Jueves, 22 Agosto 2019 05:38

La guerra del agua

La guerra del agua

Se dice que las futuras guerras serán por el agua, pero lo cierto es que hoy ya se libera una lucha entre la apropiación del agua por parte de las transnacionales, frente a millones de ciudadanos que no tienen acceso al líquido elemento. Es una lucha entre la codicia del lucro privado y el derecho humano al agua de millones de ciudadanos.

Si bien es cierto que hay suficiente agua dulce en el planeta, el problema es que su distribución no es la adecuada ni la más justa.

El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo el 10% se destina al abastecimiento de agua potable para la ciudadanía.

Según la ONU, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.

En cuanto a América Latina y el Caribe, más de un tercio no tiene acceso al agua "gestionada de forma segura".

Alrededor del líquido elemento se disputan grandes intereses y se generan conflictos como los que viven muchos países como Honduras, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, etc. Al otro lado del mapa mundial, Palestina, la República Democrática del Congo, son países donde el acceso al agua hace la diferencia entre la vida y la muerte.

El agua es un derecho humano

Luego de intensos esfuerzos, el año 2010, Bolivia junto a otros países logró que la Asamblea General de la ONU reconociera explícitamente que "el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos".

A los países les queda claro que deben buscar soluciones al problema. Para ello los Gobiernos ejecutan diferentes esquemas. Pero la preocupación surge cuando los Parlamentos y Gobiernos buscan 'transferir' a la empresa privada la responsabilidad que le toca asumir al Estado.

El caso de la República de El Salvador

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en El Salvador más del 40% de sus habitantes vive en situación de pobreza.

Los datos que publica el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son aún más lapidarios puesto que "más de 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua y el 75% de las grandes industrias carecen de sistemas de tratamiento de aguas servidas".

El 90% de los ríos del país están contaminados por vertidos domiciliares sin tratamiento y casi el 60% de la población rural no tiene acceso al agua.

A esta calamitosa situación se suma que la mora en el pago del servicio fue tan alta, que en enero de 2019, el entonces presidente Sánchez Cerén exoneró a los usuarios en mora, de los intereses moratorios y los recargos por pago extemporáneo, permitiéndoles obtener la reconexión del vital líquido.

Durante su gestión Sánchez Cerén promovió una reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de El Salvador, para garantizar el derecho humano al agua y la alimentación. Dicha iniciativa incluso contó con el apoyo de la ONU, pero la oposición no lo permitió.

Un derecho humano incompatible con el interés privado

La sociedad salvadoreña en su conjunto entiende que es vital resolver el problema, por ello el Congreso lleva ya varios años buscando aprobar una Ley de Aguas.

Si bien el actual anteproyecto define que "el derecho humano al agua y el saneamiento es fundamental e irrenunciable", no obstante, lo que preocupa a la población es la posible privatización del sector mediante la creación de un 'ente rector' o figura similar, con participación de las empresas privadas.

La Procuraduría de El Salvador lamentó la propuesta de conformar una Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con participación del sector privado. Argumenta que, por la naturaleza de ese sector, su objetividad puede estar gravemente comprometida.

Según la Alianza contra la privatización del Agua "se trata de un proyecto exclusivo para las clases altas de nuestro país" por tanto se hace necesario frenar este matrimonio declarado entre empresa privada y Estado que atenta contra el agua, el medio ambiente y la vida.

Otro aspecto que genera preocupación son los permisos que podría otorgar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Informar mediante un cartelito

El artículo 70 del anteproyecto propone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá autorizar a particulares a través de un permiso, el uso o aprovechamiento del agua y "solo en casos excepcionales se hará divulgación pública sobre el proyecto en cuestión, y los posibles afectados tendrán 10 días para reaccionar".

Se dispone además que, en los casos excepcionales, se haga una publicación nacional en la prensa y además "por medio de un cartel". Dicho anuncio de cartel deberá ser fijado en las alcaldías municipales correspondientes.

¿Se imagina usted a padres, madres, campesinos, trabajadoras de maquilas, estudiantes, vigilando a diario las alcaldías para enterarse de si han colgado algún cartelito por ahí, que le signifique a la larga, riesgo de enfermedades e incluso su vida?

La carga de la prueba cae en los posibles afectados

Más aún, el artículo 85 propone que, en el caso de los proyectos grandes, los afectados deberán exponer "razones de hecho y de derecho para no conceder la autorización" y deben adjuntar "las pruebas que tengan en su poder o señalando donde se encuentran, si estas existieren".

Al leer esto uno se pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿Por qué deben ser los ciudadanos de a pie, quienes deban demostrar la inviabilidad de un proyecto? ¿acaso no es el Estado el llamado a buscar el bienestar de sus ciudadanos?

Estas son apenas algunas pinceladas, que justifican claramente la preocupación de la gente.

Chile y Bolivia, dos antípodas

En febrero de 2000, el entonces presidente y exdictador de Bolivia Hugo Banzer, azuzado por el Banco Mundial, privatizó el servicio de suministro de agua a Cochabamba. Bolivia ese tiempo vivía uno de los momentos históricos más nefastos por la imposición del modelo neoliberal que solo dejó pobreza y debilitó al Estado.

El contrato de privatización del agua fue adjudicado a un consorcio multinacional. Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua, que se incrementaron hasta llegar a un 300%.

El pueblo cochabambino organizado logró la anulación del contrato de privatización en una movilización conocida como "la guerra del agua".

Con tal nefasta experiencia, el pueblo boliviano el año 2009 aprobó en la nueva constitución política que "el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo".

La carta fundamental de Bolivia define que los recursos hídricos en todos sus estados, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y que cumplen una función social, cultural y ambiental, por tanto "no podrán ser objeto de apropiaciones privadas".

En Chile la propiedad del agua fue privatizada

La Constitución Política adoptada en 1980 durante la dictadura de Pinochet, define el agua como un bien privado y no como un derecho humano, al otorgar "la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes" donde "los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".

El código de aguas de Chile indica que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él y puede ser incluso hipotecado.

Como resultado de ésta política, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las empresas estatales y municipales cubren un 4,3% de los servicios de agua potable, mientras que las empresas privadas manejan el 95,7% del mercado.

Según la misma fuente, la falta de prevención en la garantía del derecho humano al agua potable significó, en los últimos años, cortes significativos de ese servicio para los usuarios.

Por su parte, el movimiento por la defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA) afirma que "el agua no es, ni puede continuar siendo una mercancía, por tanto no debe continuar privatizada, ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado".

La lucha por hacer valer el derecho humano al agua es tortuosa para los activistas sociales que se manifiestan por la necesidad de recuperar y defender el agua.

¿Estados al servicio de las compañías transnacionales?

Lo que ocurre actualmente en Chile como en El Salvador debe servir de espejo y alerta por lo que pueda suceder o ya está sucediendo en muchos países donde pretenden privatizar el agua.

La privatización, a menudo, es presentada como la única forma de hacer más eficiente la prestación de algún servicio o la administración y explotación de algún recurso.

