Viernes, 27 Julio 2018 07:22

“Constitucionalizando” la ruptura

Todavía no se sabe cómo funcionará el “proceso de consulta popular” sobre el proyecto de reforma constitucional en Cuba, cuyo texto tampoco ha sido divulgado

La virtual eliminación de los límites al enriquecimiento personal es la modificación más conspicua de la planificada reforma de la carta magna cubana, cuyo anteproyecto fue aprobado en el parlamento sin mayores cambios ni grandes debates.

 A finales de la semana pasada los cubanos asistieron a un acontecimiento singular: por primera vez las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular (el parlamento) eran trasmitidas de forma íntegra y en vivo por televisión.

Por si tal novedad no fuera suficiente, el tema presentado a discusión también resultaba inédito. Cada uno de los 605 diputados que integran “el órgano superior del poder del Estado” tenía ante sí un ejemplar del anteproyecto de la nueva Constitución, con la que Raúl Castro afirma pretender asegurar la “invulnerabilidad” del socialismo en la isla. Se trata de 224 artículos redactados por una comisión de 33 miembros presidida por él mismo, que desde comienzos de junio laboró para dotar al país de una carta magna “acorde con la nueva realidad nacional y los cambios por venir”, según el presidente, Miguel Díaz-Canel.


Desde abril de 2011 Cuba vive bajo el signo de la “actualización”, la política económica –impulsada por el hermano menor de la familia Castro con el aval de los dos últimos congresos del Partido Comunista (Pcc)– que derogó numerosas prohibiciones heredadas de décadas anteriores (las que impedían viajar libremente al exterior y la compraventa de inmuebles y autos, entre las más publicitadas) y fomentó el “cuentapropismo” (el sector privado de la economía) y la inversión extranjera.


Luego de entregar la presidencia en abril último, y ateniéndose a sus responsabilidades como primer secretario del partido, Raúl Castro parecía llamado a concentrar sus esfuerzos en el fortalecimiento de esa organización política, esencial dentro de la estructura funcional del país. De hecho, la carta magna vigente –y se ha confirmado que también la por venir– le otorga al Pcc la condición de “fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”; su primer secretario es la máxima autoridad en todos los campos, incluido el de la defensa.


Mas el ex presidente y su sucesor sorprendieron en junio pasado con el anuncio de una comisión constitucional, conformada íntegramente por diputados, que daría a conocer un anteproyecto de nueva Constitución, que primero debería ser aprobado por el parlamento –así se llegó a la cita de hace una semana– y luego pasar por un “proceso de consulta popular”.


UNA DISCUSIÓN SINGULAR.

Las sesiones televisadas revelaron a más de un observador el carácter que pudiera tener el “proceso de consulta popular”, programado por las autoridades para llevarse a cabo desde el 13 de agosto (aniversario del nacimiento de Fidel Castro) hasta el 15 de noviembre próximos.


En teoría, durante esa etapa la ciudadanía tendrá la posibilidad de brindar sus impresiones sobre el texto y hacerle enmiendas. Eso en teoría, pues “haría falta que con las opiniones del pueblo no pase como con las de muchos diputados, que si eran contrarias o pedían alguna modificación, les caían ‘arriba’, y adiós la propuesta”, señalaba un lector del sitio digital oficialista Cubadebate, en un foro sobre el tema.


Su observación puso el dedo sobre el punto más sensible de los debates parlamentarios aludidos, los cuales –en propiedad– no lo fueron realmente. En la práctica el “guion” de las cuatro jornadas legislativas se basó en una escena repetida en cerca de un centenar de ocasiones. En ella un diputado cualquiera planteaba sus criterios sobre un artículo determinado y el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta (quien conducía la presentación del anteproyecto), lo confrontaba con tono de inapelable superioridad.


Las contadas modificaciones al original no pasaron nunca de una permuta de términos o alguna adición o supresión virtualmente inocua. En asuntos de fondo, como las amplias reformas propuestas para el gobierno de las provincias y municipios, la creación de cargos como el de primer ministro o de un Consejo Electoral Nacional, y la virtual eliminación de los límites al enriquecimiento personal –la modificación más llamativa–, se registraron contadas intervenciones.


