Bolsonaro sancionó la ley para privatizar Eletrobras

Es la mayor empresa eléctrica de Latinoamérica

 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó --con algunos vetos-- la Medida Provisional que reglamenta el proceso de privatización del gigante estatal Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de Latinoamérica. De acuerdo con las proyecciones del Gobierno, la primera etapa del proceso de capitalización de la compañía podría estar lista en febrero de 2022.

Según publicó este martes el Diario Oficial de la Unión, entre los vetos del Ejecutivo a la propuesta inicial se incluye el descuento para adquisición del 1 % de las acciones de la empresa por parte de funcionarios dimitidos, la prohibición de extinguir algunas subsidiarias y la obligación del Gobierno para aprovechar durante un año a los servidores públicos despedidos.

Respecto al primer veto, Bolsonaro alegó que reservar el 1 % de acciones con descuento para exempleados "podría causar distorsión en el proceso de precios de nuevos papeles accionarios", mientras que sostuvo que la obligatoriedad de mantener filiales "limita la gestión de las subsidiarias por la nueva empresa y le retira su flexibilidad".

Sobre el veto a la obligación del Gobierno para aprovechar durante un año a los servidores públicos despedidos, el mandatario indicó que esa medida "viola el principio del concurso público --convocatoria abierta al que tienen derecho los ciudadanos para convertirse en servidores-- y aumenta las despensas".

El mes pasado, el Congreso aprobó el modelo de privatización de la estatal, que será la mayor en la historia del país por rendirle al Estado cerca de 100.000 millones de reales (unos 20.000 millones de dólares). Ese modelo prevé una capitalización de la empresa sin la participación del Estado y la posterior venta de las acciones que queden en manos del sector público.

Con esta privatización, remarcó la semana pasada a periodistas extranjeros el ministro de Minas y Energía de Brasil, Bento Albuquerque, Eletrobras podrá invertir hasta 14.000 millones de reales (unos 2.800 millones de dólares) al año.

Actualmente, el Estado brasileño es el propietario del 60 % de las acciones de Eletrobras, la mayor generadora y transmisora eléctrica del país, porcentaje que se reducirá a cerca del 45 % tras la capitalización, por la que la empresa realizará una oferta pública de acciones en bolsa de la que se abstendrá de participar el Estado.

Pese a la venta del control, dicen los medios locales, el proceso le garantiza al Estado brasileño una "acción dorada" de la empresa, que le daría poder de veto en decisiones estratégicas de la compañía.

13 de julio de 2021

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Sábado, 26 Junio 2021 06:40

Pagar para vender

Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil FOTOS PÚBLICAS, ISAC NÓBREGA

A las apuradas y mientras arrecia la pandemia, Brasil decidió vender la empresa estatal de energía, a pesar de la dura oposición de empresarios, trabajadores y varios sectores tradicionalmente favorables a las privatizaciones.

El gobierno brasileño consiguió aprobar la medida provisoria 1031/2021, que habilita la privatización de la totalidad de las acciones de la empresa estatal Eletrobras, la principal empresa del sistema eléctrico brasileño. Fundada en 1962, Eletrobras era una sobreviviente del proceso de privatizaciones de la década del noventa. Hasta ahora, el Estado controlaba el 60 por ciento del llamado sistema Eletrobras y, con él, 125 usinas y 71 mil quilómetros de líneas de transmisión. Creada para ser uno de los motores del desarrollo económico y social brasileño, la compañía será ofrecida en bandeja a los capitales privados.

El presidente Michel Temer ya había enviado al Congreso, a comienzos de 2018, un proyecto de privatización que no prosperó. Luego, en noviembre de 2019, el propio Jair Bolsonaro remitió una propuesta que también resultó derrotada. Ahora, en momentos en que Brasil supera el medio millón de fallecidos por covid-19, diputados y senadores han corrido contra el tiempo para modificar y aprobar la venta de las acciones estatales de la compañía. El relator del proyecto en el Senado, Marcos Rogério, del partido Demócratas, encabezó la iniciativa y alternó por esta vez su papel de líder de la tropa bolsonarista que intenta obstaculizar la labor de la comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia (véase «CómoBolsonarousalapandemiaasufavor», Brecha, 11-VI-21). En el Senado, la votación fue apretada: 42 votos a favor, 37 en contra. En Diputados, la diferencia fue de 258 a 136. Una de las principales justificaciones del gobierno para vender este gigante es que la venta reducirá las cuentas de luz de los usuarios en un 7 por ciento. Pero casi todos los actores involucrados en el sector dicen lo contrario: la cuenta de luz va a aumentar.

SALDO CERO

Gilberto Cervinski, magíster en Energía por la paulista Universidad Federal del ABC y uno de los coordinadores de la Plataforma Obrera y Campesina del Agua y la Energía, que reúne a movimientos sociales y sindicales del sector energético, dijo a Brecha que con esta privatización, que define como una «transferencia de patrimonio», solo hay un beneficiario: la burguesía financiera. «Los nuevos dueños serán bancos privados, fondos de inversión internacional especulativos y grupos empresariales locales que sustentan el gobierno de Bolsonaro. Quien va a pagar la cuenta es el pueblo brasileño. […] La privatización de Eletrobras representa una completa destrucción de la soberanía energética del país», afirmó. Aseguró que la privatización «hará que aumente el precio de la luz y se acelere la desindustrialización por el peso de esta carga sobre centenas de medianas y pequeñas empresas».

El especialista en temas energéticos estima que la privatización traerá un aumento del 25 por ciento en las cuentas de los consumidores. Hoy 20 usinas estatales cuya inversión inicial ya fue amortizada venden energía más barata que la del mercado global, entre otras cosas que mantienen precios accesibles para la industria y los hogares brasileños. Con el nuevo régimen esos contratos caerán y pasaría a regir el precio de mercado. Actualmente, cerca de 20 hidroeléctricas de Eletrobras (con un total de 13.500 megavatios de potencia) venden el megavatio a 65 reales (13 dólares), aunque el precio de mercado actual está por encima de los 250 reales (51 dólares). La Unión por la Energía, que reúne más de 40 entidades del sector, estima que los aumentos que deberá costear la industria podrían llegar al 15 por ciento, un costo que terminaría siendo «pasado a los consumidores». En tanto, la Asociación de los Grandes Consumidores Industriales estima un aumento del 20 por ciento en la factura como consecuencia de la privatización.

DE TODOS LADOS

Es llamativa la amplia oposición que concita lo aprobado por el oficialismo. Sectores políticos, económicos y mediáticos históricamente favorables a las privatizaciones criticaron duramente la medida. La periodista y comentarista de temas económicos Miriam Leitão, conocida por sus posiciones favorables a la desestatización, llegó a escribir en su columna en O Globo que «los consumidores van a pagar [el valor equivalente a] una Eletrobras para que el gobierno privatice la Eletrobras». Y agregó: «Esta medida no tiene ningún sentido económico, distorsiona el mercado y le pasa la cuenta a la población».

En el Senado, Álvaro Dias, del partido Podemos, que como candidato a presidente en 2018 defendía la necesidad de un «amplio programa de privatizaciones», entre ellas la de Eletrobras, se mostró en contra de la norma recién aprobada y argumentó desde su banca que la sociedad «no fue escuchada». Desde la bancada del derechista Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el senador Tasso Jereissati, redactor de un proyecto de ley que crea un «mercado del agua» en el país, también votó contra la medida provisoria. Hildo Rocha, senador por el Movimiento Democrático Brasileño, una formación que por lo general también es favorable a las privatizaciones, dijo que «esta medida va contra todos los conceptos y todas las teorías de la libertad económica». Bolsonaro tiene 15 días para sancionar la norma, y con eso se inicia un proceso que el gobierno estima que terminará en febrero de 2022. Varios senadores de la oposición ya anunciaron que irán al Supremo Tribunal Federal para impugnar lo aprobado por el Senado, que consideran inconstitucional.

LO QUE QUEPA

El texto de la medida provisoria 1031/2021 ha llamado la atención por la profusión de los llamados jabutis (tortugas) que contiene: enmiendas traficadas en su redacción, que se extienden más allá del objeto inicial a legislar. La jerga proviene del dictado popular jabuti não sobe em árvore, ou foi a enchente ou mão de gente, que explica actos llamativos que no ocurren de forma natural. En este caso la causa no fue una inundación, sino la mano del Ejecutivo y de los diputados y los senadores.

Entre los puntos más polémicos está la exigencia al Estado de contratar 8 mil megavatios de energía proveniente de termoeléctricas a gas natural ubicadas en regiones donde no hay gas ni termoeléctricas. Eso demandará construcciones millonarias, de usinas y gasoductos, que promediarán los 800 quilómetros de extensión. Otra de las novedades son los subsidios que el Estado deberá mantener por 20 años adicionales para empresas de energía eólica que ya amortizaron sus inversiones. De yapa, la 1031/2021 autoriza al gobierno a construir la línea de transmisión de la hidroeléctrica de Tucuruí –que conectaría el estado de Roraima con el sistema eléctrico nacional– sin las debidas autorizaciones ambiental y de la Fundación Nacional del Indio, a pesar de que la obra atraviesa la tierra indígena Waimiri-Atroari.