Este no debería ser el caso del agua, pues al tratarse de un derecho humano, es completamente impropio 'delegar' su gestión o su propiedad a la empresa privada.

Cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones frente a sus ciudadanos, y transfiere o delega sus deberes al sector privado, este último, por su naturaleza, lo que hará es convertir a los ciudadanos en clientes, y el agua en una mercancía.

El ser cliente significa que, si la persona no tiene capacidad de pago, pierde el derecho al servicio. Así de simple. Es cuestión de estar dentro o fuera del mercado. Estar 'fuera del mercado" implicará mayor pobreza, enfermedades y muerte.

En la lógica de apropiación privada del agua subyace una cruda verdad, que en términos económicos se denomina "demanda inelástica", entendida como aquella demanda de mercado que no sufre variación, a pesar de que el precio del producto se eleve.

Esto ocurre con la demanda del agua, por el hecho de ser un elemento vital para la vida que no tiene sustitutos. Esta característica proporciona a las compañías privadas la certeza de que su requerimiento no disminuirá, incluso si los ingresos de la familia bajan o si el precio se incrementa.

Es justamente por esta razón que la responsabilidad de los Estados en la protección de la vida y los derechos de sus ciudadanos es mayor y no debe ser transferida a terceros. Son los Estados los que deben buscar ser eficientes y justos.

Por María Luisa Ramos Urzagaste

Sputnik Mundo

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Miércoles, 21 Agosto 2019 06:05

Cuentas sin cuadrar y una caja de Pandora

Cuentas sin cuadrar y una caja de Pandora

Vivimos pleno ajuste fondomonetarista. Ese era, dijeron, el único camino para enfrentar la grave situación económica heredada del correísmo. Según ese discurso es necesario primero ajustar las cuentas fiscales y liberalizar la economía para recuperar los “equilibrios macroeconómicos”, para luego retomar el crecimiento: la receta neoliberal. Ese discurso se orquestó masivamente, con eco en grandes medios de comunicación, analistas convencionales, cámaras de comercio, etc. Pero los resultados son otros…

Más allá de cualquier discurso oficial, como en su momento anticipamos, lo que realmente vivimos son los intentos del “frágil” gobierno morenista de cargar la crisis al pueblo. Para colmo, ni siquiera las metas del ajuste neoliberal se están alcanzando: pese a los últimos recortes presupuestarios – o quizá debido a los mismos y a su efecto recesivo – el déficit fiscal del Presupuesto General del Estado (PGE) a julio de 2019 llegó a un saldo negativo de 1.279 millones, un 62,3% mayor al déficit de 787 millones registrado en igual período del año anterior; y es muy probable que iguale al valor negativo en 2018 de 2.900 millones de dólares. Bajo estas tendencias, es muy seguro que no se alcance el déficit previsto en el acuerdo con el FMI para 2019: 2.000 millones de dólares.

Lo peculiar es que el déficit persiste pese a que el gobierno continúa aplicando un severo ajuste, por ejemplo, sobre una inversión pública que cae desde 2014. Así, a julio de 2019 solo se ejecutó el 22,3% del Plan Anual de Inversiones públicas (PAI), representando apenas 773 millones de dólares de un total anual previsto de 3.461 millones (en 2013 el plan de inversiones sumó 8.104 millones). Otro ajuste se ha dado en la masa salarial, la cual de enero a julio de 2019 sumó 5.083 millones de dólares, casi 82 millones menos en comparación al mismo período de 2018 (implicando el cierre de enero a junio de 16 mil plazas de trabajo). En este caso, es clara la prioridad de reducir la masa salarial contrayendo el empleo público en vez de reducir los salarios de la burocracia dorada. A su vez, los otros ingresos previstos por el gobierno no fluyen. Se hablaba de mil millones por concesiones – léase privatizaciones – que, sin embargo, no avanzan como se esperaba. Además, el servicio de la deuda pública (amortizaciones e intereses) genera un peso cada vez más insoportable: a julio de 2019 ese servicio alcanzó los 5 mil millones de dólares.

Dado semejante escenario, es casi seguro que los aportes financieros de los organismos multilaterales, sobre todo aquellos previstos en el acuerdo con el FMI, serán insuficientes para cerrar la brecha fiscal… Eso podría agravar la compleja situación pues esos organismos, ante un potencial incumplimiento del acuerdo, podrían reducir o aun suspender los desembolsos, todo para obligar al gobierno a adoptar ajustes más severos.

Por su parte, los economistas ortodoxos, conservadores y prudentes (OCP) actúan algunos como caja de resonancia del FMI y otros quejándose por la falta de celeridad. Mientras, el ajuste no solo se enfoca en el déficit, sino que la desesperación podría llevar a buscar ingresos con nuevos impuestos (p.ej. incrementando el IVA) y/o con alzas de los precios de los combustibles (p.ej. eliminando el subsidio a la gasolina extra). A su vez, según la evaluación del ajuste que hizo en junio el FMI, las expectativas serían que en 2019 la masa salarial pública se reduzca en 200 millones de dólares y en 2020 lo haga en 600 millones, mientras que la reducción de subsidios debería llegar a 1.100 millones en el presente año. En complemento, los economistas OCP piden más flexibilizaciones laborales y ambientales (basta ver la barbarie propuesta por la Cámara de Comercio de Guayaquil) para “mejorar la competitividad” y recuperar la inversión privada…

Entre todo esto, persiste la lectura convencional, teológica y dogmática de la economía, sin considerar los graves efectos presentes y futuros del ajuste. Por ejemplo, seguir reduciendo la inversión pública trae secuelas recesivas, claramente visibles en el estancamiento del ingreso por persona que, de llegar a 6.347 dólares anuales en 2014, pasaría a 6.320 dólares anuales en 2019 (media década perdida...). Asimismo, el “empleo adecuado” sigue sin recuperarse al englobar solo al 37,9% de trabajadores a junio de 2019 (deterioro que se arrastra desde 2015). Más grave aún, hay un recrudecimiento de la pobreza sobre todo rural: entre diciembre de 2014 y junio de 2019 ha aumentado de 35,3% a 43,8%. Estos son apenas breves muestras de la urgencia de un análisis más integral de la economía antes de exigir más ajustes.

En síntesis, la economía, con el ajuste fondomonetarista, se muerde su propia cola, las cuentas no cuadran, y vemos varios indicios de que el estancamiento se mantendrá o incluso se recrudecerá en los próximos años. Mientras, el impacto social y político puede volverse una caja de Pandora... como se ve, por ejemplo, en la Argentina.-

Alberto Acosta y John Cajas Guijarro: economistas ecuatorianos.

NOTA: Este texto saldrá publicado en el periódico EL CONEJO, de la CEDOCUT.

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Miércoles, 24 Julio 2019 06:15

¿Y ahora, Brasil?

¿Y ahora, Brasil?