Únicamente los acápites relativos a las formas de propiedad reconocidas por el Estado y su actitud ante la concentración de ésta en manos privadas (22), la igualdad de los ciudadanos y sus derechos (40 al 42), y la familia (69) propiciaron algo semejante a la confrontación de ideas. Sin embargo, ni siquiera en esas circunstancias los criterios divergentes consiguieron pasar a la letra impresa. Por lo regular, luego de la respuesta de Acosta y la explicación de alguno de los asesores de la comisión constitucional, los diputados se declaraban “de acuerdo con lo planteado en el anteproyecto”. Sólo en una oportunidad una diputada insistió en llevar a votación su propuesta (sobre un cambio menor en un artículo acerca de la igualdad de los ciudadanos ante la ley). Ninguno de los presentes la respaldó.


Vale destacar que los cuatro días de sesiones parlamentarias transcurrieron sin que el pueblo cubano conociera el texto sobre el que discutían los asambleístas, ya que el anteproyecto todavía no ha sido divulgado.


DESIGUALDADES.

Al margen de la aprobación del matrimonio igualitario (reconocido expresamente en el proyecto constitucional) o de la apertura a un utópico escenario pluripartidista (negada de plano por la ratificación en el mismo texto del monopolio político del Partido Comunista), el tema económico se perfila como el más sensible –y asequible– para el ciudadano común.


En especial porque la mayoría de las finanzas familiares se mantiene en números rojos desde comienzos de la década de 1990, y la desigualdad crece a pasos agigantados. Si bien no existen estadísticas oficiales al respecto, estudios conducidos por la Universidad de La Habana (UH) –la más importante del país– han revelado que alrededor del 85 por ciento de los fondos depositados en cuentas bancarias pertenece al 13 por ciento de la población, y que en ciudades como la capital la proporción entre los salarios mínimos y los más altos es de uno a 30 (cuando en 1989 era de uno a cuatro).


“Si bien la isla muestra rasgos muy semejantes a la transición demográfica de naciones desarrolladas (niveles muy bajos de fecundidad y mortalidad), en lo tocante a la penetración de la tecnología y al nivel medio de los ingresos personales, se encuentra en el nivel africano”, alertaba en marzo pasado el profesor Juan Carlos Albizu-Campos, investigador del Centro de Estudios Demográficos de la UH. Sus criterios fueron emitidos en un panel organizado por la revista de ciencias sociales Temas, bajo el conflictivo título “¿Compañeros ricos? Los grupos de altos ingresos en el socialismo”, el cual despertó una masiva concurrencia de público pero aparentemente no encontró eco en el Palacio de la Revolución.


En contraposición con la inquietud de muchos, durante la presentación del anteproyecto constitucional el secretario del Consejo de Estado se empeñó en restar gravedad a la situación. “La concentración de la propiedad es el gran enemigo al que debemos enfrentar. Aunque haya concentración de la riqueza, si no hay concentración de la propiedad no hay margen para la explotación del hombre por el hombre”, aseguró Acosta a los asambleístas que reclamaban una mayor claridad en cuanto a las políticas de Estado ante el fenómeno.


Y es que de las discusiones en la Asamblea Nacional se desprende que en este proceso de reforma constitucional el gobierno cubano ha buscado plasmar una distinción entre la concentración de la riqueza y la concentración de la propiedad, obviando la aparente contradicción de esa distinción semántica que niega los postulados más fundamentales del marxismo.


EL “PROCESO DE CONSULTA POPULAR”.

Tampoco quedaron definidos, durante las sesiones parlamentarias, los mecanismos que darán curso a los planteamientos realizados por los ciudadanos en las miles de asambleas que se organizarán en todo el país.


“En algún momento se especuló con la posibilidad de circunscribir las discusiones (acerca de la nueva Constitución) sólo a la Asamblea Nacional”, recordaba en abril el doctor en ciencias históricas Ariel Dacal, profesor del conocido Centro Martin Luther King, en La Habana. Por entonces, diversas “pautas de la reforma” comenzaban a esbozarse en ámbitos oficiales y grupos de la sociedad. Todas revelaban el interés que despertaba el proceso inminente. “Sería poco alentador que algunas zonas de esa riqueza quedaran fuera de las consideraciones para la redacción definitiva del nuevo texto constitucional”, alertaba el especialista.


La forma en que esa y otras inquietudes encuentren respuesta depende en primera instancia del propio Consejo de Estado, que a las órdenes del presidente, Díaz-Canel, ostenta la representación del país entre los períodos de sesiones de la Asamblea Nacional. Como el próximo encuentro de esa cámara está previsto para diciembre, el procesamiento de las opiniones populares estará a cargo del aparato burocrático subordinado al Consejo de Estado, erigido en juez y parte por la actual coyuntura.



