Martes, 04 Mayo 2021 12:05

Colombia 28A

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1️⃣  *305* personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. *23* sufrieron lesiones oculares.  *47* personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
2️⃣ *11* personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
3️⃣ *18* personas han sido asesinadas presuntamente por el accionar de la Policía _(está cifra es provisional)_.
4️⃣ *988* personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles.
5️⃣ *8* allanamientos que fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas.
6️⃣ Se han presentado *398* denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. 
 
Conoce la información completa en:
 

 
En estos momentos la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada entrega a la @FiscaliaCol y @DefensoriaCol base de datos de 379 personas que aún siguen desaparecidas en el marco del #ParoNacional, información documentada por más de 26 organizaciones que hacemos parte de la MDTDF
 

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https://www.desdeabajo.info/colombia/item/42331-disturbios-en-colombia-en-imagenes-cali-se-rebela-contra-la-brutalidad-policial-durante-las-protestas.html

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Reporte desparecidos protestas abril....

 

 

 

Reporte desparecidos Barranquilla y el Atlántico

 

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Martes, 04 Mayo 2021 09:41

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1️⃣  *305* personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. *23* sufrieron lesiones oculares.  *47* personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
2️⃣ *11* personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
3️⃣ *18* personas han sido asesinadas presuntamente por el accionar de la Policía _(está cifra es provisional)_.
4️⃣ *988* personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles.
5️⃣ *8* allanamientos que fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas.
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Según la petición de juicio, en Chile se cerraron ya 3.050 causas por violencia institucional contra quienes participaron en el estallido social. Foto: CIPER Chile.

El exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), solicitaron este jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue, acuse e inicie un juicio al presidente chileno Sebastián Piñera.

De acuerdo con un escrito enviado a la fiscal general de la CPI, la abogada Fatou Bensouda, enjuiciar a Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales se torna imperativo por “crímenes de lesa humanidad” que habrían sido “cometidos de manera generalizada y sistemática” desde octubre de 2019.

Los promoventes de la causa sostienen que “los hechos acontecidos tras el estallido social (de ese año) revisten categoría (…) de crímenes de lesa humanidad”.

Asimismo, quieren “poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile”, donde según afirman, se cerraron 3.050 causas por violencia institucional asociadas al estallido social.

El documento argumenta que la CPI ha de intervenir debido a que en esa nación suramericana estos casos son calificados como delitos comunes de una manera errónea y deliberada.

El texto agrega que con ello se procura “sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y (…) preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final”.

Además, se denuncia que los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley.

A juicio del presidente de la CHDH, el abogado Carlos Margotta, la petición de un juicio a la CPI busca sancionar a las máximas autoridades chilenas, incluyendo a los sucesivos ministros del Interior y Defensa, además de los generales directores de Carabineros.

29 abril 2021

(Con información de Telesur)

Publicado enInternacional
Jueves, 15 Abril 2021 05:34

Cambio de gobierno en Haití

Cambio de gobierno en Haití

Por una crisis de inseguridad

El gobierno de Haití ha presentado su renuncia y el país tiene nuevo primer ministro, anunció el miércoles el presidente, Jovenel Moise (foto), quien agregó que el cambio tiene como objetivo abordar la grave crisis de seguridad que padece esta nación asolada por la pobreza y la corrupción.

"La renuncia del Gobierno, que acepté, permitirá abordar el flagrante problema de la inseguridad y continuar las discusiones con miras a alcanzar los consensos necesarios para la estabilidad política e institucional de nuestro país", tuiteó Moise. "Presenté esta noche mi dimisión al presidente de la República", confirmó de su lado el primer ministro saliente, Joseph Jouthe.

Nombrado en marzo de 2020, Jouthe ha permanecido apenas un año en el cargo, en un país donde la sucesión de jefes de gobierno se ha visto acelerada en los últimos tiempos. El nuevo primer ministro es Claude Joseph, hasta ahora ministro de Relaciones Exteriores.

El país caribeño, el más pobre del continente americano, sufre un repunte de la inseguridad, particularmente de secuestros para extorsionar y obtener dinero por parte de las pandillas, que gozan de un alto grado de impunidad.

Jovenel Moise, centro de una fuerte ola de contestación por parte de la oposición política y de buena parte de la población haitiana, que exige su marcha, nombra así a su sexto primer ministro en cuatro años de gobierno.

Secuestros y fugas

Último ejemplo de la deriva del país, el secuestro el domingo de diez personas, entre ellas siete religiosos -cinco haitianos y dos franceses-, cerca de Puerto Príncipe. La Iglesia católica haitiana denunció el lunes la falta de acción de las autoridades tras los hechos. Los siete religiosos siguen en manos de su captores.

Otra muestra del peligro de anarquía generalizada que planea sobre este pequeño país fue la fuga en febrero de más de 400 detenidos de una prisión en las afueras de la capital en la que murieron 25 personas, incluido el director del centro.

Claude Joseph sustituye como primer ministro a Joseph Jouthe, quien es también el presidente del Consejo Superior de la Policía Nacional y que se mostró incapaz, en poco más de un año a la cabeza del gobierno, de hacer frente a este recrudecimiento de la inseguridad.

