Sábado, 12 Septiembre 2020 05:57

Fucik, la reivindicación de la militancia

Fucik, la reivindicación de la militancia

Periodista, asesinado por el nazismo, autor de "Reportaje al pie del Patíbulo"

“En el campo de concentración de Ravensbruck, mis compañeros de prisión me comunicaron que mi marido, Julius Fucik, había sido condenado a muerte el 25 de agosto de 1943 por el tribunal nazi de Berlín”, comienza su introducción a Reportaje al pie del patíbulo Gusta Fucikova, su esposa, que sobrevivió y fue liberada. Apenas volvió a Praga, Gusta comenzó a rastrear datos de lo que había sucedido con su marido, con quien había sido detenida en l942, poco después de la ocupación de Checoslovaquia. Ambos eran periodistas, escritores y comunistas. Fueron llevados a la prisión de Pankrac, dependiente de la Gestapo. Durante unos meses, se supieron bajo el mismo techo, pero perdieron contacto. Nunca se volvieron a ver.

Al principio, el hecho de saber que Gusta estaba allí, hacía a Fucik cantar todas las noches. La militancia partisana, habría de narrar ella luego, los había separado muchas veces. Eso los había vuelto “eternos amantes”. “En la celda 267 se canta”, había escrito Fucik en una de las hojas que, luego reunidas, armaron su libro Reportaje al pie del patíbulo. Fucik fue descripto como un hombre icónico del renacimiento checo. Dijo el crítico Ladislav Stoll: “Nunca jugaba el papel de un espíritu encerrado en sí mismo: estaba pletórico de alegría, de vitalidad. Amaba la vida como un niño, despreciaba la muerte como un hombre. Amaba a sus amigos y sus amigos eran todos aquellos que como él amaban al pueblo y a los hombres”.

Poco después del traslado de Gusta al campo polaco, cuando comenzaba a roer la soledad y la tortura a la que era sometido diariamente, Fucik recibió del guardia nazi que todos los días visitaba su celda, una hoja de papel que sacó de adentro de la solapa de su uniforme. Activista entrenado, el escritor sospechó. No hizo preguntas. Temía una trampa. Unos días después el guardia volvió a dejarle otra hoja. “Me dijeron que mañana seré fusilado“, tanteó Fucik. “¿Y está impresionado?”, le preguntó el guardia. “No, contaba con eso”, fue la respuesta. “Es posible que lo hagan. Si no mañana, otro día”, le dijo el guardia.“Por si acaso, por si usted quiere dejar un recado para alquien… No para ahora, ¿me comprende? Para el futuro”. El guardia nazi le extendió otra hoja y un lápiz. Fucik confirmó otra de sus sospechas: podía tratarse de un camarada. Luego llegó a saber también su nombre: era Adolf Kolinsky, un joven comunista checo que se había hecho pasar por alemán para infiltrarse en la cárcel de la Gestapo, recoger información y hacer lo que se pudiera para aliviar a los prisioneros. En el caso de Fucik, el alivio llegó con el papel y el lápiz.

Las hojas iban llegando despacio a lo largo del año en el que Fucik estuvo detenido en Pankrac, antes de ser trasladado a Berlín para un falso juicio. Con letra rápida, en líneas apretadas, Fucik pasó el tiempo reponiéndose de las heridas de la tortura y escribiendo cada noche en cada centímetro disponible (“¿Qué vendrá primero, la muerte del fascismo o mi propia muerte?” “He pensado siempre en lo triste que resulta ser el último soldado herido en el corazón por la última bala y en el último segundo. Pero alguien tiene que ser el último. Si supiera que puedo ser yo, querría serlo, aún ahora”). Stalingrado ya había sido recuperada por los rusos, de modo que era pertinente la pregunta. Pero fue en ese último estertor nazi que se decidió su juicio sumario en Berlín, el 25 de agosto.

Mientras tanto, él no había parado de escribir. Las hojas manuscritas y escritas casi sin luz eran sacadas de la cárcel por Kolinsky y desparramadas por diferentes casas de la resistencia de Praga, “para el futuro”, como habían convenido. Fucik, que esperaba morir en la horca, finalmente fue condenado al hacha y fue decapitado después de haber asumido en el juicio su identidad comunista y de ponerse a cantar La Internacional. Fue hacia su muerte el 8 de septiembre de l943, cantando, y cuando su cabeza rodó, otros prisioneros cantaron por él.

Cuando poco después Gusta fue liberada y comenzó a intentar reconstruir qué había pasado con Julius, rápidamente encontró a Kolinsky y con su ayuda fue recibiendo de decenas de distintas direcciones, las hojas en las que él había dejado una obra, cuyo génesis la hace una obra colectiva. No eran notas aisladas, sino una narrativa vibrante y sangrante que reflejaba su perspectiva, el clima de la cárcel, las reflexiones políticas que le sobrevinieron en el último y terrible año de su vida, que terminó a los 40 años. Gusta las reunió -eran 167 en total – y las editó, y poco después fue conocida la primera versión de Reportaje al pie del patíbulo, traducido luego a más de treinta idiomas y un clásico del siglo XX que Fucik dejó “para el futuro”, que es hoy.

Hace 60 años, en muchos países, es el 8 de septiembre el Día del Periodista, para recordar el ejercicio de testimonio al que Fucik no renunció aún en circunstancias en las que ya no le quedaban fuerzas después del ensañamiento de la tortura. La maquinaria mediática posterior ha suprimido o demonizado la figura del periodista militante, asociándolo con la distorsión de la verdad, cuando no sólo Fucik sino muchos otros, como los periodistas desaparecidos en la Argentina, como Rodolfo Walsh, dijeron la verdad cuando todos los demás callaban.

La página más visitada de su libro es la que resume ese espíritu vital, obstinado en el deber de la lucha, en la entrega y en el ánimo combatiente que requirieron esos tiempos horribles: “Y lo repito una vez más: he vivido por la alegría. Por la alegría he ido al combate y por la alegría muero. Que la tristeza no sea nunca unida a mi nombre”.

En tiempos de vorágines de odio, como aquellos, vale además su final, su manifiesto, su decisión indeclinable: “También mi juego se aproxima a su fin. No puedo describirlo. No lo conozco. Ya no es un juego. Es la vida. Y en la vida no hay espectadores. El telón se levanta. Hombres: yo los amé. ¡Estén alertas!”

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Las Uris y estaciones de Policía en Bogotá colonizadas por el covid-19

La expansión el virus no se detiene, como tampoco la incapacidad del gobierno de Iván Duque para frenar el contagio entre la población carcelaria del país. Las cárceles de Colombia ya reportan, a la fecha, alrededor de 866 casos positivos por covid-19 entre presos, funcionarios y guardias de seguridad. Ahora, 14 de mayo, el virus se expandió y contagió a 19 personas detenidas en la Unidad de Reacción Inmediata (Uri) de la localidad de Kennedy en Bogotá. Pero no solo esto. sin parar, el virus salto entre garrotes, varillas y llaves contaminando a 7 uniformados de la estación de policía de Kennedy y otros 6 más reportaron positivo al virus en la estación de policía de Fontibón.

Medidas urgentes para salvar vidas

A raíz de esto, el Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, Hugo Acero Velásquez, le solicitó nuevamente al Inpec, y a los Ministerios de Justicia, Defensa y Salud medidas urgentes para enfrentar la grave crisis que se presenta hoy en esos centros de detención. Anota el comunicado del Secretario que estos centros tienen un hacinamiento cercano al 200 por ciento, lo que multiplica el riesgo de propagación del coronavirus.

El Espectador, en cifras al 18 de marzo, reportó 1.053 detenidos en veinte Estaciones de Policía de Bogotá, las que tienen capacidad para 462 reclusos, es decir, tienen un hacinamiento del 127 por ciento. Por ejemplo, la estación de Kennedy para esa fecha, reportó un 100 por ciento de hacinamiento y la Uri de Kennedy, con capacidad para 70 personas concentraba 142 personas. Estos centro de encierro y castigo ahora son un foco de alto contagio, es una realidad que el Gobierno conoce y desconoce a la vez. ¿Qué tipo de intereses lo determinan?

Los hechos demuestran que días después del reporte hecho por el diario mencionado, el 6 de abril, el director general del Inpec, general Norberto Mujica, autorizó que personas con “alto perfil delincuencial” que estaba en Uris y estaciones de policía fueran enviadas a las cárceles. Y ahora en la carta que el secretario Acero le envía a Norberto Mujica, le solicitó información sobre los protocolos que va a utilizar esa institución en el traslado y custodia de las 19 personas privadas de la libertad que están en la Uri de Kennedy y que resultaron positivas en la prueba de covid-19. ¿El general aprovechará de nuevo, como lo hizo con los presos de la Cárcel de Villavicencio, para trasladar a estos detenidos y/o sindicados contagiados a otros penales del país?

Inpec realice “el traslado y la custodia de los detenidos contagiados con Covid- 19”

También solicita el funcionario Acero a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que con cargo al Fondo de Atención en Salud a las Personas Privadas de la Libertad, que “asuma la prestación de los servicios de salud que se deben proveer a los contagiados con Covid-19”. Agregó que las solicitudes están encaminadas a que la Ministra de Justicia y el Derecho, Margarita Cabello Blanco, dé la orden para que el Inpec realice “el traslado y la custodia de los detenidos contagiados con Covid- 19”.

 

El Secretario ahora se suma a las peticiones de académicos, profesores, juristas, familiares y población carcelaria que exige el derecho a la vida y salud de la población detenida en los distintos centros de reclusión.

Pero lo único rápido que existe en medio de la pandemia es el virus, porque el decreto 546 de 2020 que supuestamente pretendía “agilizar” las excarcelaciones de presos a nivel nacional solo ha otorgado libertad transitoria, a un mes de su promulgación, a cerca de 408 personas. Ahora se le suma, dado al contagio reportado desde las estaciones de policía y Uris de Bogotá, estas necesarias solicitudes de excarcelación, además de todas aquellas para deshacinar y hacer justicia con quienes concentran sus cuerpos en las decenas de estaciones de policía existentes a lo largo y ancho del territorio nacional.

Multiplicación del contagio o deshacinamiento, ¿quién mostrará mayor agilidad y eficacia, el virus en su crecimiento exponencial o el gobierno en su proceder administrativo y judicial? Parece ser que la suerte está echada.