El caso del periodista Fernando Ravsberg y los medios alternativos en Cuba


Shakespeare reinterpretado


Con el cierre del blog Cartas desde Cuba y las declaraciones del mandatario cubano en el reciente congreso del gremio de periodistas se cierra el cerco sobre los medios de izquierda independiente en la isla, que se enfrentan al dilema de la subsistencia.


Según la mayoría de sus conocidos, Ricardo Ronquillo, el recién “elegido” presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), es un hombre afable y modesto, dueño de una virtud tan valiosa como escasa: saber escuchar.


La suya fue una selección inesperada, a todas luces decidida en el Palacio de la Revolución (la sede del Comité Central del Partido Comunista y de los consejos de Estado y de ministros), quizás incluso en la oficina del presidente Miguel Díaz-Canel. Una Upec renovada –al menos en cuanto a su dirigencia más visible– encaja a la perfección en la estrategia de “actualización revolucionaria” impulsada por el nuevo mandatario.


Aprovechando su poder para aprobar o desestimar los candidatos a cargos públicos y los directivos de las principales organizaciones sociales, por décadas el Partido Comunista ha cerrado la puerta a todo cuestionamiento, en especial desde el campo de la creación artística e intelectual. Uno de los gremios más sometidos a ese tutelaje ha sido la Upec, institución de la que el desaparecido Fidel Castro reclamó siempre ser considerado “un miembro más”.


Díaz-Canel aprovechó el décimo congreso nacional de la organización (13 y 14 de julio) para plantear su política en el sector de cara al futuro, que puede resumirse en la máxima shakespeariana de “ser o no ser”, precisamente la que empleó el mandatario para definir su visión de la “prensa que necesita la revolución”. Dejó claro que allí no tienen cabida aquellos a quienes calificó de “asalariados del pensamiento único mundial en su versión criolla o extranjera”.


UN “INCÓMODO” MENOS.

Pocas semanas atrás, Brecha abordó el caso del periodista uruguayo Fernando Ravsberg (véase “Un uruguayo obstinado”, 28-VI-18), quien por casi treinta años ha residido en La Habana desempeñándose como corresponsal de diversos medios de prensa extranjeros y escribiendo con un enfoque de izquierda. Sus relaciones con las autoridades no siempre han sido cordiales, sobre todo a causa de su blog Cartas desde Cuba, que creara en 2007 y que rápidamente se convirtió en uno de los más leídos por los cubanos de dentro y fuera de la isla, debido al abordaje de temas vedados para la prensa oficial.


El gobierno nunca vio con buenos ojos las críticas aparecidas en Cartas y la animadversión fue creciendo hasta que a comienzos de 2018, en circunstancias no muy claras, el diario para el cual estaba acreditado Ravsberg decidió no renovar dicho permiso, aunque remarcándole su interés en que continuara escribiendo para ellos.


El paso de las semanas permitió anticipar el destino final de los acontecimientos. Cuando el reportero presentó solicitudes de acreditación a nombre de otras dos publicaciones europeas, el Centro de Prensa Internacional (el ente oficial cubano encargado de las acreditaciones de periodistas extranjeros) no se negó a aceptarlas de plano, pero dejó entrever que las posibilidades de una respuesta positiva resultaban, cuando menos, escasas.


La verdadera causa del conflicto era Cartas desde Cuba, que a finales de mayo había exigido una depuración de responsabilidades entre los directivos del Ministerio del Transporte, luego de que un accidente aéreo en La Habana provocara más de un centenar de muertes. Antes habían sentado muy mal denuncias relativas a la corrupción empresarial y, en diversas instancias del gobierno, la creciente ineficiencia del sistema de Salud Pública (una de las “joyas” de la propaganda oficial) e incluso de la Upec, tras la arbitraria expulsión de un periodista cubano de su puesto de trabajo y de retirarle la membresía de la organización (véase “Periodismo ‘revolucionario’”, Brecha, 16-III-17).


Las presiones contra Ravsberg incluyeron la retirada de la conexión a Internet en su domicilio y la amenaza más o menos velada de expulsarlo de Cuba, sin importar que su esposa e hijos sean cubanos. En paralelo, crecían los ataques cibernéticos contra Cartas.


