¿Por qué estallaron las protestas en Cuba?

Las razones de las protestas en Cuba son muchas y en estos meses se han superpuesto una serie de crisis. La unificación monetaria coincidió con la crisis provocada por la pandemia, pero también con la llegada de Miguel Diaz-Canel a la presidencia, un líder sin la legitimidad de origen de los hermanos Castro. En esta crónica de la revista cubana El Toque se repasan los motivos del renovado descontento social que es el combustible de las movilizaciones.

 

El 11 de julio de 2021, en horas de la mañana, se inició en el municipio de San Antonio de los Baños, en Cuba, una protesta social. En cuestión de horas, las llamas se extendieron a todo el territorio nacional.

Miles de personas salieron a las calles a reclamar libertad, cambios en Cuba, vacunas, el fin de las tiendas en moneda libremente convertible, la renuncia del presidente Miguel Díaz-Canel y mejoras en general de la situación del país. El gobierno los llamó «confundidos», «vándalos» e «irresponsables» y los acusó de responder a intereses externos, al tiempo que dio una «orden de combate» a los «revolucionarios» y a las fuerzas de seguridad para que salieran a confrontar las expresiones populares.

Estos hechos, inéditos por su proporción, son el resultado del agravamiento de las condiciones sociales, económicas, sanitarias y políticas en el país. A continuación, repasamos varias de esas causas:

Emergencia sanitaria

La pandemia por COVID-19 en el país se ha agravado. Después de tener la enfermedad bajo relativo control, con números muy bajos para la región, y comenzar la vacunación en algunas zonas del país -como parte de estudios de intervención con los candidatos cubanos- se desató la ola más fuerte de contagios y muertes. Hasta el 12 de abril de 2021, a poco más de un año de pandemia en el país, habían fallecido 467 personas y se habían diagnosticado 87.385 casos. Solo tres meses después, el 12 de julio, la cifra alcanza los 1.579 fallecidos y 224.914 casos positivos (2,5 veces más).

La peor situación ocurre en la provincia de Matanzas donde, entre el 1 y el 10 de julio de 2021, fueron diagnosticados 16.447 casos. El gobernador de la provincia, Mario Sabines, dijo al inicio del aumento de contagios que contaban con una capacidad para casi 6.000 personas en centros de aislamiento, pero declaró que se requieren 3.000 camas más para cubrir las necesidades frente al elevado número de casos que presenta. En el resto de las provincias del país, sobre todo en la capital, los casos oscilan en cifras de tres dígitos. El aumento de las personas hospitalizadas, la carencia de insumos y medicinas, y el agotamiento progresivo de los recursos materiales y humanos disponibles han puesto al sistema de salud en una situación de crisis, aunque las autoridades gubernamentales la llaman «compleja».

A la falta de recursos para enfrentar el covid-19 se suman graves carestías en el llamado Cuadro Básico de Medicamentos, que ha supuesto hasta la reaparición de otras enfermedades como la escabiosis.

El Cuadro Básico de Medicamentos en Cuba lo integran 619 productos: 351 para hospitales y 268 para farmacias. De ellos, 263 (42%) son importados y 356 (58 %) son nacionales: 350 producidos por BioCubaFarma, 5 por la industria alimentaria y 1 por el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. De los fabricados por BioCubaFarma, un promedio de 85 estuvo «en falta» durante 2020. A estos se suman los de importación, que tampoco han entrado al país en los últimos meses y que se usan, fundamentalmente, en la atención secundaria de salud. El ministro de Salud Pública José Ángel Portal reconoció que la situación con los medicamentos continuaba «tensa» y ofreció como alternativa la producción y el uso de la medicina natural y tradicional.

Ante el desabastecimiento en las farmacias, los cubanos han buscado otras vías para acceder a los medicamentos: grupos en redes sociales de donación e intercambio, comercialización en el mercado ilegal y encargos al extranjero. En medio de este panorama, usuarios cubanos en Twitter iniciaron la campaña #SOSMatanzas, a la que lograron sumar influencers y personalidades internacionales tan variadas como Mía Kalifha, Alejandro Sanz, Daddy Yanky, Paco León, Residente (Calle 13), entre otros. La movilización busca denunciar la situación de colapso y reclamar la creación de vías legales para el envío de ayuda humanitaria desde otros países por parte de la diáspora, en especial un corredor entre la comunidad cubana en Estados Unidos y el archipiélago que no sea gestionado por el Estado cubano, en el que no confían. El Gobierno cubano ha denunciado esta campaña por considerarla afín a intereses intervencionistas del gobierno norteamericano. Niega estar cerrado a la recepción de ayuda humanitaria, aunque siempre demanda que llegue «por los canales pertinentes».

Parte de la discusión pública desatada por la gravedad de la crisis sanitaria en los últimos días está vinculada a la convivencia de la población matancera con cientos de turistas rusos. Las fronteras del país continúan abiertas al turismo internacional, restringido a los principales polos turísticos; pero las autoridades aeronáuticas permiten muy pocas frecuencias de vuelo a los principales enclaves de la emigración cubana, desde donde llegan remesas y envíos que ayudan a paliar la crisis general.

El gobierno cubano, en particular el primer ministro Manuel Marrero, dijo en comparescencia televisiva que descartan a los turistas rusos como la causa de los contagios y que solo cerrarán el país ante una situación extrema. En los primeros seis meses del año han arribado 122.000 turistas, la cifra más alta antes de la pandemia fue de 4,2 millones.

A pesar de que el país es el primero en la región latinoamericana en desarrollar dos candidatos vacunales contra el covid-19 con una eficacia de más de 90 %, la vacunación también se ha demorado. Cuba apostó al desarrollo de sus propios candidatos vacunales y decidió no incorporarse al mecanismo internacional COVAX. Ello implicó que la aplicación de candidatos vacunales cubanos fuera hecha de manera experimental y con límites durante varios meses, hasta que recién el 9 de julio, uno de los dos candidatos, Abdala, obtuvo de la entidad reguladora nacional cubana el permiso de uso de emergencia.

Como parte de ensayos clínicos y estudios de intervención, hasta el 10 de junio 3.045.823 personas habían recibido al menos una dosis y 1.862.930 han completado el esquema de tres dosis de Abdala o de Soberana 02 más Soberana Plus. Sin embargo, esto se ha limitado a la provincias de La Habana, Matanzas, Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba, y al personal de salud.

Extender la vacunación fue uno de los reclamos escuchados durante las protestas.

Crisis económica

La precaria situación económica de un número cada vez más amplio de personas, la dolarización de la economía y el difícil acceso a alimentos y productos de primera necesidad -comercializados desde fines de 2019 en divisas extranjeras- han aumentado las desigualdades y es una de las principales fuentes de malestar.

La permanencia del bloqueo/embargo y de las medidas de la administración Trump que desmontaron el proceso de normalización iniciado por Barack Obama y Raúl Castro suenan de fondo en esta situación. Sanciones a empresas relacionadas con el consorcio GAESA, de las Fuerzas Armadas, condujeron al cierre de los servicios de Western Union en Cuba y un recorte drástico de las remesas; además de la prohibición de vuelos a todas las ciudades cubanas, con excepción de La Habana, y el cierre de los servicios consulares de la embajada estadounidense por los presuntos «ataques sónicos», son componentes de la crisis pero no la explican por sí solos.

En octubre de 2019 el gobierno cubano informó la posibilidad de comprar electrodomésticos, partes y piezas de autos y otras mercancías en monedas libremente convertibles. Lo que se anunció como una opción temporal, limitada a la comercialización de artículos de gama media y alta, no demoró en convertirse en norma.

En su argumentación, las autoridades aseguraban que una parte de las ganancias de las tiendas en moneda libremente convertirle se destinarían al desarrollo de la industria nacional, para ponerla en condiciones de satisfacer las necesidades del mercado doméstico y, en algún momento, exportar.

«Sería necesario vender una determinada cantidad de mercancía en moneda libremente convertible, para tener divisas y seguir ampliando este tipo de ventas; y porque parte del dinero recaudado por esa vía se introducirá en la industria nacional, para que esta se convierta en una fuente de productos para esas tiendas y para las otras», dijo por entonces Díaz-Canel.

Un año y medio después los alimentos y principales productos de primera necesidad se encuentran, casi de manera exclusiva, en divisas extranjeras y aumenta el número de servicios que solo están disponibles en esta moneda. Aunque el cambio oficial de divisas en el país está fijo desde el 1 de enero de 2021 en 24 pesos cubanos (CUP) por dólar, no es posible comprar divisas por esa vía. El mercado informal se ha encargado entonces de suplir la demanda de divisas para poder comprar en las tiendas (todas estatales) o para salir al extranjero, lo mismo como emigrados que de viaje de compras. La tasa informal se ha vuelto la verdadera referencia de los valores del mercado.

La situación empeoró cuando el Banco Central de Cuba (BCC) anunció el 10 de junio de 2021 que diez días después suspendería de manera temporal los depósitos bancarios en efectivo de dólares estadounidenses. Según las autoridades, la medida se debía a los «obstáculos que impone el bloqueo económico de Estados Unidos para que el sistema bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares estadounidenses que se recauda en el país». Sin embargo, varios economistas apuntaron que la medida tenía la ventaja de recoger varios millones de dólares en efectivo circulante en el país de manera rápida, en un momento de álgida crisis de liquidez en los bancos cubanos, y justo en el momento en que Cuba llegaba a acuerdos con sus acreedores del Club de París para no incumplir compromisos de pago y entrar en default.

Un desordenado «ordenamiento económico»

La implementación de la nombrada Tarea Ordenamiento, destinada a suprimir la dualidad monetaria existente, ajustar tasas de cambio y escalas salariales, comenzó en enero de 2021, después de ser pospuesta durante años. El timing, sin embargo, no pudo ser menos halagüeño: transcurría el primer año de consecuencias económicas y sociales de la pandemia y se había iniciado un proceso de re-dolarización de la economía.

Junto a la unificación monetaria y cambiaria que eliminó al peso cubano convertible (CUC), una de las dos monedas cubanas circulante en el país, y las múltiples tasas de cambio, llegaron otras dos medidas anunciadas desde hacía años: la eliminación de subsidios y gratuidades y una transformación en los ingresos. El aumento de salarios y pensiones debía ajustar la pirámide invertida en el ingreso de los trabajadores con una mejor repartición de las riquezas según el trabajo de cada cual y con ella una mayor calidad de vida. Sin embargo, seis meses después de la implementación de estas reformas, la inflación ha consumido las ganancias del cambio salarial, no se detiene el aumento de precios en todos los sectores económicos, tanto estatales como privados. Muchas personas ahora ganan más, pero tienen menos capacidad adquisitiva.

La crisis es también social

Sin dinero para importar los alimentos que demanda el país, ante la precaria producción nacional, el gobierno ha llamado a incrementar las cosechas, con resultados apenas visibles. Conseguir comida sigue siendo uno de los más angustiosos dilemas del día a día.

