Viernes, 15 Noviembre 2019 06:37

El Alto se planta a defender la democracia

El Alto se planta a defender la democracia

El MAS nombro autoridades en Diputados y el Senado boliviano  

 Esta vez fueron campesinos con ponchos rojos, hombres y mujeres con sombreros, venidos de lejos, de arriba en los altiplanos. Luego se sumaron de la ciudad del Alto, los que pudieron llegar, otros fueron retenido al intentar llegar hasta el centro. La Paz ha pasado a ser el escenario de movilizaciones masivas diarias, cabildos, represiones, un río revuelto contra un golpe de Estado.

La jornada esta vez terminó sin gases lacrimógenos ni motos. Los policías y militares se mantuvieron en el habitual cerco a la Plaza Murillo, centro del poder político nacional, donde se encuentra la sede de gobierno, el poder legislativo y la vicepresidencia, entre otras instituciones.

En esas cuadras tuvieron lugar hechos centrales del jueves. Por un lado, el Senado eligió a una nueva presidenta: Eva Copa, oriunda de la ciudad de El Alto, al igual que el presidente de la cámara de Diputados elegido la noche anterior, Sergio Choque. Con la juramentación de ambas nuevas presidencias, pertenecientes al partido del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien detenta los dos tercios, quedó así redefinida la dirección del poder legislativo.

En simultáneo, la autoproclamada presidenta Jeanine Añez posesionó a cinco ministros más en su gabinete. Dos de ellos, nombrados el día de ayer, tuvieron declaraciones que alertaron sobre las políticas que llevará adelante el gobierno nombrado fuera de la Constitución en un intento de construir una imagen institucional.

El primero fue el ministro de Gobierno transitorio, Arturo Murillo, quien anunció que emprenderá una “cacería” contra tres ex funcionarios del gobierno derrocado: Raúl García Linera, Juan Ramón Quintana, Hugo Moldiz, todos por “sediciosos”.

La segunda fue la ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga, quien amenazó a los “periodistas o pseudoperiodistas”, tanto nacionales como internacionales, que hagan “sedición”.

Los pocos anuncios que ha dado el gobierno transitorio, donde también fueron electos altos mandos de la Fuerza Armada de Bolivia y de la Policía Nacional Boliviana, han sido entonces un redoble de amenazas dentro de un cuadro general de noticias de represiones, muertos, heridos, enfrentamientos, militares desplegados en las calles y carreteras.

La estrategia golpista enfrenta una contradicción inevitable. En efecto, se trata de un golpe de Estado que niega serlo, busca construirse una institucionalidad fuera de la ley para sostener esa narrativa, pero en los actos de autoproclamación y anuncios de cacerías a dirigentes y periodistas deja ver su carácter antidemocrático.

Eso ha quedado claro para quienes se movilizan día tras día y tienen entre sus demandas principales la renuncia de Añez, a quien acusan de golpista y de racista. Esas razones, junto con el reclamo del retorno de Evo -que no es homogéneo en las movilizaciones- han puesto en marcha un levantamiento en diferentes puntos del país en un proceso de confluencia hacia La Paz.

Se espera así que entre el viernes y el sábado lleguen quienes se movilizan desde zonas rurales del interior del país, como los cocaleros del Trópico, que este jueves estuvieron en protesta en la ciudad de Cochabamba.

El cuadro se configura así de manera incierta para el golpe de Estado. Por un lado, debe enfrentar un proceso creciente de movilización nacional atravesado cada vez más por el clivaje racial: quienes se movilizan reconocen en la autoproclamada Añez, Fernando Camacho, o Carlos Mesa, dirigentes contrarios a las naciones indígenas, por su historia antigua y reciente y por el atropello a la bandera whipala.

Por otro lado, quienes encabezan el golpe deben resolver la promesa anunciada: la celebración de elecciones presidenciales en un plazo no mayor a los noventa días. Ese pazo forma parte de la arquitectura que cuenta con cuatro pasos centrales: el derrocamiento, la conformación de un nuevo gobierno transicional, el llamado a elecciones y la celebración de las mismas.

El proceso se encuentra actualmente en el momento de conformación del gobierno, y se enfrenta a una dificultad: debe nombrar nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, algo que debe proceder a través del poder legislativo, donde el MAS tiene presidencias y mayorías. ¿Buscará un acuerdo con quien persigue o avanzará contra el poder legislativo, evidenciando aún más su carácter golpista? ¿El MAS aceptará un acuerdo con el objetivo de lograr un cauce electoral?

Se espera que las movilizaciones aumenten en los próximos días con la llegada de quienes vienen de diferentes departamentos del país y la presencia masiva de El Alto, donde esta noche de jueves se velan los muertos. Ya se habla de más de diez en el país, y más de doscientos detenidos, una cifra provisoria y aproximativa en un marco de ruptura del Estado de derecho y persecución a los periodistas que no cumplen con la orden golpista.

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Las razones de la rebelión de Octubre en Ecuador

En el alzamiento popular que conoció Ecuador a lo largo de la primera quincena de octubre, con la demanda de la derogación del Decreto 883 que liberó el precio de los combustibles y en rechazo al FMI, dos estrategias y comprensiones de la realidad se enfrentaron: la gubernamental, obnubilada por una supuesta conspiración internacional en contra de su estabilidad, y la social-popular encabezada por la organización indígena Conaie, que situó las coordenadas del conflicto dentro de la política, del modelo de acumulación y de los acuerdos con el FMI. La correcta lectura de la coyuntura por parte de la organización indígena explica su victoria y contextualiza la derrota del gobierno.

Cuando en el año 2017 Lenín Moreno fue electo presidente de Ecuador, con el sello político de Alianza País y en una campaña electoral que estuvo bajo la conducción directa de Rafael Correa, nadie habría de imaginar que apenas dos años después sería el responsable de un viraje hacia posiciones de derecha radical que llevarían al país a una de las crisis económicas, políticas, institucionales y sociales más importantes de la últimas décadas.


En ese viraje hacia la derecha, Moreno buscó la protección política de los grandes bancos, las cámaras empresariales y de los partidos políticos que le son funcionales, es decir, el movimiento Creo, del banquero Guillermo Lasso, el Partido Socialcristiano, y, además, la embajada americana.


Para garantizar y consolidar semejante viraje político y sin que medie ninguna justificación económica que avale tal decisión, el gobierno suscribió durante el mes de marzo de 2019 un Acuerdo de Facilidad Ampliada con el FMI por 4.200 millones de dólares, para un programa de ajuste fiscal de tres años.


Un Acuerdo innecesario, ya que hasta ese momento Ecuador no había sufrido un choque externo que desestabilizara su balanza de pagos, ni tampoco estaba afectada su capacidad productiva interna por ningún evento. El país tenía, de hecho, un crecimiento económico modesto y no estaba en una situación crítica que hiciera pensar en un default de sus créditos externos. Por ello, el acercamiento con el FMI debe leerse más como parte de la estrategia política del gobierno de Lenín Moreno y sus aliados para consolidar el viraje a la derecha, que como una necesidad nacida desde la economía.


Crisis inducida


Dentro de tal estrategia, la presencia del FMI posiciona en el debate el déficit fiscal y la necesidad absoluta de la austeridad para resolverlo. No obstante y para tener un mejor contexto, debe tenerse en cuenta que en el mes de agosto del año 2018 el gobierno de Moreno envío a la Asamblea Nacional una ley que permitía la condonación de intereses, multas y recargos de impuestos directos no pagados por las grandes empresas y bancos. Esta remisión tributaria, por más de cuatro mil millones de dólares, generó de forma inmediata un agujero fiscal en la economía que se expresó, efectivamente, en un importante déficit fiscal.


Esta ley, denominada de Fomento Productivo, alteró la estructura tributaria del país y debilitó la capacidad del gobierno para recaudar impuestos directos a los grandes grupos empresariales. En otros términos, fue el propio gobierno quien creó todas las condiciones y las circunstancias para la existencia del déficit fiscal.


No contento con ello, el Gobierno desprecia el impulso recibido por la geopolítica global y expresado en el incremento del precio del petróleo. En efecto, al preparar la proforma fiscal para el año 2019, calculó los ingresos petroleros a un precio de 50,05 USD por barril exportado y, sobre ese cálculo, definió un déficit fiscal de alrededor del 3 por ciento del PIB para el año en curso. Un porcentaje relativamente modesto, de fácil maniobra para la política económica y sin mayores consecuencias para el conjunto de la economía. Para la segunda mitad del 2019, el petróleo había rebasado el baremo calculado generando un excedente adicional de recursos para el gobierno ecuatoriano. Mas, esos recursos no podían ser utilizados para el nuevo cálculo del déficit fiscal, porque formaban parte de un Fondo de ahorro fiscal que, en virtud de la Ley de Fomento Productivo, no se contabiliza en el presupuesto. Asimismo, y a pesar de tener los recursos necesarios, el gobierno de Moreno en apenas un año realizó un intenso proceso de desinversión pública que se tradujo en el menor porcentaje de inversión pública sobre el PIB desde la crisis del año 2000.


En este juego de intereses, puede advertirse que fue el propio gobierno quien creó las condiciones para generar, mantener y expandir el déficit fiscal y esgrimirlo como argumento legitimante de su acercamiento con el FMI, al mismo tiempo que lo utilizó como discurso sobre el cual imponer las políticas de austeridad y avalar su viraje político hacia la derecha y culpar al anterior gobierno de sus propias decisiones.


Al mismo tiempo que hacía esto, el régimen empezó un intenso proceso de despidos en el sector público. Al suprimir la inversión pública y contraer la demanda agregada interna por la vía de recortes drásticos de personal, el régimen creó todas las condiciones económicas para la recesión y la crisis. En apenas dos años, el pleno empleo, es decir el porcentaje de la población económicamente activa con un contrato laboral estable y con seguridad social, descendió al 37 por ciento, un nivel jamás visto en la economía ecuatoriana, incluso en sus momentos de mayor crisis como fue el año 2000.


En esta misma senda, para asegurar la no utilización de los excedentes petroleros para la inversión pública, el Gobierno decidió cambiar el sentido de la planificación pública y redujo la Secretaría Nacional de Planificación a una dependencia adscrita a la Presidencia de la República, de tal forma que el Plan Anual de Inversiones pueda ser desconectado de la política fiscal, lo que explica el hecho de que los importantes excedentes petroleros generados en este periodo nunca fueran destinados a la inversión pública, y que los recursos del sobreendeudamiento (más de 12 mil millones de USD en apenas dos años), jamás se tradujeran en inversión.


Al final y como resultado lógico, la sumatoria de estos procesos condujo a la exacerbación de la crisis, el desempleo y la recesión. Es por todo ello que el concepto que mejor define la estrategia del Gobierno y de sus aliados sea aquel de Crisis inducida. En efecto, el régimen necesitaba de la crisis para crear el espacio social y político sobre el cual situar la flexibilización laboral, la eliminación de subsidios, la privatización de la infraestructura pública, la reducción de la inversión pública, la condonación de impuestos a los grandes conglomerados empresariales y, al mismo tiempo, cumplir los acuerdos con el FMI.


Por otra parte, el gobierno también necesitaba crear un espacio político sobre el cual puedan posicionarse de mejor manera sus aliados políticos para las elecciones generales del año 2021, en la ocurrencia los partidos políticos Creo y socialcristiano. El razonamiento de estos partidos políticos aliados al régimen, es que alguien tiene que hacer el trabajo sucio y que el sujeto más indicado para hacerlo es, precisamente Lenín Moreno, habida cuenta que no tiene ninguna ambición política a futuro y que su gobierno es de transición, de ahí su apoyo irrestricto al actual programa económico.
Para consolidar más aún esta estrategia, Moreno se acerca y converge de forma total a la agenda norteamericana diseñada para la región y, al mismo tiempo, goza del apoyo de los grandes medios de comunicación que magnifican la crisis y la necesidad absoluta de la austeridad, y protegen al gobierno de toda crítica.


La agenda fondomonetarista


Los acuerdos con el FMI se escalan en el tiempo y comprenden una serie de medidas que, en lo fundamental imponen: (i) una reforma fiscal que vaya de los impuestos directos hacia los impuestos indirectos y que le permita incrementar la recaudación en al menos 1.500 millones de dólares por la vía del incremento impositivo a los consumos especiales y al valor agregado; (ii) eliminación progresiva del impuesto a la salida de divisas (ISD); (iii) disminución de la nómina pública en volumen y en monto salarial; (iv) eliminación de subsidios a los combustibles; (v) independencia del Banco Central; (vi) reducción del gasto en inversión pública; (vii) liberación del sistema financiero y flotación de tasas de interés; (viii) flexibilización laboral; (ix) un agresivo programa de privatizaciones; entre otras condicionalidades.


Ahora bien, cuando el gobierno de Moreno pretende enviar las reformas legales a la Asamblea Nacional para incrementar el IVA, se encuentra con un ambiente complejo y contradictorio porque sus aliados políticos, habida cuenta del próximo escenario electoral, no quieren asumir el costo social y político de las reformas económicas y, en consecuencia, no piensan aprobarlas.