El presidente, Jovenel Moise, estima que su mandato debe terminar el 7 de febrero de 2022, mientras que para la oposición y parte de la sociedad civil, ya concluyó el 7 de febrero de 2021.

El desacuerdo se debe a que Moise fue elegido en unos comicios anulados por fraude, y reelegido un año más tarde. Sin Parlamento activo, Haití se hundió aún más en la crisis durante 2020 y el presidente gobierna por decreto, alimentando la creciente desconfianza hacia él. En este contexto de inestabilidad, Moise decidió organizar en junio un referéndum constitucional, denunciado como un engaño por la oposición.

A finales de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU reclamó a Haití, en una declaración aprobada por unanimidad, que sus preparativos electorales "se hagan con miras a unas elecciones presidenciales libres, equilibradas, transparentes y creíbles en 2021".

Redactada por Estados Unidos, la declaración subraya también "la necesidad urgente de celebrar unas elecciones legislativas libres, equilibradas, transparentes y creíbles, que han sido retrasadas desde octubre de 2019".

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La investigación de la comisión de la Verdad ecuatoriana duró un año y medio.

Por la represión a las protestas en 2019

La Comisión Especial para la Verdad y la Justicia recopiló 519 testimonios sobre el levantamiento popular de octubre de 2019 en Ecuador. El informe final señala que el Estado llevó a cabo delitos de lesa humanidad y pide que se juzgue a los responsables.

 

Seis personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano durante las protestas de octubre de 2019. Este es sólo uno de los hechos más importantes que reveló la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia tras casi un año y medio de investigación en Ecuador. El organismo creado por el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, además denunció que se violentó gravemente el derecho a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal de los manifestantes. "El gobierno nacional generalizó el argumento de que la protesta social era violenta y así pretendió justificar el uso irracional y desproporcionado de la fuerza", dijo Carrión a Página/12. La Comisión también le dedicó un apartado a la cobertura mediática. El análisis arrojó que los medios con mayor llegada se limitaron a repetir el relato gubernamental.

La cara autoritaria del neoliberalismo

El “paquetazo” que intentó imponer Moreno, en línea con las solicitudes del Fondo Monetario Internacional (FMI), tuvo su resistencia en la calle a fines de 2019. Tras casi dos años de políticas de ajuste, la gota que colmó la paciencia del pueblo ecuatoriano fue la quita del subsidio a los combustibles. A los pocos días de tomada esta medida el precio de las naftas más baratas y el diesel comenzó a subir de manera desproporcionada. Así, el 3 de octubre comenzaron las movilizaciones que tuvieron como punta de lanza al sector transportista. Luego se convocó a un “paro nacional” al que se plegaron estudiantes y sindicatos de trabajadores. Pero la participación más importante vino desde el movimiento indígena, que se movilizó a escala nacional. Moreno respondió decretando el “estado de excepción” y toque de queda. De esta manera policías y militares tomaron las calles de todo el país. Los resultados no se hicieron esperar: hubo miles detenidos y al poco tiempo se produjo la muerte del primer manifestante.

Fueron 13 días de resistencia popular que finalmente obligaron a Moreno a dar marcha atrás con la quita de subsidios. Sin embargo, a un costo altísimo: al 13 de octubre la Defensoría del Pueblo documentó al menos ocho personas muertas y 1.340 atendidas en centros de salud por circunstancias relacionadas a la protesta. En paralelo, el Ministerio Público comenzó a investigar a los dirigentes del movimiento indígena. También se abrieron procesos judiciales contra políticos ligados al partido expresidente Rafael Correa. Varios de ellos fueron detenidos, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. A su vez la asambleísta Gabriela Rivadeneira, junto a otros integrantes del correísmo tuvieron que exiliarse en México ante lo que denominaron una persecución judicial. Al día de hoy continúan allí y sus causas siguen abiertas.

 “Ejecuciones extrajudiciales”

En ese contexto convulsionado el Defensor del Pueblo decide conformar la Comisión para investigar los hechos ocurridos del 3 al 16 de octubre. La pandemia retrasó la salida del informe pero finalmente esta semana fue presentado al público. Los resultados son concluyentes: hay evidencia de la participación estatal en múltiples delitos de lesa humanidad. Por este motivo, la presidenta de la Comisión, Sybel Martínez, pidió que la fiscalía utilice los datos volcados en el informe para iniciar procesos legales. “Son 519 testimonios de los que 249 responden a violaciones de DDHH. Se puede ver una actuación sostenida en este sentido por parte de las fuerzas del orden durante todo el paro nacional", indicó Martínez.

El informe documenta seis muertes provocadas presuntamente por ejecuciones extrajudiciales en manos de la policía ecuatoriana. Todas se dieron en el contexto de las protestas. El caso de Segundo Inocencio Tucumbi Vega, dirigente indígena de 50 años, da cuenta de la brutalidad de la represión en Quito. Su muerte se produjo luego de que la policía arrojara gases lacrimógenos en la Universidad Salesiana, uno de los espacios que la policía y las organizaciones indígenas habían acordado como “centros de paz”. En estos núcleos alejados de la zona de protesta los manifestantes llegados desde distintos puntos del país descansaban y se alimentaban. Según testigos, Tacumbi Vega había salido a la calle obligado por los gases y allí habría recibido el impacto de una bomba lacrimógena.