Las autoridades locales no tenían la intención de otorgarle a Ravsberg el permiso de ejercer la profesión con la que se mantenía a sí mismo y a su familia, y así Cartas desde Cuba desapareció. “Tras una década en el ciber-espacio informando sobre la realidad de los cubanos, el blog debe desaparecer, ya no tengo posibilidades de continuar, el cerco se ha cerrado”, escribió el periodista el 13 de julio. “Ya no es solamente mantener Cartas desde Cuba, sino que es un problema mantenerme yo”, acotó.


“Me gustaría creer que el cierre de Cartas desde Cuba es un caso puntual, pero lamento tener que ser mucho más pesimista”, comentó Ravsberg a Brecha. En su opinión, el discurso del presidente Díaz-Canel –coincidente en el tiempo con la “ofensiva final” contra la plataforma que dirigía– marca una diferencia de peso respecto a la postura mantenida por Raúl Castro, quien “había estado al margen de la disputa (…) sin lanzar el Estado contra los medios alternativos (…). La expresión del presidente Díaz-Canel de que ‘se es o no se es’ refleja una visión muy polarizada que sólo reconoce dos bandos, los que están con el gobierno y los que están en su contra. Es un asunto muy grave porque convierte en ilegal la alegalidad en la que vivían decenas de jóvenes periodistas cubanos que escriben en medios alternativos desde hace algunos años”.


PRENSA (YA) NO TAN HOMOGÉNEA.

A comienzos de la semana pasada fueron anunciados cambios en las pruebas de aptitud para los estudiantes que pretenden estudiar periodismo. La decisión puede interpretarse de varias formas, pero al margen de especulaciones, lo cierto es que ni siquiera el titular del Ministerio de Educación Superior, José Ramón Saborido, puede enorgullecerse de haber conseguido impedir que “jóvenes poco confiables” obtuvieran sus títulos de periodistas. Muchos de ellos se formaron precisamente durante su gestión como rector de la Universidad Central de Las Villas (a finales de la década pasada).


La mayoría nunca manifestó posiciones contrarias al gobierno, sin embargo, durante los últimos años ha abandonado (o ha sido separada) masivamente de los medios en que trabajaba. Entre los que quedan, no son pocos quienes colaboran bajo seudónimo con publicaciones “alternativas” o de otros países, movidos por la necesidad material o la inconformidad con las limitaciones que impone la política de comunicación actual. Ni unos ni otros parecen conformar el gremio homogéneo que por décadas defendió sin vacilar las políticas de Fidel Castro.


“El Toque, Periodismo de Barrio y Oncuba (algunas de las llamadas publicaciones alternativas) estaban implícitas cada vez que se aludía a los medios que muestran una imagen distorsionada de Cuba, pero quienes conducían la reunión evitaron mencionarlas por su nombre. Ni siquiera aclararon cómo nuestra prensa podrá renovarse sobre la base de la nueva política de comunicación, que en definitiva los delegados nunca llegamos a ver”, detalló a Brecha a condición de anonimato uno de los asistentes al décimo congreso de la Upec. En su opinión, lo “más provechoso” del cónclave fue la designación de Ronquillo como presidente, “aunque claramente su misión será tranquilizar a la gente más inconforme dentro del sector”.


Vistos los acontecimientos de los últimos meses en cuanto a la prensa, entre el ser y el no ser sólo media una delgada frontera que no conviene traspasar.

Por Amaury Valdivia
27 julio, 2018

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Camino al matrimonio igualitario en Cuba

La Carta Magna modificará su artículo 68 en el que especifica el matrimonio entre un hombre y una mujer. El nuevo texto aprobado por los diputados reconoce la propiedad privada y saca la palabra “comunismo”.

 

La Asamblea Nacional de Cuba aprobó ayer el anteproyecto de reforma constitucional que reconoce la propiedad privada, saca la palabra “comunismo” de la Carta Magna y acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo. El anteproyecto será sometido ahora a consulta popular entre los próximos 13 de agosto y 15 de noviembre y, finalmente, tendrá que ser apoyado por un referéndum para el que aún no hay fecha.