Es en esa coyuntura cuando el régimen opta por la solución, aparentemente más fácil y decide, vía decreto ejecutivo, liberar los precios de la gasolina extra y del diésel, con lo cual podía obtener alrededor de 1.000 millones de USD, y cumplir con una de las metas previstas en los acuerdos suscritos con el FMI. Lo que nunca previeron en Carondelet es que esa salida fácil se iba a convertir en un acontecimiento político que cambiaría de manera radical toda la construcción política e institucional construida hasta ese momento desde el poder.


La lectura oficial era que el movimiento social estaba fracturado desde hace varios años y que los golpes recibidos, sobre todo por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, prácticamente lo habían aniquilado. Si bien el régimen esperaba algún tipo de reclamo, sobre todo de sectores corporativos, como los transportistas, y afectados directamente por la medida, el régimen sabía que con negociación y con presión sobre los dirigentes podría controlar cualquier tipo de protesta social.


Un cálculo errado al no considerar que el reclamo social rebasara los límites previstos por ellos mismos, hasta convertirse en una marea popular que, finalmente, habría de ponerlo de rodillas. El régimen subestimó la capacidad de resiliencia del movimiento indígena, al considerar que el proceso de diálogo abierto con el mismo desde el inicio de su gestión le había permitido comprender a la nueva dirigencia y a las nuevas estructuras organizativas, considerándolo por ello como un actor social controlable, habida cuenta, más aún, de su desgaste en su resistencia al gobierno de Rafael Correa.


El levantamiento social


Empero, la nueva dirigencia del movimiento indígena comprendió rápidamente la coyuntura y la situó en sus coordenadas precisas: aquello que estaba en juego no era solamente un subsidio a los combustibles, sino la implantación del modelo neoliberal cuyas consecuencias serían nefastas no solo para ellos sino para toda la sociedad.


Es esa lectura y esa capacidad de comprensión del tiempo histórico la que proyecta al movimiento indígena al liderazgo de las jornadas de movilización y resistencia. Gracias a esa correcta interpretación pudo convocar al conjunto de la población al tiempo que explicar a la sociedad que lo que está en juego va más allá de estas medidas económicas.


En efecto, a las 24 horas de anunciada la medida de eliminación de subsidios a los combustibles, el paro era nacional y las organizaciones indígenas de base procedieron a levantarse contra el gobierno y a marchar sobre la ciudad de Quito. A las 48 horas de adoptada la medida por parte del Gobierno, los primeros comuneros ya estaban en la capital del país y empezaron el cerco al Palacio de Gobierno, conjuntamente con el apoyo de la ciudadanía quiteña. A los tres días de la medida, se habían ya sumado organizaciones sociales de todo tipo y el cerco popular al gobierno era literal. La demanda de todos los sectores sociales convergía en la exigencia de la derogatoria del Decreto 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles y las pancartas y consignas de las organizaciones sociales denunciaban al FMI y al neoliberalismo.


Ante tal explosión de rebeldía popular el Gobierno optó por declarar el Estado de Excepción, dejar la gestión de la crisis en manos del Ministro de Defensa, un tenebroso personaje vinculado a los servicios de inteligencia americanos, y trasladar la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil, y guarescerse bajo el amparo de sus aliados del partido socialcristiano y de Creo. Los comuneros, ante esa decisión, decidieron también bajar a la ciudad de Guayaquil en busca del presidente Lenín Moreno y exigirle la derogatoria del Decreto 883.


El solo anuncio de esta decisión de los comuneros indígenas creó pánico en las filas del partido socialcristiano que decidió armar a toda prisa una contramarcha en la ciudad de Guayaquil en contra de la Conaie, y de todas las organizaciones sociales. Para hacerlo, acudió al discurso del racismo: “Que se queden en el páramo”, fue la expresión que utilizó en esa coyuntura Jaime Nebot, líder socialcristiano y su candidato a la presidencia en las elecciones del 2021. En este momento pudo comprenderse que la derecha política no tenía ningún discurso de país y que no había entendido nunca la complejidad de la sociedad ecuatoriana atravesada por diversidades de todo tipo. Quizá sin proponérselo y por falta absoluta para comprender la coyuntura, el partido socialcristiano fue a contracorriente y se desgastó de una forma tan profunda que comprometió radicalmente toda posibilidad electoral futura.


En estas condiciones, y a medida que pasaban los días, con un gobierno sin atinar con un libreto para asumir la rebelión popular, la gestión de la crisis queda por entero a cargo del Ministerio de Defensa que, acorde con un accionar digno de la Doctrina de la Seguridad Nacional articuló una estrategia bélica con una violencia inusitada que trasgredió las líneas rojas de los derechos humanos básicos. En menos de una semana el panorama se había complicado de tal manera que el Gobierno no atinó a desplegar ninguna estrategia política que no fuera aquella de la violencia y el terrorismo de Estado, acercándose de forma peligrosa a crear un vacío político en el sistema de representación política.


Ver enemigos donde no los hay. Lo que entrampó al régimen en sus propios errores y que extendió de forma innecesaria el conflicto por tantos días fue la creencia en la teoría de la conspiración como fuente y alimento de la rebelión popular. En efecto, el Gobierno asumió e inscribió a la resistencia social dentro de las coordenadas de la teoría de la conspiración. Se inventó el expediente que todo estaba armado desde los oscuros designios de sus acérrimos enemigos y que era víctima de un complot internacional; un discurso que políticamente le restó toda posibilidad de maniobra y le cerró todo espacio de negociación posible.


Por su parte la sociedad toda, aunque con protagonismo muy especial de los indígenas, levantaban banderas de dignidad y paz. Ya eran más de diez días de movilización social donde mujeres y hombres de todas las edades, profesiones y oficios ocupaban las calles de sus ciudades. Cuando el levantamiento social entraba en su duodécimo día, y el movimiento popular estaba cada vez más fuerte y más decidido a ir hasta las últimas consecuencias, y los minutos de la permanencia del presidente Lenín Moreno en el poder prácticamente estaban contados, este tuvo que ceder y, finalmente, derogar el Decreto 883. Al hacerlo, asumía que ninguno de sus discursos le sirvió para frenar la rebelión popular y, de esta forma, pudo salvar in extremis su permanencia en el gobierno.


Gobierno indigno


Fue una derrota sin concesiones, transmitida a nivel nacional y mundial, y que presentó al movimiento indígena como el referente más importante en la resistencia en contra del neoliberalismo. Pero fue una derrota sin capacidad de heurística para el Gobierno, que considera que el cumplimiento con el FMI es más importante que sus propias condiciones de gobernabilidad. En efecto, a pocos días de su derrota y ante el acontecimiento más importante generado por la sociedad ecuatoriana en sus últimas décadas, el Gobierno cumple de forma puntillosa con el FMI y envía varias reformas a la Asamblea Nacional que implican el estrangulamiento del presupuesto público para los sectores de salud, educación y bienestar social, a la vez que obedecen la condicionalidad del FMI de la independencia del Banco Central e incrementa e impone nuevos impuestos a la sociedad. No solo ello, sino que también reitera su voluntad de volver a emitir un nuevo Decreto muy parecido al 883 pero esta vez con estrategias de compensación para los más pobres.


A estas decisiones se suma una cacería de brujas en contra de todas las organizaciones sociales que acompañaron al movimiento indígena, en una represión sin antecedentes en la historia reciente del país, represión complementada con una intensa campaña de desprestigio de los líderes de la rebelión de octubre, orquestada por los grandes medios de comunicación y por los think tanks neoliberales.


Con persistencia en su diseño original, el régimen pretende recuperar la hegemonía perdida por la vía de la violencia, la criminalización, la impunidad, la instauración de un régimen en el cual cualquier opinión ciudadana puede ser fácilmente judicializada, y el acoso mediático de los grandes medios de comunicación sobre los líderes sociales.


Parlamento de los Pueblos


Es en este contexto que el movimiento indígena ha convocado a la conformación del Parlamento de los Pueblos, como una expresión que nace y que, al mismo tiempo, da continuidad política a la rebelión de octubre, para diseñar un nuevo modelo económico y social, cuyas coordenadas sean la democracia, la paz social, la estabilidad, la justicia, la equidad, y una forma de vida armónica con la naturaleza y con la sociedad, la misma que los indígenas denominan Sumak Kawsay, la vida en plenitud. De esta forma, se convierten en el polo contrahegemónico más importante del país, y están absolutamente convencidos que, a pesar de la difícil coyuntura, el futuro les pertenece por entero.

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El inolvidable Octubre 2019: El retorno de la victoria ancestral. La Caja de Pándora

Octubre, el mes de la resistencia de los pueblos ancestrales en contra de la colonización y neocolonización, y por la construcción de la otra historia, esta vez coincidió con un estallido social que concitó a las mayorías ecuatorianas, desmnudando la catadura del régimen existente. Las impresiones derivadas del mismo son múltiples y con luces diversas.

 

Lo que no esperaban recorrió el país con fuerza de huracán. Energía, presión contenida tras más de una década de judicialización y criminalización de la lucha social y la disidencia política perpetrada por la estrategia correísta-progresista en contra de la resistencia de los pueblos opuestos a su proyecto de modernización conservadora.

Inconformidad latente con la cual choca el paquete económico neoliberal del gobierno de Moreno, el que sin medir de manera adecuada el ambiente social y político dominante en toda la sociedad ecuatoriana, con el Decreto 833, que incrementa el precio de la gasolina y el Diesel e incrementa las tarifas del transporte público, libera la energía social de la ira popular; respuesta de mayorías a la coacción de un capitalismo salvaje sobre la vida humana y natural.


La respuesta social ante el Decreto de marras, el llamado al paro nacional y al levantamiento indígena por parte de las organizaciones sociales, fue rebasado por lo que Benjamín denomina la violencia divina*. Se refiere así a un estallido popular cuya fuerza es una respuesta violenta a la violencia simbólica y sistémica del capital, una energía social que trasciende las demandas concretas y justas de los pueblos.


La característica principal de la violencia divina es que no es medio para ningún fin, es simplemente expresión de la inconformidad que destruye lo fundado. A pesar de ello, las organizaciones sociales encauzaron el estallido, resolviéndolo en la mesa de diálogo que exigieron a Moreno.


Es esta violencia divina la que el Gobierno y sus aliados, de manera cínica e hipócrita, descalifican como actos vandálicos y de saqueo. A la luz de la historia reciente es oportuno preguntar de dónde proviene el saqueo y el vandalismo: ¿Acaso la sucretización de la deuda privada en 1983, el feriado y salvataje bancario en 1999 y la corrupción correísta entre 2007 y 2017 no es violencia y saqueo a su máxima expresión? ¿Acaso la política extractivista que han implementado las élites gobernantes en toda la historia del país no es expresión de una violencia extrema del capitalismo en contra de la humanidad y la naturaleza? Ante esta historia de violencia estructural, la ira social no solo es comprensible, sino que se justifica. La respuesta enérgica de los pueblos en contra de la violencia del capitalismo y sus agendas políticas cada vez más salvajes, es parte de la historia de resistencia planetaria; es evidente en las protestas de los Chalecos amarillos de Paris 2018, en las protestas de Hong Kong 2019, en las actuales protestas de Haití, Barcelona y Chile, solo para citar algunas protestas de las escenificadas a lo largo de de los últimos dos años.


Es en estas circunstancias que dos hechos fundamentales lograron articular la protesta social para conquistar la victoria: 1) la presencia del pueblo Sarayaku, cuya autoridad simbólica reside en la autonomía de su proyecto de vida, que no busca disputar la administración del Estado, sino luchar por la construcción de una vida distinta en el marco del kawsak sacha –la selva libre–. 2. La marcha de las mujeres convocada por Blanca Chancoso, histórica dirigente indígena, que congregó una inmensa presencia femenina en las calles de Quito en rechazo de la represión estatal. Esta voz femenina no eligió al Estado ni sus símbolos como interlocutor de su demanda, sino que interpeló a la sociedad quiteña a unirse en contra de la violencia patriarcal, desatada por la declaratoria del estado de excepción.


La resistencia y lucha de la razón ancestral


Como resaltó tres décadas atrás, en resistencia que posicionó a los pueblos ancestrales como el actor histórico principal de los procesos de resistencia y transformación social que conoció nuestra región continental, de nuevo el movimiento indígena se constituye en el eje de la lucha en contra del renovado ciclo neoliberal en América del Sur y, por qué no decirlo, del continente.


Es así como en los días que corren, se produce un retorno de la lucha social liderada por los pueblos ancestrales en contra del capitalismo neoliberal, que además supone un salto y continuidad en su lucha contra el progresismo conservador. Frente a la violencia de la razón capitalista surge la resistencia y lucha de la razón ancestral, que se muestra con claridad en los pueblos indígenas pero que mora en toda la humanidad, en su camino de humanización articulada al respeto de la naturaleza. En el caso particular del Ecuador, son los pueblos ancestrales el fundamento cultural de nuestra sociedad, en ellos radica el mayor patrimonio de nuestro país y la fuerza telúrica de la resistencia anticolonial y anticapitalista. Las raíces de la sociedad ecuatoriana se hunden en la historia precolombina, de allí emerge su posibilidad de futuro.