Otra tortuguita colada en la nueva regulación son los beneficios que se dará a la construcción de nuevas «pequeñas centrales hidroeléctricas», a través de la creación de reservas de mercado de 2 mil megavatios. El costo total estimado de estos jabutis supera los 80.000 millones de reales (16.000 millones de dólares). Un poco más de lo que el gobierno estima recibir con la privatización. Algo bastante parecido a pagar para vender, dicen los descreídos. Pero la ironía no termina ahí. La norma vende una empresa estatal y, al mismo tiempo, crea otra, que estará encargada de administrar la actual Eletronuclear y la hidroeléctrica binacional de Itaipú, que quedaron fuera de la privatización. Lo cierto es que Paulo Guedes, ministro de Economía, podrá, finalmente, poner una gran privatización en su currículum y tachar un ítem de su prometida agenda neoliberal.

MÁS CLOROQUINA

En una sesión del Senado que debatió el asunto el 2 de junio, Ikaro Chaves, presidente de la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Sistema Eletrobras (AESEL), dijo que «la privatización de la empresa es la cloroquina del sector eléctrico: no va a resolver los problemas y puede matar al paciente». Frente a los argumentos oficialistas, que alegan la necesidad de aumentar la competitividad, preguntó: «¿Cómo crear un ambiente competitivo permitiendo que una empresa privada controle el 30 por ciento de la capacidad total de generación energética del país, 52 por ciento del agua almacenada y 43 por ciento de la capacidad de generación hidroeléctrica? Una empresa como esa tendrá un poder de mercado desmesurado».

En un comunicado, la AESEL afirmó que la privatización «habilita un oligopolio privado en el sector eléctrico brasileño, algo extremadamente perjudicial para el país, ya que concede el poder de formación de precios a pocas empresas guiadas exclusivamente por el interés de lucro de sus accionistas». Chaves también desmintió que Eletrobras deba ser vendida como consecuencia de su situación financiera: «Es una empresa lista para hacer inversiones, tiene el capital para ello y no tiene ninguna dificultad para conseguir financiamiento ni en el país ni en el exterior».

Actualmente Eletrobras tiene 14.000 millones de reales en caja (2.800 millones de dólares) y en los últimos tres años dio ganancias por 30.000 millones de reales. Incluso durante la pandemia, en 2020, facturó 6.400 millones de reales (1.300 millones de dólares). Sin embargo, su nivel de inversiones sufre desde 2015 una fuerte caída. Una nota técnica del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos de mayo de este año afirma que el análisis de los datos financieros de la empresa «indica una estrategia deliberada de freno a las inversiones, fruto de una nueva estrategia de negocios, que busca el desmonte deliberado de su capacidad de inversión». En Brasil a esto se le llama sucatear, que viene de sucata (‘chatarra’): dejar arruinar algo a propósito.


 Día D

Esta semana fue de grandes titulares en Brasil. El martes, O Estado de São Paulo publicó un telegrama secreto de la embajada brasileña en Nueva Delhi. Allí se estipula que el gobierno de Jair Bolsonaro compró la vacuna india Covaxin por un precio 1.000 por ciento superior que el ofertado por el fabricante. Según el periódico, la orden para comprar la vacuna fue dada personalmente por el presidente brasileño. A diferencia de las otras negociaciones por inmunizantes, hechas de forma directa entre el gobierno y las empresas, en este caso la adquisición fue mediada por la empresa Precisa Medicamentos. La firma está siendo investigada por la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la gestión de la pandemia. Los altos precios ofertados fueron uno de los argumentos del gobierno para retrasar su negociación con Pfizer. Las vacunas indias, sin embargo, no solo son mucho más caras, sino que ni siquiera han llegado aún a Brasil y no han completado todas las etapas de análisis necesarias para su aprobación.

El miércoles, día en que este escándalo acaparaba la atención pública, el ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles fue dado de baja de su cargo tras haber pedido la renuncia, según consta en el diario oficial. Elogiado por Bolsonaro en una conferencia de prensa celebrada el día anterior por haber promovido un «casamiento perfecto» entre la agricultura y el medioambiente, es investigado por su presunta asociación con el tráfico de madera ilegal (véase «Lejosdeldisfraz», Brecha, 30-IV-21). A pesar de que su salida ha sido recibida como una buena noticia por organizaciones indígenas y ecologistas, el ministro no era más que un ejecutor; su reemplazo no abre ninguna esperanza de cambios de rumbo. Formado en administración de empresas y consejero de la Sociedad Rural Brasileña entre 1996 y 2019, Joaquim Alvaro Pereira Leite promete continuidad con la línea extractivista y proagronegocio que caracterizó la gestión de Salles.

También el miércoles, el pleno del Supremo Tribunal Federal ratificó por mayoría que el juez Sérgio Moro actuó con parcialidad en el proceso contra el expresidente Lula da Silva por el caso del triplex do Guarujá (véase «Elproceso», Brecha, 13-IV-18). Con esto, serán anuladas todas las decisiones tomadas por el juez que mantuvo a Lula en prisión durante 580 días y el proceso deberá recomenzar desde cero en los tribunales de Brasilia. En un comunicado, la defensa del exmandatario celebró la sentencia, que se suma a otros 11 procesos en los que el líder petista fue declarado inocente o que fueron archivados por falta de pruebas.

Por Marcelo Aguilardesde San Pablo 
25 junio, 2021

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La industria de la salud privada rinde cuentas sólo a sus accionistas, y eso se mide en ganancias, no en el bienestar de las comunidades, afirma el doctor Eric Manheimer, autor de Doce pacientes, obra en la cual se basa la serie New Amsterdam. Foto cortesía del Fondo de Cultura Económica

La pandemia no fue un accidente, fue pronosticada; el Covid ha sido estudiado por más de 20 años, dice

La industria sanitaria tiene un componente de élite que ofrece lo mejor a unos cuantos, pero el costo de ese sistema podría no sólo estar generando más enfermedad, sino que también estaría minando la democracia, señala el médico que manejó 14 años el hospital público estadunidense más famoso y antiguo

 

Nueva York., El doctor Eric Manheimer, director médico durante 14 años del hospital público más famoso y antiguo de Estados Unidos y autor de Doce pacientes, que narra desde ese hospital la gran pugna por el bienestar y rescate de seres humanos ante condiciones sociales y económicas que nos enferman –libro en que se basa la serie de televisión New Amsterdam–, comenta que después de más de un año de la pandemia queda claro que la lucha por la salud del pueblo debe rechazar el modelo de salud privatizador y de lucro estadunidense que se propaga a nivel mundial.

La ira digna de quien fue director médico del hospital Bellevue en Nueva York –el cual atiende desde jefes de Estado y ejecutivos de Wall Street hasta inmigrantes indocumentados y reos de la prisión Rikers– centra su crítica en la industria médica y el amor a sus compañeros que diariamente buscan rescatar y sanarnos.

La Jornada: ¿Qué está al centro de la disputa por la salud en el mundo hoy día?

Eric Manheimer: “El sistema de salud de Estados Unidos se está globalizando, poco a poco, en parte por un proceso deliberado de privatización de servicios de salud.

“Les cuento un ejemplo de esto en México. Una amiga pidió verme porque estaba preocupada por un diagnóstico de cáncer de mama que recibió de un doctor que todos quieren y recomiendan. Llega con unos fólders grandes –resultado de que el médico no te ve, sino te receta muchos exámenes médicos y te entrega ese archivo. Si uno realiza suficientes exámenes sobre cualquiera, siempre se va a detectar algo, pero generalmente son falsos positivos. ¿Qué es lo que pasa? Ese doctor tiene un negocio que se dedica a recetar exámenes médicos, 99 por ciento de los cuales son innecesarios, y ahí comienza el proceso de canalizar el caso a especialistas. Resulta que esta amiga no tenía lo que le habían dicho. ¿Qué ocurrió?: No tienes un doctor, tienes una máquina de exámenes que genera mucha lana. Es sólo un ejemplo de cómo el sistema en México está imitando al de Estados Unidos, donde hay un exceso de exámenes, lo cual nutre los temores de pacientes, mientras generan indicaciones de otros malestares que requieren aún más exámenes y segundas opiniones. En este ejemplo ni uno solo de los especialistas le hizo un examen físico básico a esta mujer. Fue una biopsia de su cartera. Eso es lo que está ocurriendo en México, como en otros países.

“La industria de salud privada no rinde cuentas sobre la salud de poblaciones. Lo único que sabemos de ellos es cuánto dinero ganan las empresas de servicios de salud cada trimestre. Sólo rinden cuentas a sus accionistas y eso se mide en ganancias, no en la salud de una población.

“La industria de la salud podría ser una de las más responsables de la falta de sanidad en una población… Hoy día, el gasto en el sector representa 20 por ciento del PIB en Estados Unidos, es decir, 4 billones de dólares anuales, y sigue subiendo. Es tan grande, que según algunas investigaciones ese gasto no sólo limita lo que se debería gastar en educación e infraestructura, sino que podría ser el mayor factor en suprimir el ingreso de la clase trabajadora, el cual no se ha elevado en 40 años al tener que pagar costos cada vez más altos.