El informe también documenta 22 casos de atentado contra el derecho a la vida, 123  violaciones a la integridad personal, 38 violaciones del derecho a la libertad, tres personas víctimas de violencia sexual y 20 personas con lesiones oculares. El Defensor del Pueblo subrayó que el gobierno Moreno justificó el uso de la fuerza para defender la democracia. “Eso contradice la Constitución. No tiene sentido que un gobierno salga a defender la democracia privando de la vida o afectando la integridad de las personas”, sostuvo Carrión. A su vez la Comisión informó de otras seis muertes producidas durante las protestas pero sin conexión directa con personal policial. 

La entonces Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, habían sostenido que las movilizaciones estaban siendo fogoneadas desde Venezuela y Cuba. Martínez señaló que estas declaraciones, hasta el momento no comprobadas, tuvieron como finalidad construir la figura de un “enemigo interno”. “Se buscó justificar la vulneración de derechos de los manifestantes, pero por otro lado, también se implantó un estado de terror durante las protestas”, indicó la comisionada.

Con la agenda del gobierno

El informe de la Comisión concluyó que los medios masivos, tanto de televisión, internet y radio, así como gráficos, reprodujeron el relato oficial. A la hora de encarar la cobertura de las protestas los medios hegemónicos se centraron en mostrar la “violencia de los manifestantes”. A la par, utilizaron como fuentes mayoritarias de sus noticias a las autoridades de gobierno y funcionarios. “Hubo un preocupante nivel de desinformación en todo el país. Se actuó con sesgo que en algunos casos llegó hasta la censura. Llamamos a las cabezas visibles de los medios para preguntarles con qué criterio bajaron ciertas las notas. Se justificaron apelando al ‘estado excepción’ decretado por el gobierno”, sostuvo Martínez. Además señaló que los medios alternativos y comunitarios fueron los que aportaron una mirada distinta, encarando sus notas bajo una perspectiva de DDHH y amplificando la voz de las víctimas.

Para el actual ministro de Gobierno de Ecuador, Gabriel Martínez, el informe de Comisión no presentó la verdad de los hechos. “Lo real fue que tuvimos unas protestas con fines políticos, con fines de desestabilización política, en los que la Policía actuó firmemente, correctamente, intentando proteger a las personas, restablecer el orden”, sostuvo el ministro. Además señaló que el informe no menciona la violencia contra la policía, ni el vandalismo contra edificios públicos. El Defensor del Pueblo rechazó esta afirmación. “Determinamos que hubo actos violentos por parte de los manifestantes y pedimos a la fiscalía que insista en esas investigaciones. La impunidad no puede estar en ningún lado. Pero por otro lado vemos que hasta el momento el Ministerio Público solo se dedicó a buscar sanciones contra los manifestantes, y no hacia los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, señaló Carrión.

En ese sentido la presidenta de la Comisión indicó que la Justicia se está moviendo con lentitud para juzgar las responsabilidades estatales.  “En el tema de vulneración de derechos han actuado muy lento. Pero en otros temas sí se avanzó con más ahínco. La prefecta Pabón nos decía que le llamaba la atención la rapidez con la que manejaron su caso”, señaló Sybel Martínez. Para el Defensor del Pueblo la Justicia está siendo parcial. “Este informe pretende dar a conocer la verdad. La Comisión, formada por personas sin sesgo partidista, llegó a la conclusión de que hay indicios de responsabilidad en delitos de lesa humanidad por parte del Estado”, enfatizó Carrión.

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Unos activistas prueban una especie de gran cauchera sujeta a un poste, ayer en Rangún

 

Incendiada una treintena de fábricas chinas en las últimas protestas en Rangún

 

Las calles de Hlaingthaya tienen fama de duras. Este municipio, en el extremo occidental de Rangún (la ciudad más grande de Birmania), es uno de los más poblados del país, donde gran parte de sus 700.000 habitantes trabaja en los cientos de factorías textiles del lugar. Muchos de ellos son emigrantes rurales, que al tratar de escapar de la pobreza se dieron de bruces con los peligros de la vida en los suburbios, incluidos los robos, la explotación laboral o los asesinatos.

Sin embargo, el problemático distrito nunca había sido testigo de una violencia como la vivida el pasado fin de semana. El domingo, al menos 22 manifestantes contra la asonada militar del pasado 1 de febrero murieron allí por disparos de las tropas gubernamentales. Otros seis cayeron en el suburbio industrial de Shwepyithar.

Ese mismo día, una treintena de fábricas regentadas por empresarios chinos en esas barriadas fueron atacadas con saña e incendiadas, con un saldo de al menos dos heridos y unos 30 millones de euros en pérdidas. Las factorías taiwanesas o surcoreanas no tardaron en ondear sus banderas bien a la vista para evitar agresiones similares, mientras que las autoridades golpistas impusieron la ley marcial en las zonas más castigadas.