La poca disponibilidad de productos -sin hablar de su falta de variedad y baja calidad para la nutrición- y sus altos precios, han hecho de este problema la principal preocupación de las familias, al punto que el Estado, desde 2007, lo ha considerado un tema de seguridad nacional que cada día se agrava más.

Otro tema que ha generado profunda irritación e incertidumbre entre los cubanos ha sido el regreso de los apagones. La Unión Nacional Eléctrica (UNE) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitieron una nota oficial el 21 de junio sobre las afectaciones al servicio en el país.

Según el comunicado, esta situación es temporal y se debe a la conjunción de varias causas: las limitaciones tecnológicas en los bloques de generación térmica, las unidades que se encuentran en mantenimiento, averías ocurridas en las plantas y las limitaciones para la distribución de combustible a los grupos electrógenos. Un lenguaje burocrático para no decir que los bloques de generación están obsoletos y que no está entrando suficiente combustible a Cuba.

El resultado fue el regreso de «rotaciones» para afectar los distintos circuitos del país un tiempo máximo de 4 horas diarias -ampliada a 6 horas el 30 de junio- oficialmente. La realidad ha sido de apagones mucho más largos en varios territorios, en especial fuera de La Habana. En San Antonio de los Baños, donde comenzó la revuelta, los pobladores daban cuenta de apagones de 12 horas por varios días consecutivos. Tras la movilización popular, el gobierno prometió el fin de estos problemas en breve.

Las actuales circunstancias sociales rememoran los años del llamado Período Especial en los años años 90, cuando el país atravesaba una dura crisis económica tras la caída del bloque soviético. Para muchas cubanas y cubanos la situación ahora es igual o peor que entonces.

Activación ciudadana y fractura del monopolio ideológico

Las protestas recientes no son la primera expresión de inconformidad política de los últimos meses. Son las primeras de carácter popular y masivo; pero varios incidentes sirven de antecedentes a los sucesos de este 11 de julio.

Después de que las autoridades irrumpieran la noche del 26 de noviembre de 2020 en la sede del Movimiento San Isidro (MSI), en La Habana Vieja, y desalojaran a quienes se habían declarado en huelga de hambre, sed o ambas en protesta ante la detención y el proceso judicial contra uno de sus miembros (el rapero Denis Solís), una veintena de jóvenes se encontró frente al Ministerio de Cultura para reclamar un diálogo con las máximas autoridades. El grupo y las demandas crecieron a lo largo del día hasta superar la cifra de 300 personas ahí presentes.

El 27 de noviembre de 2020 ocurrió algo inédito en la Cuba post-59. Por primera vez, un grupo diverso de personas autorganizadas, con diferentes demandas políticas, tomaron el espacio público y lograron presionar a una institución gubernamental: el Ministerio de Cultura.

En menos de una semana, las autoridades encontraron pretextos para impedir la mesa del diálogo y lanzar una campaña de deslegitimación del movimiento, al acusar a los participantes de responder a intereses externos. Comenzaría entonces un proceso que ha durado varios meses en los que las detenciones, los asesinatos de carácter y una campaña de descrédito en los medios de la propaganda oficial contra todo el que se relacionó con los eventos del 27N, serían noticia cada día.

Todas las propuestas de diálogo con la sociedad civil merecieron igual desinterés por parte del gobierno, enrocado en su postura de solo hablar con quienes estén «dentro de la Revolución».

Los constantes ataques y descalificaciones llevaron al grupo conocido como Articulación Plebeya a presentar un recurso de queja y petición firmada por más de 400 intelectuales para frenar los atentados contra la dignidad y el honor de las personas, los cuales se han vuelto prácticas habituales de las autoridades y medios de comunicación en el archipiélago.

Las tensiones volvieron a las afueras del Ministerio de Cultura el 27 de enero de 2021, cuando varios miembros del grupo autoconvocado en noviembre de 2020 demandaron ser escuchados otra vez y fueron agredidos físicamente por empleados estatales, encabezados por el ministro del ramo. En la mañana del 3 de febrero de 2021, varios artistas cubanos presentaron una petición al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado (CE), Esteban Lazo Hernández, para revocar a Alpidio Alonso de su cargo como diputado y ministro, lo cual como era de esperar fue desestimado.

Durante este tiempo también generó mucho impacto en la opinión pública virtual el caso de la joven periodista Karla María Pérez, quien fue dejada en un limbo legal por el gobierno cubano al prohibirle la entrada a Cuba y notificárselo en Panamá, mientras hacía tránsito desde Costa Rica, donde había terminado su estancia legal al concluir los estudios. Karla fue desterrada por su trabajo en medios digitales independientes, antes había sido expulsada de la universidad en Cuba por sus criterios políticos y por su membresía en una organización opositora.

La impunidad con la que actúan los representantes estatales y los voceros de campañas de desprestigio en los medios estatales ha generado diversos rechazos en los ciudadanos, algunos de los cuales han presentado quejas y denuncias ante la Fiscalía. Sin embargo, como ha quedado claro, a las instituciones que les corresponde velar por la «legalidad socialista», no les interesa investigar posibles delitos de sus compañeros, aunque ello implique incumplir con su mandato constitucional.

Son meses en los que han continuado las acciones represivas, enfocadas en acallar la insólita congregación que se logró el 27 de noviembre de 2020.

Ante las detenciones y la destrucción de sus obras de arte, el líder del MSI, Luis Manuel Otero Alcántara, anunció que se declaraba en huelga de hambre y sed el 25 de abril de 2021 y así se mantuvo hasta que un operativo policial lo llevó al hospital Calixto García.

El encierro de Otero Alcántara generó un acto de protesta pública en la calle Obispo el 30 de abril de 2021, que se saldó con 12 detenidos, acusados luego de resistencia y desacato y dejados algunos de ellos en prisión provisional. El 31 de mayo, 29 día después de su extracción, fue dado de alta. Durante ese tiempo solo pudieron tener acceso a él las personas que los cuerpos de seguridad que custodiaban la instalación hospitalaria determinaron, con varios días consecutivos en los que nada se supo de él.

También ha avanzado la estrategia de persecución judicial «quirúrgica» contra las figuras más «combativas» del 27N y la oposición política actual. A fines de abril de 2021, la artista Tania Bruguera fue acusada de instigación a delinquir luego de que escribiera un post en Facebook a raíz de una de las detenciones arbitrarias de las artistas y activistas Katherine Bisquet y Camila Ramírez Lobón. La lista de acusados ha seguido creciendo. Hamlet Lavastida, artista y miembro del grupo 27N, fue arrestado y puesto bajo investigación tras su llegada a Cuba el 21 de junio de 2021 proveniente de Alemania, donde concluyó una residencia artística en la galería Künstlerhaus Bethanien de Berlín.

Este enfrentamiento entre los artistas que protagonizaron el 27N ha estado en el foco de atención del país, aunque pareciera que se escucha más alto la campaña desinformativa estatal. La estrategia represiva ha incluido otra vez los actos de repudio contra disidentes u opositores; además de constantes escaramuzas públicas y «guerras de canciones»; como la protagonizada a partir del tema musical «Patria y Vida», respuesta directa a la tradicional consigna política «Patria o Muerte».

A pesar de todo el esfuerzo comunicacional por desacreditar las acciones disidentes la tensión no ha bajado en estos meses. Un intento de detener al rapero Maykel Castillo, conocido como Osorbo, cuando buscaba llegar a San Isidro, terminó con un enfrentamiento con la patrulla que buscaba llevárselo y la liberación del miembro del MSI por los ciudadanos.

Este caldo de cultivo muestra condiciones naturales para un estallido social. Aunque el gobierno cubano no reconoce su legitimidad y prefiere hablar de un «golpe blando continuado y orquestado desde Estados Unidos», tiene responsabilidad en la acumulación de las causas de la protesta. Lo raro es que no hubiesen ocurrido antes. Al final, no solo vacunas, comida o el cierre de las tiendas en moneda libremente convertible se escuchaba en las consignas de los manifestantes. También sonó alto el grito de ¡Libertad!

Nota: este artículo fue originalmente publicado en la revista cubanaEl Toque.

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Martes, 29 Junio 2021 06:40

¿A dónde va Pedro Castillo?

Fotos: La República

El llamado público a respetar la Constitución de 1993 y el pedido al neoliberal Julio Velarde para que se mantenga como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, muestran el derrotero continuista en materia económica que cada día va asumiendo el ex dirigente magisterial y virtual presidente peruano Pedro Castillo.

 

En un mitin realizado el sábado 26 de junio en horas de la noche en la Plaza San Martin de la ciudad de Lima, Pedro Castillo, ganador de la segunda vuelta, dijo con mucho énfasis que: “Somos democráticos, respetamos la gobernabilidad y la institucionalidad peruana y por eso estamos acá. Seremos respetuosos de esta Constitución y en ese contexto pido al doctor Julio Velarde para que su trabajo sea permanente y coherente frente al Banco Central de Reserva”. En esta intervención, el representante de Perú Libre aprovechó, una vez más, para desmarcarse del supuesto comunismo y pro chavismo que le endilgan sus opositores cercanos a Keiko Fujimori.

Más tarde, y para que no queden dudas, desde su Twitter personal Castillo volvió a afirmar que: “Nuestro compromiso es mantener el equilibrio fiscal y mejorar la calidad del gasto público, promover las inversiones y respetar la independencia y autonomía del BCRP. Por ello nuestra voluntad de ratificar al Dr. Julio Velarde como presidente de esta importante institución”.

Recordemos que días atrás Pedro Franke, quien proviene del partido de Verónica Mendoza y es actualmente uno de los asesores económicos más influyentes en Pedro Castillo, ya había dicho en una entrevista publicada en el diario Gestión, que se pueden hacer cambios en el país, sin cambiar la constitución de 1993 e incluso menciono que no era necesario cambiar el capítulo económico, el cual - literalmente - condena al estado peruano al triste papel de subsidiario del capital.

Como se recuerda, este proceso de adaptación de Castillo y sus aliados a la institucionalidad vigente se inició en la segunda vuelta cuando, para hacerse digeribles ante los empresarios y la gran prensa, empezaron a bajarle la intensidad a sus cuestionamientos al modelo neoliberal. Ahora, y a raíz de la prolongación de la oficialización de la victoria de Castillo en el balotaje debido a las maniobras fujimoristas, esta tendencia se ha ido profundizando.

¿Quién es Julio Velarde?

Julio Velarde Flores es presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú BCRP, desde el año 2006, cuando fue nombrado por el ex presidente aprista Alan García Pérez como un gesto político dirigido a los grandes empresarios nacionales y extranjeros para demostrarles que su segundo gobierno no repetiría la experiencia económica “heterodoxa” de los años 1985-1990. Recordemos que Velarde ya se había desempeñado como director del BCRP durante los años 1990 a 1992 cuando gobernaba el país Alberto Fujimori y durante los años 2001 a 2003 cuando era presidente Alejandro Toledo.

Desde la dirección del Banco Central de Reserva, Julio Velarde siempre les ha dado estabilidad y seguridad a las AFPs para que puedan seguir con sus negocios a costa de los ahorros del pueblo trabajador y ha contribuido notablemente para la implementación de las políticas neoliberales manejando el tipo de cambio de acuerdo a los intereses de los grandes importadores y exportadores, esto ha golpeado duramente a los pequeños productores nacionales y ha limitado una diversificación productiva priorizando así el esquema primario exportador y dependiente de nuestra economía.