"En resumen, la industria de la salud tiene un componente de élite que ofrece todo lo mejor a unos cuantos, pero el costo de ese sistema podría no sólo estar generando más enfermedad, sino hasta minando la democracia."

–¿Cómo diagnosticaría esa lucha diaria de doctores que se dedican a la salud de seres humanos dentro de este modelo?

–Al inicio de mi carrera me di cuenta de que mucho de lo que aprendí en la escuela de medicina no es relevante. Obvio que los tratamientos y otros conocimientos médicos sí, pero no explicaba por qué la gente estaba en un hospital, cómo llegaron ahí, cómo y qué tanto se les trató.

“A lo largo de los siguientes 10 años, tuve que aprender más sobre sociología, antropología médica, economía, historia, todos los aspectos de contexto que rodean a los pacientes, sus comunidades incluyendo la estructura socioeconómica, raza, el tema de disparidad de género. Me di cuenta de que lo que necesitaba hacer era aprender a través de mis pacientes, escucharlos, entender sus historias.

“Para ilustrar lo que digo: estás en un consultorio donde hay un doctor y un paciente. Están solos, aislados, la puerta cerrada. Pero la realidad es que hay un sinnúmero de fuerzas gigantescas presentes dentro de esa oficina. Está el lugar de donde llegó el paciente, su código postal, la historia de su familia, la historia de su migración, su educación, el tema de alcoholismo y drogas, o no, entre otras cosas. Para el doctor, también están presentes varios factores, incluidos algunos que limitan su visión, su capacitación, el sistema en que trabaja, y si éste es público o privado, cómo se les paga, entre otras variables infinitas.

"Lo que tuve que hacer durante los años siguientes fue detectar esos campos gravitacionales invisibles (en encuentros entre pacientes y médicos), los cuales pueden ser manifestaciones de desigualdad, racismo, todas las construcciones sociales de la salud. Al atender al paciente tenía que tomar eso en consideración y no sólo con la libreta de recetas médicas a la mano y ordenando más y más exámenes, de hecho, justo aprendiendo a no hacer eso. Cuando llegué a mi máximo punto de madurez como doctor es cuando logré decirme a mí mismo que no, que ya basta."

–A más de un año de que estalló la pandemia, ¿qué hemos aprendido y qué no?

–Primero, la pandemia fue pronosticada. No fue un accidente, no fue un evento, no fue un meteorito que llegó de repente. El virus Covid ha sido muy estudiado por más de 20 años, y es porque ha habido otras manifestaciones del virus en 2003 y otra más. Se supone que fue transmitido de animales a humanos, igual que funciona la pandemia de la influenza cada año. De hecho, 60 por ciento de todas las infecciones en humanos se originan en animales, esto ha sido desde siempre. No hay nada raro con eso.

“¿Pero por qué estamos padeciendo estas pandemias? Tiene que ver con la invasión de la población humana al hábitat animal. Hemos cruzado las líneas. Habrá más pandemias, algunas recurrentes, otras nuevas. Sabemos por qué.

“Pero la pregunta es si podemos, como agrupaciones de naciones, lograr que instancias como la Organización Mundial de Salud tenga la capacidad para enfrentarlas. Hasta ahora, no ha existido la voluntad política para lograrlo. Veamos: el monto de dinero que Estados Unidos gasta en construir un portaviones fácilmente podría pagar, y varias veces, todo lo que se necesita hacer de manera colectiva para lograrlo, no estamos hablando de nada extraordinario, sino de hacer lo que ya hacemos con la influenza.

“Qué más aprendimos? Que se lograron producir todas estas vacunas, pero el problema está en quiénes tienen acceso. Estamos viendo tasas de mortalidad enormes en países donde no están disponibles. No sabemos si habrá acceso universal a la vacuna, eso de a quién se le tiene que pagar, quién tiene la patente o la licencia, todo esto está al centro de la pregunta sobre si la pandemia es un asunto monetario y no de salud pública.

"Lo otro que aprendimos es que gobiernos autoritarios son un gran problema. Estados Unidos, cuando estaba gobernado por Trump, causó medio millón de muertes excesivas (o sea, innecesarias). Eso, de hacer de esto un tema político, jugar con eso de los cubrebocas, y más, igual que Bolsonaro."

Doce pacientes (Twelve Patients) será publicado en español próximamente por el Fondo de Cultura Económica. New Amsterdam, del cual Manheimer no sólo es la inspiración, sino el principal asesor médico, se puede ver en Netflix.

Manheimer sobre la pandemia en La Jornada (https://www.jornada.com.mx/2020/05/02/politica/008a1pol).

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Mientras Wall Street ya cotiza el agua del futuro, comunidades luchan contra su privatización en Colombia

 Con la llegada del agua al mercado de la bolsa de valores de Wall Street, cotizando en los mercados futuros y con empresarios apostando sobre su escasez o abundancia en el planeta durante los próximos años, se han prendido las alarmas sobre lo que que podría convertirse en un paradigma que pondría un precio y privatizaría un recurso que es un derecho universal.

Aunque la medida únicamente tendrá validez para regular su precio o cotización en California en Estados Unidos, su primera cotización se estableció que la cantidad de 1.233.000 litros de agua tuviera un costo de 486 dólares basándose en un valor promedio de los contratos que existen de derechos de agua en las regiones más grandes y comerciales de dicho estado, lugar que fue devastado por incendios forestales en septiembre y que pese a ser reconocido como el mercado agrícola más grande de Estados Unidos, salía de una sequía de ocho años.

Entiéndanse los derechos del agua como aprovechar el agua subterránea, ríos, lagos, estanques y manantiales naturales, tecnologías de purificación y tratamiento del agua, perforación de pozos, saneamiento, mantenimiento, distribución y construcción de infraestructura, la producción, operación y venta de agua embotellada, camiones de agua y camiones cisterna.

Para la profesora Cecilia Roa, especialista en gestión del agua, acueductos comunitarios, democratización ambiental, lo que refleja el hecho de que se empiece a cotizar el agua es una señal de la creciente preocupación sobre su escasez, su demanda y la preocupación de sectores económicos para abastecerse de agua en el futuro, «es un derivativo que se ha usado en el mercado de valores desde hace años, de las mercancías,» lo que señala, obedece a las presiones que existen sobre el agua en la actualidad y los conflictos cada vez más creciente alrededor de este recurso.

Por su parte para Juanita de los Ángeles Ariza, codirectora de la Red Nacional del Agua, resulta alarmante pues no es que se esté «cotizando el agua materialmente, sino los derechos de su uso, es como si las licencias ambientales se pusieran en oferta y se generara un comercio entorno a eso y quien tiene el dinero puede abarcar el agua del mundo», advierte la ambientalista.

Al respecto, Diego Martínez, coordinador del área de Agua en Censat Agua Viva advierte que lo que intentan hacer desde la bolsa de valores es construir un modelo para generar un paradigma en la financiación del agua y sus derechos, un modelo que probablemente será emulado por otros mercados como el que surgió en California, «se está vendiendo el agua del futuro y el principal problema es que se está especulando, se está vendiendo y comprando agua que nadie sabe si se va a tener o no en el planeta».

La privatización del agua, un peligro latente

La profesora Roa señala que el agua a diferencia de otros bienes a lo largo de la historia ha sido valorada por las sociedades como un recurso, rechazando la idea de convertirla en una mercancia, muestra de ello es que en todas las legislaciones de América Latina, el único país que lo ha permitido es Chile donde en la actualidad transan los derechos del agua, una política que afecta principalmente a campesinos y pequeños agricultores que no tienen servicios de agua potable.

Si bien tras la dictadura de Augusto Pinochet, en Chile se ha intentado reformar la privatización del agua en al menos ocho ocasiones, es una iniciativa que ha sido rechazada por sectores como la Sociedad Nacional de Agricultura que agrupa a empresarios agrícola del país austral. Aunque se ha buscado fijar el líquido como un derecho y un bien público y dar fin a las concesiones, el gobierno de Sebastián Piñera ha expresado su deseo de mantener la entrega de estos derechos a los privados.

En el mundo, según Market Oracle y Global Research en un artículo publicado originalmente en 2012, bancos de Wall Street y multimillonarios, están consolidando sus compras de acuíferos y derechos de agua en todo el planeta. Tal es el caso de inversionistas como Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Credit Suisse, Blackstone Group, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, Macquarie Bank, Barclays Bank, Allianz y HSBC Bank.

Para hacerse una idea del valor que tiene este líquido en la actualidad, el mismo artículo titulado ‘Los Barones del Agua’ describe cómo, mientras multimillonarios acumulan acuíferos, a pobladores de regiones como Oregon en Estados Unidos, se les criminalizó por recolectar el agua lluvia que caía en su propiedad, condenándoles por nueve cargos a 30 días de prisión.

Se debe prestar atención al futuro de los recursos hídricos en Colombia

En el contexto nacional, la profesora Roa expresa que la historia de manejo hídrico del país deja mucho qué desear, si bien Colombia es uno de los países más ricos a nivel mundial en cuanto a su inventario natural hídrico, en el 56% de los departamentos el coeficiente de Gini del agua es incluso más alto que el de la tierra, lo que muestra que su asignación está incluso más concentrada. Esto en contraste con datos aportados por expertos en economía ambiental, como Gustavo Correa Assumus, que aseveran que la pobreza tiene implicaciones negativas en el acceso al agua segura y de igual forma la falta de acceso al agua segura es un elemento que sustenta y reproduce la pobreza.