Las palabras que más se repiten hoy son estupefacción y perplejidad. El gobierno brasileño ha caído en el abismo del absurdo, en la banalización total del insulto y la agresión, en el atropello primario de las reglas mínimas de convivencia democrática (por no hablar de las leyes y la Constitución), en la destilación de odio y negatividad como única arma política. Todos los días somos bombardeados con noticias y comentarios que parecen provenir de una cloaca ideológica que ha acumulado rancidez y descomposición durante años o siglos, y ahora rezuma el hedor más nauseabundo y pestilente como si fuese el aroma de la novedad y la inocencia. Esto causa estupefacción en quienes se niegan a ver normalidad en la normalización del absurdo. La perplejidad se deriva de otra verificación, no menos sorprendente: la aparente apatía de la sociedad civil, de los partidos democráticos, de los movimientos sociales y, en definitiva, de todos los que se sienten agredidos por semejante desatino. Da la impresión de que la insistencia y el abuso de la insolencia tienen el efecto de un gas paralizante. Es como si nuestra casa estuviese siendo asaltada y nos escondiésemos en un rincón con el temor de que el ladrón, si nos viese, se sintiera provocado y además de nuestras posesiones nos quitara también la vida. Puesto que un país es más que un conjunto de ciudadanos estupefactos y perplejos, y como en política la fatalidad no existe, hay que pasar de la estupefacción y la perplejidad a la indignación activa y la respuesta organizada y consistente en nombre de una alternativa realista. Para ello hay que responder dos preguntas principales. La primera, ¿cómo fue posible todo esto? La segunda, ¿con qué fuerzas políticas y de qué modo se puede organizar una respuesta democrática que ponga fin a este vértigo y retome el camino democratizador del pasado reciente sin cometer los errores en los que incurrió?

¿Cómo sucedió? La reflexión al respecto debe tener siempre en cuenta los factores internos y geoestratégicos. Las razones que llevaron a la dictadura entre 1964 y 1985 no fueron superadas con el regreso a la democracia. El pacto con los dictadores no permitió juzgar el terrorismo de Estado, exigió la continuidad (y hasta la profundización) del modelo capitalista neoliberal, y no resolvió la cuestión de la concentración de la tierra sino que, al contrario, la agravó, permitiendo a las élites patrimonialistas servirse de la democracia como antes se habían servido de la dictadura. La Constitución de 1988 contiene una profunda vocación democratizadora que las élites nunca han tomado en serio.

La continuidad también se produjo en el campo de las alineaciones geoestratégicas. Es conocida la intervención estadounidense en el golpe de Estado de 1964 y esa tutela imperial no terminó con la transición democrática. Solo cambió de discurso y táctica. Organizaciones internacionales de la llamada sociedad civil, formación de "jóvenes líderes", "promoción" de un sistema judicial conservador e iglesias evangélicas fueron los vehículos privilegiados para frenar la politización de las desigualdades sociales causadas por el neoliberalismo. En este ámbito, el largo papado de Juan Pablo II (1978-2005) desempeñó un papel decisivo. Liquidó el potencial emancipador de la teología de la liberación y permitió que en las periferias pobres el vacío lo ocupara la teología de la prosperidad, hoy dominante. La receta neoliberal se aplicó en el subcontinente con especial dureza en los años 90. Suscitó movimientos de resistencia que en la década del 2000 permitieron la llegada al poder de gobiernos de partidos de izquierda, en el caso de Brasil siempre en coalición con partidos de derecha. Este hecho coincidió (no por casualidad) con el descuido momentáneo del Imperio, embarrado en el pantano de Irak desde 2003.

Las lecciones que se pueden extraer de este periodo son las siguientes. La izquierda se embriagó con el poder del gobierno y lo confundió con el poder social y económico que nunca tuvo. El Foro Social Mundial (FSM), del que fui uno de los impulsores desde sus inicios, creó la ilusión de una fuerte movilización política de base. Tenían razón quienes advirtieron desde el principio que el predominio de las ONG en el FSM contribuía a la despolitización de los movimientos. La izquierda partidaria abandonó las periferias y se refugió en la comodidad de los palacios de gobierno. Mientras tanto, en el Brasil profundo el trabajo ideológico conservador seguía su camino, listo para ser aprovechado por la extrema derecha. Bolsonaro no es un creador; es una creación. La parálisis de la sociedad política progresista y organizada viene de lejos. Si solo ahora es visible es porque solo ahora se sufren sus peores consecuencias. Se concedieron las mejores condiciones operativas y remuneratorias al sistema judicial y al sistema de investigación criminal, pero se creía que eran órganos políticamente neutrales del Estado. De la operación militar-mediática de 1964 a la operación judicial-mediática de 2014 hay una gran distancia y diferencia. Pero tienen dos puntos en común. Primero, la demonización de la política es el arma política privilegiada de la extrema derecha para asaltar el poder. Segundo, las fuerzas políticas de derecha se sirven de la democracia cuando esta les sirve. Pero cuando la opción es entre democracia o exclusión, o entre libertad política o libertad económica, optan siempre por la exclusión y por la libertad económica.

La respuesta democrática. No se pueden improvisar soluciones de corto plazo para problemas estructurales. La historia de Brasil es una historia de exclusión social causada por una articulación tóxica entre capitalismo, colonialismo y patriarcado o, con más precisión, heteropatriarcado. Las conquistas de inclusión fueron conseguidas con muchas luchas sociales, casi nunca llegaron a consolidarse y han estado sujetas a retrocesos violentos, como sucede hoy. La victoria de la extrema derecha no fue una simple derrota electoral de las izquierdas. Fue la culminación de un proceso golpista con fachada institucional en el que, en el plano electoral, las izquierdas hasta probaron una resiliencia notable en las condiciones de una democracia al borde del abismo en que lucharon. Lo que hubo fue una vasta destrucción de la institucionalidad democrática y un retorno del capitalismo salvaje y del colonialismo por vía de la siempre vieja y siempre renovada recolonización imperial y evangelización conservadora. La sensación de tener que comenzar todo de nuevo es frustrante, pero no puede ser paralizadora. Por otro lado, es necesario actuar de inmediato para salvar lo que queda de la democracia brasileña. Lo más grave que está ocurriendo no es solo el hecho de que el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado está siendo usado antidemocráticamente (y, por tanto, de manera ilegítima), como bien revela la Operación Lava Jato. Es también el hecho de que el Estado está perdiendo visiblemente ese monopolio con el incremento de actores armados no estatales, tanto en la ciudad como en el campo.

El corto y el mediano plazo no tienen que chocar necesariamente si se tiene una visión estratégica del momento y de las fuerzas con las que se puede contar. Es urgente revolucionar la democracia y democratizar la revolución, pues de otro modo el capitalismo y el colonialismo harán una farsa cruel de lo que todavía resta de democracia. Para este propósito, las diferentes fuerzas de izquierda deben abandonar sectarismos y unirse en la defensa de la democracia. Por otro lado, tienen que evitar a toda costa articulaciones con la derecha, aunque eso cueste la conquista del poder. En las condiciones actuales, conquistar el poder para gobernar con la derecha es un suicidio político.