Vea en el siguiente enlace el especial de desdeabajo sobre lo sucedido en torno a la población carcelaria desde que empezó la pandemia del coronavirus:


https://www.desdeabajo.info/component/k2/item/39331-para-toda-la-poblacion-carcelaria-prision-domiciliaria-transitoria-ya.html

 

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“Aquí estamos pegados a Dios para que no pase nada”

“¿Cómo estamos haciendo? Pegados a Dios para que no pase nada”, respondió en entrevista con desdeabajo un recluso del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio, mayor foco de contagio en el departamento del Meta. El penal alberga un 98,7 por ciento de hacinamiento: fue edificado para encerrar 899 presos y actualmente amontona 1.786. De esa población ya suman a la fecha 654 contagiados por covid-19 entre funcionarios y población reclusa. Es decir, que un 41 por ciento de la población de la cárcel ya contrajo el virus. 

Domingo Velázquez* vive un doble aislamiento: preso y sin derecho a tener visitas. Además su familia está en otra ciudad y no han podido hacerle llegar útiles de aseo. Preocupados por la situación tanto de él como de los demás presos del penal, le preguntamos: ¿Cómo se encuentra la situación actualmente para ustedes dentro de la cárcel? A lo que respondió: “La verdad es que no sabemos quiénes están contagiados hasta el día de hoy. Todos los días hay nuevos contagiados y a muchos no les han hecho la prueba. Así que no sirve de nada que le hagan la prueba a algunos y otros no, porque luego los vuelven a juntar en el mismo patio. No tiene lógica”.

El pasado 24 de abril en la gobernación del Meta, ciudad de Villavicencio, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad con representantes del Ministerio de Justicia, también hizo presencia el director general del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), General Norberto Mujica y una representante de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Esta última funcionaria informó que se colocaría una carpa medicalizada al interior del centro penitenciario de Villavicencio, es por ello que le preguntamos a Domingo: la carpa de aislamiento que dicen que fue instalada, ¿está funcionando?

“Mira, en este momento estamos así: durmiendo todos juntos, somos demasiados en cada celda. Los útiles de aseo no los dan y las carpas no las hemos visto funcionar. Nos llegó un rumor que los que no teníamos el Covid-19 nos iban a trasladar a la ciudad vecina de Acacias. Pero seguimos esperando y pues, ¿cómo estamos haciendo? pegados a Dios para que no pase nada”, concluyó el recluso que se encuentra en el tercer foco de contagio en el país, después de la ciudad de Bogotá y el departamento del Valle del Cauca. Con una diferencia, el foco allí queda reducido a cientos de metros cuadrados, es decir, el tercer foco en cantidad de contagiados pero el primero por riesgo de contagio y de muerte.

Un decreto insuficiente

El 14 de abril de manera tardía el gobierno nacional expidió el decreto 546 de 2020 que pretendía deshacinar los penales por medio del traslado de los presos a sus lugares de vivienda y así evitar un contagio masivo adentro de las prisiones. Los cálculos iniciales indicaban que saldrían 5.000 mil presos pero hasta la fecha solo han salido 268 entre hombres y mujeres de los centros penitenciarios.

Un decreto insuficiente que no ha podido proteger los derechos básicos de la población carcelaria que han denunciando por medio de cacerolazos, desobediencias y huelgas de hambre los altos niveles de hacinamiento, la falta de un servicio continuo de agua potable, el desabastecimiento de elementos de aseo, la precariedad de la atención médica  y la falta de alimentación adecuada, condiciones agravadas por la llegada y contagio confirmado del virus Covid–19.

Es por eso que, además de las distintas denuncias, habeas corpus y tutelas realizadas y presentadas por diversas personas, al igual que por académicos, abolicionistas y la sociedad civil, se le suma la última realizada por el senador de la república Iván Cepeda Castro y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –Cspp–, en la cual solicitan medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh–,  en favor de las personas privadas de la libertad en 10 centros penitenciarios y carcelarios de Colombia.

Estamos, sin duda, ante un decreto, el 546 de 2020, insuficiente, el mismo que dio espacio al director del Inpec, general Norberto Mujica, para autorizar el traslado de presos contagiados de la cárcel de Villavicencio hacia otros centros penitenciarios. Ahora las cárceles de Las Heliconias en Florencia (Caquetá), Leticia (Amazonas), Guaduas (Cundinamarca), La Picota (Bogotá) y la Picaleña (Ibagué) han reportado casos positivos del virus, y entre estas las Heliconias ya suma 15, lo que asegura que el virus continuará en multiplicación, como lo evidencia Villavicencio.

SOS cárceles

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado enumerando la violencia ocurrida recientemente en al menos tres cárceles latinoamericanas, incluida la cárcel La Modelo en Bogotá donde cayeron muertos 23 presos, y otros 80 quedaron lesionados, después de que la guardia actuara a mansalva ante un cacerolazo organizado por los presos para exigir medidas drásticas para proteger su salud y vida, al momento de empezar el simulacro de cuarentena en la capital colombiana.

Rupert Colville, portavoz de la oficina, señaló en el comunicado que los países deben prevenir el contagio de coronavirus en las cárceles promoviendo medidas sanitarias y asegurando la realización de pruebas y acceso a cuidado médico para los presos. Las condiciones en las cárceles y el trato a los presos deberían ser monitoreados regularmente por organismos independientes.

Deshacinar las cárceles de Colombia para evitar un genocidio carcelario, como lo han denominado expertos en criminología y académicos internacionales y nacionales, todavía es posible. Por ejemplo, Estados Unidos, con una tradición punitiva extrema autorizó excarcelaciones masivas en distintas cárceles, solo por mencionar un ejemplo:

En California, que había autorizado 3.500 prisiones domiciliares o excarcelaciones, esta semana permitió el traslado de más internos, 5.000 sólo en Los Ángeles, según informó públicamente el Defensor Oficial del Condado, Ricardo García. La medida benefició a presos en edad de riesgo y de baja peligrosidad. Los Ángeles tenía 17.000 presos tras barrotes y ahora bajó a menos de 12.000.

Asimismo, el gobierno de Turquía, famoso por su autoritarismo, permitió el traslado del 30 por ciento de los prisioneros para prevenir el contagio con Covid-19. Pasaron 90.000 presos del régimen de prisión intramuros a arresto domiciliario durante el tiempo que dure la pandemia.

Entretanto, en Colombia la voluntad política necesaria para darle curso a una medida de estas brilla por su ausencia. Una realidad más que contradictoria, como si el virus que ingresa a las cárceles no fuera a salir de allí, como si los presos no tuvieran derecho a la vida, como si la multiplicación del mismo no fuera a afectar a quienes viven por fuera del penal. Sin duda, juegan con la salud y la vida de todos y todas, no solo los detenidos sino el conjunto social.

Una realidad que tiene que dejar de predominar. Es urgente descongestionar las cárceles y las estaciones de policía en toda Colombia, lugares donde se encuentran privados de la libertad al menos 123 mil personas, 38 por ciento de las cuales aún no han sido condenadas y mantiene intacto su estado de inocencia. Son personas, que según distintos conceptos de la Corte Constitucional y la normatividad internacional vigente tendrían derecho a estar en sus casas bajo arresto domiciliario.

Como se recordará, la vida en dignidad es el principal derecho de todo ser humano, y es evidente que el Gobierno de los ricos no lo garantiza.

Vea en el siguiente enlace el especial de desdeabajo sobre lo sucedido en torno a la población carcelaria desde que empezó la pandemia del coronavirus:
https://www.desdeabajo.info/component/k2/item/39331-para-toda-la-poblacion-carcelaria-prision-domiciliaria-transitoria-ya.html

*Nombre cambiado a petición de la fuente

Artículos consultados para la realización del artículo leído:

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/05/nota/7832946/onu-alerta-sobre-deterioro-condiciones-carceles-latinoamerica-plena?&utm_source=email&utm_medium=social-media&utm_campaign=addtoany

https://theconversation.com/turkey-releasing-murderers-but-not-political-opponents-from-prison-amid-coronavirus-pandemic-136466

https://www.minjusticia.gov.co/Noticias/minjusticia-expone-situaci243n-penitenciaria-y-carcelaria-en-consejo-de-seguridad-del-meta

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2020-268-presos-ya-recibieron-prision-domiciliaria

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“Presidente Duque, los que van a morir te saludan”.

El 14 de abril de 2020, en medio de un panorama desolador y de desesperanza, fue expedido el Decreto No. 546 de 2020 por el Gobierno, con el cual se adoptaron medidas transitorias para que a algunas personas privadas de la libertad se les sustituyera la pena y detención preventiva por prisión y detención domiciliaria. Pero para ese entonces, los diferentes sitios de reclusión del país ya resonaban en los noticieros y en los diarios por los diversos motines de algunas personas privadas de la libertad, quienes en medio de la impotencia y la desesperación no encontraban otras formas de llamar la atención de un Estado que siempre les había dado la espalda, y que aun conociendo sus condiciones no se había pronunciado.

El 22 de marzo del año en curso, a causa de la reacción a las protestas murieron al menos 23 personas en Bogotá, y hubo varias personas heridas en otros lugares del país, y a la fecha las protestas pacíficas continúan, a través de mensajes como, por ejemplo, “Presidente Duque los que van a morir te saludan”. En Colombia, desde 1998 se decretó un estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria, y el panorama que se tenía para ese entonces no ha mejorado, sino que a 2020, sin duda alguna ha empeorado. La Corte Constitucional incluso ha afirmado en reiteradas ocasiones que la gravedad de la vulneración sistemática de derechos que se presenta en los establecimientos de reclusión, es tal que no se respetan siquiera algunos mínimos asegurables para “vivir libre de humillaciones” en las cárceles colombianas, esto lo retrata una parte de la sentencia T - 762 de 2015: “se probó que la situación de salud se agrava porque el hacinamiento propicia riesgos epidemiológicos y de enfermedades para los reclusos que inician el periodo de privación de la libertad en buen estado de salud. Como se explicó en la sentencia T-388 de 2013, esa situación es propiciada, permitida y tolerada por el Estado, lo que agrava la vulneración de los derechos y la crisis humanitaria en las prisiones”.

