La justicia europea anuló el acuerdo UE-EEUU sobre transferencia de datos personales

Duro golpe a los gigantes tecnológicos estadounidenses

La justicia europea canceló el acuerdo sobre transferencia de datos personales de usuarios de Internet entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. El fallo, que considera que el pacto no protege de manera suficiente estos datos frente a los programas de vigilancia de Estados Unidos, afecta a las empresas que operan en la UE y que albergan sus datos al otro lado del Atlántico. El acuerdo entre ambas partes permitía "injerencias en los derechos fundamentales" de las personas cuyos datos eran enviados a Estados Unidos, destacó el Tribunal de Justicia europeo.

El caso se inició con una denuncia contra Facebook presentada por el jurista austríaco Max Schrems, un reconocido defensor de los derechos en Internet, que calificó la decisión del alto tribunal de "victoria al 100 por ciento para la privacidad". Schrems pedía la interrupción del envío de datos entre la sede europea de Facebook en Irlanda y su casa matriz en California, ya que las agencias de inteligencia americanas como el FBI o la NSA pueden reclamarlos sin control, tal como mostró el caso de Edward Snowden

Los datos personales como la geolocalización o el comportamiento de los internautas son una mina de oro para la economía digital, especialmente para los gigantes estadounidenses de Internet como Google, Facebook o Amazon. A partir de ahora, cualquier empresa que procese datos personales que provengan de la UE deberá respetar compromisos tales como informar si el dueño de los datos pretende transferirlos a terceras partes y los motivos, o no utilizar nunca los datos con un fin distinto al original.

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Dos cámaras de vigilancia frente a la entrada del gobierno municipal de Hong Kong (Roy Liu / Bloomberg L.P. Limited Partnership)

Facebook, Twitter o Google dejan de entregar datos de sus usuarios a la policía

 

Las grandes tecnológicas recelan de la nueva ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en Hong Kong. Uno tras otro, gigantes como Facebook, Twitter, Google, Zoom o Telegram confirmaron que han suspendido temporalmente la entrega de datos de sus usuarios a las autoridades de la excolonia mientras analizan el alcance de la nueva normativa. La famosa aplicación de vídeos cortos TikTok fue un paso más allá, y anunció su intención de abandonar la región “en unos días”. Todas las miradas están puestas ahora sobre Apple.

El sorprendente consenso entre multinacionales rivales supone un inusual cuestionamiento público de la política china. También ilustra los dilemas a los que se enfrentan estas empresas frente a la nueva ley, que castiga con severas penas delitos como el de subversión, secesión o terrorismo y les obliga a cooperar con las autoridades locales .

El lunes por la noche, Hong Kong publicó nuevas reglas que otorgan a la policía local poderes para eliminar publicaciones en internet que contravengan la nueva ley, así como castigar a las empresas que no cumplan con sus requerimientos.

De hecho, el texto incluye explícitamente la capacidad de encarcelar a los empleados de las tecnológicas que no cumplan con las solicitudes de entrega de datos de sus usuarios o de imponerles multas de hasta 11.500 euros. Debido a que la nueva ley se aplica en todo el mundo, existe la posibilidad de que las empresas tengan que elegir entre divulgar información sobre una persona que escribe desde un tercer país o enfrentarse a una sentencia de prisión de varios meses para uno de sus empleados.

La aplicación de conversación Telegram, cuyo cuartel general está en Londres, fue la primera en comunicar sus planes de poner “en pausa” la cooperación. “Entendemos el derecho a la privacidad de nuestros usuarios de Hong Kong. En consecuencia, no tenemos intención de procesar ninguna solicitud de datos relacionada con los usuarios en Hong Kong hasta que se llegue a un consenso internacional en relación con los cambios políticos en curso en la ciudad”, anunció.

Le siguió Facebook, que detuvo las solicitudes “en espera de una evaluación adicional” sobre las implicaciones de la norma. “La libertad de expresión es un derecho fundamental y apoyamos el derecho de las personas a expresarse sin temor a su seguridad u otras repercusiones”, dijo la firma, también propietaria de WhatsApp e Instagram. En términos similares se expresaron Twitter, Google, Linkedin o Zoom, que el mes pasado fue muy criticada tras suspender varias cuentas de activistas chinos que planeaban mantener eventos en recuerdo de la masacre de Tiananmen.

Tras la puesta en pausa de la colaboración con las autoridades, lo que decidan estas compañías está llamado a trazar el rumbo del futuro de las libertades en internet en la excolonia. Hasta ahora, la red goza en esta región de una libertad y falta de censura incomparable con la de la vecina China continental, donde los servicios de Google, Facebook o Twitter –por citar solo algunos– están bloqueados. Aún así, estas mismas firmas cuentan con grandes negocios de publicidad en el gigante asiático, por lo que lo que hagan en Hong Kong podría afectar a sus intereses económicos.

La decisión de TikTok de salir en breve de Hong Kong –un mercado pequeño para su negocio– responde a su estrategia por tratar de captar a una audiencia más global. Esta aplicación pertenece a la firma china ByteDance, por lo que muchos sospechan de que opera bajo el control de las autoridades chinas. La marca siempre lo ha negado, y una salida de Hong Kong para no tener que responder a la norma dictada por Pekín reforzaría esa sensación. Sin embargo, puede que ese paso no sea suficiente, más aún después de que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijera el lunes que Washington está analizando prohibir las redes sociales chinas, “especialmente TikTok”.

Mientras, la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, siguió ayer con su defensa de la ley de Seguridad. Volvió a negar que erosione las libertades de la ciudad y condenó las “falacias” dichas sobre su impacto. “Con el paso del tiempo, la confianza crecerá”, añadió.

Por Ismael Arana | Hong Kong, China. Corresponsal

08/07/2020 02:37 | Actualizado a 08/07/2020 10:40

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Lunes, 29 Junio 2020 06:22

El capitalismo de la vigilancia/III

El capitalismo de la vigilancia/III

Difuminada en la coyuntura por el apocalipsis mediático desatado por las élites plutocráticas y los poderes fácticos de Estados Unidos a raíz de la irrupción del Covid-19, la guerra comercial y financiera entre los gobiernos de Donald Trump y Xi Jinping profundizará en la pospandemia la carrera por la hegemonía, en momentos en que, parafraseando a Clausewitz, la tecnología es la continuación de la política por otros medios.

En 2016, un informe de Barack Obama sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) reconocía que su sucesor gobernaría un país "que está siendo transformado por la IA". Aunque Trump abandonó parcialmente esa visión, Estados Unidos sigue siendo líder en IA gracias a las compañías líderes de la digitalización conocidas mediante el acrónimo Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon), pero el punto de quiebre se está volviendo el control de acceso a datos, ya que las principales plataformas someten a sus usuarios a procesos de supervisión no estandarizados y desfasados con la velocidad de la IA.

Los ingenieros de la IA necesitan datos (materia prima) para crear sus algoritmos y/o perfeccionarlos. Y si bien EU es el país que ha recolectado más datos, a partir del 13 Plan Quinquenal de Informatización Nacional (2016-20) de Xi Jinping, China ha aumentado de manera exponencial sus capacidades a través del Internet de las cosas, el aprendizaje automático y del número de usuarios de sus empresas innovadoras apoyadas por las nuevas tecnologías ( startups).

El gobierno chino ha hecho fuertes inversiones en investigación y desarrollo, subsidia la industria de los chips de procesamiento y tiene una regulación más laxa en tecnologías de automatización y recolección masiva de datos. Así surgieron conglomerados privados de Internet comercial como Baidu, Alibaba y Tencent (conocidos bajo el acrónimo Bat), que de cara a la carrera por la IA han alcanzado tecnológicamente a las corporaciones estadunidenses del sector.

Y al igual que ocurrió en sus orígenes con las Gafa del Silicon Valley, pioneras del capitalismo digital gracias a los programas de inversión militar keynesianos, que después del 11 de septiembre de 2001 −en conexión con el Estado de seguridad nacional de la administración Bush hijo− desarrollaron el enorme aparato de vigilancia y control estatal revelado en 2013 por el ex contratista de la CIA y la NSA Edward Snowden, el apoyo del gobierno chino ha sido clave en el desarrollo de Baidu como la plataforma base de IA para vehículos autónomos, Alibaba para ciudades inteligentes y Tencent para cuidados de la salud.

Alibaba, considerada "el Amazon chino", desarrolló un sistema de puntajes de crédito social privado, que se propone recopilar y almacenar todos los rastros que los usuarios dejan en Internet y regular el comportamiento de cada persona sobre acceso al crédito, a la educación formal y al mercado de trabajo, incluido el uso de líneas aéreas comerciales y trenes de alta velocidad. La empresa implementó el proyecto City Brain (cerebro de la ciudad) para conectar a través de un software mapas, cámaras de vigilancia, sensores, datos del gobierno e información compartida en redes sociales, que procesan algoritmos de IA en superordenadores que sirven de alimento para la planeación urbana y la gestión de tráfico en ciudades como Hangzhou y Macau.

La cooperación de Baidu con las autoridades chinas también gira en torno del control de datos y la ciberseguridad. La corporación ha equipado puntos neurálgicos del espacio público con cámaras que cuentan con un sofisticado software de reconocimiento facial que también puede identificar personas encapuchadas por su forma de caminar. Tencent, la tercera integrante del Bat también explota patentes de reconocimiento facial y videovigilancia. Ergo, el capitalismo de la vigilancia.

En la pospandemia del Covid-19, la guerra fría política, comercial y tecnológica entre EU y China se "calentará". Después de que Trump lanzó su estrategia de decoupling (desconexión) para contener el crecimiento económico de China, Xi llamó a poner énfasis en el desarrollo del mercado interno, y no en las exportaciones. Aunque en el plano exterior, a través de Alibaba, el soft power chino aumentará su infraestructura ferrocarrilera, portuaria y digital (fibra óptica, antenas de telecomunicaciones, 5G) en su área de influencia: Vietnam, Tailandia y Singapur, y eventualmente Bangladesh y Pakistán. Aun en África.

Es en ese contexto que hay que ubicar los discursos de Xi del pasado 26 de mayo ante la Comisión Militar Central (la versión china del Pentágono) y de Trump en la academia militar de West Point, el 13 de junio. Xi ordenó a las fuerzas armadas "pensar en el peor de los escenarios" para salvaguardar "la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo". Trump insinuó cambios doctrinarios para un conflicto con China en pos de mantener la hegemonía global.

La hegemonía de EU se basa en el dominio de las rutas marítimas y su superioridad tecnológica. Según fuentes del Pentágono citadas por el periódico inglés The Times, con base en unos juegos de guerra simulados, en 2030 EU perdería una guerra naval con China en el Pacífico. El análisis concluye que todas las bases de EU en la región del Comando Indo-Pacífico serían "abrumadas" por los misiles balísticos de alcance medio chinos, incluida la isla de Guam, principal base de los bombarderos estratégicos B-2. La disputa geopolítica está en pleno desarrollo.

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Lunes, 15 Junio 2020 06:57

El capitalismo de la vigilancia/II

El capitalismo de la vigilancia/II

En la inmediata pospandemia del Covid-19, la guerra por el liderazgo digital del mundo, con sus columnas centrales: la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, las redes 5G y el big data cobrará un nuevo impulso en clave geopolítica. Y como antes de la irrupción del coronavirus, la disputa sobre cuál sociedad digitalizada y bajo qué modelo seguirá siendo librada entre Estados Unidos y China.

