Martes, 16 Julio 2019 07:08

Recesión y desocupación

Recesión y desocupación

El plan de reformas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige a Ecuador podría desembocar en una recesión y un mayor desempleo, advierte un informe difundido por el Centro para la Investigación en Economía y Política (CEPR), con sede en Washington. “El programa del FMI exige eliminar un conjunto de políticas que a lo largo de los últimos años han tenido mucho éxito en estimular el crecimiento económico, reducir el desempleo y reducir la desigualdad y la pobreza”, advierte en un comunicado Mark Weisbrot, codirector de CEPR y uno de los autores del informe. El documento, difundido a los medios en Ecuador, analiza el acuerdo que el Gobierno de Lenín Moreno (foto) alcanzó en marzo con el FMI para acceder a una serie de cómodos préstamos graduales por más de 4.000 millones de dólares. Se trata de un dinero crucial para el país, que acumula una deuda de casi 56.000 millones de dólares en momentos en que la economía nacional está paralizada. A cambio de la línea de financiación, la organización internacional ha exigido reformas para reducir el déficit fiscal, y entre ellas, recortes en el gasto público y abordar cambios en la legislación laboral para incrementar la productividad y la competitividad. Pero según el CEPR, con esas medidas, “el país sudamericano experimentaría una reducción de su PIB per cápita, un mayor desempleo y una mayor inestabilidad macroeconómica”. “Desafortunadamente, incluso el mismo FMI pronostica una disminución de estos y otros indicadores sociales y económicos a medida que, junto al actual Gobierno ecuatoriano, vaya revirtiendo estas políticas”, destaca el informe.

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Viernes, 07 Junio 2019 06:18

Dónde perdimos la brújula

Dónde perdimos la brújula

Los asesinatos de la brasileña Marielle Franco (marzo de 2018) y de la hondureña Berta Cáceres (marzo de 2016) fueron crímenes políticos, algo en lo que coinciden movimientos, partidos de izquierda e intelectuales progresistas. Ambas eran mujeres de abajo y del color de la tierra, feministas que resistían el patriarcado y el capitalismo. Con toda razón se achacaron sus crímenes a la alianza entre empresas multinacionales, gobiernos y milicias paramilitares, que en cada país adquiere formas distintas pero siempre favorecen al 1 por ciento más poderoso.

La vida del campesino náhuatl Samir Flores tenía muchas similitudes con las de Berta y Marielle: nació abajo y resistió el capitalismo neoliberal que en su tierra (Amilcingo, Morelos) se concreta en grandes obras de infraestructura, igual que en Honduras, donde Berta resistió un proyecto hidroeléctrico para el "desarrollo" del país. Tres personas que vivieron y murieron de pie, defendiendo la dignidad de sus pueblos convertidos en obstáculo para la acumulación de capital.

Siendo los contextos de los crímenes tan similares, debe entenderse porqué académicos y profesionales que se dicen progresistas, establecen diferencias y exigen no politizar el asesinato de Samir, al que consideran además una cuestión policial. Tres crímenes de Estado, como los de Ayotzinapa, de los cuales siempre hemos responsabilizado a los gobiernos en turno.

Lo único que justificaría un tratamiento diferente es que en Brasil y Honduras se trata de gobiernos de derecha, acusados de complicidad con los crímenes, mientras en México el discurso progresista del actual gobierno (que no sus acciones), lo exculparían de cualquier responsabilidad. A mi modo de ver, estamos ante un argumento mezquino y pobre.

Es evidente que los discursos y las palabras no pueden modificar los hechos y, sobre todo, no tiene sentido aplicar raseros diferentes a situaciones similares. Si Ayotzinapa fue responsabilidad del gobierno de Peña Nieto, si Marielle y Berta fueron responsabilidad de sus respectivos gobiernos, no hay modo de eludir la responsabilidad del asesinato de Samir.

Por ese camino se llega a una extravío de difícil retorno, lindero con la aberración. El mayor desatino de las izquierdas del continente se llama, por ahora, Nicaragua. Daniel Ortega no pierde oportunidad de mentar su supuesto "antimperialismo", mientras su gobierno, según reciente informe de Amnistía Internacional, sigue instaurando "un ambiente de terror, donde cualquier intento por ejercer la libertad de expresión y el derecho a reunión pacífica es castigado con represión" (https://bit.ly/2GyYFvy).

La comandante sandinista Mónica Baltodano denuncia las penosas condiciones carcelarias de los presos, enfermos por el consumo de aguas putrefactas y condiciones sanitarias lamentables. Según Baltodano, nunca hubo tal cantidad de presos en Nicaragua, que sufren peores condiciones que los presos de Somoza como lo fue ella misma (https://bit.ly/2IgjVqC).

En Nicaragua se tortura a los detenidos con los métodos salvajes de las dictaduras (https://bit.ly/2wCEJmQ). Pero buena parte de la izquierda sigue apoyando al régimen neosomocista de Ortega, incluyendo algunos intelectuales. En este periodo incierto de decadencia imperial y de las izquierdas, las palabras no valen nada o, parafraseando al poeta, ciertas voces valen menos, "mucho menos que el orín de los perros".

Se ha convertido en norma que las palabras enmascaren realidades que se pretenden ocultar, porque resulta incómodo aceptarlas.

El progresismo es, en primer lugar, una construcción discursiva. Solamente discursiva porque no produce cambios estructurales. La clave de cualquier transformación verdadera no es otra que el poder popular, las decisiones que emanan de los de abajo, no las políticas de arriba, por más "revolucionarias" que se digan. Este punto es tan decisivo, que podría incluso definirse revolución no por la toma del poder, sino por la organización masiva de los de abajo, del modo que decidan.

En segundo lugar, el centro del conflicto del progresismo es contra los pueblos y no contra el capital y las derechas, como pretenden los intelectuales progres. Este punto es nodal y es el que permite establecer diferencias entre los progresismos (acomodados a la relación de fuerzas heredadas y limitados a gestionar lo existente) y otros procesos que, mal que bien, pretenden superar el estado actual de las cosas.

Los enemigos que ataca el progresismo, son el pueblo mapuche (al que se le aplicó la ley antiterrorista), los movimientos de junio de 2013 en Brasil, y los pueblos originarios, en general y ahora los de México en particular, entre los más evidentes.

La brújula que se perdió es la ética. Que no se recupera con discursos sino escuchando a los pueblos, aceptando sus decisiones colectivas que, nunca en cinco siglos, pudieron ser encajonadas en envases institucionales. Lo demás es verborrea hueca que sólo pretende amparar a los de arriba ninguneando a los pueblos.

