Manifestantes en el barrio madrileño de Vallecas exigieron ayer más recursos a la salud pública. España reporta más de 31 mil muertos por Covid-19 y de acuerdo con expertos atraviesa por la segunda ola de contagios.Foto Ap

Recortes al presupuesto hacen estragos

 La red pública del país estaba entre las 10 mejores del mundo

 

Madrid. España vivía convencida de que su Sistema Nacional de Salud (SNS) era fuerte, eficiente y de excelente calidad. Una idea, además, confirmada por informes internacionales que lo situaban entre los 10 mejores del mundo. Sin embargo, la pandemia del Covid-19, que ha atacado con ferocidad en este país, puso en evidencia las profundas carencias acumuladas en la sanidad pública, sobre todo tras los recortes por la crisis económica de 2008, la precarización de los salarios y los contratos del personal sanitario, ahora convertidos en héroes anónimos.

En estos días ver largas filas en cualquier área de atención pública en un hospital es lo habitual. También es común ver el nerviosismo y el cansancio en los profesionales de la salud frente a la desesperación de pacientes y familiares que sufren con impotencia su situación.

El problema se agrava sobre todo en los centros de atención primaria, donde resulta prácticamente imposible conseguir una cita antes de dos o tres meses, y donde el agotamiento de sus trabajadores se traduce en frustración y en datos globales que confirman que algo ha fallado: en España han muerto, según cifras oficiales, más de 31 mil personas –las extraoficiales elevan este número a más de 53 mil–, en total se han registrado 780 mil infectados, de los cuales se han aliviado 150 mil.

Los informes de organismos internacionales o publicaciones especializadas, como The Lancet o la Universidad Johns Hopkins, sitúan a España entre los países que peor han gestionado la crisis de la pandemia, a pesar de que cuenta con un sistema de salud pública universal y gratuito, además de profesionales bien preparados, que muchas veces emigran por los bajos salarios que reciben en comparación con otros países europeos.

El sistema sanitario español cuenta con 13 mil centros de atención primaria, 10 mil consultorios, 2 mil puntos de atención de urgencia extrahospitalaria, 466 hospitales, 112 mil camas, 18 mil puestos de hospital de día, 281 centros, servicios y unidades de referencia y 44 hospitales autorizados con unidad de trasplantes. Todo ello es atendido por un ejército de profesionales sanitarios integrado por 147 mil médicos, 182 mil enfermeros y 317 mil empleados de atención primaria. Es decir, más de 650 mil trabajadores de salud, a los que habría que sumar los de áreas administrativas y de seguridad.

El sistema exige recursos públicos por más de 75 mil millones de euros, lo que representa alrededor de 6.3 por ciento del producto interno bruto, cifra que si se compara con los países punteros en la materia de la Unión Europea (UE), es baja; en Alemania, Francia o Suecia es superior a 9 por ciento del PIB.

Gasto sanitario cae 13%

El gasto sanitario público en España se desplomó durante la crisis de 2008: en términos reales cayó 13 por ciento entre 2009 y 2013. Después de 2014 hubo cierta recuperación, pero todavía el gasto público sanitario total y por persona en 2018, últimos datos disponibles de la OCDE, era inferior al de 2009, explicó a La Jornada Félix Lobo, catedrático emérito de la Universidad Carlos III de Madrid y director de Economía y Políticas de Salud.

Estos recortes, aplicados sobre todo durante los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el derechista Mariano Rajoy, tuvieron una incidencia directa en la capacidad de atención. Por ejemplo, por primera vez en décadas España registró cifras inferiores a la media europea en la ratio de enfermeras por cada mil habitantes (que fue de 5.7) o del número de camas hospitalarias por cada cien mil habitantes, que fue de 297 frente a las 541 de la media en la UE.

La falta de presupuesto dio un golpe a la línea de flotación del sistema, y con el estallido de la pandemia del Covid-19 provocaron que afloraran otras carencias o problemas estructurales como la precarización de los salarios de médicos y enfermeros, las plantillas insuficientes en los centros sanitarios, la falta de material ya sea básico o especializado para este tipo de crisis (desde cubrebocas hasta respiradores artificiales).

Lobo añadió que en una pandemia así, ni el sistema sanitario mejor dotado puede hacer frente a la avalancha si no se han contenido los contagios antes. Es más importante el grado de preparación y despliegue rápido de las armas de la salud pública que se tengan planificadas y dispuestas para cuando llega la ola de contagios; el blindaje de los profesionales sanitarios y otros aspectos esenciales; la detección temprana mediante pruebas y el aislamiento eficaz de los grupos vulnerables, como las residencias de ancianos y las personas con discapacidad.

La vocera de Médicos del Mundo, Eva Aguilera, sostuvo que tras el golpe que sufrió la sanidad pública española en la crisis, una situación como ésta la pone a prueba más allá del límite. El sistema sanitario siempre ha tenido insuficiencia de recursos, pero en una crisis así estas carencias resultan letales.

De hecho, este problema ya se advirtió en el último informe sobre personal sanitario elaborado por la Comisión Europea, que advirtió que en España parte importante de los profesionales de la salud tienen contratos temporales, lo que aumenta la tasa de rotación del personal; además, hay una inquietud creciente sobre la escasez de enfermeras y médicos familiares, ya que muchos se aproximan a la edad de jubilación.

España enfrenta ahora lo que expertos denominan la segunda ola del virus, al registrar los peores datos de contagio y mortandad de la UE, si bien se advierte que esta vez las consecuencias en la salud pública podrían ser incluso peores, sobre todo porque los profesionales sanitarios están exhaustos y superados y los recursos de los hospitales y centros de atención primera están al límite

Por Armando G. Tejeda

Corresponsal

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Protesta de trabajadores ayer en Quito, contra el paquete de políticas para enfrentar la crisis dejada por la pandemia.Foto Ap

Quito. Sindicatos y organizaciones sociales salieron ayer a las calles y plazas en varias zonas de Ecuador, en rechazo a las medidas económicas impuestas por el presidente Lenín Moreno ante una fuerte crisis de liquidez en medio de la pandemia del coronavirus.

