Apremia la ONU a cambiar modelo de desarrollo en AL

A finales de año 230 millones de personas en la región serán pobres

 

La desigualdad en América Latina se ha vuelto insostenible; por ello es necesario abordar los problemas estructurales y transformar el modelo de desarrollo en la región, explicó António Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

"Ello supone desarrollar sistemas integrales de bienestar social accesibles para todas las personas; implica crear sistemas tributarios más justos, promover la creación de empleos decentes, fortalecer la sostenibilidad ambiental y reforzar los mecanismos de protección social", pronunció, a propósito de la publicación El impacto de Covid-19 en América Latina y el Caribe.

El documento estima que la contracción en la actividad económica de la región –ahora epicentro de la crisis sanitaria– será de 9.1 por ciento en 2020. Ello se traduce en que a finales de año 230 millones de personas serán pobres, uno de cada tres habitantes de América Latina, y que 96 millones no tendrán ingresos suficientes para comida.

En el caso de México, la ONU estima que 50.3 por ciento de la población se encontrará en pobreza y 18.2 por ciento en pobreza extrema a finales de 2020, ambos por encima de los promedios de América Latina, que son de 37.2 y 15.5 por ciento, respectivamente.

La desigualdad aumentará 4.7 por ciento en la región, particularmente en Brasil y México, donde alcanzará hasta 5 por ciento, explicó aparte Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En el caso del desempleo se estima que alcance una tasa de 13.5 por ciento que representa a 44 millones de latinoamericanos. Todos estos factores harán que la región pase por la crisis más profunda en 100 años.

Necesario, apoyo internacional

En este contexto, Guterres señaló que "la situación requiere urgentemente un mayor apoyo internacional" para los países de esta región. "No deben quedar excluidos de la asistencia mundial".

A excepción de Haití, los países de América Latina se consideran de ingresos medios. De hecho 77 por ciento de las personas en la región se consideran de ingreso medio, pero no tienen capacidad de ahorro, es una condición muy frágil y que en muchas ocasiones está sostenido en el endeudamiento de los hogares, explicó la secretaria ejecutiva.

Bárcena subrayó, además, que la región trae a cuestas limitaciones de balanza de pago, crisis cambiarias y alta informalidad, todos problemas que se suman a la crisis del coronavirus, por lo que serán necesarias condiciones favorables de financiamiento, exenciones, aplazamiento de pagos por servicio de la deuda y ampliar la asignación de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional.

"Nuestra región tiene interés político de invertir, pero no necesariamente tiene espacio fiscal necesario. Eso hace que tenga problemas de liquidez muy pronto y por tanto una respuesta multilateral y de las organizaciones financieras internacionales será necesaria, porque nuestros países, por ser considerados de ingreso medio, no son a veces incluidos en esta medida multilateral que ha tomado el G-20 para países de ingreso bajo", detalló.

De vuelta a los cambios estructurales y de modelo de desarrollo que son necesarios en América Latina, Guterres subrayó que también implican una mayor integración económica regional y supone que las mujeres participen plenamente y en condiciones seguras en la vida pública y económica.

También se debe reforzar la gobernanza democrática, la protección de los derechos humanos y el estado de derecho, dado que la ciudadanía se siente excluida, así como la rendición de cuentas y la transparencia que "son fundamentales".

Primero que todo, se debe "hacer más" por reducir la pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, priorizar la educación a distancia, dar continuidad a los servicios dedicados a la infancia y enfocar apoyos a los grupos más vulnerables: las mujeres y los indígenas.

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La Cepal cifra en 325.000 millones de dólares la evasión fiscal en América Latina

El incumplimiento tributario alcanza el 6,1% del PIB en un momento en el que los erarios de la región más recursos necesitan para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia

 

Las arcas públicas latinoamericanas llevan décadas ingresando menos de lo que necesitarían para cerrar las brechas sociales y económicas históricamente abiertas en la región. Pero el zarpazo económico derivado de la crisis sanitaria ha empeorado aún más las cosas: las necesidades se multiplican y, con un fondo de caja menor que en Europa y Estados Unidos, la respuesta contracíclica se complica. Ese es el cuadro general que pinta este lunes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su panorama anual sobre la situación fiscal del subcontinente, que cifra en 325.000 millones de dólares el dinero que se evade cada año a los fiscos latinoamericanos, el equivalente al 6,1% del PIB. “Es una de las principales barreras para una mayor movilización de recursos internos en la región es el elevado nivel de evasión fiscal”, constatan los técnicos del organismo.

Las últimas cifras disponibles, de 2018, apuntan a los gravámenes que pagan las empresas sobre sus beneficios (el conocido como impuesto sobre la renta corporativa o de sociedades) y a los tributos que abonan las personas físicas por sus ingresos como la principal fuente de evasión: el 3,8% del PIB. El IVA es la segunda, con alrededor del 2,3% del PIB. “Las pérdidas recaudatorias representan un desafío importante desde el punto de vista de la capacidad de reacción de la política fiscal ante choques macroeconómicos y de la movilización de recursos nacionales para el financiamiento del desarrollo sostenible”, escriben los economistas del ente con sede en Santiago de Chile.

El brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico de la región ve “alentadores” los “avances” registrados en los últimos años en el combate contra la evasión, pero sitúa esta lacra como “uno de los principales obstáculos que afectan a las finanzas públicas y, por ende, al proceso de desarrollo”. Y llama a un mayor rigor analítico para saber, con mayor nitidez, el tamaño del problema que enfrenta cada uno de los países de la región, donde la difusión de los resultados “ha enfrentado resistencias recurrentes y sigue siendo tarea pendiente”. Resulta, remarca, “difícil encontrar información sistemática sobre las evidencias acerca de su magnitud”.

Financiación para hacer frente a la crisis

En plena pandemia —“la mayor crisis sanitaria, humanitaria, económica y social que la región haya enfrentado en el último siglo”— la Cepal ve “clave” movilizar más recursos públicos para hacer frente tanto a las consecuencias sanitarias como al parón económico derivado de los confinamientos, tan necesarios para frenar la expansión del coronavirus como dañinos para el desempeño económico. Hasta ahora, la respuesta fiscal ha sido importante pero mucho menor que en las economías más maduras: la media de América Latina lleva gastado hasta ahora poco más del 3% de su PIB, más de cinco veces menos de lo desembolsado (entre estímulos y avales) por algunos países europeos para garantizar el sustento a quienes se han quedado sin ingresos y asegurar que el tejido productivo sobrevive a la tormenta. Las diferencias intrarregionales son, sin embargo, notables: Chile lidera la tabla de grandes países por paquetes de estímulos con el 5,7% seguido por Perú (4,8%) y Brasil (4,6%), mientras México (1,1%) y Colombia (1,7%) quedan a la cola, con una respuesta mucho más timorata ante un reto que marcará a toda a una generación.

Cerrar la vía de agua que suponen la elusión y la evasión tributaria es un imperativo desde ya. Pero en el muy corto plazo, el dinero para los planes contracíclicos tendrá que salir de otro sitio. “El financiamiento de los paquetes de medidas actuales y los que probablemente se requieran en el mediano plazo precisará de un mayor acceso a fuentes de financiamiento en condiciones adecuadas”, subraya la Cepal. A diferencia de en grandes crisis anteriores, esta vez los principales países de la región no han dejado de tener acceso a los mercados en ningún momento de la pandemia, un punto clave para que las arcas públicas latinoamericanas hayan sido capaces de levantar fondos para sus, con todo, muy limitados planes para hacer frente a una recesión bíblica.

Pero los problemas estructurales siguen ahí. En 2019, el último año precoronavirus, la debilidad económica regional contrajo aún más los ya de por sí bajos niveles de recaudación de la región. Y, ampliando algo más el foco, la tónica general sigue siendo la misma: lejos de aumentar los ingresos, las Haciendas latinoamericanas llevan una década con las entradas de caja prácticamente estancadas en el entorno del 18% del PIB, muy por debajo de la media de las economías avanzadas: atrás quedan ya las reformas fiscales en varios países del área para tratar de ganar músculo fiscal. Los técnicos del organismo ponen el foco sobre la tributación directa, “excepcionalmente débil”, con una “baja recaudación del impuesto sobre la renta y de los impuestos sobre la propiedad que no solo limitan la generación de ingresos, sino también el poder redistributivo del sistema tributario en su conjunto”. Es el mayor reto tributario que deberá afrontar el subcontinente cuando las aguas sanitarias bajen algo más calmadas.