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Viernes, 07 Junio 2019 06:02

Se abre el telón en El Salvador

Se abre el telón en El Salvador

El pasado sábado 1º de junio fue la toma de posesión del nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se estrenó con un discurso cortito, lleno de guiños personales, pero frágil, ingrávido, y que no deja de causar un poco de miedo. Sí, miedo, porque los problemas que este país tiene son horribles y una gestión política, que arranca con la mesa limpia, debe agarrar el toro por las astas.

Que el discurso haya sido escueto no es el problema, de hecho ahí está el maravilloso cuento "El dinosaurio" de Tito Monterroso para disipar dudas, puesto que todo sigue allí. Lo preocupante es que estos asuntos públicos urgentes –en el país del poeta Roque Dalton inmolado en 1975– exigen exposiciones de motivos inobjetables, porque de otra manera, como de algún modo lo insinuó el mismo Bukele en su comparecencia, quizás un desencanto más ya no lo aguante la paciente ciudadanía salvadoreña.


Moverse en el filo de la navaja, tal y como lo viene haciendo El Salvador desde hace muchos años –y no hay exageración en esto porque es casi literal– ha causado graves estragos para la convivencia ciudadana.


La Policía Nacional Civil, uno de los resultados más notables y esperanzadores de la negociación estratégica que puso fin a la guerra civil en 1992, es ahora un estropajo ensangrentado. Ha sido corroída por la corrupción, infiltrada por el crimen organizado y de ribete ha sido lanzada al combate frontal contra las pandillas, casi como el último recurso para contener este fenómeno social de cobertura nacional, guadaña macabra que todos los días descuaja vidas de compatriotas.


Dirigentes políticos tradicionales, diputados, personeros de organismos internacionales y funcionarios de los gobiernos anteriores al parecer no han logrado comprender que no se trata de un problema de inseguridad, categoría que da poca cuenta de la compleja realidad de este país. El problema es de convivencia social. Por asumir la premisa de la inseguridad el país se ha inundado del negocio de las agencias de seguridad privada (para proteger bienes estatales, empresas privadas y hasta desarrollos urbanísticos), y del negocio de la video vigilancia que se promociona como panacea.


El giro estratégico habría que hacerlo a partir de la noción de reconstitución del tejido social. Empero, esto será apenas propósito vano si se cree que la intervención en los territorios, ahora bajo control, asedio y presión de las redes pandilleriles, será efectiva si el aparato gubernamental se vuelca allí. Es un paso importante, pero un diseño de ese tipo deja por fuera a otros actores clave, tal vez con menos recursos, pero de mayor impronta en el imaginario colectivo. Hay que pasar de reparar cositas a reconstituir escenarios económicos, sociales, culturales y hasta político-organizativos.


En este punto, el flamante gobierno encabezado por Nayib Bukele se juega su destino. Se ha ensayado ya bastante, y mal, porque se ha creído que hay un buen camino y un mal camino, y que el éxito está en atraer al buen camino a los jóvenes extraviados en el mal camino. Si las cosas del mundo fueran así, las soluciones estarían a la vuelta de la esquina.


A la par de esto, el nuevo gobierno deberá ingeniárselas para desatar, fomentar y facilitar dinámicas de actividad económica que impacten sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Otra perspectiva será de poca ayuda. Sin embargo, esas nuevas dinámicas gestoras de otro rumbo económico chocan desde el arranque mismo con los seculares desequilibrios estructurales salvadoreños, que, de no atenderse al menos los que tienen que ver con el modelo productivo (no el modo de producción, que son palabras mayores), el déficit de la balanza comercial seguirá delatando con nitidez: 5904.5 millones de dólares (exportaciones) frente a 11.725.8 millones de dólares (importaciones). Si en esto no hay cambios apreciables, equivaldrá a seguir hablando de nada y el futuro de El Salvador seguirá sombrío.


Los dos grandes asuntos anteriores –convivencia y economía– deberán despegar con cierto éxito o al menos con algún ímpetu que permita atisbar algo distinto, para que temas como el de la prioridad nacional de la primera infancia, que traería la paz social a El Salvador, puedan realizarse.
Y paremos de contar. Por ahora.

Jaime Barba, de REGION Centro de Investigaciones de El Salvador.

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Sábado, 18 Mayo 2019 07:00

La batalla por las calles

La batalla por las calles

Cuba y el control de la protesta pública.

Luego de que el gobierno decretara la cancelación de las tradicionales “congas” de la diversidad sexual, unas doscientas personas marcharon en La Habana por los derechos de la comunidad Lgtbiq, un acontecimiento que terminó con varios detenidos y levantó críticas contra la actuación policial. El episodio echa luz sobre los límites de la “apertura” cubana y la compleja posición de las disidencias.
La primera convocatoria había sido anunciada para la mañana en la ciudad de Santiago de Cuba, la segunda más importante del país, casi mil quilómetros al sureste de La Habana. Pero hacia las nueve ya era evidente su fracaso: sólo una veintena de personas había acudido a la Plaza de Marte para participar en la inédita marcha del orgullo gay. Ese sábado 11 en la tarde, en declaraciones a un medio digital alternativo, Ezequiel Fuentes Morales, uno de los congregados, aseguró que “aunque la comunidad (Lgtbiq) está disgustada, teme a la represión y prefiere callar”.


Por primera vez la celebración no era organizada bajo el auspicio del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), institución adscripta al Ministerio de Salud Pública y dirigida por la socióloga y diputada Mariela Castro, hija del todavía primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Raúl Castro.


Días atrás, el Cenesex había anunciado que este año no saldrían a la calle sus tradicionales “congas por la diversidad”. Como argumento justificatorio, se expuso “la agudización de la agresividad contra Cuba y Venezuela (que) ha envalentonado a grupos (que) intentan tergiversar la realidad de Cuba, y (…) pretenden utilizar nuestra conga para desacreditar, dividir y sustituir el verdadero sentido de esta actividad”.
Durante la última década, las “congas por la diversidad” –una suerte de marcha de la diversidad en versión tropical– han constituido el momento cumbre de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, que cada mes de mayo tienen sus “sedes centrales” en La Habana y en alguna capital de provincia escogida a tal efecto. Este año la elección recayó en la centroriental ciudad de Camagüey, la tercera de la isla en cuanto a población e importancia, pero una de las más conservadoras debido a la influencia de iglesias, como la católica.


Mientras se discutían allí los planes para los festejos (no fue hasta mediados de la semana anterior que las autoridades aprobaron una versión limitada de la programación original), en La Habana se desataba una tormenta de mensajes, convocatorias y contraconvocatorias a través de Facebook y otras redes digitales. La esencia de los debates podía resumirse en dos posiciones: aceptar la suspensión de la conga e incorporarse al resto de la cartelera preparada por el Cenesex, o acudir el sábado en la tarde al céntrico Paseo del Prado capitalino, para marchar sin autorización oficial. A pesar del fracaso matutino en la “cuna de la Revolución”, a las cuatro y media de la tarde unos doscientos habaneros optaron por esa última opción.


