguridad sin el fin de la ocupación”.

 

 

Publicado enInternacional
Página 1 de 5