Por IGNACIO FARIZA

Madrid - 06 JUL 2020 - 22:14 COT

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La ONU advierte de que el covid-19 acelerará la transferencia del poder económico y político a las élites ricas

El relator de pobreza de la ONU denuncia la autocomplacencia de las instituciones internacionales en la lucha contra la desigualdad.“El mundo se encuentra en una encrucijada existencial que involucra una pandemia, una profunda crisis económica, cambio climático devastador, desigualdad extrema y un movimiento que desafía la prevalencia del racismo en muchos países”, con estas palabras el relator saliente de extrema pobreza de la ONU, Philip Alston, enmarca su informe El lamentable estado de la erradicación de la pobreza.

Alston, que durante los próximos días presenta en Ginebra sus conclusiones y su informe sobre España, habla de la negligencia de longa data en el abordaje de la pobreza por parte de Gobiernos, economistas y defensores de los derechos humanos. Y subraya la “escandalosa falta de ambición” para erradicar la pobreza.

Para Alston, la autocomplacencia de las instituciones internacionales, especialmente acentuada por las fórmulas del Banco Mundial para medir la disminución de la pobreza, han dado lugar a una década perdida, ya antes del covid-19, en la lucha contra la desigualdad. El resultado neto, sugiere Alston, es que la reducción de la pobreza nominal solo se debe a la disminución de las carencias materiales en un único país: China.

Se proyecta que la pandemia sume 70 millones de personas a las cifras actuales de extrema pobreza. Más de 250 millones de personas están en riesgo de hambre aguda, señala el informe.

Para Alston, la respuesta, lejos de atajar el problema, lo está exacerbando, ya que los gobiernos continúan invirtiendo dinero en prácticas represivas y sistemas de prisiones, “al tiempo que priva a las comunidades pobres de los derechos básicos, como la atención médica decente, vivienda y educación”.

“Si se hubieran establecido suelos de protección social, los cientos de millones de personas que han quedado sin atención médica, alimentos y vivienda adecuados, y la seguridad básica se habrían salvado de algunas de las peores consecuencias”, explica Alston en su informe. En cambio, lo que denomina “las presiones interminables para promover la consolidación fiscal”, es decir, el control de déficit, deuda y las rebajas de impuestos para los más pudientes, han llevado a los sistemas de protección social “más cerca de los modelos del siglo XIX en lugar de las aspiraciones de finales del siglo XX”, explica el ya exrelator de la ONU. 

Cuando eso se combina con “la próxima generación de políticas de austeridad posteriores a Covid-19, la transferencia dramática del poder económico y político a las élites ricas que ha caracterizado los últimos cuarenta años se acelerará, momento en el cual el alcance y la profundidad de la pobreza global serán incluso más políticamente insostenibles y explosivos”, concluye Alston.

8 julio 2020

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Sábado, 04 Julio 2020 06:12

Que la crisis la paguen los ricos

Que la crisis la paguen los ricos

Después de la crisis económica de 2008, hubo un sector que no sólo se recuperó rápido, sino que siguió creciendo exponencialmente, el de los artículos de lujo. Mientras una buena parte de la población veía recortados sus derechos sociales y laborales, la ocupación de hoteles de 5 estrellas, la venta de inmuebles de firmas de lujo como Engel & Völkers, o la compra de productos como relojes caros, joyería o arte, aumentó por encima de 10 por ciento anual.

Este obsceno indicador sintetiza muy bien lo que significó la crisis de 2008 para la humanidad. La salida a la crisis la pagaron las mayorías sociales en beneficio de una élite. Se socializaron las pérdidas, mediante la compra de la deuda de los bancos privados con el objetivo de que no colapsara el sistema financiero internacional, y se privatizaron las ganancias. Se rescataron otras grandes empresas como General Electric o General Motors, sin que el Estado después de salvar a estas empresas, impusiera ninguna cláusula de recuperación de empleos. Y cuando una parte de esos trabajos se recuperaron, fue con unas condiciones salariales infinitamente peores que antes de la crisis.

Hoy día, cuando parece que ya ha pasado lo peor de la pandemia y la crisis de salud, nos encontramos a las puertas de una crisis económica mundial, probablemente más fuerte y profunda que la de 2008.

La Organización Mundial del Comercio ha estimado que la economía mundial podría contraerse hasta en 18.5 por ciento, y el informe de abril del Fondo Monetario Internacional calcula que el PIB regional podría descender 5.2 por ciento, porcentaje mayor a 5 por ciento de los años 30 posteriores al crack de la bolsa de Nueva York de 1929 y desde luego más grande que el 2 por ciento posterior a 2008.

En América Latina y el Caribe, una región exportadora de materias primas y productos manufacturados, la OIT calcula que más de 10 millones de personas perderán sus empleos por la pandemia, y la Cepal en su informe "El desafío social en tiempos del Covid-19" calcula un aumento de la pobreza de 4.4 puntos porcentuales que se traducen en 28.7 millones adicionales de personas pobres (para alcanzar 214.7 millones de personas) y un aumento de la extrema pobreza de 2.6 puntos porcentuales, que eleva el total a 83.4 millones de personas en la región.

A todo lo anterior hay que sumarle la crisis petrolera, con una rebaja de la producción de 10 millones de barriles y el desplome de los precios que aunque ya en recuperación, no volverán a alcanzar a finales de 2020 los de 2019, según la Agencia Internacional de la Energía.

Si a todo lo anterior le sumamos la crisis estructural en forma de cambio climático que vivimos, con un aumento de las emisiones anuales de dióxido de carbono por encima de los 50 gigatones (cada gigatón equivale a mil millones de toneladas), el resultado es devastador: deshielo acelerado de los polos al mismo tiempo que se eleva el nivel del mar, y aumento de la temperatura media global de entre 1.2 y 1.3 °C en los próximos cinco años, que nos acerca al temido límite de más 2 °C de temperatura media del planeta por encima del periodo preindustrial.

Por todo lo anterior se hace cada vez más urgente el debate sobre el modo de producción capitalista, pero sin posiciones maniqueas como las que estamos acostumbrados a leer en todo lo que tiene que ver con el modelo de desarrollo. Los países del sur no sólo tienen el derecho, sino la obligación de sacar a centenares de millones de personas de la pobreza, haciéndolo eso sí, en un equilibrio entre ese crecimiento al que tuvieron acceso los países del norte, y los derechos de la naturaleza en un planeta finito que no da mucho más de sí.

La pandemia global de coronavirus ha venido a acelerar una crisis que ya se atisbaba en el horizonte, el de un modo de producción insostenible, sobre todo de los países del norte, que además no quieren hacer una transferencia de tecnología, como pago parcial de la deuda ecológica que tienen con el sur por la explotación de sus pueblos, personas, y recursos naturales durante siglos. Si además le agregamos a la ecuación la variable de la financiarización de la economía, con cada vez menos producción de bienes tangibles, y mayor especulación económica, la combinación es explosiva, y sobre todo, insostenible.

Pero si algo bueno deja esta pandemia es el retorno del Estado, la ruptura entre amplias capas de la clase media del consenso cultural instalado por el neoliberalismo de que el Estado no era necesario, y de que a menos Estado, más eficiencia. Va a ser muy difícil para los defensores de la globalización neoliberal en crisis defender que los bienes comunes, especialmente la salud, no deben estar en manos del Estado para garantizar el acceso universal y en las mejores condiciones posibles a su población.

Ahí está la grieta para romper el consenso neoliberal, todavía hegemónico desde el punto de vista cultural. La necesidad del retorno del Estado. Y después de instalar ese nuevo consenso, es necesario dar un nuevo paso: que la crisis no la paguen las y los de siempre, los de abajo, los más humildes. Que la crisis económica que está llegando la paguen los de arriba. Que la crisis la paguen los ricos.