Elevada a rango de religión por el 1% más rico del planeta (la plutocracia global del Foro de Davos), la tecnología digital es algo más que una herramienta de comunicación; es un vigoroso instrumento de poder para reunir información de masa con la que después se puede manipular, controlar y/o confinar a millones de personas en el orbe (la experiencia del coronavirus). De allí que, como adelantábamos en nuestra entrega anterior, el capitalismo de la vigilancia −según la acertada expresión de Shoshana Zuboff− es una amenaza para la libertad e independencia de la persona.

Digitalizada, elaborada y transformada en cadena de bits y bytes, el seguimiento regular y sistemático de la actividad online (videovigilancia ubicua, ya que cualquier actividad mediada digitalmente deja huella) se convierte en mercancía informacional, verdadero núcleo, como dice Zuboff, de la actual economía digital globalizada.Mediante configuraciones algorítmicas que se suponen secretas, indescifrables e ilegibles, las megacorporaciones del sector extraen a la persona −como nueva mercancía ficticia al igual que la tierra, el trabajo y el dinero, según la temprana intuición de Karl Polanyi− datos de su vida diaria (sin el consentimiento del usuario convertido sin saberlo en materia prima), que se transforman en productos predictivos destinados a rastrear y modificar los sentimientos y la conducta de millones de individuos.

A su vez, la colonización digital, como nueva forma de dominación y construcción de hegemonía –dictadura tecnológica la llama Vandana Shiva−, permite a las plataformas de infraestructura oligopólicas globales de doble vía comercializar la mercancía informacional (el producto predictivo) y obtener lucro excesivo y superrenta.

Así, la persona es la mina a cielo abierto de la riqueza digital del filantrocapitalismo (V. Shiva dixit), simbolizado en el fundador de Microsoft y la segunda fortuna mundial, Bill Gates, y otros supermillonarios cuya riqueza deriva de la infraestructura tecnológica de Internet instalada en el Valle del Silicón, en la bahía de San Francisco, California, como Mark Zuckerberg (Facebook/Instagram/WhatsApp); Jeff Bezos (Amazon); el privatizador del espacio ElonMusk (Tesla y SpaceX); Apple (iPhone), que tiene entre sus inversores a Warren Buffett (Berkshire Hathaway); Eric Yuan (Zoom) y Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google (Gmail, YouTube), las tres propiedad del conglomerado Alphabet, y otras corporaciones como la neoyorquina Verizon (Yahoo!), ambas propiedad de los fondos de inversión The Vanguard Group y BlackRock, ligadas todas al Departamento de Defensa de EU.

En los últimos 25 años de neoliberalismo, EU se transformó de Estado-empresa a un Estado de vigilancia, y como dice Shiva, Bill Gates se convirtió en el Cristóbal Colón de los tiempos modernos, no haciendo otra cosa que conquistar territorios Microsoft donde adquirió posiciones dominantes. Lo que el francés Éric Sadin dio en llamar la silicolonización del mundo.

Sin embargo, la reconfiguración del capitalismo vía un nuevo gobierno mundial plutocrático bajo hegemonía estadunidense en la inmediata pospandemia (la hipótesis de Chossudovsky descrita en la primera entrega de esta serie), podría enfrentar como variable la emergencia de un orden tripolar (Rusia/China/EU) no exento de contradicciones y conflictos calientes de dimensiones geopolíticas, incluida una eventual guerra naval en el océano Pacífico entre EU y China.

A corto plazo, la transición del mundo unipolar al tripolar tendrá como ejes de la disputa la redefinición digital del orbe a través de la conquista de tecnologías claves como la inteligencia artificial, la red 5G (imprescindible para la vigilancia total) y la infraestructura de Internet, lo que tendrá profundas implicaciones para el futuro del comercio internacional.

El pasado 25 de abril, el gobierno de Xi Jinping, en China, estableció el ecosistema blockchain (cadena de bloques) más grande del mundo, la BlockchainService Network (BSN) y su banco central introdujo programas piloto de un yuan digital en cuatro ciudades, convirtiendo al gigante asiático en la primera gran economía del mundo en emitir una moneda digital nacional.

Denominada infraestructura de infraestructuras, la BSN está llamada a ser la columna vertebral de la Ruta Digital de la Seda, proporcionando interconectividad a los socios económicos de China a lo largo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative, BRI). Así como el ferrocarril, los puertos y las redes eléctricas de BRI conectan al mundo físicamente con China, los cables de fibra submarina, las estaciones de bahía Huawei 5G y las soluciones estandarizadas de blockchain servirán para mejorar la conectividad digital de China.

Al desplegar simultáneamente el BSN y el yuan digital, China está lista para capturar las ganancias de una economía global que rápido se digitaliza. Lo que tiene una dimensión geopolítica y de disputa de hegemonía, que implica un desafío a las corporaciones del Silicon Valley y al sueño de America first del presidente Donald Trump.

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Un sistema de reconocimiento facial Sheila Scarborough / Flickr

El sesgo racial de estos algoritmos de identificación de personas se convierte en el detonante de que empresas como Amazon o IBM den de lado una tecnología señalada por sus abundantes controversias éticas

 

El sesgo racial no es la única controversia que rodea a la tecnología de reconocimiento facial. Diversos estudios han detectado que estos algoritmos de identificación no solo funcionan peor con caras de personas negras, sino con cualquier rostro racializado. También se equivocan más con las mujeres que con los hombres. Además, su uso por la policía en entornos abiertos es cuestionado por organizaciones de defensa de los derechos digitales, que denuncian que "es como ponernos a todos en una rueda de reconocimiento constante". Las dudas se acumulaban desde hace años, pero cuando IBM argumentó el lunes que abandonaba toda relación con esta tecnología por "justicia y equidad racial" en pleno auge del movimiento Black Lives Matter, muchos lo vieron como el primer dedo que señala a un emperador desnudo.

"IBM empieza, muchos más deben seguirla", adelantó Joy Buolamwini, investigadora del MIT y autora de uno de esos estudios que han destapado las vergüenzas de este tipo de inteligencia artificial. "Supone un reconocimiento de que la tecnología de reconocimiento facial, especialmente la implementada por la policía, se ha utilizado para socavar los derechos humanos y dañar específicamente a las personas negras, así como a las personas indígenas y otras personas de color", recalcó Buolamwini, fundadora de la Liga de la Justicia Algorítmica.

"No hay justicia sin justicia algorítmica" es el mantra de esta organización, que denuncia cómo la inteligencia artificial puede profundizar sistemas discriminatorios sexistas o racistas. Para IBM era más fácil sumarse a este discurso que para su competencia. Aunque estaba en la carrera, su tecnología de reconocimiento facial no tenía una gran cuota de mercado. Otras como Microsoft, Facebook, Google o Amazon la han desarrollado y vendido más intensamente. Pero su potencial era ser el primero de una serie de movimientos en cadena que empujara a las demás.

Así se ha demostrado cuando Amazon, uno de los principales proveedores de estas tecnologías a policías y agencias de seguridad en todo el mundo, ha decretado un año de moratoria para usar su servicio en estos ámbitos. "Abogamos por que los gobiernos establezcan regulaciones más estrictas para regular el uso ético de la tecnología de reconocimiento facial" durante ese período, ha pedido la multinacional en un escueto comunicado dos días después de que IBM diera el primer paso.

El movimiento Black Lives Matter ha desencadenado "la tormenta perfecta" contra los algoritmos de reconocimiento facial, expone Gemma Galdón, consultora tecnológica y fundadora de la Fundación Éticas. "Lo que está pasando ahora es solo la puntilla. Hay problemas de mucho más calado que el sesgo racial con el reconocimiento facial, porque es una tecnología fallida en algunos ámbitos. Puede funcionar con 'niveles aceptables' en entornos cerrados (y con 'niveles aceptables' quiero decir con tasas de error del 30%) pero en entornos abiertos estábamos viendo tasas superiores al 90%, por lo cual básicamente es una tecnología inútil", concluye.

Sobre la decisión de IBM y Amazon, la experta afirma que "es evidente que el motivo principal no es ético, pero han leído bien el momento actual para cambiar el paso". Por un lado, "IBM tiene una tecnología que ahora mismo no es competitiva, por lo que corta una línea de inversión que tampoco estaba muy claro que funcionara apuntándose un tanto en temas éticos y de privacidad", expone. Amazon, por su parte, se adelanta a un movimiento que las autoridades podrían obligarla a realizar igualmente, ya que el reconocimiento facial se encuentra "en un vacío legal" que podría resolverse con la prohibición de uso policial.

El Congreso estadounidense está analizando esta cuestión. No solo está empujado por la denuncia de la sociedad civil y el discurso corporativo de las empresas que se han sumado a ella. También está respaldado por expertos técnicos. "El uso policial de tecnología de reconocimiento facial debería ser prohibido en este momento", ha expuesto Timnit Gebru, científica de datos y colíder del equipo de inteligencia artificial ética de Google, en una entrevista con el New York Times.

Los motivos van más allá de que esta tecnología funcione peor en unas personas que en otras. "Hay otro llamado sesgo de automatización. Si la intuición le dice a una persona que el sistema no ha reconocido bien a un sujeto, pero el ordenador le dice que es él con un 99% de precisión, es más probable que crea en el ordenador que en su propia impresión", explica. "También hay un desequilibrio de poder. El reconocimiento facial puede ser completamente preciso, pero aún así puede usarse de una manera que sea perjudicial para ciertos grupos de personas si se implementa sin transparencia".

España es uno de los dos únicos países de Europa, junto a Bélgica, donde no está autorizado el uso de reconocimiento facial por parte de la policía o en investigaciones judiciales, según un análisis de la organización Algorithm Watch de diciembre de 2019. No obstante, en Marbella se prueba una tecnología denominada "reconocimiento corporal": "Estos sistemas utilizan el estilo de caminar o la ropa de las personas para rastrearlos. Podrían reconocer caras, pero la función está deshabilitada por ahora, a la espera de una autorización legal para activarla", explicó la organización.

Por Carlos del Castillo

11/06/2020 - 22:15h

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Sábado, 23 Mayo 2020 06:45

El dilema del prisionero digital

El dilema del prisionero digital

Sobre el culebrón de las aplicaciones de rastreo, código abierto, corporatocracia y batallas ganadas.

 

La guerra por el relato se ha ido recrudeciendo desde los inicios de la pandemia. Tras superar los primeros días de incertidumbre y miedo, la fábrica de bulos se ha puesto en marcha. Trolls orquestados organizan sus fechorías en las redes sociales generando tendencias de opinión que finalmente se acaban reproduciendo en los medios mainstream, tanto en telediarios como en programas del corazón. Hoy, la política se hace en Twitter, conocemos la vida de los y las dirigentes a través de Instagram y organizamos manifestaciones digitales a través de Facebook. Utilizamos las redes sociales y la tecnología como si fueran medios legítimos de expresión, olvidando, y obviando que son pura ideología, una vuelta de tuerca a la extracción de valor, acumulación por desposesión y vigilancia masiva.