Por esa razón Velarde es considerado como un “gurú” de las finanzas por los banqueros, los grandes empresarios, los políticos de derecha y por los medios de comunicación al servicio del estatus quo. Por eso todos ellos aplaudieron su mantención al frente del Banco Central de Reserva durante toda la gestión del segundo gobierno aprista, así como durante toda la gestión de Ollanta Humala y durante los convulsionados y breves gobiernos de Kuczynski, Vizcarra, Merino y Sagasti. Para los empresarios neoliberales asentados en el Perú todo esto se puede resumir en la frase siguiente: “en el Perú todo puede cambiar, menos Velarde”.

Velarde proviene de las filas del conservador y derechista Partido Popular Cristiano PPC, actualmente liderado por Lourdes Flores Nano quien es una de las pocas defensoras y voceras públicas que le quedan ha Keiko Fujimori. Por su ortodoxia neoliberal, Julio Velarde ha recibido diversos premios y reconocimientos públicos como el de la revista internacional The Banker, del grupo editorial Financial Times, que lo distinguió como Banquero Central del año a nivel global en 2015 y como Banquero Central de las Américas del Año 2020, lo cual pone en evidencia su estrecha relación con los organismos financieros internacionales al servicio de las políticas imperialistas. Por ello también fue nombrado como Presidente del Consejo Consultivo para las Américas del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés) por dos años desde enero de 2018, Presidente del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro Países para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo (G24) en el período 2018/2019, Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) entre 2007 y 2009 y Presidente Ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) desde 2004 hasta octubre de 2006.

“No más pobres en un país rico” ¿Con Velarde y con la Constitución del 93?

Como se recuerda, esta fue la frase que hizo popular Pedro Castillo durante la primera y la segunda vuelta de las elecciones pasadas, para poner en evidencia la necesidad de cambios profundos que alteren la actual situación económica y social que se vive en el país. Por ello, miles de trabajadores y sectores populares, en su mayoría provenientes de las regiones más golpeadas por la crisis, votaron por el profesor cajamarquino a pesar de sus límites programáticos y políticos y de la grosera campaña macartista y racista que sectores de la derecha volcaron contra él.

Sin embargo, la posibilidad de llevar a la práctica esos cambios profundos está directamente relacionada a la posibilidad de acabar con las políticas de saqueo y recolonización imperialista que se vienen aplicando en el Perú en estos últimos 30 años a través de las políticas neoliberales, las cuales tienen su expresión jurídica en la Constitución Política de 1993 y se sostienen - a su vez - en reaseguros institucionales supuestamente autónomos como el Banco Central de Reserva o el Tribunal Constitucional que, como nos demuestran los hechos, no tienen nada de autónomos ya que solo han servido para preservar la reproducción de las ganancias de los grandes empresarios y banqueros en desmedro de las necesidades del pueblo trabajador y de las grandes mayorías.

No será pues, como dice ahora Pedro Castillo, “siendo respetuosos de esta constitución y sus instituciones” o “promoviendo las inversiones privadas y respetando la independencia y autonomía del BCRP” y la vigencia de personajes como Julio Velarde al frente de esta instancia, que se harán esos cambios tan sentidos por el grueso de los explotados y oprimidos. Todo lo contrario; para avanzar hacia ese horizonte de transformaciones profundas urge acabar, en primer lugar, con todo ese chaleco de fuerza institucional que los capitalistas, a través de los gobiernos de turno y los tecnócratas a su servicio, han ido edificando y legitimando para hacernos creer que a lo máximo que podemos apostar es a la “miseria de lo posible”.

Por eso, los trabajadores y los sectores populares que en primera y segunda vuelta votaron por Pedro Castillo esperando un cambio de fondo, no pueden arriar ahora sus banderas de lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana como primer paso para acabar con todas esas instituciones que nos fueron impuestas para favorecer el saqueo nacional y la explotación laboral de millones de trabajadores y trabajadoras. Esto nos permitirá encarar de mejor manera la lucha por un gobierno de las y los trabajadores y los sectores populares de ruptura con el capitalismo y el imperialismo.

Además de ello, la posibilidad de imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana nos permitirá también implementar un programa alternativo para encarar desde las perspectivas de los trabajadores y el pueblo pobre, la presente crisis, lo cual pasa necesariamente por afectar las ganancias de los grandes empresarios. Sin embargo, no podemos perder de vista que a esa Constituyente solo llegaremos con la movilización y la auto organización obrera y popular.

José RojasMilitante de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores "CST" de Perú

Lunes 28 de junio | 12:10

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El Gobierno de Japón propone semana laboral de cuatro días para impulsar la economía y luchar contra el estrés

Propone la reducción de jornada para promover los cuidados, evitar suicidios y reactivar el consumo.

 

El problema del estrés en Japón es una de las principales preocupaciones de su gobierno y se le atribuye una de las tasas de suicidios por la presión laboral más altas del planeta. Incluso tiene un nombre: Karoshi, traducido por “muerte por trabajo”. Además, el país nipón tiene serios problemas en cuanto a los cuidados. Las largas jornadas laborales imposibilitan que muchas personas puedan formar una familia o cuidar de sus mayores. El Gobierno japonés ha encontrado en la jornada laboral de cuatro días un posible remedio para dichos problemas y ha empezado una campaña en la que pretende convencer a las empresas de abordar la reducción de jornada laboral.

En dicha campaña, el Gobierno argumenta que con dicha reducción de jornada las empresas también saldrán ganando al retener el personal que, sujetos a las largas jornadas laborales niponas, deciden dejar sus empleos para formar una familia. La misma campaña también invita a las personas empleadas a utilizar ese día libre para formarse y obtener nuevas aptitudes educativas y laborales.

Más tiempo libre, mejor para la economía. La reducción de jornada no es vista únicamente desde el punto de vista de salud mental. El Gobierno también pretende reactivar la economía con esta medida. Defienden que un día libre a la semana puede reactivar y favorecer el consumo y las actividades de ocio, impulsando una economía estancada y en crisis por la covid-19.

De momento, la gran incógnita sigue sin resolverse: ¿conllevará la reducción de jornada una reducción de salario? El Gobierno no ha entrado en detalles, pero según indica el medio Japan Today, los trabajadores han mostrado su preocupación a que la reducción de horas y días trabajados tenga una bajada proporcional en la nómina.

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Algunos de los estadunidenses más ricos, entre ellos Jeff Bezos (en la imagen), Michael Bloomberg y Elon Musk, pagaron muy poco o nada de impuestos federales de ingresos entre 2014 y 2018, según un análisis de la organización ProPublica.Foto Ap

La clase alta usa su increíble poder para dominar el sistema político y el proceso legislativo: Sanders

Nueva York., Si algo comprueba cómo "el sistema" está hecho para beneficiar a los más ricos, sólo se debe observar lo que todos saben: los acaudalados no pagan impuestos sobre sus fortunas personales, pero aún más escandaloso es que para lograrlo no cometen ningún delito, es perfectamente legal.

Y no es exageración. Algunos de los multimillonarios estadunidenses más ricos del planeta –como Jeff Bezos, de Amazon; Elon Musk, de Tesla; George Soros y Michael Bloomberg– literalmente pagaron cero impuestos federales durante varios de los pasados 15 años, aunque sus fortunas se dispararon.

Algunos de los que sí pagan, lo hacen a una tasa bajísima. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del planeta, declaró en 2013 que la tasa efectiva de impuestos que tenía que pagar era menor a la de su secretaria y llamó, junto con otros millonarios "responsables", a que los políticos incrementaran los impuestos sobre los ricos, o sea, era tan exagerada la fórmula en beneficio a los ricos, que hasta les dio pena (o fue una maniobra de relaciones públicas bien hecha).

La pandemia revela obscena desigualdad

Pero con la crisis vinculada a la pandemia revelando aún más la desigualdad económica como el factor más determinante de la vida estadunidense, hay un creciente debate y el inicio de un giro en la política nacional, incluyendo el tema tributario, para enfrentar el problema estructural que ha llevado a los más ricos a volverse infinitamente más ricos mientras todos los demás se han vuelto más pobres durante este año de emergencia de salud y económica.

Los 719 multimillonarios estadunidenses con fortunas superiores a mil millones de dólares han visto su riqueza colectiva incrementarse más de 1.6 billones de dólares –un aumento de 55 por ciento– desde que se detonó la pandemia en marzo de 2020, mientras millones perdieron sus empleos, sus hogares y sus ahorros (https://inequality.org/great-divide/updates-billionaire-pandemic/ ).

Con ello, se ha detonado un movimiento para exigir que los ricos "paguen su parte", y el gobierno de Joe Biden y sus aliados legislativos están contemplando medidas para cambiar la política fiscal, parte de la fractura del consenso neoliberal de los pasados 40 años.

La semana pasada, una investigación de ProPublica reveló que los 25 multimillonarios más ricos del país pagaron una tasa efectiva de impuestos de 3.4 por ciento sobre sus ganancias entre 2014 y 2018, y algunos pagaron literalmente cero en varios años durante los últimos 15 años a pesar de enormes ganancias (https://www.jornada.com.mx/2021/06/ 10/economia/019n1eco ).

El economista Gabriel Zucman subrayó que lo más importante revelado por ProPublica es que los 25 estadunidenses más ricos pagaron colectivamente 0.17 por ciento de su riqueza en impuestos en 2018, mucho menos que la tasa efectiva sobre ingreso que pagó la clase media.

Desplome de las tasas de impuestos

Nada de esto es nuevo: la tasa efectiva de impuestos sobre ingresos personales llegó a 92 por ciento para los más ricos en los años cincuenta, pero desde entonces se ha desplomado, sobre todo con la inauguración de la era neoliberal con Ronald Reagan, hasta llegar a sólo 23 por ciento en 2018, por debajo de la tasa de 24.2 pagado por esa mitad más pobre del total de los hogares estadunidenses, según reportan los economistas destacados Emmanuel Saez y Gabriel Zucman.

Pero ni esa tasa se paga. Chuck Collins, director del programa sobre desigualdad del Institute for Policy Studies, señala que "la industria de defensa de riqueza" conformada por contadores, abogados especializados en impuestos y administradores de ricos se dedican a buscar cómo escaparse legalmente de una serie de obligaciones tributarías con todo tipo de maniobras, logrando incluso a llegar a cero en algunos casos.

“Los documentos del IRS (el servicio de impuestos internos) demuestran que los más ricos pueden –legalmente– pagar tributos sobre ingresos que son sólo una fracción minúscula de los cientos de millones, si no miles de millones, que crecen sus fortunas cada año”, concluye el reportaje de ProPublica.

Y eso es sin contar las empresas. Críticos señalan que más de 90 de las 500 empresas más grandes del país no pagaron impuestos federales de ingreso en 2018. Algunas como Amazon, Chevron y Delta –todas con miles de millones en ganancias– incluso recibieron cheques de rembolso por miles de millones del gobierno federal.