Por  Katu Arkonada. politólogo vasco-boliviano, especialista en América Latina

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América Latina pierde el equivalente a 47 millones de empleos por el coronavirus

La OIT empeora en solo un mes las previsiones sobre el efecto de la pandemia en el mundo del trabajo

 

Los efectos de la pandemia sobre el mundo del trabajo son devastadores. La Organización Mundial del Trabajo (OIT), dependiente de la ONU, ha actualizado este martes a la baja sus previsiones más pesimistas. El coronavirus ha destruido durante el segundo trimestre del año el equivalente a 400 millones de puestos laborales en todo el mundo, 95 millones más que en la anterior estimación, publicada el 27 de mayo. América Latina ha sido la región más golpeada, con 47 millones de puestos de tiempo completo perdidos. “Las nuevas cifras reflejan el agravamiento de la situación en numerosas regiones durante las últimas semanas, sobre todo en las economías en desarrollo”, advierte la OIT.

El informe, titulado Observatorio de la OIT: COVID-19 y el mundo del trabajo, calcula los estragos de la pandemia en horas laborales perdidas: entre mayo y julio, disminuyeron 14% en todo el mundo. Para obtener el equivalente en puestos, la OIT divide el total de horas por las 48 horas de una jornada semanal estándar. América Latina perdió 20,5% de sus horas, seis puntos más que el promedio mundial. Si se suman Estados Unidos y Canadá, el porcentaje disminuye a 18,3%, pero aún así la bajada en América supera a la de Europa y Asia Central (13,9 por ciento, equivalentes a 45 millones de empleos), Asia y el Pacífico (13,5 por ciento), Estados Árabes (13,2 por ciento) y África (12,1 por ciento). “Se trata de la mayor pérdida de horas de trabajo en las principales regiones geográficas y de la mayor revisión al alza al respecto desde que se publicó la cuarta edición del Observatorio de la OIT”, dice el informe sobre el total americano.

La OIT advierte que el 93% de los trabajadores vive en países con restricciones a la actividad económica y laboral muy altos. Y dice que las medidas que se tomen para remediar el problema moldearán el futuro del mundo del trabajo “más allá de 2030”. “Si bien los países se encuentran en fases diversas de la pandemia y es mucho lo que se ha hecho, debemos redoblar nuestros esfuerzos si queremos salir de esta crisis mejor que cuando comenzó”, dijo Guy Ryder, director general de la OIT. El informe servirá de punto de partida para las discusiones que la OIT espera para la semana próxima, en su Cumbre Mundial. “Espero que los gobiernos, los trabajadores y los empleadores aprovechen esta oportunidad para presentar y escuchar ideas innovadoras”, dijo Ryder.

Escenarios para el segundo semestre

La OIT calcula tres escenarios posibles para lo que resta del año, según sus previsiones sean de base, pesimistas u optimistas. Todo dependerá del desarrollo de la pandemia y las decisiones de los gobiernos para enfrentarla.

En un escenario de base, donde se levanten las restricciones laborales y la actividad se recupere lentamente, las horas trabajadas caerán 4,9% con respecto al último trimestre de 2019, o el equivalente a 140 millones de empleos de tiempo completo.

El escenario pesimista supone una segunda ola de la pandemia y la vuelta de las restricciones. En ese caso, las horas perdidas supondrían el 11,9%, o 340 millones de empleos. La visión optimista prevé una rápida recuperación económica, con 1,2% menos de horas trabajadas (34 millones de empleos).

Golpe a las mujeres

El informe tiene un destacado sobre el mundo laboral de las mujeres, a las que considera más expuestas a los efectos negativos de la pandemia. Tanto, que la OIT teme que por efecto del coronavirus “algunos de los modestos progresos en materia de igualdad de género alcanzados en las últimas décadas se pierdan y que las desigualdades de género relacionadas con el trabajo se agudicen”.

“El grave impacto de la covid-19 sobre las mujeres está relacionado con su sobre representación en algunos de los sectores económicos más afectados por la crisis, tales como la hostelería, la restauración, el comercio y la industria manufacturera”, dice el informe. Según los cálculos de la OIT, 510 millones de mujeres empleadas en el mundo (el 40% del total) “trabajan en los cuatro sectores más afectados, frente al 36,6% de los hombres”.

Las mujeres predominan, además, en el frente de batalla contra la pandemia, porque son mayoría en los puestos de asistencia sanitaria y los servicios sociales. “Es allí donde corren mayores riesgos de perder su ingreso, de infección y de transmisión, y es menos probable que tengan protección social”, concluye el informe.

Por Federico Rivas Molina

Buenos Aires - 30 jun 2020 - 23:04 COT

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La economía post-covid puede tener más robots, menos puestos de trabajo y vigilancia intensificada

El emergente paradigma capitalista post-pandemia se basa en una digitalización y aplicación de las tecnologías de la llamada cuarta revolución industrial. El ascenso de la economía digital supone una fusión de Silicon Valley con el capital financiero transnacional y el complejo militar-industrial-securitario.

 

Estimulado por la pandemia de coronavirus, el capitalismo global está al borde de una nueva ronda de reestructuración a nivel mundial basándose en una digitalización mucho mayor de toda la economía y sociedad global. Esta reestructuración empezó tras la Gran Recesión de 2008 pero las condiciones sociales y económicas cambiantes propiciadas por la pandemia acelerarán enormemente el proceso. Probablemente aumentará la concentración del capital a nivel mundial y empeorará la desigualdad social. Habilitados por las aplicaciones digitales, los grupos dominantes ─a menos que sean obligados a cambiar de rumbo por la presión de masas desde abajo─ recurrirán al aumento del Estado policial global para contener los próximos levantamientos sociales.

El emergente paradigma capitalista post-pandemia se basa en una digitalización y aplicación de las tecnologías de la así llamada cuarta revolución industrial. Esta nueva ola de desarrollo tecnológico es posibilitada por una tecnología de la información más avanzada. Lideradas por la inteligencia artificial (IA) y la recogida, procesamiento y análisis de inmensas cantidades de datos (big data), las tecnologías emergentes incluyen el aprendizaje automático, la automatización y la robótica, la nano y biotecnología, el Internet de las Cosas (IdC), la computación cuántica y en la nube, la impresión 3D, nuevas formas de almacenamiento de energía y vehículos autónomos, entre otras.

La tecnología informática y de la información (CIT, por sus siglas en inglés), introducidas en primer lugar en los 80, proporcionaron la base original para la globalización. Permitió a la emergente clase capitalista transnacional, o TCC; coordinar y sincronizar la producción global y por lo tanto poner en práctica un sistema productivo y financiero globalmente integrado al que todos los países se han incorporado. Igual que la introducción original de la CIT e internet a finales del siglo XX transformaron profundamente el capitalismo mundial, esta segunda generación de tecnologías digitales está llevando ahora a una nueva ronda de reestructuración a nivel mundial que promete tener un nuevo impacto transformador en las estructuras de la economía, sociedad y política globales.

Si la primera generación de la globalización capitalista de los 80 supuso la creación de un sistema productivo y financiero integrado globalmente, la nueva ola de la digitalización y el ascenso de las plataformas han facilitado desde 2008 una transnacionalización muy rápida de los servicios digitales. Para 2017, los servicios suponían alrededor del 70% del producto bruto global e incluían comunicaciones, informática, tecnología digital y de plataforma, e-commerce, servicios financieros, trabajo profesional y técnico, y una serie de otros productos no tangibles como películas y música.

Es difícil subestimar lo rápida y extensa que es la reestructuración digital actual de la economía y sociedad globales. Según los datos de Naciones Unidas, la “economía del compartir” ─esto es, la actividad mediada por plataformas─ crecerá desde 14.000 millones de dólares en 2014 a 335.000 millones para 2025. Los envíos mundiales de impresoras 3D crecieron más del doble en 2016, hasta más de 450.000, y se esperaba que alcanzaran los 6,7 millones para finales de 2020. Se estima que el valor global del e-commerce alcanzó los 29 billones de dólares en 2017, lo que equivale al 36% del PIB global de ese año. Las exportaciones de servicios de entrega digital supusieron en 2018 2,9 billones, o el 50% de las exportaciones de servicios globales. Para 2019, el tráfico global en internet era 66 veces el volumen de todo el tráfico global en internet en 2005, mientras que el tráfico global de Protocolo de Internet (IP), un proxy para flujos de datos, creció de cerca de cien gigabytes (GB) al día en 1992 a más de 45.000 GB al segundo en 2017. Y sin embargo el mundo sólo está en los primeros días de la economía dirigida por los datos; para 2022, se estima que el tráfico global de IP alcance los 150.700 GB al segundo, alimentado por cada vez más gente que llegue a internet por primera vez y por la expansión del internet de las cosas.