Es por esto que, si bien nadie pronosticaba la crisis que vivimos hoy, generada por el Covid-19, sí se anunciaba el genocidio carcelario, como lo han llamado los académicos, al cual se ven sometidas las personas privadas de la libertad. En el Decreto 546 de 2020, la lista de los que no pueden acceder al beneficio es extensa y serán pocos los que lograrán escapar de un foco de contagio que en estos establecimientos será catastrófico, si nos fijamos en las tasas de hacinamiento (para que no hubiera hacinamiento se requeriría que salieran de prisión 40.000 personas y se estima que con el decreto sólo irán a domiciliaria unas 1.000). Al día de hoy se han presentado de acuerdo con el Ministerio de Salud: “12 casos registrados en el departamento de Amazonas, en Villavicencio han sido diagnosticadas, con COVID-19, más de 100 personas entre internos, guardianes y auxiliares. En la cárcel La Picota se reportan cinco internos que presentan el virus. Mientras tanto, se registra un caso en las Heliconias en Florencia (Caquetá) y otro en Guaduas (Cundinamarca). Además, se han registrado tres muertes relacionadas por coronavirus, de personas privadas de la libertad, mientras que un interno falleció pocos días después de haber quedado libre” (Recuperado de https://www.lafm.com.co/colombia/cinco-carceles-de-colombia-tienen-contagio-de-coronavirus el 24/04/2020).

Las medidas adoptadas por el Decreto No. 546 de 2020 se establecieron por un término de seis meses, es decir, no son medidas definitivas y estas personas deberán continuar cumpliendo su detención preventiva o pena como había sido establecido antes de la pandemia; razón por la cual se hace necesario hacer un llamado a los jueces a realizar un control difuso de constitucionalidad e inaplicar algunas de las exclusiones allí consagradas, por considerarse excesivas y contrarias a la Constitución, entendiendo que son violatorias de derechos humanos y fundamentales por cuanto las personas en prisión no cuentan con acceso a agua potable, insumos para protegerse del virus, ni la infraestructura para evitar su propagación, poniendo en riesgo tanto a los reclusos, como a los guardias y aquellos que necesariamente ingresan a estos centros.

Hemos conocido de la interposición de siete tutelas (los formatos para presentarlas se pueden obtener en este link:https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39416-tutela-para-solicitar-casa-por-carcel-para-personas-condenadas-por-cualquier-delito-que-se-encuentren-privadas-de-la-libertad-con-medida-intramural-por-cualquier-delito-que-no-entre-en-los-requisitos-del-decreto-expedido-por-el-gobierno.html) que piden esto, en todas ellas se solicitaba como medida provisional la prisión la prisión domiciliaria y en todas fue negada, desconociendo el peligro real que corre la vida de estas personas, y no dejando muchas esperanzas acerca de que vaya a ser concedido el amparo constitucional.

Este control constitucional sólo tendrá efecto en el caso concreto y permitirá que más personas, cumpliendo con otras condiciones, puedan acceder a este beneficio y desde la casa cumplan con las medidas necesarias para su cuidado y el de la sociedad. Además el confinamiento, el control del Inpec, la posibilidad de usar vigilancia electrónica y el control policial a las medidas de aislamiento social en el país, podrán asegurar el orden público, por lo que esto no puede ser un argumento para apelar a la aplicación literal del decreto.

Consideremos esta hipótesis: usted es Guillermo, sufre de hipertensión y diabetes y se encuentra detenido en una estación de policía por tráfico de estupefacientes (dicen que vendía drogas porque lo detuvieron con 10 papeletas de bazuco). Se ha enterado de la llegada del coronavirus y sabe que hace parte de la población de alto riesgo, teniendo altas probabilidades de morir, lo que ha hecho que esté más estresado y preocupado que antes. En su diario vivir, debido al hacinamiento en la estación, ya lidia con estar las 24 horas encerrado en una celda de donde cada persona cuenta con 40 cm² de baldosa para tratar de estar de pie, y en donde solo hay 2 baños que no funcionan bien, ni tienen agua corriente, soportando altas temperaturas por falta de ventilación. Pasa 18 horas sin comer hasta que por fin llega la comida podrida con agua que no es potable. No cuenta con jabón y mucho menos con gel antibacterial para estar lavándose las manos todo el día como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. No hay cómo lavar la ropa.. Sumado a todo esto, le es imposible dormir, no hay espacio suficiente y le toca esperar un turno para que otro se levante y pueda descansar en el piso, por tan solo 2 horas o menos. Hace muchos domingos (la primera y casi única medida tomada por el gobierno ante el COVID en las prisiones fue suspender todas las visitas) no ve a su familia, no sabe si se encuentran bien y ellos tampoco saben de él. Tiene miedo, ansiedad, ha pensado en quitarse la vida, su presión no ha estado bien un solo día y tampoco hay medicamentos para su tratamiento y mucho menos atención médica.

Muchos y muchas, al igual que Guillermo, han entrado en pánico. Si bien tienen enfermedades graves o son personas mayores de 60 años, no podrán ser beneficiarios de la prisión domiciliaria porque su delito está en la extensa lista de exclusiones del decreto y saben que en las condiciones en que se encuentran solo les espera morir. Día a día se levantan pensando en cuándo llegará el virus al centro de reclusión, en dónde los meterán cuando se contagien, y en cómo pasarán los pocos días de vida que probablemente les quedan.

En el centro de reclusión el distanciamiento obligatorio es imposible. Hay tantas personas que no podrían estar ni siquiera a 10 cm de distancia. El uso del tapabocas (que tampoco se ha suministrado en cantidades adecuadas) sumado a las “recomendaciones” que les dan, sólo dan la impresión de que se hace algo. Es imposible no contagiarse, y no solo del coronavirus, pues otras enfermedades amenazan con matarlos, sin que tengan lo mínimo ni básico para sobrevivir.

Como Guillermo, un sinnúmero de personas presas luego de ser contagiadas empeorarán en cuestión de días, entrando en estado crítico, contagiando al resto de personas recluidas, al personal de guardia, y a quienes entran y salen: Policías, INPEC, proveedores, etc. Finalmente los enfermos serán todos, y las personas muertas muchas.

Lo único que podrán tener las familias, es recibir una llamada o un correo electrónico con la noticia de la muerte de sus familiares, pero no podrán despedirse ya que no es posible entregar los cuerpos contagiados por el virus. Para estas familias no murió un recluso, murió un padre o una madre, abuelo/a, hijo/a o hermano/a y pensarán que si el Estado y las autoridades hubieran cumplido su deber la historia sería completamente diferente.

A las juezas y a los jueces colombianos, todos ellos y ellas con poder de efectuar control de constitucionalidad difuso sobre la ley, les queremos recordar que también la legalidad formal dice que la vida es el derecho más importante, y que acudir al argumento del principio de legalidad para negar su protección, como en otras épocas de la historia, puede traer resultados horrendos.

Así, Hanna Arendt, en su libro El juicio contra Eichmann en Jerusalén, narra cómo este teniente coronel del Servicio Secreto Alemán (SS) y sujeto activo de la orden implícita en la “solución final” durante la Segunda Guerra Mundial, expuso como defensa que estos crímenes estaban amparados en el cumplimiento de la Ley:

“Eichmann, mucho menos inteligente y prácticamente carente de educación, vislumbraba, por lo menos, de un modo vago, que no fue una orden sino una ley lo que los estaba convirtiendo a todos en criminales. […] Esta es también la razón en cuya virtud la orden dada por el Führer de que se llevara a cabo la “solución final” fue seguida por un diluvio de reglamentos y ordenanzas, documentos todos redactados por expertos juristas y no por funcionarios administrativos, la orden de Hitler, a diferencia de las órdenes corrientes, recibió el tratamiento propio de una ley. No es necesario añadir que los consecuentes formalismos jurídicos, lejos de ser una simple manifestación de pedantería o perfeccionismo alemán, cumplieron muy eficazmente la función externa de dar apariencia de legalidad a la situación existente. (Arendt, 2013, p. 219).

Por Semillero de Estudios Dogmáticos y Sistema Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia / .

Colectivo abolicionista contra el castigo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Cárceles de Colombia en pandemia interna por coronavirus

Con 74 contagiados por covid-19, según Minjusticia, y 89 según la alcaldía de Villavicencio, y dos muertos por igual motivo, la cárcel de Villavicencio se convierte en un potencial foco de muerte, multiplicado por un hacinamiento del 98,7 por ciento: el penal fue construido para encerrar 899 personas y al momento concentra 1.796.

 A un mes del aterrador y cruel asesinato de 22 presos en la cárcel La Modelo en Bogotá y más de 80 heridos, por reclamar a través de protesta directa por sus derechos a la salud y la vida, tiempo que también suma la declaración de emergencia carcelaria por parte de la Minjusticia, y a 10 días de la expedición del decreto 546 con el cual el Gobierno dice proteger la salud y vida de las miles de personas presas, nada de lo pretendido se ha cumplido, la crisis en que vive la cárcel de Villavicencio así lo comprueba, como la tensión que reina al interior de los centros de reclusión donde quienes los padecen ven con alarma como el virus empieza a regarse por esos sitios de venganza y muerte.

Para no llegar a esta situación, decenas de plataformas defensoras de derechos humanos y medios de comunicación alternativos advirtieron que el deshacinamiento tenía que ser una medida inmediata. Pero por falta de voluntad política del gobierno central, desde su cabeza pasando por la Ministra de Justicia, así como por la dirección del Inpec, la situación al interior de los penales pasa de castaño a oscuro. La evidencia es la cárcel de Villavicencio donde a tomado cuerpo una epidemia de covid-19, con datos más que alarmantes: según la Minjusticia, 74 contagiados –20 guardias entre ellos–, cifra que la alcaldía local incrementa incluso hasta 89, además de dos muertos declarados por igual causa. El castigo no puede significar la muerte, ni la zozobra diaria por “qué será de mi vida”; angustia extendida a los familiares de las personas presas. Ante una clara violación de los derechos humanos de todas estas personas, el gobierno nacional no puede negarse a cerrar este centro de muerte por temor a que los “peligrosos delincuentes” allí recluidos pasen a otros sitios para continuar cumpliendo con sus penas, pues acá de lo que se trata es de garantizar la vida de cientos y miles de seres humanos.

Un riesgo de infección y muerte que seguirá en creciente, ya que como informó el medio independiente “El cuarto mosquetero”: “24 de (los infectados se) encargaban de hacer la comida para todos los internos, por lo que se teme que el número de contagiados aumente drásticamente”. Realidad multiplicada por la inacción gubernamental al no aplicar pruebas a todos los internos allí hacinados. Penal que alberga un 98,7 por ciento de hacinamiento: fue edificado para encerrar 899 presos y actualmente amontona 1.786, es decir carga con una sobrepoblación de 887 personas, según estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)

La negligencia del Estado manejando la pandemia del coronavirus llevó a que decenas de docentes e investigadores en los ámbitos del Derecho Penal, la Criminología y la política criminal, tanto de instituciones internacionales como de diversas instituciones de educación superior del país, de estudiosos independientes o de profesionales vinculados con el servicio de la Justicia, pero, sobretodo, como seres humanos, se manifestaran en contra del Decreto 546 de 2020 y en pro de la mejora real de las condiciones de privación de la libertad para los reclusos y el personal penitenciario afectados por el coronavirus, declarando la actuación del Estado como propiciatoria de un “genocidio carcelario”.