Además de pagar casi nada en impuestos, también hay una creciente evasión tributaria de los individuos de alto ingreso y empresas. "El gobierno federal está perdiendo por lo menos 600 mil millones de dólares anuales por evasión de impuestos, en su mayoría de los ricos y las corporaciones", afirmó Frank Clemente, director ejecutivo de Americans for Tax Fairness, una de casi 90 organizaciones que han exigido mayor aplicación de las leyes tributarias contra ricos y empresas (https://americansfortaxfairness.org ).

Algunos críticos señalan que en los hechos hay reglas tributarias diferentes para los ricos y para todos los demás. Los impuestos para la mayoría de gente trabajadora se pagan sobre salarios, pero para los ricos funciona de otra manera ya que la mayoría de sus ganancias se logran a través de valores bursátiles, empresas privadas, un mosaico de entidades y bienes raíces, todo lo cual se puede manipular mágicamente para efectos tributarios.

Pero durante los últimos años hay un creciente repudio público y ahora una amplia mayoría de los estadunidenses (59 por ciento) critica el que empresas y ricos no paguen su parte en impuestos, según un sondeo por Pew Research.

En este contexto político, Biden promueve una reforma fiscal que impone un sistema tributario que, como él resume, "recompensa el trabajo, no la riqueza", obligando a los ricos a pagar un tasa de 39.6 por ciento sobre ingresos generados por sus fortunas, incrementar la tasa de impuestos sobre empresas de 21 actual a 28 por ciento, y por separado, cerrar el mecanismo fiscal que permite que los ricos trasladen riqueza a sus herederos sin pagar impuestos por el incremento en su valor.

Líderes legislativos demócratas como los senadores Elizabeth Warren y Ron Wyden también están proponiendo nueva medidas para elevar impuestos sobre fortunas millonarias y herencias.

"Necesitamos un sistema de impuestos que exige que la clase multimillonaria empiece a pagar su parte justa de impuestos para reducir el nivel obsceno de desigualad de riqueza e ingreso en Estados Unidos", afirma el senador Bernie Sanders, presidente del Comité sobre el Presupuesto de la cámara alta. "Esto no sólo es asunto de justicia económica, es un tema que amenaza el tejido mismo de la democracia estadunidense porque la clase multimillonaria usa su increíble poder para dominar nuestro sistema político y el proceso legislativo. El resultado es un código de impuestos tramposo, regresivo y corrupto que ha beneficiado al uno por ciento más rico con billones en exenciones de impuestos", concluyó.

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El pueblo de Cuba, las crisis, y los modos de manejarlas. Veinte puntos en modo urgente

1- La década 1975-1985 fue la de mejor desempeño socioeconómico en Cuba —soporte de la URSS mediante—. Sobre esa historia los cubanos estaban parados para perder luego, en promedio, casi 20 libras per capita en los 1990. Los indicadores con los que Cuba llegó a los 1990, sobre pobreza y desigualdad, estaban entre los más bajos en la región. El liderazgo cubano de entonces, específicamente Fidel Castro, por mucho que no le guste a parte de la sociedad nacional cubana, jugó un papel decisivo en las formas de construir los consensos y lidiar con los disensos de entonces.

2- En 2021 muchas cosas han cambiado. Cuba no cuenta con nada parecido a aquel colchón social ni a aquellas estadísticas sobre desigualdad ni a aquella inserción internacional ni a las condiciones que hicieron posible aquel liderazgo. Cuba necesita hoy muchas novedades.

3- La actual es una crisis que cabalga sobre varias crisis previas y concomitantes:  crisis económica, crisis demográfica, crisis de cuidados, que se combinan con la crisis pandémica, las crisis internacionales —cada vez con periodos más cortos entre sí— y el agravamiento de la política estadunidense contra Cuba.

4- Existe también crisis de horizontes —que se observa muy clara en el potencial migratorio—, y crisis de confianza en espacios políticos e institucionales, que se sostienen, en medio de una convivencia difícil, con otros desarrollos institucionales exitosos como la política pública de producción y distribución de vacunas anticovid.

5- En los 1990 mantener la doble moneda fue crucial para evitar que aquella crisis social fuese aún más explosiva. Con los años, algo más de la mitad de la población llegó a recibir alguna cantidad de CUC. Una parte de ellos provenía de formas de pago y estimulación salarial. Otras, las más importantes, de remesas.

6- El “Ordenamiento” de 2021 ha eliminado el CUC, pero nadie en Cuba gana hoy de modo oficial divisa convertible. Contra la promesa oficial de mantener “bajo control” la dolarización, disponer hoy de alguna divisa es esencial para comer, usar jabón, o comprar una batidora para el hijo por nacer.

7- Desconozco una cifra confiable de quienes no reciben remesas en Cuba, pero es claro que estos son los afectados directamente por este tipo de medidas, amén de lo que les llegue luego por vía de redistribución —recurso que está experimentado sucesivos recortes, como las eliminaciones de subsidios.

8- Sin embargo, se saben algunas cosas: al menos 221 425 personas mayores viven solas en Cuba, y son mayoritariamente mujeres. El 82,3% de esos adultos mayores cuenta con ingresos que son consecuencia del trabajo o la jubilación, pero no tienen otra fuente de ingreso.  De los hogares cubanos, los que forman parejas sin hijos han crecido hasta 23,7%.

9- Se sabe también que por cada dólar de remesa que recibe una persona con color de piel negro, una de color blanco puede recibir hasta tres dólares, debido a la estructura histórica de la migración cubana.

10- La reciente medida sobre el dólar no va a crear la desigualdad en Cuba, pero la va a afianzar en un marco de ausencia de políticas que reconozcan de modo transparente los problemas crecientes asociados a la pobreza y la desigualdad.

11- Esas medidas están siendo tomadas sin intervenir de modo importante sobre el marco de respuestas individuales y familiares a la crisis que se han impuesto desde los 1990. En específico, descargan sobre las familias emigradas costos de la vida en Cuba —y ahora más, costos de transacciones financieras impuestas por el bloqueo— y, en el plano interno, “se comen” el aumento salarial decretado por el Ordenamiento.

12- A la vez, es consensuado que si bien la política oficial hacia la emigración ha experimentado avances, sigue siendo muy insuficiente. El texto de la nueva Constitución no menciona una sola vez la palabra migración, en un país que tiene a los balseros de los 90 y a los que cruzaron no hace mucho la selva del Darién, como marcas de fuego de su memoria nacional.

13- Las combinaciones de estas crisis se experimentan, además, en un ambiente político en el cual hay actores autointeresados en cerrar herméticamente la crítica frente a todo desempeño oficial. Con ello, hablan exclusivamente consigo mismos y suman exponencialmente problemas políticos a la crisis, como el acceso a derechos de participación y a la intervención en la deliberación pública. Son máquinas de producir enemigos, elefantes sobre las cristalerías de los complejos acuerdos sociales cubanos.

14- Por ese camino, ese sector político bloquea saberes y experiencias de vastas zonas sociales al etiquetarlas como “enemigas”. Han “programado” un algoritmo de la exclusión que impide la formación de consensos, obstaculiza respuestas colectivas, y mina la confianza social en la concertación de esfuerzos propios y en la capacidad de instituciones para dar respuestas públicas a problemas colectivos.

15-A la vez, la política estadunidense de bloqueo, que el año próximo cumplirá sesenta años, pica y se extiende. Es una trampa justificar cualquier comportamiento represivo del Estado cubano a través del bloqueo, pero relativizarlo es otra trampa. Justificarlo, más aún, es un crimen.  No abrirse a la consideración de todas las alternativas posibles para combatirlo es otro crimen. Cualquier alternativa patriótica cubana tiene que tener en la condena incondicional del bloqueo un núcleo de sus convicciones.

16- La experiencia histórica cubana muestra maneras de manejar las crisis. En 1898 casi la mitad de La Habana vendía melcochas a centavo, pues solo sobraba el azúcar. En esas condiciones, el independentismo cubano, a través de una enorme lucha de masas pudo derrotar la línea anexionista de la facción “jingoísta” de la política estadunidense y de sus aliados en Cuba. Tras la crisis de 1929, que impactó en Cuba como en ningún otro país de la región, hubo olas de suicidios en la Isla. En esas condiciones, el pueblo cubano dio la “batalla por la Constituyente” de 1940, y consiguió la legislación social más profunda de la historia nacional hasta entonces.

17- En 1958 el producto Interno Bruto por habitante de Cuba ocupaba el tercer lugar de la región, superado solo por Venezuela y Uruguay. Sin embargo, la politización de la desigualdad existente, y el régimen dictatorial de Batista, hizo intolerable la situación. En ese contexto, vecinos de Santa Clara derrumbaron paredes de sus propias casas para evitar el paso de tropas batistianas durante la batalla en esa ciudad, y el pueblo cubano construyó un enorme arco ideológico de oposición al tirano. Tras la Revolución, las situaciones de crisis se manejaron apelando a soluciones colectivas. La crisis de octubre puso a cargo de las baterías antiaéreas a muchachos de toda Cuba, cuyos testimonios de hoy no dicen que fueron forzados a hacerlo. La crisis de los 90 experimentó, al menos hasta 1996, un ambiente de apertura relativa de los debates sobre las alternativas cubanas, como hicieron espacios como el Centro de Estudios de América, y como hizo la promesa, y en bastante medida la realidad, de vivir de modo parejo la crisis.

18- Toda esa historia contiene lecciones lo mismo para quienes pretenden llamar “mercenaria” a cuanto crítica se ejerza en Cuba y apuestan por resolver por vía policial toda disidencia, como para los que naturalizan la injerencia estadunidense sobre la nación.

19- Las respuestas colectivas, las articulaciones sociales, la elaboración inclusiva de lo que se considera como el pueblo cubano, la defensa de nociones democráticas de la soberanía nacional, la ampliación de los espacios de discusión sobre las alternativas posibles, fueron el sustrato democrático de las soluciones a esas crisis.

20- Una lección clave, en resumen, parece ser que gestionar la crisis ampliando derechos, tanto políticos, como sociales, es el camino mas firme para las soluciones del futuro.

Por Julio César Guanche

19/06/2021

Julio César Guanche

Historiador y jurista cubano. Es miembro del comité de redacción de Sin Permiso.

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Sábado, 19 Junio 2021 06:04

El pecado de la carne

La Habana, Cuba, en mayo Afp YAMIL LAGE

En la isla volvió a faenarse ganado vacuno, legalmente, por primera vez en 60 años. El país enfrenta una situación delicada y falta un rumbo claro ante la dificultad para importar comida.

Cuando lo conocí, en mayo de 2015, Pablo Lobaina se resistía a vender su pequeño rebaño de toros y vacas y dedicarse a una actividad menos exigente, como la cría de ovejas. A impulso de las menguadas fuerzas de sus 78 años y con la ayuda de algún temporero ocasional, Lobaina mantenía su finca sin la esperanza de que un hijo o nieto suyo abandonara la vida citadina para relevarlo. El día que no pudiera seguir, la propiedad terminaría perdiéndose, lamentó la tarde de aguacero que escampamos conversando en el portal de su casa.