La pandemia de coronavirus ha puesto de relieve lo central que se han vuelto los servicios digitales para la economía global. Pero más que destacar este detalle, se puede esperar que la pandemia y sus consecuencias, en la medida que aceleran la reestructuración digital, dé lugar a una enorme expansión de servicios digitales sin mano de obra o con ésta reducida, incluyendo todo tipo de nuevos acuerdos de teletrabajo, entrega con drones, comercio sin efectivo, finanzas digitalizadas (o fintech), seguimiento y otras formas de vigilancia, servicios médicos y legales automatizados, y enseñanza remota que incluya instrucción pregrabada. La pandemia ha aumentado los esfuerzos de las gigantescas empresas tecnológicas y sus agentes políticos para convertir cada vez más áreas de la economía hacia estos nuevos ámbitos digitales.

Las gigantescas empresas tecnológicas han florecido durante el contagio, volviéndose esenciales sus servicios digitales para la economía de la pandemia, a medida que cientos de millones de trabajadores a nivel mundial pasaban al trabajo a distancia desde casa o mediante plataformas potenciadas, o se vinculaban al trabajo de servicios gestionado digitalmente, y a medida que los servicios presenciales eran sustituidos por servicios digitales a distancia. La economía global post-pandemia supondrá una aplicación rápida y expansiva de la digitalización a cada aspecto de la sociedad global, incluidas la guerra y la represión.

 

Tecnología, finanzas y complejo industrial-militar

 

La digitalización ha sido impulsada por la crisis capitalista. El coronavirus no fue sino la chispa que encendió la combustión de una economía global que nunca se recuperó del colapso financiero de 2008 y ha estado tambaleándose al borde una nueva crisis desde entonces. Pero las causas estructurales subyacentes de la debacle de 2008, lejos de estar resueltas, se han gravado firmemente. La especulación financiera frenética, la deuda insostenible, el saqueo de las finanzas públicas, el stock tecnológico excesivo, y la acumulación militarizada organizada por el Estado han mantenido a la economía global balbuceando en años recientes frente al estancamiento crónico y ocultado su inestabilidad. (La acumulación militarizada se refiere a la acumulación de capital ─es decir, la obtención de beneficios, mediante sistemas de guerra cada vez más expansivos, el control social y la represión transnacional).

Hay tres tipos de crisis capitalistas. El primer tipo es cíclico, o el ciclo de negocios, que supone desaceleraciones o recesiones económicas aproximadamente una vez por década. Hubo recesiones a principios de los 80, a principios de los 90 y con el cambio de siglo. El segundo tipo es estructural y aparece una vez cada 40 o 50 años, y el tercero es sistémico, al que me referiré a modo de conclusión. Se llaman crisis estructurales o de reestructuración, porque su resolución supone la reestructuración del sistema capitalista. La crisis de reestructuración de la Gran Depresión de los años 30 se resolvió mediante el ascenso de un nuevo tipo de capitalismo basado en la redistribución y la intervención estatal para regular el mercado, y llevó a los sistemas de bienestar social del siglo XX. La siguiente crisis estructural golpeó en los 70 y llevó a la globalización y el ascenso de una TCC desde los 80 en adelante.

Una nueva crisis de reestructuración comenzó con el colapso financiero de 2008. Liderando el camino en esta reestructuración estaban las gigantescas empresas tecnológicas ─entre ellas Microsoft, Apple, Amazon, Tencent, Alibaba, Facebook y Google, y a las cuales ahora se añaden Zoom y otras empresas propulsadas por la pandemia─. Estas empresas han experimentado un crecimiento asombroso durante la última década. Apple y Microsoft registraron una increíble capitalización de mercado de 1,4 billones cada una en 2020, seguidas por Amazon con 1,04 billones, Alphabet (la empresa madre de Google) con 1,03 billones de dólares, Samsung con 983.000 millones de dólares, Facebook con 604 billones, y Alibaba y Tencent con alrededor de 600 y 500.000 millones, respectivamente. Para dar una idea de lo rápido que estos mastodontes han crecido, la capitalización bursátil de Google pasó de menos de 200.000 millones de dólares a finales de 2008 a más de un billón a principios de 2020, o un aumento del 500%. Mientras tanto, en sólo dos años, de 2015 a 2017, el valor combinado de todas las empresas de plataforma con una capitalización bursátil de más de cien millones saltó un 67%, hasta más de siete billones.

Un puñado de compañías tecnológicas con sede en EEUU que generan, extraen y procesan datos han absorbido enormes cantidades de efectivo de inversores transnacionales de todo el mundo que, desesperados por nuevas oportunidades de inversión, han vertido miles de millones de dólares en los gigantes tecnológicos y de plataforma como salida para su capital acumulado excedente. La inversión anual en TIC saltó de 17.000 millones de dólares en 1970, hasta 65.000 millones en 1980, después a 175.000 millones en 1990, 465.000 millones en 2000, y 654.000 millones en 2016, y después llegó a un máximo de 800.000 millones en 2019. A medida que los capitalistas invierten estos miles de millones, las casas bancarias y de inversión globales de todo el globo se entrelazan con el capital tecnológico, como hacen negocios de todo el mundo que se están moviendo hacia la computación en nube y la IA. Para la segunda década del siglo, la economía global pasó a estar caracterizada sobre todo por los procesos gemelos de digitalización y financiarización.

El ascenso de la economía digital supone una fusión de Silicon Valley con el capital financiero transnacional y el complejo militar-industrial-securitario, dando auge a un nuevo bloque de capital que parece estar en el mismo centro del paradigma post-pandemia emergente. Este nuevo bloque se hará incluso más poderoso que lo que se estaba volviendo antes de la emergencia sanitaria, impulsando una nueva e inmensa centralización y concentración del capital a escala global. Al frente de este bloque, los mastodontes tecnológicos son entidades financieras mayores que la mayoría de los países del mundo y son capaces de ejercer una enorme influencia sobre los Estados capitalistas. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, exhibió esta emergente relación capital-Estado cuando, a principios de mayo, nombró a tres billonarios tecnológicos ─Eric Schmidt, de Google; el ex CEO de Microsoft, Bill Gates; y Michael Bloomberg─ para encabezar una comisión de análisis para presentar planes para externalizar escuelas públicas, hospitales, policía y otros servicios públicos a empresas tecnológicas privadas. Tales “asociaciones público-privadas” privatizan para el capital tradicionales funciones del Estado a la vez que convierten los fondos públicos en subsidios corporativos.

La tercera pata en este bloque triangular del capital es el complejo militar-industrial-securitario. Cuando la industria tecnológica emergía en los 90, fue unida al complejo militar-industrial-securitario y el Estado policial global. Durante los años, por ejemplo, Google ha suministrado tecnología de mapas utilizada por el Ejército de EE UU en Iraq, albergado datos para la CIA, indexado las inmensas bases de datos de inteligencia de la Agencia de Seguridad Nacional, construido robots militares, lanzado un satélite espía junto al Pentágono y alquilado su plataforma de computación en la nube para ayudar a los departamentos de policía a “predecir” el crimen. Amazon, Facebook, Microsoft y otros gigantes tecnológicos están entrelazados a fondo con el complejo militar-industrial y de seguridad. El ascenso de la economía digital desdibuja las fronteras entre sectores militares y civiles de la economía y une a las empresas financieras, militar-industriales y tecnológicas alrededor de un proceso combinado de especulación financiera y acumulación militarizada.

A nivel mundial, los gastos totales en defensa crecieron un 50% de 2006 a 2015, de 1,4 billones a 2,03 billones, aunque esta cifra no tiene en cuenta los presupuestos secretos, las operaciones de contingencia y el gasto en “seguridad nacional”. Para 2018, las empresas militares privadas empleaban alrededor de 15 millones de personas en todo el mundo, mientras que otros 20 millones de personas trabajaban en la seguridad privada. Los nuevos sistemas de guerra, control social y represión son conducidos por la tecnología digital. El mercado para nuevos sistemas de control social hechos posibles por la tecnología digital llega a los cientos de miles de millones. Se esperaba que el mercado global de biométrica, por ejemplo, saltara de su valor de 15.000 millones de dólares en 2015 a los 35.000 millones para 2020.