El colapso de los precios mundiales del petróleo y los efectos de la pandemia han bajando los ingresos fiscales en 8 mil millones de dólares, presionando al gobierno a un recorte del gasto, que incluye reducción de la jornada laboral y del salario de funcionarios públicos, así como el cierre de algunas oficinas estatales.

Las medidas llevaron a sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales a recorrer, con carteles y consignas en contra del gobierno, las calles del centro de Quito, donde se mantiene un duro confinamiento por el creciente número de contagios y muertes por el coronavirus. Protestas similares se reportaron en Guayaquil y Portoviejo.

“Con esta ‘ley de inhumanidad’ todos los trabajadores regresan a ser peones, a ser esclavos”, aseguró a Reuters Mesías Tatamuez, presidente del sindicato Frente Unitario de Trabajadores, quien exigió al presidente que deje de pagar la deuda externa y con eso atienda la emergencia sanitaria.

A las protestas se unieron trabajadores del ferrocarril, cuya empresa, con más de 400 empleados, fue cerrada por decreto.

Las marchas de esta jornada son demostración de la alerta que lanzaron organizaciones sociales y movimientos indígenas, cuyas directivas anunciaron que se mantendrán en resistencia.

Moreno también pondrá en vigor reformas recién aprobadas por la Asamblea Nacional para modificar las condiciones de los contratos laborales, en un intento por salvar empleos, y a partir de junio regirá un sistema para fijar los precios de los combustibles, con lo que busca reducir los subsidios.

El centro histórico de Quito, donde se ubica el Palacio de Gobierno, estuvo resguardado por un fuerte cerco policial.

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Ecuador recortará 4 mil mdd al gasto fiscal por la pandemia del Covid-19

Quito. Ecuador, en crisis económica por la pandemia de coronavirus, recortará 4 mil millones de dólares en el gasto fiscal mediante la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos, la eliminación de ministerios, entidades estatales, embajadas y consulados, pero ofrecerá mil millones de dólares para la reactivación privada, anunció ayer el presidente Lenín Moreno.

Agregó que son medidas "para evitar el derrumbe de la economía nacional... el país jamás ha enfrentado una situación tan grave: Ecuador dejará de recibir 8 mil millones de dólares por los estragos de la emergencia, además de los 4 mil millones de déficit del presupuesto general del Estado".

Destacó que sumadas todas las guerras y desastres naturales que ha sufrido el país en toda su historia "nunca llegaríamos a las pérdidas humanas y económicas que hoy vivimos".

Con estas medidas la masa salarial bajará 980 millones de dólares y los bienes y servicios otros 400 millones. Los empleados públicos trabajarán seis horas diarias en lugar de ocho y recibirán un pago por la jornada reducida. Médicos, militares y policías seguirán trabajando ocho horas y en el sector educativo se laborará siete horas.

Moreno explicó que desde que empezó la crisis sanitaria, 150 mil personas han perdido su empleo. Al detallar su plan mencionó que desaparecerán o se fusionarán 10 ministerios, siete empresas públicas, como ferrocarriles, medios de comunicación y correos, y algunas embajadas. Las entidades que no cierran deberán reducir su presupuesto entre 10 y 15 por ciento.

En el caso de la aerolínea Tame, que ha perdido más de 400 millones de dólares en los últimos cinco años, Moreno indicó que entrará en proceso de liquidación.

Durante la gestión de Moreno, que comenzó en 2017 y concluye en 2021, más de 40 ministerios e instituciones públicas han sido eliminadas. El mandatario, quien se desempeñó como vicepresidente del pasado gobierno, ha desarticulado los principales programas sociales creados por su antecesor Rafael Correa.

La difícil situación económica de Ecuador, por el alto endeudamiento de 65 mil millones de dólares (con un PIB de 110 mil millones de dólares) y su dependencia del petróleo como principal producto de exportación en un contexto de caída de precios, se agravó con la pandemia del coronavirus.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, aseguró que las decisiones adoptadas por el gobierno tienen "un claro enfoque de sacrificio y esfuerzo en el sector público... estamos actuando con la mayor responsabilidad posible y protegiendo a sectores prioritarios como salud y seguridad".

Moreno ofreció más de mil millones de dólares para el sector privado con el fin de reactivar la economía y dispuso una reducción en el precio de la gasolina de 1.85 1.75 dólares el galón.

Ante este panorama, el lunes se reportaron protestas de miles de trabajadores de diversos sectores sociales en Quito, Guayaquil y Cuenca, contra la nueva Ley Humanitaria, que flexibiliza el régimen laboral, ya que favorece a los patrones, pues podrán descontar hasta 45 por ciento del salario a sus empleados, denunció Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores de Ecuador.

Por otra parte, Guayaquil, epicentro de la pandemia en el país, entrará hoy en una nueva fase que le permitirá relajar las medidas de confinamiento, anunció la alcaldesa Cynthia Viteri

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Grecia nunca fue rescatada: sigue siendo una cárcel de deudores y la UE tiene todavía las llaves

A lo largo de la pasada semana, los medios informativos de todo el mundo han estado proclamando la exitosa conclusión del programa de rescate financiero de Grecia, organizado en 2010 por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Los titulares se regocijaban por el final del rescate de Grecia, incluso por la terminación de la austeridad.

Las informaciones desde la zona cero de la crisis de la zona euro describían la intervención griega que ha durado ocho años como paradigma de una juiciosa solidaridad europea con su oveja negra: un caso de “quien bien te quiere…” que, presuntamente, ha funcionado.


Una lectura más cuidadosa de los hechos apunta una realidad diferente. En la misma semana que una Grecia asolada entraba en otros 42 años de severa austeridad y de más intensa esclavitud por deudas (2018-2060), ¿cómo se puede presentar como un hecho el final de la austeridad y la recobrada independencia financiera de Grecia?


Por el contrario, la semana pasada debería citarse en las facultades de Comunicación de nuestras universidades como ejemplo de cómo se puede erigir un consenso en torno a una falsedad ridícula.


Pero empecemos definiendo nuestros términos. ¿Qué es un rescate y por qué es excepcional e inacabable en la versión de Grecia? Tras la debacle bancaria de 2008, casi todos los gobiernos rescataron a los bancos. En el Reino Unido y los EE.UU., el gobierno dio, como todo el mundo sabe, luz verde al Banco de Inglaterra y a la Reserva Federal, respectivamente, para imprimir montañas de dinero público a fin de reflotar los bancos. Por añadidura, los gobiernos del Reino Unido y los Estados Unidos pidieron prestadas grandes sumas para otorgar mayores ayudas a los desfallecientes bancos, mientras sus bancos centrales financiaban buena parte de sus deudas.