A pesar de que familiares y presos confinados en distintas cárceles hayan realizado huelgas de hambre y protestas pacíficas, como la llevada a cabo el pasado 6 de abril, con cacerolazos, desobediencias y huelgas de hambre en un total de 24 cárceles, el gobierno ha hecho y sigue haciendo caso omiso ante las demandas de los condenados y sindicados. Protestas que prosiguen: el 22 de abril, en la cárcel La Picota de Bogotá, familiares de internos se reunieron para acompañar la protesta que llevan a cabo los internos desde el 20 de abril, exigiendo una mesa de interlocución con presidencia y excarcelación humanitaria. Igual sucedió en la cárcel de la ciudad de Cúcuta.

Ante la prepotencia oficial, la sociedad civil se ha organizado en pro de los derechos fundamentales de los presos, elaborando formatos de tutelas para que todas las personas condenadas y sindicadas interpongan ante los jueves la solicitud de detención domiciliaria transitoria, al menos mientras dure la pandemia.

Mientras protestas, alegatos jurídicos, derechos de tutela y otros recursos y medios de resistencia prosiguen su curso, la solución política y humanitaria que demanda esta situación es el cierre inmediato de la cárcel de Villavicencio, y el traslado de los allí recluidos a lugares donde puedan vivir una cuarentena en condiciones dignas. Trasladarlos a otros penales es regar la epidemia por todo el país, hasta convertirse en pandemia.

Deshacinar, entre tanto, también es obligatorio, y debe actuarse por todo el país, para lo cual los sindicados, que son personas acusadas de algún delito pero sin haber sido vencidas en juicio, deben salir de estos centros del horror y ser trasladados a sus sitios de vivienda, perdiendo el derecho a la movilidad pero nada más.

La vida, en dignidad, es el principal derecho de todo ser humano, y es evidente que el Gobierno de los ricos no lo garantiza.

Obtenga el formato de todas estás tutelas y el manifiesto anotado en el artículo aquí:

Acción de tutela en favor de todas las personas condenadas

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39416-tutela-para-solicitar-casa-por-carcel-para-personas-condenadas-por-cualquier-delito-que-se-encuentren-privadas-de-la-libertad-con-medida-intramural-por-cualquier-delito-que-no-entre-en-los-requisitos-del-decreto-expedido-por-el-gobierno.html

Rumbo a un genocidio carcelario

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39422-rumbo-a-un-genocidio-carcelario.html

Acción de tutela a favor de todas las personas sindicadas

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39415-tutela-para-solicitar-casa-por-carcel-formato-para-personas-sindicadas-privadas-de-la-libertad-por-cualquier-delito-que-no-entre-en-los-requisitos-del-decreto-expedido-por-el-gobierno.html

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Miércoles, 22 Abril 2020 09:53

Rumbo a un genocidio carcelario

Rumbo a un genocidio carcelario

Manifiesto en contra del Decreto 546 de 2020 y en pro de la mejora real de las condiciones de privación de la libertad para los reclusos y el personal penitenciario afectados por el Coronavirus.

 (TEXTO DEFINITIVO)

 

Quienes suscribimos esta declaración, en nuestra condición de docentes e investigadores en los ámbitos del derecho penal, la criminología y la política criminal en diversas instituciones de educación superior del país, de estudiosos independientes o de profesionales vinculados con el servicio de la Justicia, pero, sobre todo, como seres humanos,

 

Manifestamos:

 

PRIMERO: Que es necesario expresar nuestro repudio a la actitud indolente del Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación frente a la población carcelaria y a los trabajadores vinculados al sector penitenciario del país, hoy gravemente afectados como consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19 que azota a toda la humanidad.

SEGUNDO: Que nos indigna la pantomima y el sórdido espectáculo que esos entes han montado frente a esta situación de riesgo excepcional, exhibiendo una supuesta preocupación por las personas privadas de la libertad pero demostrando, con todos sus actos, absoluta indiferencia para con la suerte que puedan correr la vida, la salud y la dignidad de esta población. Una mirada al Decreto 546 del 2020, a través del cual se prometía resolver la crisis de salud pública que comienza a azotar los centros carcelarios y penitenciarios, demuestra su total inutilidad e ineficacia.

TERCERO: Que el texto referido describe con suficientes razones la gravedad de las circunstancias que determinan la emergencia carcelaria y enumera los derechos humanos que se encuentran amenazados. Además, él detalla las condiciones de reclusión que no pueden ser más alarmantes, cuando advierte que el confinamiento y el hacinamiento “convierten a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa del coronavirus COVID-19, que puede poner en riesgo la salud y la vida de todas las personas que interactúan en dicho entorno”, debido a la absoluta imposibilidad de implantar –en las actuales condiciones– las medidas esenciales para prevención del contagio en la mayoría de los casos.

CUARTO: Que en ese contexto las circunstancias que ameritan la sustitución de la pena y la detención –que es también sustancialmente una pena anticipada– intramurales, por la privación de la libertad en el domicilio, están plenamente justificadas –enfermedades preexistentes, discapacidades, y mujeres en embarazo o de parto reciente–; y, además que el número de las personas recluidas no puede sobrepasar conforme al espacio disponible en donde están privados de la libertad, al número que recomiendan en espacios cerrados las medidas sanitarias, por cuanto corresponden a los casos de riesgo real de muerte en el evento de contraer Coronavirus, según la opinión calificada y reiterada de la Organización Mundial de la Salud, los informes institucionales y los múltiples estudios científicos sobre la pandemia.

QUINTO: Que después de todo este discurso, es inaceptable que el Decreto termine por vincular tantas excepciones para acceder a la reclusión domiciliaria, que lo hacen inútil e ineficaz para el propósito que lo informa. Además, todas ellas discriminatorias, populistas y, por ende, ilegítimas. De esta forma, se da la apariencia de que el gobierno se ocupó del conflicto, que tuvo sensibilidad respecto del mismo, que salvaguardó los derechos humanos en riesgo y dio una solución salomónica, esto es, justa, necesaria, proporcional y humana, cuando en realidad todo es una grosera mentira inscrita en lo que se conoce como el uso simbólico del Derecho.

SEXTO: Que todas esas barreras impuestas a la medida extramural son ilegítimas, porque los derechos a la vida y a la salud no puedan ser afectados ni puestos en peligro por el Estado, porque ni la pena ni la detención preventiva autorizan su limitación y, mucho menos, su sacrificio. Por tanto, omitir su debida protección es una extralimitación al ejercicio de la privación de la libertad, aniquilando con ello la legalidad, la humanidad y la proporcionalidad, que son sus requisitos constitucionales de legitimidad, máxime si con ello se profundiza el gravísimo estado de cosas inconstitucional en las prisiones colombianas ya declarado –en forma reiterada– por la Corte Constitucional.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, obligar a cualquier persona a encarar el peligro para la vida, real y cierto, en las condiciones actuales, significa someterla a situaciones equiparables a una pena de muerte. Se produciría, pues, un verdadero genocidio carcelario como lo advirtió estos días el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni; y, también, se confirmaría la admonición del jurista italiano Luigi Ferrajoli, cuando expresa que los castigos, por irrogar dolores excesivos y despóticos, conllevan muchas más injusticias que los delitos cometidos.

Exigimos:

 

PRIMERO: Que, en desarrollo de las precisas facultades constitucionales previstas en el artículo 215 se modifique –a la mayor brevedad– el Decreto 546 de 2020 para derogar todas las barreras que impiden el acceso efectivo a la reclusión domiciliaria y segaranticen de forma real y efectiva la salud y la vida tanto de la población carcelaria como de los trabajadores del sector penitenciario.

SEGUNDO: Que, en uso de esas mismas potestades constitucionales, se adopten protocolos y medidas urgentes, reales y serias, concertados con todas las partes involucradas (en especial reclusos y personal penitenciario) encaminados a introducir herramientas que –de verdad– sirvan para garantizar la vida de quienes deban permanecer en reclusión, incluidos todos sus custodios.

TERCERO: Que toda la sociedad civil y los medios de comunicación social, en especial estamentos como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las universidades, las iglesias y todos los organismos nacionales e internacionales encargados de velar por el respeto y la preservación de los derechos humanos, se pronuncien en frente a esta tragedia que embarga a las prisiones colombianas y acompañen nuestros respetuosos pedimentos,

Como consecuencia de lo anterior, nos suscribimos hoy 21 de abril de 2020:

 

Adherentes internacionales

Luigi Ferrajoli

Filósofo del Derecho.

José Hurtado Pozo

Profesor Emérito Universidad de Fribourg, Suiza.

Perfecto Andrés Ibáñez

Magistrado Jubilado, Tribunal Supremo Español.

Eugenio Raúl Zaffaroni

Profesor y tratadista de Derecho Penal.

Boaventura de Sousa Santos

Sociólogo e investigador,

Catedrático Jubilado de la Universidad de Coimbra, Portugal.

 

Miguel Ontiveros Alonso.

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.

José Luis González Cussac

Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Valencia, España.

Andrea Planchadell Gargallo

Catedrática de Derecho Procesal, España.

 

Ana Gabriela Braga

Profa. Universidade Estadual Paulista- UNESP, Brasil.

 

Juan Manuel Alcoceba Gil

Docente Universidad Carlos III de Madrid, España.

 

José R. Agustina

Universidad Internacional de Catalunya, España.

José Luis Guzmán Dalbora

Profesor de Derecho Penal, Chile.

 

Rodolfo Félix Cárdenas

Catedrático de Derecho Procesal Penal, Escuela Libre de Derecho

Miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

 

Iván Meini Méndez

Profesor Principal de Derecho Penal de la PUCP, Perú.

 

Juana del Carpio Delgado.

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

 

Eduardo Demetrio Crespo

Catedrático de Derecho Penal

Universidad de Castilla-La Mancha, España.

 

Javier Llobet Rodríguez

Profesor Jubilado Universidad de Costa Rica.

 

Mario Ramírez Orozco

Profesor universitario, Noruega.

 

Vincenzo Militello

Profesor Ordinario de Diritto Penale, Università di Palermo, Italia.

 

Fernando Miró Llinares

Catedrático de Derecho penal y Director de CRIMINA de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Fernando A. Fernandes

Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP), Brasil.