 

Producción sin mano de obra y humanidad excedente

 

Las crisis proporcionan al capital transnacional la oportunidad de restaurar los niveles de beneficios al forzar una mayor productividad con menos trabajadores. La primera ola de TIC en las últimas décadas del siglo XX desató el crecimiento explosivo en la productividad y las capacidades productivas, mientras que las nuevas tecnologías digitales prometen multiplicar por mucho tales capacidades. Específicamente, la digitalización aumenta enormemente lo que los economistas políticos radicales, siguiendo a Marx, identifican como la composición orgánica del capital, lo que significa que la porción del capital fijo en forma de maquinaria y tecnología tiende a incrementar el capital relativo al variable en forma de mano de obra.

En términos profanos, la digitalización acelera en gran medida el proceso en el que la maquinaria y la tecnología sustituyen a la mano de obra, expandiendo así las filas de aquellos a los que se convierte en excedentes y marginados. Un informe de la Oficina Nacional de Investigación Económica descubrió que cada robot introducido en un local da como resultado la pérdida de tres a 5,6 puestos de trabajo. En 1990, los tres mayores productores de coches en Detroit tenían una capitalización bursátil de 36.000 millones de dólares y 1,2 millones de empleados. En 2014, las tres mayores compañías de Silicon Valley, con una capitalización bursátil de más de un billón de dólares, tenían sólo 137.000 empleados. Este aumento en la composición orgánica del capital agrava la sobreacumulación y la polarización social, que ha alcanzado niveles sin precedentes a nivel mundial. Como ahora es bien conocido, sólo el 1% de la humanidad controla más de la mitad de la riqueza mundial y el 20% controla el 94,5% de esa riqueza, mientras que el restante 80% tiene que arreglárselas con sólo el 5,5%.


 Los defensores del capitalismo global afirman que la economía digital traerá puestos de trabajo de alta cualificación y remuneración y resolverá problemas de polarización social y estancamiento. Sin embargo, muchos de los así llamados trabajadores cognitivos y gig workers afrontan bajos salarios, tareas aburridas y repetitivas y precariedad. A medida que el “big data” captura datos sobre ocupaciones basadas en el conocimiento en los centros de trabajo y en el mercado y luego lo convierte en algoritmos, esta mano de obra podría ser sustituida por IA, vehículos autónomos y las demás tecnologías de la cuarta revolución industrial. La producción dirigida digitalmente busca conseguir en última instancia lo que Nike Corporation define como “extraer la mano de obra del producto”. La última fase de este proceso, aunque todavía lejana, es la producción sin mano de obra.

Un informe de Naciones Unidas de 2017 estimaba que decenas, si no cientos, de millones de puestos de trabajo desaparecerían en los años siguientes como resultado de la digitalización. Como ejemplo, el informe estimaba que más del 85% de los trabajadores del comercio en Indonesia y Filipinas estaban en riesgo. El informe también decía que la difusión de las plataformas de trabajo online acelerarían una “caída de las condiciones de trabajo con una precariedad en aumento”. Una serie de informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) documentaban estas condiciones. Un estudio de 1998 reveló que ya a finales del siglo XX alrededor de un tercio de la mano de obra global estaba subempleada o desempleada. La OIT informó más tarde, en 2011, de que 1.530 millones de trabajadores de todo el mundo estaban en acuerdos de empleo “vulnerables”, que representaban más del 50% de la mano de obra global. Siete años después, en 2019, concluyó que una mayoría de los 3.500 millones de trabajadores en el mundo “experimentaban una falta de bienestar material, seguridad económica, oportunidades de igualdad o posibilidades de desarrollo humano”.

Incluso antes de que golpeara la pandemia, la automatización se estaba extendiendo de la industria y las finanzas a todas las ramas de los servicios, incluso a la comida rápida y la agricultura. Se espera que eventualmente sustituya a buena parte del trabajo profesional tal como el de los abogados, analistas financieros, médicos, periodistas, contables, aseguradores y bibliotecarios. Las tecnologías impulsadas por la IA están en este momento siendo más ampliamente adoptadas a nivel mundial como resultado de las condiciones generadas por el contagio. La pandemia permite a la clase capitalista transnacional presionar masivamente a favor de la reestructuración capitalista que no podía conseguir previamente debido a la resistencia a la toma del poder digital.

Con la digitalización aumentada provocada por la pandemia, habrá decenas o incluso cientos de millones de personas que perdieron sus puestos de trabajo pero no serán reabsorbidas en la fuerza de trabajo ya que la tecnología toma el control de sus antiguas tareas. Un estudio de la Universidad de Chicago estimaba que el 42% de los despidos de la pandemia en Estados Unidos resultarían en permanentes pérdidas de empleo. Además, las grandes corporaciones controlarán millones de pequeños negocios obligados a entrar en bancarrota. Los capitalistas utilizarán este desempleo masivo como palanca para intensificar la explotación de aquellos con trabajo, para aumentar la disciplina sobre la clase trabajadora global y para empujar a la mano de obra excedente hacia una mayor marginalidad.

 

Los próximos levantamientos

 

Las cuarentenas de la pandemia sirvieron como ensayos para cómo la digitalización puede permitir a los grupos dominantes reestructurar el espacio y ejercitar un mayor control sobre el movimiento de la mano de obra. Los gobiernos del mundo decretaron estados de emergencia y reprimieron violentamente a aquellos que violaron las órdenes de quedarse en casa. Puede que las cuarentenas hayan sido necesarias desde la perspectiva de la emergencia sanitaria. Pero mostraron cómo la clase capitalista transnacional y los Estados capitalistas pueden controlar con más fuerza la distribución del poder del trabajo, especialmente del trabajo excedente, controlando el movimiento y encerrando el trabajo en el ciberespacio y por lo tanto haciéndolo desagregado y aislado. A medida que las nuevas tecnologías digitales expanden el proletariado cognitivo y las filas de trabajadores en la gig economy, también permiten una vigilancia y control estrictos de este proletariado mediante el ciberespacio.

Los Estados capitalistas se enfrentan a crecientes crisis de legitimación tras décadas de penuria y deterioro social forjadas por el neoliberalismo, agravadas ahora por la incapacidad de estos Estados para gestionar la emergencia sanitaria y el colapso económico. La pandemia dejará a su paso más desigualdad, conflicto, militarismo y autoritarismo a medida que el levantamiento social y la lucha civil aumentan. A medida que la pandemia agrava la crisis estructural, los grupos dominantes recurrirán a la expansión del Estado policial global para contener el descontento de masas desde abajo. Mucho antes del contagio, los agentes de este emergente Estado policial global habían estado desarrollando nuevas modalidades de trabajo policial y represión posibilitados por las aplicaciones de la digitalización y las tecnologías de la cuarta revolución industrial.

Desde 2008 ha habido una rápida polarización política en la sociedad global entre una extrema derecha insurgente y una izquierda insurgente. Esta crisis está animando a fuerzas de extrema derecha y neofascistas que han surgido en muchos países del mundo y buscarán ahora capitalizar políticamente la catástrofe sanitaria. Pero también está generando luchas populares desde abajo, como hemos visto en una ola de huelgas y protestas en todo el mundo. Las crisis capitalistas son momentos de intenso conflicto social y de clase. Dependiendo de cómo se desarrollen estas luchas, las crisis estructurales pueden expandirse hacia el tercer tipo de crisis, una sistémica, que significa que la crisis se debe resolver más allá del sistema socioeconómico –en este caso, el capitalismo.

Que una crisis estructural se convierta en una sistémica depende de una serie de factores políticos y subjetivos que no se pueden predecir de antemano. Lo que está claro es que las luchas populares masivas contra las depredaciones del capitalismo global se unirán ahora a aquellas relacionadas con las repercusiones de la emergencia sanitaria. A medida que el mundo sale de la pandemia, será rehecho, para mejor o para peor. Está en marcha la batalla por el mundo post-pandemia.

Por William I. Robinson

Truthout

Traducido por Eduardo Pérez

30 jun 2020 09:02

Artículo original: Post-Covid economy may have more robots, fewer jobs and intensified surveillance. Traducido para El Salto por Eduardo Pérez. Copyright: Truthout, publicado con su permiso.