Nunca volví a visitarlo. De sus reflexiones de entonces, durante años he conservado un razonamiento inapelable en su sencillez: «Ni loco cambiaría las vacas por los carneros», decía. «Cualquiera se roba un carnero y la Policía ni lo investiga; pero no cualquiera se atreve a llevarse una res, sacrificarla y venderla. La posibilidad de pasar 20 años preso se las trae.»

Años más o menos, dos décadas en prisión siguen siendo la condena previsible para quien en Cuba sea hallado culpable de hurto y sacrificio de ganado mayor y de la comercialización de sus carnes. En 1999 una modificación al Código Penal duplicó el monto de las sanciones fijadas hasta entonces para esos delitos, en un intento por preservar la cabaña ganadera de la avidez de los cuatreros. Las primeras normas penales al respecto habían sido promulgadas en 1979.

Fidel Castro había lanzado la primera piedra de esta historia en diciembre de 1961, cuando al presidir una graduación de técnicos agropecuarios había convocado a «salvar las vacas». «Ya la leche en la capital no alcanza. La capital está consumiendo el doble de litros de leche que consumía antes […]. Lo primero que hay que hacer ya lo hemos hecho o lo hemos estado tratando de hacer: que no se mate una sola vaca. ¿Contra quién hemos tenido que luchar para que no se mate una sola vaca? Primero que todo, contra el eterno vicio capitalista, el interés privado de los individuos que les importa un bledo la economía de la nación y de la república», había dicho el mandatario.

Pero, a despecho de las convocatorias políticas y el punitivismo judicial, no han faltado nunca los interesados en hacer dinero con el negocio de la carne bovina. La dificultad para agenciarse otras fuentes de proteína es la razón por la que el producto mantiene altos precios y alta demanda en el mercado negro, y por la que tantos se arriesgan a participar de su tráfico. Los ganaderos, a su vez, terminaron por convertirse en una suerte de custodios de sus propios animales, sin potestad para sacrificarlos ni venderlos. Para algunos, ese hecho hacía insoportables las estrecheces económicas y las veleidades burocráticas del Ministerio de la Agricultura.

Tal era el orden de cosas cuando, a mediados de abril, el gobierno anunció el fin de la prohibición. La medida, que se dictó acompañada de un paquete de normas para «incentivar la producción de alimentos y la sustitución de importaciones», fue opacada por el VIII Congreso del Partido Comunista, que se celebraba por esos días. El tema volvió a la agenda pública recién este 5 de junio, cuando en la provincia de Camagüey (en el centroriente, 500 quilómetros al este de La Habana) tuvieron lugar los primeros sacrificios. El matadero designado para la faena se ubica a menos de media hora de camino de la finca de Lobaina.

UNA SINGULAR POLÍTICA AGRARIA

Cerca de 2.500 criadores de todo el país reúnen los requisitos exigidos para hacer sacrificios. Su número es pequeño, como también lo es el potencial volumen de carne que podrán incorporar al mercado interno, pero la noticia fue tomada como un buen augurio por la mayoría de las familias ganaderas.

Motivar su permanencia en el campo es, desde hace tiempo, un lugar común del discurso oficial. Aunque el hecho es que la tendencia a emigrar hacia las ciudades (desde 1982 se redujo el peso de la población rural del 30 por ciento a poco más del 23 por ciento del censo) ha ido acompañada por la disminución del número de los jóvenes que residen fuera de las zonas urbanas (340 mil individuos menos que en 1982) y de su participación en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (de sus miembros, solo el 14 por ciento tiene menos de 35 años de edad).

La decisión de despenalizar el sacrificio de ganado mayor fue aplaudida recientemente por expertos como el doctor Omar Everleny Pérez Villanueva, profesor durante más de 30 años de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. «Es verdad que ahora habrá que ver quién tiene una vaca, pero durante muchos años no se había querido hablar siquiera de este tema», consideró Pérez Villanueva. Otros entendidos, entre ellos el también economista Pedro Monreal, asesor de la Unesco, insistieron en acortarle las riendas al optimismo. «Los datos de 2014 a 2019 no permiten visualizar una recuperación rápida. En ese período, la masa ganadera bovina se contrajo un 7 por ciento» y la producción de leche «un 2,7 por ciento», afirmó en su cuenta de Twitter. Si bien no se han publicado las estadísticas oficiales más recientes, es lógico suponer que en ambos indicadores la tendencia al decrecimiento se mantuvo en 2020, en línea con la falta de medicinas y otros insumos importados y la crónica escasez de combustible (véase «Tiempos de coyuntura», Brecha, 27-IX-19), un bien esencial para enfrentar los seis meses de seca que cada año atraviesa la isla.

La falta de dinero fue también el motivo último por el que en 2020 no fue posible importar los plaguicidas necesarios para preservar la cosecha de frijol. Un campesino de la provincia de Sancti Spíritus (en el centro, 300 quilómetros al este de La Habana) me contó cómo un insecto llamado trips de la flor del frijol acabó con sus sembrados en menos de una semana. Las alternativas biológicas propuestas por el Ministerio de la Agricultura alcanzaron apenas para contener la plaga y permitir a algunos productores recuperar sus semillas. De las 13.500 hectáreas sembradas, más de 8 mil debieron destruirse y los rendimientos obtenidos en las que se salvaron representaron menos de la décima parte de lo que se pretendía acopiar.

«Lo peor es que el trips no se pudo eliminar por completo y en la campaña de este año volvió a hacer de las suyas, a pesar de que las siembras eran mucho más pequeñas y de que habíamos cambiado a variedades más resistentes», agregó mi interlocutor. «Harían falta productos químicos que el país no está importando y que, cuando entren, seguro serán vendidos en MLC [moneda libremente convertible]», añadió.

Desde hace meses, el gobierno promueve la comercialización de insumos para la agricultura y la ganadería a través de tarjetas en MLC. Ese mecanismo financiero gira en torno a una tarjeta prepago, en la que se pueden depositar divisas tanto en efectivo como mediante transferencias. Su unidad de valor equivale a un dólar estadounidense. El problema radica en que dentro de Cuba no existen vías legales para adquirir divisas.

El esquema está pensado para captar las remesas de los emigrados en el exterior, redireccionándolas hacia las arcas del Estado. La demanda insatisfecha de divisas ha provocado un divorcio entre la tasa de cambio oficial, de 24 pesos cubanos por cada MLC, y la que rige en las calles, que ha llegado a ser de 70 por 1.

El hecho ha colocado a muchos campesinos en una situación equívoca, pues si bien el Ministerio de la Agricultura insiste en seguirles pagando con pesos sus cosechas, las tiendas del propio ministerio van pasando de manera inexorable a operar en MLC, con precios muy superiores a los del mercado internacional.

«Salvo el agua, todo lo demás pareciera que quieren vendérnoslo en dólares. No hay quién entienda, si, en definitiva, producir aquí siempre será mejor que comprar afuera», le escuché a Omar Urquiza, un arrocero de Sancti Spíritus, luego de que se enterara de que un tractor bielorruso de mediana potencia sería comercializado por el Ministerio de la Agricultura a 27 mil dólares. Más del doble del precio promedio con que se le puede encontrar en diversos sitios de maquinaria agrícola.

LA FELICIDAD ES UNA NEVERA LLENA

Para cuando Yasnier Lamorú comenzó su primer turno como custodio en una de las oficinas de la calle habanera de Galiano, ya sabía que esa noche no serían pocos los interesados en pagarle por pasar la noche en el vestíbulo del edificio, a la espera de que a la mañana siguiente abriera la cercana tienda de La Época, que opera en MLC. «Como de noche la Policía anda por la calle, deteniendo a los que violan el toque de queda de la covid, los coleros se esconden en los lugares más insólitos; hasta algunos vecinos se dedican a alquilarles. Pero nada más dan las cinco de la mañana –la hora en que finaliza la veda– se arman unas carreras tremendas para llegar antes a la puerta de la tienda y conseguir los primeros puestos de la cola», relató a Brecha.

La de los coleros ha resultado ser una de las ocupaciones más lucrativas en tiempos de pandemia en Cuba. La mayoría de los ítems acaparados por ellos en las tiendas pueden encontrarse pocas horas después en grupos de compraventa de Facebook, al doble o incluso el triple de su valor inicial.

Tampoco el Estado acostumbra a vender a precio de saldo. Al amparo del objetivo fundacional de esa modalidad de comercio (vender para un «segmento de mercado de gama media alta», según afirman las autoridades), las ofertas de las tiendas en MLC suelen incorporar en su factura los elevados impuestos con que antes operaban las llamadas cadenas recaudadoras de divisas. Así, cualquier producto ve incrementado su costo entre un 200 y un 300 por ciento solo por transitar del depósito a la estantería.

Cuando en julio de 2020 el presidente Miguel Díaz-Canel defendió las ventas en MLC, aseguró que sus ingresos serían destinados «a mantener a un costo tremendo» las ventas en pesos y que parte del dinero recaudado se introduciría en la industria nacional «para que se convierta en una fuente de productos». Pero, en la práctica, el dinero recaudado en esos establecimientos ha debido emplearse –casi por completo– en cubrir los déficits presupuestarios del último año y medio, cuando cayeron en picado la exportación de servicios médicos, el turismo y las remesas, sectores que en su conjunto aportaban más del 70 por ciento de los ingresos nacionales.

El caso del turismo es ilustrativo. De acuerdo con datos recientes de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, solo 64.712 turistas extranjeros visitaron Cuba en los primeros cuatro meses de 2021, durante la llamada temporada alta. Esa cifra, que equivale al 6 por ciento de los vacacionistas internacionales atendidos un año antes (983.099) y al 3,4 por ciento de los correspondientes a 2019 (1.900.000), adquiere su verdadero significado si se tiene en cuenta que la isla ha debido apelar a mercados de menor poder adquisitivo para compensar la ausencia de visitantes «históricos», como los canadienses.

Para un país que importa alrededor del 80 por ciento de sus alimentos, una noticia así es de las peores posibles. Sobre todo por el hecho de que buena parte de las compras de ese tipo tienen lugar en Estados Unidos, al amparo de una legislación que establece que las operaciones han de hacerse mediante pagos en efectivo y por adelantado. Aunque la isla no puede ofertar productos a su contraparte estadounidense, la proximidad de la nación norteña ha hecho de esa opción una de las más usadas por La Habana.

Productos como el pollo congelado, la principal fuente de proteína animal para los habitantes de la isla, provienen en su mayor parte de territorio estadounidense. La reducción del volumen de compras verificada en 2020 (cuando se importaron 163 millones de dólares, el menor monto desde 2002) tuvo un impacto inmediato en la dieta local, con un aumento de las colas y la tensión social (véase «Lo que nos toca», Brecha, 5-XI-20).