Iñaki Esparza Leibar

Catedrático de Derecho Procesal, Universidad de San Sebastián España.

Héctor Claudio Silveira Gorski

Profesor de la Universidad de Barcelona, España.

Pastora García Álvarez.

Profesora titular de Derecho penal, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

María del Valle Sierra López.

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Víctor M. Macías Caro

Profesor Ayudante, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Rosmari Moreno Acevedo.

Profesora de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Alejandro Rodolfo Cilleruelo

Doctor en Derecho Penal.

Director Especialización en Derecho Penal, Universidad del Salvador, Argentina.

Nahuel Alberto Felicetti

Docente investigador en el Instituto de Investigación de la Universidad del Salvador, Argentina.

Agustín López Resano

Investigador del Instituto de Investigaciones de la USAL (Argentina).

Gabriel Raúl Bustos

Secretario de Juzgado Penal de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Raúl García

Investigador Penalista y Periodista.

Director de la Revista MATICES y Consultor Despacho Valores Jurídicos., México.

 

José Martín Ostos

Catedrático de Derecho Procesal, España.

David Sánchez Rubio

Profesor de Filosofía del Derecho, Universidad de Sevilla, España.

Manuel Vidaurri Aréchiga

Miembro Academia Mexicana de Ciencias Penales, México.

Martín Alexander Martínez Osorio

La Universidad del Salvador, Argentina.

Alejandro de Pablo Serrano

Profesor ayudante doctor. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Germán Venegas Díaz.

Profesor de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, España.

Viviana Caruso Fontán.

Profesora contratada doctora. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Amalia Calderón Lozano.

Profesora de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Carmen López Peregrín

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Laura Zúñiga Rodríguez.

Catedrática derecho penal, Universidad de Salamanca, España.

Julio Ballesteros Sánchez

Doctor e investigador en derecho penal, Universidad de Salamanca, España.

Ignacio González Sánchez.

Profesor de la Universitat de Girona, España.

Ezequiel María Ercole

Abogado penalista e investigador, Instituto de Investigaciones de la Universidad del Salvador (Argentina).

Miguel Díaz y García Conlledo

Catedrático de Derecho penal, Universidad de León, España.

 

Esther Pomares Cintas

Profesora titular de Derecho penal, España.

Inés Olaizola Nogales.

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra.

Guillermo Portilla Contreras

Catedrático Universidad de Jaén, España.

John Vervaele

Profesor de la Universidad de Utrecht, Holanda.

José Luis Díez Ripollés

Catedrático de la Universidad de Málaga, España.

Juan Luis Gómez Colomer

Investigador jurídico.

Iñaki Rivera Beiras

Director OSPDH, Barcelona, España.

José Manuel Paredes Castañón

Catedrático de la Universidad de Oviedo, España.

Massimo Donini

Profesor de Derecho penal, Universitá degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia.

Pilar Martin Rios

Profesora titular, Universidad de Sevilla, España.

Paz Francés Lecumberri

Universidad Pública de Navarra, España.

 

Adherentes nacionales 

 

Jaime Sandoval Fernández

Profesor Universidad del Norte.

Ricardo Molina López

Profesor Universidad de los Andes.

Ricardo Posada Maya

Profesor Universidad de los Andes.

Armando Luis Calle Calderón

Profesor Universidad de Antioquia.

Diego Araque Moreno

Profesor Universidad de Medellín.

Luis Eduardo Agudelo Suárez

Profesor Unaula.

Juan Carlos Álvarez Álvarez

Universidad Eafit.

Bladimir Ramírez Valencia

Universidad de Antioquia.

Cesar Alejandro Osorio

Penalista y criminólogo.

Jesús Antonio Muñoz Gómez

Criminólogo.

Emiro Cáceres González

Doctorando (Universidad de Salamanca).

Yennesit Palacios Valencia

Docente en derechos humanos.

Julio Darío Vélez López

Profesor de Derecho penal, Universidad Pontificia Bolivariana.

Carlos Jaime Taborda Tamayo

Juez 15 Penal del Circuito de Medellín.

Juan Ignacio Palacio Naranjo

Abogado penalista.

César Augusto Otálvaro Sánchez

Abogado penalista.

 

Luis Fernando Vélez Gutiérrez

Abogado penalista.

Plinio Posada Echavarría

Abogado penalista.

Alfonso Cadavid Quintero

Profesor Universidad Eafit.

Francisco Javier Tamayo Patiño

Profesor Universidad de Antioquia.

 

Fernando Velásquez Velásquez

Abogado penalista/columnista.

 

Juan Oberto Sotomayor Acosta

Profesor Universidad Eafit.

C. Estanislao Escalante Barreto

Profesor Universidad Nacional de Colombia.

Bryan Benavides Herrera

Universidad Tecnológica de Bolívar.

Yani Vallejo Duque

Universidad San Buenaventura.

 

Alfonso Insuasty Rodríguez

Universidad San Buenaventura.

 

Juan Fernando Gutiérrez Márquez

Universidad de Antioquia.

 

Juan Carlos Cantillo Arcón

Investigador (Universidad De León).

 

John E. Zuluaga Taborda

Investigador en Derecho penal y justicia transicional.

 

Ricardo Echavarría Ramírez

Universidad Eafit.

Adriana Villegas Arango

Abogada penalista y profesora universitaria.

Einarco Morales Carpio

Profesor universitario y abogado penalista.

Guillermo Arismendy Díaz

Abogado penalista.

José Fernando Botero Bernal

Profesor de Derecho Penal.

 

Edilberto Vanegas Holguín

Académico y abogado penalista.

Guillermo José Ospina López

Profesor UAC-Popayán.

 

Albeiro Pulgarín Cardona

Constitucionalista.

           

Rubén Darío Triana S.

Abogado litigante.

Alejandro Decastro González

Abogado penalista.

 Mario Nicolás Cadavid

Profesor de Derecho penal.

 Darío Encinales Arana

Abogado penalista.

Sandra Urrea Orlas

Abogada penalista.

Ligia María Vargas Mendoza.

Profesora Universidad de Los Andes.

 Luis Bernardo Ruiz Jaramillo

Profesor Universidad de Antioquia.

 Gabriel Fernando Roldán Restrepo.

Juez Penal del Circuito, Medellín.

Andrés Botero Bernal

Profesor Universidad UIS

 Rubén Darío Acosta Ortiz

Director del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos CESJUL

Oscar Augusto Rincón Martínez

Abogado penalista U. de A.


 Geovana Andrea Vallejo Jiménez

Profesora Unaula.

Diana Patricia Arias Holguín

Profesora Universidad de Antioquia.

Karyn Lenis Sanín

Doctora en Derecho penal

Universidad de Sevilla (España).

 Blanca Inés Uribe Mesa

Traductora e intérprete judicial (Países Bajos).

William Fredy Pérez Toro

Profesor Universidad de Antioquia.

Gloria Liliana Pérez Gaitán

Abogada penalista.

 Oscar Manuel Bernal Guarín.

Abogado penalista y docente universitario.

 Nicolás Ortega Tamayo.

Abogado penalista y profesor.

 Gloria Patricia Lopera Mesa

PhD en Derecho, estudiante doctorado en historia, Florida International University

 David Enrique Valencia Mesa

Profesor Universidad de Antioquia

Marcela Gutiérrez Quevedo

Universidad Externado de Colombia.

 Esteban Vásquez Ortiz

Profesor Politécnico de Antioquia.

 Diana Paola Herrera Arroyave

Profesora Universidad de Antioquia.

Hernando Londoño Berrío

Profesor Universidad de Antioquia.

Juan Esteban Jaramillo

Profesor Universidad de Antioquia.

 

Carlos Hernán Ocampo G.

Docente y abogado penalista.

Susana Escobar Vélez

Universidad Eafit.

Orlando Mendoza Galeano

Abogado penalista.

Nicolás Süssmann Herrán

Abogado e investigador en el área penal.

Juan Carlos Trujillo Cabrera.

Penalista, investigador visitante Instituto Max Planck de Derecho Penal, Freiburg i. Br.

Roby Andrés Melo Arias

Profesor de Derecho Penal, Universidad del Tolima.

César Augusto López Londoño

Académico y abogado penalista en ejercicio.

Miguel Lamadrid Luengas

Profesor de Derecho penal; investigador

Germán Pabón Gómez

Profesor e investigador de Derecho Penal.

Ingrid Lorena Parrado Leal

Abogada penalista.

Walter Rivera

Abogado penalista.

 Diana Restrepo Rodríguez

Universidad San Buenaventura (Cali).

Juan Gonzalo Escobar Marulanda

Director Cátedra Unesco de Desarrollo Humano sostenible

Mauricio Martínez Sánchez

Profesor de Derecho penal y constitucional-criminólogo de la Universidad Nacional.

Julián Andrés Muñoz Tejada

Profesor Universidad de Antioquia.

Julio Alberto González Zapata

Profesor Universidad de Antioquia.

Álvaro Frías Cruz

Abogado penalista.

Gloria María Gallego García

Profesora de Filosofía del Derecho, Eafit.

Mario Andrés Vásquez Arredondo

Docente universitario y abogado litigante.

 

Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes

Doctorando en derecho, Universidad Sergio Arboleda.

Gabriel Ignacio Gómez

Profesor Universidad de Antioquia.

Julián Camilo Giraldo Naranjo

Profesor Universidad de Antioquia.

Estefanía Osorio Hernández

Universidad la Gran Colombia, Sede Armenia.

Luis Fernando Tocora López

Coordinador para Colombia de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología.

 

 

 

 

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Martes, 07 Abril 2020 06:31

Confinamiento: efectos colaterales

Confinamiento: efectos colaterales

Nada nos hace pensar que saldremos de ésta fortalecidos y solidarios. Más bien será el aturdimiento el que se imponga, y los impulsos más oscuros del “sálvese quien pueda”. Por supuesto que habrá excepciones: las redes comunitarias se reforzarán como una necesidad vital, la amistad se habrá puesto a prueba y, para algunos, saldrá fortalecida.

Álvaro Minguito

Juan Gorostidi

7 abr 2020 06:38

Tras tres semanas de confinamiento —en Italia cinco, en Wuhan once—, comienza a cristalizar en muchos la impresión de que esta experiencia compartida —pero no común; cada uno la vive en condiciones y desde bagajes bien diferentes—– marcará época. Quiero decir que, al haberla vivido en pandemia —todos afectados— y haber sido la primera experiencia socialmente traumática para los que ahora tienen entre 20 y 40 años —una franja de edad demasiado amplia, comparada con lo que eran las generaciones en el siglo XX—, en adelante se referirán a ella como un antes y un después; una prueba impuesta —no elegida, este es el dato determinante— que cambió las implícitas reglas de juego, que desbarató alianzas y “contratos sociales”, complicidades aparentemente sólidas; que deslindó territorios que quedarán como surcos indelebles; arrugas y muecas que costará interpretar a los que vengan después.