La enseñanza de mujeres y jóvenes


En estas movilizaciones, además del movimiento indígena, protagonista principal de la lucha, y de las organizaciones de trabajadores, resaltó la presencia refrescante de las mujeres organizadas, como de las no organizadas, y de los jóvenes que en estas jornadas se bautizaron en la lucha política. Estos dos actores abrieron nuevas y emergentes formas de organización de la resistencia social, que plantean alternativas a las viejas estructuras de la izquierda, cooptadas por la razón de Estado, y que hoy frenan la resistencia social por su marcado conservadurismo y patriarcalismo. Estas nuevas formas, aún en ciernes, expresan otra manera de enfrentar al sistema, donde no se pospone la construcción de nuevas relaciones sociales a la espera de la instauración de un nuevo sistema. Estas nuevas relaciones están ligadas al cuidado, a las experiencia cotidiana, a los afectos, a la horizontalidad; se tejen en el aquí y ahora de la lucha. Esa es la enseñanza que nos dejan los jóvenes y las mujeres y esa ya es una inmensa victoria.


En contra y más allá de las dos estrategias capitalistas dominantes


El movimiento indígena y el resto de sectores sociales protagonistas de la resistencia y la lucha en contra de las directrices económica neoliberales, lograron establecer una línea autónoma respecto del gobierno neoliberal y los grupos de la derecha nacional y, también, respecto del progresismo conservador correísta. Una línea de autonomía que no solo se disputó y triunfó en el país, sino que logró establecer una diferencia clara en el contexto de la geopolítica regional.


Es fácil observar que en el conflicto político desatado en Ecuador, a lo largo de la primera quincena de octubre, se disputaba un conflicto mayor, que incluso rebasa el ámbito regional, y que tiene como ejes de disputa: por un lado, la línea tradicional del capitalismo neoliberal de la derecha alineada con el FMI y al Estado norteamericano en el eje occidental, al cual se articulan gobiernos latinoamericanos como los de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile. En el otro lado se encuentra la línea del progresismo conservador alineado con la agenda del capitalismo ruso-asiático, que administró la mayoría de los Estados de SurAmérica y que hoy se encuentra en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y México.


Esas dos estrategia del capitalismo disputaban sus proyectos en el conflicto social desatado en Ecuador. Las estrategias utilizadas por unos y otros pretendían utilizar y sofocar el levantamiento autónomo de los pueblos para beneficio de sus propias agendas. El correísmo progresista buscaba apoderarse de las demandas de los pueblos para conseguir la destitución de Moreno y hacerse de nuevo con la administración del Estado, y así tapar sus actos de corrupción y saqueo de los recursos de la sociedad que perpetraron en su época de gobierno; y abrir de nuevo las puertas para el retorno del progresismo conservador en el subcontinente. Por su parte el gobierno de Moreno buscaba deslegitimar la protesta social al articularla con el correísmo, imponiendo de esta manera la política fondomonetarista, en complicidad con los grupos económicos más poderosos nacionales y transnacionales, con la derecha política socialcristiana –con quien ha gobernado durante dos años– y la derecha ideológica que intenta manejar la economía del país.


Sin embargo, la fuerza de la movilización social fisuró la disputa entre dos versiones del capitalismo y abrió el espacio de la autonomía de la lucha a los pueblos, que no disputaban el control del Estado, sino que enfrentaban el modelo neoliberal y con éste, el capitalismo. Así, los grandes perdedores en estas jornadas de lucha fueron: el Estado, el Gobierno, los socialcristianos –punta de lanza de la derecha tradicional–, los correístas, punta de lanza de la derecha progresista, y los medios hegemónicos de comunicación.


Tres grandes contradicciones


Los momentos críticos vividos por cualquier sociedad sacan, lo a flote lo mejor y lo peor de la misma. De lo mejor, ya hemos visto algunos aspectos, y de lo peor, fluyeron tres grandes contradicciones las mismas que articulan desde tiempo atrás a la sociedad ecuatoriana: el racismo colonial, la desigualdad clasista y el segregacionismo campo-ciudad.


Son estas contradicciones las que obligan al conjunto ecuatoriano a pensarse honestamente como sociedad y dejar de promulgar una falsa identidad nacional, una ciudadanía moderna, un tramposo interés general que no existe y menos aún en este país con un Estado aún colonial.


Contradicciones latentes. En medio de la resistencia de los más contra los menos, saltaron las minorías blanqueadas del país, tanto de Guayaquil y sobre todo de Quito, a condenar los “actos vandálicos de los indios”. Las élites guayaquileñas en la voz de Nebot abrieron su juego profundamente racista con la detestable frase que “los indios se queden en los páramos porque a su ciudad no entran”. Con ello no solo se deslindaron del mundo indígena, sino de la región de la Sierra y la Amazonía e incluso, del profundo pueblo costeño de origen ancestral, montubio y negro. La “blanquitud” quiteña, aliada de las cámaras empresariales y de los grandes medios de comunicación hegemónicos, salió a la defensa de la “franciscana ciudad de Quito”, de su patrimonio histórico y de su “hermoso” urbanismo, en contra de los “indios salvajes” que viene a “su” ciudad sin invitación. Se horrorizan, lloran, patalean por los daños perpetrados en “su” ciudad, pero nunca lanzaron una sola lágrima ni queja cuando sus empresarios y sus gobiernos acaban con la biodiversidad de los páramos, de las fuentes de agua, de la Amazonía destruyendo con ello los territorios de los pueblos ancestrales, dejándoles con tierras, agua y aire envenenados.


Son las mismas minorías blanqueadas que nunca protestan ni sufren cuando las corporaciones de constructores levantan edificios sin importarles dejar sin espacios verdes a la ciudad, sin cuestionarse por el aumento de vehículos que colapsan el tránsito y el aire. Nunca se quejan de que las comunidades aledañas a Quito sean despojadas de sus territorios por las constructoras, en complicidad con el gobierno municipal. No lloraron cuando destruyeron el patrimonio arqueológico para hacer el túnel del metro de Quito. No, no les duele su ciudad, les molesta que los dueños ancestrales de estas tierras vengan a “ensuciar” su proceso de blanqueamiento; les molesta que les recuerden que no están en Europa ni Estados Unidos, que no son ciudadanos del primer mundo al que su necio arribismo les hace desear.


Las victorias


Tras dos años de un gobierno de espaldas a las necesidades y deseos de diversidad de sectores sociales, y con la resaca de un correísmo negado a la protección de los territorios ancestrales y a la participación libre y deliberativa del descontento social, en solo 13 días de intensa lucha decidida, colectiva y solidaria, se logró revertir la realidad, dejando desnudo al poder formal.


Es así como de la primer quincena de este inolvidable octubre, emana una victoria simbólica y política para el movimiento indígena y las organizaciones sociales que lo acompañaron. La victoria política se manifiesta en la recomposición de la resistencia indígena y popular con autonomía del gobierno neoliberal y del progresismo conservador; en la convicción de que es posible resistir y frenar al neoliberalismo; en la presencia de nuevos y refrescantes actores sociales.


La victoria simbólica se expresa en el establecimiento de un diálogo de cara a la sociedad nacional y mundial pocas veces visto y que deja una enseñanza de transparencia política al mundo; en la presencia sin intermediación de los pueblos indígenas en la mesa de diálogo, afirmados en su diferencia y en su capacidad de pensar no solo sus nacionalidades, sino de pensar a la sociedad ecuatoriana en la mayoría de su composición social y cultural; en la participación indispensable de las mujeres en todo el proceso de la lucha que nos dice que sin nosotras no hay posibilidad de transformación; en la participación de los barrios de los sectores populares y de algunos sectores medios de Quito, y en el apoyo y acogimiento por parte de varios sectores de la ciudad, entre ellos las universidades, de los pueblos indígenas que arribaron a la misma y, por último, en la gran minga llevada a cabo para arreglar y limpiar la ciudad, escenario de la protesta, donde convergieron los pueblos indígenas y los habitantes de Quito, en una actitud de responsabilidad y cuidado pocas veces vista.


Tres luchas antisistémicas


Lo que tuvimos por todo el país fue una inmensa movilización, un alzamiento por la vida, un proceso de resistencia en el que convergieron las tres luchas antisitémicas: la antipatriarcal, la anticolonial y la anticapitalista. Si bien la última fue la que articuló esta vez la lucha en contra del modelo económico fondomonetarista, las otras dos fueron claves para consolidar la derogatoria del Decreto 883, punta de lanza de las políticas de ajuste.


La dirección del movimiento indígena como actor principal de esta intensa jornada en contra del paquete económico gubernamental cualificó la lucha anticapitalista con la fuerza de la resistencia anticolonial de los pueblos ancestrales. Este hecho amplia la lucha anticapitalista más allá de la discusión sobre el modelo económico y la hace bordear con la discusión del modelo civilizatorio, lo cual es muy importante para cuestionar las coordenadas impuestas por el paradigma del progreso, el crecimiento económico y el desarrollo como verdades del capitalismo, así como de la Modernidad; lo que pone de manifiesto no solo el modelo económico neoliberal, sino el modelo productivo y energético extractivista que está destruyendo a los pueblos, sus territorios y la naturaleza que los acoge.


Por su parte, la presencia de las mujeres y de lo femenino en general en las labores del cuidado, del abrigo, del sostén emocional, de la sanación; no detrás de…, sino en el centro de la lucha, fue fundamental para entender que el capitalismo se lo ejerce desde el mando patriarcal en contra de la vida social y natural. Se entiende con esta experiencia que la lucha anticapitalista es posible solo si es también antipatriarcal y anticolonial, que no hay privilegio ni primacía de una lucha sobre las otras, que su centralidad como lucha articuladora depende del contexto de la resistencia.


Construir el hecho histórico


La lucha como acontecimiento fue una victoria de los pueblos, ahora empieza la lucha por la victoria en la construcción del hecho histórico. De parte del establecimiento harán todo lo posible por despojar de la palabra que dote de sentido el acontecimiento como victoria de la humanidad sobre el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Desplegarán, de parte de la derecha ideológica neoliberal, una estrategia discursiva racista, clasista y machista para imponer su relato ideológico neoliberal que acusa al mundo indígena de violentos y salvajes; a la par que, de parte de la derecha ideológica progresista acusan al mundo indígena de incapaces, ingenuos y manipulables.


El triunfo fue sobre el terreno, ahora, en lo mediático, comunicativo, educativo, en el relato cotidiano, tratarán de revertir su derrota. Esta victoria, que es de todas y todos, no puede perderse en ese interregno, en el cual también el conjunto nacional debe estar presente, para cerrarle el paso a ese poder destructor que niega lo diferente, la memoria y los sueños colectivos. En este, como en otros escenarios, los pueblos tejen sus propios caminos, que tejen su memoria y su autonomía.

 

* Benjamín, Walter, Tesis de la filosofía de la historia, www.anticapitalistas.org/IMG/Benjamin–TesisDefilosoFiaDeLaHistoria.pdf

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Una persona graba a un herido durante las protestas de Hong Kong Zígor Aldama / Hong Kong

La apuesta por un movimiento horizontal organizado gracias a las nuevas tecnologías y capaz de englobar a ideologías diferentes inspira causas por el mundo

Medios digitales retransmiten en directo las protestas con smartphones y grupos de abogados ofrecen a los detenidos servicios legales gratuitos a través de aplicaciones de chat

La mayoría de campañas de crowdfunding superan ampliamente los objetivos que se proponen y activistas de todo todo el mundo aportan su grano de arena al terreno creativo

 

"La principal característica del movimiento prodemocracia de Hong Kong es que no tiene líderes, es horizontal. A diferencia de lo que sucedió en 2014 con el Movimiento de los Paraguas, que acabó con varios de sus líderes en prisión, eso impide que nos descabecen", explica Woody Tam, un estudiante de 24 años que lleva cuatro meses enfrentándose a la Policía en el campo de batalla de la excolonia británica, sacudida desde el pasado 9 de junio por las protestas que nacieron contra la propuesta de ley de extradición –retirada formalmente el pasado día 23– y que han derivado en la exigencia de elecciones con sufragio universal. "La implicación de gente de todos los estamentos de la sociedad, que ofrecen gratis su talento, y el uso de nuevas tecnologías es lo que nos ha permitido tener tanto éxito y mantener la lucha durante tanto tiempo", subraya Tam.

"Todas las acciones surgen de forma orgánica. La gente hace propuestas en el foro LIHKG –que algunos parlamentarios prochinos quieren bloquear-, y luego la gente se organiza en los grupos de Telegram -utilizada por su sólido sistema de encriptación–. Cada cual aporta lo que puede", añade Kenny Tai, otro manifestante de 25 años. "Estudiantes periodistas" y medios digitales retransmiten en directo las protestas con smartphones para registrar cualquier caso de brutalidad policial y recoger los nombres de los detenidos, que suelen gritarlos para que luego se pueda seguir su caso y evitar así su desaparición, y grupos de abogados les ofrecen servicios legales gratuitos a través de aplicaciones de chat.

La página web HKMap.live, cuya aplicación ha sido vetada por Apple, señala los lugares en los que se encuentra la Policía y aquellos en los que se producen disturbios. Es una herramienta desarrollada por un informático anónimo para facilitar que la población evite las zonas de conflicto, pero el Gobierno la considera una amenaza porque también ofrece a los manifestantes violentos información sobre los movimientos de los antidisturbios.