En 2020, una semana después de dar luz verde a la dolarización parcial de su economía, el gobierno cubano presentó el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. Quien lo consulta se encuentra con un ambicioso proyecto, repleto de citas, estadísticas y buenas intenciones. Pero poco más. Los alimentos que el país no pueda importar a causa de la falta de divisas deberán ser aportados por la agricultura y la ganadería locales, plantea el texto, sin entrar en detalles. Salvo por lo relativo a la comercialización en MLC y al levantamiento de la veda sobre la carne vacuna, pareciera que, en cuanto a asuntos de puchero, en La Habana no tienen muy claro qué camino seguir.

Por Amaury Valdiviadesde La Habana 
18 junio, 2021

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Elecciones en Perú: nace un gobierno acechado por las  corporaciones

El futuro según tres analistas peruanos si se confirma el triunfo de Pedro Castillo

Un país polarizado, un margen de victoria estrecho, minoría en el Congreso, oposición abierta de los grandes medios y una derecha que no va a querer dejarlo gobernar. 

El triunfo electoral del izquierdista Pedro Castillo, no confirmado oficialmente, pero a estas alturas prácticamente un hecho con un conteo de votos al 99 por ciento, es la victoria del Perú marginado, de los más pobres, del interior del país sobre Lima, del mundo rural andino menospreciado por las élites del país. La victoria del cambio en un país marcado por grandes inequidades. También el triunfo sobre el miedo que impuso la derecha con una masiva campaña que anunciaba “una dictadura comunista” si ganaba Castillo.

El profesor de escuela rural se encontraría con un complicado escenario, un país polarizado y políticamente muy fragmentado, un ambiente de marcada división, sin mayoría parlamentaria, con el poder económico y los grandes medios en contra. Y con una población muy golpeada por la pandemia y una grave crisis económica.

Tres analistas consultados por Página/12 examinan el escenario que se abre en un eventual gobierno del profesor y sindicalista de izquierda.

Debilidad de origen

“Lo que se viene es un escenario de conflicto. Lo más probable es que la derecha se resista a los cambios y no deje gobernar a Castillo y lo confronte. En ese escenario de agudizar el conflicto está Keiko, que busca mantener la polarización del país a partir de un conflicto abierto con Castillo para así tratar de mantener su liderazgo en la derecha después de tres derrotas electorales. Para darle estabilidad a su gobierno, lo primero que tendría que hacer Castillo es formar un gabinete plural que le baje el tono al conflicto, que tiene que ser un gabinete de centroizquierda, y como primeras acciones combatir la pandemia y reactivar la economía”, señala el sociólogo Alberto Adrianzén.

En la opinión del politólogo Eduardo Dargent, profesor de la Universidad Católica, “con la élite en contra, un Congreso opositor en el que habrá sectores de derecha antidemocráticos que hablan de golpe, un duro contexto de pandemia y crisis económica, el principal reto de un gobierno de Castillo es desmontar el enorme miedo que se ha creado en su contra, y para eso debe formar un gabinete ministerial que dé confianza en el manejo de la economía. Esto no significa que sea un gabinete que se corra a la derecha, eso sería un error, sino un gabinete con técnicos de izquierda reconocidos que den confianza de un manejo serio. En el Perú los tiempos son muy cortos, si Castillo no logra rápido cierta estabilidad y control, su popularidad se desparramaría”.

Gobierno de coalición

Para el historiador y analista político Nelson Manrique “el destino de un gobierno de Castillo dependerá con qué equipo construye gobierno. Hay un conjunto de cuadros de izquierda, particularmente de Juntos por el Perú de Verónika Mendoza (coalición progresista que apoyó a Castillo en la segunda vuelta), que tienen competencia profesional y credibilidad política. Depende de Castillo aprovechar ese capital o cerrarse en un proyecto partidario de Perú Libre (partido por el que postuló y que se define como marxista-leninista) como quisiera Vladimir Cerrón (fundador y secretario general del Partido Libre). Cerrarse en un proyecto partidario sería un error. Esa decisión va a marcar cuál será el escenario y el margen de juego que va a tener su gobierno”.

Manrique considera que “existe margen” para que Castillo lleve adelante sus propuestas de cambio, como la renegociación de contratos con las empresas transnacionales. Pero aclara: “Si nos quedamos en el Congreso, llevar adelante esos cambios sería imposible, hacerlo dependerá de en qué medida Castillo es capaz de movilizar a la sociedad civil para cambiar la correlación de fuerzas con el Congreso, que no le favorece”.

Pactar o no pactar

“Castillo debe hacer un gobierno popular, que implique un cambio de modelo, para tener un Estado más redistributivo, fiscalizador, más regulador. Una especie de modelo socialdemócrata de izquierda. Si el Congreso no lo deja hacer un gobierno de este tipo, la alternativa sería el enfrentamiento”, dice Adrianzén. Sin embargo, advierte que “veo un gobierno de Castillo débil, y existe la posibilidad que en esa debilidad pacte con la derecha y modifique sus planteamientos. Eso generaría una nueva gran frustración. La posibilidad de un levantamiento popular en ese caso dependerá si hay gente capaz de movilizar esa decepción”.

Adrianzén considera que las denuncias de supuesto fraude electoral lanzadas, sin pruebas, por la derecha, apuntan a debilitar a Castillo. “Esas denuncias de fraude no creo que lleguen a desconocer los resultados electorales, pero sí buscan ensuciar el triunfo de Castillo, desprestigiarlo y deslegitimarlo para debilitarlo y así la derecha esté en mejor posición para pactar con él y domesticarlo para que modifique sus planteamientos, como hicieron con Ollanta Humala, o, si eso no ocurre, debilitarlo para tumbárselo”.

“El principal riesgo de un gobierno de Castillo enfrentado a las élites y con el Congreso en contra, es de un desgobierno y desorden, de una presidencia accidentada y probablemente corta”, advierte Dargent.

Disparen al Congreso 

“En el Perú es muy fácil que el Congreso destituya un presidente, hay una figura legal no definida para hacerlo que es la incapacidad moral, si se tienen los votos se puede usar sin mayores razones”, recuerda Manrique. Esa figura fue invocada para destituir a Martín Vizcarra.

Los tres analistas coinciden en que, si bien diversos grupos de derecha del fragmentado nuevo Congreso, que tendrá diez bancadas, hacen mayoría, no alcanzan los dos tercios necesarios para destituir al presidente. Pero advierten que eso puede cambiar.

Castillo ha levantado como su principal bandera cambiar la Constitución que viene de la dictadura de Alberto Fujimori, pero el Congreso debe darle luz verde para convocar una Asamblea Constituyente y su mayoría de derecha se opone. Tendría la alternativa de reunir poco más de dos millones de firmas para convocar un referéndum para una Asamblea Constituyente. Algunos constitucionalistas dicen que esa salida no es constitucional, otros la respaldan.

“Si Castillo insiste en convocar un referéndum sin aprobación del Congreso creo sería un error que le daría al Congreso una razón para destituirlo”, dice Dargent. Adrianzén discrepa: “La Asamblea Constituyente va a ser una fuente de conflicto, pero Castillo no la puede dejar de hacer. Movilizarse para juntar las firmas para un referéndum es lo primero que debe hacer en el gobierno. Si Castillo no logra sacar la Constituyente sería una gran derrota”

Por Carlos Noriega

10 de junio de 2021

Desde Lima

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Sábado, 05 Junio 2021 06:10

Tiempos inciertos

Joe Biden FOTOS PÚBLICAS, CARLOS M. VAZQUEZ

Con el politólogo estadounidense Corey Robin

La política estadounidense vive tiempos convulsos. El período de gobierno de Joe Biden comenzó con un intento de reanimar la economía con un gigantesco paquete de estímulo, mientras la izquierda y la derecha tratan de recomponerse para enfrentar el tiempo que se viene. Para hablar sobre estos temas, Brecha conversó con Robin, teórico político y profesor de ciencia política de la City University of New York.

 

Empecemos con la administración Biden. Parecía –por lo que Biden representa y por el hecho de que peleó una primaria contra la izquierda– que sería un presidente más bien conservador, pero su gobierno se muestra más audaz de lo esperado. ¿Eso es así? ¿Cómo interpreta estos primeros meses del gobierno de Joe Biden?

—Es muy temprano para saberlo. En los primeros dos meses de la administración Biden, la principal legislación fue el paquete de estímulo, que, en términos de gasto, fue mucho mayor de lo que mucha gente esperaba. Y no es solo que fuera tan grande, también es adonde está dirigido. Mucho va a comunidades de color, y mucho dinero va directamente a la gente. Creo que desde el principio flotó la noción de que iba a ser una presidencia transformadora. Ahora estamos en la realidad. Va a haber discusiones sobre una ley de infraestructura y una reforma laboral. Ahí vamos a ver. No se trata tanto de la personalidad de Biden o de lo que él quiera personalmente, sino del Partido Demócrata, que tiene una pequeñísima mayoría en la legislatura, por lo que necesita estar unificado para que esto se apruebe. Creo que en las próximas semanas y meses vamos a tener una mejor visión de esto.

¿En qué estado está la izquierda estadounidense hoy, después de la derrota de Bernie Sanders y después de los grandes movimientos de protesta del año pasado?

—Es una pregunta difícil de responder. Ha habido un par de escaramuzas con la administración Biden en las que la izquierda pudo ejercer un poco más de presión de lo que muchos hubieran anticipado. Pero no hemos llegado al punto de las grandes peleas sobre las leyes laborales y el derecho al voto. Ahí vamos a tener una mejor idea. Otro tema es que la izquierda ha estado relativamente callada. No estuvo en las calles como estuvo durante la administración Trump o, incluso, durante el segundo mandato de Barack Obama. Mi sensación es que la izquierda no va a hacer lo mismo que hizo durante el primer mandato de Obama –o sea, nada–. Creo que la gente está más preparada para una pelea. Pero está por verse.

Entonces, hay mucha incertidumbre. Es un momento interesante.

—Lo es. Creo que es un momento fascinante. Es el momento más interesante que hemos tenido en mucho tiempo. Porque hacía mucho que el Partido Demócrata no estaba tan inclinado a la izquierda. Y la izquierda ha construido cierta capacidad política que antes no tenía. Además, la derecha tiene mucha incertidumbre sobre su futuro, porque las herramientas habituales que tenía para oponerse a la izquierda ya no le funcionan tanto. Estamos viendo una nueva constelación del balance de fuerzas, y por eso la incertidumbre es tan grande.

Ha comparado el momento actual con situaciones anteriores de «realineamiento» de la política estadounidense, como la emergencia del movimiento conservador en los setenta y el del New Deal en los treinta. ¿Cuáles son los puntos de comparación?

—Creo que son muchos. Últimamente los historiadores han estado mirando los años setenta con mucho más cuidado, como un momento muy similar al nuestro en términos de que nadie sabía hacia dónde irían las cosas. Había un sentido muy claro de que el orden del New Deal estaba colapsando. Tenías un movimiento conservador y un Partido Republicano cada vez más combativos, y dentro del Partido Demócrata tenías intentos reales de salirse del New Deal. Jimmy Carter fue el primero en impulsar la desregulación. Instaló a Paul Volker en la Reserva Federal, donde desarrolló una política monetaria contractiva. Estaba claro que el orden anterior se estaba viniendo abajo, pero nadie sabía lo que pasaría. Hoy vemos algo parecido: la ortodoxia neoliberal de la era de Reagan –impuestos bajos, gasto bajo– está cambiando. El paquete de estímulo que fue aprobado en el gobierno de Donald Trump y nuevamente ahora es una evidencia de ello. Creo que hay muchos parecidos con el realineamiento de los setenta. Pero, nuevamente, es muy temprano para saber hacia dónde va todo esto.