En el continente europeo se estaba desarrollando un drama bastante peor, debido a la extraña decisión de la UE, allá por 1998, de crear una unión monetaria presentando un Banco Central Europeo sin un Estado que lo apoyara políticamente y 19 gobiernos responsables de rescatar sus bancos en tiempos de turbulencia financiera, pero sin un banco central que les ayudara. ¿Por qué este arreglo tan anómalo? Porque la condición alemana para trocar su deutschmark por el euro fue la total prohibición de cualquier financiación de bancos y gobiernos –italianos o griegos, por ejemplo- por parte de cualquier banco central.


Así, cuando en 2009 los bancos alemanes y franceses se demostraron todavía más insolventes que los de Wall Street o la City, no hubo un banco central con la autoridad legal, o respaldado por la voluntad política, como para salvarlos. Por tanto, en 2009, hasta a la canciller Merkel de Alemania le entró el pánico cuando se le dijo que su gobierno tenía que inyectar, de la noche a la mañana, 406.000 millones de euros de fondos de los contribuyentes a los bancos alemanes.


Por desgracia, no fue suficiente. Pocos meses más tarde, los ayudantes de la señora Merkel le informaron de que, igual que los bancos alemanes, el sobreendeudado Estado griego encontraba imposible sobreponerse a su deuda. Si se hubiera declarado en bancarrota, le hubieran seguido Italia, Irlanda, España y Portugal, con el resultado de que Berlín y París se habrían enfrentado a un nuevo rescate de más de un billón de euros. En ese momento, se decidió que al gobierno griego no se le podía permitir decir la verdad, es decir, confesar su bancarrota.


Para mantener esa falsedad, a la insolvente Atenas se le otorgó, con la pantalla de humo de “solidaridad con los griegos” el mayor préstamo de la historia, que pasó inmediatamente a los bancos alemanes y franceses. Para tranquilizar a los enojados parlamentarios alemanes, este colosal préstamo se concedió a condición de una brutal austeridad para el pueblo griego, colocándolo en una permanente gran depresión.
Para captar la sensación de los destrozos que siguieron, imaginemos lo que habría pasado en el Reino Unido si el RBS, Lloyds y los otros bancos de la City se hubieran rescatado sin ayuda del Banco de Inglaterra y por medio de préstamos extranjeros a Hacienda. Todo otorgado a condición de que los salarios del Reino Unido se redujeran un 40%, las pensiones un 45%, el salario mínimo en un 30%, el gasto de la sanidad pública en un 32%. El Reino Unido sería hoy el erial de Europa, como lo es hoy Grecia.


Pero, ¿no acabó esta pesadilla la semana pasada? Ni lo más mínimo. Técnicamente hablando, los rescates griegos tenían dos componentes. El primero entrañaba que la UE y el FMI concedieran al gobierno griego alguna facultad por la que fingiera que estaba devolviendo sus deudas. Y luego estaba la severa austeridad que adoptaba la forma de tipos impositivos ridículamente altos y recortes salvajes en pensiones, salarios, en salud pública y en educación.


La semana pasada acabó el tercer paquete de rescate, igual que el segundo había acabado en 2015 y el primero en 2012. Tenemos un cuarto paquete semejante que difiere de los tres anteriores de dos maneras poco importantes. En lugar de nuevos préstamos, se diferirán hasta después de 2032 los pagos de 96.6000 millones de euros que debían iniciarse en 2023, cuando las cantidades deben devolverse con intereses añadidos a otros grandes pagos de devolución anteriormente programados. Y, segundo, en lugar de llamarlo cuarto rescate, la UE lo ha denominado, de modo triunfante, el “fin del rescate”.


Por supuesto, seguirán siendo ridículamente altos el IVA y los tipos impositivos a las pequeñas empresas, igual que habrá nuevos recortes a las pensiones y nuevos tipos punitivos para el impuesto sobre la renta de los más pobres, que están previstos para 2019. El gobierno griego se ha comprometido también a mantener un objetivo de superávit presupuestario a largo plazo, en el que no se cuenta el pago de la deuda (3,5% de la renta nacional hasta 2021, y el 2,2% entre 2022 y 2060) que exige una austeridad permanente, una meta a la que el FMI mismo concede menos de un 6% de probabilidades de que se logre en cualquier país de la eurozona.


En resumen, tras haber rescatado a los bancos franceses y alemanes a expensas de los ciudadanos más pobres de Europa, y tras haber convertido a Grecia en una cárcel de deudores, la semana pasada los acreedores de Grecia decidieron proclamar su victoria. Después de haber dejado a Grecia en coma, lo han convertido en permanente, declarándolo “estabilidad”: empujaron a nuestra gente por el precipicio y festejaron que rebotaran contra la dura roca de una gran depresión como prueba de “recuperación”. Por citar a Tácito, crearon un desierto y lo llamaron paz.

 


Por Yanis Varoufakis, co-fundador del Movimiento por la Democracia en Europa (DIEM25), Yanis Varoufakis es profesor de economía de la Universidad de Atenas, ex-ministro del Gobierno de Syriza, del que dimitió por su oposición al Tercer Memorándum UE-Grecia. Es autor, entre otros, de El Minotauro Global.

 

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Contundente paro en Argentina ante el fracaso del diálogo y la política, señala líder de la CGT

"Una democracia falla cuando hay excluidos", dice la Iglesia católica

El paro general contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ajuste, los despidos, la pobreza, los tarifazos, la inflación, el intento de reforma laboral y para exigir la apertura de negociaciones salariales (paritarias) libres, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) con el apoyo de todas las centrales sindicales y gremios independientes, fue contundente en toda Argentina; los sindicatos y partidos de izquierda bloquearon por un momento los accesos a la ciudad y marcharon luego hacia el obelisco, en el centro de esta capital, ante la vigilancia por parte de un megaoperativo de fuerzas de seguridad.