A corto plazo, veo tres iniciativas realistas. La primera es que los movimientos sociales tienen que reinventar el Foro Social Mundial, esta vez sin tutelas de ONG y con la atención centrada en las exclusiones más radicales vigentes en el país. En ese sentido, el movimiento indígena, el movimiento negro y el movimiento de mujeres y LGTBI son, en toda su pluralidad interna, los sujetos más creíbles para tomar la iniciativa.

Segunda: el sistema judicial fue llevado a un desgaste extraordinario por la manipulación grosera a la que ha sido sometido por Moro y Cía. al servicio del imperialismo. Pero es un sistema internamente diversificado, y persisten en él grupos significativos de magistrados que entienden que su misión institucional y democrática consiste en respetar el debido proceso y hablar exclusivamente mediante sus fallos. La violación grosera de esta misión denunciada por la Vaza Jato está obligando a las organizaciones profesionales a desmarcarse de los aprendices de brujo. La reciente declaración pública de la Asociación de Jueces para la Democracia en sentido de que el ex presidente Lula da Silva es un preso político, constituye una señal auspiciosa del camino iniciado para recuperar la credibilidad del sistema judicial.

La tercera iniciativa debe producirse en el sistema político-partidario. Las elecciones municipales de 2020 son la oportunidad para comenzar a frenar a la extrema derecha y dar ejemplos concretos de cómo las fuerzas de izquierda pueden unirse para defender la democracia. Tres ciudades importantes pueden ser la plataforma para la resistencia: Río de Janeiro, Sao Paulo y Porto Alegre. En Río de Janeiro, Marcelo Freixo del PSOL es el candidato indiscutible para articular las fuerzas de izquierda. En las otras dos ciudades, son indispensables dos cuadros importantes del PT: Fernando Haddad en Sao Paulo y Tarso Genro en Porto Alegre. Se trata de dos políticos que salieron fortalecidos de la crisis, el primero por el modo extraordinario en que enfrentó a Bolsonaro y por las condiciones en que lo hizo, y el segundo por haber sido uno de los mejores ministros de la historia de la democracia brasileña y por la integridad que mostró durante todas las crisis por las que pasó el PT mientras fue titular del gobierno. Los demócratas brasileños deben transmitir a estos políticos el sentimiento de que su momento llegó nuevamente, ahora para comenzar todo de nuevo y desde el nivel local.

* Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.

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Kyriakos Mitsotakis, durante un mitin de campaña. / AFP / LOUISA GOULIAMAKI

Los 158 escaños alcanzados por Nueva Democracia en la Cámara sobre un total de 300 suponen su mejor resultado de los últimos doce años. Kyriakos Mitsotakis será el próximo presidente de Grecia.

 

 

El conservador Kyriakos Mitsotakis será el próximo presidente de Grecia. El país heleno ha apoyado masivamente la propuesta de Gobierno del partido que provocó la gran crisis económica que terminó en el rescate draconiano por parte de la Unión Europea. Cuatro años después del referéndum en el que la mayoría del país gritó "oxi" ("no" en griego) a la troika, hoy le han dicho "no" a Alexis Tsipras

Nueva Democracia consiguió algo más del 39% mientras que Syriza superó el 31%, seguidos de lejos por el partido de centro Kinal, sucesor del histórico Pasok, que rozó el 8%. Los 158 escaños alcanzados por Nueva Democracia en la Cámara sobre un total de 300 suponen su mejor resultado de los últimos doce años.

Syriza se quedó 8 puntos por detrás, pero obtendrá tan solo 86 escaños, una distancia que surge del bonus de 50 escaños que la ley electoral griega otorga al partido ganador -en teoría por última vez en estas elecciones-.

"Pedí un mandato fuerte y me lo han dado con generosidad. No defraudaré sus esperanzas", declaró Mitsotakis antes de acudir a la sede de su partido para darse un baño de masas.

Tsipras: "Nos vamos con la cabeza alta"

Tsipras describió su derrota como "el coste político" de las difíciles decisiones que tuvo que tomar durante estos años. Felicitó a Mitsotakis y le pidió que no desmantele los avances sociales que ha conseguido durante su mandato.

"Nos vamos con la cabeza alta. Hace cuatro años nos encargamos de un país al borde de la quiebra. Hoy dejamos un país libre (de rescates), en crecimiento y con reservas en sus cajas, con el interés de la deuda al mínimo histórico", afirmó Tsipras.

Vástago de una de las mayores dinastías políticas del país, Mitsotakis recoge así los frutos de una campaña en la que tildó a Tsipras de "traidor" y "mentiroso", dando fuelle al desencanto acumulado durante estos años.

Ahora se ha alzado como la nueva esperanza de la clase media con un programa que orbita en torno a la reducción de impuestos y el crecimiento de la economía.

Por su parte, Tsipras ha intentado demostrar en los últimos meses que, a pesar de haber claudicado ante los acreedores y haber suavizado algunas de sus posturas más radicales, aún tiene una agenda social de izquierdas.

Especialmente tras la derrota en las recientes elecciones europeas y locales, Syriza ha intentado convencer a los griegos de que gracias a su gestión la crisis humanitaria no llegó a más y que, tras tanto esfuerzo, se merecen la oportunidad de gobernar sin corsés.

Este domingo el indignado pueblo heleno ha demostrado que no comparte esta opinión y ha confiado mayoritariamente en un hombre que, entonces ministro, aplicó el segundo programa de rescate.

Participación muy baja

La participación, con un 57 %, fue una de las más bajas de la historia de la democracia griega, aunque superó ligeramente la de las elecciones de septiembre de 2015, tras el referéndum y la fractura de Syriza.

Muchos ciudadanos decidieron huir a la playa de la ola de calor que asoló Grecia hoy, lo que afectó a la participación en una jornada electoral que por lo demás fue tranquila.

Aunque la victoria de Nueva Democracia era de esperar -todos los sondeos indicaban una amplia ventaja-, la sorpresa del día la han dado la extrema derecha y el pequeño partido del exministro de Finanzas Yanis Varufakis.

Sorpresas de la extrema derecha y de Varufakis

Los neonazis de Amanecer Dorado quedaron sin representación en el Parlamento por primera vez desde su irrupción en 2012 tras quedarse por debajo del mínimo necesario del 3 %.

MeRA25, que bebe directamente de las ideas y personalidad de Varufakis y se presenta como un "frente griego patriótico de europeístas", consiguió entrar en el Parlamento con 9 escaños.

Syriza llegó al poder en 2015 como una alternativa a los anquilosados partidos tradicionales y una salida de izquierdas para los decepcionados con el Partido Socialista. La izquierda europea la adoptó como estandarte hasta que su evolución a alumno ejemplar de la Unión Europea se convirtió en un lastre.

Hoy, sin embargo, el líder de la formación de izquierdas Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, uno de los mayores aliados de Tsipras al comienzo de su mandato, mandó un mensaje de apoyo en el que resaltó "el coraje de gobernar con todos los poderes griegos y europeos en contra".