Detrás de dichas tecnologías se encuentran las corporaciones más poderosas del mundo, que operan en connivencia con gobiernos y servicios de inteligencia. En los últimos años se han sucedido numerosos escándalos en lo que a ellas se refiere. Hagamos un recordatorio de algunos de los que evidenciaron la vigilancia y falta de privacidad a la que estamos expuestas las personas.

ESCÁNDALO VA, ESCÁNDALO VIENE

 

Entre 2013 y 2015 se publicaron en la prensa a través de las filtraciones de Edward Snowden miles de documentos sobre programas de vigilancia secreta, en los cuales se demostraba que la NSA interceptaba y vigilaba las comunicaciones de millones de personas en el mundo, en colaboración con agencias de inteligencia de varios países.

A principios de 2014, en Ucrania, ciudadanos, periodistas y personas ubicadas en los alrededores de las manifestaciones que se produjeron en Kiev, recibieron un mensaje en sus teléfonos con el siguiente contenido: “Estimado cliente: ha sido registrado como participante en un altercado masivo”. El mensaje no contenía firma, y las operadoras negaron tener conocimiento del mismo.

En junio de 2019 la Agencia Española de Protección de Datos sancionó a La Liga de fútbol Profesional con 250.000 euros por espiar a través de su aplicación móvil a los usuarios, conectando el micro y la geolocalización sin permiso para localizar así los bares que emitían los partidos sin licencia.

Uno de los escándalos más recientes que hizo cambiar nuestra percepción sobre las redes sociales sucedió en marzo de 2018, cuando un ex-empleado de Cambridge Analytica, Chrystopher Wylie, reveló que esta consultoría habría recopilado datos de unos 87 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento. Su objetivo era crear campañas publicitarias y políticas dirigidas a perfiles concretos.

Brittany Kaiser, ex directora de desarrollo de negocios de Cambridge Analytica, facilitó al parlamento británico los correos en los que se reveló que la consultoría había trabajado en la campaña a favor del Brexit (Leave.EU).  En sus declaraciones ante el parlamento británico, Kaiser calificó algunas de las operaciones de la consultoría como técnicas de comunicaciones de grado militar. Esta categoría hace referencia a técnicas de operaciones psicológicas y de guerra de la información usadas por ejércitos y empresas privadas de defensa en zonas de conflicto para influir en el comportamiento de poblaciones. La consultoría ha sido también relacionada con la campaña de Trump y el giro de Estados Unidos hacia posiciones populistas de derechas.

 

AGUDIZACIÓN DE LA VIGILANCIA POR LA PANDEMIA

 

Las aplicaciones de seguimiento de contagios para evitar la expansión del virus se han presentado como una de las soluciones tecnológicas a la pandemia. “Es una justificación de los estados para poner la economía por delante de la vida, porque tenemos esto que nos va a ayudar. Es ‘tecnomagia’, la solución tecnológica que nos va a cuidar”, comenta Adrián Almazán, investigador sobre tecnología y las nuevas ruralidades desde una perspectiva ecosocial y miembro de Ecologistas en Acción.

Por otro lado, los bandazos que están dando las administraciones públicas en torno a las garantías de privacidad de los datos que recogen esas aplicaciones, ha levantado las suspicacias de activistas que trabajan por la privacidad, juristas, organizaciones y ciudadanía en general. La Comisión Europea ha lanzado una aplicación telefónica que, vía bluetooth, permite localizar en el entorno de la persona a otros usuarios que están o han estado infectados con coronavirus.

La científica española Carmela Troncoso estaba liderando un proyecto junto con un grupo de investigadores para desarrollar una aplicación móvil de código abierto, sin embargo, la Unión Europea dio un giro de mando y optó por una aplicación que surgía de la colaboración de los dos gigantes de internet, Google y Apple, las cuales, a través de los sistemas operativos instalados en los teléfonos de todo el mundo, podrían alcanzar a 3.000 millones de personas. Según Almazán “no es casual que Google y Apple se hayan lanzado a hacerlo porque lo que quieren garantizar es estar en todos los dispositivos, en los cuales, además de esa aplicación, hay otras muchas que operan en paralelo recabando datos”.

Este cambio de dirección ocurrió cuando los estados se estaban planteando si era bueno el rastreo y cómo. En ese momento, Google hizo alarde de su predominancia en el mercado publicando los movimientos poblacionales de 131 países desagregados por tipo de lugar en el que dicha población se movía. Google demostró rápidamente que sabía si habíamos estado en un parque, en una tienda, en casa o en la oficina. En el caso de España, los datos además estaban desagregados por comunidades autónomas. Simona Levi, de Xnet, una plataforma que trabaja en el campo de los derechos digitales y la democracia en red, comenta: “Google primero hace un tour de force mostrando todo su poderío y luego se pone al servicio de los gobiernos diciéndoles que si quieren hacer aplicaciones de traceo ellos ayudan”.

El debate que se plantea es complejo. Estamos ante una pandemia que solo se puede afrontar de una manera colectiva. La opción de las apps de rastreo por un lado permiten hacer un seguimiento de todas las personas con las que hemos estado en contacto, sin embargo, que una de las opciones que se valore sea aquella desarrollada por las dos corporaciones más poderosas del mercado, y casi del mundo, con sede en Estados Unidos y con denuncias muy graves de uso y abuso de datos y colaboración con servicios secretos estadounidenses es, como mínimo, preocupante.

Laia Serra, abogada penalista especializada en tecnologías de la información, libertad de expresión, protesta y discriminación, opina que tenemos que hacer autocrítica cuando tiramos de este hilo: “Ha habido un gran cuestionamiento de las apps propuestas por los gobiernos, cuando hay muy poca cultura de la privacidad y no está habiendo un cuestionamiento de los datos que ‘regalamos’ a las empresas de manera habitual”, comenta.

Enric Luján pertenece al colectivo Críptica, una asociación sin ánimo de lucro centrada en la defensa de la privacidad y la seguridad. Él, en este contexto, no ve tan claro que tengamos que poner la privacidad por encima de otros factores. “Como sociedad estamos ante una situación muy adversa y no tenemos una respuesta sencilla. Podemos desconectar el móvil y no instalar las aplicaciones desde el punto de vista clásico de la privacidad, sin embargo, ¿queremos estar al margen del beneficio público que supone esto ahora? Para mí, en este caso, las aplicaciones se justifican”.

Serra, además, señala que ella cree que ha habido tanto debate en torno a las aplicaciones porque tenemos un problema de confianza en los gobiernos que han “demostrado un talante autoritario durante la gestión de la crisis y que desde el año 2015 están inmersos en una deriva legislativa autoritaria”. El hecho de que la ciudadanía no sepa cómo funciona, también ha aumentado esa suspicacia. “Aún así, dentro del  debate de tecnología—seguridad, tenemos que contemplar que muchas veces el problema no es la herramientas en si, sino el uso que se le da”, apunta la abogada.

Cuando hablamos de apps de trazabilidad es necesario distinguir entre “los datos de ubicación y los datos de localización”. Para los primeros, las empresas de telefonía tiene que entregar a las autoridades, datos anonimizados. Para los segundos, se requerirá el consentimiento informado del usuario. Se permite excepcionar este régimen legal en caso de necesidad democrática por razones de seguridad nacional o de salud pública tal y como se reconoce en la Directiva sobre privacidad 2002/58/EC de 12 de julio y el de la Reglamento de tratamiento de datos 2016/679 de 27 de abril. No obstante “resulta muy difícil anonimizar los patrones de movimiento y deben realizarse tests de robustez y seguridad en la anonimización de los datos” afirma la abogada. El abrazo de corporaciones y gobiernos para implementar aplicaciones de rastreo puede ser una bomba para el capitalismo de vigilancia.

 

CORPORATOCRACIA, UNA NUEVA ERA DE CONTROL

 

¿Somos conscientes de las implicaciones que tiene el hecho de que existan corporaciones transnacionales que mediante el análisis de big data sean capaces de predecir e influir en nuestras pautas de consumo y elección de voto? ¿Son capaces nuestras democracias de ejercer un papel de contrapoder y preservar nuestros derechos y libertades? En este contexto, ¿podemos empezar a hablar de corporatocracia?

El crecimiento de las corporaciones tecnológicas de los últimos años es alarmante. En 2019, las llamadas GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft) se sitúan según su valor de mercado dentro de los 6 primeros puestos de la lista Forbes Global 2000. Desde 2014 han doblado sus valores, llegando a cifras entre los 512 y los 961 mil millones de dólares.

En la dinámica extractivista del capitalismo hemos pasado por distintas fases de acumulación del capital, llegando a esta etapa en que la mercantilización ha llegado a lo más privado de cada persona, a los procesos cognitivos que determinan nuestras decisiones. Almazán habla de “procesos de digitalización total”, los cuales suponen que la extracción de valor se amplíe a casi todos los aspectos de la vida. “Supone poder expropiar o mediatizar el ámbito de la expresión, de los afectos, de la comunicación. Muchas cosas que de manera tan directa no lo estaban”. 

Luján, de Críptica, hablando de las apps de rastreo comenta que “el riesgo es que el día de mañana tengamos montada una arquitectura de la vigilancia a nivel mundial más incisiva todavía. Es muy probable que nos acabemos viendo en esa situación”. La desescalada no será inmediata. No va a haber un día que todo vuelva a ser como antes, sino que la vuelta a la normalidad será paulatina. “Las medidas implantadas no van a desaparecer ni en una semana ni en dos meses y como sociedad no tenemos experiencia en gestionar este tipo de situaciones”, sentencia.

Parece preocupante que, pese al conocimiento de las prácticas e intereses de las multinacionales de la tecnología, sigamos dando por hecho la presencia y el uso de sus productos en nuestra vida cotidiana, también en esta situación de pandemia.

 

UNA BATALLA GANADA

 

Xnet considera que existen dos aproximaciones al uso de aplicaciones móviles y el covid-19. Por un lado las que están basadas en un sistema centralizado y son propiedad de una autoridad estatal. En este caso, los contactos y la geolocalización de los individuos están en manos de dicha autoridad central, la cual ejerce un control férreo sobre la población. Son casos como el de China, Corea y que países como Francia o Alemania se estaban planteando.

Por otro lado encontramos las soluciones basadas en un sistema descentralizado y bajo el control de los y las usuarias. Los datos están en los teléfonos, y tan solo activando permisos se puede activar la alerta de contagio. Simona Levi comenta que esta segunda opción puede ser peligrosa por estar sometida a “troleos” que generen un estado de alarma ficticio. “"Esta opción debe implicar cooperación entre al menos dos actores, paciente y sistema de salud, si no en manos de personas u organizaciones que quieren crear confusión y distorsionar el debate público, podrían crear un estado de alerta total” por ejemplo, creando falsos positivos. Podríamos tener los bots que contaminan las redes sociales, distorsionando las apps de rastreo, por ejemplo.

Inicialmente, Google y Amazon se habían adherido al primer sistema. Sin embargo, las tornas han cambiado “gracias al esfuerzo de la sociedad civil internacional y la reacción de todos” comenta Levi. Ayer mismo Tim Cook, director ejecutivo de Apple anunció que la aplicación estaba lista.

“Google y Apple, que inicialmente habían optado por la opción centralizada, se están poniendo al servicio de opciones descentralizadas y de software abierto. Además se han puesto a trabajar con el consorcio suizo que son los hiperdefensores del sistema descentralizado y están auditando su código. En realidad esto es una victoria brutal” sentencia Levi. 