Cada generación ha vivido pasajes así: las verdaderas pruebas de realidad para ideales e ilusiones que se llevan por delante a muchos. Y los sobrevivientes no pueden evitar cierta sensación de supervivientes de naufragio con pérdidas irreparables. Para nuestros padres fue la guerra; para nosotros los años del fin del franquismo y la “transición”; para los que tenían cinco o seis años menos, la pandemia de la heroína… Después vino la caída del muro —¿qué fue aquello para los habitantes de Berlín Oriental, para los chechenos, para los habitantes de la antigua Yugoslavia…?—, la entrada en el nuevo siglo con el 11S y el 11M, etc. Algunos de los que ahora tienen alrededor de 40 pretenden que el 15M del 2011 fue su experiencia iniciática, pero esa insistencia me ha parecido a menudo sospechosa, forzada por quienes querían reivindicar su propio ‘mayo francés, checo, mexicano…’. No, me temo que éste es su verdadero mayo… y no tiene nada de glorioso —tampoco aquellos lo fueron tanto como muchos han pretendido a posteriori—.

En el confinamiento se produce un parón: “La economía entra en hibernación”, dicen los titulares. Pero, en realidad, es el espacio el que realmente se achica, como para los que tienen la experiencia del presidio, quienes vivieron impuestos confinamientos cuarteleros: experiencias que marcan un antes y un después, y que permiten cierto reconocimiento para los que las compartieron. Nadie las eligió —insisto en que esta característica es fundamental—. Dicen que el tiempo se detiene pero, en realidad, es el espacio el que se restringe y, por su efecto, el tiempo se dilata. He ahí la clave: esa vivencia del tiempo extenso que nos saca de la corriente de la vida cotidiana. Es una experiencia fundamental para los monjes, o para los que realizan retiros intensivos de meditación, por ejemplo: las actividades —los estímulos— se reducen ahí de forma drástica (no se habla, se renuncia a las conexiones audiovisuales o digitales, se sigue una rígida disciplina en horarios y “aburrimiento” de interminables sentadas sin hacer nada más que cultivar una atención que choca contra el muro de una mente-cuerpo indignados, sublevados ante semejante atropello…). Claro que uno puede adaptarse a ese ritmo hasta convertirlo en la nueva rutina —la rutina de la cárcel, la rutina del convento, más alienante aún que la de la calle— neutralizando así los potenciales de distorsión o de transformación de dichas disciplinas… pero ése es otro asunto.

Si no nos es posible vivir el confinamiento como “el tigre que cabalgamos”, puede resultar una experiencia muy amarga. Comentamos ya entre nosotros de los ataque de ansiedad, de las depresiones explícitas o latentes, de la caída de algunas máscaras en una convivencia demasiado intensa… asuntos que dejarán heridas indelebles. Las consultas psiquiátricas se colapsarán, los psicólogos no darán abasto, el consumo de drogas legales e ilegales se disparará… Aunque dicen que la violencia machista ha disminuido en datos de agresiones —hay una presión para la contención a cualquier precio—, todos contenemos la respiración ante la subida de la presión y el peligro de explosión. Y esto en los países ricos. ¿Qué rastro dejará en lugares donde los cadáveres se abandonan en las calles, donde la policía o el ejército intervendrán para tratar de evitar saqueos de una población acosada por el hambre, donde la guerra social será explícita con declaraciones de “estado de sitio” —“¡disparad contra los que no acaten las órdenes!, brama Durerte”—?

En el mejor de los casos, una sensación de irrealidad se irá apoderando de la gente y, cuando las autoridades permitan aflojar el confinamiento, una impresión de tierra quemada nos atravesará. Saldremos a la calle como zombis, obligados quizá a usar guantes y mascarillas, mirándonos como de vuelta de experiencias inconfesables, quizá porque no hubo ninguna experiencia, solo un aturdimiento tan vacío como amargo.

Una de las noticias para mí más significativas e inquietantes de estas semanas se produjo cuando los medios de comunicación de Euskadi hicieron públicos los datos de su encuesta focus, realizada en medio de la primera semana de confinamiento. En ella, como es habitual, se preguntaba a la gente sobre cómo vivían su presente y como preveían el futuro; sobre sus temores y expectativas. Y he ahí el dato: la franja de edad que más temía el contagio por el virus era la de los jóvenes: hasta un 93% estaba muy asustada, más que la de cualquier otro grupo de edad, aunque ellos fueran los menos vulnerables. No estaban tan asustados por el futuro, por la economía, etc. sino por la posible infección vírica —por supuesto, esta encuesta no se hizo a franjas sociales invisibles: emigrantes sin papeles o en situación precaria, etc.—. La gente que, por primera vez en su vida, se sentía abocada a un encierro no deseado frente a un “enemigo invisible” comenzaba a entrar en pánico —y era la primera semana de confinamiento—. La pregunta me resultó inevitable: “¿Estaría esta población —no solamente los jóvenes— dispuesta a renunciar a diversos grados de libertad si ése fuera el precio a pagar para conjurar la amenaza vírica —control estatal de variables vitales; de movimientos, de contactos, etc.—, siguiendo los modelos asiáticos como en parte el chino o el coreano del sur?”. La respuesta no me deja lugar a dudas, y por eso las autoridades ya hacen ajustes legales —aquí, a diferencia de los países asiáticos, hay leyes de privacidad de datos— para que cada vez más medidas de control social se impongan en nombre de la seguridad. “Los datos son el nuevo capital”, escuchábamos, y los gigantes de la recopilación y control de datos —Google, Facebook, Microsoft…— hace mucho que cotizaban al alza. La paradoja macabra es que hoy se reivindica a Bill Gates como al profeta que ya hace cinco años predijo la pandemia y denunció la falta de previsión de los gobiernos para predecirla; y creó la mayor fundación privada para la investigación sobre la vacuna. Huelga decir que las principales farmacéuticas se han apresurado a hacer donaciones a las “fundaciones altruistas” de Gates. Los siguientes capítulos de esta historia no son difíciles de predecir.

Estamos aturdidos por este golpe de realidad pandémica. A pesar de las declaraciones piadosas de intelectuales, clérigos o políticos bajo sospecha, nada nos hace pensar que saldremos de ésta fortalecidos y solidarios. Más bien será el aturdimiento el que se imponga, y los impulsos más oscuros del “sálvese quien pueda”. Por supuesto que habrá excepciones. Las pequeñas redes comunitarias se reforzarán como una necesidad vital; la amistad se habrá puesto a prueba y, para algunos, saldrá fortalecida. Caerán antiguos frentes y surgirán nuevas vinculaciones. El pasaje a la madurez de muchos jóvenes resultará ya insoslayable.

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Al menos 57 muertos en una cárcel del norte de Brasil

Se trata del episodio más violento en las cárceles del vecino país en lo que va del gobierno de Jair Bolsonaro: el anterior fue en mayo y dejó cincuenta y cinco víctimas en Manaus, capital de Amazonas.

 

Al menos cincuenta y siete presos fallecieron, diceciseis de ellos decapitados, tras la rebelión ocurrida en un reclusorio de Altamira, en el norteño estado de Pará. Se trata del episodio más violento en las cárceles de Brasil en lo que va del gobierno de Jair Bolsonaro: el anterior fue en mayo y dejó cincuenta y cinco víctimas en Manaus, capital de Amazonas.

Todo comenzó este lunes cerca de las siete de la mañana en el Centro de Recuperación de Altamira, sur paraense, en el extremo este de la Amazonia que desde hace algunos años se ha convertido en corredor de drogas colombianas destinadas al mercado europeo y campo de disputa de entre facciones.

Una nube de humo negro surgió poco después a desde el interior del Centro de Recuperación de Altamira donde miembros del Comando Clase A incendiaron un contenedor ocupado por sus rivales del Comando Vermelho, una de las organizaciones más antiguas del país formada hace décadas en las favelas de Río de Janeiro.

Los atacantes salieron del Pabellón A munidos con antorchas y cuchillas incautadas en la cocina del presidio, según las informaciones de la Superintendencia del Servicio Penitenciario paraense. Dos agentes penitenciarios fueron hechos rehenes y luego liberados.

Decenas de reclusos murieron asfixiados o calcinados en medio de los colchones en llamas dentro del contenedor de metal y concreto, al cual los peritos del Instituto Médico Legal sólo ingresarían a última hora de la tarde debido a la alta temperatura del material.

Un muro rodea al presidio frente al cual se reunieron las compañeras de los internos,las mismas que ya se habían movilizado en ese lugar hace dos meses para exigir la separación de las bandas a fin de impedir el enfrentamiento que finalmente ocurrió.

"Yo solo quiero la lista para saber si mi marido está vivo", gritaba la señora Rosángela da Costa ante los reporteros o cuando se acercaba algún vehículo oficial al portón de la cárcel.

El paso de ambulancias y camionetas del Instituto Médico Forense era permanente, y más tarde las autoridades anunciaron el envio de camiones refrigerados para trasladar los cadáveres hacia Belém, la capital estadual.

Cerca del mediodía, circuló un video de mala definición, donde unos hombres festejaban la carnicería pateando lo que al parecer eran las cabezas de sus enemigos.

Desde Brasilia el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, eludió hablar con los medios a los que distribuyó un comunicado burocrático sin anunciar un viaje al lugar de los hechos.

En la nota oficial se informó sobre la puesta en en alerta a la Fuerza Nacional de Seguridad y el traslado de los cabecillas de la revuelta a otros reclusorios.

El comunicado no hizo mención a la superpoblación del presidio que según el Consejo Nacional de Justicia albergaba a más de trescientos cuarenta internos cuando sólo puede alojar a ciento cuarenta y tres.

El exjuez de la causa Lava Jato y actual ministro de Jair Bolsonaro es autor de un proyecto de reforma del sistema de seguridad pública cuyas fundamentos conducen al incremento de la población carcelaria de un país con más de setecientos mil internos, la tercera más numerosa del mundo. El setenta por ciento de esas cárceles está superpoblada y un número importante presentan cuadros de hacinamiento, indicó el estudio del Consejo de Justicia.

Por la noche Amnistía Internacional señaló que la matanza es reflejo de cárceles "superpobladas" y un sistema de seguridad "agotado" .