ATENAS

07/07/2019 18:59 Actualizado: 08/07/2019 08:25

AGENCIAS

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Honduras: 10 años de golpes y neoliberalismo

Las movilizaciones populares se suceden en Honduras. En estos días son 60 mil médicos y maestros en pie de guerra contra un sistema político que busca, por imposición del Fondo Monetario Internacional, la privatización de la salud y la educación. Las movilizaciones cuentan con tal grado de apoyo popular que hasta la Policía Nacional se ha sumado al paro, forzando al gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) a desplegar a las fuerzas armadas en tareas de represión de las protestas populares.

Pero esta historia comienza hace 10 años, un 28 de junio de 2018, cuando 200 militares encapuchados entran con nocturnidad y alevosía en la residencia presidencial de Tegucigalpa y sacan en pijama al presidente Mel Zelaya para, tras un breve paso por una base militar, deportarlo a Costa Rica, a pesar de que el artículo 102 de la Constitución prohíbe expresamente que ningún hondureño puede ser expatriado ni entregado a un Estado extranjero.

El argumento para el golpe de Estado era la intención de Mel Zelaya de colocar una urna en la siguiente elección, promoviendo un refrendo que diese paso a reformas constitucionales. Pero eso era la forma. El fondo era que Zelaya, un terrateniente que había ganado las elecciones con el apoyo del Partido Liberal, había dado un giro a la izquierda tras conocer las penurias del pueblo hondureño, sumido en la pobreza y violencia, e incluso, con la autorización del Parlamento, había incorporado a Honduras primero a Petrocaribe, y luego al ALBA.

Ese fue el primer golpe exitoso contra los gobiernos del ciclo progresista, y lo fue contra su eslabón más débil, inaugurando un periodo de restauración conservadora a lo largo y ancho de América Latina, al que le sucedieron los golpes parlamentarios en Paraguay contra Fernando Lugo, o en Brasil contra Dilma Rousseff, al mismo tiempo que se desataba el lawfare, la guerra judicial contra líderes progresistas como Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner o Rafael Correa.

Pero Honduras vivió dos golpes más, en este caso electorales.

En 2013, y ya con Mel Zelaya de regreso en el país, pero imposibilitado para presentarse, Xiomara Castro fue candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre). La inexperiencia de Libre y su desigual distribución territorial llevó a que las elecciones fueran manipuladas en beneficio de Juan Orlando Hernández. Un solo dato: a la misma hora en que se producía el recuento, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral estaban reunidos con la embajadora de Estados Unidos en Honduras.

Pero fue en 2017 cuando el tercer golpe, segundo electoral, este ya no como tragedia, sino como farsa, consuma lo iniciado en 2009. En unas elecciones en las que Libre y el PAC de Salvador Nasralla enfrentaban la reelección de JOH, el comunicado de la nada sospechosa Secretaría General de la OEA sobre el resultado de las elecciones, arroja más claridad que cualquier análisis político que podamos escribir: Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados, hacen imposible determinar con la necesaria certeza al ganador.

Tres golpes de Estado en 10 años, uno militar y dos electorales, es el balance de uno de los países más pobres y desiguales de América Latina, y todo con un objetivo muy claro, la imposición del modelo neoliberal mediante la violencia en un país clave, siempre fue su retaguardia estratégica, para las operaciones de Estados Unidos en Centroamérica. La impunidad con la que se asesinó a la defensora ambiental Berta Cáceres en un país que tiene al hermano del presidente JOH acusado de gestionar las rutas y tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, es problemente la mejor, y a la vez más terrible metáfora de como se ha instrumentalizado la doctrina del shock para disciplinar a la población civil.

Una doctrina del shock cuya consecuencia más dramática son las caravanas de miles de personas que son desalojadas de sus vidas fruto del despojo social neoliberal y dejan atrás familia y pertenencias para tratar de alcanzar el american way of life, aun a costa de arriesgarse a ser extorsionados, secuestrados o asesinados en el camino.

Es por ello que los hermanos migrantes centroamericanos en general, y los hondureños en particular, deben ser tratados como refugiados políticos de una dictadura, la del modelo neoliberal, y cuando los medios de comunicación masivos nos quieran hablar de derechos humanos o del drama migratorio en otras partes más lejanas, exijamos que vayan a Honduras y nos cuenten no solo lo que les sirve de reality show para ganar más audiencia, sino las causas reales de esta migración masiva.

Y para empezar a solucionar este drama, hagamos nuestro el comunicado de Libre del 20 de junio, firmado por Mel Zelaya el mismo día que las fuerzas armadas asesinaban al taxista Erick Peralta en El Pedregal, y por el que se declaran en lucha permanente contra la dictadura dirigida por Estados Unidos desde 2009, dejando muy claro: JOH debe irse ya.

Politólogo especialista en América Latina

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Brasil: alto acatamiento al primer paro contra Bolsonaro

La primera huelga general contra el presidente brasileño Jair Bolsonaro, envuelto en una crisis política seria, fue acatada en todos los estados del país, con alta adhesión en sectores como educación y bancos, actos muy concurridos en San Pablo y Río de Janeiro, y represión policial. El disparador de la medida masiva fue el proyecto oficial de reformar el sistema previsional del país. San Pablo, la capital económica, cerró la jornada con una concentración en la Avenida Paulista donde Vagner Freitas, presidente de la Central Unica de los Trabajadores (CUT), aseguró que la jornada de lucha  fue un “éxito y demostró que la sociedad no apoya la reforma previsional”. Junto a Freitas se econtraban dirigentes de otras organizaciones gremiales y de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE).

“Los trabajadores y trabajadoras dijeron no a la nefasta reforma previsional, nuestro pueblo tiene conciencia”, tuiteó la ex presidenta Dilma Rousseff.

Paralelamente, en las primeras horas de la noche miles de personas comenzaron a marchar de la iglesia de la Candelaria hacia la Avenida Getulio Vargas en el centro de Rio de Janeiro. Por la mañana la Policía Militarizada detuvo a diez estudiantes y trabajadores de la Universidad de San Pablo, en la zona oeste de la ciudad, al mismo tiempo que reprimía con gases  y balas de goma a los manifestantes reunidos en Santo André, en el cordón industrial.

Redactada por el ministro de Economía Paulo Guedes, la reforma enviada al Congreso replica a la impulsada por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile hace cuarenta años.

En San Pablo  y su área metropolitana, con unos 18 millones de habitantes, el paro tuvo un alto acatamiento por parte de maestros, bancarios, metalúrgicos y contó con la adhesión parcial de conductores del subterráneo, pero no fue respaldado por los choferes de colectivos y trenes urbanos.

Los colectiveros prometieron parar “pero cambiaron de posición a última hora, lamentablemente, pero esta huelga igual fue muy grande, esto recién empieza, ahora vamos por más luchas y por Lula Libre”, prometió Julio Turra, director de la CUT.

Las movilizaciones, barricadas y piquetes en carreteras  de este viernes heredaron el envión de la multitudinaria marcha en defensa de la educación pública y contra los cortes del presupuesto educativo, especialmente en las universidades, que fueron encabezadas por estudiantes el 15 de mayo, considerada la primer revuelta contra el gobierno del ex capitán del ejército.