Según Serra, “la cesión de datos tiene una serie de principios clave, uno de ellos es que sea clara la finalidad que justifica la colecta de datos y el otro es el de proporcionalidad de los datos (en cantidad y calidad) respecto de esa finalidad. Desde el inicio (10 de marzo), entidades como la Electronic Frontier Foundation  alertaron de esas apps”. Venimos de un pasado en el que estos principios no se aplicaban y la duda es si se recrudecerá en caso de que las aplicaciones de rastreo se acaben implementando.

Es importante tomar conciencia de que el uso de tecnología también es una forma de consumo, y que utilizar las aplicaciones y productos de las grandes corporaciones significa darles poder a través de nuestros datos. Tal vez sea el momento de repensar qué relación queremos tener con la tecnología y empoderarnos de todos los beneficios que nos puede brindar.


 

Existen alternativas a las GAFAM, multitud de herramientas han sido desarrolladas por personas que trabajan para que otro internet sea posible, con el objetivo que toda la humanidad se beneficie de ellas. La transición es posible para todas, sobretodo si nos ayudamos mutuamente.

Os proponemos hacer una prueba cuanto menos inquietante, descargar todos los datos que Google tiene sobre nosotras. La cantidad de información que Google almacena sobre nosotras en forma de fotos, audios, localizaciones o contactos entre otras, es abrumadora. Y eso sin contar los metadatos.

Si queremos empezar a explorar alternativas sencillas podemos empezar por la puerta por la que accedemos a internet, el navegador y el buscador. Mozilla Firefox es un navegador que no tiene nada que envidiar a los demás, y como buscador podemos utilizar Duck Duck Go, o Startpage.

Si valoramos nuestra privacidad en las comunicaciones mediante el correo electrónico, podemos abrirnos una cuenta en Tutanota, o en Riseup si alguna compañera con cuenta nos invita.

Para las usuarias de Android, un buen comienzo puede ser descargarnos el catálogo de aplicaciones de software libre F-Droid y substituir poco a poco aquellas aplicaciones que usamos en el día a día. Así, podemos empezar a usar los mapas de Maps.me o Osmand, y comunicarnos a través de Signal o Telegram.

Otra alternativa menos popular pero muy interesante es Briar, que facilita el anonimato mediante la descentralización de los canales de comunicación, el trabajo en red y la encriptación. Una buena herramienta para videollamadas grupales es Jitsi Meet, y para audiollamadas podemos usar Mumble.

Para trabajar en un documento compartido podemos crear un pad, realizar cuestionarios con framaforms y organizar nuestro calendario a través de framagenda. Por último, si todavía usamos un sistema operativo privativo, tal vez sea el momento de lanzarnos a probar uno libre, como GNU/Linux y sus múltiples distribuciones.

Por supuesto existen muchas más alternativas que las anteriores y herramientas para casi todo aquello que queramos realizar. La curiosidad y la voluntad nos ayudará en la transición hacía una forma de relacionarnos con la tecnología que sea más horizontal y orgánica, asumiendo que es un aprendizaje continuo, y que lo ideal es hacerlo grupalmente.

Apoyemos la horizontalidad, la cooperación y la defensa de las usuarias y comunidades que nos brinda el software libre frente a los abusos de poder del software privativo.

Empecemos a tejer nuestras redes afectivas y de cuidados en esferas digitales inclusivas, seguras, y que protejan nuestros derechos y privacidad. Esta apuesta pasa por tener en cuenta la brecha digital, formarnos mutuamente y pedir ayuda a colectivos que trabajan en la defensa del software libre y de la privacidad.

Apostemos por la soberanía tecnológica, porque lo tecnológico también es político.

Un hombre con mascarilla hablando por su móvil, pasa delante del logo de la tecnología 5G, en una calle de Londres. REUTERS/John Sibley

Uno de los efectos inesperados de la crisis de la covid-19 en Europa ha sido el retraso momentáneo del proceso de despliegue de la nueva red 5G en muchos países, entre ellos España. Si hasta el momento contábamos ya con un amplio rango de radiaciones electromagnéticas que posibilitaban la comunicación móvil (1G, 2G, 3G, 4G), el eventual despliegue del 5G supondrá un salto de escala sin precedentes. En primer lugar, porque la enorme cantidad de antenas que los requerimientos técnicos del 5G imponen supondrá un aumento equivalente en la cantidad e intensidad de la radiación electromagnética.

Lejos de lo que solemos pensar, y a pesar de la intensa campaña de propaganda en sentido contrario, la inocuidad de la radiación electromagnética (en general, y la asociada al 5G en particular) para la salud humana y para el conjunto de la vida está lejos de estar comprobada. Es más, abundantes indicios científicos arrojan sospechas fundadas de que éstas podrían ser más bien fuentes de enfermedad y de deterioro de la vida. Investigaciones de científicos como el Dr. L. Hardell ya llevaron a la OMS a declarar las tecnologías inalámbricas como un posible cancerígeno de nivel 2B. Otros estudios han apuntado también a su posible vinculación a afecciones neurológicas y al debilitamiento del sistema inmune. En 2019, un grupo de científicos liderados por Hardell solicitaron formalmente a la Unión Europea una moratoria al desarrollo del 5G sujeta a la disponibilidad de estudios fiables e independientes (no ligados a la industria de las telecomunicaciones) sobre los efectos sobre la salud humana. También el Comité Europeo de Riesgos Emergentes (SCHEER) asignó al aumento de contaminación electromagnética que se derivaría del 5G un riesgo de 3 sobre 3 para la fauna salvaje, alertando de la posibilidad de efectos biológicos no deseados.

De hecho, aunque estos estudios y otros previamente desarrollados para otro tipo de radiaciones electromagnéticas son lo suficientemente contundentes como para invitar a la aplicación inmediata del principio de precaución, quizá la prueba más fehaciente de los riesgos asociados al despliegue del 5G sea la propia actitud de gobiernos y grandes empresas. Por un lado, gobiernos de todo el mundo se niegan a desarrollar estudios de impacto que darían respuesta a las dudas e inquietudes de científicos, instituciones y movimientos sociales. Para ello, se amparan en los posicionamientos de grupos de «expertos» con vinculaciones con el lobby de las telecomunicaciones que adolecen de una parcialidad harto comprobada.

Sin embargo, al mismo tiempo, las administraciones responsables de la implementación de la tecnología 5G no exigen pólizas de responsabilidad civil para el mismo. Es más, en su resolución de 2009 el Parlamento Europeo ya expresó su alarma sobre el hecho de que las compañías aseguradoras estuvieran aplicando su propio principio de precaución al tender a excluir de sus pólizas los daños para la salud causados por las tecnologías inalámbricas. Por tanto, al estar dándose el despliegue del 5G sin cobertura de seguros, ¿quién responderá de los eventuales daños que se puedan derivar del mismo? Introducir tecnologías que presentan riesgos no asegurables es un indicio muy poderoso de que, desde la propia racionalidad interna de la economía capitalista, las cosas no van bien.

Pero en tiempos de la covid-19 quizá se hace más evidente que nunca la urgencia de reflexionar sobre las transformaciones cualitativas que el 5G generaría en nuestras sociedades. La necesidad de una respuesta efectiva ante los devastadores efectos del coronavirus está poniendo en primer plano el debate sobre qué estrategia seguir. Muchas voces comienzan a trazar una línea divisoria entre la reacción asiática y la reacción occidental, decantándose por la primera por su mayor efectividad.

Sin embargo, ¿en qué consiste exactamente el famoso modelo chino que se nos vende como panacea? Geolocalización de teléfonos móviles, seguimiento de los movimientos de la población mediante apps, uso de drones y robots, aplicación de la inteligencia artificial al reconocimiento facial o despliegue masivo de nuevas torres para vigilar a las personas 24/7 (todas las horas del día, todos los días de la semana) y poderlas sancionar. Lo que hasta hace poco era reconocido por casi todos como el paradigma de Estado totalitario digital, hoy se convierte en modelo. Un modelo vinculado a una red 5G que sostenga el enorme nivel de conectividad e interconexión que requiere. Un modelo que, como demuestra el caso de Singapur, ni siquiera puede asegurarnos que no necesitaremos seguir recurriendo a medidas de confinamiento en el futuro.

Además de la salud, en la crisis del coronavirus están en juego la libertad y la capacidad de autoorganización social. Hoy, aunque en la UE se mantiene el decoro sobre la necesaria salvaguarda de los derechos y el discurso de la protección de la privacidad, la realidad es que muchos de estos sistemas de control están empezando a ser adoptados por nuestros gobiernos. Y, a la vista de la prensa y de algunos informes, podríamos estar asistiendo únicamente al principio de un despliegue mucho mayor. Smart cities, internet de las cosas, ciudad digital… Todas ellas son sinónimo de interconectividad masiva, recogida de datos, análisis de big data, biopolítica digital: un Ciberleviatán en ciernes con un potencial de control totalitario como la humanidad nunca conoció. Y todas ellas descansan sobre la implementación efectiva del 5G. Hoy, cuando la crisis ecológica y la tragedia climática hace que se tambalee el antiguo proyecto del progreso industrial, ¿sorprende que empresas y gobiernos se aferren con uñas y dientes a este nuevo movimiento especulativo que promete aumentar las ganancias y renovar la legitimidad de nuestro proyecto civilizatorio?

Actuar con contundencia es ahora más importante que nunca. La digitalización acelera el capitalismo precisamente cuando necesitamos desaceleración y transformación sistémica. La tecnología 5G está diseñada para llegar hasta el último rincón del planeta. A día de hoy ya se ha autorizado el despliegue de 12.000 satélites privados que llenarán el cielo, arrebatándonos un patrimonio que pertenece a toda la humanidad. EEUU acaba de autorizar el despliegue de un millón  de antenas mayoritariamente en zonas rurales. Aunque en Europa la crisis sanitaria de la covid-19 ha supuesto un retraso en el despliegue de la red 5G, gobiernos como los de EE UU o China aprovechan estos momentos de incertidumbre para pisar el acelerador y dejar vía libre a su desarrollo. Todo ello, insistimos, sin la investigación previa necesaria.

Es más, en las últimas semanas estamos siendo testigos de primera mano de uno de los peligros de la centralización de la información y de la crítica social en unas pocas plataformas digitales controladas por aún menos empresas multinacionales. YouTube o Facebook han puesto en marcha una cruzada contra las fake news que, curiosamente, no elige como objetivo a los instigadores del odio de la alt right, sino a los críticos de esta nueva tecnología. Amparándose en la vinculación por parte de muchos de 5G y extensión de la covid-19, un vínculo causal sin duda insostenible, páginas y vídeos desaparecen día tras día haciendo cada vez más complicada la oposición a una tecnología en la que el capitalismo industrial se lo juega casi todo a nivel económico y de legitimidad.

