Chile: evalúan postergar las elecciones de abril por el avance de la pandemia

Desde el jueves, 14 millones de personas volverán a la cuarentena total 

Según un reciente sondeo de la consultora Plaza Pública Cadem, el 62 por ciento de los encuestados se muestran a favor de suspender la votación. 

 

En medio de un fuerte repunte de casos de coronavirus, en Chile se debate la idea de postergar las elecciones del sábado 10 y domingo 11 de abril, donde se elegirán a los 155 convencionales constituyentes que deberán redactar la nueva Constitución, pero también a gobernadores, alcaldes y concejales. Según un reciente sondeo de la consultora Plaza Pública Cadem, el 62 por ciento de los encuestados se muestran a favor de postergar la votación. Algunas voces de la política local también ponen en tela de juicio el proceso.

El país atraviesa la paradoja de ser uno de los líderes mundiales en niveles de vacunación, pero enfrenta una nueva ola de contagios que iguala a las peores cifras del año pasadoCasi la mitad de las 52 comunas de Santiago y cerca de 14 millones de personas en todo Chile volverán a la cuarentena total por coronavirus desde el próximo jueves.

Frente a ese escenario, en el gobierno chileno hay un fuerte debate en cuanto a la posibilidad de posponer las votaciones. Entre los funcionarios que se pronunciaron al respecto se encuentra el ministro de Salud Enrique Paris, quien aseguró que "nosotros no estamos de acuerdo en suspender las elecciones si los protocolos se cumplen tal como se cumplieron en el plebiscito" constitucional del 25 de octubre de 2020.

"Las elecciones hay que hacerlas", agregó Paris, a pesar de reconocer que el país vive una nueva ola de contagios, con más de seis mil casos diarios en los últimos días. Por su parte la diputada María José Hoffmann, de la pinochetista Unión Democrática Independiente (UDI), dijo que una suspensión de las elecciones sería una decisión “estrictamente sanitaria, pero nuestra voluntad es que el proceso se realice".

El senador Guido Girardi, del opositor Partido por la Democracia (PPD), fue más allá y acusó al Ejecutivo de no tomar las medidas necesarias para evitar la suspensión de los comicios. "Es como si quisieran llegar a un punto crítico, con camas ocupadas para optar por postergar", sostuvo Girardi en diálogo con Radio ADN. Si sigue el aumento de casos positivos y no se corta la cadena de contagios, "lo más probable es que dos semanas antes habrá que evaluar si se posterga, algo que nadie quiere y que se puede evitar", advirtió.

Mientras se resuelve el futuro electoral, las autoridades del ministerio de Salud optaron por continuar con el cronograma de inmunización existente y comenzar este lunes la vacunación de los vocales de mesa entre 51 a 56 años. Por primera vez en su historia, Chile dividirá sus elecciones en dos días: el sábado 10 y domingo 11 de abril, oportunidad en la que se elegirá a los 155 convencionales constituyentes que deberán redactar, en un máximo de 12 meses, una nueva Constitución que dejará atrás la escrita en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Actualmente, 17 de las 52 comunas de la Región Metropolitana están en aislamiento total. Desde este jueves el número se elevará y serán casi la mitad de las comunas las que pasarán a esa fase. Así lo anunció este lunes el gobierno, luego de que el ministro Enrique Paris alertara que "siguen aumentando los casos a nivel nacional". Desde el inicio de la pandemia, Chile acumula 938.094 casos y 22.359 vícitmas fatales.

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Durante una competencia de mariguana en Portland, Oregon. Foto Afp / Archivo

Oregon se convirtió este martes en el primer estado estadounidense en despenalizar la posesión en pequeñas de drogas pesadas como la cocaína y la heroína, y de legalizar el acceso a hongos alucinógenos para uso terapéutico.

Cuatro estados además aprobaron, según proyecciones de prensa, el uso recreativo de mariguana, siguiendo la línea del resto del país.

También se aprobó una iniciativa de votación a favor de la despenalización de una amplia gama de psicodélicos en la capital de la nación, Washington DC, la cuarta jurisdicción que promulgó la reforma.

Las medidas fueron autorizadas por referendo en las elecciones generales de este martes, cuando también se votó por el presidente de Estados Unidos.

Con la medida 110, la posesión de pequeñas cantidades de drogas pesadas en Oregon se considerará un delito civil -con una multa de USD 100 o tratamiento gratuito de rehabilitación, que será financiado con ingresos fiscales de la industria del cannabis, que es legal en Oregon.

La cantidad de droga permitida también variará según la sustancia: un gramo o menos para la heroína, dos gramos para la cocaína, y así sucesivamente.

Actualmente, la posesión de drogas de Oregon conlleva a multas de hasta 6 mil 250 dólares y un año de prisión.

La producción y venta de estas drogas seguirá siendo ilegal, según la proposición, que recibió el respaldo de de la Asociación de enfermeros de Oregon, el capítulo de Oregon del Colegio estadounidenses de médicos y la Academia de psiquiatría familiar de Oregon, y que busca mantener a los adictos a las drogas fuera del sistema de justicia penal.

"Castigar a las personas por usar drogas y por la adicción es costoso y no ha funcionado. Más tratamiento en vez de castigos es un mejor enfoque", dijeron los grupos en una declaración.

También apoyaron la medida el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y su esposa, Priscilla Chan, quienes contribuyeron con 500 mil dólares a través de su fundación benéfica.

Sin embargo, sus detractores, incluidos varios grupos locales que trabajan en políticas sobre la adicción, advirtieron que la medida socavará los esfuerzos locales.

Afp | miércoles, 04 nov 2020 10:24

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Plaza “Dignidad” se llena en Santiago de Chile celebrando un año del estallido 

A una semana del plebiscito constitucional

Hace un año comenzó un movimiento social sin precedentes en la historia reciente del país trasandino que, tras una sangrienta represión y la tozudez del gobierno de Piñera, terminó llevando a referéndum la Carta Magna de Pinochet. Al final de la tarde, encapuchados comenzaron a armar barricadas y generar desmanes sin que la policía interviniera. 

 

Ni la pandemia, ni la represión policial que terminó hace dos semanas con un chico lanzado al río Mapocho ni los llamados del gobierno a “ser responsables” ante el plebiscito del 25 del octubre —donde se decidirá cambiar la Constitución establecida por Pinochet en 1980— impidieron que se llenara esta tarde el sector de Plaza Italia, histórico centro de protestas y manifestaciones en Santiago de Chile.