Fueron acompañados por trabajadores y directivos de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) con el persianazo (cierre de comercios), productores y otros sectores que nunca habían participado, considerándose el paro más grande en años recientes, mientras partidos y gremios de la izquierda más radical se manifestaron en diversos lugares y convergieron en el Obelisco para un acto final.

No hubo trenes ni autobuses, ni aviones, ni Metro... las calles estaban vacías y gran cantidad de negocios y restaurantes permanecían cerrados. "Hubo un altísimo nivel de acatamiento en toda Argentina y un paro general en un país significa el fracaso del diálogo social y también el fracaso de la política", dijo Juan Carlos Schmid, dirigente de la CGT.

Añadió que su gremio llegó a esta determinación después de haber agotado todas las instancias en los diversos plazos institucionales para encontrar alternativas. "Y para que nadie tenga dudas, ¿saben por qué paramos? Paramos para poder seguir trabajando", expresó.

El presidente Mauricio Macri y sus funcionarios se refirieron de manera despectiva al paro. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo que "no sirve para nada".

"Yo he escuchado a lo largo de toda la mañana una pregunta de manual que hace el periodismo, ¿y mañana qué? y este paro cuesta tanto. Miren, en el último mes se han perdido 11 mil millones de dólares sin ningún paro general en la República Argentina. ¿De quién es responsabilidad eso? ¿De la CGT?", expresó, y concluyó: "El gobierno tiene que corregir su programa económico".

Héctor Daer, del gremio de la Sanidad, que integra el triunvirato de los dirigentes de la CGT, recordó que "desde diciembre de 2015 hasta hoy hubo una inflación de 95 por ciento. Fueron favorecidos impositivamente los sectores que más ganan y más tienen: el agropecuario y las mineras, y nosotros seguimos siempre tributando desde nuestro salario, desde el IVA, desde el impuesto a las ganancias". Destacó las propuestas que se intentaron con el gobierno "al que le planteamos que cuidara el empleo, el poder adquisitivo del salario, que cuidara la salud de los trabajadores, y no hubo respuesta porque no tiene la voluntad política de proteger a los trabajadores".

Carlos Acuña, el tercero del triunvirato dirigente, habló de que "hay una nueva oportunidad" y agregó que esperan que el gobierno "haya leído bien el paro de hoy. Si la gente está bien no va a parar. Hoy la gente está mal, uno tiene que saber interpretar esta situación y tiene que convocar al paro cuando se agota el diálogo. El hambre no espera, la tenemos ahí en la mesa de muchas familias de la República", concluyó.

Con mayor firmeza hablaron los dirigentes de las Centrales de los Trabajadores Argentinos (CTA), como Hugo Yasky, para quien el paro fue "una señal de rechazo absoluto al FMI" y advirtió: "garantizamos que no vamos a abandonar la calle ni un instante".

Su colega de la CTA autónoma, Pablo Micheli, expresó su satisfacción por la respuesta contundente de los "trabajadores y trabajadoras" y aseguró que no pararon por los dirigentes sindicales (como afirmó el ministro Triaca), sino porque tienen conciencia de que "hay que frenar este modelo económico que nos lleva a la destrucción de Argentina".

La cúpula de la Iglesia católica recordó que el paro es un derecho cuando no hay respuestas de los que tienen la responsabilidad de hacer algo. El obispo Jorge Lugones, presidente de la Comisión Episcopal, señaló: "cuando vemos que en una democracia hay excluidos, hay pobres, hay quienes pasan hambre viviendo en condiciones infrahumanas, sin trabajo, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que no está funcionando bien".

Lugones, jesuita como el papa Francisco, consideró que "una democracia sana supone la participación de todo el pueblo: la inclusión, la integración que implica dar oportunidad, ser corresponsable. Es una responsabilidad y un compromiso de todos, en especial de los dirigentes", y agregó que "cuando en una nación como la nuestra, en la que hay tierra suficiente para que todos seamos propietarios, riqueza suficiente para que todos tengamos una vida digna, alimentos para un número de personas varias veces mayor que el número de sus habitantes, y sin embargo, hay muchos argentinos que no tienen techo ni tierra, ni trabajo, que comen menos de los necesario y donde hay una grave desnutrición infantil, es obligación llamar fuertemente la atención de los gobernantes y de todos los sectores de la sociedad acerca de esos problemas, porque por algún motivo la democracia y la sociedad están fallando".

Martes 26 de junio de 2018

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Coy Cotley, de 63 años, en su lugar de vida como homeless, hecho de cajas de cartón, sobre una acera de Tenderloin, San Francisco, Estados Unidos.

 

En el corazón de la misión especial de Philip Alston, Relator de la ONU para la Pobreza, hubo una pregunta: ¿pueden los estadounidenses disfrutar de los derechos humanos fundamentales si no pueden cumplir con los estándares básicos de vida? Alston, quiere saber por qué 41 millones de estadounidenses viven en la pobreza. The Guardian se unió a él en una misión especial de dos semanas en el corazón oscuro de la nación más rica del mundo

Después de recorrer los suburbios de Los Angeles, tomó un vuelo hasta San Francisco, al distrito de Tenderloin, donde se congregan personas sin hogar, y entró a la iglesia de San Bonifacio. Lo que vio allí fue un analgésico para su alma.

 

Iglesia de San Bonifacio en San Francisco acoge a homeless todos los dìas Foto The Guardian 580x334

La iglesia de San Bonifacio en San Francisco, abre todos los días de 6 de la mañana a 3 de la tarde, para que las personas sin casa descansen un rato. Foto: David Levene para The Guardian

 

Alrededor de 70 personas sin hogar dormían silenciosamente en bancos en la parte posterior de la iglesia, ya que se les permite hacer todas las mañanas de lunes a viernes, con fieles rezando armoniosamente frente a ellos. La iglesia les da la bienvenida como parte del concepto católico de extender la mano amiga.

“Encontré a la iglesia sorprendentemente edificante”, dijo Alston. “Fue una escena tan simple y una idea tan obvia. Me llamó la atención: el cristianismo, ¿de qué se trata si no es esto?

Fue una gota rara de altruismo en la costa oeste, que compite contra un mar de hostilidad. En los últimos años, se han aprobado más de 500 leyes contra personas sin hogar en las ciudades de California. A nivel federal, Ben Carson, el neurocirujano nombrado por Donald Trump como secretario de vivienda de los EE. UU., está diezmando los gastos del gobierno en viviendas asequibles.