La propuesta legislativa de Moro, inspirada en este concepto perimido citado por Amnistía, cuenta con el apoyo de la Bancada de la Bala, formada principalmente por policías además de miembros de otras fuerzas de seguridad como los agentes penitenciarios y el apenas disimulado respaldo de las "milicias" paramilitares.

El Comando Clase A, supuesto responsable de la mascre, es una organización que contaría con la presencia, o al menos la connivencia del paramilitarismo de Pará.

Una organización surgida al calor de la guerra por el control de los reclusorios, el tráfico de armas y drogas que le plantan cara a las mafias de proyección nacional como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, este último aparecido en San Pablo en los años 90.

El caso del Comando Clase A guarda semejanzas con la Familia del Norte, la banda formada en Manaus, desde donde mide fuerzas con el Primer Comando paulista y el Comando Vermelho Carioca.

La Familia estuvo envuelta en las rebeliones de Manaus en mayo y las de principios de 2017, también en esa capital, que inició una cadena de disturbios carcelarios amazónicos causantes de un centenar de muertos.

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Aislado y espiado, Assange sigue dando pelea

En un escrito judicial, Assange pide que la CIDH requiera a Estados Unidos que blanquee su intención de llevarlo a juicio. También reclama que el gobierno de Lenín Moreno deje de hostigarlo, castigarlo, vigilarlo y amenazarlo.

Solo, enfermo, aislado, espiado y amenazado. Pero todavía dando pelea. Así transita hoy sus días, en la embajada de Ecuador en Londres, el editor que reveló los secretos más devastadores de uno de los imperios más poderosos de la historia.

Eso dice, palabras más, palabras menos, un documento judicial escrito y firmado con los nombres completos, dos días después de Navidad, por Julian Paul Assange, fundador del sitio de megafiltraciones WikiLeaks.org, y su abogado, el legendario ex juez español Baltasar Garzón Real. Se trata de un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de medidas cautelares contra los gobiernos de Estados Unidos y de Ecuador, del cual PáginaI12 obtuvo una copia.


El documento ofrece una cruda descripción de la manera en que la hostilidad del gobierno estadounidense hacia Assange fue creciendo a medida que WikiLeaks publicaba nuevas revelaciones de filtradores anónimos que desnudaban los peores vicios de las instituciones militares, diplomáticas, políticas y de inteligencia de los Estados Unidos. Según la demanda, la persecución empezó en el 2002 cuando WikiLeaks publicó documentos secretos sobre la prisión de Guantánamo. La presión se intensificó después de la publicación de los partes de guerra de Afganistán e Irak. Entre una y otra publicación Assange fue detenido en Gran Bretaña por un pedido de captura sueco en relación a un delito sexual por el que nunca sería acusado. Después llegó el “cablegate” de despachos diplomáticos que sacudió al mundo. Assange se asiló en la embajada ecuatoriana, en un departamento de unos 180 metros cuadrados que debe compartir con la delegación diplomática, sin aire puro ni luz solar desde hace más de seis años y medio.


Estando ya en la embajada, el editor de WikiLeaks publicó en 2016 filtraciones sobre Hillary Clinton y las internas de su partido en plena campaña presidencial, que le valieron a Assange un juicio penal del Partido Demócrata por supuesta interferencia en el proceso electoral estadounidense, a través de un presunto complot con Rusia.


La ofensiva estadounidense contra Assange recrudeció durante el gobierno de Trump después de la publicación del archivo llamado “Vault 7”, la más grande filtración de documentos secretos en la historia de la CIA: “En los referidos paquetes de información se pueden observar los medios de espionaje irregulares desplegados por la CIA en todo el mundo, por ejemplo, a través de los dispositivos móviles ‘Smart phones’ y televisiones de los ciudadanos; o un programa que inyecta troyanos en bases de datos biométricos estatales de países aliados a través del software ‘Cross Match’,”.


La demanda que presentó Assange da cuenta de cómo cada una de esas filtraciones generó incriminaciones y respuestas amenazantes de altos funcionarios de los tres poderes estadounidenses, desde pedidos de aplicación de pena de muerte hasta la descripción de WikiLeaks como “un servicio de inteligencia hostil, no estatal” en el último informe del FBI ante el comité bicameral de inteligencia del Congreso.


A esa situación, el texto de Assange y Garzón le suma el trato recibido por Chelsea Manning, la presunta fuente del “Cablegate”, condenada a 35 años y perdonada después de siete, quien durante su detención recibió un trato “cruel, inhumano y degradante”, equipable con la tortura, según dictaminó en 2012 el entonces relator especial sobre tortura de la ONU, el argentino Juan Méndez. Dado que Assange ha sido acusado por un Gran Jurado de Alexandría, Virginia, que lo investiga desde el 2010 por su rol en la filtración de Manning, y dado que la acusación del Gran Jurado se mantiene “sellada” o secreta, el escrito judicial de Assange y Garzón concluye que existen serios riesgos de que el fundador de WikiLeaks sea extraditado a Estados Unidos, donde probablemente recibiría el mismo trato inhumano, cruel y degradante al que fue sujeto su presunto informante.


En su parte expeditiva la demanda judicial “solicita” que la Comisión “requiera” a Estados Unidos que le entregue “toda la información” sobre imputaciones y órdenes de captura vigentes contra Assange. “Y todo ello con la finalidad de que la CIDH medie en la posibilidad de una salida del Sr. Assange de la embajada en dirección a un país seguro,” dice la demanda. Además, el texto da cuenta del cambio de actitud del gobierno de Ecuador con respecto Assange después de que Lenín Moreno reemplazara a Rafael Correa en la presidencia de ese país. Del fuerte apoyo a su derecho a la libre expresión y de la adherencia irrestricta a los tratados internacionales en materia de asilo y defensa de los derechos humanos, el gobierno ecuatoriano ha pasado a negociar abiertamente la entrega de Assange con Estados Unidos y Gran Bretaña, a lo que ha sumado un nivel de espionaje, humillación y hostigamiento que hacen una burla de la institución del asilo, dice el documento, citando diversas y reconocidas fuentes periodísticas que darían cuenta de dichas negociaciones.


El documento se detiene en la salud de Assange. Asegura que ésta podría haber sufrido un daño irreparable y que se ha agravado con las restricciones que la embajada le impuso en marzo del año pasado como castigo por haberse manifestado a favor de la independencia catalana a través de las redes sociales. Adjunta un informe de un médico y de un psicólogo y otro del ex Presidente del Comité contra la Tortura de la ONU, Fernando Mariño, “quien no dudó en calificar como tortura el comportamiento de las autoridades suecas y británicas respecto al Sr. Assange.” La demanda también cita un dictamen del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que condena a Gran Bretaña y Suecia por la detención arbitraria que supone la negativa a entregarle un salvoconducto a Assange para que salga de la embajada sin ser detenido.


Según la demanda ante la CIDH, desde marzo del año pasado el gobierno ecuatoriano cortó todas las comunicaciones del Assange con el mundo exterior. “La embajada instaló cuatro inhibidores, con un total de 22 antenas, que bloquean la cobertura telefónica y la señal de WiFi. Como el Sr. Assange no tiene acceso a la red telefónica de la embajada, la instalación de los inhibidores significó un total bloqueo de acceso telefónico al exterior,” dice la demanda. La embajada también le impuso severas restricciones en su régimen de visitas, incluso con respecto a sus abogados, y en octubre le hizo firmar un protocolo lleno de demandas que van desde la prohibición de hablar en público hasta el cuidado de la higiene de su gato, protocolo que los demandantes consideran absurdo y humillante, escrito con el único fin de preparar el terreno para la expulsión de Assange de la sede diplomática londinense. “El Protocolo desatiende un principio fundamental del asilo, y es que este solo cesa si el riesgo por el que se otorgó termina, no pudiendo cesar arbitraria y unilateralmente por el Estado que brinda la protección, simplemente por la vulneración de irrisorias condiciones dentro de la embajada establecidas en un documento,” escriben Assange y Garzón. “El refugio de Assange en la embajada cada vez se parece más a confinamiento en solitario,” dice la consejera legal de Human Rights Watch, Dinah Pokempner, citada en la demanda.


Al aislamiento total de Assange se suma su pérdida de privacidad, dice el escrito judicial: “El Gobierno de Ecuador habría contratado servicios especializados de seguridad para espiar al Sr. Assange...Además, según afirman los medios internacionales, esta empresa contratada por Ecuador (para espiar a Assange) habría estado reportando a diversas autoridades norteamericanas, concretamente al FBI.” Todo esto pone en grave peligro a la salud física y mental del asilado, afirma la presentación judicial: “también debe señalarse el daño irreparable que puede producirse sobre el estado de salud del Sr. Assange si la situación continúa en este impasse, dada la delicada situación física y psicológica en la que permanece desde hace años, y que se ha visto agravada tras las últimas medidas de aislamiento absoluto tomadas por el gobierno ecuatoriano.”


En concreto, los demandantes le solicitan a la CIDH, además de la medidas cautelares dirigidas a Estados Unidos, que le “indique” al gobierno ecuatoriano que derogue el protocolo, que deje de espiar a Assange y que no proceda con “la entrega del Sr. Assange a cualquier país que no dé garantías de no extradición (nonrefoulement) a Estados Unidos.”


PáginaI12 intentó comunicarse con el Secretario General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador, Andrés Michelena, para conocer la postura de su gobierno, pero no obtuvo respuestas ayer a mensajes grabados en el contestador de su celular. También se intentó conocer la postura del gobierno estadounidense, canalizando un pedido de comentario de la Casa Blanca o el Departamento de Estado a través de la embajada y al cierre de esta edición se aguardaba la respuesta. Asimismo se contactó a WikiLeaks para conocer su reacción a la publicación de la demanda, pero tampoco se obtuvo una contestación. Fuentes cercanas al caso aseguran que un dictamen de la CIDH sobre el caso Assange se conocerá en los próximos días.


@santiodonnell

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Aunar esfuerzos para los presos. La resistencia contra las condiciones carcelarias inhumanas en Cúcuta

“Las cárceles colombianas históricamente han sido laboratorios de vulneración sistemática de los derechos humanos y han sido llevadas a una grave crisis social y humanitaria al interior de las mismas”. Así describe el Movimiento Nacional Carcelario las condiciones degradantes e inhumanas que viven a diario las aproximadamente 120.000 personas privadas de la libertad en Colombia, a saber, falta de acceso a servicios de salud, corrupción y tortura por los guardianes, una pésima alimentación, violencia e inseguridad, destrucción de la cohesión social y familiar. Particularmente el hacinamiento masivo es una de las problemáticas más graves. Incluso el propio Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) constata en un informe de febrero de 2018 que en las 142 cárceles del país el nivel promedio de hacinamiento alcanza el 45 %. En cifras absolutas esto significa que existe una sobrepoblación de 39.000 personas en las cárceles del país. Paula Robledo de la Defensoría del Pueblo asegura que “es imposible garantizar condiciones dignas de reclusión mientras persista el hacinamiento”.