La zona, frontera simbólica entre las comunas acomodadas y los sectores más populares, fue rebautizado como “Plaza de la Dignidad” por los manifestantes que exactamente hace un año comenzaron el llamado “Estallido Social”. Una serie de protestas, paros nacionales, cabildos ciudadanos, memes en redes sociales o colectivos feministas como Las Tesis lograron alterar el programa de gobierno, los planes de la clase política y a la elite chilena muy cómoda con la herencia de la dictadura. Algo que también dejó decenas de muertos, violaciones a los derechos humanos y más de 500 jóvenes heridos por carabineros que, mostrando su rostro más salvaje, dispararon balines directo al rostro de los manifestantes.

Hasta las 19:00 la manifestación había sido pacífica, con cantos como “el pueblo unido jamás será vencido”, banderas mapuche (curiosamente la bandera chilena ha terminado siendo asociada a la derecha y su particular concepto de patriotismo), algunos en bicicleta y otros con parlantes entonando canciones-himno como “El baile de los que sobran” del grupo pop de los `80 Los Prisioneros. También había carteles que dicen “Renuncia Piñera”. La multitud incluso fue capaz de abrirse espacio para que pasara “el bus del pueblo”, una antigua micro (colectivo) amarillo que ha sido uno de los clásicos de las protestas. La policía se mantenía a distancia y el gobierno monitoreaba desde la Moneda el lugar que se comenzó a llenar desde las 10:00 de la mañana.

Sin embargo, como en un guión que se viene dando desde la gran movilización estudiantil de 2011, grupos de encapuchados comenzaron a armar barricadas y generar desmanes sin que la policía interviniera y —lo más notable— en el horario en que comienzan los noticieros centrales de TV.

Una dinámica violenta que hace que los manifestantes vayan desocupando el recinto y provocando a otros tanto contra los encapuchados como la policía. Esta vez no fue la excepción: la parroquia de carabineros y la iglesia La Asunción fueron atacadas y parcialmente quemadas, al mismo tiempo que comenzaban saqueos (frustrados) en locales aledaños a la plaza. Hasta el cierre de esta edición Piñera y su equipo siguen reunidos.

¿El final de la herencia pinochetista?

Así, el próximo domingo los chilenos deberán elegir entre la opción “Apruebo” (para cambiar la constitución) o “Rechazo” (para mantenerla). Hasta hoy no hay ninguna encuesta que señale el triunfo de esta última. Según el sondeo Data Influye, un 69% votará la primera opción, mientras que sólo un 18% se inclinará por el rechazo, siendo además esta elección la que tendría la mayor participación ciudadana desde el plebiscito de 1988 donde ganó el “No” a Pinochet.

“Lo de Chile fue una revuelta social con rasgos revolucionarios”, dice el filósofo chileno Ricardo Espinoza autor de libros como NosOtros: manual para disolver el capitalismo (Morata, 2020). “Llamarlo solamente estallido encubre algo importante: el chileno era un pobre y desgraciado sujeto individual, egoísta y competitivo que hacía todo por competir y tener éxito en el mundo-mercado. Un zombie y mercancía al mismo tiempo. Un muerto viviente que ahora se conviertió en el único sujeto revolucionario posible para estos tiempos: lo que yo llamo el NosOtros: volverse uno dentro de un colectivo. Con ello la matriz misma del capitalismo quedó trizada y pudimos comenzar a destruir ese infierno capitalista del Chile pre-octubre y que ni la pandemia detuvo”.

La otra pregunta que contendrá esta votación es quien redactaría la Constitución y que pueden votar incluso quienes “rechazan”. Hasta hoy siempre ha ganado la “Convención Constituyente” (155 ciudadanos elegidos por la ciudadanía) frente a la “Convención Mixta” (86 parlamentarios y sólo 86 ciudadanos elegidos). Este plebiscito se conoce como “de entrada”. Luego vendría las elecciones de ciudadanos que integrarán la convención —ya sea mixta y constituyente— el 11 de abril de 2021, para luego dar paso a la redacción de la Constitución con un plazo de nueve meses, renovable por tres más. Finalmente hará un plebiscito ratificatorio “de salida” durante 2022. Si gana el "rechazo" se mantendría la Constitución de 1980.

Sin embargo, analistas políticos como Montserrat Nicolás plantean dudas frente al proceso que se decidió el 15 de noviembre, donde el PC se restó y se comenzó a hablar de una “cocina política” que bloqueó lograr el objetivo principal de las marchas: una convención constituyente. “Esto no nació de la clase política porque por décadas se esperó respuestas de ella y en vez de eso entregaron migajas. Fue al revés: no es que se haya aceptado a regañadientes la idea de un referendo, sino es un intento de secuestro del proceso constituyente. que esperan que funcione como píldora de dormir y que acabe con la agitación social. Ese famoso pacto se firmó de espaldas a la sociedad y sin metodologías. Ahí está la trampa”.

El alza del pasaje que despertó a Chile

Al principio del “Estallido” no se hablaba de cambiar la constitución. Los sectores de derecha o de oposición, incluso, hablaban de “nuevo pacto social”. Una semana antes, el gobierno de Sebastián Piñera anunció un alza de $30 pesos del pasaje del metro (subte) equivalente a unos 0,10 pesos argentinos en los horarios clave como el de 7:00 a 8:59 y 18:00 a 19:59. La cifra podría parecer menor, pero ante un panorama de alzas y sobre todo, el “consejo” del entonces ministro de economía Juan Andrés Fontaine de levantarse más temprano (“Quien madruga puede ser ayudado a través de una tarifa más baja”) la rabia se tradujo en evasiones masivas del metro, liderada por escolares que decidieron no pagar el pasaje y saltar las barreras de seguridad del metro, siendo reprimidos por carabineros mientras el subsecretario del interior Rodrigo Ubilla amenazaba a la ciudadanía con protestar así “no es la forma”.

Todo explotó la tarde del también llamado “18-O”: Santiago estaba repleta de carabineros en las puertas del metro, carros lanza aguas apuntando a la Biblioteca Nacional —una de las salidas más concurridas— y los primeros enfrentamientos con manifestantes. Ya a las 20:00 el aire era irrespirable debido a los gases lacrimógenos lanzados por carabineros y por la TV se anunciaba el incendio de varias estaciones del metro, un hecho aún no resuelto y que mueve a sospechas considerando su moderno sistema de cámaras de vigilancia y lo oportuno del hecho para contener el malestar social.