“Lideramos las grandes movilizaciones de mayo por la educación pero los jóvenes también queremos jubilarnos, por esto estamos aquí”, tronó Marina Dias, presidenta de la UNE en la Avenida Paulista.

“Queremos decirle a Bolsonaro que no es un rey, que le vamos a demostrar que lo que se impone es la soberanía popular que se está escuchando ahora (...)  que Bolsonaro no duera hoy”, lanzó la jefa de la UNE.

La medida de ayer contó con el  respaldo unitario, y poco frecuente, de todas las organizaciones gremiales , lideradas por las CUT, ligada al PT, hasta Fuerza Sindical, que suele aliarse a partidos conservadores.

“La huelga es fuerte, felizmente los petroleros están adhiriendo  desde el miércoles a la noche en las refinerías”, afirmó David Bacelar de la Federación Única de Petroleros (FUP) en el estado  Bahia, en la región noreste.

Se realizaron paros parciales en refinerías y plantas de Petrobras de 12 estados, indicó un boletín aparecido en el sitio de la FUP donde se repudió la política  de privatización el Sistema Petobras, del cual es responsable el titular de la compañía “Roberto Castello Branco comandado por Jair Bolsonaro”. 

“La clase trabajadora está despertando después de ser engañada el año pasado cuando muchos votaron a Bolsonaro, hoy está revelándose contra el gobierno, la gente está idignada con este escándalo que dio The Intercept”, apuntó el petrolero Bacelar.

El dirgente de la FUP se refería a las revelaciones del sitio The Intercept sobre la complicidad del ex juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, con los fiscales de la causa Lava Jato a fin de condenar sin pruebas a Luiz Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba desde abril del año pasado. Carteles con la consigna “Lula Libre” fueron paseados hoy en San Pablo y Río.

El caso Moro desató una nueva crisis en el gobierno de Bolsonaro, cuya popularidad bajó 20 puntos en los primeros cinco meses de gestión. A ese escándalo se sumó, en la noche del jueves, la caida del ministro de Gobierno, general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Fue el primer miembro del ala militar que dejó un gobierno atravesado por conflictos internos, surgidos prematuramente, que reflejan la incompetencia de un mandatario cada vez más corrido hacia la ultraderecha. Mientras, la economía está al borde de la recesión y los desocupados suman 13,2 millones, más otros quince millones de precarizados o personas que ya ni buscan trabajo.

Bolsonaro habló con un grupo de periodistas ayer en el palacio del Planalto donde reconoció que la salida del general Santo Cruz fue una medida ingrata y aceptó que la reforma de la Previsión ha enfrentado obstáculos en el Congreso. 

Hubo una fuerte adhesión a la huelga en la capital, Brasilia, que en algunos puntos del centro estaba prácticamente desierta. No circularon los colectivos y solo en parte lo hizo el metro. Además se vio una paralización prácticamente total de los trabajadores de la educación, bancarios y de empleados públicos del Distrito Federal.

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Un paro general recibirá a la Copa América.

Las 12 centrales obreras de Brasil se movilizarán contra la reforma previsional

La Copa América comenzará envuelta por el clima de descontento social y político frente a las políticas económicas del presidente Jair Bolsonaro y la decisión de imponer una reforma previsional. Las doce centrales sindicales brasileñas, con el respaldo de las organizaciones sociales y estudiantiles, convocaron a un paro general y movilizaciones en todo el país el próximo 14 de junio.

"En menos de seis meses de (des)gobierno, Jair Bolsonaro ya puede ser considerado el presidente que más atacó la clase trabajadora y la sociedad en general desde la vuelta a la democracia", apuntaron las centrales sindicales sobre el aliado del presidente Mauricio Macri.

Las movilizaciones contra el flamante presidente de Brasil llegaron a un punto culminante el pasado 15 de mayo, cuando miles de estudiantes salieron a las calles de todo el país para protestar contra los recortes en Educación. Ahora, la CUT, la CTB, la CGTB entre otras entidades gremiales convocan al paro general para repudiar el avance sobre la ley de jubilaciones bajo la consigna: "Vamos a parar un día para evitar el retroceso de toda una vida" .

Los gremios denunciaron que la reforma previsional propuesta por Bolsonaro invisibiliza a los jubilados, pero también a miles de brasileños y brasileñas en situación de vulnerabilidad, por lo cual la calificaron como "una de las propuestas más crueles de los últimos tiempos".

El paro con movilización que protagonizarán, entre otros, los gremios de trabajadores públicos de las áreas de salud, educación y obras sanitarias, los metalúrgicos, judiciales, portuarios, camioneros y petroleros, coincidirá con la inauguración de la Copa América 2019, jornada para la cual ya están vendidas el 65 por ciento de las entradas.

"La seguiremos de cerca y esperamos que transcurra de forma pacífica y sin ningún problema", dijo el director de Competiciones de la Conmebol, Agberto Guimaraes, respecto de las movilizaciones que se realizarán en San Pablo, ciudad donde se encuentra el Estadio Morumbi, en el que Brasil jugará frente a Bolivia en el partido inaugural.

"Todo lo que ocurre fuera, es responsabilidad de las autoridades locales, confiamos en ellos y esperamos no tener ningún tipo de evento grave para organizar esta fiesta", se limitó a señalar Guimaraes.

"Con una política económica ‘anti-pueblo’ y un programa ideológico ultraconservador y prejuicioso, el capitán retirado profundizó los ataques iniciados hace casi tres años y está hundiendo el país en el desempleo, el hambre, la miseria y la falta de salud, educación y seguridad”, recordaron las centrales obreras dos días antes de la jornada de lucha

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Xiomara Castro, ex candidata presidencial y esposa de Manuel Zelaya.

Castro afirma que en estos diez años después del golpe se privatizaron los servicios públicos y los recursos naturales. Ahora están en riesgo la salud y la educación.

 

“Yo estoy convencida de que cuando las mujeres gobiernan los pueblos cambian”, dijo Xiomara Castro, candidata a presidenta y vicepresidenta en las dos últimas elecciones de Honduras. Su breve paso por Buenos Aires le permitió tomar un descanso de las tensiones que vive diariamente en su país, sumido en un estado de excepcionalidad permanente desde que el ex presidente Manuel Zelaya, su marido, fuera derrocado hace diez años, el 28 de junio de 2009. “En Honduras hoy sos culpable hasta que demuestres lo contrario. El país y el pueblo están en una indefensión total”, afirmó.

Esta mujer de hablar suave estuvo en la ciudad recientemente en su rol de presidenta de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) Mujeres, que junto con el Observatorio Electoral de Copppal organizó el Conversatorio “Desafíos actuales de la participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe” en la UMET. 

 

–¿Cómo evaluaron la situación de las mujeres políticas en la región?

– Hay avances en muchos países. En México se ha aprobado la paridad en todas las áreas (los tres poderes). Hay otros países con bastantes avances. En el caso de Honduras se aprobó, está dentro de la ley del Tribunal Supremo Electoral y nosotros como partido hemos impulsado una iniciativa que nos permita que exista una verdadera participación. En las elecciones pasadas no solo tenemos la paridad, sino la alternancia (#unoyuna), como un mecanismo de que las mujeres también lleguemos a posiciones de primer lugar.