Ese ataque contra sus intereses y el creciente sentimiento antichino entre una parte importante de la población empujaron rápidamente a Pekín a tomar cartas en el asunto: en los últimos días ha lanzado repetidos mensajes exigiendo a las autoridades birmanas que tomen medidas concretas “para garantizar la seguridad” de sus ciudadanos y “evitar que se repitan incidentes similares”, además del castigo para los culpables. Aunque se ha especulado con una posible evacuación del personal chino no imprescindible, el diario estatal Global Times negó ayer que eso sea cierto.

Desde que los generales apartaron del poder manu militari a Aung San Suu Kyi, la postura del gigante asiático, que cuenta con grandes intereses económicos en Birmania –oleoductos, presas, minerales o puertos, entre otros­­–, ha estado en el punto de mira. Ya desde el principio se especuló con que China apoyaba –o al menos conocía– los planes de los uniformados, aunque no existe prueba alguna sobre ello. De hecho, gran cantidad de expertos han señalado que Pekín mantuvo con el depuesto gobierno democrático de la Nobel de la Paz una relación mucho más fluida y franca que con la junta militar que gobernó Birmania durante el medio siglo previo, por lo que no tendría interés en ver a los militares de vuelta. Sin embargo, eso no ha evitado que desde un principio surgieran todo tipo de rumores que dejaban en mal lugar a China: desde que había enviado armas o militares para apoyar a las tropas birmanas a que sus ingenieros de telecomunicaciones estaban colaborando con los golpistas para ayudarles a controlar las redes del país. Un “sinsentido”, en palabras del embajador chino.

Pero que no haya pruebas fehacientes no ha evitado que la ola sinófoba haya adquirido dimensiones considerables. En las protestas diarias contra el golpe, no es extraño ver carteles con lemas como “Negocios chinos, ¡fuera!” o “Quemaremos el oleoducto chino”, un proyecto controvertido que en el pasado ya provocó protestas por sus costes medioambientales. También se han redoblado los llamamientos al boicot de sus productos, ya sean frutas, móviles o videojuegos.

Tampoco ayuda que China se mantenga firme en la aplicación de su principio de no injerencia en los asuntos internos de terceros países. Aunque sí ha apoyado en la ONU una “contundente condena a la violencia sobre los manifestantes pacíficos” o la puesta en libertad de Suu Kyi, muchos no le perdonan que no condene de forma taxativa el golpe, que en un inicio incluso fue calificado por los medios estatales como “una importante remodelación del gabinete”.

Los últimos acontecimientos han colocado a Pekín en una encrucijada de difícil salida. “Por una parte, necesita mantener buenas relaciones con los militares para contar con su apoyo en proyectos de infraestructura”, detalló el analista Pang Zhongying a France Press. “Por la otra, no quiere que se le vea interfiriendo en los asuntos internos del país o parecer demasiado cercana a las fuerzas armadas en medio de la condena internacional. Sus proyectos se enfrentan a grandes riesgos de seguridad, pero tiene las manos atadas”.

STRINGER / EFE

Ismael Arana

Hong Kong. Corresponsal

18/03/2021 01:08Actualizado a 18/03/2021 09:03

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Miércoles, 17 Marzo 2021 06:04

El nuevo «marzo» que agita Paraguay

El nuevo «marzo» que agita Paraguay

Una serie de manifestaciones contra la gestión de la pandemia de Covid-19 conmocionan la política paraguaya. Si durante la primera ola el país logró resultados sorprendentes, hoy se ve inmerso en la crisis sanitaria. Las manifestaciones, que apuntan al presidente Abdo Benítez, transcurren en un difícil momento para todo el país, en el que las cifras de contagio se disparan, la interna en el Partido Colorado se agita y el cansancio social se acumula.

 

El 7 de marzo se cumplió un año desde que se registró el primer caso de Covid-19 en Paraguay. En esa coyuntura, las autoridades sanitarias del país ganaron elogios a escala nacional e internacional por las rápidas y acertadas medidas tomadas: cierre de frontera y declaración de la cuarentena total. Las decisiones adoptadas en ese contexto tuvieron como principal motivación preparar al deficiente sistema de salud paraguayo para afrontar el panorama complejo que se avizoraba, considerando los estragos que venía causando la pandemia en los demás países del mundo y de la región.

Tal como señalan varios especialistas, la inversión social en Paraguay es insuficiente para satisfacer las necesidades de la población y se mantiene muy por debajo de las recomendaciones internacionales. Según datos de 2019, 72,9% de la población paraguaya no cuenta con ningún tipo de seguro médico, mientras que el presupuesto de la administración central destinado a salud apenas alcanza 2,1% del PIB, cuando organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomiendan destinar al menos 6% del PIB para gastos públicos en esa área.