Esa sofisticación y el alarde de medios del que hacen los más radicales, equipados con cascos, máscaras antigás, potentes punteros láser utilizados para cegar a los antidisturbios, escudos caseros fabricados con señales de tráfico o maletas partidas por la mitad, e incluso sierras radiales para acceder a establecimientos que relacionan con el Gobierno chino, ha provocado que muchos vean la mano negra de potencias extranjeras, a las que acusan de querer desestabilizar a China. "La realidad es mucho más sencilla: los hongkoneses estamos donando dinero a través de campañas de crowdfunding", señala Jessica Chen, miembro del Consejo Estudiantil de la Universidad Baptista de Hong Kong.

Este periodista ha podido comprobar que la mayoría de estas campañas de micromecenazgo superan ampliamente los objetivos que se proponen, y que se complementan con colectas de dinero en efectivo durante las marchas pacíficas. "Muchos de quienes no nos enfrentamos a la Policía también donamos cascos o máscaras antigás. La mayoría de la ciudadanía de Hong Kong se ha volcado con el movimiento, porque es consciente de que, si fracasa, las libertades de las que gozamos hoy pueden desaparecer cuando China controle por completo la ciudad, en 2047", analiza Chen.

Ella misma es buen ejemplo de ello. "Yo asistía a las manifestaciones cuando eran pacíficas. Pero, luego, mis padres se empezaron a preocupar por mi seguridad y, después de varias desavenencias, me encerraron en casa para que no pudiese salir. Tuve que elegir entre la relación con mi familia y mis convicciones políticas, y decidí buscar la vía para no renunciar a ninguna: no acudo a las protestas, pero ayudo desde la retaguardia", relata. Entre sus cometidos está otro muy de vanguardia: borrar el contenido crítico que hayan publicado en redes sociales los estudiantes detenidos. "Como la Policía mira sus cuentas, en cuanto sabemos que están arrestados contactamos a familiares y amigos para que intervengan en sus redes y eviten así que se sustancien los cargos. Algunos incluso nos dejan sus contraseñas para facilitar la labor", explica.

Y no solo se implican los hongkoneses. Activistas chinos de todo el mundo aportan su granito de arena en el terreno creativo, uno de los más activos de las protestas. Badiucao, por ejemplo, es uno de los artistas disidentes más prominentes, y no duda en poner su talento como dibujante de ácidas viñetas políticas al servicio de las cinco exigencias de los manifestantes. Él ha creado ya varias imágenes icónicas que a menudo se pueden ver pegadas en los reivindicativos "muros de Lennon" de Hong Kong, paredes y pasadizos que se llenan con pintadas reivindicativas y pósteres que recuerdan los momentos clave del movimiento.

"El arte está jugando un papel esencial a la hora de mantener vivas las protestas", afirma Badiucao a eldiario.es. "Lo hace en tres frentes: mantiene a la gente unida, renueva las demandas dándoles otros sentidos y una dimensión diferente, y ayuda a captar gente que se siente identificada. Mi arte utiliza el lenguaje visual para empoderar al pueblo, registrar los momentos más icónicos del movimiento, y facilitar que el mensaje se disemine por el mundo. Las noticias se consumen a toda velocidad, pero el arte perdura. Y si una de mis viñetas se hace viral, el mundo presta atención y se identifica con la causa. Verlas pegadas en los 'Muros de Lennon' es un orgullo para mí".

Virales se han hecho los diseños de una esvástica creada con las estrellas amarillas sobre fondo rojo de la bandera de China, y lo mismo ha sucedido con el término acuñado para acompañarlos, en forma de hashtag: #Chinazi. Diferentes momentos clave de las manifestaciones, como las palizas de Yuen Long, los manifestantes que han perdido un ojo por disparos de balas de goma, o la carga de los antidisturbios en la estación de Prince Edward, también se han plasmado en dibujos que han dado la vuelta al mundo y que los manifestantes blanden frente a las fuerzas de seguridad. Badiucao añade el ejemplo de la composición de un himno, Gloria a Hong Kong, que ha tenido tanto éxito que no faltan quienes proponen adoptarlo en sustitución del oficial. Desde hace unos días, incluso se ha desarrollado un videojuego para "liberar a Hong Kong".

Para muchos, este es el nuevo manual de protesta de la sociedad civil en el siglo XXI. "Los hongkoneses están luchando contra la mayor y más poderosa dictadura del mundo. Su ejemplo inspira a muchos otros movimientos por el mundo", asegura Badiucao. Incluso la prensa oficial china, la más crítica con el movimiento de Hong Kong, lo ve así. Diarios como el ultranacionalista Global Times han trazado multitud de similitudes entre las protestas del principal centro financiero de Asia y las que protagonizan los chilenos o los independentistas de Cataluña.

Sobre todo esos últimos, porque a Pekín le interesa incidir en que el movimiento de Hong Kong no busca la democracia sino la secesión. Y en que no es pacífico sino violento. Sin duda, el hecho de que los hongkoneses hayan convocado una marcha llena de esteladas en favor de Cataluña se lo ha puesto fácil. "Stand with Catalonia" [apoyemos a Cataluña] es un grito de guerra que se ha sumado también a otros lemas coreados y pintados por la ciudad. El editor jefe del rotativo, Hu Xijin, vio los primeros paralelismos en el intento de cerrar el aeropuerto de El Prat, algo que en Hong Kong los manifestantes consiguieron durante dos días consecutivos, y luego su diario se ha centrado en resaltar la contención de la Policía de Hong Kong comparada con las actuaciones de cuerpos en Cataluña o Chile.

"Entre nuestras demandas, de momento, no se encuentra la independencia. Aunque muchos sí que la tenemos como objetivo final. Pero nos solidarizamos con Cataluña por la opresión del Estado, la brutalidad policial y las libertades fundamentales. Y contra la existencia de presos políticos", defiende Lucía Tse, una de las jóvenes que la semana pasada se manifestó con una estelada. "En España algunos dicen que hablamos sin saber, pero sí que nos hemos informado", espeta. "Han encarcelado a un grupo de gente por proponer un referéndum de autodeterminación que nosotros apoyamos", añade esta joven ingeniera que echa mano de otro lema: "Nos podéis encarcelar a todos, pero no a nuestras ideas".

Jason Leung también cree que la independencia de Hong Kong es la única salida para esta Región Autonómica Especial de China. Su testimonio es llamativo porque este joven trabaja para el Gobierno. "Al principio iba al frente, pero ahora no lo hago por miedo a que me reconozcan y afecte a mi carrera profesional. No obstante, creo que la independencia debe ser un último paso que todavía no podemos proponer. Ahora hay que centrar nuestros esfuerzos en alcanzar el sufragio universal y una mayoría prodemocracia en el Parlamento regional", afirma.

Leung está empleado por la oficina que gestiona las próximas elecciones locales del 24 de noviembre, y prevé un descalabro de los partidos prochinos y un auge de los prodemocracia. "Esto elevará la presión sobre el Gobierno, que creo que está dispuesto a hacer una nueva concesión y aceptar que se lleve a cabo una investigación independiente sobre la actuación de la Policía. Si se materializa, después de haber logrado que se retire la propuesta de ley que inició todo, se demostrará que, como ha sucedido en Chile, la movilización sí que sirve para algo".

Por Zigor Aldama- Hong Kong

03/11/2019 - 21:5

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El baile de lxs que sobran: Hipótesis y preguntas desde la rebelión popular en Chile

Se cumple una semana de revuelta popular en Chile, desde que el viernes 18 de octubre miles de estudiantes de toda la capital realizaron una jornada masiva de evasión en el Metro de Santiago, ante una nueva intentona de los gobiernos neoliberales por despojar y privatizar lo común, en esta ocasión expresada en una nueva alza de pasajes impuesto por el gobierno de Sebastián Piñera.

Ocho días de insubordinación colectiva que, de forma aparente, comenzó como un repudio activo contra el aumento de 30 pesos en el costo de este medio de transporte público1, pero que, de manera más profunda, representa el desacato contra treinta años de neoliberalismo recargado. Asistimos a una oleada de desobediencia contra el “exitoso” modelo chileno, ayer denominado por gobiernos de la Concertación como el “jaguar latinoamericano” y hoy por el gobierno de Piñera como el “oasis de América latina”2.

La reacción a este cuestionamiento no fue de escucha ni diálogo; por el contrario: declaración de estado de emergencia, militares en las calles, toque de queda, restricción de libertades, tres mildetenidos, casi mil heridos y lesionados, varios de ellos de extrema gravedad producto de disparos con armas de fuego3, muchos a quema ropa, 19 muertos,decenas de acusaciones de violaciones a los derechos humanos por apremios ilegítimos, secuestros en la vía pública, vejámenes en procedimientos policiales, violaciones y sesiones de torturas en estaciones de Metro y cuarteles policiales. 

Se torna urgente, por tanto, analizar lo ocurrido más allá de las lecturas superficiales que circulan en los medios hegemónicos. En tal sentido, lo que siguen son algunas hipótesis y un cúmulo de interrogantes, escritos al fragor de este proceso de insubordinación que emerge como punto de quiebre y momento constitutivo en la historia reciente de Chile e incluso de América Latina.

1. Una revuelta espontánea gestada por la juventud popular, que devino -por multiplicación e irradiación- en el baile de lxs que sobran.

Nuevamente, al igual que en el 2006 y 2011, la revuelta en sus comienzos fue dinamizada por el movimiento de estudiantes secundarios, pero con una distinción. Más allá de la categoría estudiantil, lo que marcó el origen de la revuelta y su devenir, fue el rol de una o en realidad de unas juventudes, de carácter popular, que involucra y a la vez excede a las y los estudiantes, como sujeto polimorfo y más amplio que el de los ciclos precedentes. Éste, sin más coordinación que cadenas de wasap, convocatorias en liceos y escuelas de boca en boca y un uso contra hegemónico de las redes sociales, convocó a la realización de una original modalidad de lucha (la evasión masiva), a través de una consigna de protesta y agitación transversal: “¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!”.

Interesa resaltar este carácter diverso del sujeto político popular juvenil que dinamiza los orígenes de la revuelta, precisamente porque la reproducción radical del estallido en los días siguientes se explica, en parte, por dicha transversalidad al sentir del pueblo. Su llamado por cual no esperó abarcar primero todo el sector educativo (cual mancha de aceite) y luego al campo social, sino irradió e interpeló con una velocidad inusitada al grueso de las clases populares (tipo archipiélago). Así es como sin ánimo alguno de centralización, dirigismo ni lógicas vanguardistas, las diferentes estaciones de Metro (una extensa red por donde circulan casi 3 millones de personas a diario) oficiaron de manera entrelazada de puntos de condensación de la protesta, dando rienda suelta a la experimentación política y la creatividad desde abajo en cada una de estos “nodos”.

La evasión masiva, combinada con la brutal represión sufrida por las y los jóvenes el día viernes 18 de octubre en estos diferentes puntos de la ciudad, abonó a una conexión casi inmediata con la interseccionalidad material de buena parte de las formas de explotación, endeudamiento, precariedad y enajenación que sufren las clases subalternas en territorio chileno, oficiando de práctica antagonista con capacidad articuladora de las luchas en y por lo común. Este “sistema de dominación múltiple” que disgrega y fractura sujetos/as y luchas ante el grito de protesta se visualizó, al fin, en el imaginario colectivo, como uno sólo.

Por ello, si bien puede ser definida como una revuelta de carácter espontáneo, es preciso leerla en tanto conjunción de proceso y acontecimiento, es decir, de tramas subterráneas y apuestas cotidianas que fueron horadando cada vez más la hegemonía neoliberal vigente en Chile, hasta decantar en un estallido tan masivo como inesperado que reventó la burbuja del mito de una sociedad falsamente inclusiva y democrática.

Esta irrupción tuvo como antesala, y al mismo tiempo emparentó diversas resistencias: lucha de las mujeres contra el sistema patriarcal y en defensa de la soberanía sobre los cuerpos/territorios, que se expresó meses anteriores en ocupaciones de universidades para hacer visible la violencia y la precariedad de la vida que afecta de manera más aguda a las mujeres y disidencias; las resistencias contra el extractivismo, la privatización de los bienes comunes, la contaminación socio-ambiental y la acumulación por despojo en campos y ciudades; la histórica lucha de la nación-pueblo mapuche por territorio, autodeterminación y fin a la militarización del Wellmapu, las iniciativas y propuestas de vida digna basadas en la recuperación de derechos sociales como “NO+AFP”, la lucha social mediante acciones callejeras, tomas de liceos y novedosos repertorios de acción colectiva en contra de la mercantilización de la educación que no cesa, y las variadas expresiones de poder popular, prefiguración y autogobierno desarrollada por el movimientos de pobladores/as que desde rincones de las periferias rebeldes de la ciudad neoliberal cultiva una vida otra.

En conjunto, todas estas luchas abonaron -de forma subterránea y más allá de sus posibles matices- a la erosión del sentido común neoliberal que tuvo como contracara una pérdida del miedo, y que trocó en estado de ánimo disconforme e insumiso a nivel societal. De igual manera, el ¡Fin del lucro! que ya había sido escuchado como principal grito de protesta y exigencia popular en 2011, se actualizó esta semana a partir de un clima de hartazgo generalizado que equivalió a un estruendoso ¡Ya Basta! similar al lanzado por el zapatismo décadas atrás desde la Selva Lacandona.