Más confuso estaba el presidente que fue visto comiendo pizza en el sector alto de Santiago para luego más tarde volver a La Moneda y decretar Estado de Emergencia (que se extendería por nueve días) llamando a los militares a tomarse las calles. Aunque Piñera repitiera que Chile estaba “en guerra” ante “un enemigo poderoso”, la gente increpaba a los militares y seguía protestando en pleno toque de queda. El mejor resumen de la actitud del gobierno de esa noche la dio el diario italiano Il Corriere Di la Sera: “Chile se quema y él comiendo pizza”.

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Sábado, 21 Marzo 2020 06:16

Sucesor designado

Sucesor designado

Es muy probable que en las próximas horas al menos 150 mil ciudadanos rusos hayan respaldado con su firma la carta abierta de más de un centenar de juristas, politólogos, intelectuales y activistas de los derechos humanos, en la cual piden al Consejo de Europa estudiar la legalidad de la reforma constitucional hecha por y para el titular del Kremlin, Vladimir Putin.

Pero nada va a cambiar por cuanto las enmiendas establecen que las obligaciones internacionales de Rusia no proceden cuando se contradigan con la legislación rusa y la Carta Magna –ya aprobada por las dos Cámaras del Parlamento, por la totalidad de las 85 Entidades federales, por la Corte Constitucional y firmada por el presidente– para entrar en vigor y obtener "legitimidad" sólo necesita que, en medio del feroz avance del Covid-19, se lleve a cabo la "votación popular" el 22 de abril.

Será una consulta que –como está planteada, sin el reglamento estricto de un referendo, observadores internacionales ni el requisito de ser aprobada por la mayoría absoluta del padrón– ya está ganada por el único beneficiario de la reforma: bastará con que la mitad de las boletas depositadas en las urnas favorezcan el "Sí" frente al "No" , de un paquete de 68 páginas de enmiendas que casi nadie ha leído y que requieren modificar al menos un centenar de leyes.

Desde que Putin anunció la reforma, a mediados de enero, quedó claro que su intención es perpetuarse en el poder y se supo quién es su sucesor designado: él mismo.

Esta certeza se afianzó cada vez más con la inverosímil rapidez con que se aprobó la iniciativa presidencial en cada etapa del procedimiento de formulación de una Constitución que amplía sobremanera sus facultades e incluso le permite gobernar hasta 2036, si al término de su actual mandato dentro de cuatro años opta por la reelección.

La prisa por estar por encima de todos lo antes posible obedece a su obsesión de no convertirse en pato cojo en el que hubiera sido su último periodo conforme a la anterior Constitución y sin otras opciones (presidencia del Consejo de Estado, en primer lugar) donde reubicarse para seguir gobernando. De hecho, en cualquier momento, dependiendo de cómo evolucionen las cosas, Putin puede dejar la Presidencia y, con la adecuada ley aún por promulgar, cambiar de sillón, a uno mejor.

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" "El capitalismo está poniendo en riesgo la existencia misma del planeta, pues las desigualdades sociales son más lacerantes que nunca. Ante esto la izquierda tiene que recuperar un discurso contundente, radical, que frene este avance de la derecha porque la solución no puede venir de ahí; de hecho, va a empeorar las cosas", afirma Arnaldo Otegi".Foto Luis Castillo

El líder abertzale fue el artífice de la renuncia de ETA a la violencia // Sostiene que el procés catalán es irreversible y no tiene otra solución que su independencia // En el País Vasco la cuestión del referendo pactado será una constante en los próximos años, subraya

 

Como los independentistas catalanes, los abertzales anhelan llegar en un futuro a la creación de una república vasca, y Arnaldo Otegi, coordinador del partido Euskal Herria Bildu (EH Bildu) y artífice de los pactos que culminaron con la renuncia de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) a la lucha armada, la define en términos muy llanos, inspirados por los independentistas irlandeses: "Una república de iguales".

Convencido de que el procés catalán es "irreversible" y que no tiene otra solución más que su independencia o el referendo pactado, considera que en Euskadi en los próximos años la cuestión de la consulta popular va a ser una constante.

Otegi, que pasó 14 años de su vida en la cárcel (tiene 60), cubre una apretada agenda de actividades en Ciudad de México estos días. En entrevista con La Jornada analiza las razones por las que la desaparición de ETA y las armas de la ecuación vasca no llevaron la esperada normalización a la vida política en la región. Habla también de sus orígenes, su familia materna y paterna, su juventud influida por la Iglesia católica y su decisión de militar en el independentismo de izquierda. Y de cómo los abertzales, como él, tienen en su horizonte el saber que algún día pueden caer presos. "La diferencia entre vascos y catalanes es que nosotros ya sabemos de lo que es capaz el Estado".

Fue bajo el liderazgo de Arnaldo Otegi que la principal fuerza política del independentismo vasco tuvo la visión y el empeño de forjar por décadas una estrategia de acuerdos y negociaciones entre el gobierno español y la organización armada ETA. Tras numerosas rupturas, ofensivas y entradas y salidas del dirigente de la cárcel, culminó con el anuncio del grupo de cesar definitivamente su actividad armada (2011) y de disolver todas sus estructuras (2017).

Desde entonces el partido que dirige, EH Bildu –que en décadas pasadas adoptó diversos nombres para sortear las ofensivas judiciales en su contra: Herri Batasuna, Batasuna, Euskal Herritarok, Sortu, Bildu– ha llegado a ser la segunda fuerza electoral, "con entre 20 y 25 por ciento de los votos", después del Partido Nacionalista Vasco (PNV, conservador). “Y esta tendencia va a seguir. En el País Vasco y en Navarra los partidos abertzales (independentistas) van creciendo y los nacionalistas españoles van decreciendo”.

Catalanes y vascos; misma meta, caminos distintos

–En Cataluña los resultados electorales de los partidos independentistas y el retroceso de los nacionalistas españoles fue uno de los factores que empujaron con mucha fuerza el proceso, ¿cierto?

–Si, lo que hizo Cataluña, a la postre, fue poner en crisis al Estado y puso en el contexto internacional sobre la mesa el debate real. Es un debate democrático, un debate en el que catalanes, vascos y otras naciones tenemos una posición de fortaleza, que es que la solución tiene que ser un referendo pactado.