La lucha contra las drogas, la falta de ofertas de estudio o trabajo para redimir penas y la represiva política criminal del Estado son las causas primordiales del incremento exponencial de la población reclusa en los últimos 25 años, lo cual ha generado pésimas condiciones para las personas privadas de la libertad. Zuleidys Rizo Ibarra explica que “ha habido un auge desproporcionado de aumentos punitivos y creación de nuevos tipos de delitos penales”. Rizo Ibarra es integrante del Equipo Jurídico Pueblos y fue vocera de la Sociedad Civil en la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013, durante la audiencia realizada recientemente por la Corte Constitucional para hacer seguimiento al fallo. Esta dificultad responde a que el Estado, por lo general, priva de su libertad a personas que cometen delitos menores o aquellos en los que se incurren forzados por las condiciones de marginalidad y la necesidad de subsistencia de la población empobrecida. A todo esto, se suma la aplicación de detención intramural preventiva y la dilación de procesos penales por parte de la justicia. Según el periódico El Espectador, en el año 2018 hay 36.452 personas en las cárceles que esperan una condena.


A pesar de las sentencias de la Corte Constitucional en 2013 y 2015, que ordenaron superar el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, el 25 de octubre de 2018 Paula Robledo aseguró en una audiencia sobre la situación carcelaria que hay “graves vulneraciones de los derechos de la población privada de la libertad, pese a los pronunciamientos de la Corte”, y sacó por ello la conclusión de que existe un “fracaso en el sistema carcelario”.

Entonces, ¿qué hacer para denunciar las recurrentes violaciones de derechos humanos de los internos y mejorar sus condiciones de vida mientras la institucionalidad se queda con los brazos cruzados? Ángela Ochoa, Mayerli Vergara y Ángela Karina Molina decidieron tomar cartas en el asunto y fundaron hace 6 años con otros compañeros la Asociación de Familiares y Amigos de los Internos de la Cárcel de Cúcuta (ASOFAMINTERCCUC). En representación de los 35 miembros de la asociación las tres mujeres saben de lo que hablan, pues conocen la realidad carcelaria desde adentro.

Ángela Ochoa, una mujer pequeña en estatura, pero grande en carisma, con trenzas gruesas de rojo intenso, respiró con alivio cuando su hermano salió de la cárcel después de dos años por vencimiento de términos. Fue imputado por hurto agravado y porte ilegal de armas, no obstante, nunca se presentó ninguna prueba. En cambio, sus dos compañeras han tenido menos suerte, ya que solamente pueden ver a sus parejas por algunas horas en el centro penitenciario durante las visitas dominicales.

Todas conocieron a su pareja en la cárcel. El esposo de Mayerli es preso político y tiene una condena de 40 años por rebelión y otras conductas conexas, de la cual ya ha cumplido 14 años físicos en reclusión. Ángela Karina tiene por lo menos un rayo de esperanza ya que probablemente su compañero puede salir dentro de algunos meses, cuando cumpla la mitad de la condena. Fue condenado a 9 años por rebelión y lleva 36 meses físicos privado de la libertad. Ambas mujeres aseguran que los presos políticos padecen muchas más restricciones que los presos sociales puesto que, por ejemplo, no pueden tener beneficios como casa por cárcel. “En la parte de alta seguridad les rehúsan más beneficios y tienen más limitaciones. La entrada es más difícil y las visitas conyugales son cada mes en vez de cada ocho días”, explica Ángela Karina.


La cárcel de Cúcuta fue creada en 2012 y pertenece al tipo de la tercera generación según el modelo estadounidense. También en este caso, el hacinamiento forma parte de la experiencia diaria de los internos: “En este momento se encuentran aproximadamente 3.600 personas privadas de la libertad en la cárcel de Cúcuta mientras que esta está diseñada para una capacidad de 2.700 presos. Todavía hay alrededor de 150 presos políticos pese a que la mayoría de las FARC-EP salieron por amnistía en el marco de los acuerdos de paz”, cuenta Ángela Ochoa. Por lo menos se ha logrado que los paramilitares, los presos políticos y los sociales estén ubicados en diferentes patios, así que hay menos choques entre ellos.


Por la condición de reclusión no sufren solamente los presos, sino también los familiares. Para Mayerli como madre soltera con tres hijos en la casa, es muy difícil salir adelante. “Nosotros afuera tenemos que financiar solas a nuestra familia, pagar arriendo y comida. Y adicionalmente hay que apoyarlos adentro, sobre todo con aseo. Cada 3 meses podemos entrar papel higiénico, un jabón y una crema dental. Cada domingo les llevamos comida para que puedan comer algo diferente, porque la comida es pésima, totalmente desagradable”, dice. El INPEC sostiene firmemente que en la cárcel de Cúcuta hay trabajo para los presos, así que tienen la posibilidad de ganar algún dinero. Pero Mayerli rechaza esta afirmación: “Esto no es cierto, no existe una resocialización, dicen que sí existe, pero solamente hay un cupo por cada cien personas”.


Lo que genera más complicaciones es el tratamiento humillante contra los familiares por parte de la guardia y los obstáculos de entrada. “Cada 8 días nos toca vivir los atropellos por cualquier cosa, ya sea por la comida o por el vestuario. La requisa es demasiado fuerte. Nos tratan como delincuentes cuando visitamos a nuestra pareja”, se queja Mayerli. Ya a las cinco de la mañana los familiares y amigos empiezan a hacer cola. Finalmente, a las 7:00 a.m. o 7:30 a.m. se abren las puertas, dependiendo del estado de ánimo de los guardianes. Y por si fuera poco, a veces se niega por completo el ingreso, sin explicación.

Los integrantes de ASOFAMINTERCCUC han creado una obra de teatro, a fin de que el público se pueda imaginar las requisas y las interminables horas de maltrato. El acceso a la cárcel puede demorar varias horas: innumerables filas para que les pongan sellos de control; diligencien fichas con el nombre y el número del patio y del interno; pasen por diferentes detectores de metales; se dejen husmear por caninos que detectan si llevan drogas o dinero; les requisen la comida que muy a menudo toca botarla; permitan la inspección del cuerpo e incluso en ocasiones son obligadas a bajarse la ropa interior, retirarse la toalla higiénica y someterse a una intrusión en las partes íntimas para comprobar que realmente la visitante tiene el periodo menstrual. “Por lo general sucede que, aunque uno no lleve algo, de repente el perro ladra o el detector suena, te sacan entonces aparte y te empiezan a presionar psicológicamente. Esto es otro tipo de maltrato. La persona que entra la primera vez tiene miedo y no sabe qué hacer en esta situación. Si uno está acostumbrado uno lo maneja, pero no todo el mundo tiene esta capacidad”, comenta Ángela Karina.


ASOFAMINTERCCUC en colaboración con psicólogos y trabajadores sociales ayuda a vencer las angustias frente a dichos maltratos. Sin embargo, el objetivo de la asociación no es solamente hacer posible el intercambio de experiencias, sino también apoyar a los familiares con asesoría social y jurídica. “Anteriormente no contábamos con un sitio dónde los familiares pudieran recibir información y hacerles llegar un documento a los presos, pues en muchos casos los guardianes lo desaparecen”, dice Ángela Karina. Gracias a la asociación este ha sido un cambio fundamental. Una iniciativa supremamente importante es su “casa de paso”. Acá los familiares de otras regiones del país pueden pasar la noche y cocinar, antes de madrugar e ir a la cárcel, pues muchas familias viven muy lejos y tienen que viajar hasta 20 horas y más. No tienen dinero para un hotel y muchas veces les faltan incluso los recursos para el pasaje. Por esta razón muchos presos no reciben visita durante años. En particular, el traslado de presos políticos a centros penitenciarios lejos de su contexto social forma parte de la represión estatal. Así, la “casa de paso” es también un lugar de encuentro para familiares que sufren el mismo destino.


Aunque la asociación de familiares y amigos fue iniciada por el colectivo de los presos políticos de la cárcel de Cúcuta, “ASOFAMINTERCCUC se dedica a todos los presos, tanto políticos como sociales”, reiteran las tres mujeres. Esto significa que apoyan a presos sin familiares y recursos a encontrar asesoría jurídica para diligenciar peticiones y tutelas. “Están muy agradecidos por nuestra labor, sobre todo por que hacemos copias y organizamos el transporte de documentos”, dice Ángela. “Aun las jornadas de donaciones y movilizaciones fuera de los muros favorecen a todos los presos de la misma manera”, agrega.


Otro pilar importante de la asociación es el trabajo de formación como alternativa a la falta de programas de resocialización. En cooperación con dos universidades crearon un diplomado en paz y derechos humanos y lograron su aprobación por el INPEC. Desde entonces organizan frecuentemente capacitaciones con el colectivo de los presos políticos y los representantes de derechos humanos de cada patio dentro de la cárcel. “Además, trabajamos con mujeres presas, porque el Movimiento Nacional Carcelario ha abandonado esta parte hasta ahora. Siempre se habla de los hombres, de los presos y se olvida que los derechos de las mujeres privadas de la libertad están igualmente violados día a día.” Por ello, la asociación acompaña a los profesores para brindarles apoyo en torno a actividades de recreación y esparcimiento.


Antes de terminar la entrevista, Ángela quiere mandar el siguiente mensaje a los lectores “que no se olviden de las presas y los presos, siéntanse parte de ellos, porque el apoyo a ellas y ellos es muy poco”. Y Mayerli añade: “Los presos políticos no son delincuentes, son luchadores sociales. Ellos son los que nos dan la fuerza de luchar por ellos, porque son nuestra familia. Por lo tanto, esta labor la hacemos para todos. Esto se trata es de la dignidad humana en las cárceles de Colombia.”


Contacto a ASOFAMINTERCCUC: https://es-la.facebook.com/ASOFAMINTERCCUC/


La entrevista con ASOFAMINTERCCUC se realizó el 20 de octubre de 2018 en Pelaya, departamento de Cesar, durante el Segundo Encuentro-Movilización contra la criminalización de la pobreza, el movimiento social y la situación carcelaria.

 

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