LA CALLE, DE LOS REVOLUCIONARIOS.


La de las calles fue una de las primeras batallas libradas por Fidel Castro y sus seguidores luego del 1 de enero de 1959. Pocas victorias han tenido una importancia mayor. Un estudio publicado en 2015 por la investigadora Claudia González Marrero, doctoranda en el Centro de Estudios para la Cultura de la Universidad Justus Liebig, de Berlín, lo resalta desde su propio título: “La calle es de los revolucionarios: Políticas normativas e imaginario social cubano”.


El monopolio de la movilización popular y de la representación de sus intereses constituye una fuente esencial de legitimidad para la dirigencia isleña. “Expresiones de disconformidad o cuestionamiento público han sido conductas, si bien no negadas, reorientadas y absorbidas por el propio proceso normativo. Las críticas han sido aceptadas siempre que sean emitidas desde los espacios instituidos y organizados para ello”, apunta la estudiosa al describir una dinámica de poder que ha evolucionado a la par del país.


Los hechos confirman su efectividad. No fue hasta el 5 de agosto de 1994 que en La Habana se produjeron los únicos disturbios de alguna consideración, que registra la historia reciente de Cuba. Significativamente, las contramarchas que aquella tarde pusieron fin a los desórdenes avanzaron bajo la consigna de“¡Esta calle es de Fidel!”, remarcando un derecho de posesión que el gobierno-partido está obligado a conservar.


Tal privilegio es refrendado por la nueva Constitución, que de manera implícita subordina libertades individuales, como las de reunión, manifestación y asociación, a la “necesidad de proteger nuestra soberanía e independencia”, según explicación brindada en el Parlamento por el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta. Aun así, teniendo en cuenta las numerosas normas que habrán de complementar la carta magna aprobada el 24 de febrero, no faltó quien especulara respecto a la posibilidad de que fuera establecida una suerte de protocolo para la convocatoria ciudadana de marchas y otras iniciativas de esa índole. Como anticipándolo, a comienzos de abril fue autorizada una manifestación en contra del maltrato animal, que reunió en La Habana a casi medio millar de personas. Poco después, la solicitud para un evento similar era recibida por el gobierno de la central ciudad de Santa Clara, y en otras, como Camagüey y Pinar del Río, grupos interesados en el tema se preparaban para presentar las suyas.


En definitiva, la tendencia fue cortada de raíz a finales del mes pasado, con la destitución del funcionario que había dado luz verde a la solicitud capitalina y la denegación de la presentada ante las autoridades santaclareñas. La facultad “movilizadora” seguirá siendo derecho exclusivo del gobierno, el partido y las organizaciones de masas que se le subordinan.


¿POR QUÉ LOS ANIMALES Y LA COMUNIDAD LGTBIQ?


La marcha por la diversidad sexual, que finalmente tuvo lugar el 11 de mayo en La Habana, fue cubierta por una miríada de corresponsales extranjeros, que pudieron enviar a sus redacciones una jugosa cosecha informativa. Como era de esperar, el momento cumbre de la tarde se produjo cuando la marcha arribó al final de la zona peatonal del Prado y pretendió cortar el tránsito de la concurrida calle San Lázaro para continuar rumbo a Malecón.


¿A dónde se dirigía? Nadie parece saberlo. “Todos los amigos de mi grupo que nos reunimos ese día nos pusimos de acuerdo en Facebook. Por lo que se decía, siempre pareció que la caminata tendría lugar en el Parque Central y el Prado”, contó a Brecha una joven comunicadora social para quien la culminación “natural” de la cita era la “besada” pública, que en la ocasión protagonizaron decenas de parejas. De ahí en más, “creo que todo el mundo tenía sus propios planes. Una amiga mía, por ejemplo, iba preparada para seguir luego hacia el José Antonio (el círculo social José Antonio Echevarría, donde el Cenesex desarrollaba a esa misma hora una fiesta)”.


Muchos, en efecto, lo hicieron. Si bien al día siguiente las portadas de numerosos diarios extranjeros resaltaron la “fuerte represión ordenada por el régimen”, lo cierto es que sólo cuatro personas terminaron esa tarde en el asiento trasero de un coche de patrulla. Cotejando las imágenes y los testimonios de algunos de los presentes, es posible definir casi con exactitud el momento de la confrontación. Sobre su principal animador no quedan dudas: fue el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, quien hace un año se vio envuelto en un enmarañado proceso judicial contra funcionarios del Cuerpo de Guardabosques y vecinos suyos en una finca que usufructúa en el paradisíaco Valle de Viñales. Con independencia de la publicación que se revise, es su detención la que acapara los lentes, por el dramatismo de verlo forcejear entre varios agentes vestidos de civil. Los fotorreporteros tuvieron poco más con que trabajar, pese al fuerte dispositivo policial montado en torno del Prado.


“Todo indica que la apuesta de algunas conocidas figuras de la llamada disidencia, que nunca se preocuparon ni ocuparon con propuestas ni mensajes constructivos por nuestros derechos como personas Lgtbi, era por enrarecer aun más el ambiente”, opinó Francisco Rodríguez Cruz en su blog, Paquito el de Cuba, un conocido reportero de la prensa estatal que se autodefine como “martiano, comunista y gay”. “Fue la agencia Efe la que reportó que en ese grupo había quienes al parecer tenían la intención de provocar un incidente (…), y es evidente que en parte lo lograron”, lamentó.


En los últimos años, el activismo por los derechos de los animales y de las personas con orientaciones sexuales diversas ha asumido buena parte de la centralidad mediática que en otros tiempos acaparaba la lucha contra la discriminación racial. De hecho, durante los debates populares sobre la nueva Constitución, el artículo 68 del proyecto (relativo a la posibilidad del matrimonio igualitario) fue uno de los más discutidos, motivando cerca del 10 por ciento de las intervenciones y propuestas. La campaña animalista, pese a no estar contemplada en el texto, también ganó notoriedad, aunque su mayor impacto estuvo en Internet y entre algunos sectores urbanitas, fundamentalmente capitalinos.


Para muchos, el matrimonio igualitario funcionó como una suerte de cortina de humo durante la consulta. El programa televisivo de mayor popularidad en el país, el humorístico Vivir del cuento, lo alertaría en una de sus emisiones. Como en la ficción, muchas reuniones terminaron centrándose en las implicaciones que tendría la hipotética modificación constitucional y no en temas como la política económica o la relación del Partido Comunista con el Estado.