En estos años ha participado de polémicas sobre hasta qué punto se podía calificar a Trump de autoritario o hasta qué punto era capaz de actuar autoritariamente. ¿Qué podemos decir en retrospectiva sobre lo que fue Trump?

—Creo que habría que aclarar algunas cosas sobre Trump que tienen que ver con pensar la derecha desde una perspectiva histórica. Mucha gente tiene dificultades para hacer eso. La mayor parte del tiempo, la gente de izquierda no le presta ninguna atención a la derecha y, cuando esta, de repente, aparece en la escena, captura su imaginación. Parece que fuera algo nuevo y diferente. Pero la verdad del asunto es que muchas de las características típicas de Trump salen directamente del recetario tradicional del conservadurismo: el lenguaje racista, los alardes populistas, el desprecio al Estado de derecho, la hostilidad a las instituciones y las creencias establecidas. Una cosa que, si bien no es nueva, se intensificó mucho es la conciencia creciente en el Partido Republicano de que ya no son capaces de ganar mayorías. En la era de Richard Nixon, Ronald Reagan y George Bush, el movimiento conservador fue capaz de comandar una fuerza mayoritaria, de hablar por la mayoría. Ese ya no es el caso. Entonces, los conservadores dependen cada vez más de partes de la Constitución estadounidense que son muy antimayoritarias y antidemocráticas, como el Senado, el Colegio Electoral y la Suprema Corte. Estas son las partes del sistema estadounidense hostiles a la democracia popular. Si alguien dijera que la Constitución estadounidense es un documento autoritario, yo no tendría ningún problema. Pero creo que es mejor pensarlo como un documento antidemocrático. Y es en eso que se escudan Trump y el Partido Republicano. Eso es muy distinto de lo que se ve en muchos autoritarios de alrededor del mundo, que son hostiles al orden constitucional. El Partido Republicano y el movimiento conservador no serían nada sin el orden constitucional actual. Entonces, se los puede considerar un partido conservador muy tradicional, en términos del siglo XIX, que busca quedarse en el poder restringiendo el derecho al voto, dibujando los límites de los distritos al Congreso a su favor, usando a los jueces. Eso se parece más a la política estadounidense del siglo XIX que a cualquier tipo de nuevo orden.

Uno no está acostumbrado a pensar en el conservadurismo como algo estridente o violento. El conservadurismo, al contrario, se presenta a sí mismo como moderado, cauteloso.

—Exactamente. Las dificultades para entender a Trump dependen de las dificultades para entender la tradición conservadora en su conjunto, y ese es el problema.

¿Cómo se relacionan históricamente el populismo y esta tradición conservadora?

—Es una pregunta interesante. Quiero ser cuidadoso, porque sé que en América Latina la palabra populismo tiene connotaciones muy distintas que en Estados Unidos y en Europa. A lo largo de los años he aprendido a ser muy cuidadoso al hablar de este tema. Yo uso la palabra populismo en un sentido minimalista, no en el sentido de la ciencia política ni en el de los historiadores. Aunque el conservadurismo es un movimiento en defensa del poder de las elites, no lo hace de una forma tradicionalista. No usa métodos tradicionales, ni argumentos tradicionales, ni tácticas tradicionales. Y una cosa que el conservadurismo entendió desde el principio fue que era necesario encontrar una forma de apelar a lo popular. No a la democracia, pero sí a las imágenes, a los símbolos, a los mitos populares. Y eso es a lo que me refiero con populista. Es un intento de hacer una alianza entre las elites y las masas para hablar en nombre del todo, de una forma que es distinta de las defensas tradicionales de la jerarquía.

Oponiéndose a la izquierda.

—Sí. El conservadurismo nace como un contramovimiento, contra la revolución francesa y contra la democracia de masas. Pero los conservadores siempre entendieron que si quieren contrarrestar a la izquierda, van a tener que ofrecer su propia forma de política de masas. No pueden ofrecer una defensa jerárquica tradicional. Por eso el conservadurismo, incluso remontándose a Edmund Burke, siempre tuvo su propia política de masas. No es solamente un tema de las elites.

En América Latina solemos recibir las cosas que pasan en la derecha estadounidense con cierto retraso. Primero la derecha evangélica, ahora los libertarians. Nos vendría bien saber qué está pasando allá en ese campo para saber qué esperar en los próximos años.

—Sí, hay un gran historiador acá, en Estados Unidos, Greg Grandin, que ha escrito bastante sobre la forma como Estados Unidos exporta su derecha a América Latina. En cuanto a lo que pasa acá, durante la Guerra Fría y hasta Bush tuvimos lo que se llamaba una fusión entre tres corrientes de la derecha: el sector de la seguridad nacional, la derecha religiosa evangélica y la derecha económica, de libre mercado. Todos se reunían bajo la bandera del anticomunismo, que era un pegamento que funcionaba en Estados Unidos y en el exterior. Pero lo que pasa cada vez más –y esto se ve claramente con Trump– es que esas cosas ya no funcionan tan bien juntas como antes. Muchos de los conservadores de la seguridad nacional han roto con Trump; incluso, se han ido del Partido Republicano. Y los libertarians obtuvieron desregulaciones y reducciones de impuestos, pero si ves los presupuestos de Trump, el gasto social fue bastante alto. A los evangélicos les fue muy bien con las nominaciones de jueces, pero el movimiento se empezó a fragmentar. El problema que tiene la derecha es que estas tendencias ya no se retroalimentan entre ellas tan bien como antes y, de hecho, comenzaron a disputar entre ellas.

Quizás esto es más una cosa de Internet que de la realidad, pero parecería que se está dando un renacimiento de posturas extremadamente reaccionarias en Estados Unidos: desde tradicionalismos hasta eso que se llama neorreacción. ¿Esto es algo importante o marginal?

—Es algo que se está debatiendo bastante. Para mí, hay que mirar cómo el partido gobierna. Hay que recordar que los republicanos estaban hasta hace poco en el poder. Tuvieron el control total del Estado los primeros dos años de Trump. Y la verdad es que la forma como gobernaron, más allá de las nominaciones de jueces, fue relativamente moderada. Y en los últimos dos años fueron lo mismo. Tenés, también, al movimiento de milicias –que no es algo nuevo, pero está más audaz– y, quizás más importante, la sensación en el Partido Republicano de que ya no pueden formar mayorías por medios democráticos. Y eso es lo más importante. Cosas como las que pasaron el 6 de enero y Qanon se llevan toda la atención porque dan miedo, pero creo que lo más significativo es lo que está pasando con el Partido Republicano.

El año pasado vimos grandes manifestaciones antirracistas, que fueron reprimidas con mucha violencia. ¿Pudo ver el movimiento de cerca? ¿Cuánto cambió el terreno político?

—Creo que hay elementos de continuidad y novedad. Estados Unidos tiene una historia extraordinariamente violenta. Hubo muchos disturbios en los años sesenta y setenta, que luego continuaron, pero se les prestó menos atención. Lo nuevo fueron un par de cosas. Por un lado, este es un movimiento mucho más multirracial. En los sesenta y los setenta fue abrumadoramente negro. Por otro lado, las redes sociales permiten ver el lado oscuro del Estado mucho más que antes. También es verdad que hay grabaciones de televisión de la represión de los setenta. Pero ahora hay más, con grabaciones de asesinatos de personas negras por la Policía. Y, por último, el discurso conservador de ley y orden ha perdido fuerza en la política estadounidense. Nixon y Reagan llegaron al poder azuzando la amenaza de la violencia negra y los disturbios en las calles. Así construyeron mayorías populares. La retórica de Trump, que intentó hacer lo mismo, no le hizo ningún favor.

Uno de los eslóganes de las manifestaciones reclamaba quitar el presupuesto a la Policía. Acá, en América Latina, sería utópico pensar que un movimiento de masas reclamara esto. ¿De dónde salió ese reclamo?

—Es un movimiento que se fue desarrollando de a poco. Acá también era utópico en los noventa, cuando yo era un estudiante. Es una historia de lenta organización y con el tiempo de organización de masas, que irrumpió en la conciencia colectiva rompiendo muchos tabúes. Estados Unidos es el país que más presencia policial tiene y donde más se encarcela. Pero la combinación de la organización de largo plazo y el debilitamiento de la derecha cambió las cosas. Lo que entusiasma del reclamo de quitar el presupuesto a la Policía es que no es solo retórica, sino que se trata de dar presupuesto a otras prioridades. A menudo, el neoliberalismo es erróneamente pensado como una filosofía antiestatista, pero no lo es: solo favorece a cierta parte del Estado, a la parte judicial, policíaca y carcelera. Hablar de quitar el presupuesto a la Policía implica cambiar las prioridades políticas del Estado. Tiene el potencial de ser algo muy transformador.

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Viernes, 28 Mayo 2021 05:03

Bolivia: los desafíos de Arce

Bolivia: los desafíos de Arce

La ruptura de la institucionalidad democrática en Bolivia el 2019 llevó al país a una profunda crisis política, económica y social. Las elecciones presidenciales de octubre de 2020 y las subnacionales de 2021 van cerrando (por ahora) esa crisis, reorganizando el mapa electoral y restituyendo algo esencial para la recuperación democrática: la legitimidad de las autoridades para reconducir el barco del Estado. Sin embargo, la herida no está totalmente cerrada, ni mucho menos cicatrizada.

El gran logro de estos seis meses en términos políticos es la recuperación de la institucionalidad democrática. El error más torpe y miope de la derecha boliviana, luego de arrebatar el poder por asalto en 2019, fue menospreciar la voluntad democrática del pueblo boliviano. Y, además, se autoconvencieron de otra gran mentira: que conformar Gobierno (de facto) equivalía a ser verdaderos representantes de la mayoría. Y después pasó lo que ya todos saben: acudieron a las urnas y se quedaron lejísimos, incluso de forzar una posible segunda vuelta. El 55 % escogió otra alternativa, la misma que ellos habían creído equivocadamente que había desaparecido de la faz de la tierra tras el golpe de Estado. La mayoría boliviana, una vez más, le dio la espalda al modelo neoliberal.

Tanto Luis Arce hoy, como Evo Morales durante sus mandatos, tienen en la defensa de lo público y la nacionalización su principal conexión con la gente, a pesar de que la presión mediática se esfuerce en mostrarla como una cualidad negativa, sin entender que el sentimiento nacionalizador en el pueblo boliviano es tan ampliamente mayoritario que incluso así lo piensa una gran parte del electorado que votó por Mesa y Camacho. Es un sentido común en Bolivia.