Agrega Roa que esta no está llegando a las comunidades que protegen las fuentes hídricas y es algo que debe tenerse en cuentea, «los campesinos no tienen concesiones de agua y muchas veces se oponen a aplicar un permiso para consumirla o usarla, por considerarla natural en consecuencia no se debe pedir permiso a nadie, esa es una concepción que hay que respetar».

En contraparte, al evaluar los acueductos en los territorios, estos son en sí mismos una expresión de la gestión comunitaria que realizan las población pues entregan alrededor del 45% del agua en la ruralidad, convirtiéndose «en una pieza fundamental de decisión y participación sobre los usos y manejos que tienen las poblaciones sobre sus tierras», afirma Diego Martínez quien advierte que a dichos acueductos se les someten a toda clase de exigencias administrativas y técnicas en contra de esta forma de gestión.

De igual forma, casos como el de Cerrejón en La Guajira, donde se ha desviado el río Ranchería ocurren en un contexto en que en promedio las comunidades Wayúu tienen que caminar cerca de siete kilómetros para acceder a fuentes hídricas y donde el ICBF reportó para septiembre de este año, 784 casos de menores con desnutrición aguda, lo que deja al descubierto la pérdida del patrimonio cultural de los pueblos originarios y de la soberanía hídrica nacional.

Según Diego Martínez, la privatización del agua es un fenómeno que ya se viene viviendo y que en Colombia data de la década de los noventa expresándose en diferentes formas, desde un acueducto que pasa por manos público-privadas hasta el acaparamiento de mineras y petroleras del agua, privando a las comunidades de este derecho vital, en ese sentido, resalta que el manejo por parte del Estado del agua se ha hecho en el país de forma privada, «históricamente ha priorizado la empresas privadas, los entes económicos y ha entregados esos derechos a multinacionales, ese es el problema en el país», esto pese a que en Colombia existe el derecho fundamental al agua en conexidad con los derechos fundamentales.

Para concluir y con respecto a estos peligros que se ciernen sobre los recursos hídricos en el país, Juanita Ariza afirma que es fundamental que las organizaciones ambientales realicen un proceso de defensa integral del agua y de declaración como patrimonio público puesto que el país representa el 72% de los nacimientos de los páramos en el mundo y que se sumen resalta el integrante de Censat a procesos participativos de las comunidades como las consultas populares.

Publicado originalmente en Contagio Radio

23 diciembre 2020

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La privatización y los derechos humanos al agua potable y al saneamiento

El pasado 21 de octubre, Leo Heller, anterior Relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas su informe sobre los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua y saneamiento, en el que rompe con la pretendida equidistancia imperante hasta ahora en el marco de los derechos humanos entre la gestión púbica y la privatización, que defiende que lo que importa son los resultados de la prestación de los servicios, independientemente del modelo de gestión.

En el informe, Heller pone en evidencia que la gestión privada presenta riesgos relevantes para el disfrute de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento que son la consecuencia de la combinación de tres factores: la maximización de los beneficios, el monopolio natural de los servicios y los desequilibrios de poder. La consecución del máximo beneficio en la prestación de los servicios lo relaciona con la disminución de los costos -los laborales o las inversiones, entre otros-, el aumento de los ingresos -por ejemplo, mediante el aumento de las tarifas-, o, lo que es normal, con ambos a la vez. Por su parte, el hecho de que los servicios de abastecimiento y saneamiento, tal y como están configurados, constituyen un monopolio natural en el que no es posible la competencia -algunas autoras lo califican como un fallo del mercado-, y que, en el caso de privatizarlos, se configura una situación de captura de los servicios por un único operador en condiciones, en general, de una clara asimetría de poder, al enfrentar administraciones locales con potentes empresas, en muchos casos multinacionales.

Los riesgos de la privatización derivados de la combinación de los tres factores se concretan, según el informe, en la no utilización del máximo de los recursos disponibles, poniendo en cuestión la asequibilidad, el estado de funcionamiento de los servicios y su propia sostenibilidad, el acceso a la información, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas. En definitiva, se pone en peligro los principios de no discriminación y universalidad sintetizados en la determinación de no dejar a nadie atrás.

La asimetría de poder se manifiesta también en la influencia que el lobby de empresas privadas tiene en los foros de decisión, lo que le permite acceder directamente a las autoridades decisorias a todos los niveles, ejerciendo así presión sobre ellas en defensa de sus intereses empresariales y de sus planteamientos ideológicos, estrechamente alineados con las políticas neoliberales. De esta forma, la privatización fue impulsada desde finales del siglo pasado y primeros de éste por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de condicionalidades incorporadas a los créditos que concedían a los países en desarrollo; fue tal la presión que en 2002 y 2003, el 100% de los créditos concedidos por el BM llevaban incorporadas condicionalidades de privatización. Más recientemente, y en plena crisis financiera de 2008, el FMI y la Unión Europea condicionaron la financiación del rescate financiero de Portugal y Grecia a la ejecución de sendos programas de privatización.

Las presiones de los lobbies del agua privada no solo se han dirigido a favorecer las privatizaciones, sino también a impedir las remunicipalizaciones, incluso en los casos en los que las concesiones hubieran finalizado; entre los 311 casos de remunicipalización que se han identificado a nivel mundial entre 2000 y 2019, son significativos los de Paris, Valladolid y Terrassa, en los que se ejercieron presiones de todo tipo, incluso legales, para obstaculizarlos.

La asimetría de poder se ha puesto en evidencia recientemente con la agresiva e ignominiosa campaña realizada por AquaFed -el lobby internacional privado del agua-, que ha intentado desacreditar personalmente a Leo Heller y al propio informe, a través de sendas cartas dirigidas a la presidenta del Consejo de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sin que hayan tenido resultados apreciables. Esta campaña ha tenido la puntual contestación de seis relatores especiales y expertos independientes actuales y anteriores de Naciones Unidas en un artículo de opinión en el que manifiestan su posición crítica ante la mercantilización de los servicios públicos relacionados con los derechos humanos, como son los de salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, entre otros, en tanto que excluye a los sectores sociales más empobrecidos y puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos. Estos posicionamientos reflejan que el informe de Leo Heller ha puesto en la palestra el tema de la privatización en el contexto de los derechos humanos y que se ha abierto un debate que ha llegado para quedarse.

Por su parte, los movimientos sociales, que han protagonizado durante décadas la oposición a la privatización del agua e impulsado los procesos de remunicipalización, reconocen en el informe de Heller una buena parte de sus análisis y diagnósticos; en este sentido, más de cien organizaciones sociales internacionales han apoyado a Leo Heller y puesto en valor la seriedad y validez de su informe en un manifiesto específico que responde frontalmente a  las descalificaciones de AquaFed y denuncia sus intentos de injerencia en los procesos de toma de decisiones en Naciones Unidas.

Frente a la privatización defienden la gestión pública respetuosa con los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, que configuran los nuevos modelos de gestión democráticos basados en sus principios definitorios de acceso consecuente a la información, la participación activa, libre y significativa de la ciudadanía, la transparencia y rendición de cuentas y la sostenibilidad social, económica y medioambiental.

Por Miriam Planas, Gonzalo Marín y Luis Babiano

Miriam Planas y Gonzalo Marín son miembros de la Red Agua Pública (RAP). Luis Babiano es Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)

05/11/2020

Publicado enSociedad
En las protestas contra Lenin Moreno coincidieron sectores urbanos, campesinos e indígenas. Fluxus Foto

76 de los 91 préstamos que el FMI ha negociado desde el inicio de la pandemia de coronavirus llegan vinculados a demandas de profundos recortes en servicios públicos y políticas que benefician a las corporaciones por encima de las personas.

 

El enorme trastorno económico causado por la pandemia de covid-19 ofrece una oportunidad única para alterar radicalmente la estructura de la sociedad, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está utilizando la crisis para implementar medidas de austeridad cuasi permanente en todo el mundo.

76 de los 91 préstamos que ha negociado con 81 países desde el inicio de la pandemia mundial en marzo han llegado vinculados a demandas de que los países adopten medidas como profundos recortes en los servicios públicos y las pensiones, medidas que indudablemente conllevarán privatizaciones, congelaciones o recortes salariales, o el despido de trabajadores del sector público como médicos, enfermeros, profesores y bomberos.

Principal animador de las medidas de austeridad neoliberal en todo el planeta durante décadas, el FMI ha empezado recientemente (de forma discreta) a admitir que estas políticas no han funcionado y generalmente crean problemas como pobreza, crecimiento desigual y una desigualdad aún peor. Además, tampoco han conseguido traer el prometido crecimiento económico que se suponía que iba a contrarrestar estos efectos negativos. En 2016, describió sus propias políticas como “promocionadas en exceso” y anteriormente resumió sus experimentos en América Latina como “todo dolor, sin beneficios”. Así, sus propios informes afirman explícitamente que sus políticas no funcionan.