Desde el exterior tampoco faltan los dobles raseros. Regularmente llegan a La Habana generosos donativos individuales para proyectos centrados en la protección de animales callejeros, la conservación del medioambiente o la promoción de colectivos minoritarios, por citar sólo algunos de los más comunes. La casi totalidad de tales emprendimientos se unifican bajo una premisa, al menos formalmente: no “recurrir a gobiernos, partidos políticos, ni Ong de ninguna parte (mucho menos a instituciones estatales cubanas)”. La frase textual pertenece a Isbel Díaz Torres, líder de Abra, un centro social y biblioteca libertaria definido como “empeño autoemancipatorio” por sus miembros. Tres años de campaña internacional permitieron allegar los fondos para que comenzara a funcionar en mayo de 2018, declaró, por entonces, el propio Isbel, quien el sábado se vio impedido de participar en la marcha del Prado, tras ser detenido junto con su pareja por la policía.


Entre las publicaciones más recientes de su perfil en Facebook llama la atención una que recuerda el Día Internacional de la Objeción de Conciencia al Servicio Militar (este 15 de mayo), asumiendo una posición contrapuesta a la del gobierno de La Habana, que en las últimas semanas ha manifestado su preocupación por la agresividad estadounidense y ha reafirmado la defensa como una de sus “tareas estratégicas”. Vale apuntar que la base de las Fuerzas Armadas Revolucionarias radica en los conscriptos del servicio militar, que por ley están obligados a cumplir todos los hombres mayores de 18 años; significativamente, la homosexualidad es uno de los contados motivos de exoneración.


“Con el matrimonio igualitario y la ley de protección animal se aplicó aquello de ‘jugar con la cadena, pero no con el mono’: con seguridad, alguna gente se extendió en esos tópicos para no meterse en problemas opinando sobre otros que podían ser complicados. Si fue una ‘habilidad’ del gobierno, fue una muy buena”, reflexiona un profesor universitario que durante el proceso de consultas integró uno de los cientos de dúos de “facilitadores” encargados de conducir las asambleas y recoger las opiniones de sus asistentes. La misma sombra de duda puede proyectarse sobre el fin último de muchos de los emprendimientos “alternativos” que florecen en la isla. Entre el activismo militante y el oportunismo media una frontera en extremo difusa.


CUESTIÓN DE SUPERVIVENCIA.


Esta marcha “dilata lo que otros activistas hicimos cuando el peligro parecía incluso mayor. Esa memoria estimula a la de hoy, esos rostros de ahora son una certeza que ansío pueda ser la de muchas otras esperanzas. La batalla real comienza ahora”, escribió esta semana el dramaturgo cubano Norge Espinosa, que reside en España. Sus palabras se alinean con las de creadores como el actor Luis Alberto García, y los músicos Silvio Rodríguez y Vicente Feliú, críticos de la actuación de la policía y las “mentalidades que tienen la retranca puesta en todo lo que se intenta mejorar”, según el último. Opiniones similares predominan en las redes sociales y en los despachos noticiosos fechados en La Habana.


Leyéndolos, pareciera que Cuba se detuvo el sábado en la tarde. En realidad, no ha sido así. Lo ocurrido en el Prado quedó –en buena medida– allí; a las provincias han llegado sólo ecos lejanos y videos filmados con móviles, que para la mayoría de la población no pasan de registrar “cómo la policía dispersó la marcha de los maricones”. Al cubano promedio, sobre todo al “del campo”, lo siguen convocando más las urgencias cotidianas que los pulsos contra el gobierno. Conscientes de ese divorcio entre las elites capitalinas y el país profundo, las autoridades evitaron en todo momento informar sobre lo acontecido en el Prado. A la par, fueron anunciadas medidas contra el acaparamiento y la especulación, a favor del incremento de la cantidad de productos que se comercializan de forma controlada, y la próxima entrada en funcionamiento de nuevos servicios de transporte.


Al redactarse esta nota, el presidente Miguel Díaz-Canel completaba una intensa semana de apariciones públicas visitando su provincia natal, Villa Clara, centro de la comunidad Lgtbiq en la isla, que en la jornada de marras permaneció en absoluta tranquilidad. Mirado a contraluz, el recorrido parece destinado a trasmitir un mensaje claro, a tenor de las reiteradas imágenes del mandatario dialogando ante grandes concentraciones de sus conciudadanos: al margen de lo sucedido el sábado, las calles no han cambiado de manos.

Por Amaury Valdivia
17 mayo, 2019

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Cuba 2018-2019: Coyuntura y perspectiva

El tránsito entre 2018 y 2019 en Cuba tuvo dos peculiaridades. Por un lado, sirvió para rememorar el 60 Aniversario del inicio de un proceso que se propuso transformar el país en cuatro direcciones: independencia nacional, justicia social, buen gobierno y una economía próspera y sustentable. Ese proceso, que ha implicado 60 años de resistencias y sacrificios populares, tomó rápidamente el título que mantiene hasta hoy: la Revolución Cubana.

Si hubiera que hacer un balance sintético, se podría decir que en esos 60 años el país alcanzó por primera vez el ejercicio pleno de su soberanía y se transformó en un actor a nivel global por sus políticas anti-hegemónicas y de solidaridad internacional; avanzó sustancialmente en salud pública y educación, aunque quedaron lagunas en sectores como la vivienda y el transporte público; eliminó los grandes casos de corrupción y creó un sistema político nuevo, más ajustado a la voluntad popular, aunque mediado por la figura y genio de un líder como Fidel Castro, lo que unido al clima de plaza sitiada en el que tuvo que sobrevivir, condujo a un régimen democrático imperfecto con una institucionalidad vertical y autoritaria, en el cual la burocracia estatal y partidista adquirió una excesiva discrecionalidad; no pudo construir un modelo económico próspero y sustentable, independiente del sostén externo, mientras que las fuerzas productivas estuvieron restringidas por un sistema de administración altamente centralizado y poco creativo.


Al analizar las falencias de este proceso siempre habrá que recordar que el gobierno cubano estuvo y está bajo la constante presión de una política persistentemente hostil de un poderosísimo enemigo, otrora socio privilegiado: los Estados Unidos.


En segundo lugar y paradójicamente, 2018-2019 también marcó la primera gran transformación política postrevolucionaria: la transferencia de poder de la generación histórica que dirigió la Revolución a otra más joven compuesta por mujeres y hombres nacidos por lo general después de 1959.


Esa transferencia necesitó de una nueva constitución en la cual el sistema político cubano se reconoce por primera vez como un estado socialista de derecho, con todo lo que ello implica.