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La economía más allá de la pandemia y la cuarentena: el problema es el capitalismo

No hay dudas que la pandemia por el coronavirus agravó la situación económica global, pero más allá de cualquier forma de confrontación de la cuestión sanitaria, el mundo presenta un cuadro de recesión con alarmante impacto sobre la sociedad empobrecida, lo que se mide en desempleo, caída del salario, flexibilización salarial, laboral y sobre explotación […]

No hay dudas que la pandemia por el coronavirus agravó la situación económica global, pero más allá de cualquier forma de confrontación de la cuestión sanitaria, el mundo presenta un cuadro de recesión con alarmante impacto sobre la sociedad empobrecida, lo que se mide en desempleo, caída del salario, flexibilización salarial, laboral y sobre explotación de la fuerza de trabajo.

El FMI actualizó a junio los datos ofrecidos en abril sobre perspectivas de la economía mundial para el 2020.[1] Si en abril sostenía una caída de -3%, la actualización asume una baja del -4,9% para todo el mundo, con la sola previsión del crecimiento del 1% para China. Recordemos que las autoridades chinas no establecieron meta concreta de expansión de su economía para el presente año, más preocupada por resolver el fuerte impacto en desempleo causado por el receso derivado de la pandemia y que arrastraba la desaceleración económica que venía de antes.

Para esa caída del -4,9%, el principal problema está en los países del capitalismo desarrollado, con EEUU cayendo a un -8% y la zona del euro un -10%, con Alemania en -7,8%; Francia -12,5%; Italia -12,8%; igual que España con -12,8%. El Reino Unido, que nunca integró la zona euro y ahora en proceso Brexit, un -10,2%; Canadá -8,4%; Japón -5,8%. El registro de los países emergentes indica una baja del -3%, donde la peor situación es la de América Latina y el Caribe con una caída de -9,4%, donde México lidera con -10,5%; Argentina -9,9% y Brasil con -9,1%. Rusia bajará a un -6,6%; la India un -4,5% y como mencionamos se indica que China crecerá 1%.

La cuestión se agrava cuando el FMI destaca en el informe la perspectiva de caída del -11,9% para el comercio mundial durante el 2020. Es cierto que existe la guerra comercial entre EEUU y China y cuantiosas sanciones a variados países instrumentadas desde la política exterior estadounidense, pero la realidad es la tendencia al cierre de las fronteras, situación agravada en tiempos de pandemia. Más aún, el Fondo señala que el aumento del gasto público para atender la emergencia dispara una aceleración del déficit fiscal muy por encima de lo acontecido en la gran recesión del 2009. Lo mismo acontece con la deuda pública, muy superior a la consignada hace una década. Eso permite inferir una crisis muy superior a la ya visto hace una década y quizá la asistencia a la mayor crisis capitalista mundial.

El problema es el capitalismo y ¿qué hacer?

Más allá de las respuestas de cada país a la crisis sanitaria, prevención o desaprensión, aislamiento o no, cuarentenas suaves o estrictas, la realidad es que todo el mundo presenta una tendencia a la recesión.

El problema no es la cuarentena, ni la pandemia, sino el capitalismo en crisis.

Las autoridades estadounidenses son el ejemplo de la desatención y del otro lado está el ejemplo de China, su planificación y capacidad de mando y control; sin embargo, de modo diferenciado, la tendencia a la baja de la producción es una realidad en los dos países.

En la región nuestramericana se verifican matices en las políticas contra la emergencia sanitaria por la pandemia asumidas entre los tres más grandes economías, Argentina, Brasil y México. Sin embargo, los tres caerán en su actividad económica entre -9,1 y -10,5%.

No es que resulte igual como se aborde el problema de la pandemia, sino que el trasfondo del problema está más allá de la pandemia y de los modos de aplicación de las cuarentenas.

En todo caso interesa considerar como, más allá de la situación económica, se exacerban los esfuerzas por cuidar la salud de la mayoría de la población.

Lo que debe discutirse es el orden capitalista, su crisis actual y su superación, lo que supone iniciativas contradictorias según el lugar que se ocupe en el proceso de producción y circulación.

Una respuesta proviene del capital más concentrado, que presiona por la vuelta a la “normalidad” de la producción.

Los propietarios de medios de producción necesitan del “trabajo vivo” para poner en funciones el “trabajo pretérito o muerto” expresado en máquinas, herramientas, materias primas o materiales, lo que Marx denominó “capital constante”.

Si lo invertido en “capital variable”, el costo en salarios, no cumple con la función específica de generar ganancias en el proceso de trabajo y valorización del capital, lo que ocurre es que engorda la cuenta de pérdidas en el balance empresario y agudiza la tendencia decreciente de la tasa de ganancia de los capitales.

Julio C. Gambina es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYPPor eso la presión para volver a la producción y a la circulación. No es solo una demanda de los fabricantes, sino también del comercio y las actividades de servicios.

El interrogante es si el problema de la producción y la circulación se puede resolver más allá de la pandemia y del aislamiento de cuarentenas, lo que requiere ir más allá y en contra de la organización capitalista, lo que supone otra lógica de pensar y actuar.

Se conocen las dificultades para llevar adelante el aislamiento en los sectores más empobrecidos, lo que llevó a considerar oportunamente las “cuarentenas comunitarias”.

Sobre esa base puede pensarse en políticas públicas que además de acercar alimentos, medicamentos y recursos dinerarios a los más pobres, planificar el acceso a capital de trabajo (constante y variable) para organizar la economía popular en los territorios en aislamiento comunitario.

Organizar de manera alternativa la producción y circulación es algo que puede hacerse desde ahora, siendo a la vez un mecanismo imprescindible para pensar en la transición del modelo productivo y de desarrollo que muestra evidencias ostensibles de crisis.

Articular la demanda social y económica de sectores afectados por el cierre de la actividad con la posibilidad de una producción de bienes y servicios de carácter comunitaria supone una mirada diferenciada sobre la atención de la crisis.

¿Con que recursos hacerlo? Las premisas del cambio

Se impone suspender los pagos de la deuda pública, al tiempo que se audita la misma con participación popular para evidencias el carácter odioso, ilegal e ilegitimo de la misma, liberando recursos públicos para atender el proceso de acumulación bajo nueva modalidad como sugerimos.

Al mismo tiempo es hora de hacer realidad la imposición de un tributo a las grandes fortunas para ampliar la capacidad de inversión comunitaria y autogestionaria para resolver las imperiosas necesidades sociales, ampliadas en tiempos de coronavirus.

Son premisas a completar con reformas estructurales que alienten reformas en el modelo productivo del agro negocio de exportación, no solo el caso Vicentin.

También transformaciones de fondo del modelo industrial para reestructurar el carácter de armaduría vigente para reorientar el sistema fabril en función de las necesidades del modelo comunitario y autogestionario que sugerimos.

Para ello se requiere transformar las formas de intervención productiva del Estado y desandar el camino de las privatizaciones.

No se trata de la “vuelta al Estado”, sino de ensayar mecanismos que involucren a la fuerza laboral y a la sociedad en su conjunto en la elaboración y ejecución de la política económica.

Todo ello implica discutir las formas de producción y circulación en su conjunto, en el ámbito local y en el mundo, recuperando soberanía sobre las finanzas y el comercio exterior.

Nada de los sugerido es sencillo, y constituyendo un programa en sí mismo, demanda la construcción de un sujeto consciente suficiente amplio para hacerlo realidad.

Lo que sustentamos, no es una sugerencia a ningún gobierno, sino una propuesta a ser asumida por una parte importante de la sociedad, que pueda estar en condiciones de disputar la hegemonía política en el país.

Nota:

[1] FMI. PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL. Actualización de las perspectivas de la economía mundial, junio de 2020, en:  https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 (consultado el 28/06/2020)

Por Julio C. Gambina | 30/06/2020

Julio C. Gambina es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

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Viernes, 26 Junio 2020 06:28

Pandemia, contracción, petróleo

Pandemia, contracción, petróleo

Al acercarse la conclusión de la primera mitad del año se han multiplicado las evaluaciones y balances de lo ocurrido en el semestre de la pandemia. También las predicciones de lo que cabe esperar para la segunda y más adelante. En primer término se aprecia que, vista como tal, la pandemia no cede. Como lo expresó Le Monde (22/6/20) “…continúa acelerándose… el último millón de casos se añadió en apenas ocho días… Sus efectos se dejarán sentir a lo largo de decenios…” La coincidencia de aumentos rápidos en regiones como América Latina y Asia con el abandono de medidas de contención en Europa y Estados Unidos no es sostenible en un mundo en que la interconexión y la movilidad son componente de cualquier normalidad concebible.