Así, la revuelta habilitó un “secreto compromiso de encuentro” entre estas apuestas colectivas de lucha precedentes y una espontaneidad de masas que irrumpió en las calles operando por multiplicación y a través de irradiación, consiguiendo conectar el memorial de agravios históricos con el descontento actual cada vez mayor con respecto al orden neoliberal; logró unir a todos y todas en el “baile de los que sobran” diría la mítica canción de la banda musical Los Prisioneros4.

Lo que se vivencia en las calles en estos momentos, no es entonces un movimiento social, sino una sociedad en movimiento, hastiada de precariedad, endeudamiento y mercantilización de la vida, de autoritarismo y desigualdad tanto en un plano socio-económico como político-institucional. 

2. Un estado de emergencia decretado por el mal gobierno y un emerger de los pueblos más allá del Estado.

Luego de una larga jornada de evasiones masivas, movilizaciones multitudinarias, barricadas, incendios y cacerolazos en numerosos puntos de la Región Metropolitana, esa misma noche del viernes 18 de octubre el presidente Sebastián Piñera anunció públicamente ante los medios de prensa la declaración del estado de emergencia.

El día sábado las calles amanecieron con cientos de militares distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad y pertrechados para la guerra. La imagen nos retrotrajo a los peores momentos de la dictadura pinochetista, y puso en evidencia los vasos comunicantes entre aquel terrorismo de Estado ejercido de manera prolongada durante 15 años, y el actual estado de miedo y sometimientos de nuestros cuerpos -a veces menos visible y hoy abierto- que se reinstala a punta de fusil en pleno siglo XXI.

Pero este intento de atemorizar a quienes el día anterior habían salido a las calles al “baile de lxs sobran” disfrutando del ritmo de la protesta radical, al son de una solidaridad masiva con la intrépida juventud protagonista de las evasiones, lejos de cerrar la fiesta, generó un mayor nivel de bronca y desacato que se irradió a otras latitudes y territorios de Chile.

Al estado de emergencia impuesto por el Estado, el pueblo, los pueblos, respondieron con un emerger más allá del Estado. Un insurgir colectivo, una potencia plebeya que con extrema osadía hizo de la conquista de las calles un laboratorio de experimentación política, que fue lentamente prefigurando modos de vidas propios (en sus tiempos, territorialidades y sentidos), reapropiándose de lo público (en sus usos sociales más allá del Estado y del Mercado) y reconstruyendo lo común (desde abajo) a partir de diversas y complementarias modalidades de desborde y ruptura del orden neoliberal.

Desde esta perspectiva, entendemos que el ataque a ciertos edificios y bienes públicos, contrario a lo que se escucha, no es un ataque a “lo público” como aquella vincularidad que nos constituye en tanto pueblos en coexistencia. Más bien, es un ataque contra determinados símbolos materiales que hacen parte de un Estado refractario a los intereses y necesidades populares.

Si en el ciclo anterior de revuelta la idea de ¡Fin al lucro! puso en el centro la lucha contra el mercado, la revuelta actual agrega a la batalla contra la mercantilización de la vida, un ataque directo a la estatalidad. De cierto modo, el estallido identificó, lo que muchas y muchas alertaron en los últimos años: aunque el neoliberalismo nos vendió una idea de mercados libres, el Estado nunca se fue (tal como presume y vocifera cierto progresismo vernáculo), todo lo contrario, intensificó su intervención, pero no como dispositivo de bienestar sino cual maquinaria de guerra e instancia mediadora al servicio del capital, engranaje de acumulación, garante de desigualdad y principal promotor del orden burgués.

Sin poder vaticinar el devenir de esta emergencia, lo que sí es evidente es que se detonó -seguramente sin un pronto retorno- un cuestionamiento radical de todo lo instituido y una impugnación de las lógicas mercantiles y estatales que parecían hasta ahora inconmovibles. El estado de emergencia, instaurado en Santiago primero y a los pocos días extendido a más de la mitad de las regiones del país, en realidad no es sino la expresión de un Estado en emergencia, que ante la pérdida de legitimidad social acude a la violencia más descarnada para sostenerse.

En esta línea, el segundo paso del gobierno, como respuesta a este emerger insumiso y destituyente, fue dictar la tarde del sábado 19 de octubre toque de queda totalen las provincias de Santiago y de Chacabuco, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo5. La apelación a las Fuerzas Armadas por parte del gobierno, lejos de interpretarse como una fortaleza del régimen político, pone en evidencia su precariedad hegemónica y el progresivo debilitamiento de los mecanismos de sometimiento ideológico que supieron apuntalar a este sistema de dominación tan intrincado. La desobediencia al toque de queda de cientos de miles de personas denotó aún más el resquebrajamiento del consenso neoliberal, y con el transcurrir de los días se fue desencadenando una crisis total del régimen. El millón y medio de personas en la última concentración masiva el viernes 25 de octubre en Santiago viene a reafirmar dicha crisis sistémica.

3. Reconfigurar “lo común” en la revuelta: una temporalidad y espacialidad otra y propia.

Durante esta semana de desacato e insubordinación, en las calles de Chile se ha vivenciado un claro enfrentamiento con el orden político, y al mismo tiempo se vislumbra embrionariamente una reinvención de la política. Uno de sus rasgos más sugerentes de esa reinvención que apareció en la revuelta es otratemporalidad, acelerada en su irradiación a contramano de todo lo previsible y a la vez calma e intensa en su vivencia, más similar a los pueblos indígenas que a la velocidad y liquidez capitalista.

Observamos una suerte de política in-mediata, en dos sentidos: de un lado por una ausencia de mediaciones (sean éstas las instituciones estatales, las organizaciones partidarias e incluso los movimientos sociales hasta ahora existentes) y de otro, como una autoafirmación en el “aquí y ahora” tanto de soluciones como de experimentaciones, que reniega de la paciencia indolente propia del tiempo gubernamental y mercantil. En ese tiempo propio, hay una ruptura y desavenencia visceral con respecto al dispositivo de la espera como tempografía disciplinaria. Y, además, hay una prefiguración de un tiempo “muy otro” en el presente de lucha, más denso e irreductible a los parámetros homogéneos y lineales de las manecillas del reloj. Las largas jornadas de concentraciones masivas, que se extendieron por muchas horas, son el mejor ejemplo de la restitución de un tiempo propio, de recuperar esa armonía temporal en los pueblos y los cuerpos, que se viola diariamente desde la velocidad vertiginosa de los flujos capitalistas en los modos de vida actual.

Esa otra temporalidad, tiene como complemento necesario otra espacialidad de acción social y política, otras formas de habitar lo político a partir de una co-laboración, es decir, un trabajo en común sustraído de la semántica y de las modalidades de intervención propias del orden liberal-burgués.

La ocupación de plazas y parques, de calles y andenes del metro, de balcones y esquinas, es también una recreación de una territorialidad con sentido propio que dotó a la protesta de una identidad no estatal, popular y comunitaria, cooperativa y autónoma. Ello condensó en la trama urbana la insumisión y el descontento a través de acciones directas, no sectoriales ni corporativas, sino con capacidad de concitar intereses comunes, amalgamar transversalmente medios y fines en un solo haz, y recomponer vínculos intersubjetivos, identidades colectivas, modos de vida y prácticas desmercantilizadoras a escala masiva.

Así es como con el transcurrir de los días de protesta, esta temporalidad y espacialidad contrahegemónica se ramifica y comienza a rearmar procesos de hermanamiento desde abajo6, que habilitan la deliberación pública a partir de la cooperación y la confianza mutua, reconfigurada por una pluralidad de expresiones organizativas. En los últimos días, las asambleas populares, ciudadanas y comunitarias empezaron a proliferar en muchísimos territorios, junto a la constitución de múltiples y simultáneas zonas temporalmente autónomas, que cortocircuitaron el orden socio-político asentado en la hegemonía neoliberal.

Una subjetividad antagonista se está dando cita allí, conjugada con una actitud carnavalesca y festiva, de protesta e indignación, de expansión de los deseos y los afectos, que en grado cada vez mayor asumió al cuidado mutuo y la reciprocidad entre pares como columna vertebral del trastocamiento de toda normalidad. Quizás algo muy básico, pero radicalmente revolucionario en Chile, fue que en esos espacios-tiempos otros se recuperó el saludo, el mirarse a los ojos, mostrar nuestros cuerpos, hablar de política, caminar con la cabeza en alto, cuestionar a los medios que llegaban a cubrir, denunciar la injusticia.

Lo que podría haber sido sólo una evasión individual de sujetos/as descontentos/as por no acceder a los bienes y servicios de la sociedad neoliberal, mutó en una evasión colectiva desde lo común, un rehuir de la mercantilización de la vida.

4. Más que violencia, (auto)defensa y recuperación de la vida, frente a la violencia sistemática de un Estado y una sociedad neoliberal.

Durante todos estos días, los medios hegemónicos chilenos -pero también los de otros países de la región- bombardearon a sus audiencias con imágenes de la “violencia” y el “vandalismo” ejercido por manifestantes en las protestas callejeras. No renegamos de esta arista tan molesta para el progresismo bien pensante, ni escamoteamos el necesario debate alrededor de ella, pero creemos que el discurso mediático rasca donde no pica, en la medida en que de manera simétrica invisibiliza lo sustancial del proceso en curso en las calles de Chile.

Los saqueos de grandes cadenas de supermercados no apuntaron jamás a vulnerar la vida, todo lo contrario, en su defensa cuestionan su cruda y perversa mercantilización y precariedad. Lo que subyace a estas acciones directas es una comunalidad, una impugnación a la lógica de endeudamiento, despojo, especulación financiera y deshumanización, que subsume todos los derechos sociales en dinero y hace de la vida misma mero valor de cambio.

Entonces, que no sorprenda que frente a un sistema de muerte que no da de comer ni de amar, se ejercite desde la indignación y la impaciencia una reapropiación de lo común (en su connotación más diversa e integral), que en algunos casos involucra formas de contraviolencia, las cuales -además de expresar un repudio en acto de ciertas instituciones que encarnan o simbolizan la dominación del Estado, el patriarcado del salario y la violencia del dinero- aspiran a resguardar la vida y apuntan a la satisfacción directa e inmediata de necesidades y deseos, sin acudir para ello a la brutal irracionalidad de la forma-mercancía (que sólo se puede obtener en función del poder adquisitivo que se tenga en el bolsillo o la tarjeta de crédito). Es decir, ejercieron por sus manos, lejos de la moral de lo correcto, lo que la sociedad neoliberal les pidió durante los últimos treinta años: una sensación de éxito e “integración” medida de acuerdo a los bienes de consumo que posee7.

El valor de uso del tiempo enajenado y el valor de uso de los productos se revitalizaron en cada saqueo concretado, molinete saltado o avenida tomada, a partir de una transgresión de la propiedad privada, un cuestionamiento de las gramáticas del poder estatal y una suspensión de la mediación del dinero que -desfetichización mediante- trocó en recuperación colectiva de lo que el orden capitalista pretende ofrecer como bien de consumo comprable y vendible, pero que en rigor fue expropiado previamente como producto y riqueza social a la clase trabajadora, a través de una sistemática e invisible política de despojo y confiscación8. De ahí que, en términos históricos, antes que saqueo, sea viva re-apropiación.

En paralelo, la declaración por parte de Sebastián Piñera de que “estamos en guerra contra un enemigo muy poderoso”, no debería leerse como un mero exabrupto ni una torpeza discursiva. Es la explicitación de un estado de guerra constante -a veces masivo y visible como ahora, otras más subrepticio y selectivo como en el caso de las comunidades mapuches, las mujeres, migrantes y las juventudes populares- que asume nuevas y múltiples formas, así como métodos no convencionales de exterminio y disciplinamiento. Esto es lo que el zapatismo ha denominado como “Cuarta Guerra Mundial”, en la medida en que ya no implica la confrontación entre dos ejércitos regulares en un territorio determinado, sino que involucra cada vez más a los Estados en alianza con tramas informales y sutiles de ejercicio de la represión, que en conjunto atentan contra la vida cotidiana de las poblaciones civiles y comunidades autoorganizadas.

Precisamente, ese “enemigo poderoso” al que alude Piñera no es otro que el “enemigo interno” al que las dictaduras militares intentaron diezmar décadas atrás, es decir, el pueblo, o mejor aún, los pueblos movilizados, aquí y ahora, devenidos sujetxs políticxs y que hoy denuncian las diversas y complementarias formas de violencia estatal-mercantiles, a la par que ejercitan una (auto)defensa de la vida en ese inmenso campo de batalla a cielo abierto que es el cuerpo-territorio chileno.

Lo sustancial de este proceso en curso remite por tanto a la dinámica de manifestación colectiva, deliberación pública, desnaturalización e impugnación de la trama de relaciones de dominio, y sostenibilidad en el tiempo de una multitud movilizada que se ha hastiado, dejando atrás el sentido de la inevitabilidad, la cultura del desvinculo y el miedo paralizador que supo introyectar la hegemonía neoliberal en gran parte de la población.

A este orden político y socio-económico aún en pie, cada vez menos legítimo y asentado en última instancia en el monopolio de la violencia que ostenta, pero vulnerado en su fibra más íntima desde la subjetividad insurgente y con potencialidad emancipatoria que se respira en las calles, aluden precisamente las pintadas que expresan “¡lo perdimos todo, hasta el miedo!”, “¡Tengo más rabia que plata pal pan!” y “¡abajo el Estado!”, como interpelaciones estampadas creativamente en algunas estaciones de Metro y paredones, a modo de grito de protesta contra el alza del precio del transporte público, pero sobre todo en defensa de la vida digna y lo común.