Nos encontramos en un punto sin retorno. Si todos estos proyectos prosperan, probablemente será mucho más difícil o imposible dar marcha atrás: es la dinámica de las "tecnologías atrincheradas" que han denunciado los estudios CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad). ¿Resulta sensato transigir con la extensión masiva de una tecnología que no ha sido investigada, una tecnología que muchos científicos señalan como potencialmente dañina, una tecnología que puede poner en riesgo nuestras ya debilitadas democracias? El principio de precaución aconseja hoy con fuerza una moratoria para el 5G: no sólo por los indicios de efectos sobre los cuerpos vivos, sino sobre todo por el daño al cuerpo social.

Por Adrián Almazán

Ecologistas en Acción

07/05/2020

La necesidad de luchar contra un mundo ‘virtual’

Manifiesto

Contra la doctrina del shock digital

 

Mucha gente habla del «día después», de todo lo que hará falta hacer y conseguir después del coronavirus. Pero, más allá de las enfermedades y duelos personales, ¿en qué estado colectivo nos dejará todo esto? ¿En qué estado psicológico? ¿En qué Estado político? ¿Con qué hábitos relacionales? En este texto, iniciativa del colectivo francés Écran total y del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS), se señala el riesgo de que una parte de los buenos propósitos para el día después estén siendo ya de facto neutralizados por la aceleración en curso de los procesos de informatización. Por ello, propone un boicot masivo y explícito a las diferentes aplicaciones móviles que, bajo la premisa de la lucha contra la covid-19, van a suponer la instalación efectiva de un seguimiento generalizado de la población. En el texto se muestra cómo este tipo de aplicaciones son el ejemplo paradigmático de nuestra fascinación ante la tecnología y nuestra dependencia total de ella. Fascinación y dependencia que garantizan la perpetuación del orden político existente, del experimento masivo con la salud de población, sin garantía sanitaria alguna, que implica el incesante aumento de las radiofrecuencias de microondas y de nuestra trayectoria de destrucción ecológica.

Desde la perspectiva sanitaria todavía seguimos sin entender muy bien qué está pasando, y resulta difícil saber con precisión hacia dónde nos dirigimos. Es probable que haga falta bastante tiempo para desentrañar todos los misterios de la epidemia de la covid-19. Es más, la incertidumbre que rodea su origen, su difusión y su letalidad seguirá siendo inescrutable hasta que deje de atacar a tantos países de manera simultánea. Por desgracia, nadie parece saber cuándo llegará esa anhelada paz. A partir de ahora, si queremos continuar adelante con nuestras vidas, no debemos ni sobrestimar ni subestimar a la epidemia en tanto tal.

En contraste con la incertidumbre anterior, lo que sí nos parece bastante claro es que esta crisis sanitaria puede suponer un punto de inflexión que dé lugar a la aparición y estabilización de un nuevo régimen social: un régimen basado en todavía más miedo y aislamiento, un régimen aún más desigual que ahogue toda libertad. Si hacemos el esfuerzo de lanzar este llamamiento es porque creemos que lo anterior sólo es una posibilidad y que se presentarán oportunidades de impedirlo. Pero mientras que las simples ciudadanas y ciudadanos como nosotros aquejamos fuertemente la fragilidad de nuestra existencia frente a la amenaza del virus y de un confinamiento prolongado, el orden político y económico en vigor, sin embargo, parece estremecerse y fortalecerse al mismo tiempo en mitad de este terremoto. Es decir, se nos presenta como frágil y, al mismo tiempo, extremadamente sólido en lo tocante a sus expresiones más «modernas», es decir, las más socialmente destructivas.

Sin duda a casi nadie se le escapa que los gobiernos de muchos países han aprovechado la situación actual para paralizar durante un tiempo indeterminado protestas que, en muchos casos, eran muy fuertes y llevaban activas meses. Pero lo que no resulta menos alarmante es cómo las medidas de distanciamiento social y el miedo al contacto con el otro que ha generado la epidemia se hallan en poderosa sintonía con las principales tendencias de la sociedad contemporánea. De hecho, dos de los fenómenos que la crisis sanitaria ha acelerado hacen plausible pensar en un posible tránsito a un nuevo régimen social sin contacto humano, o con el menor número posible de contactos y regulados por la burocracia: el aterrador aumento del poder de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sobre nuestras vidas; y su corolario, los proyectos de seguimiento digital de la población amparados en la necesidad de limitar el número de contagios de covid-1.

“Quédate en casa”... usando Internet y sin cuestionar los riesgos para la salud de los dispositivos inalámbricos

Desde los primeros días del confinamiento estuvo claro que uno de los efectos sociales inmediatos de la pandemia, en España y en Francia, sería una profundización de nuestra dependencia de la informática y de los dispositivos inalámbricos (móvil, WiFi, Bluetooth, etc.) Y eso que, al ritmo al que iban las cosas, ¡parecía difícil que pudiera acelerar aún más! Sin embargo, el confinamiento obligatorio en los hogares ha hecho que, para muchos, las pantallas se hayan convertido en casi la única manera de mantener el contacto con el mundo: el comercio digital ha explotado, de hecho hasta la organización de redes locales de aprovisionamiento de verduras y productos frescos ha dependido en muchos casos de internet; el uso de videojuegos ha alcanzado niveles estratosféricos; las consultas de «telemedicina» han aumentado exponencialmente (pese a que lo único que ofrecen es una simple conversación telefónica); también la continuidad de la docencia reglada se ha hecho pasar por el ordenador, ignorando todas las voces médicas que recomiendan limitar la exposición de los niños a las pantallas y a las radiofrecuencias de microondas; y, por último, muchos miles de personas están teletrabajando –se acabó lo de «metro-curro-catre», la cosa se ha quedado en «de la cama al ordenata», «en la cama con la tablet» o «en el catre con el ordenata».

Por supuesto, los grandes medios de comunicación no encuentran nada preocupante en esta reducción masiva de todas las actividades humanas a una sola. Todo lo contrario, cuanto más dependa una iniciativa solidaria de una web, una plataforma virtual o un grupo de mensajería, más la aplauden. De hecho, animan a que cada cual acepte resignadamente que la única opción es tomar el aperitivo juntos pero solos, «por» Skype, y hasta han sido capaces de encontrar a creyentes deseosos de comulgar en Semana Santa a través de una pantalla.

Esta intensa campaña de promoción de la vida digital no produce, sin embargo, alarma alguna en el ámbito del pensamiento: nadie parece encontrar preocupante la informatización total del mundo y el aumento de la exposición continuada a las radiofrecuencias. A ambos lados de los Pirineos, periodistas, economistas y hombres de Estado nos instan a romper nuestra dependencia de la industria china en sectores como el médico o el textil. Pero su deseo de independencia nacional no suele llevarles a inquietarse por el hecho de que todo el sector de las TIC dependa de las minas y las fábricas asiáticas, muy a menudo de instalaciones industriales gigantescas cuya «relocalización» resulta difícil concebir. Se alzan otras voces que van más allá de la crítica a la globalización del comercio y reivindican un cambio profundo en «nuestro modelo de desarrollo». Sin embargo, lo más habitual es que pasen por alto el papel central de lo digital en dicho modelo y que, por tanto, no señalen que poco cambiará en materia de precariedad social y ecología si continuamos haciendo todo a través de internet y expuestos a los cada vez más insostenibles niveles de radiación de los dispositivos inalámbricos.

En lo que respecta al presidente Macron, sus intervenciones más recientes han hecho repetidamente referencia al Consejo Nacional de la Resistencia y su espíritu de compromiso social. Sin embargo, en la práctica su proyecto de hacer de Francia una start-up nation nunca se ha detenido. Por el contrario, ha experimentado un salto cualitativo. Algo similar podríamos decir del gobierno de coalición PSOE-Podemos. Sus reiteradas referencias a los Pactos de la Moncloa y al espíritu social de la Constitución no han impedido que el proyecto de digitalización de la sociedad, que desempeñó un papel central en el discurso de investidura de Pedro Sánchez, se mantenga intacto. Esta nueva era de trabajo virtual es la más propicia para rematar la ofensiva contra los y las trabajadoras asalariadas que se puso en marcha bastante antes de la llegada del coronavirus: destrucción masiva de puestos de trabajo por la aparición de nuevas aplicaciones, plataformas y robots; reducción del trabajo relacional, sustituido por respuestas automatizadas gobernadas por algoritmos; pérdida de sentido en el trabajo según éste va siendo progresivamente sustituido por absurdas rutinas burocráticas; aumento de la explotación y debilitamiento de la capacidad de resistencia de las y los trabajadores, que cada vez se encuentran más aislados.

De este modo, el confinamiento ha supuesto una oportunidad inigualable para dirigirse todavía más rápidamente al objetivo que, en Francia, marcaba al plan de Acción Pública 2022: sustituir todos los servicios públicos por portales online. Como ya se ha podido comprobar con el cierre de las ventanillas físicas en las estaciones de tren, esta digitalización acelera la privatización de los servicios públicos al transferir el trabajo antes presencial a plataformas comerciales caracterizadas por sus prácticas opacas y responsables de la creación masiva de perfiles usando los datos de los usuarios. Esta transformación supone, además, una exclusión violenta de los usuarios poco o nada conectados –hasta una quinta parte de la población, en la que se incluyen las personas mayores, las más vulnerables económicamente y las recalcitrantes. Tiende a obligar a sectores de la población en vías de empobrecimiento masivo a comprar en ocasiones tantos equipos informáticos «básicos» (PC, smartphone, impresora, escáner…) como miembros de la familia. Esta transformación, en suma, nos empuja hacia un mundo profundamente deshumanizado y kafkiano.

«La digitalización de todo lo que puede ser digitalizado es el medio del que se ha dotado el capitalismo del siglo XXI para poder seguir abaratando costes […]. Retrospectivamente, es posible que esta crisis sanitaria aparezca como un momento de aceleración de la virtualización del mundo, como el punto de inflexión de la transición desde el capitalismo industrial al capitalismo digital. Y, por tanto, de su corolario: el hundimiento de las promesas humanistas de la sociedad [de servicios]». Este análisis de sentido común no proviene de un enemigo acérrimo del neoliberalismo que expresara su rabia ante las decisiones tomadas en los últimos cuarenta años bajo la presión de los medios empresariales. Viene, en cambio, de un economista de centro-izquierda que forma parte del Consejo asesor del periódico Le Monde. Una declaración así basta para comprender que, si es cierto que se está desarrollado una «doctrina del shock», el centro de la misma está frente anuestras narices: la intensificación de la digitalización de la vida cotidiana y económica. 

Nos parece, por tanto, que resulta más que legítimo hablar de una doctrina del shock digital, en el sentido de que la crisis sanitaria ha sido la oportunidad perfecta para reforzar nuestra dependencia de las herramientas informáticas y desarrollar muchos proyectos económicos y políticos previamente existentes: docencia virtual, teletrabajo masivo, salud digital, Internet de las Cosas, robotización, supresión del dinero en metálico y sustitución por el dinero virtual, promoción del 5G, smart city… A esa lista se puede añadir los nuevos proyectos de seguimiento de los individuos haciendo uso de sus smartphones, que vendrían a sumarse a los ya existentes en ámbitos como la vigilancia policial, el marketing o las aplicaciones para ligar en internet. En conclusión, el peligro mayor al que nos enfrentamos no es que las cosas «se queden como estaban», sino que vayan a bastante peor.

¿Cuándo China despierta en nuestro interior?