–Comentó que hay más de un 11 por ciento de mujeres analfabetas en Honduras…

–Así es. Entonces, en Honduras hay gran analfabetismo pero también existe el problema de la falta de formación política para poder participar. Igual una de las grandes desventajas que la mujer tiene es lo económico, no podemos competir. Muchas veces lo que tenemos es para subsistir, pero ya cuando nos toca entrar a competir no tenemos la capacidad de afiches, de propaganda, de acceso a los medios de comunicación. Yo comentaba que en mi primera campaña fui invisibilizada por los medios.

También fue maltratada. Le dijeron que era un “títere de su esposo”, que “regrese a casa a cuidar a sus hijos”, entre otros tantos comentarios misóginos.

–Usted ha dicho que no tenía entre tus objetivos de vida dedicarse a la política ¿verdad?

–En absoluto. Mi esposo sí más de 35 años ha estado en política. He estado acompañándolo en forma activa y en su gobierno desarrollamos programas importantes que apoyaron especialmente al sector social para salir de las condiciones en que se encontraban. Me tocó a mí coordinar dentro del gobierno el programa más sensible que era el de erradicar la extrema pobreza. Fue en el único gobierno en que se ha logrado disminuir la extrema pobreza, el gobierno de Zelaya. Y desde el golpe de Estado, cuando atentan contra la democracia, dimos un pie adelante, nos pusimos a la par del pueblo, acompañando al pueblo, nunca fue una aspiración personal la política; yo pude haber ocupado puestos, pero nunca lo vi.

–¿Fue una necesidad después del golpe?

–Al crear el partido, que es un partido nuevo, Libertad y refundación, después del retorno de Mel del exilio y ahí son las mismas bases las que piden que yo encabece las listas.

Castro le dice Mel a su marido, Manuel Zelaya, hoy presidente del joven partido que se ha convertido en el principal opositor al gobierno. Castro explicó, café de por medio en una Buenos Aires demasiado fría para sus acostumbrados treinta y tantos grados, que en Honduras la reelección presidencial no está permitida, por lo que Zelaya no puede volver a candidatearse a no ser que se modifique la Constitución (imposible en este contexto).

–¿Cómo está Honduras a diez años del golpe, siguen en estado de excepcionalidad?

–No le dan un golpe de estado a un presidente sacándolo de su casa, asesinando como fue después... no lo van a dar solo para después decir “no, mira, nos equivocamos”. Al contrario, han venido profundizando un modelo neoliberal que ha privatizado todos los servicios públicos, los recursos naturales y en este momento está pretendiendo privatizar también la salud y la educación. Y a partir de eso se ha establecido una dictadura, donde no hay derecho a protestas, donde pueden entrar a tu casa sin una orden judicial, requisarte, meterte preso. Sos culpable hasta que demuestres lo contrario. Entonces el país y el pueblo están en una indefensión total.

–Durante el Conversatorio comentó que la gran cantidad de migrantes que buscan salida afuera es producto del golpe.

– ¿Cómo funciona una dictadura? Funciona generando miedo y terror. Entonces nos convertimos en el país más violento. Hay grupos paramilitares que funcionan y que cumplen con una cantidad de personas que hay que asesinar. Unas son escogidas muy estudiadas y otras al azar porque la idea es precisamente sembrar miedo.

–¿Tienen estadísticas?

–Después del golpe de estado más de 350 personas fueron asesinadas, personas que estaban en las movilizaciones. Otras fueron (asesinatos) selectivos, en sus casas. Después el fraude electoral de 2017, 22 personas fueron identificadas por Naciones Unidas como asesinadas por armas militares. El resto muchas veces ni se menciona porque muchas familias prefieren ocultar para no ser ellas también identificadas y perseguidas. Honduras es un estado fallido. 

El hermano del presidente está acusado y preso en EE.UU. por narcotráfico.

Castro se indigna ante la evidencia del vínculo de los gobernantes con EE.UU. “Acusan a otros países por violadores de los derechos humanos pero callan cuando en Honduras se están violando los derechos humanos y se asesina”, comentó. Recordó en ese sentido, el asesinato de la líder indígena y feminista Berta Cáceres sucedido en 2016 y cuyos autores intelectuales todavía no fueron identificados por la justicia.

–En 2016, decidió dar un paso al costado para que sea candidato a presidente un compañero, mientras usted fue candidata a vicepresidenta, algo que se puede comparar con lo que hizo Cristina Fernández con Alberto Fernández ¿por qué lo hizo? 

–Yo te hablaba de la conciencia de las mujeres, que va más allá de un interés personal, que sobrepasa un interés partidario. Nosotros consideramos que si somos parte de una lucha de un país sabemos que hay que buscar lo mejor para el pueblo. La decisión que me tocó tomar fue dura. Después de venir de un golpe de estado, de humillaciones, de persecuciones, haber ido a elecciones y que nos la robaran, y luego volver a otro proceso electoral y tomar esa decisión con dignidad y decir queremos la unidad porque nuestro propósito es derrotar a la dictadura, derrotar a los que tienen a nuestro pueblo sumido en la pobreza… Si era necesario dar ese paso había que darlo.

Yo entiendo perfectamente a Cristina. 

Los ojos negros de Castro enrojecen y se humedecen apenas. Se emociona al recordarse y al reconocerse en Cristina Fernández, a quien siempre admiró. “Y la sigo admirando porque ella con todas las posibilidades de ganar dice “este es el momento de buscar una alianza, una unidad con otros partidos” que al final estando a la cabeza no se da. Una tiene que ceder para que los otros puedan entonces unirse. Eso hicimos nosotros y logramos ganar. Pero claro el fraude volvió a presentarse”.

 

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A la sombra del Brexit, un modelo desaparece

Unos 14 millones de británicos, la quinta parte de la población, son pobres, y un millón y medio vive en condiciones de extrema pobreza.

A primera vista no hay más que Brexit. Hace más de tres años que el debate público y mediático británico está dominado por este tema en una sociedad polarizada entre los que quieren seguir en la Unión Europea (UE) a través de un nuevo referendo y los que quieren salir cuanto antes del bloque europeo, con o sin acuerdo.

A la sombra de este debate, oculto tras tanto sonido y furia, la sociedad británica está experimentando una silenciosa transformación del Welfare State (Estado de Bienestar) creado a finales de la segunda guerra mundial.


Un informe del Rapporteur de Naciones Unidos sobre “Extreme Poverty”, que será presentado ante la ONU, a fines de junio deja en claro el deterioro que ha sufrido el Estado de Bienestar tras nueve años de austeridad conservadora. En un intento de ilustrar la situación, el Rapporteur neoyorquino Philip Alston recurre a la célebre definición de la vida que dio Thomas Hobbes, uno de los padres de la filosofía política moderna. “Hobbes hizo notar que la vida de los más relegados de la sociedad era “solitaria, pobre, horrible, brutal y corta”. A medida que se evapora el contrato social británico, estas predicciones se están convirtiendo en la nueva realidad”, señaló a la prensa británica.