El proceso de redacción, discusión, aprobación y proclamación de esta nueva Magna Carta, que no estuvo exento de las tendencias verticalistas de la cultura política cubana, ocupó la atención primaria de la ciudadanía entre julio del 2018 y abril del 2019, incluyendo una consulta popular que fue un gran ejercicio de deliberación democrática.


La última fecha sirvió también para hacer un balance del primer año de gobierno del presidente electo en abril del 2018, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.


Ese balance, pues, desbordó los marcos del calendario formal. Díaz-Canel, ingeniero de formación, pero cuadro político con una amplia trayectoria partidista y gubernamental, recibió como herencia un proceso de reforma económica y política en marcha, diseñado en lo fundamental durante los 12 años de gobierno de su predecesor, el general Raúl Castro.
El objetivo central de esa estrategia es crear lo que la propaganda oficial ha designado como un “socialismo próspero y sustentable” a partir de una “actualización del modelo económico y social” cubano.


Ello no es una ruptura con los logros alcanzados bajo el liderazgo de Fidel Castro, más sin embargo, como afirmara el propio Raúl Castro el 27 de julio del 2007: “Para lograr este objetivo habrá que introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios.”


Durante su mandato el expresidente y actual primer secretario del Partido Comunista de Cuba insistió más de una vez que el principal enemigo que enfrentaba esta transición era “la vieja mentalidad”, con lo cual quedó evidente lo que muchos analistas, incluyendo el que suscribe, han señalado: bajo el signo de la unidad existe una aguda lucha entre dos tendencias, la que privilegia el cambio y la innovación y la que insiste en el continuismo y la inmovilidad.


Como lo han demostrado los 12 años precedentes, no puede haber continuidad sin transformación y sin adaptación a las cambiantes circunstancias domésticas y externas. Desde el poderoso centro ideológico del Partido se insiste en la consigna de “somos continuidad”, lo que puede socavar en la conciencia y las esperanzas ciudadanas sobre la necesidad del cambio.


En un sistema de partido único siempre hay el peligro de confundir realidad con propaganda; después de todo cualquier constructo ideológico-propagandístico no es más que una interpretación de la realidad y la realidad puede ser muy terca. No hay que olvidar un precepto fundamental del marxismo: la práctica es el criterio de la verdad.


Aunque tanto Raúl Castro como Díaz-Canel, han enfatizado que la batalla principal que enfrenta Cuba es la de la economía, el año que pasó será recordado, sobre todo, por los cambios políticos impulsados por las propias autoridades cubanas, entre los cuales se encuentra una importantísima ampliación del espacio público con el impulso oficial al uso de Internet, a la presencia de las autoridades en las redes sociales y al énfasis en el gobierno electrónico.


En este balance del 2018, sigue siendo deficitario el proceso de transformación económica. Tanto desde el gobierno como en los círculos académicos se reconoce que no se alcanzan las metas propuestas y que quedan muchas políticas aprobadas por implementar.


Hay dos elementos claros: toda la política del presidente Díaz-Canel tiene por objetivo actualizar el modelo socio económico con vistas a crear ese tan ansiado socialismo próspero y sustentable; y el presidente personalmente realiza un enorme esfuerzo de trabajo y comunicativo para lograrlo.


Pero el 2018 terminó en medio de graves escaseces.


Los desafíos que enfrenta el gobierno cubano en materia internacional son enormes debido a la creciente hostilidad de la administración de Donald Trump y los graves acontecimientos en Venezuela. También hay aspectos positivos en que sustentarse pero no siempre se aprovechan todas las reservas con la premura necesaria.


Sin embargo, no se debe olvidar, hoy más que nunca, que economía y política se encuentren indisolublemente imbricadas.


En el futuro no podrá hablarse de un balance político positivo de este período, no importa cuánto se logre en ese terreno, si el devenir económico del país no se encamina firme e irrevocablemente hacia las metas trazadas en los documentos principales conocidos abreviadamente como Lineamientos, Conceptualización y Visión 2030.


Y ahí es donde está el gran déficit de los últimos años, incluido el 2018, y el gran desafío del 2019 y los futuros. Se sabe y está definido lo que hay que hacer, pero no se acaba de lograr que el gobierno en su totalidad implemente con audacia y vigor lo acordado. Y el tiempo se nos está acabando.


Por Carlos Alzugaray

Diplomático, escritor y educador, es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

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Congreso de Honduras retira las reformas a los sistemas de educación y salud, pero siguen las protestas

Tegucigalpa. Cerca de 4 mil maestros, estudiantes y empleados de hospitales públicos hondureños retomaron este martes protestas que el lunes causaron destrozos en el centro de Tegucigalpa, pese a que el presidente del Congreso prometió desistir de las reformas que desataron el movimiento.

Los manifestantes marcharon hasta las sedes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coreando "fuera JOH", siglas del nombre del presidente Juan Orlando Hernández.

Dirigentes del movimiento dijeron que buscaban el apoyo de ambos organismos para defender el derecho a los servicios de salud y educación después de que el Congreso aprobó reformas que, según los manifestantes, llevarán a la privatización de esos dos sectores.

El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, aseguró en rueda de prensa que tales reformas fueron retiradas "sin posibilidad de volverlas a aprobar".

Sin embargo, la protestas continuaron en diferentes zonas del país con manifestaciones y bloqueos de carreteras.

"No creemos en palabras, las palabras se las lleva el viento", dijo durante la caminata la presidenta del Colegio Médico Hondureño, Suyapa Figueroa.

En la capital, manifestantes bloquearon las salidas hacia el sur y el este del país, mientras la policía reportaba saqueos de negocios en algunos barrios como el Pedregal, en el sur de la ciudad.

Figueroa afirmó que los incendios en cuatro edificios ocurridos el lunes durante violentos enfrentamientos con piedras y bombas lacrimógenas entre manifestantes y policías fueron causados por "infiltrados" de los agentes del orden.

El Ministerio de Seguridad rechazó que agentes policiales hayan herido a un manifestante que fue atendido en un hospital por un balazo en el pecho.

En redes sociales circularon videos de un hombre sin uniforme disparando junto a agentes policiales, tras lo cual aparece el manifestante ensangrentado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó los incidentes.

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La imposible gobernabilidad de las derechas

Cuando comenzó el declive del ciclo progresista, aproximadamente cinco años atrás, planteamos que los eventuales gobiernos de la derecha que los sucedían serían inestables, asediados por una elevada conflictividad social, la profundización de la crisis sistémica y cambios en las relaciones entre las diversas clases sociales (https://bit.ly/2XCMzbB).

El fin del progresismo es mucho más que la desaparición de esos gobiernos y que no le sucederá un ciclo derechista o conservador sino un periodo de inestabilidad. Esto quiere decir que veremos cambios bruscos en el escenario político, virajes de la derecha extrema a la izquierda moderada, y viceversa, sin que ninguna de esas fuerzas consiga estabilizar la gobernabilidad.