Algunas preguntas-generadoras para un final abierto

Lo que acontece en estos días en territorio chileno tiene ciertas características específicas y rasgos de excepcionalidad que sería necio negar. No obstante, al mismo tiempo es preciso leer esta insubordinación en el marco de un proceso más amplio de relaciones de fuerzas que -en grados e intensidad variable- se desenvuelve a nivel continental e incluso global.

La insurrección permanente desplegada en Haití desde hace por lo menos dos años, sumada al levantamiento indígena y popular acontecido semanas atrás en Ecuador, así como otras movilizaciones y acciones disruptivas que se vivencian en diferentes realidades de la región, dan cuenta de una misma vocación antagonista y destituyente, que rechaza de cuajo los planes de ajuste y las intentonas privatistas que pretenden imponer las clases dominantes y el imperialismo como salida a una crisis orgánica del capital que aún no pudo ser superada.

Tal como mencionamos anteriormente, estas rebeliones se solventan en una temporalidad “muy otra” y en espacialidades rehabitadas por lo común, no reductibles por tanto a los formatos y dinámicas de funcionamiento de la democracia representativa burguesa ni al individualismo neoliberal. Por ello no cabe encorsetarlas dentro de la camisa de fuerza de las experiencias de los progresismos latinoamericanos, ni tampoco asimilarlas a un mero “descontento ciudadano”; más bien se emparentan con un desborde que emerge más allá del Estado y el mercado, que precisamente viene no solamente a confrontar con las derechas enquistadas en el poder (como la que encabeza Sebastián Piñera), sino también a evidenciar las flaquezas y ambigüedades de los gobiernos y plataformas electorales de centro-izquierda, que se apresuraron a pregonar el entierro del neoliberalismo, de manera simétrica al tiempo que tardaron en darse cuenta que estaban velando al muerto equivocado.

En todos estos años, la retórica anti-neoliberal y democratizadora propagandizada por estas coaliciones y regímenes, tuvo en los hechos como contracara la persistencia de un capitalismo extractivista multiplicador de zonas de sacrificio, precariedad laboral, represión policial, femicidios, despojo de bienes naturales y vulneración de derechos colectivos; así como una subjetividad asentada en el endeudamiento y el consumismo acrítico, y una institucionalidad estatal burocrática y a contramano de la participación popular, todas ellas enemigas del buen vivir, los entramados comunitarios y el protagonismo desde abajo.

En función de este diagnóstico provisional, y al calor de lo que parece que ser un cambio de coyuntura sumamente imprevisible a escala continental -pero sin duda venturoso por las posibilidades que abre como certera impugnación del neoliberalismo-, compartimos algunas preguntas-generadoras que surgen a partir del panorama inédito que se vive actualmente en la región. Recuperamos en ellas el espíritu del pedagogo y educador popular Paulo Freire, quien nos convoca a cuestionar aquello que resulta obvio o previsible, y asumir que no existen respuestas definitivas ni estáticas desde el pensar crítico, ya que siempre implican desafíos y enorme creatividad por parte de los pueblos:

¿La revuelta en territorio chileno es síntoma de proyectos progresistas inconclusos del ciclo anterior? ¿O es resultado de -y respuesta a- la liviandad de los mismos?

¿Son acaso estas rebeliones la antesala de una nueva fase de probable ascenso de gobiernos progresistas reformateados? ¿O más bien expresan una crítica teórico-práctica a las limitaciones inherentes de estos procesos, que exige una reinvención radical de la forma, los medios y el fondo del proyecto emancipatorio?

¿Podemos leer esta revuelta como inconformidad ciudadana espontánea y transitoria? ¿O es pertinente interpretarla desde su antagonismo teniendo nuevamente como horizonte al socialismo?

¿Es apropiado buscar canalizar dicho emerger más allá del Estado a través de mecanismos institucionales? ¿un plebiscito con miras a una asamblea constituyente? ¿acaso una elección anticipada como necesario recambio de las élites políticas?

¿O resultaría más adecuado profundizar y fortalecer ese poder propio y alternativo, comunitario y popular, que permita vehiculizar la revuelta en más auto-organización y más lucha socio-política? ¿consejos locales, espacios mancomunales de articulación por abajo, asambleas populares?

No deseamos presentar una dicotomía entre un devenir de las luchas “dentro” o “fuera” del Estado, porque sabemos que el horizonte revolucionario requiera tal vez de ambas (aunque por cierto la experiencia histórica demuestre que estas temporalidades y lógicas tienden a ser discordantes), pero sí al menos nos interesa convidar y problematizar una serie de interrogantes adicionales, complementarios con los precedentes:

¿Qué aprendimos del ciclo de luchas anterior? ¿La traducción electoral -en gobiernos locales y el Congreso- de los movimientos sociales, territoriales y estudiantiles, obtuvo los resultados esperados? ¿Qué obstáculos, limitaciones y taras implican este tipo de modalidades de participación/presencia en la institucionalidad del Estado? ¿Qué interpelación/cuestionamiento hace esta revuelta a dicho esfuerzo?

¿En qué medida la rebelión popular que se vive en estos días en las calles de Chile es parte de un proceso de reanudamiento de las luchas emancipatorias impulsadas desde abajo a nivel continental?

Más allá de las posibles respuestas, que sin duda serán producto del propio andar colectivo como pueblos desde lo que Freire enunció como inédito viable, hoy resulta más claro que nunca que quienes aspiramos a superar la barbarie que expresan el capitalismo, el patriarcado y la colonialidad en esta fase tan cruel y represiva como apocalíptica por la que transitamos, no tenemos garantía alguna de triunfo. La nuestra es una apuesta frágil y sin certidumbre alguna, y en ella se nos juega tanto la posibilidad de edificar una sociedad radicalmente distinta a la actual, como la supervivencia de la humanidad y del planeta tierra en su conjunto. Por eso resulta urgente reinstalar en el seno mismo de estos procesos de lucha e insubordinación que circundan a la región, los debates estratégicos que necesitamos darnos desde el diálogo fraterno, la discusión colectiva y la escucha mutua.

En este marco, volver a situar al socialismo como alternativa civilizatoria no es sólo una opción entre tantas, sino una necesidad histórica acuciante balbuceada al pie de un desfiladero y a pasos nomás del abismo. Frente al declive y las limitaciones evidentes de los proyectos progresistas en nuestro continente, y ante una violenta contraofensiva general de las derechas, las clases dominantes y el imperialismo por superar esta crisis, sobre la base de una agudización de la xenofobia, la militarización de los territorios, el despojo de los bienes comunes, la precariedad de la vida y la superexplotación del trabajo, no cabe sino redoblar los esfuerzos por la construcción de un horizonte de carácter socialista.

Eso sí: será un socialismo en el que quepan muchos socialismos. Del poder popular y el buen vivir, comunitario, feminista, autogestionario, descolonizado, migrante, ecologista, plurinacional e internacionalista, tan multicolor y variopinto como la Whipala. Mientras tanto, tal como arenga una de las tantas banderas flameadas en las calles de Santiago, seguiremos luchando hasta que valga la pena vivir.

31 octubre 2019 0

1 Esta alza no es aislada, sino se registran más de veinte aumentos de este tipo desde la inauguración del Metro hace 12 años, ubicándolo como uno de los más caros de todo el continente (U$D 1,17). Se calcula que quienes cobran un salario mínimo destinan al menos el 13% de sus ingresos al transporte público.

2 No es ocioso mencionar que un 70% de la población gana menos de 770 dólares al mes, y 11 millones de chilenos (de los 18 que tiene el país) tienen deudas, por lo que podemos imaginarnos lo que implicó para una familia dicho incremento en términos del costo de vida, más aun teniendo en cuenta que este es uno de los pocos bienes y servicios que (en una economía neoliberalizada hasta el paroxismo) no puede pagarse con tarjeta ni de forma diferida, sino que golpea de manera directa al bolsillo de los sectores populares.

3 Cabe señalar que noticas en la prensa alertaron del uso de armamento militar de alto impacto, no permitido ni en las normas de la OTAN para acción militar en las ciudades.

4https://www.youtube.com/watch?v=X-YAnmsbnKM

5 Vale la pena recordar que el último toque de queda establecido fue en el terremoto de 2010 en la ciudad de Concepción, luego de que se reportaran numerosos saqueos a supermercados y tiendas, y que dicha medida no se decretaba en la provincia de Santiago desde 1986, tras el frustrado atentado contra Augusto Pinochet. 

6 Uno de los buenos ejemplos fue en diferentes ciudades del país marchas donde convergieron las barras bravas de distintos clubes de fútbol.

7 Esto no es nuevo, sino que ya fue develado el 2010 tras el terremoto. La población como “acto reflejo” de un inconsciente neoliberalizado ante el riesgo de desabastecimiento, acudió en masa a los grandes centros comerciales y cadenas de supermercados a apropiarse de diferentes bienes de consumo, algunos básicos y otros no.

8 Si ejercitamos una memoria de mediana y larga duración, la verdadera violencia y saqueo colectivo fundante del actual orden neoliberal, tiene sus raíces más profundas en la mal llamada “pacificación de la Araucanía” (equivalente a la “conquista del desierto” en lo que hoy es Argentina), eufemismos que aluden a la acumulación originaria y el genocidio que, de un lado y el otro de la cordillera, sentó las bases de las sociedades capitalistas contemporáneas. De ahí en más, se configura en ambos territorios un Estado racista y monocultural, burgués y terrateniente, blindado a los intereses populares y comunitarios. Este Estado ha sido el que en realidad ejercitó una violencia ofensiva al extremo contra esas otredades peligrosas a los ojos del poder, en tanto resultaron ajenas y refractarias a la “civilización occidental y cristiana”, y que en el caso de Chile, tras un prolongado e inestable derrotero histórico (que incluyó numerosas masacres militares contra los pueblos indígenas y las clases subalternas), agudizó su faceta coercitiva en la larga noche criminal de la dictadura pinochetista, que formalmente se prolonga del 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990, pero que continúa durante los años de invariante democracia tutelada que llegan hasta el presente, con la aplicación de un terror selectivo y más difuso pero no por ello menos efectivo.

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Los chilenos preparan la segunda marcha más grande del país

Bajo las consignas "Esto no ha terminado" y "Chile no se rinde", las organizaciones sociales y sindicales reunidas en la Plataforma Unidad Social continuaban esta tarde con la ola de protestas en contra del modelo económico y político vigente. Miles de personas se reunieron en el Parque O'Higgins para participar de un encuentro cultural en el cual cada organización de la plataforma tomó la palabra para exigir el fin de la militarización de las calles, condenar las violaciones a los derechos humanos y pedir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. 

"Lo que se ha manifestado durante la última semana en las calles de Chile es la exasperación de la sociedad civil frente a un modelo fundado en el abuso. Es la Constitución vigente -y la política que ella ha creado- la que ha sido enjuiciada por nosotras, nosotros y nosotres en las ciudades del país", sentencia el documento de la asamblea Unidad Social publicado esta mañana. 

El masivo acto convocado en el Parque O'Higgins mantiene a los chilenos en las calles por décimo día consecutivo , a pesar de que el presidente Sebastián Piñera se vio obligado ayer a levantar el toque de queda. Precisamente, hoy se lanzó la convocatoria a una marcha hacia el Palacio de la Moneda para el martes. 

Una de las consignas ya marca las expectativas para la movilización del 29, #LaMarchaMásGrandeChileII, en referencia a la histórica jornada del viernes pasado

"Nuestra acción continuará hasta lograr una transformación profunda del sistema vigente. Cuestionamos este modelo neoliberal abusivo que convierte nuestros derechos sociales en oportunidades para lucrativos negocios", sostiene el documento de la asamblea que reúne a más de cien organizaciones sindicales y sociales. 

El documento plantea como objetivo de largo plazo la necesidad de alcanzar una nuevo constitución como un "anhelo histórico", y propone además seis puntos para el corto y mediano plazo. 

  1. Exigimos el fin del Estado de Emergencia en todo el territorio nacional.
    2. Exigimos la desmilitarización de las calles.
    3. Exigimos también la aclaración total y la responsabilidad política y penal por cada uno de los casos de asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos en las últimas jornadas.
    4. Exigimos una inmediata y considerable reducción de las dietas parlamentarias. Una decisión rápida en esta dirección mostraría que la clase política al menos ha
    comenzado a comprender la profundidad del problema.
    5. Exigimos que se vote y apruebe a la brevedad el proyecto de ley de 40 horas. Porque Chile se lo merece.
    6. Además, exigimos al Poder Ejecutivo y al Parlamento el inicio de un diálogo inmediato que incluya a la sociedad civil. La situación de crisis actual no puede ser abordada solo por una cúpula política de escasa representatividad.
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“No hay término medio, ¡venimos a derogar el Decreto 883!”