"En el proceso catalán ya no sólo se habla de soberanistas y españoles, sino que habla de construir una realidad política para que la vida de la gente mejore. Y yo creo que este es el camino por el que el independentismo y el nacionalismo vascos también tienen que tener cita. La única posibilidad que tenemos, por relación de fuerzas, de construir una alternativa en el País Vasco, es siendo una república independiente. Seguir atados al gobierno y al Estado español es seguir atados a unas fuerzas que son terriblemente reaccionarias y que no nos llevan al siglo XXI sino al siglo XIX."

–Hay diferencias entre Cataluña y el País Vasco. Una de ellas es la presencia masiva, en las calles, de los independentistas catalanes. Esto no se han visto todavía en el País Vasco; no en esas dimensiones.

–No todavía, pero en el País Vasco se ha dado un fenómeno importantísimo para el independentismo y es que nosotros llevamos 40 años sembrando unos valores que ahora se han vuelto mayoritarios. Por ejemplo, se están dando enormes movilizaciones de jubilados que defienden sus pensiones. Y en el debate de fondo que se trasluce es: si seguimos perteneciendo a España nuestras jubilaciones van a estar en riesgo, si las gestionamos aquí, no.

“Hay una explosión del movimiento feminista vasco, centenares de miles de mujeres ocupando las calles. Están habiendo manifestaciones masivas demandando la libertad de los presos, en favor del derecho a decidir, en favor de la autodeterminación. Todo eso está ahí. En el momento en que todo esto conecte con la idea de la república veremos la masividad del movimiento como ocurrió en Cataluña, en demanda de la república.

–¿Cómo imaginan una república vasca?

–Nosotros la resumimos en una forma muy fácil de entender: una república vasca de iguales. Me gusta esta idea que es de los independentistas irlandeses: una república de iguales.

–¿Qué posibilidades existen de que en el País Vasco se llegue a un referendo?

–Nosotros hemos alcanzado con el PNV un acuerdo en torno a unas bases de un nuevo estatus político. Las grandes construcciones sociales no pueden estar sólo suscritas por los partidos políticos, sino que tienen que estar firmados por la gente. Hace tiempo tenemos una convicción: no podemos ir a Madrid a negociar como partidos, sino como pueblo. Vamos a preguntar a la gente si está de acuerdo. Si la gente en votación dice que está de acuerdo, ya no iremos a Madrid con el texto de unos partidos, sino con el texto de la gente.

"Por eso nosotros pensamos que la cuestión del referendo va a estar presente en la vida política vasca en los próximos años. Con los acuerdos que sean necesarios, con la paciencia que sea necesaria, pero los vascos también vamos a votar qué queremos ser."

"Los vascos sabemos de lo que es capaz el Estado español"

–En el procés catalán se vive la reacción represiva del Estado español, que ha terminado con una docena de los líderes y artífices de la proclamación de la república independiente en la cárcel. ¿No es un foco rojo para el País Vasco?

–La diferencia entre vascos y catalanes es que nosotros ya sabemos de lo que es capaz el Estado. A los compañeros catalanes les decíamos: no tengan ninguna duda de que aunque el proceso sea democrático el Estado va a responder con violencia. Al principio no nos creían. Hoy saben que es así.

–Muchos no quisieran ver a Otegi preso de nuevo…

–Yo tampoco (risas).

–Hablemos de sus años en la cárcel…

–En distintos periodos en total he estado 14 años de mi vida en la cárcel. En el más reciente estuve seis años y medio (entre 2009 y 2016). Ellos tuvieron un objetivo. Sabían que estábamos potenciando un cambio de estrategia en la lucha independentista, que queríamos sacar la lucha armada de la ecuación política vasca, algo que a ellos no les interesaba y lo que hicieron fue sacarnos seis años y medio de circulación.

“Hace algunas semanas el Tribunal Judicial de Estrasburgo determinó que ese fue un juicio injusto. En la experiencia de los vascos, pasar por la cárcel siempre ha estado dentro de nuestro horizonte. El objetivo es quebrar nuestra moral y nuestros principios. Pero nosotros siempre hemos aprovechado la cárcel para estudiar. Para la familia siempre es más duro. Yo les digo a los militantes abertzales: los funcionarios cuando terminan su carrera política muchas veces tienen al final un premio: algún buen puesto en algún consejo de empresa, algo así. A nosotros lo más probable es que nos toque la cárcel. Pero tenemos algo que ellos no tienen: el cariño de la gente.”
Una familia típica y Franco como suma de los miedos

Arnaldo Otegi Mondragon, nacido en Elgoibar, Guipúzcoa, viene de lo que llama "una familia típica en el País Vasco", un padre ligado al nacionalismo vasco, de familia religiosa, más bien conservadora, y una madre de familia republicana, anarquista. "Se conjugan las dos vertientes: por eso soy independentista y de izquierda".

Desde su infancia, el caudillo Francisco Franco representó "la encarnación de todos los miedos de mi familia y de todo mi sector. Fue el que bombardeó Guernica, el que prohibió nuestra lengua, el que prohibió nuestros símbolos nacionales y fue con quien nos hicimos antifascistas, por lo que empezamos a luchar en defensa de nuestro país".

Inició su militancia independentista por la vía de la cultura, del aprendizaje de su lengua. Y también por la histórica conexión entre cierto sector de la Iglesia católica vasca y su formación a la sombra de las juventudes obreras vascas propiciadas por los curas. “Ahí nos formamos en la historia –cosa que agradeceré siempre– estudiando desde los romanos hasta ETA, en las historias del socialismo, Cuba, Vietnam, las ideas del mundo”. Estudió filosofía y derecho.

–Ha escrito mucho sobre la actual crisis del Estado español…

–Es que es imposible entender lo que pasa en el Estado español si no se entiende que vive una crisis estratégica profunda. Son tres los factores que han llevado al Estado a esta situación. El primero, una crisis económica profunda. La última crisis demostró que España no tiene una economía competitiva frente a los mercados internacionales y con los niveles de endeudamiento y de corrupción brutales no tiene solución estratégica. Es un Estado que no puede aguantar una segunda crisis, que ya está en ciernes en todo el planeta.

“Lo segundo es que la ofensiva independentista catalana pone a prueba el régimen constitucional que se instala en el 78, la reforma franquista. El tema catalán hace saltar todas las costuras de una estructura territorial que no reconoce la plurinacionalidad del Estado español ni el derecho a la autodeterminación y que ya no tiene encaje en términos democráticos.

"Y el tercer factor es la desaparición de la lucha armada de ETA, que se había convertido en ese enemigo interno que permitía ocultar todas las grandes deficiencias del gobierno."