Sin embargo, los preparativos anunciados por las autoridades sanitarias paraguayas en los inicios de las medidas de pandemia mostraron paupérrimos avances. La compra irregular de insumos médicos provenientes de China, en abril de 2020, pusieron en evidencia una red de tráfico de influencias y manejos indebidos en las compras públicas, dando el primer golpe que hizo tambalear al entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni.Las deficiencias del gobierno en la gestión de la pandemia se evidenciaron también en la inacción para garantizar la provisión de vacunas. Las casi nulas gestiones internacionales con los diversos fabricantes, sumada a una confianza extrema en el COVAX —un mecanismo de alcance global que pretendía asegurar la disponibilidad de vacunas de os países de bajos ingresos— como única alternativa contemplada para la obtención de vacunas, pusieron al país en la cola de todas las listas de provisión. El primer cargamento de vacunas que arribó al país fue de la vacuna rusa Sputnik V, el 18 de febrero, con solo 4.000 dosis, que apenas permite inmunizar a una ínfima parte del personal de salud. Esta situación coloca al país entre los menos inmunizados de la región en la actualidad, con apenas un 0,02% de personas inmunizadas por cada 100 habitantes. Muy por detrás del 26,62% de Chile, el 5,34% de Brasil, el 3,35% de Argentina, el 3,53% de Uruguay, el 1,2% Perú, el 1,02% de Bolivia, el 0,71 % de Colombia, el 0,43% de Ecuador, y el 0,04% de Venezuela.

Pero la gota que desbordó el vaso fue la falta de medicamentos e insumos básicos en los hospitales públicos, que se tornó evidente en las últimas semanas. Tanto el personal médico como los directivos de los nosocomios que atienen a pacientes de Covid-19 denunciaron la falta de medicamentos y otros insumos básicos, lo que obliga a los pacientes a cubrir todos los costos. Esta situación no solo generó el reclamo de familiares de los pacientes, sino también el anuncio de su dimisión por parte del director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), así como la protesta del personal sanitario.

En este contexto, el 4 de marzo, en su primera sesión ordinaria del año, la Cámara de Senadores instó a las autoridades de Salud a presentar renuncia a sus cargo. Uno de los principales argumentos esgrimidos por los senadores fue que esa Cámara había apoyado firmemente los pedidos realizados por la cartera de salud, aprobando todas las solicitudes de ampliación de fondos. No obstante, el Ministerio de Salud demostró grandes fallas en la gestión y ejecución de los fondos, dado que personal médico y pacientes denuncian faltantes de insumos mientras que la institución cuenta aún con «un saldo de 126 millones de dólares para la adquisición de insumos» en su presupuesto. Claramente, el tiempo ganado por las autoridades sanitarias al inicio de la pandemia con las medidas de cuarentena se había desperdiciado.

El tenor de los reclamos fue escalando en intensidad, con insistentes pedidos de renuncia de las autoridades sanitarias e incluso de juicio político al propio presidente Mario Abdo Benítez. La primera convocatoria de movilización por parte de la sociedad civil se produjo el 5 de marzo y concitó la atención y el apoyo de diferentes sectores de la prensa. La consigna «Estoy para el marzo 2021», hacía referencia a dos episodios de la historia reciente de la democracia paraguaya. El primero, a la fatídica jornada de protesta realizada entre los días 23 y 28 de marzo de 1999, tras el magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña, que terminó con la muerte ocho manifestantes, más de 700 heridos y la renuncia del entonces presidente Raúl Cubas (1998-1999). El segundo, a la manifestación del 31 de marzo de 2017, en contra del intento de reforma constitucional liderado por el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) con el fin de habilitar la reelección presidencial, que terminó con la quema del Congreso paraguayo y el asesinato de un joven militante en la sede del Partido Liberal.

La manifestación del 5 marzo pasado, que inauguró la serie de movilizaciones actuales, fue multitudinaria. Algunos análisis refieren una convocatoria de entre 5.000 y 10.000 personas (en una ciudad de poco más de medio millón de habitantes). Pero lo que arrancó como una protesta pacífica, acabó en violencia policial a causa de unos pocos manifestantes que atropellaron las vallas de seguridad de la policía. Las fuerzas de seguridad aprovecharon la situación para despejar  desatando una fuerte represión que terminó con decenas de heridos. Esta no hizo más que caldear los ánimos de una ciudadanía afectada por la mala gestión del gobierno, agotada por los embates del covid-19 y golpeada económicamente por los efectos de la pandemia. 

De manera ininterrumpida, se vienen organizando jornadas de protesta al final de la jornada laboral, ya sea en las proximidades de la residencia presidencial, en las inmediaciones del Congreso o frente a la residencia del ex presidente Horacio Cartes, líder de la fracción Honor Colorado cuyo voto puede definir el juicio político. Si bien la cantidad personas convocadas no alcanza los números del primer día de protesta, una multitud de alrededor de 2.000 personas vienen ganando las calles cada día. Lo sorprendente sigue siendo la persistencia de estas protestas, aún sin una organización o cara visible a la cabeza. 

En la trastienda de toda esta coyuntura se pueden identificar dinámicas y disputas políticas muy anteriores al advenimiento de la pandemia. En la joven democracia paraguaya se fueron consolidando ciertas reglas y patrones en el juego político, entre los cuales se destaca la limitación del poder político del presidente una vez concluido su mandato. No solo impera la prohibición de reelección presidencial, sino que, además, queda bloqueada su postulación al Congreso. Una suerte de «jubilación política» obligada. 