Ya casi nadie duda de que la salida del confinamiento, o la “desescalada” paulatina, en muchos Estados europeos va a suponer la puesta en marcha de nuevos dispositivos de vigilancia a través de los smartphones. Si tenemos en cuenta que al miedo de enfermar se le suma ya el hastío y la imposibilidad económica de seguir confinados durante meses, lo anterior no puede ser considerado más que un enorme chantaje de los gobiernos al conjunto de la población.

Percibamos la dimensión del timo: en un contexto de grave penuria de instrumentos básicos en la lucha contra el contagio (carencia de suficientes mascarillas y batas en los hospitales, escasez de sanitarios y de camas y, para colmo, poquísimos test de detección disponibles), se nos ofrece en su lugar un invento de ciencia ficción: aplicaciones para la detección digital de la transmisión del coronavirus. Aunque sigue sin asegurarse un apoyo económico masivo y estructural a los hospitales públicos para que puedan hacer frente a una crisis que ha venido para quedarse, sin embargo no se duda en atravesar un nuevo Rubicón en el rastreo sistemático de los desplazamientos y las relaciones sociales, por ahora únicamente de aquellos que den su consentimiento explícito. Los resultados médicos de esta estrategia son más que dudosos, en cambio las consecuencias políticas no dejan lugar a dudas.

El hecho de saberse continuamente vigilado es fuente comprobada de conformismo y sumisión a la autoridad, incluso cuando no se vive en una dictadura. Desde el gobierno nos aseguran que los datos recogidos por las aplicaciones de seguimiento de las personas infectadas por la covid-19 serán primero anonimizados y posteriormente destruidos. Sin embargo, basta con leer la parte de las memorias de Edward Snowden donde éste habla de la vigilancia virtual para darse cuenta de que nadie puede garantizar algo así. Es más, un vistazo a la historia reciente de la tecnología muestra que los dispositivos liberticidas que se introducen en tiempo de crisis casi nunca desaparecen: si se extienden a gran escala, y bajo la égida del Estado, las aplicaciones de seguimiento se quedarán y será muy difícil impedir que se extiendan al conjunto de la población. Basta con pensar en la identificación a través del ADN, que en Francia se instaló a finales de los años 1990 como reacción frente a una serie de crímenes sexuales y de la que los ministros de la época afirmaban que siempre se mantendría limitada a criminales de alto nivel. Hoy en Francia cuando a uno lo arrestan por quedarse más de lo debido en una manifestación la identificación a través del ADN es casi automática. Es más, quizá bastaría con reflexionar sobre un punto básico: no tenemos la menor idea de cuánto durará este episodio pandémico en el que llevamos sumidos desde comienzos de marzo, ¿seis meses, tres años, más aún?

Sea como fuere, esta crisis ha venido atravesada por la idea de que para encontrar modelos realmente eficaces en la lucha contra el coronavirus es necesario dirigir la atención hacia Asia en general, y hacia China en particular. En Francia los medios de comunicación y los políticos hacen sobre todo referencia a Corea del Sur, Taiwán o Singapur, donde la hipermodernidad tecnológica no se asocia (con o sin razón) al despotismo político. En España, sin embargo, el estallido de la crisis sanitaria fue testigo de cómo algunos de los principales periódicos del país se preguntaban abiertamente si la «democracia» no era un lastre que condenaba a una lucha ineficaz contra el virus. Al mismo tiempo, algunos «camisas viejas» del liberalismo hacían expresa su admiración por el autoritarismo chino high tech y su efectividad: geolocalización de teléfonos móviles, sistemas de calificación social alimentados por los datos que los ciudadanos vuelcan constantemente en internet, reconocimiento facial, uso de drones teledirigidos para vigilar y sancionar a la población. Este cambio de mirada es uno de los elementos clave del cambio de rumbo que estamos quizá viviendo: durante décadas nos hemos acostumbrado a leer nuestro futuro con las lentes que nos ofrecían los cambios en la sociedad norteamericana. Hoy, de manera súbita, parece que es la China post-maoísta la que define nuestro destino, ella que ha sido capaz de hacer un uso sin complejos de las innovaciones de Sillicon Valley.

El crecimiento de la tecnología únicamente puede ser fuente de colapsos ecológicos y sanitarios

Por lo pronto la decisión de las autoridades políticas europeas de hacer un uso masivo de aplicaciones de seguimiento a través de smartphone como medida de control de la covid-19 no es más que una forma de bluff. Una suerte de medida de acompañamiento psicológico que tiene sobre todo como fin el dar la impresión de que se toman medidas, que los gobiernos son capaces de hacer algo, que tienen ideas para poner la situación bajo control. Sin embargo, en países como los nuestros o como Italia, es evidente que no controlan nada. Por el contrario, lo que vemos es que gobiernos de toda Europa se doblegan a las exigencias patronales de vuelta al trabajo y reactivación de la economía, lo que hace todavía más urgente sacarse de la chistera alguna aplicación mágica, la única medida con la que parecen contar para proteger a la gente.

De hecho, para lo que sirven dispositivos como la geolocalización digital es para garantizar el mantenimiento de una organización social patológica, pretendiendo al mismo tiempo limitar el impacto de la epidemia que actualmente sufrimos. El seguimiento del coronavirus tiene como objetivo preservar (por ahora) un tipo de mundo donde nos desplazamos demasiado, para nuestra salud y para la de la Tierra; donde trabajamos cada vez más lejos de casa, cruzándonos en el camino con miles de personas que no conocemos; donde consumimos los productos de un comercio mundial cuya escala excluye cualquier posibilidad de regulación moral. Lo que los promotores de la geolocalización buscan preservar no es, prioritariamente, ni nuestra salud ni nuestro «sistema de salud», sino la sociedad de masas. De hecho, una sociedad de masas aún más profunda, en el sentido en el que los individuos que la componen estarán todavía más aislados y encerrados sobre sí mismos por culpa del miedo y la tecnología.

Ahí donde la pandemia actual debería incitarnos a transformar radicalmente una sociedad en la que la urbanización desbocada, la contaminación del aire, la contaminación electromagnética y el exceso de movilidad pueden tener consecuencias incontrolables, sin embargo el desconfinamiento gestionado a través del big data amenaza con hacernos profundizar todavía más en ella. La emergencia de la covid-19, como las de otros virus desde el año 2000, está estrechamente vinculada para muchos investigadores con la desforestación. Ésta genera contactos imprevistos entre diversas especies animales y seres humanos. Otras investigaciones apuntan a la ganadería intensiva de concentración, saturada de antibióticos mutágenos. Decir que la respuesta a la covid-19 tiene que ser tecnológica, como leemos en muchísimos medios, es continuar con la huida hacia adelante de una lógica de dominio y control de la naturaleza ilusoria y, como muestra cada día la crisis ecológica, condenada al fracaso. El impacto de la industria de las TIC sobre los ecosistemas es ya insostenible: además de los riesgos para la salud de la población y los demás seres vivos, la industria de las TIC ha ha creado una auténtica fiebre de los metales que devasta algunas de las zonas mejor conservadas del planeta, se apoya sobre una industria química especialmente contaminante, engendra montañas de residuos y, debido a la multiplicación de los data center y al aumento permanente del tráfico en internet, obliga a las centrales eléctricas a funcionar a toda máquina. Éstas emiten ya una cantidad de gases de efecto invernadero equiparable a la asociada al tráfico aéreo.

Más aún, el modo de vida conectado, sobre todo en su aspecto inalámbrico, es globalmente nocivo para nuestra salud. Adicciones, dificultades relacionales y de aprendizaje entre los más pequeños, pero también electrosensibilidad: se estima que 1.500.000 personas (3% de la población), el 90% mujeres, padecen en España enfermedades de sensibilización central (fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y sensibilidad electromagnética). Además, cada vez más investigaciones identifican estas enfermedades emergentes como enfermedades neurológicas producidas por estrés oxidativo celular relacionado con factores ambientales (productos químicos y ondas electromagnéticas). Unas cifras que invitan a poner en marcha investigaciones profundas para comprender cómo aparecen y actúan. A lo anterior hay que sumarle la posibilidad, contemplada por la OMS, de que las ondas electromagnéticas artificiales sean cancerígenas. Ante las evidencias de los vínculos establecidos entre tumores de corazón en ratas y ondas 2G/3G por el National Toxicology Program de los EEUU en 2018, la ausencia de un consenso científico total, sólo ha servido para liberar de su responsabilidad a la industria de la telefonía móvil que, acogiéndose a la incertidumbre, justifica una huida hacia adelante sin aplicar nunca el principio de precaución.

Por último, en la primera línea de la doctrina del shock desplegada por los gobiernos, se encuentra la simplificación de la instalación de antenas de retransmisión, contra las que muchos vecinos y asociaciones vienen luchando (alegando sus posibles efectos sobre la salud). En Francia, la Ley de urgencia del 25 de marzo de 2020 permite la instalación de antenas sin aprobación de la Agencia Nacional de Radiofrecuencias. Al mismo tiempo, la explosión del uso de internet ligada al confinamiento justifica en muchos lugares, sobre todo en Italia, continuar el desarrollo de la red 5G. En España, aunque vivimos un parón momentáneo, todo apunta a que el proyecto se retomará con nuevo ímpetu al final de este mismo año. Mientras que investigadoras, científicos, ciudadanas y ciudadanos del mundo entero llevan años oponiéndose a esta innovación, la prensa corre un velo sobre esta inquietud recubriéndola de noticias sobre una cuestionable vinculación entre la extensión de la covid-19 y las ondas del 5G. Las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) han llegado incluso a eliminar gran cantidad de publicaciones virtuales que llamaban la atención sobre los efectos de esta nueva etapa de intensificación de los campos electromagnéticos artificiales. Sin embargo, esas inquietudes son perfectamente legítimas: por un lado, porque desplegar una fuente de contaminación electromagnética que va a multiplicar por dos todas las fuentes ya existentes sin conocer a ciencia cierta sus efectos es una aberración desde el punto de vista del principio de precaución. Por otro, porque un peligro absolutamente comprobado del 5G es que está destinado a servir de base para la extensión de los objetos interconectados, los coches automáticos y, en general, una sociedad hiperconsumista cuyos efectos sociales, sanitarios y ecológicos son insostenibles.

Frenar la escalada

Si quisiéramos resumir la situación podríamos decir que los tecnócratas de todo el mundo pretenden protegernos del coronavirus hoy acelerando un sistema de producción que ya compromete nuestra supervivencia en el futuro presente. Es absurdo, además de estar destinado al fracaso.

Lo que hace falta no son tecnologías que nos hagan más irresponsables, decidiendo por nosotros dónde podemos ir y qué podemos hacer. Lo que necesitamos es ejercer nuestra responsabilidad personal y colectiva para luchar contra las flaquezas y el cinismo de los dirigentes. Necesitamos construir desde la base, y con ayuda de epidemiólogos, médicos y sanitarios, reglas de prudencia colectiva razonables y sostenibles a largo plazo. Y para que estas inevitables restricciones tengan sentido, no sólo necesitamos saber en tiempo real el estado de las urgencias. Necesitamos una reflexión colectiva y consecuente sobre nuestra salud, sobre los medios necesarios para protegernos de las muchas patologías ligadas a nuestra forma de vivir: los futuros virus, pero también los factores de «co-morbilidad» como el asma, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y, por supuesto, el cáncer.