Las secuelas sociales y económicas se aprecian con desaliento. Parecería darse una competencia de superlativos negativos para calificarlas y evaluarlas. Cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte, en su análisis más reciente, que esta crisis es como ninguna otra –por su magnitud y alcance, por la incerteza sobre su duración e intensidad, por los desafíos que plantea al diseño e instrumentación de políticas de respuesta y por derivarse, en gran medida, de las acciones adoptadas para superar la emergencia sanitaria misma– implica también que, aun si se consigue una pronta reactivación, será difícil eludir una transformación de fondo de las formas de operación de la economía y la sociedad globales. De conseguirse regresar a la normalidad, será, en todo caso, a una nueva normalidad, según la expresión más repetida del semestre.

Han abundado también las listas o relaciones de los sectores, actividades y empresas más afectados. No pocos se esforzaron por quedar incluidos, sobre todo en los primeros meses cuando parecía que llovería sobre ellos el maná de las ayudas, las ventajas fiscales y los subsidios. Entre las ayudas más generosas destinadas a las pymes destacaron las de Estados Unidos. Tardó poco en revelarse que una parte no menor de esos fondos había favorecido a empresas grandes e influyentes. El sector global de la energía, en general, y la rama de hidrocarburos, en particular, aparecieron en esos listados. Reforzó esa impresión el hecho insólito, aunque momentáneo, de un precio internacional negativo para el crudo estadunidense a mediados de abril.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) ofreció, en su informe mensual para junio, la siguiente viñeta: En términos deportivos, el mercado petrolero de 2020 se acerca al silbatazo de medio tiempo. Hasta el momento, las iniciativas, bajo la forma del acuerdo OPEP+ y de la reunión de los ministros de Energía del G20, han realizado una gran contribución para restaurar la estabilidad en el mercado. En caso de que se consoliden las tendencias recientes de la producción y se recupere la demanda, el mercado contará con un fundamento más estable al concluir la segunda mitad del año. Sin embargo, no deben subestimarse las enormes incertidumbres.

Adviértase que es muy baja, por no decir nula, la probabilidad de que se generalice la incipiente recuperación de la demanda, limitada ahora a China e India, y de que se revierta la caída de 11.8 millones de barriles diarios de la oferta de crudo registrada en mayo. La contracción de la actividad económica esperada en el año en curso –de 8 por ciento en las economías avanzadas según el FMI o de entre 6 y 7.6 por ciento en la mundial según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos– augura, más bien, un annus horribilis para el mercado petrolero global.

En tal situación es explicable que todo mundo prefiera ver al largo plazo. Así procedió la propia AIE. También a mediados de junio dio a conocer un amplio programa trienal de recuperación de la actividad y el empleo, para el periodo 2021-2023, centrado en el sector de la energía. Vale la pena examinar el documento íntegro, que se inicia con una visión de conjunto y se desarrolla en tres capítulos generales y seis sectoriales. ( Sustainable Recovery: https://www.iea.org/sustainable-recovery). De entrada, se advierte la dificultad de que un ambicioso plan trienal de recuperación sustentable para el sector de la energía, que supone inversiones por un billón de dólares anuales, pueda ser adoptado, en la actual coyuntura, por la comunidad de naciones, o incluso por el conjunto más restringido y afluente de los 38 estados miembros o asociados de la AIE, México entre ellos.

Por otra parte, parece demasiado arriesgado partir del supuesto de que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que ocurrirá este año por la contracción de la economía mundial podrá mantenerse cuando ésta eventualmente se reactive. Al tratar de recuperar el terreno perdido por la crisis, las consecuencias ambientales no se contarán, por desgracia, entre las mayores preocupaciones.

De cualquier modo, el plan de la AIE apunta a líneas de acción en el petrolero y otros segmentos del sector de la energía que será valioso explorar después de la pandemia –ese futuro todavía impreciso.

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Desregulación, ayudas a multinacionales y récord de milmillonarios: las recetas de Trump para la pandemia

La administración Trump ha centrado los paquetes millonarios de rescate por la covid19 en las multinacionales y ha aprovechado la pandemia para desregular sectores como el energético. Mientras que 45 millones de personas han perdido su empleo en la pandemia, los milmillonarios han incrementado sus fortunas un 20%.

 

Donald Trump declaró el estado de emergencia ante la expansión del coronavirus en Estados Unidos el 13 de marzo. En estos 99 días, el paro (en cifras testimoniales en febrero) ha contagiado a 45 millones de personas y 120.000 estadounidenses han fallecido a causa de la covid-19. Entretanto, los milmillonarios han aumentado su fortuna en 584.000 millones de dólares (un 20% más) mientras que 29 nuevos nombres se han añadido a la lista, que pasa a tener 643 miembros.

Junto a esto, la administración Trump ha aprobado sotto voce reformas legales para desregular sectores como el energético o el industrial o atacar los derechos de los transexuales, y ha aprobado tres paquetes de ayudas dotados con más de dos billones de dólares (prepara un tercero de 3 billones), una cuantía que ha sido orientada hacia las grandes corporaciones en vez de a las familias y las pymes, en virtud de la vieja fórmula de Ronald Reagan: alimentemos las grandes bocas y que los pajarillos se coman las migajas. Varias organizaciones vinculan esta gestión política al hecho de que al menos siete ministerios clave de la administración Trump están en manos de exmiembros o antiguos lobistas de grandes corporaciones, que ahora hacen caja con la crisis.

Así lo denuncia Public Citizen, una organización con sede en Washington que investiga la labor de los lobbies y sus relaciones con el gobierno. El Departamento del Tesoro, clave en la gestión de los paquetes de ayuda por la covid-19, está en manos de Steven Mnuchin, que viene de Goldman Sachs; Comercio lo dirige Wilbur Ross, un banquero millonario con inversiones en las industrias textil, del carbón, el acero o la automoción; al frente de Salud está Diane Foley, exejecutiva de la industria farmacéutica y opuesta al derecho al aborto; el director de la Agencia de Protección Ambiental es Andrew Wheeler, un exlobista del carbón; Interior lo dirige Michaela Noble, exlobista del sector petrolero; Defensa, el general Mark Esper, que lo fue de Raytheon, una de las firmas contratistas de defensa militares más grandes de Estados Unidos; y la Comisión Federal de Comunicaciones la dirige el exabogado de Verizon Ajit Pai, defensor a ultranza de la desregulación.

Prácticamente todos ellos han estado envueltos en polémica en las últimas semanas. El caso más sonado ha rodeado a Mnuchin, al frente del Tesoro. Éste se ha negado ante el Congreso a dar la información de cómo se estaban repartiendo las cuantiosas ayudas públicas fijadas en los paquetes de emergencia de la covid-19. Las dudas se centran especialmente en los 700.000 millones de dólares supuestamente destinados a las pymes y que muchas asociaciones de empresarios dicen que no se están recibiendo. Mnuchin alegó ante el Congreso que no puede dar esa información porque, dijo, es "de los dueños" y "confidencial". Se ha ganado con eso una demanda del Centro para la Integridad Pública, una ONG que investiga "la democracia, los privilegios y el poder", según se autodefinen en su página web.

El gobierno está gastando miles de millones de dólares para afrontar el impacto económico de esta crisis y el público merece saber quiénes se están beneficiando de esas ayudas y quiénes no, puesto que la pandemia amenaza con empeorar la desigualdad de Estados Unidos", explica en un comunicado la directora de esta organización, Susan Smith Richardson, que denuncia que "el programa de cheques de ayuda se previó para ofrecer préstamos cancelables a pymes de menos de 500 empleados, sin embargo, varias compañías grandes, como Shake Shack y Ruth's Chris Steak House, han revelado que han recibido millones de dólares bajo ese programa mientras que numerosas pymes no lo han hecho".