Más allá de estas condiciones, todos los presidentes electos desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989 buscaron vías para sortear esta situación. Cada uno de ellos coqueteó con la idea de la reelección presidencial avanzando, de manera creciente y de presidente en presidente, en los intentos de reformar las normas que la impiden. Algunos ex mandatarios buscaron también su acceso al Congreso, como, por ejemplo, los expresidentes Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) y Fernando Lugo (2008-2012). Pero, mientras que al primero le fue prohibido el acceso a las bancas en la Cámara de Senadores obtenidas en las elecciones de 2008 y 2018, alegando cláusulas constitucionales poco claras, el segundo pudo sortear esa situación a causa de su destitución a través de un juicio político. De todas formas, uno y otro ex presidente consiguieron mantener cierta presencia en la arena política nacional, pero ya no con el nivel de preponderancia que alguna vez habían logrado. Ese no es el caso del expresidente Horacio Cartes (2013-2018).

De la misma manera que sus antecesores, Cartes coqueteó con la idea de la reelección presidencial, llegando incluso a ser el presidente más próximo a obtenerla. También se postuló como candidato al Senado, cargo para el cual fue electo, pero, al igual que Duarte Frutos, le fue bloqueado el acceso. La peculiaridad del caso radica en que Cartes logró mantener articulado su espacio político en el interior del Partido Colorado. Aun cuando su candidato a presidente fue derrotado en las internas partidarias por el actual presidente Abdo Benítez, posee la mayoría de los diputados colorados en el Congreso, así como representantes en el Senado, las gobernaciones e intendencias (alcaldías). Por tanto, continúa manteniendo una inusitada presencia política, situación hasta ahora nunca vista en los anteriores expresidentes de la transición.

En lo que va del gobierno de Abdo Benítez, el ex presidente Cartes ha sabido manejar su fuerza política como palanca de sus demandas. Logró así mantener a sus representantes en la cabeza del Partido Colorado y articular cierta concordia con el gobierno. De todas formas, su juego sigue siendo el de debilitar al presidente para garantizar el fortalecimiento del cartismo en el coloradismo, que le garantice una victoria en las elecciones municipales de este año y la candidatura presidencial de su sector para las próximas elecciones de 2023. Los comicios municipales del presente año constituyen otro elemento clave que incide en la trastienda de la actual coyuntura política. En el caso paraguayo, las elecciones municipales se realizan de manera separada a las nacionales, con dos años de distancia. Debido a las medidas de cuarentena del año pasado, las elecciones fueron postergadas para el 10 de octubre del presente año, mientras que las internas partidarias simultáneas se realizarán el 20 de junio. En este contexto, queda claro que las diferentes fuerzas políticas del país tienen presente los próximos desafíos electorales para el desarrollo de sus estrategias de intervención en el actual escenario. Primero en las elecciones internas y luego en las municipales.

La crisis fue atendida por el presidente Abdo Benítez con exagerada lentitud y parsimonia. Sus principales acciones tendieron al reemplazo de algunas cabezas ministeriales (especialmente en las carteras de Salud, Educación y de la Mujer) y a las negociaciones con su principal oposición intrapartidaria liderada por Cartes. En un segundo plano quedó la satisfacción de las demandas que iniciaron las protestas, que todavía no encuentran una clara solución.

Aunque estas medidas lograron tranquilizar los ánimos de sectores de la prensa (en especial el conglomerado de medios del expresidente Cartes), no desactivaron la movilización en las calles. Tampoco frenaron las acciones de la oposición en el Congreso, que insiste en avanzar con el juicio político al presidente, aunque los números no le son favorables aún en ambas. De todas formas, la oposición parecería estar subsumida a las disputas libradas en el seno del Partido Colorado, el viejo partido que gobernó el país durante la dictadura de stronista.

Hasta el momento queda claro que la actual crisis política no ha sido superada, más allá las diferentes medidas llevadas adelante por el gobierno y los acuerdos políticos realizados con algunos sectores. La movilización ciudadana continúa activa y la insatisfacción generalizada a causa de la gestión de la crisis sanitaria sigue latente, aunque el gobierno, con el apoyo del cartismo, tiene garantizado aún el respaldo parlamentario capaz de bloquear cualquier intento de juicio político.

Pero nada está completamente definido. La situación puede verse afectada con las derivaciones de la pandemia que sigue golpeando con fuerza al país. Un sostenido crecimiento en las cifras de contagio, la completa saturación de los servicios sanitarios, el retrasado proceso de vacunación y la persistencia de la movilización en las calles podría convertirse en un cóctel explosivo capaz de provocar incluso la caída del presidente Abdo Benítez. De todas formas, incluso si sobrevive en el poder su panorama resulta muy complicado, envuelto en una crisis de difícil superación y cuyas derivaciones parecen arrinconarlo ante dos únicas opciones: el juicio político o su entrega a los brazos del cartismo.

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Piñera endurece represión contra la protesta social, a fin de acabar su gestión en un año

Su gran error, abordar problemas políticos como si fueran de orden público: académico

 

Santiago. Tras retirar la semana pasada la estatua del general Manuel Baquedano en la plaza que lleva su nombre en Santiago –denominada popularmente Dignidad, por ser epicentro de las protestas sociales en Chile–, la base y el entorno del monumento amanecieron ayer cercados por columnas de hierro empotradas al piso y enrejados en planchas de metal, además de custodiados por carabineros.