Las razones son las mismas que provocaron el fin del ciclo anterior. Pero antes veamos brevemente la situación en los tres principales países de la región sudamericana.
En Brasil el gobierno de Jair Bolsonaro entró en crisis apenas unas semanas después de asumir. A una fuerte caída en su aprobación, se le suma el enfrentamiento con el sector militar, que conforma el núcleo de su gobierno, y las trabas que encuentra para hacer aprobar la reforma previsional, con un trasfondo de estancamiento de la economía. La forma principal que está asumiendo la crisis del gobierno es la puja abierta y pública entre los bolsonaristas y el vicepresidente Hamilton Mourao, que agudiza la inestabilidad.


Por abajo, los movimientos no han parado un solo momento. Entre enero y febrero, en pleno verano, el Movimento Passe Livre (MPL), que desencadenó las jornadas de junio de 2013, volvió a las calles con cinco grandes marchas en Sao Paulo. Estos días las organizaciones indígenas están acampando en la Explanada de los Ministerios en Brasilia, provocando una aguda respuesta represiva del gobierno que movilizó la Fuerza Nacional contra la Articulación de los Pueblos Indígenas.


En Colombia el gobierno uribista de Iván Duque debió enfrentar una oleada de movilizaciones indígenas, negras y campesinas desde el 10 de marzo, que bloquearon las principales carreteras del país, en particular la estratégica Panamericana que corre de norte a sur y es la vía de las exportaciones hacia Ecuador y el resto del continente. La organización correspondió a una amplia confluencia, realizada en febrero, con 380 delegados de 170 organizaciones, que cuestionaron el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno.


La Minga indígena y popular (trabajo comunitario) fue la primera gran movilización nacional posterior a la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, enseñó la acumulación de muchos malestares, en particular contra el modelo extractivo en curso. Hubo 25 mil personas en las carreteras, acampadas o movilizadas de forma permanente, lo que forzó al presidente a acudir al Cauca a negociar con los movimientos.


Argentina es el caso paradigmático de la imposible gobernabilidad derechista. La crisis desatada en abril de 2018, que llevó el dólar de 18 a 44 pesos, disparó la inflación a 50 por ciento anual y multiplicó la pobreza pero también la fuga de capitales, comenzó en diciembre de 2017 con las masivas protestas contra la reforma de las pensiones. Los de arriba comprendieron que Mauricio Macri no podía imponer su programa y comenzaron a especular frenéticamente.


En estos momentos el panorama es de una crisis de credibilidad del gobierno, una oleada de protestas con marchas diarias (en la que destaca el activismo del movimiento de mujeres) y la posibilidad de que Macri pierda las elecciones de octubre. En el medio, un impresentable acuerdo con el FMI que multiplica la deuda y hace que los próximos gobiernos, del signo que sean, tendrán enormes dificultades para sacar al país del atolladero.


En esta situación, veo tres aspectos que van a profundizar la crisis de gobernabilidad en los próximos años, generando mayor inestabilidad y planteando profundos desafíos a los movimientos antisistémicos.


La primera es la potencia del campo popular. Más allá de la opinión que se tenga de los gobiernos progresistas, es evidente que en las dos pasadas décadas hubo un fortalecimiento de los sectores populares, aunque sus organizaciones a menudo se han debilitado. Este es el núcleo del déficit de gobernabilidad.
La segunda radica en las consecuencias del agravamiento de la crisis global, que entra en una fase de caos sistémico. Con ello se reducen las chances de estabilidad económica y política.


La tercera es que ninguna fuerza tiene la capacidad para estabilizar la situación. Para hacerlo, la derecha debería derrotar al campo popular, lo que no está en condiciones de hacer. La izquierda puede gobernar si logra mover el modelo extractivo, romper con las agencias globales que lo sostienen y las élites locales que lo avalan. No tiene la voluntad de ánimo para iniciar un ciclo de luchas que debería ser tan potente, que no sólo barrería el extractivismo sino que podría expulsarla del escenario.


Brasil, Argentina y Colombia…

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Inventar la democracia directa, organizarse en contrapoderes

Presentamos una relación detallada de la segunda ‘Asamblea de Asambleas’ de Saint-Nazaire, pero también un análisis del movimiento de los gilets jaunes: composición social y política, y conjunto de reivindicaciones y formas organizativas.

El martes 16 de abril, el presidente Macron habría tenido que presentar las “reformas” políticas y sociales con las que, tras la muy cuestionada consulta nacional del Grand Débat, pretende dar respuesta a un movimiento que sigue avanzando. No obstante, el incendio de Notre-Dame ha dado a Macron la excusa perfecta para retrasar unos días el anuncio de dichas medidas, en un intento de sortear el atolladero político en que se encuentra en este momento, a través de una contundente llamada a la unidad nacional y al redescubrimiento de la identidad del pueblo francés. En realidad, la reconstrucción de Notre-Dame y los homenajes televisivos a los magnates que han donado grandes sumas de dinero en un clima de conmoción han sido también objeto de un encendido debate político, en un país en el que las cuestiones sociales y democráticas planteadas por los gilets jaunes (chalecos amarillos) han dejado de poderse ignorar.


Desde el viernes 5 y hasta el domingo 7 de abril, a casi cinco meses del inicio de la sublevación de los gilets jaunes, más de doscientas delegaciones provenientes de toda Francia, compuestas siguiendo el principio de la paridad de género y el mandato imperativo, se reunieron en la Maison du Peuple de Saint-Nazaire para tomar parte en la segunda Asamblea de Asambleas (de ahora en adelante, AdA), tras la celebrada en Commercy los pasados 26 y 27 de enero.


On a tous un rond-point en commun (Tenemos todos una rotonda en común)


La devaluación de la democracia directa reaparece persistentemente en el debate actual a través de una serie de clichés.


Por un lado, sus detractores nos dicen que la ‘democracia directa’ sería un mero suplemento de la máquina de la representación que entraría en juego como un potencial correctivo en fases de crisis. Aquí se incluyen las diversas declinaciones débiles del término ‘participación’. En el extremo opuesto se sitúan quienes utilizan el término en modo impropio o manipulador, asociándolo a la abusada y ambigua fórmula política del populismo. En este caso la ‘democracia directa’ asumiría las características del referéndum, para ser más tarde encerrada en la camisa de fuerza de la representación (más o menos) carismática por parte de un determinado líder.


Tanto en el caso de los detractores como en el de los usurpadores, la democracia directa se considera siempre la fase adolescente de un movimiento, antes de su llegada a la edad adulta, la de la “gran política”.