–¿Por qué el fin de la lucha armada debe representar un factor de crisis y no lo contrario, la oportunidad de transitar por una vía de normalización?

–Porque el Estado español construyó un gran edificio político y jurídico antiterrorista que se le cae con la desaparición de ETA. Entonces tiene que entrar en el juego del debate político; pero ahí no tiene una propuesta que hacer. Cuando en la mesa lo que está es el debate de las ideas, ellos no tienen otra idea que mantener unido al Estado español por la fuerza. Y esto es lo que le lleva a esta crisis.

–Es notorio el avance de la extrema derecha, en parte como continuidad del franquismo pero con nuevos elementos. ¿Cómo entender el posicionamiento del partido Vox?

"¿Dónde están los franquistas? En Vox"

–Eso que llamaron transición democrática sin ruptura con el franquismo para nosotros son dos cosas: impunidad con los crímenes del franquismo y defensa a ultranza de la unidad de España y la propiedad privada. Hubo una época en que nos preguntábamos ¿dónde están todos esos que apoyaban a Franco? Estaban en el Partido Popular. Pero ahora surge Vox porque en el contexto de la crisis económica y financiera, de la incertidumbre total, hay sectores que buscan certidumbres. A Vox lo apoya gente que siente incertidumbre por la migración, por la crisis económica, porque se rompe la unidad de España. Son sectores que no tienen certidumbre en el trabajo, en el futuro de sus hijos. Si la izquierda no ocupa esos espacios, los va a ocupar la extrema derecha.

–Es un fenómeno que se ve más en el sur de España. ¿Sucede lo mismo en el norte, en el País Vasco?

–No, somos un pueblo con una gran tradición antifascista. La diferencia es que la izquierda vasca y catalana fueron antifascistas. La española, no.

–El movimiento abertzale ha llamado a establecer alianzas con los partidos nacionalistas de todas las regiones y todas las ideologías. Esto incluye al Partido Nacionalista Vasco (PNV). ¿Cómo va esta estrategia?

–Hemos estado haciendo llamados a las grandes alianzas y lo que nosotros hemos llamado "acuerdos de país". Es evidente que las grandes naciones se construyen sobre estos grandes acuerdos. Independientemente de si gana la derecha o la izquierda, deben existir mínimos que no se puedan tocar: un sistema educativo progresista, laico, igualitario; un acuerdo sobre la vertebración del país; acuerdos sobre la política energética. Desgraciadamente hoy hay líderes del PNV que decían que sin ETA el trabajo entre los abertzales (independentistas) y los nacionalistas iba a ser posible, han desplazado su política de alianzas hacia el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Pero nosotros vamos a seguir insistiendo.

–Hace poco menos de un año sale el Partido Popular (PP) del gobierno y llega Pedro Sánchez. ¿De qué manera cambia el clima político del país con el PSOE en la presidencia?

–La izquierda abertzale dio su voto en favor de la moción de censura al PP porque nosotros siempre vamos a dar nuestro voto gratis contra la derecha autoritaria. Es una cuestión de principio. Dicho esto, hay que recordar que nuestra experiencia, ya muy larga, con el PSOE, no es muy gratificante. El PSOE no tiene mucha palabra. Entró a la transición diciendo que España no entraría a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y nos metió; ha hecho reformas económicas contrarias al interés de la gente y respecto al problema vasco siempre ha mostrado una cara de flexibilidad en el exterior pero en el interior siempre ha sido tímido a la hora de las decisiones. Por ejemplo, decía que ya sin ETA los presos políticos ya no tendrían razón de ser y no ha sido así. Nuestra expectativa hacia ellos no es muy halagüeña.

–En el contexto europeo también hay un deslizamiento hacia la derecha. ¿Cómo afecta esto a partidos del signo como EH-Bildu?

–Yo veo a las izquierdas muy despistadas, instaladas en la defensa de valores culturales, de libertades civiles, democráticas, con algunos avances como los que se han consolidado en la lucha por los derechos LGTBI. Pero creo que lo que debe recuperar la izquierda es su discurso sobre el mundo, volver a lo fundamental. Para mí es que el capitalismo está poniendo en riesgo la existencia misma del planeta, que las desigualdades sociales son más lacerantes que nunca. Ante esto la izquierda tiene que recuperar un discurso contundente, radical, que frene este avance de la derecha porque la solución no puede venir de ahí; de hecho, va a empeorar las cosas.

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Movilización en Barcelona para recordar el primer aniversario del referendo independentista

A un año del referendo de independencia volvieron los enfrentamientos en Cataluña. El movimiento soberanista se organizó para recordar la consulta popular del primero de octubre como señal del rumbo que quiere tomar la región. Unas 200 mil personas salieron a las calles de Barcelona, en una movilización en la que también hubo sabotajes, cierre de calles y carreteras, ocupación de estaciones ferroviarias, agresiones y hostigamiento a periodistas y enfrentamientos con los agentes de los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica).

Con el lema "Recuperemos el 1-O" (1º de octubre) recorrieron las calles 180 mil personas, según cifras de la guardia urbana, para exigir el cumplimiento del mandato emitido en el referendo del año pasado, la salida de prisión de los "presos políticos", el regreso de los "exiliados" y la salida inmediata de las "fuerzas de ocupación españolas". La mayor parte de la marcha transcurrió en un clima festivo y pacífico que se rompió cuando dos grupos numerosos decidieron trasladarse a la jefatura de la policía nacional y a la sede del Parlamento, al cual trataron de ingresar.

Cataluña recordó la actuación de la policía española hace un año, cuando intentó impedir que se llevara a cabo la consulta ciudadana mediante la represión.

Según la hoja de ruta trazada por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y por los ideólogos, Cataluña ya debería ser independiente, con un modelo en forma de República y con instituciones propias. En aquel referendo participó algo menos de 40 por ciento de la población; la mayoría votó en favor de la causa soberanista, pero recibió numerosas críticas de la oposición por su carácter "ilegal" y la falta de "garantías democráticas" en la consulta.

Pese a todo, tras el referendo, el 27 de octubre se llevó a cabo la declaración unilateral de independencia en una sesión solemne en el Parlamento catalán que también puso en evidencia la fractura política y social de la región, tras el abandono de los principales partidos de oposición y de carácter unionista.