La apuesta por el Estado presente y fuerte es otro rasgo característico del nuevo Gobierno de Luis Arce, con gran respaldo ciudadano. Algo similar ocurre con López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina. Hoy en día, según datos arrojados por las encuestas de Celag, son Arce, López Obrador y Fernández, tres de los presidentes mejor valorados por su pueblo en la región latinoamericana.

¿Y cuál es el rol de la oposición boliviana en este escenario? Lo primero es tener clara una obviedad luego de las elecciones subnacionales: no existe ningún opositor con proyección nacional; no existe otra fuerza o estructura política que tenga carácter nacional, además del MAS.

Por ejemplo, Luis Fernando Camacho, con una imagen relativamente baja (29 %), marca una extremada diferencia según la zona geográfica. En La Paz, su imagen negativa es de 85 %, mientras que en Santa Cruz su imagen positiva asciende a algo más del 50 %. Dicho de otro modo: fuera de Santa Cruz no hay espacio para su radicalidad.

La oposición, fragmentada y variopinta, tiene dos caminos: trabajar conjuntamente con el Gobierno nacional para resolver problemas sociales y económicos acuciantes o, por el contrario, caminar por la ruta del conflicto y mayor confrontación contra Arce. Seguramente, un sector más radical tomará este segundo camino e intentará tensionar nuevamente con discursos “duros”, apelando al sentimiento regionalista como fórmula identitaria. Esta estrategia pretende, a su vez, sintonizar con dos ideas que podrían estar presentes en algunas regiones: a) los problemas económicos que ahora se padecen son por culpa de este Gobierno, y solo nuestro modelo, el neoliberal, podrá resolverlos, y b) las elecciones no sanaron las heridas abiertas en Bolivia de manera definitiva y por tanto debemos seguir peleando desde esta trinchera regional.

Frente a esta posibilidad de un potencial conflicto que solo nos llevaría a un escenario de perder-perder, la mejor manera que tiene el actual Gobierno para desactivarlo es llevar adelante una gestión eficaz y justa de las cuestiones económicas y sanitarias, llegando a todas las regiones sin exclusiones y, en la medida de lo posible, trabajando de la mano con quien quiera trabajar, con los gobiernos locales y regionales que así lo deseen, de tal manera que se aísle a los que opten por la vía violenta y conflictiva de destruir por destruir.  O sea, evitar entrar en un juego que no nos lleva a ninguna parte.

En relación a este desafío, Luis Arce tiene de sobra atributos que le auguran un buen desempeño. Por un lado, la mayoría considera que tiene gran capacidad de diálogo; por otro lado, la ciudadanía no lo ve de ninguna manera como un político autoritario; y, por último, pero no por ello menos importante, existe una gran expectativa y confianza en que él pueda resolver el problema económico (52 %).

A todo ello, debemos sumar otra variable fundamental latente en la sociedad boliviana: se considera importante conocer la verdad sobre todo lo sucedido entre octubre y noviembre de 2019. Esto es transversal a toda la población; da igual que sean votantes de Arce, Mesa o Camacho. Todos quieren saber, aunque hay posiciones divergentes. Una mayoría está a favor de que la Justicia actúe pero, al mismo tiempo, un poco menos de un tercio tiene confianza en el Órgano Judicial. ¿Cómo, entonces, resolver esa compleja ecuación? ¿Cómo evitar que exista impunidad ante un golpe de Estado sin que sea asumido como persecución judicial?

He aquí el gran desafío que tiene el Gobierno de Luis Arce. La gestión de la resaca de un golpe de Estado nunca es tarea fácil si lo que se pretende es avanzar en normalidad democrática. La impunidad no cabe en un Estado de Derecho. Es hora de Memoria, Verdad y Justicia para poder seguir construyendo el presente y el futuro democrático del país.

Por Gabriela Montaño*

27 de mayo de 2021

*Celag

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Los constituyentes independientes, motores de la nueva Carta Magna de Chile

Los votantes se vieron reflejados en una serie de candidatos entre los que se pueden encontrar activistas sociales, ecologistas, docentes, escritores, period

 

Los candidatos independientes de los partidos políticos tradicionales dominarán la Convención encargada de redactar una nueva Constitución en Chile, luego de quedarse con 48 de 155 escaños en los comicios del pasado fin de semana. Si se suman los 40 constituyentes electos que no militan políticamente pero llegaron a competir atados al cupo de un partido, la cifra de independientes llega a un 64 por ciento del órgano, según el Observatorio Nueva Constitución. El bloque de la derecha oficialista, Vamos por Chile, no alcanzó siquiera a lograr un tercio de la representación en la Convención, porcentaje que le hubiera otorgado cierto poder de negociación para frenar el alcance de los cambios más progresistas que se anticipan.

Los votantes chilenos se vieron reflejados en una serie de candidatos que levantaron las demandas que emanaron de las calles durante el estallido de 2019, entre los que se pueden encontrar activistas sociales, ecologistas, docentes, escritores, periodistas, abogados y personajes mediáticos. Página/12 dialogó con algunos de ellos para conocer sus principales preocupaciones y expectativas de cara a un momento histórico para el país.

Los constituyentes independientes llegaron a la Convención por distintas vías. Varias listas correspondieron a candidatos que no militan pero fueron asociados o con el sello de un partido político tradicional. Tal es el caso de Daniel Stingo, el más votado el pasado fin de semana, que se presentó como independiente pero bajo el amparo de la lista de izquierda de Revolución Democrática. "Me imaginaba un resultado positivo porque en la calle el apoyo, cariño y adhesión de la gente era inmenso. Ahora bien, recibir tanta cantidad de votos (más de 111 mil) era imposible de predecir", le explica Stingo a este diario.

El abogado de 55 años dice que no le sorprendió el mal desempeño de los sectores aliados al presidente Sebastián Piñera por el mal resultado del plebiscito del 25 de octubre del año pasado y "porque notábamos la desafección de la ciudadanía con las posturas de la derecha y la total falta de sintonía de este mismo grupo con la realidad social y política". A pesar de ser el candidato más votado, Stingo no piensa en presidir la Convención y buscará, en cambio, contribuir en el desarrollo de un "catálogo de derechos sociales" entre los que menciona "un plan de salud universal, de calidad y oportuno, una educación gratuita, de calidad e inclusiva, un sistema de seguridad social con pensiones dignas y el derecho a la vivienda digna".

El único candidato independiente que se presentó sólo en una lista fue Rodrigo Logan, electo por el Distrito 9. Los más de 34 mil votos obtenidos le permitieron superar listas completas a quien es conocido como el "abogado ciudadano" por su presencia en programas de televisión. "El proceso constituyente tenía como promesa de valor que era abierto a la gente común y corriente y eso no fue así. Debía existir un mensaje que rompiera esa 'igualdad falaz' de la que habla el Sistema D'hont", explica sobre los motivos de cortarse solo. Frente a los resultados de los comicios, Logan se manifiesta "muy ansioso y muy alegre" ya que "desde 1810 a la fecha jamás habíamos tenido la oportunidad de tener una constitución de, para y por la ciudadanía".

Más allá del caso atípico de Logan se encuentran las listas completas que se presentaron por fuera de los partidos. Entre las más exitosas se encuentra la de "Independientes No Neutrales (INN)", que consiguió cupos para 11 de sus postulantes. Uno de los constituyentes electos por ese espacio es el ambientalista Juan José Martin.

Martin es presidente y cofundador de Cverde, organización juvenil de Chile por la Sustentabilidad. "Nos sentimos super orgullosos y tranquilos con haber salido electos, porque nosotros desde el primer momento hicimos una apuesta: nos vamos a dedicar a llevar la voz y la prioridad de aquellos que no votan, la naturaleza y los animales", destaca Martin en diálogo con este diario. Por eso, apuesta por lo que llama una Constitución "ecocéntrica".

Martin era consciente de que esa plataforma electoralmente podía alejarlos de la prioridad de la mayoría de los chilenos que viven al día, pero "sentíamos que era consecuente con nuestra visión". A sus 25 años, planea llevar a la Convención a "los movimientos sociales y ambientales que están muy separados de la política tradicional". El joven ecologista propone una Carta Magna "de la realidad y de los datos, ya no de las ideologías prefabricadas por otros grupos".

Aunque entre las listas independientes, sin dudas la mayor sorpresa del pasado fin de semana la dio la llamada "Lista del Pueblo", que alcanzó 27 de las 155 bancas en juego, casi igualando al Partido Comunista y al Frente Amplio que juntos sumaron 28 escaños. La Lista del Pueblo representa a una articulación de candidaturas progresistas sin afiliación política, aunque muy comprometidas con la realidad. Sostenidos en un relato nacido en las entrañas de las históricas movilizaciones de la Plaza Dignidad, no estaban en las proyecciones de los analistas ni de los medios de comunicación chilenos. A base de eficaces campañas en las redes sociales y en las calles del país, sumaron alrededor de 884 mil votos.

Entre los 24 convencionales elegidos en la Lista del Pueblo destaca la figura de Giovanna Grandón, una maestra jardinera y chofer de transporte escolar que saltó a la fama al asistir a las marchas disfrazada de Pikachu, el personaje de dibujos animados japonés. Y si bien no logró sumar una banca a la Convención, la periodista Paulina Acevedo celebra que gracias a su candidatura el espacio sumó el 15 por ciento de los votos a nivel nacional, "un golpe a la cátedra de la política clásica, ya que el pueblo dijo que cualquier persona tiene derecho a escribir la Constitución".

"Cuando Carabineros me detuvo haciendo labores profesionales, eso sacó a la luz públicamente mi candidatura y me obligó a hacer campaña de manera más activa", recuerda Acevedo. En la madrugada del 12 de marzo, fue aprehendida mientras cubría los trabajos de remoción de la estatua del General Baquedano en la icónica Plaza Dignidad. "Fue una situación totalmente arbitraria e ilegal. Por lo mismo estuve 14 horas detenida y más de cuatro horas arriba de un carro policial esposada para finalmente ser absuelta de todos los cargos", remarca.

En ese sentido la periodista del Observatorio Ciudadano plantea que es necesaria una reforma profunda de Carabineros, "una institución que tiene más de 100 años y está absolutamente desacreditada por las violaciones a los derechos humanos pero también por situaciones de corrupción y malversación de fondos públicos".

Pero no se podría comprender esta renovación institucional en Chile sin considerar la importancia de los feminismos. "Desde la Coordinadora 8-M estamos muy contentas porque ingresó la compañera Alondra Carrillo y junto a ella entró el feminismo de los pueblos a través de cinco integrantes de la plataforma constituyente, feminista y constitucional", asegura al respecto Javiera Manzi, militante y vocera de la coordinadora.

"Hoy vemos que los partidos del orden han fracasado y son precisamente sectores movilizados por fuera de los partidos quienes avanzan", agrega Manzi. Para una nueva Constitución con perspectiva feminista, la jóven socióloga plantea que es necesario "el reconocimiento del trabajo no remunerado, los derechos sexuales y reproductivos y la garantía de derechos sociales que hoy se encuentran privatizados". La aplicación efectiva de esas reivindicaciones permitirá, por fin, implementar el "programa feminista contra la precarizacion de la vida".

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