Tal vez el detalle más revelador: aparte de San Bonifacio y su iglesia hermana, ningún otro lugar de culto en San Francisco acoge a las personas sin hogar. De hecho, muchos han comenzado, incluso en esta temporada de buena voluntad, a cerrar sus puertas a todos los que se acercan simplemente para excluir a las personas sin hogar.

Como Tiny Gray-Garcia, ella misma en las calles, se lo describió a Alston, hay una actitud predominante con la que ella y sus compañeros tienen que lidiar todos los días. Ella lo llamó la “violencia de mirar hacia otro lado”.

Esa veta cruel -la violencia de apartar la mirada- ha sido una característica de la vida estadounidense desde la fundación de la nación. El desprendimiento del yugo del gobierno desmesurado (la monarquía británica) llegó a equipararse en la mente de muchos estadounidenses con los derechos de los estados y la idea individualista de hacerlo por su cuenta, una opinión que está bien para los afortunados que lo hagan , menos feliz si naces en el lado equivocado de las pistas.

Contrarrestar eso ha sido la convicción de que la sociedad debe proteger a los suyos contra los caprichos del hambre o el desempleo que informaron el New Deal de Franklin Roosevelt y la Gran Sociedad de Lyndon Johnson. Pero en los últimos tiempos, los vientos dominantes han soplado fuertemente en la dirección de “tú estás solo, amigo”. Ronald Reagan estableció la tendencia con sus recortes de impuestos de los años ochenta, seguido por Bill Clinton, cuya decisión de 1996 de eliminar los pagos de asistencia social para las familias de bajos ingresos sigue castigando a millones de estadounidenses.

El ataque acumulativo ha dejado a familias con problemas, incluidos los 15 millones de niños oficialmente en la pobreza, con un apoyo mucho menor que en cualquier otra economía industrializada. Ahora se enfrentan tal vez a la mayor amenaza de todas.

Como el propio Alston ha escrito en un ensayo sobre el populismo de Trump y el desafío agresivo que plantea a los derechos humanos: “Estos son tiempos extraordinariamente peligrosos. Casi todo parece posible “.

 

(Tomado de The Guardian / Traducción de Cubadebate)

 

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Viernes, 12 Enero 2018 06:36

Protestas en Túnez en contra del FMI

Protestas en Túnez en contra del FMI

 

Más de 320 presos y una veintena de agentes heridos

 

Las protestas y los incidentes nocturnos se repitieron a por tercer día consecutivo en Túnez, un país sacudido por una ola de movilizaciones contra la política de ajuste impuesta por el gobierno tras presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), con un saldo provisional de 328 detenidos que las autoridades calificaron como “subversivos”, además de 21 agentes de seguridad heridos y 10 vehículos policiales dañados.

Los detenidos participaron en saqueos de propiedad privada y pública en varias partes de Túnez, afirmó un portavoz del Ministerio del Interior.

Menos intensas pero más numerosas que en los dos días precedentes, las movilizaciones y disturbios se extendieron en la últimas horas a zonas de la capital que aún no había sido afectadas, como el barrio Ibn Jaldum y localidades del cinturón industrial, donde grupos de jóvenes manifestante pretendieron impedir el paso de un tren. En paralelo, se produjeron intentos de asalto a edificios públicos y quema de neumáticos y contenedores en urbes de la costa norte, como Beja, Nabeul, Kebily o Bizerta ante una creciente presencia policial y militar en las calles.

Fuentes del Ministerio de Interior y de Defensa negaron que se haya impuesto un toque de queda pero admitieron que el despliegue de efectivos para proteger espacios públicos y edificios oficiales se multiplicó en las últimas horas. “El objetivo es garantizar la seguridad, especialmente en los cuarteles, comisarías y edificios públicos, y evitar actos de sabotaje, saqueos o robo. Estamos en coordinación con la Policía”, explicó una fuentes de seguridad.

Las protestas sociales se suceden en Túnez desde hace más de un año, pero se volvieron especialmente violentas cuando, con el inicio de 2018, entraron en vigencia los nuevos Presupuestos del Estado ajustados a la demanda de austeridad exigida por el FMI a cambio del crédito de 2.500 millones de euros concedido al Gobierno. El martes se recalentó el conflicto cuando se difundió que un hombre de 55 años había muerto durante la represión policial de una manifestación nocturna en la ciudad de Tebourna, a unos 40 kilómetros al oeste de la capital. Al difundirse la noticia, grupos de jóvenes salieron a las calles de todo el país, mientras grupos organizados perpetraban actos vandálicos como el saqueo de una tienda de una conocida cadena de supermercados francesa en la localidad de Ben Arous, en el Gran Túnez. Para el domingo está convocada una gran manifestación.

 

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Jueves, 05 Octubre 2017 07:34

Falacias de las reformas laborales

Ghilarducci: “Cada diez años los políticos dicen ‘esta vez es diferente porque la tecnología está cambiando todo’”.

 

Entrevista a la economista Teresa Ghilarducci, especialista en temas laborales y seguridad social

 

La economista y experta en temas del trabajo advirtió que las reformas laborales “nada tienen que ver con las nuevas tecnologías”, en general no van acompañadas de mejora en la productividad y sólo son una excusa para bajar costos laborales.

 

“Cada diez años, los políticos aseguran que ‘esta vez es diferente porque la tecnología está cambiando todo’. Ahora, la idea es que las computadoras van a pasar a reemplazar todo trabajo humano. En mi opinión, no hay nada nuevo en la economía, se trata de una estrategia de los empleadores para reducir el costo del trabajo. Esto no tiene nada que ver con la productividad. Es más, reducir salarios suele hacer perder productividad”. El análisis pertenece a Teresa Ghilarducci, economista norteamericana consultada por PáginaI12, especializada en el mundo del trabajo y experta en seguridad social. Ghilarducci es profesora de la New School for Social Research de Nueva York y directora del Schwartz Center for Economic Policy Analysis y del New School’s Retirement Equity Lab (ReLab). Si bien su objeto de estudio no se centra en la Argentina, las discusiones locales alrededor de la reforma laboral y previsional se enmarcan en una corriente global de la cual Ghilarducci es una de las principales críticas.