Entretanto, cubriéndose con el espesor de la crisis del coronavirus, la administración Trump ha seguido desmontando la legislación ambiental, que está dejando al país con la estructura normativa que tenía incluso mucho antes de la era Obama. Según la cadena de radios públicas NPR, en las últimas semanas se han eliminado las regulaciones que afectaban a la eficiencia de los combustibles fósiles en coches y camiones, sobre contaminación del aire por la actividad de las centrales de energía y sobre la contaminación de aguas, y se están expandiendo las actividades de fracking en Alaska, todo ello con el visto bueno de la Agencia de Protección Ambiental y otros departamentos vinculados.

En Estados Unidos la Constitución no reconoce la salud como derecho fundamental, de manera que el acceso a la sanidad se realiza de manera general a través del contrato de trabajo, una de cuyas condiciones, además del salario, es el vínculo con una póliza médica privada. Pero con la crisis del coronavirus hay ya 45 millones de parados (y subiendo) en el país, de los que más de 25 millones habrían perdido su cobertura; éstos se suman a los más de 80 millones que o no tenían cobertura o la tenían muy mala. Ante esta situación, frente a la propuesta del senador Bernie Sanders de lanzar un plan de emergencia para implantar una sanidad gratuita y universal mientras dure la pandemia, el gobierno de Trump optó por repartir ayudas millonarias entre los hospitales y el sector de salud privado con el argumento de que es un sector esencial que no puede quebrar.

El resultado ha sido que estas empresas están llenando sus arcas al tiempo que a millones de estadounidenses se les limita el acceso a la salud en una situación crítica como la actual. El grupo United Health, la primera aseguradora médica del país, hizo en abril balance del primer trimestre del año: obtuvo 164 millones de dólares en beneficios, un 3,4% más que en el mismo período de 2019. La compañía admitió que la pandemia de la covid-19 está teniendo un "impacto mínimo" en sus objetivos y, de hecho, afirmó que el grupo "mantiene sus perspectivas de ganancias […] para todo el año en 2020".

En la misma línea, Public Citizen advierte en un comunicado de que "después de recibir un rescate de mil millones de dólares de fondos federales, la Corporación Estadounidense de Hospitales (HCA Healthcare, en inglés) está despidiendo o recortando el sueldo de decenas de miles de médicos y enfermeros mientras que su director general está perdiendo menos del 1 por ciento de su compensación anual". La HCA obtuvo 7.000 millones de dólares en beneficios en los últimos dos años.

No sólo la administración Trump está atacando y desreglando sectores productivos con la excusa o bajo la espesa crisis de la covid-19, también está haciendo lo mismo con la legislación que afecta a asuntos ideológicos. El último zarpazo llegó a finales de la semana pasada, cuando el gobierno liderado por el magnate neoyorkino desmanteló las políticas de Obama que prohibían a las compañías de seguros médicos privadas discriminar a los pacientes transgéneros y a las mujeres que buscaban abortos. Según el medio Político, la Casa Blanca trabajaba con denuedo a finales de abril en esta medida, justo cuando Estados Unidos sumaba cada día 30.000 nuevas infecciones por coronavirus.

En cuanto al nuevo paquete de ayudas, éste fue ya aprobado por la Cámara de los Diputados, de mayoría demócrata, el 15 de mayo, pero el Senado, cámara que controlan los republicanos, aún no han fijado la fecha de su debate y votación. La propuesta aprobada por la cámara baja fijó una dotación inicial de tres billones de dólares, pero los republicanos en el Senado quieren dejarlo en un billón, mientras que Trump apuesta por dos. En cualquier caso, el paquete salió de la Cámara de los Diputados lastrado por el voto en contra de más de una docena de demócratas progresistas, entre ellos, Pramila Jayapal, la promotora en esa cámara de el proyecto de sanidad pública gratuita y universal, que Bernie Sanders lidera en el Senado.

Jayapal explicó entonces en un comunicado que ese paquete de ayudas "no proporciona el suficiente alivio económico a las empresas, sobre todo las pymes, ni mantiene a los trabajadores en sus puestos de trabajo ni garantiza las nóminas. No podemos esperar a que la tasa de desempleo suba al 40% o 50%, lo que sucederá si no actuamos con audacia. Este es el nivel más alto de desempleo que hemos visto desde la Gran Depresión".

Además, la congresista denunció que el paquete de ayudas "tampoco garantiza una atención sanitaria asequible y accesible para todos. Más de 27 millones de personas han perdido su seguro médico porque perdieron su trabajo y se suman a los 87 millones de personas que ya estaban sin seguro o con seguro insuficiente. Ahora, más que nunca, la gente necesita saber que su acceso a la atención médica está garantizado". Si la propuesta ha salido así de una cámara demócrata no parece probable que los republicanos del Senado o la administración Trump vayan a mejorar mucho el enfoque hacia el sentido reclamado por Jayapal y el sector progresista demócrata.

Así que la red de seguridad social de los paquetes de ayudas se ha puesto, pero fundamentalmente por arriba, donde hacen negocio las grandes bocas de Reagan. Según el Instituto de Estudios sobre Políticas, los milmillonarios de Estados Unidos (aquéllos cuyas fortunas superan los mil millones de dólares) han incrementado su riqueza un 20% desde que empezó la pandemia; esto es, han acumulado 584.000 millones de dólares más. Ajenos a cualquier crisis, desde el 18 de marzo se han añadido a la lista de milmillonarios 29 nombres nuevos y ya componen ese club 643 nombres. Sus fortunas acumulan un total de 3,5 billones de dólares, es decir, siete veces el presupuesto de gasto de España de 2019.

Washington

22/06/2020 07:45 Actualizado: 22/06/2020 09:07

Por Manuel Ruiz Rico

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El impuesto a los ricos como sentido común

Un fantasma recorre América Latina en forma de nuevo sentido común de época: los superricos deben aportar una parte de sus colosales recursos para afrontar la crítica situación económica y social que vivimos. Se trata de un consenso emergente nacido en medio de esta pandemia y que ha tomado forma de iniciativa tributaria en muchos países. Con gran variedad de términos y con especificidades legales propias de cada país, esta propuesta de política pública cuenta hoy en día con gran aceptación en la región.

En Chile, el impuesto a los más altos patrimonios es una iniciativa del Partido Comunista, y ya ha sido aprobada en el Congreso; en Argentina, se viene discutiendo desde hace semanas la propuesta del Frente de Todos del impuesto a las grandes fortunas, y está a las puertas de entrar a debate en la Cámara legislativa; en México, el subsecretario de América Latina ha propuesto públicamente una contribución extraordinaria que afectaría a los grandes patrimonios; también ha aparecido en Brasil como iniciativa en el Senado por parte del Partido de los Trabajadores; en Perú, se ha presentado como proyecto de ley en el Congreso; en Bolivia, lo ha expuesto el candidato presidencial por el MAS, Luis Arce.

Lo interesante de este fenómeno regional es que no está disociado de lo que piensa la gente. Es decir, no son propuestas legislativas sin base ciudadana. Y es por ello que tienen mayor fuerza y posibilidades para que sean plenamente implementadas.

Si observamos las tres últimas encuestas realizadas por el Celag en los pasados dos meses, en Argentina, Chile y México existe un gran acuerdo sobre esta temática: 1) en Argentina, 78 por ciento estaría de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas; 2) en Chile, este valor es de 72 por ciento; 3) en México, de 67 por ciento. En todos los casos observados hay, como mínimo, dos tercios de la ciudadanía que apoyan esta política pública. Y seguramente esto responde no sólo a un criterio de justicia sino también de eficiencia. Recuperar la economía también se logra gracias a este tipo de medidas que permiten poner a circular recursos ociosos, que en la mayoría de los casos no son utilizados para el buen desempeño económico, social y productivo de un país.

El impuesto a los superricos no es un hecho aislado en este nuevo tiempo. La explicación está en sintonía con la mayor demanda de más Estado en medio de esta pandemia. Según datos de las encuestas del Celag, en Argentina 90 por ciento cree que el Estado debe intervenir y estar presente en la economía; en Chile, 68 por ciento, y en México, 60 por ciento.

Como casi siempre ocurre en la Historia, cada idea o propuesta es fruto de sus circunstancias. Como ocurrió luego de la gran crisis de 1929 con la subida de los tipos impositivos marginales para las rentas más altas (tal como lo describe Piketty en Ideología y capital), ahora sucede algo similar: lo que hasta hace poco era una idea minoritaria, ahora se transforma en idea mayoritaria.

*Por Alfredo Serrano Mancill, doctor en economía, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.

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