El estudio de la ONU halló que unos 14 millones –una quinta parte del total de la población– son pobres y un millón y medio vive en condiciones de extrema pobreza. La línea de la pobreza en el Reino Unido abarca a los que ganan un 60 por ciento menos que el ingreso medio (un padre con dos chicos e ingresos equivalentes a 1000 dólares mensuales). Extrema pobreza o “destitution” son los que sobreviven con menos de 13 dólares diarios.


Estas cifras de la pobreza deberían escandalizar en una de las siete máximas potencias del planeta, miembro del G7. El congelamiento salarial vigente desde que asumieron los conservadores en 2010, el bajo nivel del salario mínimo y el deterioro de los servicios públicos debido a los fuertes recortes presupuestarios son factores cruciales de este deterioro del “contrato social británico”. En los últimos años los conservadores le han sumado un kafkiano sistema universal de beneficios sociales que, escudado en una supuesta simplificación burocrática, terminó generando demoras y virtuales exclusiones del sistema que empujaron a miles de británicos a situaciones de emergencia.


Uno de los rasgos más visibles de este deterioro social es la proliferación de bancos de alimentos convertidos en alternativas para cubrir los agujeros de la austeridad. Hoy la red más importante es el Trussel Trust que suministra alimentos de emergencia en más de 400 puntos del país. En los dos primeros años de la gran austeridad conservadora –2011 y 2012– unas 128 mil personas recurrieron a esos bancos. En 2017-2018 la cifra se quintuplicó a más de 666 mil personas.


En su recorrido del Reino Unido, el Rapporteur de la ONU encontró instancias de hambre y prostitución vinculados a estas reformas burocráticas del Estado de Bienestar. El endeudamiento, la usura, la pobreza energética, el impacto en la salud son parte de este sórdido cocktail de pobreza extrema de primer mundo. El ex director de la Trussell Trust, Chris Mould, lo ejemplificó así. “Hay gente que tiene que elegir entre comer y prender la calefacción, hay padres que apenas comen para alimentar a sus hijos. Es increíblemente fácil caer en esta situación. La pérdida del empleo, una cuenta muy alta de electricidad, una reducción de los beneficios sociales, un drama familiar resultan en la destitución de una persona. Si a esto se le suma que los salarios son muy bajos y los empleos son temporales o de medio tiempo, mucha gente entra y sale de situaciones de extrema necesidad”, señaló Mould a PáginaI12.


El desmantelamiento del Estado de Bienestar a la sombra del Brexit alcanza a una de sus baluartes: el estatal Servicio Nacional de Salud, el NHS. El embate contra el NHS viene de lejos porque su existencia siempre puso en tela de juicio el apotegma de que privado bueno, estatal malo. En los 80 el Thatcherismo lanzó una reorganización interna del NHS a través de la creación de un mercado interno, proceso que siguió con una creciente subcontratación de servicios y el lanzamiento de las iniciativas público-privadas en los 90.


La Oficina de Auditoría de la Nación señala que la subinversión llevada adelante por los conservadores han resultado en un sustancial déficit en las cuentas del NHS. Especialmente ruinoso para sus finanzas ha sido la construcción de hospitales, rebautizados por el ingenio mediático–popular como “uno por dos”: por el costo de cada hospital bajo la iniciativa público–privada, se podrían haber construido dos si solo lo hubiera hecho el estado. Un caso típico es el del University Hospital Coventry en el que la autoridad regional a cargo debió pedir prestado dinero incluso antes de que entrara en funcionamiento para pagar unos 60 millones de dólares de deuda. En el año del referendo a favor del Brexit, 2016, el sector privado obtuvo 267 de los 386 contratos licitados por el NHS.


El célebre físico Stephen Hawkings, que sufría una enfermedad degenerativa neuromuscular, advirtió poco antes de su muerte en marzo del año pasado que se estaba buscando convertir al NHS es un “sistema de seguros al estilo de Estados Unidos, gerenciado por organizaciones privadas”. Hawkings, que dependió desde los 21 años del NHS, escribió un artículo para el matutino The Guardian en el que llamaba a evitar “que haya un sistema de salud desigual” mientras reivindicaba al NHS como el “sistema más justo para el suministro de atención sanitaria”.


La visita de estado de Donald Trump a esta tierra del Brexit que comienza este lunes 3 de junio es un paso de este proceso. Los conservadores están desesperados por demostrar que la salida de la Unión Europea es su reingreso al mundo: cualquier palabra que diga Trump a favor de un tratado de libre comercio posbrexit favorecerá su causa. Raramente Trump se priva de opinar sobre cualquier tema, pero en el caso británico su interés central es muy claro: el NHS.


En más de una ocasión el gobierno británico se negó a confirmar que un tratado de libre comercio con Estados Unidos excluiría al NHS de la mesa de negociaciones. El servicio británico que cubre a los 65 millones de británicos “de la cuna a la tumba” es el tesoro más codiciado por el sector privado estadounidense. A la sombra de un Brexit sin acuerdo que invisibiliza los estragos que están ocurriendo a nivel social, la estrategia de las multinacionales estadounidenses se puede hacer realidad.

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Congreso de Honduras retira las reformas a los sistemas de educación y salud, pero siguen las protestas

Tegucigalpa. Cerca de 4 mil maestros, estudiantes y empleados de hospitales públicos hondureños retomaron este martes protestas que el lunes causaron destrozos en el centro de Tegucigalpa, pese a que el presidente del Congreso prometió desistir de las reformas que desataron el movimiento.

Los manifestantes marcharon hasta las sedes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coreando "fuera JOH", siglas del nombre del presidente Juan Orlando Hernández.

Dirigentes del movimiento dijeron que buscaban el apoyo de ambos organismos para defender el derecho a los servicios de salud y educación después de que el Congreso aprobó reformas que, según los manifestantes, llevarán a la privatización de esos dos sectores.

El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, aseguró en rueda de prensa que tales reformas fueron retiradas "sin posibilidad de volverlas a aprobar".

Sin embargo, la protestas continuaron en diferentes zonas del país con manifestaciones y bloqueos de carreteras.

"No creemos en palabras, las palabras se las lleva el viento", dijo durante la caminata la presidenta del Colegio Médico Hondureño, Suyapa Figueroa.

En la capital, manifestantes bloquearon las salidas hacia el sur y el este del país, mientras la policía reportaba saqueos de negocios en algunos barrios como el Pedregal, en el sur de la ciudad.

Figueroa afirmó que los incendios en cuatro edificios ocurridos el lunes durante violentos enfrentamientos con piedras y bombas lacrimógenas entre manifestantes y policías fueron causados por "infiltrados" de los agentes del orden.

El Ministerio de Seguridad rechazó que agentes policiales hayan herido a un manifestante que fue atendido en un hospital por un balazo en el pecho.

En redes sociales circularon videos de un hombre sin uniforme disparando junto a agentes policiales, tras lo cual aparece el manifestante ensangrentado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó los incidentes.

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