Los rumores se intensifican de cuanto en cuento. Son las 9:20 pm del domingo 13 de octubre, y en el Ágora de la Casa de la Cultura se encuentran indígenas de diferentes comunidades, en su mayoría mujeres, pendientes de una pantalla ya que en unos momentos serán testigas y guardianes del esperado y postergado encuentro entre el gobierno de Lenín Moreno y las dirigencias indígenas del la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Feine (Consejo de Pueblos y Organizaciones indígenas evangélicos del Ecuador) y Fenocin (Confederación nacional de organizaciones campesinas indígenas y negras), la que se escenifica luego de la fallida reunión de las 3 de la tarde y que finalmente inició a las 5:48. Entre todas las presentes reina mucha expectativa, mucha desconfianza; conocen las tácticas del poder…

Aún está fresco el recuerdo del engaño del día 11, cuando fueron convocados a una reunión en la Asamblea Nacional de Ecuador. Mientras inicia la transmisión, que lleva dos horas de atraso, un testigo en primera persona, un quiteño de 30 años y que tiene una improvisada máscara hecha con una camiseta verde y una capucha, sus ojos irritados pues lleva tres días de mal dormir en la Casa de la Cultura junto con los indígenas, apoyando la protesta y sumando a la resistencia, relata y repite con insistencia, “¡fue ¡indignante!!, lo que pasó fue indignante, hay que hacer algo, hubo mucha gente herida, creo que hasta muertos”*.

Mientras la gente se agolpa alrededor de nuestro testigo, él continúa con su relato. “En las inmediaciones de la Asamblea nos emboscaron, nos llamaron a un diálogo para negociar, a la Asamblea ingresaron 50 mujeres, indígenas y mestizas. En eso, llegaron helicópteros con policías y municiones, nos engañaron con que vamos a dialogar y encendieron una bomba del lado de ellos, para simular que nosotros la habíamos arrojado. Nosotros íbamos en paz, con las manos arriba... empezaron a lanzar una cantidad tremenda de bombas, esa es la traición al pueblo, la mentira. Reaccionemos todos, este país es de todos”.

Entre voces de rabia y rechazo a lo sucedido, un brigadista de salud, con su tradicional bata blanca, repara en la censura sufrida por gran cantidad de medios de comunicación –emisoras en su inmensa mayoría–, pero también autocensurados y que no transmitieron nada de lo que estaba ocurriendo, lo único que se escucha en la radio, enfatiza, es música y en la televisión pasan películas viejas. Nadie dice ni sabe nada a través de esos canales, y cuando lo dicen es para desinformar, reina el desconcierto. Otra voz, esta vez de una joven universitaria, aclara que en redes sociales influencers, generadores de opinión, buscan desprestigiar constantemente las movilizaciones, con la misma táctica de siempre “lo que pierde el país con el paro”, enfatizando en daños de los bienes públicos y privados, interrumpiendo la transmisión cuando los entrevistados no son funcionales a su libreto.

Entretanto, en el parque el Árbolito, contiguo a la Casa de la Cultura, una mujer indígena menuda, joven, confronta a los mestizos y a la población en general que se acercan al recinto a dejar medicamentos, comida, cobijas, ropa. Su voz se quiebra y con lágrimas en los ojos reclama a los presentes: “Gracias por lo que dan pero no necesitamos más cosas, no estamos pidiendo limosna. Tenemos amontonada la comida, porque la gente viene y deja la comida para sentirse bien. Hablen con sus familias, nosotros dejamos nuestros terrenos, nuestros animales, nuestros hijos, (mientras) ustedes duermen bien, acá no se puede ni siquiera dormir, hubo días en que nos gasearon hasta las 3 de la mañana. Hagan conciencia, vayan golpeando de puerta en puerta y cuenten lo que está pasando, estábamos con las manos vacías, sin armas, dando de amamantar a nuestros hijos, hasta les dimos comida a los policías y nos atacaron. Luego el gobierno dice: ‘dejen la violencia’, ¿de dónde viene la violencia? Toda la vida el indio ha sido pisoteado ¿va a seguir siendo pisoteado, hermanos? Y acá los vecinos no se organizan, están en la ciudad y no se organizan, ¿acaso somos el ejército de ustedes? !No! Organicen la gente, esto no lo podemos hacer solos”.

Este llamado desesperado y común entre los indígenas parece encontrar aliados en amplios sectores de la sociedad quiteña y de otras ciudades del país. El movimiento indígena es el principal protagonista de la protesta y el paro nacional. La sorpresa provino de sectores sociales urbano, marginales, muchos de ellos muy jóvenes, que se sumaron de forma decidida a la lucha, estudiantes universitarios, voluntarios en salud y otros. Así fue como fracasó la estrategia de confrontar a los urbanos contra los rurales, mestizos contra indígenas.

El silencio es total, inicia la transmisión en directo, que no es dádiva gubernamental sino exigencia de la Conaie, para que así todo el país participe de una negociación a puerta abierta entre los ricos y el pueblo; para que toda la gente levantada por el país –en El Napo, El Oro, Santo Domingo de los Colorados, Otavalo, Ambato, Riobamba, Cuenca…– se sienta partícipe de la negociación, para que la rechace en caso de no lograrse en ella el propósito inmediato de la misma: la derogación del Decreto 883.


La transmisión va pasando las distintas intervenciones de quienes están en la mesa de negociación. Una mujer con gesto de preocupación mira una y otra vez la pantalla, su rostro está curtido por el evidente trabajo en el campo, su color de piel es el mismo que el de la tierra, sus manos grandes y fuertes no se quedan quietas, escucha con atención, ante un comentario frunce el ceño y dice con una voz potente, “estamos aquí y vinimos aquí, para la derogación del decreto 883 del FMI”, alguien menciona que hay que negociar, que se puede buscar un “término medio”, a lo que replica evidentemente molesta, “no hay término medio, ¡venimos a derogar el Decreto 883!”.

Y como si la estuvieran escuchando, por la televisión se escucha una de las exigencias de la Conaie en la vocería de Leonidas Iza: la inmediata derogación del Decreto 883. De parte del gobierno se cruzan las miradas, pero la decisión la habían tomado desde antes de llegar al recinto –seguramente sondearon el ambiente social, y su misma incapacidad para contener la furia popular– y confirman la aceptación de la exigencia.

La explosión de alegría popular es inmediata y copa las calles de diversas ciudades, a la par que los voladores hacen sentir, como eco, ese sentimiento de triunfo, el que una vez más confirma que desatada la furia popular no hay gas, bala, tolete (el garrote que lleva la policía), que la contenga.

Y así fue. El martes 15 de octubre Lenín Moreno firma el decreto 884 por medio del cual se deroga el derrotado por el alzamiento indígena y popular ecuatoriano. Las tarifas del transporte urbano regresan al histórico 0,25 de dólar, y el galón de gasolina a 1,45 dólares.

Mientras tanto la negociación, para los detalles de otro conjunto de aspectos que trae el paquetazo del FMI, continúa en el predio de la Iglesia en la zona de Lumbisí, a 30 kilómetros de Quito.

 

* La represión a lo largo de estos días alcanzó niveles nunca antes vistos en Ecuador, especialmente el viernes 11, los ataques indiscriminados, la violencia física de las fuerzas del orden, desnudaron su esencia, obedecer y liquidar al contrario, desconociendo al otro como un igual. Las cifras de la Defensoría del Pueblo, del 3 al 13 días de octubre, son aterradoras: 8 personas fallecidas, 1.192 detenidas y 1.340 heridas. Ante ello, emana un interrogante también presente en todos los países donde han alzamientos sociales: ¿Qué hacer con la policía y el ejército, igual de violentos por doquier, verdaderos violadores de los derechos humanos, verdugos de la voluntad popular?

 


 

Guayaquil 14 de octubre de 2019

 

• Amaranta Pico

 

Anoche, en el centro de Guayaquil, después de seguir atentamente los diálogos de paz, nos reunimos algunos amigos y amigas con quienes compartimos calle, refugio, comunicación, acompañamiento y cuidado estos días. Nos embargaba una mezcla de sensaciones: alegría por la potencia radical de vida del movimiento indígena y los logros de esta inmensa jornada; dolor y rabia por los crímenes de Estado, los muertos, heridos, detenidos y desaparecidos; agotamiento extremo; inquietud por las engañosas jugadas políticas por parte del gobierno; nuevamente alegría por todo lo que develó esta crisis a muchos niveles y por las redes de solidaridad y conciencia política que fortaleció; gratitud con la gente valiente y luchadora de Quito; certeza de que se trata de un proceso largo y complejo; extrañeza, vacío…

De pronto, escuchamos sonidos provenientes de la avenida 9 de Octubre, que se extendieron por la calle Pichincha, y luego por Aguirre y Malecón. Era la multitud que se había lanzado a celebrar. Al bajar, nos dimos cuenta que se trataba de la población indígena de los distintos barrios de Guayaquil y Durán. No sólo era baile, canto y festejo, era también manifestación, “toma de la plaza”. Nos unimos a la extraordinaria caravana que avanzó con fuerza hasta la Gobernación y el Municipio.

Al caminar con todas esas personas que la ciudad intenta ocultar, que la ciudad no quiere ver… sentimos que presenciábamos y éramos parte de un hecho inédito, una respuesta eufórica sí, pero también un acontecimiento simbólico fundamental.

Por un altoparlante, exclamaban: “…esta calle 9 de Octubre, donde se nos tenía prohibida la entrada, ahora nos la tomamos, pacíficamente, somos runas, nosotros que sembramos la tierra ahora estamos aquí por primera vez, porque nosotros vivimos y trabajamos aquí, venimos del páramo y nuestros hijos han nacido aquí, también somos guayaquileños, ¡carajo! Hoy hemos vencido”.

Con nuestros cuerpos íbamos limpiando los espacios de violencia y miedo, los lugares en los que se exteriorizó la represión y confusión estos días. Pasamos por donde poco antes habíamos corrido escapando de las bombas lacrimógenas y todo el amedrentamiento policial y militar, por los sitios donde se expresó también la alevosía de la marcha racista convocada por el Partido Social Cristiano. Caminamos por la 9 de Octubre, pasamos por Boyacá, hasta el parque Centenario.

Creo que en Guayaquil, en esta ciudad que habito y quiero tanto, podemos más que nunca potenciar la escucha al otro, mirarnos en nuestra diversidad. Creo en las redes humanas comunitarias, en los tejidos colectivos que nos sostienen. Creo en el vínculo, en la memoria presente, en pulsar amor. Creo en la reafirmación de la vida.

Publicado enEdición Nº262
Exigen 1.2 millones de chilenos la renuncia de Sebastián Piñera

Una nueva Constitución, vía de solución, el consenso

 

Santiago. Una semana después del estallido social que sacude a Chile, con estado de emergencia y toque de queda en 15 de las 16 regiones del país, y más de 20 mil soldados desplegados, el gobierno de Sebastián Piñera luce superado por el desarrollo de la crisis, errático en su capacidad de reacción y sin encontrar ningún atisbo de solución en lo inmediato, coinciden analistas.

Si bien se redujeron significativamente saqueos e incendios que se dieron en las primeras jornadas, la movilización ciudadana constante e irreductible mantiene alterada la vida cotidiana del país. La máxima expresión de ello ocurrió este viernes en Santiago, cuando un millón 200 mil personas (cifra oficial) se reunió para marchar pacífica y alegremente por la Alameda, la principal avenida de la capital, en una gesta épica multicultural, donde se expresó la diversidad de la sociedad chilena. En muchas otras ciudades, grandes y pequeñas, se repetían las escenas.

"Chile despertó" y "Piñera, renuncia ya", son las consignas que unen a millones y que han puesto de rodillas a Piñera. La mayoría son jóvenes, muchos estudiantes, pero también los hay desplazados y marginales, víctimas del modelo. Concurren familias enteras, veteranos, profesionales, abuelas, jefas y trabajadoras de hogar, colectivos gay y lésbicos; es un universo social.

El baile de los que sobran, icónica canción de Los Prisioneros, grupo de rock contestatario que saltó a la fama en los años 80, denunciando con su música la marginalidad de los jóvenes en la dictadura de Pinochet, fue entonada como himno de plena vigencia.

Mil guitarristas se congregaron frente a la Biblioteca Nacional para interpretar canciones de Víctor Jara –asesinado por los militares en 1983– entre ellas la emblemática El derecho de vivir en paz.

La gente concurrió temprano desde todos los puntos de la ciudad al sitio clave del encuentro, la Plaza Italia, donde confluyen tres importantes avenidas. Allí, sin liderazgos, sin discursos, sin bocinas ni escenarios y sin banderas de partidos, la gente compartió sus penas y esperanzas, marchó por la Alameda en un ejercicio de catarsis monumental, en incesante recorrido de ida y de vuelta por varios kilómetros hasta las cercanías del Palacio de La Moneda, cercado por un férreo anillo policial que impidió a cualquiera aproximarse a menos de 500 metros.

Al término de la manifestación algunas decenas de violentos prendieron barricadas, saquearon comercios e intentaron quemar los accesos a una estación del Metro (Baquedano, donde hay un cuartel policial en el que se torturó a los detenidos, según denuncias).

Los analistas, con independencia de su sesgo ideológico, coinciden en que el único camino es una nueva Constitución para extirpar la lógica ultramercantilista de la sociedad y la economía chilena, que funciona concentrando la riqueza en pocos y generando millones de desplazados y abusados.

Sin embargo, el gobierno y la ultraderecha no aceptan esa realidad. Por tanto, la crisis se arrastra, se multiplica y hace crujir al gobierno. Mientras, crecen las cifras de muertos (19), heridos (997, la mayoría por armas de fuego) y detenidos (3 mil 172).

Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, advierte la falta de consistencia en la forma como el gobierno enfrenta la crisis, al tratar de convencer a los chilenos de que se trata de un estallido delictivo y no un estallido social.

"Piñera habló de guerra frente a un enemigo poderoso, pero no pudo justificar por qué era una guerra y tampoco identificar al enemigo del que tenía antecedentes. Al gobierno le ha costado transitar desde la idea de estallido delictivo al estallido social y eso ha ido de la mano de un presidente y un gabinete que no son capaces de sintonizar con las demandas", advierte.

Piñera ha rechazado la exigencia de realizar un cambio de gabinete que incluya al desacreditado ministro del Interior, su primo Andrés Chadwick, irrelevante en la conducción de la crisis.

"Es muy tozudo en eso; la tesis del gobierno es que esto es un capricho generacional y como todo capricho va a pasar con el tiempo; según el gobierno ya pasamos la etapa más difícil y esto se va a ir diluyendo y en ese momento podría modificar el gabinete", dice Morales.

¿Qué vías de solución podría tener la crisis? Nada está claro, el escenario está abierto, para el gobierno es una cuestión de tiempo, para las organizaciones sociales es asunto de resistencia, para los partidos es aguante y para la ciudadanía las soluciones son a corto, mediano y largo plazos.

Para Axel Callís, sociólogo de la Fundación Chile 21, Piñera está equivocado en el enfoque de solución, porque no puede o se niega a entender que los satisfactores que ofrece son insuficientes. "Son medidas que están financiadas por todos los chilenos y lo que quiere la sociedad son mejoras estructurales, es decir, que se toque el corazón del modelo en términos de pérdida de privilegios", opina Callís.

Para él, la crisis no se resuelve sin operar sobre lo estructural. "Entre los analistas hay un consenso en que más temprano que tarde todos los caminos apuntan hacia una nueva Constitución", dice.

–¿Podría Piñera, desesperado por salvar su presidencia, tener la audacia de generar condiciones para producir una nueva Constitución?

–Él todavía tiene que quemar cartuchos, restructurar su gabinete, le quedan medidas por ofrecer, tiene espacio para entregar cosas sin tocar el modelo y, además, generar negocios para los privados. En términos de solución profunda, él no va a llamar a una Asamblea Constituyente, pero puede llamar a un plebiscito que establezca el mecanismo para cambiar la Constitución; todavía tiene cartas por jugar.

–¿Corre riesgo la presidencia de Piñera?

–En esta contradicción entre resistencia y normalidad, lo que antes era un absurdo hoy está más cerca de lo que uno cree. El principal problema de Piñera es su personalidad, su narcisismo que no le permite asentir que ha fracasado en su gobierno. Como no es un político tradicional, sino que un especulador financiero transformado en político, su personalidad poco ayuda a la solución y es posible que fuerce una salida que no le permita entender que esto no es personal.

Ayer temprano una caravana de camioneros avanzó lento por las carreteras urbanas, causando embotellamientos, exigiendo terminar con los peajes diferenciados por horarios y que se cobran por tramo recorrido.

Las autopistas urbanas e interurbanas son otro símbolo del abuso del sistema ultraneoliberal. Construidas en los años 90 con el modelo de concesión a privados, representaron una solución expedita para modernizar la anacrónica red vial. El modelo se aplicó en todas las ciudades y regiones donde la demanda fuera suficientemente crítica como para atraer la inversión privada. Las excelentes carreteras florecieron como hongos y fueron festejadas conforme se inauguraban, le cambiaron la vida a la gente e impulsaron la economía. Pero eso fue hace 25 años.

Desde entonces las concesionarias extranjeras recuperaron holgadamente la inversión inicial, las tarifas aumentaron en términos reales más de 40 por ciento, los contratos se renovaron y garantizan alta rentabilidad mediante tarifas que se reajustan año a año. Además, las autopistas se han ido quedando chicas y congestionadas para los volúmenes de tránsito que ahora soportan. La mayoría de los automovilistas las aborrece, porque si quieren viajar razonablemente rápido a sus destinos están obligados a usarlas. La expresión del odio fue literalmente quemar los pórticos donde están instalados los detectores que marcan el paso de los vehículos.

Publicado enCrisis Chile
Viernes, 25 Octubre 2019 06:24

Un gran desorden bajo los cielos

Un gran desorden bajo los cielos

El aumento del precio del pasaje de autobús en Santiago era de 30 pesos (un dólar son 720 pesos), elevando el costo a 830. Es evidente que la reacción popular no fue por esos 0.04 dólares por billete, sino que obedeció a causas muy profundas que tienen nombre: neoliberalismo/ extractivismo/ acumulación por despojo.

El levantamiento en Quito fue, formalmente, contra el fin de los subsidios a los combustibles, que siempre encarecen los alimentos y escalan los precios. Los pueblos originarios y los trabajadores aprovecharon la brecha abierta por los transportistas, que no tienen intereses populares sino corporativos, para lanzarse a la yugular del modelo.

En ambos casos, y en muchos otros, lo que está sucediendo es que los pueblos están hartos de una desigualdad que no para de crecer bajo los gobiernos de los más diversos signos. Porque la desigualdad es estructural y está ligada de forma estrecha al modelo extractivista, que se resume en polarización social, pobreza creciente y concentración de poder en las élites financieras y las grandes empresas multinacionales.

Las gigantescas movilizaciones populares, en Quito, en Santiago, en Puerto Príncipe, por no hablar de Barcelona, Hong Kong y París, muestran dos cosas que están pautando la situación: el poder que ha adquirido la movilización popular, capaz de configurar hondos virajes políticos, y que las acciones colectivas trascienden gobiernos, cuestionando un modelo que produce miseria abajo y lujo arriba.

Para ser más precisos: junio 2013, con 20 millones de brasileños en las calles en 350 ciudades, fue un grito contra la desigualdad que sepultó la gobernabilidad lulista al no haber comprendido el gobierno la profundidad del clamor. Diciembre de 2017 fue clave, pero en un sentido inverso, ya que sepultó la gobernabilidad conservadora y clasista de Macri (https://bit.ly/2MWWh4M).

Sin embargo, esas apreciaciones siguen siendo generales y no tocan lo central. Caminar por las calles de Quito estos días de octubre, donde permanece el olor pegajoso del humo de las llantas quemadas, te fuerza a la reflexión. Los intercambios con personas de los más diversos movimientos, rurales y urbanos disipa la niebla de la confusión sistémica en la que nos movemos.

La primera apreciación es que en el levantamiento jugaron un papel decisivo las mujeres y los jóvenes, que desbordaron a los dirigentes históricos. Ellas protagonizaron la mayor marcha de mujeres en la historia de Ecuador, aportando los saberes de la reproducción y el cuidado de la vida, sumando lucidez al fervor juvenil sin menoscabo de la combatividad.

La segunda es la diferencia entre un levantamiento organizado y un estallido espontáneo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) es una organización de base comunitaria, muy bien estructurada y por eso tuvo la capacidad para sacar a los provocadores de las marchas, incluso a los encapuchados. Algo que no está siendo posible en Chile, donde las manifestaciones son sistemáticamente infiltradas por agentes de la policía que alientan saqueos que vuelven a la población en contra de las protestas.

La tercera es que el levantamiento fue posible gracias a las comunidades rurales en primer lugar, que aportaron lo necesario para asegurar la permanencia durante 12 días en la lejana Quito. Dos fuerzas destacaron: las comunidades de la sierra central, al norte y al sur de la capital, y los pueblos amazónicos, cuya llegada organizada como guardia indígena fue decisiva en las jornadas finales.

También hubo una presencia importante de las comunidades urbanas, los barrios pobres donde los jóvenes jugaron un papel activo y decisivo. Un sector de las clases medias urbanas superó el racismo fomentado por los medios y apoyó con agua y alimentos a los pueblos originarios.

Por último, está la interpretación de lo que viene sucediendo. Entre los diversos análisis, creo que el más profundo es el que ensaya Juan Cuvi y sus colegas, en un trabajo titulado El agotamiento de un modelo de control social (https://bit.ly/2W6nLsV). Este modelo nació a comienzos de la década de 2000 con Lucio Gutiérrez y fue desarrollado por la década de Rafael Correa.

En efecto, el modelo está en crisis, pero no se avizora nada que lo pueda sustituir a corto plazo. Por eso el caos en curso, que durará un tiempo imprevisible, hasta que maduren las fuerzas capaces de superarlo. Debemos pensar en términos de décadas, más que de años y, menos aún, comprimir los cambios en curso a los tiempos electorales. Tampoco podemos pensar que lo que venga sea necesariamente mejor que lo que caduca.

Un gran desorden, como señalaba Mao Zedong, puede ser algo positivo. Un gran orden, es el cementerio social que necesitan los capitales para seguir acumulando. No alcanza con el desorden para modificar las cosas. El sistema cuenta con la protesta social para reconducirla hacia sus intereses, aprovechando la confusión que puede serle funcional, si no encontramos los modos de convertir la coyuntura en un escenario favorable a los pueblos.

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 Un autobús en llamas, en el centro de Santiago de Chile, durante las protestas. CLAUDIO REYES AFP

El estado de emergencia implica algunas restricciones a la libertad de locomoción y reunión por un máximo de 15 días, que pueden ser prorrogables, en ese caso con autorización del Congreso Nacional, y deja en manos del militar asignado la seguridad de las zonas bajo las que rige la medida.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó en las primeras horas de este sábado el estado de emergencia en Santiago, tras las numerosas protestas desatadas en la capital contra la subida del precio del billete del metro.

"Frente a los graves y reiterados ataques y atentados contra las estaciones y las instalaciones del metro de Santiago, contra el orden público y la seguridad ciudadana (...) he decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco, y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la región Metropolitana", dijo el mandatario.

Piñera compareció ante la prensa en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, y explicó que el objetivo de esta medida es volver a recuperar la normalidad que se ha visto seriamente afectada este viernes en las calles de la capital chilena por protestas, disturbios, barricadas, incendios y saqueos.

"El objetivo de este estado de emergencia es muy simple pero muy profundo: asegurar el orden público, la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y por sobre todo garantizar los derechos de todos", señaló el presidente.

Entre la tarde y la noche las protestas se han recrudecido en Santiago en numerosos puntos de la urbe, donde se han saqueado locales comerciales e incendiado estaciones de metro y algunos autobuses del transporte público.

"Nuestros compatriotas que se han visto seriamente complicados por la acción de verdaderos delincuentes que no respetan a nada ni a nadie, que están dispuestos a destruir una institución tan necesaria como es el metro y que además no respetan los derechos ni las libertades de sus compatriotas", agregó el jefe del Ejecutivo chileno.

Recalcó, además, que el Gobierno ya había invocado la ley de Seguridad del Estado a lo largo de la jornada del viernes para que la Justicia persiga a todos los involucrados en los disturbios acaecidos.

Piñera confirmó también la designación del general de división Javier Iturriaga del Campo como jefe de la defensa nacional mientras dure el estado de emergencia. El artículo 42 de la Constitución chilena establece que en caso de estado de emergencia por grave alteración del orden público "las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la defensa nacional que designe el presidente" y asumirá atribuciones y deberes.

La capital chilena vivió este viernes una jornada de graves altercados por las protestas ciudadanas por el aumento del precio del billete de metro, que derivaron en incendios en varios puntos de la ciudad, barricadas, saqueos y graves destrozos de mobiliario urbano y de la red de suburbano.

Militares en la calle

Así lo confirmó el general de división Javier Iturriaga del Campo, designado como jefe de la Defensa Nacional por el presidente chileno, Sebastián Piñera, después de que el mandatario decretase el estado de emergencia en la provincia de Santiago -que alberga la mayor parte de las comunas de la Región Metropolitana (RM)-, en la provincia Chacabuco y en las comuna de Puente Alto y San Bernardo, sectores todos pertenecientes a

"Las fuerzas policiales siguen ejerciendo sus tareas de patrullaje y control de los servicios de vía pública y control de aquellos sectores que fueron afectados. Las fuerzas militares van a salir ya en este momento a patrullar la ciudad en aquellos sectores más conflictivos", dijo Iturriaga del Campo en rueda de prensa.

El militar, que en virtud de su nombramiento se hace cargo de la seguridad de los sectores en los que rige el estado de emergencia, destacó que su intención es "recuperar la normalidad a la mayor brevedad" posible y pidió a la gente que se fuera a sus casas.

"He asumido el control y el mando de las fuerzas militares y las fuerzas de orden y seguridad (...) y estamos mandatados para evitar que se sigan cometiendo desmanes y destrozos en la ciudad y, lo más importante, recuperar a la brevedad los derechos y las libertades de las personas para que puedan seguir ejerciendo su vida con normalidad", agregó.

El estado de emergencia implica algunas restricciones a la libertad de locomoción y reunión por un máximo de 15 días, que pueden ser prorrogables, en ese caso con autorización del Congreso Nacional, y deja en manos del militar asignado la seguridad de las zonas bajo las que rige la medida.

En ese sentido, el general de división del Ejército de Chile descartó por el momento que se vaya a decretar el toque de queda en estos lugares y explicó que el mando de Carabineros está ahora bajo la autoridad militar.

santigo de chile

19/10/2019 09:29 Actualizado: 19/10/2019 10:59

efe

Publicado enCrisis Chile
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