“El FMI ha hecho sonar la alarma sobre una gran intensificación de la desigualdad tras la pandemia. Pero está conduciendo a los países a pagar los gastos de la pandemia mediante recortes de austeridad que alimentarán la pobreza y la desigualdad”, dice Chema Vera, director ejecutivo interino de Oxfam International. “Estas medidas podrían dejar a millones de personas sin acceso a la sanidad o ayuda económica mientras buscan trabajo, y podrían frustrar cualquier esperanza de recuperación sostenible. Al adoptar este enfoque, el FMI está cometiendo una injusticia a sus propias investigaciones. Su cabeza debe empezar a hablar con sus manos”.

Oxfam ha identificado al menos 14 países que espera que congelen o recorten de forma inminente los salarios y puestos de trabajo del sector público. Túnez, por ejemplo, solo tiene 13 médicos por cada 10.000 personas. Cualquier recorte a su ya exiguo sistema sanitario lo debilitaría en su lucha contra el coronavirus. “Si la gente no se puede permitir el testeo y el cuidado del covid-19 y otras necesidades sanitarias, el virus seguirá expandiéndose sin control y más gente morirá. Los gastos corrientes en sanidad eran una tragedia antes de la pandemia, y ahora son una sentencia de muerte”, añade Vera.

Un caso práctico del FMI

Ecuador es un ejemplo perfecto de las consecuencias del FMI. Anteriormente dirigido por el Gobierno radical de Rafael Correa, que hizo de la reducción de la pobreza una prioridad, condenó al FMI y a su organización hermana, el Banco Mundial, y dio asilo a disidentes occidentales como Julian Assange, el país ha sido dirigido por Lenin Moreno desde 2017. Moreno comenzó inmediatamente a deshacer el legado de Correa, incluso intentando procesarle. En 2019, bajo órdenes del FMI, Moreno redujo el presupuesto sanitario nacional en un 36% a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares del FMI, un movimiento que provocó enormes protestas nacionales que amenazaron con hacer descarrilar a su Gobierno.

Los resultados fueron casi apocalípticos cuando la ciudad más grande del país, Guayaquil, se convirtió en el centro mundial del coronavirus, con cadáveres abandonados en las calles durante días mientras los servicios estaban saturados. La ciudad sufrió más muertes que Nueva York en su pico, y con mucha menos infraestructura para tratar el problema. Aunque el número oficial de casos en el país es bajo, la tasa de mortalidad ha estado entre las más altas del mundo, lo que sugiere que los servicios han estado completamente colapsados.

A principios de este mes, Moreno anunció un nuevo acuerdo por 6.500 millones de dólares con el FMI, que ha aconsejado a su Gobierno dar marcha atrás en los aumentos de emergencia en el gasto sanitario, detener las transferencias de efectivo para aquellos incapaces de trabajar debido al virus y recortar los subsidios de combustible para los pobres.

En la crisis, oportunidad

El FMI también interfiere directamente con la política interna de naciones soberanas. En marzo, se negó a hacer préstamos al Gobierno venezolano debido a la “falta de claridad” sobre quién estaba al mando, sugiriendo que el democráticamente electo Nicolás Maduro tendría que dimitir antes de que consideraran hacer préstamos al país. Al mismo tiempo, sin embargo, el autodeclarado presidente y figura de la oposición Juan Guaidó anunció que había asegurado un compromiso de 1.200 millones de dólares de la organización con la condición de que Maduro dimita y permita que un “Gobierno de emergencia” tome el control del país. Una encuesta realizada el mismo mes por una empresa de encuestas simpatizante descubrió que solo el 3% de los venezolanos apoyaba a Guaidó.

En la crisis siempre hay oportunidad. Para muchos, la pandemia es una oportunidad de reorientar la economía alejándose del consumo de masas y hacia un sistema más sostenible ecológicamente. Para el FMI, sin embargo, se está utilizando para impulsar más privatizaciones y medidas de austeridad que invariablemente enriquecen a los ricos y debilitan a los pobres y a los indefensos. Parece que, si la organización se sale con la suya, serán los pobres quienes paguen por la pandemia, mientras los ricos prosperan.

MPN

Artículo publicado originalmente en Mint Press News. Traducido para El Salto por Eduardo Pérez.

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Agonía ecuatoriana con disfraz de “recuperación”

Entre mediados de marzo e inicios de octubre de 2020 en el Ecuador fallecieron más de 37 mil personas por encima del promedio histórico registrado los cinco años anteriores según información del Registro Civil.

Estamos llamados a repensarlo todo […] Es eso, o esperar a que la tragedia permanente sea nuestra “nueva normalidad”

Tragedia y abandono

Ese es quizá el impacto más duro –hasta el momento– dejado tanto por la pandemia del coronavirus (COVID-19) como por una crisis estructural sin precedentes y exacerbada por la indolencia e irresponsabilidad de quienes históricamente han gobernado al país. Y mientras los fallecidos en exceso siguen aumentando, la pandemia y la crisis se combinan con casos de corrupción por doquier, una mayor miseria y violencia en las calles (incluyendo zonas del Ecuador que literalmente se mueren de hambre), la persistencia del narcotráfico y del crimen organizado… En definitiva, el país va quedando reducido cada vez más a un pedazo de tierra sin futuro.

En medio de un momento tan crudo, las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno siguen llevando a que el Estado abandone a la población más vulnerable. Muestra de ello es toda una serie de ajustes antipopulares que incluyen: una reforma laboral que ha creado enormes incertidumbres; la sumisión de la planificación económica y las finanzas públicas a dictámenes fiscalistas guiados sobre todo por los intereses de los acreedores de la deuda externa; recortes, liquidación de empresas públicas, privatizaciones (aquí puede incluirse el intento deventa del Banco del Pacífico en condiciones nada claras); y hasta la liberalización –aún parcial– de los precios de los combustibles, tema que motivó la potente protesta social de octubre de 2019.

Rumbo a la liberalización total de los combustibles

Justo la liberalización de los precios de los combustibles ejemplifica la forma de hacer política económica del gobierno morenista: a las patadas y sin estudios serios de sus potenciales impactos. En agosto de 2018 se eliminó el subsidio de la gasolina súper sin aclarar los posibles efectos económicos de la medida. Para octubre de 2019 se buscó eliminar el subsidio de todos los demás combustibles de forma abrupta, sin analizar los impactos sobre todo para sectores vulnerables como los pequeños productores agrícolas, por ejemplo. La lucha social temporalmente detuvo el proceso, pero con la pandemia del coronavirus el gobierno continuó con las reformas. Para mayo de 2020 se retiró el subsidio a las gasolinas extra y diésel y se liberó parcialmente su precio, rigiéndolo a un “sistema de bandas” que permite su fluctuación en un margen de +/- 5%. Finalmente, a septiembre de 2020vía decreto 1158 el gobierno liberó la importación de derivados de petróleo por parte del sector privado, al cual se le concedió más libertades para definir los precios de comercialización de varios combustibles, exceptuando gasolinas del sector automotriz y gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico, de uso vehicular (taxis) y de uso agrícola.

Para ninguna de estas etapas de liberalización progresiva de precios de los combustibles el gobierno morenista ha publicado algún análisis serio que fundamente sus decisiones y defina a los posibles sectores afectados. Por si no fuera suficiente, en el decreto 1158 de septiembre de 2020 el gobierno también dispuso que se facilite la infraestructura pública para el negocio privado de “la importación, recepción, transporte y almacenamiento, y despacho de combustibles”, a cambio de una “tarifa razonable” (ver decreto 1158, disposición general cuarta). Es claro que esa “tarifa razonable” será aquella que garantice una rentabilidad privada que nacerá de aprovechar al máximo la infraestructura pública disponible. Aquí cabe pensar que, si se iba a permitir que el sector privado entre en el negocio de importar combustibles, lo mínimo que se debía exigir es que ese sector invierta en la mejora y la ampliación de la infraestructura existente en un monto considerable, o incluso exigir que el sector privado use su propia infraestructura. Pero en tiempos de un Estado en abandono y de un gobierno indiferente, hasta eso es mucho pedir.

Cabe aclarar que el punto no es defender ciegamente el subsidio a los combustibles que, se debe reconocer, es una medida con varios problemas cuando se adopta de forma generalizada y sin un análisis serio. El punto es que medidas económicas tan importantes no deberían tomarse a las patadas, sin estudios rigurosos y de manera antidemocrática. Y en el caso de los combustibles hablamos de un tema estratégico para el país por su incidencia múltiple (transporte, energía, medio ambiente, producción, etc.) y cuyo manejo debería acoplarse a una planificación integral de mediano y largo plazo, no a los caprichos y a las urgencias fiscales de uno u otro gobierno.

 ¿Deuda para la “recuperación?

Y si hablamos de urgencias fiscales que tiran por la borda cualquier planificación, no puede olvidarse a la deuda. En efecto, los problemas estructurales de la economía ecuatoriana (entre los que puede incluirse a los propios límites creados por la dolarización) han generado una grave dependencia del país en un endeudamiento externo creciente. Tal dependencia ha sido más que evidente en 2020: entre enero y agosto, el saldo de deuda externa se ha mantenido estancado en casi 42 mil millones de dólares (máximo histórico). Ese estancamiento de la deuda, junto con la caída de ingresos petroleros y de recaudación tributaria en tiempos de pandemia, han generado problemas de liquidez como la interrupción en la cadena de pagos sobre todo del sector público. En concreto, la sequía de dólares ha llevado a que el gobierno de Moreno acumule retrasos que, hasta agosto, se estimaban en más de 4 mil millones de dólares.