 

–Brasil sancionó una reforma laboral que avanza hacia la flexibilización y la reducción del poder de negociación de los sindicatos. En la Argentina esa discusión toma cada vez más relevancia, anclada en el cambio tecnológico y la necesidad de mejorar la competitividad. ¿Cuál es su postura en relación a este tema?

En primer lugar, las reformas laborales no tienen nada que ver con la absorción de las nuevas tecnologías. La tecnología está vinculada al trabajo formal y a la educación de los trabajadores. Es más, cada diez años los políticos dicen que ‘esta vez es diferente porque la tecnología está cambiando todo’. Ahora, la idea a nivel global es que las computadoras pueden reemplazar el trabajo humano y que los trabajadores deben poder proveer servicios de manera individual, que ahora cada uno va a ser su propio empleador. Está el ejemplo de Uber u otros empleos que el consumidor puede conseguir a través de las aplicaciones del celular. Por ejemplo, en Estados Unidos está bastante difundida una aplicación con la cual se puede requerir el trabajo manual de alguien, para una mudanza o algún arreglo. Sin embargo, pienso que a nivel general la tecnología no modifica las bases de la relación de trabajo formal y estable.

 

–También se plantea el tema por el lado de la competitividad.

–Está comprobado que la baja de los salarios –que surge como efecto de la reducción del poder de negociación colectiva– no implica una mejora en la productividad. En cambio, puede empeorar la productividad. El trabajo barato hace que los empresarios se vuelvan “gordos y borrachos” –según la expresión en inglés– y no tengan incentivos a invertir en capital. En cambio, la suba de salarios es el mejor modo de aumentar la productividad.

 

–¿La competencia china modifica esa descripción en algún modo?

–No. De hecho, China está cambiando rápidamente su estrategia de crecimiento en función de la producción de bienes baratos. Está desarrollando un sistema cada vez más sofisticado, los salarios aumentan y los trabajadores están más entrenados. La contracara es Sudáfrica, una economía basada en la extracción de recursos naturales que no cuenta con un sistema de industrialización y sólo puede emplear trabajo barato. Sudáfrica sufre por tener bajos salarios y no tener fábricas para procesar los recursos minerales y del sector agropecuario.

 

–Otro punto que a corto o mediano plazo el gobierno nacional planea rediscutir es el sistema previsional, que también suele ser motivo de debate entre los economistas en todo el mundo.

–En los 90, la esperanza era que la privatización de los sistemas de seguridad social traería una serie de beneficios porque los trabajadores tendrían incentivos a trabajar más y más duro. Además, mejorarían las finanzas públicas porque los viejos dejarían de cobrar el haber pagado por el Estado sino que recibirían su propio aporte. Argentina estuvo a la cabeza de aquellas reformas, que también alcanzaron a países europeos. Pero los fondos de pensiones ingresaron al mundo de la financiarización, que colapsó en 2009, lo que redujo sustancialmente el valor de esos activos.

 

–¿Cuáles son los resultados del modelo previsional privado en términos de distribución del ingreso en los Estados Unidos?

–El resultado es que los trabajadores deben enfrentar la pobreza en sus últimos días. Esto afecta especialmente a las mujeres, porque tienen menor cantidad de años en el sector formal y también menores ingresos. El 90 por ciento de los norteamericanos no cuentan con los ahorros necesarios para subsistir una vez que termina su vida laboral. Como resultado, enfrentan la experiencia de la movilidad social descendente o tener que seguir trabajando. En otras palabras, los norteamericanos no cuentan con suficientes ahorros para encarar la jubilación. Se calcula que entre el 25 y el 30 por ciento de las familias directamente no tienen ahorros, lo que permite predecir una grave crisis previsional en el país. Bajo esta tendencia, 16 millones de jubilados vivirán en la pobreza en 2022.

 

–El tema previsional se instala por el lado del déficit fiscal.

–El hecho de que los individuos paguen por su pensión no tiene un impacto fiscal positivo. Porque si bien el Estado no lo hace directamente, lo termina haciendo indirectamente, porque el emprobrecimiento de los viejos es un costo fiscal negativo. Quiero decir, el costo de la pobreza es enorme. A la vez, si los viejos extienden su vida laboral se reduce la productividad general porque los jóvenes tendrán menos trabajo. O sea, la sociedad tiene que pagar por el costo de los que ya no trabajan. Poner en tela de juicio estos temas implica que los países olvidaron las experiencias del pasado. El sistema previsional es parte del territorio de histórica disputa entre clases sociales, como los fines de semana, la duración de la jornada laboral, la paga por enfermedad y las vacaciones.

 

 

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Lunes, 17 Abril 2017 06:24

Resistencia

Resistencia

El político más popular en el Estados Unidos de Trump –ganando por un gran margen al presidente y los líderes del Congreso– es alguien que se identifica como "socialista", una mayoría de la población no sólo no votó por el actual mandatario, sino lo reprueba a niveles sin precedente, y las movilizaciones populares de protesta que ha detonado están generando un movimiento de resistencia tal vez nunca visto antes. O sea, este país no es (sólo) de Trump.

Un acordeón ofrecía una versión de Esta tierra es tu tierra (This land is your land) de Woody Guthrie –himno del pueblo, no de la "patria"– en una de las marchas anti Trump de este pasado fin de semana realizadas en más de 100 ciudades con la participación de decenas de miles en el nuevo movimiento de resistencia en Estados Unidos.

Esa melodía surge de una larga historia de lucha –la guitarra de Guthrie tenía grabado sobre ella "esta máquina mata a fascistas"– que hoy día tal vez enfrenta su momento más crítico para este país, y para el planeta.

La elección de Donald Trump, afirmó recientemente Noam Chomsky, puso a las tres ramas del gobierno más poderoso de la historia bajo control total del Partido Republicano, al cual considera como "la organización más peligrosa en la historia del mundo", ya que está comprometida "a la destrucción de la vida humana organizada. No existe precedente para esto".

Ante la pregunta sobre cómo se podrá enfrentar este peligro, el intelectual radical más importante del país contestó que todo depende del "tipo de resistencia" que se genere, sobre todo por los jóvenes y de gente "justo como tú", le respondió al entrevistador. "Es una pregunta que deberías hacerte a ti mismo, no a mí".