El hecho en sí mismo podría no significar nada, excepto que es otra muestra del enfoque cada vez más policiaco que caracteriza al gobierno de Sebastián Piñera, que al faltar un año para su término acaba de renovar el estado de excepción constitucional so pretexto de la pandemia, y sigue empeñado en aplacar la rebeldía ciudadana por la vía de la represión en los sectores populares, señalan expertos.

"El gobierno ha anunciado mil carabineros en la plaza Baquedano todos los días viernes, que es el de las protestas. Cuando se requiere tal despliegue policial es porque no se trata de un problema de orden público, sino un problema político con raíces sociales. El gran error de este gobierno ha sido abordar problemas políticos y sociales como de orden público", dice el académico Ernesto Águila, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

Estado de excepción

"La pregunta es cómo un gobierno y un presidente logran sostenerse con 10 por ciento de aprobación y las protestas sociales recurrentes. Parte de la explicación es que el país lleva un año en estado de excepción y toque de queda. La razón es la pandemia, pero también estas herramientas han permitido al gobierno enfrentar y sofocar la protesta social. La otra razón es una oposición inerte, muy desprestigiada, que no fiscaliza ni interpela al gobierno. La debilidad del gobierno no se traduce en un fortalecimiento opositor. En este sentido hay un empate catastrófico", agrega.

Tanto el anuncio de los mil policías como el cerco de hierro en Dignidad es sintomático de que Piñera quiere impedir que la protesta social siga machacando a su gobierno, desprestigiado incluso entre sus afines, que acusan debilidad, y evidenciando que el origen del conflicto sigue irresoluto. La posesión de la plaza y del monumento es más que simbólica: luego de que la movilización la convirtió en su punto neurálgico, el presidente llegó hasta ahí en abril de 2020 aprovechando que la ciudad estaba en cuarentena a hacerse una foto que difundió en redes sociales, en otro de sus actos impulsivos y que se leyó como provocación. Después él se disculpó con una mala y falsa excusa, pero el daño estaba hecho.

De un tiempo a esta parte se suceden por doquier las acciones represivas. Para muestra, la tarde del día 13, en la populosa y rebelde Villa Francia, al oeste de Santiago, un evento destinado a reunir dinero para fines comunitarios y que realizaban los vecinos en un recinto deportivo y recreativo, fue asaltado por decenas de carabineros que llegaron con blindados, drones, vehículos lanzagases y lanza agua, allanándolo y deteniendo al menos a 26 personas. Carabineros se justificó diciendo que se estaban transgrediendo los protocolos sanitarios contra la peste del Covid-19.

Los vecinos de Viña Francia, barriada caracterizada por su resistencia contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), narraron que "los niños jugaban a la pelota, realizaban talleres de autodefensa, cuando caen carabineros y revientan todos los accesos del multiuso. No hubo mediación, golpearon a algunas chicas y se llevaron a todo el mundo".

Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, dijo a Radio Universidad de Chile: "este hecho refleja un aspecto detectado hace un tiempo: sobre la base de invocar el cumplimiento de normas sanitarias se está focalizando la represión sobre todo a sectores populares que, se conoce, han tenido una actitud de rechazo al actuar policial y a las políticas gubernamentales actuales. En Villa Francia, la verdad es que se ejerció una represión brutal e indiscriminada".

Margota denunció además "un comportamiento asimétrico tanto de entes persecutores como desde los tribunales de justicia, respecto de cómo enfrentan una situación que tiene que ver con violación de derechos humanos versus manifestación y protesta social".

Por Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

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Viernes, 26 Febrero 2021 07:52

Estallidos o levantamientos

Estallidos o levantamientos

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que las clases dominantes, a las que el organismo sirve, esperan estallidos sociales en todo el mundo como consecuencia de la pandemia.

El trabajo Repercusiones sociales de la pandemia, publicado en enero, considera que la historia es una guía que le permite esperar estallidos que ponen de manifiesto fracturas ya existentes en la sociedad: la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos (https://bit.ly/3qVVhAV).

Gracias a sus amplios recursos, el FMI elaboró un índice de malestar social con base en un análisis de millones de artículos de prensa publicados desde 1985 en 130 países, que reflejan 11 mil acontecimientos susceptibles de causar estallidos sociales. Lo que le permite adelantar que sobre mediados de 2022 comenzará una oleada de protestas que se busca prevenir y controlar.

Lo importante es que el organismo dice a los gobiernos y al gran capital que el periodo que se abre en los 14 meses posteriores al inicio de la pandemia, puede ser peligroso para sus intereses y que deben estar preparados, pero agrega que cinco años después los efectos de los estallidos serán residuales y ya no afectarán a la economía.

La ecuación parece clara: las clases dominantes esperan estallidos, se preparan para encararlos y neutralizarlos, porque por un tiempo pueden desestabilizar la dominación.