Lo que esta crisis saca de nuevo a la luz es el problema de la dependencia de un sistema de aprovisionamiento industrial que saquea el mundo y debilita nuestra capacidad de oponernos de manera material y concreta a las injusticias sociales. Desde nuestro punto de vista, el único modo de garantizar nuestra capacidad de alimentarnos, cuidarnos y cubrir nuestras necesidades básicas en las crisis que están por venir es hacemos colectivamente cargo de nuestras necesidades materiales, desde la base y en alianza con muchos de los y las profesionales hoy responsables de dichas tareas. Y para ello resulta imprescindible comprender que la informatización se opone frontalmente a esa necesaria construcción de autonomía: la digitalización se ha convertido en la piedra angular de las grandes industrias, de las burocracias estatales, y en general de todos los procesos de administración de nuestras vidas que se rigen por las leyes del beneficio y el poder.

Se ha vuelto habitual escuchar que en algún punto de esta crisis será necesario pedir cuentas a los dirigentes. Y, como es habitual, no faltarán las reclamaciones en materia de dotación presupuestaria, de abuso patronal y bancario o de redistribución económica. Sin embargo, junto a estas indispensables reivindicaciones, tienen que venir otras que o partan de nosotros mismos o se obtengan mediante la lucha contra quienes hoy están tomando las decisiones. Al menos si queremos poder conservar nuestra libertad, es decir, si queremos conservar la posibilidad de combatir contra las lógicas de la competencia y la rentabilidad, y construir un mundo donde el miedo al otro y la atomización de la población no se instalen de manera indefinida.

  1. Durante las últimas semanas se ha hecho habitual que muchas personas dejen sus smartphones en casa cuando salen. Llamamos a la generalización de este tipo de gestos y al boicot de las aplicaciones públicas y privadas de seguimiento digital. Más allá de lo anterior, invitamos a todas y todos a reflexionar profundamente sobre la posibilidad de abandonar su teléfono inteligente y reducir en gran medida su uso de la tecnología inalámbrica. Volvamos, por fin a la realidad.
  2. Llamamos a la población a informarse sobre las consecuencias económicas, ecológicas y sanitarias del despliegue de la red 5G y a oponerse activamente al mismo. Más aún, invitamos a todas y todos a informarse sobre las antenas de telefonía móvil que ya existen cerca de su casa y a oponerse a la instalación de nuevas antenas transmisoras.
  3. Llamamos a una toma de conciencia de los problemas asociado a la digitalización en curso de todos los servicios públicos. Uno de los desafíos en el periodo post-confinamiento (¿o en los periodos entre confinamientos?) será lograr que la atención presencial siga disponible, o vuelva a estarlo, en ciudades y pueblos, en estaciones de tren, en la Seguridad social, en las administraciones locales, etc. Merecería la pena luchar por la defensa del servicio postal (esencial, por ejemplo, para la circulación de ideas más allá del mundo virtual) y la conservación de un servicio de teléfono fijo que funcione bien y sea independiente de la contratación de internet.
  4. Otra batalla crucial para el futuro de la sociedad es el rechazo de la escuela digital e inalámbrica. La crisis que estamos atravesando se ha aprovechado para normalizar la educación a distancia a través de internet, y sólo una reacción contundente de profesores y familias podrá impedir que se instale definitivamente. Pese a que la escuela es susceptible de críticas desde muchos puntos de vista diferentes, estamos convencidos de que estas últimas semanas se habrá hecho evidente para muchos que sigue teniendo sentido aprender juntas y que es muy valioso para los más pequeños estar en contacto con maestros y maestras de carne y hueso.
  5. La economía no está ni ha estado nunca paralizada, por lo que tampoco deberían estarlo los conflictos sociales. Apoyamos a todas las personas que han sentido su integridad en riesgo, desde un punto de vista sanitario, en su puesto de trabajo habitual o durante sus desplazamientos. Sin embargo, queremos también llamar la atención sobre los abusos y el sufrimiento que acompañan al marco del teletrabajo a domicilio. Algunos llevamos años denunciando la informatización del trabajo, y nos parece evidente que la extensión del teletrabajo forzado es un proceso al que tenemos que oponernos a través de nuevas formas de lucha y boicot.
  6. Es muy probable que, desde el punto de vista económico, los meses siguientes puedan ser terribles. Es posible que vivamos un empobrecimiento masivo de la ciudadanía, al igual que no deberíamos descartar colapsos bancarios y monetarios. Frente a estos peligros, es necesario que pensemos en cómo vamos a comer y cómo vamos a cultivar las tierras que nos rodean, cómo nos vamos a integrar en las redes de aprovisionamiento de proximidad y, sobre todo, en cómo extender lo anterior para que esté al alcance de la mayoría de la población. De igual modo deben ser cuestiones prioritarias el garantizar la supervivencia de las y los agricultores que producen comida sana cerca de donde vivimos y el apoyo a todos los nuevos que decidan instalarse. Lo que hemos dicho anteriormente explica por qué creemos que recurrir a la alta tecnología no puede en ningún caso ser una solución humana y perenne.
  7. Por último, todo apunta a que en los próximos meses nos va a tocar defender maneras de poder encontrarnos físicamente, inventar o retomar espacios de discusión pública en estos tiempos difíciles en los que se darán muchas batallas decisivas. Sin duda, todo lo anterior tendrá que hacerse con la idea en mente de minimizar los riesgos de contagio. Pero la vida digital no puede ser un sustituto permanente de la vida real, y los sucedáneos de debate que hoy se realizan por internet no podrán nunca reemplazar la presencia en carne y hueso y el diálogo de viva voz. Cada cual debe reflexionar desde este momento sobre el modo de defender el derecho de reunión (reuniones de vecinos, asambleas populares, manifestaciones), sin el cual los derechos políticos son imposibles y sin el cual es imposible construir una posición de fuerza, imprescindible para dar existencia a cualquier tipo de lucha.

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Notas

  1. Extracto de la entrevista a Daniel Cohen en Le Monde del 3 de abril de 2020. Que lo citemos aquí no implica en ningún caso que estemos en sintonía con el tipo de categorías que Cohen utiliza: en realidad lo digital no es más que una profundización del carácter industrial del capitalismo, y la sociedad post-industrial de la que él habla simplemente no existe. 
  2. Referencia a la fórmula y la obra de Naomi Klein, La doctrina del shock, que se tradujo en España en el año 2007 y fue publicada por la editorial Paidós. En el libro este término se ejemplificaba con las oportunidades que el huracán Katrina, que impactó Luisiana en 2005, ofreció a las clases empresariales norteamericanas.
  3. Para profundizar en esta cuestión, acúdase al capítulo 2 de la traducción del libro del Grupo MARCUSE La libertad en coma: contra la informatización del mundo, Madrid 2019, Ediciones El Salmón.
  4. Edward Snowden, Vigilancia permanente, Madrid 2019, Planeta. Siendo más precisos, en lo que Snowden insiste es en la imposibilidad de hacer desaparecer por completo los datos que se registran. En lo relativo a la imposibilidad de anonimizar, recoomendamos el análisis de Luc Rocher que se reseña en el artículo «No existe el anonimato, gracias a tus datos pueden rastrearte y encontrarte», publicado el 31 de julio de 2019 en el periódico ABC.
  5. Recomendamos revisar el análisis a ese respecto que ha realizado la asociación La Quadrature du Net, publicado en su página web el 14 de abril, que entre otras cosas llama la atención sobre la poca fiabilidad de la tecnología Bluetooth, su escasa precisión a la hora de indicar contactos entre personas diagnosticadas como «positivas», en particular en zonas muy pobladas, y la dificultad de activarla o utilizarla para mucha gente.
  6. Ver los estudios de Alfonso Balmori.
  7. Se puede revisar, entre otros materiales, la síntesis de Cécile Diguet y Fanny Lopez, L’impact spatial et énergétique des data centers sur les territoires, disponible en www.ademe.fr

Por Jorge Riechmann / Adrián Almazán y 300 firmas más 3/05/2020

Firmado por los siguientes colectivos y personas:

Anticapitalistas (confederal)

Redacción de la revista L’Âge de faire (Alpes de Haute-Provence)

Association Résistance 5G Nantes

Blog "El Rumor de las Multitudes", periódico El Salto

Siguen más firmas…

Publicado enSociedad
Cientos de miles de cámaras escrutan Moscú

Las organizaciones de derechos civiles alertan de que la expansión de los sistemas de videovigilancia y reconocimiento facial pueden ser un arma de represión masiva

Moscú aspira a desafiar a China como uno de los lugares más video-escrutados del mundo. La capital rusa ha amasado una de las redes de videovigilancia más completos, con hasta 200.000 cámaras en una sofisticada malla público-privada. El alcalde, Serguéi Sobyanin, aliado de Putin y a quien muchos ven como un posible sucesor, aspira no solo a que esa telaraña se desarrolle sino también a que toda la red disponga de uno de los sistemas de reconocimiento facial más avanzados fuera del gigante asiático como parte de su arsenal de lucha contra el crimen. Pero en un país que reprime la protesta y acalla a los opositores, esta videovigilancia masiva inquieta a las organizaciones de derechos civiles, que alertan de que se podrá usar para rastrear a personas ‘incómodas’ para el poder; además del riesgo del uso de esos datos.

Aliona Popova está convencida de que ha sido víctima de ese sistema de Gran Hermano. La abogada y conocida activista por los derechos de las mujeres fue detenida después de haber participado en una protesta contra el acoso. Sospecha que fue rastreada por una de las miles de cámaras de vigilancia con sistema de reconocimiento facial sembradas por Moscú. “Sin transparencia y garantías, en las manos equivocadas, esta tecnología se convertirá en un arma para la represión masiva de las libertades civiles”, lamenta Popova, que ha acudido a los tribunales con su caso y tiene otros procesos abiertos para limitar el uso de estos sistemas. Sus primeras demandas han sido desestimadas por ahora, despejando el camino para el escrutinio masivo. La ley rusa no regula el análisis de imágenes de vigilancia no consensuada, una laguna que deja su uso muy abierto.

La frondosa maraña de cámaras de vigilancia en el metro moscovita, las calles, organismos oficiales o en los portales de multitud de edificios graba al menos 1.500 millones de horas de metraje al año. Y Moscú, que lleva años apostando por el uso de las nuevas tecnologías y que se ha convertido en número uno en “efectividad del Gobierno electrónico en la prestación de servicios públicos", según un ranquin de la ONU, quiere usar la inteligencia artificial y el Big Data para analizar esos millones de datos. Ahora, la capital rusa ha elevado el envite y ha adquirido un sofisticado –y controvertido— sistema que permite el reconocimiento facial “en tiempo real” en las bases de datos policiales y de seguridad.

El software, desarrollado por la compañía NtechLab, busca los rostros pero también proporciona un reconocimiento en directo, por lo que es más rápido, ha afirmado la compañía, que se hizo famosa hace unos años por lanzar una polémica aplicación (FindFace) que permitía hacer una foto a alguien y rastrearlo en la red social rusa VKontakte (similar a Facebook y con 97 millones de usuarios activos al mes); una herramienta definida como “el fin del anonimato” que NTechLab cerró para centrarse en soluciones para empresas y Gobiernos. Como el sistema que ha vendido a Moscú por casi 3 millones de euros, según la licitación, y que las autoridades de la capital rusa combinarán con otros.