Tras la declaración unilateral de secesión, el gobierno español, presidido entonces por el derechista Mariano Rajoy, decidió intervenir las instituciones catalanas a través de la aplicación por primera vez en la historia del artículo 155 de la Constitución, que suspendió la autonomía de la región, y convocar a elecciones autonómicas. Además, se abrieron procesos judiciales contra los líderes del movimiento, acusados de rebelión, malversación de recursos públicos y desobediencia. Puigdemont y otros consejeros huyeron a Bélgica, Reino Unido, Suiza y Alemania.

Los Comités de Defensa de la República (CDR) organizaron una serie de actos de protesta que afectaron sobre todo el tránsito vehicular. Su objetivo era "paralizar la economía" para dejar claro que tras la represión policial de hace un año "no habrá ni olvido ni perdón".

Varios grupos de entre 40 y 100 personas bloquearon importantes vialidades de Barcelona y la carretera de más tráfico en la región; irrumpieron en la estación del tren de alta velocidad en Girona y en oficinas del gobierno, donde quitaron y pisotearon una bandera española. También trataron de ingresar por la fuerza a la Bolsa de Valores.

En medio del caos, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, volvió a denunciar la represión policial de hace un año y animó a los militantes de los CDR a seguir presionando.

Al finalizar la jornada hubo tensión en la Vía Laietana, donde está el edificio de la policía española, y en las puertas del Parlamento, donde los diputados de las formaciones españolistas tuvieron que salir escoltados y en medio de insultos y descalificaciones. Los manifestantes también lanzaron vallas y botes de pintura contra los policías catalanes. No se informó de ningún herido.

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Lenín Moreno cierra la puerta al regreso de Correa

Según el conteo rápido del órgano electoral, el presidente obtuvo la victoria en el referéndum de ayer. Una mayoría aprobó suprimir la reelección indefinida y reestructurar el órgano creado por el ex mandatario para nombrar autoridades.

 

Entre dos modelos de país, el que propone el actual mandatario Lenín Moreno y el que plantea el ex presidente Rafael Correa los ecuatorianos se inclinaron por el primero. Según el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, una mayoría aprobó suprimir la reelección indefinida (64 por ciento frente a 35 por ciento), en el referéndum convocado por Moreno para cerrar el paso al poder a su ex aliado y antecesor. Los electores también aprobaron, con un 63 por ciento de los sufragios (37 por ciento para el No), reestructurar el órgano creado por el exgobernante para nombrar autoridades de control, lo que en la práctica supone una “descorreización” total del Estado.


La opción Sí en la consulta popular se impuso en las siete preguntas de acuerdo al escrutinio rápido difundido al cierre de esta edición por el órgano electoral. La pregunta que más apoyo obtuvo, con un 74 por ciento (frente a 26%), es la que señala que quienes hayan sido sentenciados por corrupción queden inhabilitados para participar en la vida política y la pérdida de sus bienes. Los votantes también aprobaron por amplia mayoría derogar la ley aprobada por Correa para limitar la ganancia inmobiliaria.


Minutos después de conocerse estos resultados preliminares, el presidente, convertido en principal enemigo de Correa, celebró desde el Palacio de Carondelet la “clara y contundente victoria que ha tenido el Sí” en el referendo.


“La confrontación quedó atrás, es hora de volver a abrazarnos”, expresó Moreno, quien sostiene que la consulta servirá para “profundizar la democracia”.


Por su parte, Correa, que pierde la opción¢n de regresar al poder en las presidenciales de 2021, felicitó sin embargo en un tuit a sus militantes, alegando que “ningún movimiento por sí solo puede lograr el 36% alcanzado, peor en tan poco tiempo y en lucha tan desigual”.


“La lucha continúa. No podemos aceptar en un Estado de Derecho, tamaño rompimiento constitucional. Hasta la victoria siempre!”, agregó el exmandatario.


La participación en la consulta popular fue del 74 por ciento, y la jornada transcurrió con “normalidad”, según indicó la presidenta del CNE, Nubia Villacís, tras el cierre del proceso al que estaban llamados 13 millones de los 16,7 millones de ecuatorianos.


Moreno votó en una universidad del norte de Quito. Tras sugragar, el mandatario se mostró confiado de ganar, tal como lo anticipaban los sondeos. “Las decisiones que tomamos el día de hoy van a ser trascendentales para el futuro del país, para que nuestros niños vivan protegidos, para que las personas corruptas no vuelvan a burlarse de nosotros (...) por el cuidado a la naturaleza, por la reactivación económica”, sostuvo.


Moreno –vicepresidente entre 2007 y 2013– resultó vencedor en la pregunta que plantea una única reelección presidencial, con lo cual Correa pierde la opción de regresar el poder en las presidenciales de 2021.


Lenín Moreno se convirtió tras llegar a la presidencia en mayo pasado en un feroz crítico de su antecesor, líder del “Socialismo del siglo XXI”, al que acusa de haber derrochado la renta petrolera y de haber liderado un gobierno corrupto.


El mandatario convocó este referendo de siete preguntas, en una clara invitación a entrar en la era del postcorreísmo. Además se propone reestructurar el órgano creado por Correa para nombrar autoridades de control, lo que en la práctica supondrá un cambio radical a favor de su línea de gobierno.


Correa, quien está en Ecuador desde enero haciendo campaña por el No –actualmente vive en Bélgica con su familia– dijo a la prensa al cierre de las urnas que “los que conocemos la historia ecuatoriana sabemos que la situación puede cambiar totalmente en dos meses”.


El exgobernante (2007-2017) acusa a Moreno de “traidor”, ya que fue su vicepresidente, de haberse vendido a la oposición y sostiene que con esta consulta “inconstitucional”, convocada sin el dictamen de la Corte Constitucional, el mandatario pretende alcanzar el “presidencialismo absoluto”.


Correa, que alega “persecución y hostigamiento” en su contra, también denuncia que Moreno quiere utilizar la consulta para inhabilitarlo por la vía judicial con la pregunta de que los condenados por corrupci¢n no puedan ejercer la política. “Se inventarán un delito contra mí para inhabilitarme. Es la nueva estrategia de la derecha para destruir a los dirigentes progresistas, como hicieron con Dilma, Lula o Cristina (Kirchner)”, advirtió Correa a la prensa.


El ex presidente está llamado por la Fiscalía a declarar hoy por presuntas irregularidades en una millonaria venta de petróleo a China y Tailandia durante su administración.
En un anticipado desmontaje del correísmo, Jorge Glas –aliado de Correa y reelegido vicepresidente en binomio con Moreno– fue a la cárcel, condenado por recibir sobornos de la brasileña Odebrecht, que también han salpicado a otros exfuncionarios del anterior gobierno.