Un detalle: el estudio ni siquiera menciona los resultados de eventuales elecciones como riesgos para el capital, quizá porque más allá de quien gane, saben que los gobiernos surgidos de las urnas nunca han conseguido mellar el poder del capital.

Los movimientos anticapitalistas debemos tomar buena nota de las previsiones del sistema, para no repetir errores y prevenirnos de acciones que, a la larga, nos desgastan sin producir cambios. Propongo diferenciar estallidos de levantamientos, para mostrar que aquéllos no son convenientes, pero éstos pueden serlo si son fruto de una sólida organización colectiva.

Los estallidos son reacciones casi inmediatas a los agravios, como los crímenes policiales; generan una enorme y furiosa energía social que se desvanece en pocos días. Entre los estallidos, está el sucedido durante tres días de septiembre en Bogotá, ante el asesinato por la policía de un joven abogado con nueve fracturas de cráneo.

La represión causó la muerte de más de 10 manifestantes y 500 heridos, alrededor de 70 por bala. La justa rabia se ubicó en los Centros de Atención Inmediata, sedes policiales en las periferias, 50 de las cuales fueron destruidas o incendiadas. Luego de tres días, la protesta se desvaneció y no quedaron colectivos organizados en los barrios más afectados por la violencia estatal.

Ejemplos de éstos hay muchos, pero me interesa destacar que los estados aprendieron a lidiar con ellos. Sobrexponen la violencia en los medios, crean grupos de estudio sobre las injusticias sociales, mesas de negociación para simular interés y hasta pueden separar a algunos uniformados de sus tareas, enviándolos a otros sitios.

Lo más común es que los gobiernos acepten que hay injusticias, en general, y que atribuyan la violencia de los estallidos a la precariedad del empleo juvenil y otras consecuencias del sistema, sin abordar las causas de fondo.

Levantamiento es algo diferente. Un cuerpo organizado decide su comienzo, traza los objetivos y los modos, los puntos de concentración y de repliegue, y en diálogo colectivo decide el momento en que el levantamiento finaliza. El mejor ejemplo es el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019 en Ecuador. Duró 11 días, fue decidido por las bases de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y se plegaron sindicatos y jóvenes de las periferias urbanas.

La violencia fue acotada por las guardias de las organizaciones, que impidieron saqueos inducidos por policías infiltrados. Se decidió finalizarlo en enormes asambleas en Quito, luego de que el gobierno de Lenín Moreno anuló el paquete de medidas neoliberales que generó la movilización. El parlamento indígena y de los movimientos sociales creado días después, fue el encargado de darle continuidad al movimiento.

Un levantamiento puede reforzar la organización popular. En Chile, donde prefieren decir revuelta y no estallido, se crearon más de 200 asambleas territoriales durante las protestas en casi todos los barrios populares.

La acción colectiva masiva y contundente debe reforzar la organización, porque es lo único que puede darle continuidad en el tiempo largo. Las clases dominantes aprendieron hace ya tiempo a capear los estallidos, porque saben que son efímeros. Si nos organizamos, las cosas pueden cambiar, pero nada lograremos si creemos que el sistema caerá con una sola trompada.

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Manifestantes se enfrentan con policías ayer en Puerto Prín-cipe durante una marcha contra el gobierno de Jovenel Moise.Foto Afp

Manifestantes se enfrentan con policías ayer en Puerto Prín-cipe durante una marcha contra el gobierno de Jovenel Moise.Foto Afp

 

Puerto Príncipe., Miles de personas se manifestaron ayer en Puerto Príncipe para denunciar la tendencia a una nueva dictadura que, según ellos, tiene el gobierno de Haití, y con el fin de criticar el apoyo de la comunidad internacional al presidente Jovenel Moise.

Las afirmaciones del Ejecutivo de Moise de que el fin de semana pasado se había producido un "intento de golpe" en el país fueron recibidas con escepticismo por la oposición y la sociedad civil, que denunciaron una serie de detenciones políticas ilegales. Moise sostiene que su gobierno al frente del país caribeño se extiende hasta el 7 de febrero de 2022; sin embargo, parte de la dirigencia política haitiana afirma que su mandato quinquenal finalizó el 7 de febrero.

Esta discrepancia obedece a que Moise fue elegido en una votación anulada por fraude y luego relegido un año después.

El 5 de febrero, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que un nuevo presidente debería suceder a Moise tras nuevas elecciones "al final de su mandato el 7 de febrero de 2022".

Sin embargo, los manifestantes cuestionaron ayer la legitimidad del mantenimiento del actual mandatario y el apoyo que le dan otros países. “A pesar de todos los secuestros, las masacres en los barrios obreros, Estados Unidos le continúa dando apoyo.

"El dinero del fondo Petrocaribe se ha derrochado, no tenemos buenos hospitales y Estados Unidos sigue apoyando al gobierno", dijo Sheila Pelicier, una manifestante.

La protesta fue pacífica aunque se produjeron altercados entre algunos manifestantes y la policía, que utilizó gases lacrimógenos y balas de goma. Los agentes de policía también dispararon munición real al aire en Pétionville, una comuna acomodada del área metropolitana, donde un automóvil resultó quemado.

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