La pregunta ya tiene respuestas iniciales de todo tipo, algunas sin precedente, desde el primer día del gobierno de Trump, cuando millones –convocados por mujeres– se expresaron masivamente contra el nuevo gobernante, así como en múltiples actos de protesta, grandes y pequeños, que se organizan a diario por todo el país. Son los elementos iniciales de algo que todos llaman "resistencia".

El próximo fin de semana, por primera vez en la memoria, científicos tomarán las calles en Marchas por la Ciencia en Washington, y 425 movilizaciones en otras partes del país y del mundo (marchforscience.com).

Una semana después, el 29 de abril, se marcarán los primeros 100 días de este gobierno con una megamarcha en Washington "por el clima, los empleos y la justicia" (https://peoplesclimate.org).

El primero de mayo se ha convocado a una huelga y movilización nacional por inmigrantes, trabajadores y aliados que se expresará en marchas por todo este país.

La resistencia no se expresa sólo en grandes actos y marchas, sino en una amplia gama de esfuerzos e iniciativas. El movimiento Santuario en decenas de ciudades y universidades continúa organizando formas para proteger a comunidades inmigrantes; una Caravana contra el miedo avanza por el suroeste en repudio a las políticas antimigrantes de Trump (caravanagainstfear.org). En una cena de "Pascuas en la calle", en Nueva York, la semana pasada, ante una gran manta en que se leía: "esta es la resistencia judía", y una expresión de solidaridad con Black Lives Matter, un rabino nieto de judíos sirios, quienes se refugiaron primero en Europa y después en Argentina, de donde tuvo que huir después del golpe militar, convoca a la acción de la defensa colectiva de todo inmigrante, refugiado y minoría oprimida señalando: "un ataque contra uno es un ataque contra todos". Unos 750 inmigrantes se suman a una huelga de hambre en un centro de detención en Tacoma, Washington, en una acción en defensa de su dignidad (Facebook: NWDCResistance/).

Decenas de organizaciones han formado una coalición para unificar las luchas de defensa de inmigrantes, afroestadunidenses, latinos, indígenas, gays y otros contra las políticas de Trump, vinculando la lucha contra el militarismo y la injusticia económica del último año de Martin Luther King y el Primero de Mayo como día de defensa de los derechos de los trabajadores y los inmigrantes (beyondthemoment.org)

Nuevas y viejas organizaciones e iniciativas nacionales –algunas liberales que brotan de las filas derrotadas del Partido Demócrata, otras más progresistas y hasta radicales que tienen raíces en movimientos anteriores como Ocupa Wall Street, diversas luchas ambientalistas, de defensa de derechos de mujeres y de trabajadores– alimentan esta resistencia que aún busca cómo enfrentar una vez más lo que King llamaba hace medio siglo "la feroz urgencia de ahora".

El presidente no tolera esta disidencia. La movilización nacional después de su toma de protesta lo enfureció por su tamaño (mucho más grande que los que llegaron al festejo oficial). Este domingo, 24 horas después de las marchas en demanda de sus declaraciones tributarias, no pudo evitar un tuit en el cual esencialmente acusó a manifestantes de ser pagados por sus enemigos: "alguien debería indagar quién pagó para los pequeños mítines organizados ayer. ¡La elección ya se acabó!"

Más aún, resulta que en el país que gobierna Trump, el político con mayor aprobación popular es el senador y ex candidato presidencial Bernie Sanders. Según una encuesta de Fox News (medio conservador pro Trump) a mediados de marzo Sanders goza del mayor índice de aprobación de cualquier político, con 61 por ciento, y la tendencia va mejorando (Trump tiene 43 y la tendencia va empeorando). Este es un país muy raro: vale recordar que una encuesta de Gallup el año pasado registró que la mayoría (55 por ciento) de los jóvenes de entre 18 y 29 años tenía una "imagen positiva" del socialismo, algo casi increíble en un país cuya cúpula se definió durante décadas como antisocialista.

Así, aun con el ruido ensordecedor de misiles y megabombas, la promoción de políticas que asaltan a los más vulnerables de este país y revierten el modesto avance en abordar el cambio climático, y de la declaración de nuevas guerras contra derechos civiles y los inmigrantes y refugiados, se escucha esa melodía, de ese acordeón, por todo el país.

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Un agricultor, con la bandera nacional griega, en la ateniense Plaza de Syntagma, donde está el Parlamento, tras una manifestación reclamando la bajada de impuestos.

 

ATENAS 26/02/2017 09:02

 

HELENA VÁZQUEZ @_Helenadetroia

 


“No podemos vivir con 400 euros”. Este es el lema más coreado en una protesta multitudinaria que termina, como de costumbre, en la plaza Syntagma. Las pancartas y las consignas en contra del gobierno, Syriza y la Unión Europea coinciden con el anuncio de la vuelta de la Troika en Atenas.

El sindicalista Nikos Papageoraio, mientras se quita el pinganillo con el que ha coordinado uno de los bloques de la marcha, explica cómo Syriza decidió andar por la misma senda donde se estrellaron los gobiernos predecesores. Señala las dos calles paralelas que pasan por Syntagma. “Pudes coger la calle Stadiou o la calle Panepisimiou, parecen diferentes pero ambas desembocan en la plaza Omonia”.

Tras siete años de austeridad y tres rescates a las espaldas, el dilema más común en Grecia sigue siendo el mismo: ¿existirá un paradero sin austeridad si andamos por senderos desconocidos?

Mientras camina hacia el Parlamento, junto a los otros manifestantes, un joven que se hace llamar Giorgos para mantener la privacidad afirma que el descontento es muy difícil de vencer a pesar de que “la gente entiende que las medidas que va a tomar el gobierno favorecen a los empresarios”.

La misma marcha organizada por el PAME, el sindicato del Partido Comunista (KKE), transmite este desencanto. Las consignas de los miles de personas que participan en ella se oyen, pero no retumban en las calles colindantes, los brazos de los manifestantes no se entrelazan con fuerza, ni sus pies pisan el arcén con dureza a medida que avanzan.