Para el politólogo Simón Pachano al contar con “una victoria con amplio margen, Moreno consigue el objetivo fundamental de la consulta que es legitimarse en el cargo”, al que llegó tras un apretado ballottage ante el candidato Guillermo Lasso. Este último apoyó activamente la campaña del Sí.


Correa regresó a Ecuador en enero para hacer campaña por el “No”, quedándose sin el partido que fundó, Alianza PAIS, luego de que la autoridad electoral reconociera a la dirigencia morenista en medio de una pugna de poder.

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Viernes, 20 Octubre 2017 07:11

La batalla por el petróleo en Kirkuk

La batalla por el petróleo en Kirkuk

Tres semanas después de que ganara el Sí en el referéndum de independencia en la región kurda de Irak, el gobierno iraquí envió tropas a la provincia iraquí de Kirkuk, muy rica en petróleo, controlada por los kurdos pero que Bagdad les disputa.


Kirkuk, tierra en la que bulle el petróleo, en los últimos días se convirtió en un nuevo punto de conflicto en Oriente Medio.


Ubicada al norte de Irak, la provincia de Kirkuk es un territorio árido, aunque muy rico, que desde hace décadas se encuentra en disputa entre el gobierno central de Bagdad y la administración semiautónoma del Kurdistán iraquí (Bashur). En la zona existen vastas reservas de crudo, además de refinerías, y por allí pasan los oleoductos hacia Ceyhan, en Turquía, y Baniyas, en Siria, en el Mediterráneo.


La tensión entre el gobierno central y la administración kurda se profundizó a partir del referéndum de independencia (no vinculante) que impulsó el gobierno de Bashur del Partido Democrático de Kurdistán (Pdk) el pasado 25 de setiembre.


La participación popular en la consulta fue masiva y una aplastante mayoría votó a favor de la independencia, tras lo cual el Ejecutivo de Bagdad aprobó una serie de sanciones contra el Kurdistán iraquí y deslegitimó el referéndum, todo con el apoyo de Turquía, Irán, Siria y Estados Unidos.


El anquilosado Pdk respondió con tibieza, tratando de hacer equilibrio entre sus aliados ofuscados –Ankara y Washington–, los problemas sociales y económicos internos, y la demanda legítima de libertad e independencia del pueblo kurdo expresada en el referéndum.


Desde la invasión de Estados Unidos a Irak y la caída de Saddam Hussein, en 2003, los kurdos controlan Kirkuk y áreas de Nínive, Diyala y Salah al-Din, al norte de Bagdad.
Luego de sufrir los ataques y masacres cometidas por la organización Estado Islámico, ahora Kirkuk es escenario de una escalada bélica que puede terminar en una guerra interna. Desde hace varios días el Ejército iraquí y las Unidades de Movilización Popular (Al Hashad al Shabi, grupo conformado por milicias árabes) se encuentran en Kirkuk, en donde se produjeron enfrentamientos armados a pequeña escala. Los peshmergas (fuerzas militares de la administración de Bashur) apenas resistieron y, como hicieron en 2014 frente al avance del Estado Islámico, se retiraron.


Por otro lado, pese a las fuertes críticas que mantienen hacia el Pdk y los peshmergas, las Fuerzas de Defensa Popular (Hpg, guerrilla vinculada al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Pkk), que tienen sus bases en la montaña de Qandil, un extenso territorio en la frontera con Irán, se trasladaron a Kirkuk para defender el territorio. En un comunicado, las Hpg calificaron como “una invasión” lo que ocurre en Kirkuk, por lo cual, indicaron, “nuestras fuerzas guerrilleras tomaron posición defensiva a raíz de los ataques”. Desde el mando de las Hpg confirmaron que “se produjeron enfrentamientos esporádicos entre nuestras fuerzas y el Ejército iraquí y Al Hashad al Shabi, después del retiro de los peshmergas”. Desde la guerrilla criticaron a las fuerzas del Pdk por huir de la zona y no establecer “una coordinación conjunta para proteger” la capital de Kirkuk.


A su vez, el portavoz del Ministerio del Petróleo iraquí, Asem Yihad, declaró que su gobierno ya controla todos los yacimientos petrolíferos de la provincia.
La Unión de Comunidades del Kurdistán (Kck), una de las principales organizaciones que representan al pueblo kurdo en Oriente Medio, también se pronunció. Este miércoles rechazó la vía militar para resolver el actual problema y alertó sobre “los poderes antikurdos” que intentan evitar que ese pueblo “tenga un lugar influyente y gane un estatus”.
Los hechos que ocurren en Kirkuk se desencadenaron por el control del petróleo en una de las provincias más ricas del territorio iraquí. Pero en Kirkuk también se observa la disputa entre las principales líneas ideológicas que atraviesan al Kurdistán. Por un lado, la burguesía representada en el Pdk con sus alianzas internacionales, aunque éstas ahora se encuentran debilitadas; por otro, la guerrilla kurda y su proyecto de un Kurdistán confederal, inclusivo y democrático, que encuentra su experiencia más concreta en el norte de Siria (Rojava), donde, pese a la guerra, desde hace más de cinco años se construye una sociedad nueva, antiestatal y con un concepto de democracia comunal y anticapitalista que es la gran novedad para todo Oriente Medio.

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Rajoy pide a Puigdemont que aclare si declaró o no la independencia

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, hizo un requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que aclare, por los cauces administrativos, si declaró o no la independencia de Cataluña. Una pregunta directa y de cuya respuesta dependerá si se activa la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que supondría la suspensión de la autonomía de la región.

Puigdemont protagonizó el martes pasado una de las sesiones más confusas de las últimas décadas en el Parlamento catalán; tal como había prometido a sus seguidores decretó la independencia unilateral, pero segundos después decidió suspenderla para abrir espacio a una negociación con el Estado español, en busca de una desvinculación pactada.

En la sesión parlamentaria no se votó ninguna moción ni declaración, pero minutos después de suspendido el pleno, los 72 diputados independentistas firmaron –en un salón contiguo al hemiciclo– un documento en el que se declaró la independencia y se apremió a la comunidad internacional, incluido el Estado español, a reconocer a la "nueva república".

La declaración provocó confusión tanto entre los independentistas, quienes vivieron la jornada con decepción, como entre las autoridades españolas y la mayoría de los partidos políticos, que no tenían certeza de lo que se había declarado en el Parlamento catalán.