La mitad de las cámaras de la red de vigilancia de Moscú tienen ahora algún tipo de herramienta de reconocimiento facial. Y pronto, esa red “se convertirá en una de las más grandes del mundo, solo rivalizada por los sistemas chinos”, presumió el alcalde Serguéi Sobyanin. La capital de Rusia está todavía lejos del nivel de China, pero es la segunda ciudad de Europa con más cámaras, tras Londres, según varios análisis. “Será magnífico, los delincuentes se mantendrán alejados de Moscú; no habrá lugar para que se escondan aquí”, argumentó el político durante una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, a mediados del año pasado. El Ayuntamiento de Sobyanin, que aspira a convertir Moscú en el modelo-espejo en el que se miren todas las ciudades del país, asegura que el sistema condujo a la “captura” de hasta 10 delincuentes buscados cada mes el año pasado. “Las grabaciones de las cámaras de vigilancia se utilizan en la investigación de aproximadamente el 70% de los delitos. No solo faltas administrativas, también de delitos importantes”, afirma un portavoz del Consistorio. Y en plena epidemia global de coronavirus, las autoridades han recalcado que utilizarán estos sistemas para detectar a todo aquel que vulnere la cuarentena.

En los últimos meses, la alarma de las organizaciones de derechos civiles por el uso de la videovigilancia en Moscú se ha intensificado. En verano, en plena oleada de protestas por unas elecciones libres en la capital, el Ayuntamiento realizó un nuevo pedido de tecnología de reconocimiento facial –que se empezó a implantar por primera vez antes del Mundial de Fútbol de 2018— e implantó un mecanismo para transmitir en vivo las protestas a los funcionarios de seguridad. Entidades como Human Rights Watch o Amnistía Internacional (AI) sostienen además que los datos captados por las cámaras no solo se compararán con los archivos de seguridad sino también con toda la información disponible online, lo que permitirá poco a poco trazar perfiles, algo más similar al modelo chino.

"La tecnología de reconocimiento facial es por naturaleza profundamente intrusiva, pero además la ausencia total de transparencia y responsabilidad puede derivar en que se tomen represalias contra la protesta pacífica a un nivel inédito”, considera Natalia Zviáguina, responsable de AI Rusia.

También tiene un carácter disuasorio, dicen. “Muchas personas evitarán participar en acciones de protesta, asistir a reuniones religiosas o ir a un club sabiendo que les están siguiendo. Y esto ya supone una violación del derecho a la protesta civil pacífica, el derecho a la reunión y la libertad de expresión”, remarca Sarkís Darbinián, abogado de la organización especializada RosKomSvoboda. “La gente vivirá con miedo constante”, añade. Organizaciones como la suya creen que el caso de Aliona Popova no es único y que algunos de los ciudadanos detenidos tras una protesta fueron identificados gracias al sistema videovigilancia; también al rastreo que hacen los oficiales de seguridad de las imágenes difundidas por los medios y las redes sociales.

Mijaíl Aksel trata de bromear con que el suyo fue uno de los primeros casos. El “detenido piloto”, ironiza. El joven de 21 años, activista destacado del partido de extrema izquierda La otra Rusia, vinculado al escritor Eduard Limonov, fue detenido en el metro de Moscú en 2018. Se le informó que los sistemas de seguridad de la estación lo habían identificado como un criminal buscado. Le mostraron su ficha, con su foto y otros datos personales, pero como no aparecía ningún cargo ni tampoco un número de caso, hicieron una llamada rápida y terminaron por soltarle. “Creo que estaban probando el sistema, debieron empezar por orden alfabético y me tocó. Pero lo que sucedió conmigo le puede ocurrir a cualquiera”, alerta.

Hace unas semanas, Katrín Nenásheva también fue arrestada. Pero la activista de 25 años buscó las controvertidas cámaras y las desafió. La joven artista forma parte de un movimiento que se maquilla el rostro para protestar de manera simbólica contra los sistemas de videovigilancia. “No entendemos cómo funciona esta tecnología, tampoco dónde van a parar nuestros datos, que además tienen sin nuestro consentimiento. El sistema es un auténtico peligro”, remarca.

Pero estas herramientas de reconocimiento facial es solo una de varias medidas similares que Rusia está implementando de forma masiva, alertan las organizaciones de derechos civiles. Una nueva ley permite y dispone que se graben las llamadas a los móviles, por ejemplo, recalca el abogado Darbinián. Y recuerda que el Kremlin ha puesto en marcha normas para controlar Internet y que las autoridades obligan a las empresas a almacenar los datos de sus usuarios en territorio ruso. Las que se han negado, como Facebook o Twitter, han recibido multas o incluso el bloqueo en Rusia, como LinkedIn.

También está la ansiedad por el destino y el acceso a esos miles de datos. Más de 16.000 empleados del Gobierno, oficiales de inteligencia y de seguridad pueden acceder a los 1.500 millones de horas de metraje grabados por la red moscovita. La realidad es que muchas de esas grabaciones están disponibles para la compra en Internet. Y ni siquiera en la Deep Web, sino en páginas fácilmente accesibles por cualquiera, señala el periodista Andrey Kagánskij, que hizo una investigación hace meses. Las imágenes cuestan unos 2.500 rublos (unos 30 euros al cambio), afirma el reportero, colaborador de MBK media, que tuvo acceso a algunas de esas filmaciones “a la carta”.

Pero mientras que en los países occidentales la privacidad se ha convertido en una gran preocupación, en Rusia no está en la lista de inquietudes principales de los ciudadanos. De hecho, se cuentan por miles quienes se están ofreciendo como voluntarios para los programas que han puesto en marcha bancos o supermercados para pagar con el perfil biométrico.

Por María R. Sahuquillo

Moscú - 08 Mar 2020 - 07:48COT

Publicado enInternacional
La sociedad exige explicaciones sobre la implementación de sistemas de reconocimiento facial en América Latina

Mientras los gobiernos siguen ignorando las innumerables evidencias internacionales que comprueban los sesgos y fallas de las tecnologías biométricas de vigilancia, organizaciones de la región cuestionan la ausencia de compromisos con la transparencia, participación y protección de los derechos de las poblaciones afectadas.

Por todos los casos de errores y fallas  que hemos visto alrededor del mundo, nos queda claro que la implementación de sistemas de reconocimiento facial puede generar innumerables riesgos al ejercicio de derechos humanos. Sin embargo, algo de que no solemos hablar es el costo que la adquisición y uso de esas tecnologías representan en los bolsillos de las poblaciones donde estos sitemas se implementan. 

La situación es particularmente grave en América Latina: a pesar de que el argumento de la crisis económica es constantemente utilizado para explicar la disminución de inversiones en servicios básicos como educación y salud, los gobiernos siguen invirtiendo en vigilancia. Y, peor aún, invierten en tecnologías incapaces de cumplir con sus propias promesas. 

Las justificaciones en general vienen de la necesidad de mejorar la seguridad pública, planteando la posibilidad de agilizar la búsqueda de prófugos de la justicia y una identificación más eficaz de delincuentes… Pero los resultados distan de ser los esperados. En 2019, un hombre identificado a través de un sistema de reconocimiento facial estuvo seis días preso por error en Buenos Aires. Lo mismo pasó con una mujer en Río de Janeiro que fue detenida tras ser confundida con otra persona por las cámaras instaladas en algunos barrios de la ciudad, hace alrededor de un año durante el Carnaval.

Nada de eso fue suficiente para impedir que el gobierno del estado de São Paulo decidiera invertir más de 13 millones de dólares (más de 58,6 millones de reales) en la implementación de un sistema de reconocimiento facial para su red de metros. El nuevo sistema puede afectar a millones de personas que circulan diariamente en las líneas donde serán instaladas las cámaras. A pesar de esto, ni el impacto financiero ni el humano fueron considerados suficientemente relevantes para que el proceso de contratación e implementación del sistema incluyera medidas de transparencia y participación. La existencia de obligaciones de rendición de cuentas previstas en la nueva ley general de protección de datos brasileña –que entra en vigencia en agosto de este año– tampoco fue considerada. 

Lo sociedad exige explicaciones

Frente a tal situación, seis organizaciones de defensa de derechos brasileñas decidieron presentar -el último 10 de febrero- una acción judicial demandando que se transparentara la información sobre el uso, procesamiento y almacenamiento de datos biométricos, así como las medidas de seguridad que serán implementadas para garantizar la privacidad de los millones de usuarios del metro. Y tuvieron éxito. Tras la solicitud de pruebas anticipada* de la Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Defensoria Pública da União (DPU), Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Intervozes, ARTIGO 19, y el Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos (CADHu) la Companhia Metropolitano de São Paulo tiene 30 días hábiles** contados desde el 12 de febrero para entregar la información solicitada.

Estas organizaciones también han manifestado su preocupación por la falta de transparencia en torno a la adquisicón millonaria de tecnologías de vigilancia que han demostrado ser problemáticamente propensas a errores y sesgos en Brasil, así como en otras implementaciones a nivel internacional

La solicitud de pruebas presentada las organizaciones brasileñas se suma a una serie de movimientos en la región para exigir explicaciones sobre los razonamientos que justifican la compra y adopción de tecnologías de vigilancia basadas en la recolección de datos masiva, así como las medidas que serán adoptadas para mitigar los riesgos que estas implican al ejercicio de los derechos humanos. 

En Paraguay, Tedic actualmente cuestiona la inconstitucionalidad de reglamentos presentados para justificar la negativa de acceso a la información sobre un sistema reconocimiento facial que se encuentra implementando desde 2018 y sobre el cual poco se sabe. En Argentina, ADC ha iniciado una acción buscando que se determine la inconstitucionalidad de la resolución que autoriza el sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires, donde se implementaron cerca de 200 cámaras en el espacio público (incluyendo estaciones de metro y trenes).

Si bien no han sido pocos los casos donde se ha expuesto el alto índice de errores que los sistemas de reconocimiento facial han mostrado en su debut como medida de seguridad, es importante destacar que las medidas ya implementadas se han desarrollado sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas que permitan auditar y apelar el uso de estas tecnologías en el espacio público; donde sus afectaciones terminan polarizando las brechas de desigualdad y vulnerando aún más a las personas que son perseguidas y reprimidas por parte de sus gobiernos.

Ante la implementación de mecanismos de vigilancia masiva que se anuncian como medida para incrementar la seguridad de las poblaciones donde se despliegan, es importante señalar que ninguna medida puede estar por encima de la obligación de proteger y promover el ejercicio de los derechos humanos.

Desde Derechos Digitales seguimos acompañando y apoyando las acciones tomadas por las organizaciones de Argentina, Brasil y Paraguay esperando que se traduzcan en mayores compromisos de parte de los Estados de la región y sirvan de ejemplo para otros países.

Por Jamila Venturini | 22/02/2020 

Fuentes: derechosdigitales.org

* La solicitud de prueba anticipada es un mecanismo por el cual se pide judicialmente que se generen medios probatorios antes que exista una demanda en curso.

** Traducción hecha por Access Now. 

Fuente: https://www.derechosdigitales.org/14207/la-sociedad-exige-explicaciones-sobre-la-implementacion-de-sistemas-de-reconocimiento-facial-en-america-latina/

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