Tan crítica se volvió la situación que a inicios de octubre de 2020 el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó al país un crédito excepcional de 6.500 millones de dólares a una tasa de 2,9% de interés a 10 años plazo más cuatro años de gracia, de los cuales 2 mil millones fueron desembolsados de inmediato. De hecho, entre la deuda adquirida con el FMI más los recursos provenientes de otros multilaterales (e incluso desde China), el gobierno de Lenín Moreno espera recibir hasta diciembre de 2020 unos 7.150 millones de dólares. A su vez, con “bombos y platillos” el gobierno morenista anunció que los primeros recursos obtenidos de ese nuevo endeudamiento externo se usarían precisamente para “recuperar” la cadena de pagos que ha quedado interrumpida a causa de la pandemia y la crisis: se igualaría el pago de sueldos públicos; se pagaría a 17 mil pequeños proveedores con los que se mantienen deudas menores a 500 mil dólares; se cumpliría con parte de la deuda a gobiernos seccionales; se pagarían las liquidaciones a más de 3 mil extrabajadores de las empresas públicas; entre otros pagos pendientes.

Paradójicamente el anuncio del gobierno de Moreno sobre el destino de los primeros desembolsos de la nueva deuda externa denota un manejo muy similar al criticado manejo correísta que sería investigado en su momento: el uso de endeudamiento público para financiar gasto corriente, cuando la Constitución establece en su artículo 290, numeral 3, que con  endeudamiento  público  se  financiarán  exclusivamente programas  y  proyectos  de  inversión para  infraestructura,  o  que tengan  capacidad  financiera  de  pago”. Es decir, con endeudamiento público solo debería financiarse proyectos de inversión pública (los cuales debían formar parte de una planificación económica), pero tanto el correísmo como el morenismo terminaron rebasados por la realidad de un país sin planificación y que se asfixia si le quitan el respirador artificial de la deuda.

Un ajuste para largo

A más de anunciar una “recuperación” sostenida desde la deuda, el gobierno Morenista ha anunciado que hasta el primer trimestre de 2021 esperaría que 500 mil familias se sumen al millón de hogares que acceden a programas de bonos y asistencia social. Aunque el gobierno intentó presentar ese dato como un logro, la realidad es que semejante cifra muestra que la crisis económica del Ecuador se vuelve crónica, con familias que no llegan a cubrir ni su subsistencia mínima. Si a ese dato se suma la estimación oficial de que en junio de 2020 solo 16,7% de trabajadores alcanzaron un “empleo adecuado” (básicamente un empleo con un ingreso laboral mayor al salario básico), que en el segundo trimestre de 2020 la economía ecuatoriana sufrió una caída interanual de 12,4%, y que la pandemia del coronavirus ha puesto al Ecuador entre los países con los niveles más altos de excesos de fallecimientos por tamaño de población, puede intuirse que el futuro del pueblo ecuatoriano es dantesco y que la supuesta “recuperación” económica más parece el disfraz de una cruel agonía.

Pese a tan duro momento, el morenismo no duda en consolidar su drástico ajuste económico. Prueba de ello es el anuncio gubernamental de alcanzar como meta un superávit global para todo el sector público no financiero de 0,6% del Producto interno Bruto (PIB) para 2022. Considerando que en 2020 el propio gobierno estima un déficit de 8,3% del PIB, ¿cuán drástico será el ajuste de 2021 para intentar alcanzar una meta que, por cierto, sin duda forma parte del acuerdo alcanzado con el FMI? La combinación de un ajuste severo, un colapso de la economía y del empleo y una pandemia que no cede, hacen pensar que las incertidumbres seguirán en el ambiente por muchos años más. Para colmo, recién en 2025 se espera que el peso de la deuda pública respecto al PIB sea menor al 57% (hace años quedó hecho trizas el techo legal del 40%), de modo que el ajuste y la deuda van para largo.

¿Cómo cambiar de raíz un futuro tan complejo y desolador? Ojalá quien escribe supiera la respuesta, pero sinceramente no la tiene. De hecho, quizá nadie tenga una auténtica respuesta, al menos si seguimos entrampados en los límites de la economía: una seudociencia cargada de pretensión de conocimiento, pero ignorante (¿a propósito?) de las necesidades reales de los excluidos del mundo que sufren entre el hambre y la pandemia (con muy pocas excepciones). Ante tiempos cada vez más extremos, estamos llamados a repensarlo todo, incluyendo nuestra forma de comprender y de hacer economía. Es eso, o esperar a que la tragedia permanente sea nuestra “nueva normalidad”.-

Por John Cajas-Guijarro | 06/10/2020

John Cajas-Guijarro: Economista ecuatoriano: https://uce-ec.academia.edu/JohnCajasGuijarro

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La “Ley Antibloqueo” de Maduro: un infame salto adelante en el entreguismo nacional y las privatizaciones

UNA LEY ESCANDALOSA

Con ese aparatoso nombre se trata de legitimar una política aperturista, muy lejos de cualquier medida contra las sanciones de Estados Unidos. Incluso se plantea la reversión de “nacionalizaciones” del período de Chávez.

 

El Gobierno de Maduro ha presentado la llamada “Ley Antibloqueo”. Un aparatoso nombre para dar toda una cobertura “legal” a una política más ofensiva en el plano aperturista que viene teniendo el Gobierno que lejos está de cualquier medida contra las sanciones de Estados Unidos, incluso plantea la reversión de “nacionalizaciones” llevadas adelante durante el período de Chávez. Y para “protegerse” le dan rango de ley al secretismo en los negocios de la entrega nacional.

En esta nueva “Ley” al que le dan rango constitucional, como ya es costumbre en el Gobierno, en los preámbulos la presentan con frases al estilo de “la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”, “el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano” y el “goce de los derechos laborales y sociales de las y los trabajadores”. Justamente todo lo contrario en sus objetivos reales. Fue lo mismo que se hizo cuando lanzaron el brutal paquetazo de agosto del 2018 que significó un ataque en toda la línea contra la clase trabajadora y las mayorías populares bajo el nombre de “el Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad”.

La misma ha sido presentada ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, donde el poder real lo tienen el Gobierno, pues es un lugar donde no se delibera absolutamente nada y se vota todo lo que determinan las altas camarillas del chavismo gobernante junto a las Fuerzas Armadas, y por tanto se sabe con antelación su aprobación.

Esta “Ley” ni es “antibloqueo” menos aún que defienda “la plena soberanía”, estando en las antípodas de cualquier medida antiimperialista contra las sanciones de Washington, pero que se usa como pretexto para todo un curso entreguista y privatizador que ya vienen tomando desde hace algunos años, y que entre sus principales leyes iniciadoras está la llamada “Ley de Inversiones extranjeras”, para abrirse luego con una serie de leyes en el sector petrolero de entrega a transnacionales. Y en esto justamente comparten con la oposición, solo que unos en clave de ser el que controla la entrega para buscar una sobrevida y el otro de apertura abierta de la mano del imperialismo.

En la nueva “Ley”, que no pretendemos aquí tomar en su totalidad sino en sus puntos más gruesos, en su Capítulo II referido a “Medidas de equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones”, ya arranca afirmando que “Cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños que las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas generan (…) el Ejecutivo Nacional autorizará la desaplicación de determinadas normas legales, para casos específicos”. Agregando que se hará cuando “tal desaplicación es indispensable para la adecuada gestión macroeconómica, la protección e impulso de la economía nacional, la estabilidad del sistema productivo y financiero locales, la captación deinversión extranjera, sobre todo a gran escala” (negritas nuestras). ¿Qué es lo que se quiere indicar con la “desaplicación de normas legales”? No puede dejar de entenderse como la abierta anulación de normas y leyes preestablecidas (incluyendo las orgánicas), incluso contenidas en la propia Constitución del país, para su avanzada económica eliminando todo tipo de obstáculo “legal”. Lo que de paso, es bien decirlo, no es nuevo, solo que ahora le dan “rango constitucional” a la anulación de facto a un sin número de leyes cuando bien le convenga a las camarillas gobernantes, como explicamos más adelante.

Acelerando el curso aperturista y entreguista

En la parte referida a la “Optimización de la gestión empresarial” de dicha Ley, es partir donde salen a relucir los verdaderos objetivos. En el Artículo 24 se indica que “El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior (…)”. Para intentar “cubrirse” de cierta “constitucionalidad” para este salto agregan que esto se hará “sin prejuicio del artículo 303 de la Constitución”. Un artículo que indica que “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera (…)”. Pero es que PDVSA como empresa puede seguir existiendo y lo será seguramente, pero ya siendo una empresa irrelevante en manos del Estado frente al paso de la explotación y producción petrolera a manos de transnacionales y operadores locales; así “cumpliendo” supuestamente con dicho dictamen constitucional, pueden avanzar en una mayor privatización real de la industria petrolera nacional. En otras palabras, lo de “sin prejuicio” no pasa más que de un eufemismo del mayor de los descaros.