En el caso de los gilets jaunes, es decir, de una “revuelta histórica” en lucha contra un “poder histérico”, las cosas son bien distintas. A estas alturas resulta evidente que los gilets jaunes se niegan a transformarse en partido y, de hecho, han rechazado cualquier oferta electoral, prefiriendo la irrupción multitudinaria en los espacios urbanos, el bloqueo de la economía y la experimentación colectiva. El rechazo a la democracia representativa se realiza en nombre de la propia democracia. Entre Commercy y Saint-Nazaire, empieza ahora a delinearse una forma precisa de expresión política del movimiento, que continúa en desarrollo.


Democracia directa asume aquí un triple valor:


a) Antes que nada, se trata del nombre común alrededor del cual se han reunido un conjunto de grupos locales, asambleas ciudadanas, casas del pueblo, comités de barrio y asambleas de banlieu que constituyen el “cuerpo” de un movimiento policéntrico y muy distribuido a nivel territorial y en las redes sociales digitales. El punto de origen, junto con una petición online, es la ocupación de la “rotonda”, el primero de una serie de círculos concéntricos que configuran una organización de tipo horizontal, la cual se desarrolla siguiendo lógicas asociativas y la pragmática del encuentro.


b) En segundo lugar, “democracia directa” es un modus operandi que la AdA ha hecho proprio, autodefiniéndose, en la inauguración de los tres días de asambleas, como una “plataforma de inteligencia colectiva”, con el objetivo de favorecer que se compartan experiencias, que se cree un mutualismo de ideas y de prácticas y que se mejore la coordinación entre grupos. El método del consenso, los grupos de trabajo y la continua descomposición y recomposición de los “círculos” de debate han permitido sustituir, en el arte de la decisión colectiva, el principio de la mayoría por el de la aglomeración de las diferencias en puntos de convergencia.


c) Por último, la democracia directa es, en el contexto político actual de Francia y Europa, un terreno de lucha, podría decirse vertical, contra Macron y su mundo, contra el desastre social y ecológico del neoliberalismo en pleno Capitaloceno. Ese enfrentamiento vertical se define en términos de asimetría. Los “Actos” del sábado se mueven así al ritmo de la proliferación de instituciones autónomas del movimiento, lo que la AdA define como “contrapoderes populares y locales”.


Por tanto, no se trata simplemente de recuperar un viejo sentido perdido de democracia directa. La AdA quiere aventurarse en el sendero del descubrimiento y la invención. El llamamiento final dice: “Frente a la mascarada del Grand Débat, frente a un gobierno no representativo y al servicio de una minoría privilegiada, nosotras construimos las nuevas formas de la democracia directa”.


La Maison du Peuple de Saint-Nazaire


La Maison du Peuple (Casa del Pueblo) de Saint-Nazaire, un edificio abandonado perteneciente al Pôle Emploi, fue ocupada el 24 de noviembre de 2018, justo una semana después del inicio de la rebelión. Algunos la definen como el “centro nervioso” de un tejido conectivo mucho más amplio que comprende tanto la ciudad de Saint-Nazaire como la banlieu que la rodea.


En los inicios del movimiento, la Maison du Peuple se convirtió rápidamente en punto de encuentro de las rotondas y párkings ocupados por los gilets jaunes de la región. Cada tarde tiene lugar una asamblea plenaria y solo el sábado se organizan conciertos, al final de cada Acto. Con el tiempo, la Maison se ha transformado en un taller de autoproducción que aloja: una serigrafía, una red de encuentro entre comedores y agricultores de la región (algunos de los cuales producen dentro de la Zone À Défendre, más conocida como ZAD) y una plataforma de comunicación digital independiente.


El llamamiento de la AdA se ha acompañado con una invitación a construir Maisons du Peuple por toda Francia: “nuestras Maisons du Peuple son lugares de vida, de solidaridad, donde el calor del colectivo nos hace dejar de sentirnos solos, donde aprendemos a escucharnos y a aceptar nuestras diferencias, y de la que no podríamos prescindir. Y no importa si estos espacios están bajo amenaza de desalojo, si éste llegara a consumarse encontraríamos otros lugares. La Maison du Peuple no es solo un edificio: se mueve al compás de nuestros propios movimientos.


En 1789 el pueblo insurrecto se reunía en los clubs y en los cafés, a principios del siglo XX, los obreros reforzaban su solidaridad en las Bourses du Travail, en 1936 y en 1968, las fábricas en huelga se convirtieron en el corazón de la lucha. Nuestras Maisons du Peuple se inscriben directamente en esa continuidad”.


Para alojar la AdA, los gilets jaunes de Saint-Nazaire realizaron inicialmente una petición al Ayuntamiento para obtener la cesión temporal de edificios públicos. Frente al rechazo del consistorio, reestructuraron por completo el espacio de la Maison du Peuple, echando abajo muros e instalando una carpa de circo en el terreno limítrofe.


La Maison du Peuple ha propuesto un método inspirado en cuatro principios:


a) Confiar en la inteligencia colectiva.


b) Recordar que ningún individuo tiene la solución perfecta, pero que en colectivo podemos encontrar una parte de la solución.
c) Aceptar que tenemos derecho a equivocarnos.


d) Saber que es necesario llegar a puntos de convergencia sin necesidad de ocultar las divergencias.


Los promotores han invitado a quince personas “facilitadoras”, cuya tarea ha sido moderar los debates y asegurar un clima “benévolo” en las asambleas plenarias. Una tarea necesaria, considerando la heterogeneidad de los puntos de vista y la diversidad de los modos de practicar la “toma de la palabra”; por no hablar de la diversidad de culturas políticas presentes. Tras una reflexión sobre la naturaleza y el funcionamiento de la próxima AdA, se ha llegado a un acuerdo general para que ésta se reúna una vez cada mes y medio, de forma que continúe y se consolide la relación de fuerzas en todo el país. La próxima AdA se celebrará antes del verano, y la siguiente, en septiembre.


Geografía social de la AdA


Dentro de la sala donde se desarrollan las asambleas plenarias hay colgado un mapa de Francia, en el que cada comité ha colocado un símbolo distintivo. El número de delegaciones ha crecido respecto a la AdA de Commercy (de 70 a 230), así como su diversidad social y territorial. En relación a su proveniencia, cada delegación ha compartido sus modos de encuentro y organización. En las zonas rurales predominan las “rotondas”, mientras en las ciudades y las zonas periurbanas, lo hacen los comités de barrio y las asambleas de banlieu. También han participado delegaciones de zonas rurales agrícolas o turísticas (principalmente del Sureste de Francia, pero también de regiones del Centro), de zonas rurales obreras (Este y Norte), de zonas periurbanas (alrededor de grandes ciudades como París o Burdeos y de las regiones occidentales del país), de ciudades medianas como Estrasburgo, Montpellier, Grenoble o Nantes, de grandes ciudades como Burdeos, Toulouse o Lyon y también de la metrópoli parisina (región de la Île de France).