“Mira todos estos jóvenes que ves a tu alrededor, ¿qué tendrán el día de mañana? Nada”, denuncia Giorgos. Un 72% de los hogares de Grecia han sufrido recientemente recortes en salarios y pensiones, despidos, retrasos en el pago de salarios o viven con trabajos a tiempo parcial, según un estudio del 2016 del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) y el Banco Mundial.

 

 

Un 72% de los hogares griegos ha sufrido recortes en salarios y pensiones, despidos o precariedad

 

 

Hablar de política es casi inevitable en Grecia. El brutal ahogo económico de los griegos ocupa muchas conversaciones en los bares y en los espacios públicos. Las discusiones sobre el futuro de Grecia no se han esfumado a pesar de que el pesimismo haya vaciado las calles.

Por lo general, ya no se celebran aquellas multitudinarias protestas con las que media Europa conoció la plaza Syntagma pero las marchas, ahora más pequeñas, persisten. Pero “sólo falta una chispa para que todo se encienda” comenta el representante sindical Nikos Papageoraio.

 

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Miembros del sindicato comunista griego PAME marchan en una protesta contra el mantenimiento de las medidas de austeridad frente al Parlamento en la Plaza Syntagma de Atenas. REUTERS/Alkis Konstantinidis

 

 

Optimismo de Syriza ante unas negociaciones delicadas


Los acreedores no se lo ponen fácil al gobierno. Los griegos deben apretarse aún más el cinturón si quieren cerrar la segunda revisión del rescate mediante la cual Grecia recibirá un nuevo desembolso del crédito que necesita para evitar el impago que se avecina en julio.

Desde Bruselas, hace tiempo que se exigen medidas muy concretas para terminar este examen: una rebaja del umbral a partir de la cual las familias no pagan a Hacienda, más recortes en pensiones y una reforma laboral.

Syriza, que había prometido no cruzar sus líneas rojas sobre todo en materia laboral, dió un paso atrás el pasado lunes para salir de la reunión con un primer acuerdo en la mano. Tras meses de bloqueo, ambas partas cedieron y lo que antiguamente se conocía como Troika volverá a Atenas para diseñar un paquete adicional de reformas que se aplicarán a partir de 2019.

El primero ministro, Alexis Tsipras, que generalmente no puede esconder la sensación de derrota cuando sus ministros cierran acuerdos en Bruselas que conllevan tijerazos, esta vez dió un giro a su retórica calificando el pacto como “un éxito excepcional” ante el Parlamento.

El partido defiende el acuerdo del lunes porque “por cada euro en nuevas cargas sobre el contribuyente griego se conocederá una cantidad igual de alivio”, en palabras del primer ministro. Asimismo, asegura que se negociarían paralelamente medidas para aliviar la deuda.

Los ciudadanos griegos, sin embargo, no celebran el acuerdo a pesar de que Tsipras insiste que se terminó “la era de la austeridad”.

Para Giannis Nikolopoulos, exmiembro de Syriza, este pre-acuerdo avanza, otra vez, en la senda de la austeridad. Está convencido de que Syriza ha abandonado la izquierda definitivamente. “Va a pasar definitavemente estas medidas porque quiere mantenerse en el gobierno a cualquier precio”, asegura.

Tampoco lo tendría tan fácil para ganar de nuevo unas elecciones. La mayoría de las encuestas le dan una ventaja considerable a la oposición, Nueva Democracia. La oposición y algunos medios de comunicación pregonan de vez en cuando rumores que hablan de elecciones anticipadas porque estas reformas pueden cruzar los límites que un gobierno de izquierdas puede soportar. Sin embargo, el ejecutivo nunca lo ha confirmado.

 

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Varias personas tomando sopa de pollo en un comedor benéfico de la Iglesia Ortodoxa griega en Atenas. REUTERS/Alkis Konstantinidis

 

Los mercados empiezan a ponerse nerviosos ante la falta de acuerdo. El escenario se asemeja demasiado al de hace dos años si no fuera porque esta vez Tsipras cuenta con dos factores que juegan a su favor.

Bruselas no puede dejar que el tercer rescate se colapse en un año con un calendario electoral tan ajustado (hay elecciones en Holanda, Francia y Alemania). Asimismo, los acreedores europeos tienen la responsabilidad de seducir al FMI para que se sume al tercer rescate. Para ello, Alemania debe ceder y conceder un alivio de la deuda, una petición que difícilmente puede satisfacer antes de que el país saque las urnas el próximo setiembre.

Otro fracaso en la Unión Europea, seguido del Brexit, sería señalado por el nuevo ejecutivo de los Estados Unidos. Donald Trump no sólo se mostró partidario en campaña del Grexit sino que designó a otro partidario de la salida de Grecia de la eurozona para ocupar la embajada de la UE en Grecia.

 

Vuelve el fantasma del Grexit


El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pronosticado que la economía del país podría crecer un 2,8% el próximo año si el gobierno griego implementa todos los cambios exigidos por sus acreedores. El profesor de economía política Stavros Mavroudeas tampoco lo cree. “Las posibilidades de una recuperación son mínimas”, cuenta este economista que imparte clases en la Universidad de Macedonia, en Tesalónica. A su entender, más recortes y privatizaciones solo pueden conducir a la aplicación de un cuarto programa.

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Varias personas comprando en la zona comercial de Atenas. 2017. REUTERS/Alkis Konstantinidis

 

Tras siete años sin levantar cabeza, cada vez son más los que se preguntan si, en realidad, salir del círculo vicioso del endeudamiento y los recortes, aunque sea ciegas, puede llevar más prosperidad al país. En una encuesta reciente que reveló la televisión griega Kontra channel TV, un 54,8% de los griegos estaría a favor de rechazar las nuevas medidas que el gobierno está negociando, incluso si se ve obligado a entrar en conflicto con los prestamistas con una potencial salida de la zona euro y la vuelta a la moneda nacional.

Abandonar el euro no entra dentro de los planes de Syriza, así lo ratificaron en su congreso celebrado el otoño. Lo que no queda claro es si dentro de sus filas hay voces disonantes, como la de Nikos Xydakis, actual secretario de Estado para Europa, quien en público dijo hace unas semanas que se debería hablar sin tapujos de una vuelta a la dracma a pesar de dejar claro que defiende la pertinencia a la Unión Europea después de que se encenderán las alarmas.

 

 

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