Para complementar, en su Artículo 25 se indica en cuanto a “Operaciones de administración” que “(…) se podrá elaborar e implementar operaciones de administración de pasivos, así como de administración de activos, mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales (…)”. Y en su Artículo 26 que “(…) el Ejecutivo Nacional diseñará e implementará mecanismos excepcionales de contratación, compra y pago de bienes y servicios (…)”. Aunque el Gobierno de Maduro ya viene avanzando desde hace varios años en eso de “modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas” (como lo hemos explicado aquí), lo nuevo está, como lo hemos venido afirmando, es que lo elevan a rango constitucional y de Ley abriéndose el camino para sus políticas económicas.

Como hemos explicado, en medio del colapso económico Venezuela se ha transformado en la gran oportunidad para aumentar el saqueo por parte de las grandes transnacionales, e incluso de grupos económicos locales, en todo un proceso que se ha abierto hacia lo que no puede llamarse sino la privatización de la industria petrolera, solo que ahora buscan dar saltos mayores. En un extenso artículo de inicios de febrero hemos dado cuenta toda una serie de iniciativas y leyes que en los últimos seis años han venido marcando este curso aperturista en el sector petrolero, gasífero y petroquímico.

Un camino más abierto a la privatización y reversión de empresas “nacionalizadas”

En lo que dice respecto a “Impulso a la inversión privada”, es donde se concentra ya no solo en el curso aperturista sino también privatizador, incluyendo la vuelta atrás de medidas que se habían tomado previamente en el marco de “nacionalizaciones” o “expropiaciones”. En las primeras líneas del Artículo 27 reza que el Ejecutivo “(…) podrá autorizar e implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional (…)”, y pasa a determinar que “Cuando dichas medidas impliquen la gestión u operación de activos se encuentren bajo administración del Estado venezolano como consecuencia de alguna medida administrativa o judicial restrictiva de alguno de los elementos de la propiedad, se respetarán los derechos de quien demuestre ser su legítimo propietario conforme a la legislación vigente, procurando priorizar su participación en la respectiva alianza o a través de acuerdos con el Estado para la restitución de sus activos cuando ello implique la pronta puesta en producción de dichos activos mediante un plan debidamente sustentado.” (Subrayados nuestros).

Con todas las letras establecen directamente el camino a “restituir” a “su legítimo propietario”, empresas que incluso fueron pagadas hasta con creces en períodos anteriores. Pero en este Capítulo de la Ley no es que se refiera a aquellas pequeñas empresas que de una u otra forma fueron afectadas por alguna determinación gubernamental, es el camino abierto a la privatización de grandes empresas que fueron “nacionalizadas” o “expropiadas” pero que fueron indemnizadas. Pudiendo ser retomadas por empresarios extranjeros y locales en ese proceso que llaman “restitución de sus activos”, con la sola estipulación de que “implique la pronta puesta en producción”, sin hacer mención alguna a los fuertes pagos que se hicieron cuando se compraron las mismas.

Para esto seguramente empezando por las transnacionales petroleras que han demandado al Estado nacional cuando se avanzó en el régimen de las empresas mixtas. Pero no solo esto, sino también con empresas de gran calado como la industria siderúrgica, sectores eléctricos, y otras compañías de gran calado hoy bajo la órbita estatal. Dicho sea de paso, esto es algo que ya se viene operando, como ha sido el caso de los establecimientos de cadenas de supermercados, como “Éxito”, y que hoy son entregados al sector privado, sin saberse ni en qué marco ni condiciones, pero que pasan al sector privado.

Para complementar esta parte, y de manera que se establezca el principio de “la mano del mercado”, se tiende a eliminar o se elimina directamente, la interferencia del Estado en la economía. Así en su artículo 28, se dictamina que “(…) se autoriza al Ejecutivo Nacional el levantamiento de restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos, en actividades estratégicas de la economía nacional (…)”. Se sabe que con el término de “determinadas categorías” entrarían las que consideren a bien establecer. En otras palabras, la vía al laissez faire para los negocios de las grandes empresas transnacionales o de capitalistas nacionales.

Y hasta la propia jurisprudencia nacional en lo que se refiere a la cuestión de eventuales litigios con empresas internacionales van desapareciendo. En la parte referida a las “Garantías para la inversión”, en el Artículo 31 se dictamina que “La República y sus entes podrán acordar con sus socios e inversionistas, por el plazo establecido contractualmente, cláusulas de protección de su inversión, a los fines de generar confianza y estabilidad.” Agregándose que “Siempre que se hayan agotado los recursos judiciales internos disponibles y se haya pactado previamente, la República Bolivariana de Venezuela podrá participar y hacer uso de otros mecanismos de solución de controversias.” Es decir, ni si quiera se hace mención ni se especifica en todo este artículo, a fin de que los llamados “inversionistas” (las transnacionales que vienen a hacer sus negocios) tengan “confianza y estabilidad”, que eventuales “controversias” serán resueltas en tribunales venezolanos, sino abiertas a serlo en el rapaz arbitraje internacional, como los que se determinan dirimiendo en Nueva York, por ejemplo.

Una descarada e insólita garantía “legal” del “secreto” para la entrega, privatizaciones y la corrupción

Y para darles mayor “seguridad” a los negocios a los capitalistas, se establece en la parte referida al “Régimen transitorio sobre reserva, confidencialidad y de divulgación limitada de información”, el mayor de los secretos de las negociaciones que se establezcan o véngase a acordar, abriendo el camino, ya no solo de corrupción como indican muchos observadores críticos de esta Ley, sino al curso entreguista sin el más mínimo control, siendo que se trata de riquezas del Estado o de activos existentes en el territorio nacional o en el extranjero, u otros negociados oscuros, cuando se supone que deben ser de la mayor “transparencia pública”. Se busca amparar con una “Ley” la opacidad en todo lo que hace a la entrega nacional. En otras palabras, se establecen leyes, para hacer “legales” todo tipo de entreguismo y componendas, ventas de activos en forma oscura, y a la corrupción.

Así vemos que en el Artículo 34 se dictamina que “Se crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto destinado a proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el Poder Público venezolano (…)”, y se agrega que “Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, por razones de interés y conveniencia nacional, podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo, en aplicación de esta Ley Constitucional”. Rematando en el Artículo 35 con que “Se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada, así como tampoco podrán expedirse copias simples ni certificadas de la misma”.

Ni en la década de los 90, de mayor avance neoliberal, se tomaban tanta “prevenciones” elevándolas a “Ley”. El argumento de que Washington no se “entere” no es más que un burdo argumento e insólito subterfugio. De manera “silenciosa”, y hay que aclarar, para usar esa expresión de Maduro, se han venido tomando decisiones económicas y políticas de grandes consecuencias para la nación bajo el mayor de los secretismos, solo que ahora legalizan el secretismo para los grandes negociados. Y es que hay que tomar en cuenta que ya no se trata solo de la profundización de severos ajustes contra las amplias mayorías de la población trabajadora, que han sido acompañado por las fuerzas de poder económico empresarial y capitalista de todo linaje, sino decisiones que implican grandes cambios que llevan a una mayor dependencia del país.

Anulando Leyes orgánicas anteriores de un plumazo

Y para que no quede ningún espacio abierto a Leyes anteriores que contravengan el actual curso político y económico, pasan a abolir de facto las preexistentes. Así en lo referente a las “Disposiciones transitorias”, en la segunda disposición se dictamina directamente que “Quedan suspendidas las normas que colidan con lo dispuesto en esta Ley Constitucional, la cual siempre tendrá aplicación preferente incluso respecto de leyes orgánicas y especiales que regulen las materias que tratan dichas disposiciones, aún ante el régimen derivado del Decreto mediante el cual se acuerda el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional”.

Es decir, todas las otras Leyes orgánicas existentes, como la Ley de Hidrocarburos entre muchas importantes del país, son eliminadas de un zarpazo por simple orden gubernamental, pues sabemos que la actual Asamblea Nacional Constituyente, órgano más fraudulento si los hay, no es más que un instrumento de las camarillas gobernantes para sus fines políticos, y carece en absoluta de la más mínima deliberación de cualquier parlamento burgués aunque sea para cubrir las apariencias.

Es clave luchar y enfrentar todo este entreguismo, nuevo saqueo y curso privatizador

Como vemos, en este rápido recorrido de esta “Ley”, se trata de una de las leyes más antinacionales que hasta el momento el Gobierno de Maduro ha venido estableciendo, y que deja al país a la deriva de la rapacidad capitalista internacional y nacional, y de una burocracia estatal –incluyendo la militar- antiobrera y antipopular con intereses materiales propios. Es un andamiaje al entreguismo y al curso privatizador como no se había visto. Por eso, no por casualidad, titulábamos un artículo a principios de año como que estábamos en la puerta de “Nuevo “gran viraje” donde solo ven la apertura depredadora como “salida” a la catástrofe y ruina del país.