Rajoy, quien convocó a una reunión extraordinaria del consejo de ministros, después de haberse reunido con los líderes de Ciudadanos, Albert Rivera, y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, decidió enviar un mensaje a Puigdemont en el cual lo apremia a aclarar este punto y a hacerlo mediante los cauces oficiales para que quede constancia.

El gobernante español fijó un plazo a Puigdemont para contestar que vence el próximo lunes, de no hacerlo, se le enviará un segundo mensaje que deberá contestar a más tardar el próximo jueves. Si la respuesta a la pregunta de si ha declarado la independencia es afirmativa, o sencillamente no contesta, entonces se activará de forma automática la aplicación del artículo 155.

Así lo explicó Rajoy durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, que tuvo como único orden del día el conflicto abierto entre Cataluña y el Estado español. "Es muy importante que Puigdemont acierte en la respuesta al requerimiento que le ha hecho el gobierno de España. Basta que diga que no ha declarado la independencia. Así de fácil. Y se entiende muy bien", señaló Rajoy.

El mandatario explicó que en caso de que la respuesta sea negativa, entonces le invitaría a sentarse a dialogar en una comisión parlamentaria, abierta a petición del PSOE, para reformar la Constitución española y buscar un mejor encaje de Cataluña en la configuración del Estado, pero advirtió que no dialogará sobre la ruptura de la soberanía del país ni de la vulneración de la integridad territorial. Es decir, que en ningún caso asumirá el reclamo del independentismo de permitir un referendo de autodeterminación vinculante.

El presidente Rajoy cuenta con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos en su estrategia ante el conflicto catalán, que se confirmó durante el debate en el Congreso de los Diputados, en el que también se escucharon críticas y súplicas, sobre todo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y de los nacionalistas catalanes, para que no ponga en marcha la suspensión de la autonomía, ya que supondría una nueva "declaración de guerra" de difícil "vuelta atrás". En términos similares se expresó la coalición Unidos Podemos, que también se manifestó en contra de esta medida y reiteró su propuesta de abrir un diálogo con mediadores internacionales. Una propuesta que rechazó Rajoy.

En tanto, Puigdemont no hizo referencia al requerimiento del gobierno español en una entrevista con la cadena CNN, pero reiteró que está dispuesto a "entablar un diálogo sin condición previa". Y añadió que "a lo mejor podría ayudar al diálogo que dos personas en representación del gobierno español y dos personas en representación del gobierno catalán, pudieran ponerse de acuerdo en una sola cosa, como por ejemplo, el nombramiento de un mediador".

La diputada independentista de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), Eulàlia Reguant, habló del malestar que persiste en su grupo por lo que consideran "traición" de Puigdemont en el pleno del pasado martes, en el que esperaban que se declarara la independencia. "Nos ha fallado y nos ha decepcionado", señaló. Los 10 diputados de la CUP anunciaron que propondrán a su consejo político que sus diputados abandonen el Parlamento catalán hasta que Puigdemont declare de forma efectiva la secesión. Esta maniobra dejaría en minoría a la coalición independentista.

 

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Irak ordena detener a los organizadores del referéndum de independencia kurdo


Es una medida simbólica porque Bagdad carece de medios para arrestarlos si no salen de la región

 

Un tribunal iraquí ha ordenado este miércoles la detención de la presidenta y dos de los miembros de la Comisión Electoral de Kurdistán que organizó el referéndum de independencia de esa región autónoma del pasado 25 de septiembre. Se trata de la última de una serie de medidas con las que el Gobierno de Bagdad intenta revertir el resultado de esa consulta, celebrada a pesar de su suspensión por parte del Tribunal Supremo. La ausencia de fuerzas federales en las provincias kurdas dificulta su ejecución.
“La decisión judicial responde a una denuncia presentada por el Consejo de Seguridad Nacional”, ha informado el portavoz de la Magistratura, el juez Abdelsatar al Birqadar.

Esa instancia ha considerado que Hendren Saleh, la presidenta de la Comisión Electoral, así como Yari Hayi Omar y Wahida Yofo Hermez, “han organizado el referéndum contraviniendo la orden del Tribunal Supremo” iraquí. Una semana antes de la consulta, el alto tribunal exigió que se suspendiera por considerar que vulneraba la Constitución.
El Consejo de Seguridad Nacional, que preside el primer ministro Haider al Abadi, ya avanzó el lunes que había recopilado una “lista de nombres” de “funcionarios de la región de Kurdistán” acusados de organizar el plebiscito. El comunicado aseguraba que la fiscalía iba a tomar “medidas legales” contra ellos. El Supremo se ha declarado sin embargo incompetente para juzgar a los diputados del Parlamento federal que promovieron la consulta.


La orden emitida es sobre todo simbólica. El Gobierno central no dispone de medios reales para llevar a cabo las detenciones ya que no hay fuerzas federales desplegadas en el Kurdistán iraquí. De acuerdo con la Constitución de 2005, la región autónoma dispone de su propia milicia (los Peshmerga) y policía. Resulta altamente improbable que vaya a enviarse una patrulla a ejecutar el arresto.


No obstante, los tres responsables kurdos van a ver restringidos sus movimientos ya que, a partir de ahora, no podrán salir de las cuatro provincias de la región autónoma. Antes del referéndum Saleh, Omar y Hermez viajaron en varias ocasiones a Bagdad para reunirse con las autoridades centrales y defender sus planes.


El gesto constituye otra vuelta de tuerca del Gobierno central en su intento de presionar a las autoridades kurdas para que anulen el resultado de la consulta. El 92,73 % de los votantes dieron su apoyo a la independencia, con una participación del 72,16 % del censo, pero que incluyó también la controvertida participación de los residentes en varios enclaves fuera de la región autónoma aunque controlados por las fuerzas kurdas.


Desde entonces, Bagdad ha procedido a cerrar el espacio aéreo de Kurdistán a los vuelos internacionales y ha anunciado medidas económicas y judiciales de presión, a menudo sin concretar su puesta en práctica. Destaca entre ellas la reapertura de un viejo oleoducto que conecta los campos petroleros de Kirkuk con Turquía, sin cruzar el territorio kurdo, avanzada el martes por el ministro de Petróleo, Yabar al Luaibi.


El primer ministro turco, Binali Yildirim, ha confirmado que Irak planea abrir un nuevo paso fronterizo para abrir una ruta directa entre ambos países evitando el Kurdistán iraquí. Tanto Ankara como Teherán han rechazado el referéndum y los planes de independencia del Gobierno autónomo de Erbil

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