Con el reconocimiento de la propiedad privada como una de las formas de propiedad y la promoción de la inversión extranjera, el nuevo texto reflejará los cambios económicos que vive el país a raíz de las moderadas reformas implementadas por Raúl Castro desde 2006. Estas medidas legalizaron negocios al margen del Estado en ciertos sectores como la hotelería, el transporte y otros servicios, a las que ha dado continuidad el presidente Miguel Díaz Canel tras asumir el poder en abril de este año.


Tras aprobarse el proyecto de nueva Constitución, Díaz Canel animó a la participación popular para que exprese libremente sus opiniones para, según dijo, que el texto refleje el hoy y el futuro de Cuba.
Más limitados son los cambios que la nueva Constitución impondrá en el ámbito político, donde, a pesar de quitar la palabra “comunismo”, explicita que se mantiene el “carácter socialista del sistema político y social” bajo el mando del Partido Comunista de Cuba como “fuerza dirigente superior del Estado y la sociedad”.


La Constitución también modificará su artículo 68, en el que se especifica que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, para reemplazarlo por una fórmula más amplia que habla de matrimonio entre dos personas, en respuesta a las demandas de la comunidad LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales). “Con esta propuesta de regulación constitucional, Cuba se sitúa entre los países de vanguardia, en el reconocimiento y la garantía de los Derechos Humanos”, expresó la diputada Mariela Castro, hija del ex presidente Raúl Castro, una de las principales promotoras del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI en la isla.


La medida no encontró rechazo en los legisladores, pero en la reunión de ayer la diputada Castro quiso que se ampliase el artículo y que no se restringiese la posibilidad de adoptar a los futuros matrimonios homosexuales, lo que generó un arduo debate de un par de horas. La parlamentaria propuso suprimir los párrafos en los cuales queda explícita la condición reproductiva del matrimonio. “Si se está diciendo que el matrimonio tiene fines reproductivos, entonces todas las familias cubanas han de tener garantizados por el Estado los derechos y vías para alcanzar estos fines”, afirmó Castro. “El matrimonio no es solamente para tener hijos, empieza con otros fines, porque quieren convivir y luego viene la reproducción. Lo que propongo es que todas las familias tengan los mismos derechos”, señaló la diputada y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).


“No hay razón alguna para negar el matrimonio a personas homosexuales, no hay razón alguna para limitar la felicidad de estas personas”, dijo, por su parte, la diputada Yolanda Ferrer. La legisladora Teresa Amarelle, presidenta de la oficial Federación de Mujeres Cubanas (FMC), a su turno, afirmó: “Que se quite que la unión del matrimonio sea exclusiva entre hombres y mujeres es un avance. Sobre el tema de la adopción, será un tema para el Código de Familia”. Finalmente, el acuerdo de los diputados fue aprobar el matrimonio igualitario y dejar el tema de las adopciones para la redacción del nuevo Código de Familia.


Al examinar los artículos que tratan sobre la protección de la familia, se hizo hincapié sobre la responsabilidad en el cuidado y atención a las personas de la tercera edad en Cuba, donde se ha producido un progresivo envejecimiento poblacional, uno de los grandes desafíos de la sociedad y el sistema estatal de salud.


En el ámbito institucional existen algunas modificaciones estructurales como la institución de la figura del presidente de la República, papel hasta ahora ejercido por el presidente del Consejo de Estado, que deberá asumir el cargo con menos de 60 años de edad y limitar su mandato a un máximo de una década (dos períodos de cinco años). Además, se creará el puesto de primer ministro -que se había eliminado con la aprobación de la Carta magna de 1976- para liderar el Consejo de Ministros, máximo órgano ejecutivo del Estado.


Otro de los cambios propuestos vino de mano de la diputada Daicar Saladrigas, del municipio de Camagüey (este), quien propuso cambiar el término “libertad de palabra” que figura en el anteproyecto por “libertad de expresión” al considerar éste más amplio, acorde con la realidad actual y reconocido por organismos internacionales. Los representantes de la comisión parlamentaria que elaboró el anteproyecto aceptaron la propuesta de la diputada, por lo que el cambio podría plasmarse en el documento final del ordenamiento supremo del país.


El proceso de debates en los barrios se realizará entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre. La fecha de inicio es simbólica porque coincide con el día que nació el ex presidente cubano, Fidel Castro, en 1926. Después de los debates populares se realizará un referéndum y tras ratificarse la nueva Carta Magna se abrirá un período de un año para modificar los Códigos Penal, de Familia y Civil y ponerlos en sintonía con el nuevo texto constitucional.

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