En fin, con esta Ley, y usando de pretexto las sanciones imperialista –que hay que rechazar con todas las fuerzas–, mientras la arrolladora catástrofe continúa afectando dramáticamente la vida de millones, llevando su situación a extremos y una economía con caídas destructivas, factores de poder operan para llevar adelante brutales cambios en el país, incluso de carácter estructural, donde se avanza en poner a la nación venezolana en una mayor relación de dependencia y de vulnerabilidad con el mundo económico y financiero mundial.

En el país hay un colapso brutal, una destrucción de industrias claves, que tienen que ver con las propias políticas del Gobierno y que las sanciones imperialistas han venido a agravar ahogando más la situación, pero la salida pasa por tomar toda una serie de medidas antiimperialistas y anticapitalistas ante esta ruina haciéndose realmente el país soberano de todos sus recursos y rompiendo todas las ataduras y compromisos que mantienen al sujeción del país a intereses de potencias extranjeras, y no el mayor de los entreguismos y curso privatizador que toma el Gobierno de Maduro que seguramente la oposición de derecha debe estar aplaudiendo. Esto implicaría claramente sustentado en una gran movilización obrera y popular donde los trabajadores tomen el destino del país en sus manos.

La clase obrera, así como las grandes mayorías populares deben rechazar con todas las fuerzas esta ofensiva. Es clave luchar y enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como por la de la oposición de derecha. Es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador.

Por Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Sábado 3 de octubre | 17:12

Publicado enInternacional
Lunes, 21 Septiembre 2020 06:08

Milton Friedman a 50 años

Milton Friedman a 50 años

Por distintas circunstancias éste es un momento oportuno para repensar la idea propuesta por Milton Friedman hace exactamente 50 años en un artículo publicado en la revista del New York Times. Se trata de "La responsabilidad social de la empresa es incrementar sus ganancias".

El de Friedman (1912-2006) es un caso de interés y relevante en cuanto al contexto histórico y el ambiente político-social en que se generan las ideas y logran progresar hasta convertirse en predominantes. Su influencia se gestó en un proceso largo de formulación de principios de una teoría económica con un alto impacto en el diseño e implementación de las políticas públicas que, en buena medida, se asentó en la mayor parte del mundo.

En 1964, durante la campaña por la presidencia de Estados Unidos del senador republicano Barry Goldwater, uno de los economistas en su equipo de asesores era Friedman. En un artículo publicado en marzo de ese año se cita que era considerado un hombre "brillante" y "enormemente articulado", pero también "completamente irresponsable" y que "no ofrece ningún consejo que alguien seguiría". Las cosas fueron muy distintas.

Desde entonces Friedman se oponía a la existencia de los sindicatos; la regulación gubernamental de los negocios; las funciones de la Reserva Federal, al sistema de salud "Medicare", que consideraba un desvarío socialista y al "Nuevo Trato" de Roosevelt del que decía que fue un error. En resumidas cuentas: menos gobierno y menos impuestos eran la fórmula más adecuada de encauzar la economía.

La historia de Friedman y la "escuela de Economía de Chicago", de la que se convirtió en representante indiscutible, expresa el desenvolvimiento de la confrontación que surgió entre lo aquí podría, por conveniencia, denominarse como el pensamiento libertario planteado por Friedman en su libro Capitalismo y Libertad de 1962 y el liberalismo de raíz keynesiana. Desde lo años 1980, la primera tendencia ha sido ideológicamente predominante.

En medio de las controversias que desató la formulación de Friedman sobre el funcionamiento de las empresas, enfocadas en acrecentar sus ganancias (https://cutt.ly/ufKrIQB), ésta consiguió establecerse progresivamente como la verdad acerca de que no sólo las ganancias son esenciales para la supervivencia de un negocio, sino incluso es lo único que importa.

En todo caso, las ideas de Friedman y la escuela de Chicago se posicionaron de modo cada vez más firme en el debate económico y político. Incidieron decisivamente en la definición del sistema de producción, financiamiento y distribución. De modo práctico esa misma visión se aplicó de modo brutal en Chile desde 1973 y se estableció de manera decisiva, paralela y gravosa con los gobiernos de Thatcher en Gran Bretaña (1979-1990) y Reagan en Estados Unidos (1981-1989).

La ideología concentrada en la obra de Friedman, desde aquella querella en torno al objetivo esencial de la ganancia en las empresas y la separación de lo que concierne al orden económico versus el orden político, encajó con precisión en la formación del orden neoliberal.

En su esencia, el neoliberalismo concibe las relaciones sociales en términos de la competencia y a los ciudadanos como consumidores que ejercen sus preferencias en el mercado, donde se sanciona la ineficiencia. Las ventajas que así se obtienen se confrontan con la ineficacia de la planificación estatal.

El término se acuñó en 1938 en París y se definió la ideología que lo sustentó. Ahí asentó la influencia de sus dos pensadores seminales Frederick Hayek y Ludwig von Mises que concebían las políticas intervencionistas de Roosevelt y las del estado de bienestar británico como formas de colectivismo, asimilables al comunismo e incluso al nazismo. En el fondo ése es el meollo de la controversia neoliberal: el papel del individuo a la manera de El manantial de Ayn Rand o de la misma Thatcher que afirmaba que la sociedad no existe, sólo los individuos.

En 1947, a instancias de Hayek, se creó la Sociedad Mont Pèlerin (una aldea Suiza) para debatir sobre el destino del liberalismo clásico y la resistencia que debía armarse en contra del "intervencionismo" estatal y la planeación, ya fuera de índole marxista o keynesiana.

Entre sus fundadores estaba Friedman. Con esto pretendo apuntar a la manera en que las ideas de tanto raigambre se van configurando, insisto, hasta convertirse en modelo de un cierto orden social con un papel que pretende ser muy definido para lo privado (como es el de las ganancias de las empresas) y el Estado, que no debe intervenir, aunque lo hace todo el tiempo, aunque sea por omisión, como es el caso de la desregulación lo más amplia posible. Caso en cuestión, por ejemplo, el del sector financiero.

La lectura del ensayo cincuentenario de Friedman exhibe la fuerza y la resistencia de esas ideas, cuando menos hasta la crisis de 2008, por el severo impacto redistributivo que ha tenido y la fuerte intervención gubernamental que ha propiciado en la asignación de los recursos financieros. Al cuestionamiento de las políticas neoliberales se ha sumado ahora el efecto de la pandemia. Alternativas sustentables están aún en proceso en el mejor de los casos.

No olvidemos la advertencia de Keynes: "Las ideas de economistas y filósofos políticos, tanto cuando aciertan o yerran, son más poderosas de lo que comúnmente se piensa. En efecto, el mundo está regido por poco más que eso. La gente práctica, que piensa que está exenta de toda influencia intelectual, es usualmente esclava de algún difunto economista". Seguramente lo aplicaría a sí mismo.

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Con la mira puesta en la minería, la NASA convocó a empresas privadas a extraer muestras de la superficie de la luna. Imagen: AFP

El objetivo es estudiar la posible explotación minera

 

Donald Trump puso en marcha un plan para desarrollar la minería en la superficie lunar. Decidió avanzar pese a la ausencia de consenso internacional y jurisprudencia sobre cómo administrar y compartir los recursos extraterrestres.

La NASA lanzó el jueves un llamado a licitación sin precedentes: convocó a empresas privadas a que extraigan muestras de superficie luna para poder estudiarlos en la Tierra. 

"¡La NASA busca comprar suelo lunar a proveedores comerciales! Es hora de establecer una regulación para la extracción y comercialización de recursos espaciales", tuiteó el administrador de la NASA, Jim Bridenstine. 

Estados Unidos pretende liderar la explotación de recursos, principalmente la minería, que se encuentren en suelo o subsuelo de asteroides y de la Luna, en el marco de una política alentada del presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense emitió en abril un decreto en ese sentido pese a la ausencia de consenso internacional y jurisprudencia sobre cómo administrar y compartir los recursos extraterrestres.

Los tratados espaciales existentes no son precisos para determinar la explotación de recursos fuera de la Tierra. La NASA invita a las empresas a presentar sus propuestas para extraer "pequeñas" muestras de piedras lunares o de polvo que cubre la superficie del satélite como así también información, imágenes del lugar y sus respectivas locaciones para registrar en una base de datos. 

Las muestras lunares pasarían luego a ser propiedad de la NASA, que sería el "único" dueño del material. El 80% del importe que establezca el contrato se abonará contra la entrega de las muestras.

El llamado a ofertas se enmarca en un nuevo modelo económico que comienza a ganar fuerza en la agencia espacial estadounidense y que consiste en tercerizar el desarrollo y funcionamiento de las misiones a través de contratos con empresas espaciales privadas.

En esa línea, la NASA suscribió un acuerdo con SpaceX, que se encarga del transporte de carga y astronautas a la Estación Espacial Internacional.

Hace tiempo que la NASA volvió a poner la mira sobre la luna. A partir del Programa Artemis, la agencia espacial de Estados Unidos invita también a la colaboración y comercialización de información e imágenes del satélite de la tierra con el objetivo de que "la primera mujer y el próximo hombre aterricen en la Luna en 2024". La intención será luego usar la Luna como punto de partida para embarcar hacia viajes más lejanos: "Dar el siguiente gran salto y mandar astronautas a Marte", comunicó el sitio oficial estadounidense.

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