La AdA de Saint-Nazaire ha mostrado que la distribución territorial de los gilets jaunes es mucho más rica y articulada de lo que quieren hacernos creer algunas lecturas mainstream fundadas en las maniqueas dicotomías del urbano-rural, de la ciudad-campo o del centro-periferia.


Lejos de ser social o geográficamente “periféricos”, resulta ahora evidente que los gilets jaunes se sitúan en el centro de la lucha por la apropiación del excedente social (“partage des richesses”, “reparto de la riqueza”), de la lucha por la revalorización del trabajo (“nous voulons vivre des nos métiers”, “queremos vivir de nuestros oficios”), de la lucha por construir resistencias a la privatización de lo existente y por la desposesión del bien común (“Fin du monde, fin du mois, mêmes responsables, même combat!”, “¡Fin del mundo, fin de mes, mismos responsables, misma batalla!”). Se demuestra así que la lucha de los gilets jaunes es inseparable de la reescritura de las actuales geografías del poder político y económico (“Réapprenons à vivre ensemble où nous habitons”, “Reaprendamos a vivir allí donde habitamos”).


No es casualidad que el movimiento, durante los últimos meses, haya debatido cada vez más sobre la temática de la vivienda, acompañándola con la práctica de la apropiación del espacio urbano. Precisamente porque los habitantes de las grandes y medianas ciudades, junto con quienes viven en pueblos pequeños mal comunicados y sin servicios públicos, se ven cada vez más empujados a establecerse en las áreas periurbanas como consecuencia de la gentrificación y de la especulación inmobiliaria, los gilets jaunes han orientado sus acciones hacia los barrios ricos de las principales ciudades francesas, obstaculizando los circuitos del consumo y del turismo.


Ahora, junto con los Actos del sábado, empieza a prefigurarse una perspectiva constituyente definida como municipalista (o comunalista), propuesta inicialmente por los gilets jaunes de Commercy, y compartida en Saint-Nazaire por un gran número de grupos. Con esta expresión se critica la organización centralista que caracteriza al Estado francés, y se exige en primer lugar un poder de decisión sobre la gestión y la organización de los servicios públicos locales y sobre las políticas urbanas y territoriales. La propuesta de Commercy destaca, además, la necesidad de construir asambleas populares permanentes y, allí donde la relación de fuerzas lo consienta, presentar listas electorales locales e independientes vinculadas al mandato imperativo. Sobre este último aspecto, el debate está aún totalmente abierto, y en el llamamiento final se ha invitado únicamente a la creación de asambleas populares locales.


“Gilets jaunes, quel est votre métier?”


Los tres días de asambleas se han desarrollado en un clima de gran entusiasmo y determinación colectiva. Y esto a pesar de que las cifras de la represión gubernamental (cuyos responsables se presentan ahora como candidatos a representar “la Europa que protege”) hayan alcanzado una dimensión inédita en el contexto de la historia francesa reciente. Pero el miedo o el victimismo no forman parte de las tonalidades emotivas de los gilets jaunes. Entre una plenaria y otra, han resonado cantos y gritos de batalla, tan alentadores como irónicos: “Gilets Jaunes, quel est le votre métier? Ahou! Ahou! Ahou!”. Este grito, que en Italia se hizo popular entre 2008 y 2010, durante la Ola [último gran movimiento estudiantil italiano, nacido bajo el cuarto gobierno de Silvio Berlusconi, N. del T.], es proferido en esta ocasión por un grupo cuya composición social es mucho más amplia e irregular: jubilados, obreros,profesores, trabajadores de plataformas digitales, parados, trabajadores del sector asociativo, funcionarios públicos, estudiantes, militantes de barrios obreros, pequeños agricultores y pequeños comerciantes.


Más que limitarnos a realizar la enésima descripción o a una clasificación de las categorías “socio-profesionales” que componen el movimiento (lo que a menudo se asocia a un abstracto “interclasismo” de los gilets jaunes), hemos preferido centrarnos en la subjetivación política, podría decirse de clase, que se ha producido en estos cinco meses de lucha. Desde ese punto de vista, se pueden extraer dos elementos claros del encuentro de Saint-Nazaire.


El primero es que los gilets jaunes entrelazan la revalorización del trabajo concreto y la revalorización de la vida en su conjunto. Así, no pierden de vista la lucha por un salario digno, pero al mismo tiempo presentan una serie de reivindicaciones que van más allá de la relación salarial: servicios públicos, pensiones, ayudas a la discapacidad, vivienda, ayudas al desempleo y a las personas sin hogar. La lucha de los gilets jaunes no se limita a denunciar el desmantelamiento del Estado social, sino que se interroga, aún solo de forma embrionaria, sobre la reinvención y la socialización de los elementos de aquél. Al mismo tiempo, el movimiento enfoca la cuestión fiscal en términos de “fin de privilegios”. “Ir a por el dinero allí donde se encuentra” significa, junto con el rechazo a los impuestos indirectos (como el llamado “impuesto sobre el carbono”), elaborar un conjunto de medidas dirigidas a buscar la igualdad fiscal siguiendo el principio de “les gros payent GROS et les petits payent PETIT” (“Que los grandes paguen MUCHO y los pequeños paguen POCO”).


También se ha debatido sobre la reintroducción del ISF (impuesto a las grandes fortunas), sobre la recuperación del fondo económico de 40.000 millones del CICE (crédito fiscal para el empleo), la tributación de las grandes empresas de Internet y de aquellas que más contaminan, la intervención contra los grandes evasores fiscales, etc. La insistencia sobre la vida y el trabajo, y la lucha por el fin de los privilegios (más que contra una genérica “casta”) dividen la abstracta homogeneidad del pueblo, demostrando que éste está compuesto por intereses fraccionados y divergentes.


El segundo elemento es que la transformación social, en el sentido de egalité, es inseparable de la transformación política. La crítica, por parte de los gilets jaunes, de la forma de gobierno de la Quinta República parte de la conciencia que el agotamiento de su constitución material es proporcional al giro autoritario de algunos de sus órganos y aparatos administrativos. En Saint-Nazaire, los gilets jaunes pretenden “funcionar”, en el plano social, como una multiplicidad de grupos que se opongan a la reorganización autoritaria de la máquina estatal (véase la ley “anti-casseurs” aprobada por el Parlamento francés). Al ponerse de manifiesto que existe una condición común de pobreza productiva, el movimiento ha empezado a dirigirse hacia una lucha por la existencia social, adquiriendo así un nuevo carácter de fuerza de choque que ataca los cimientos de la legitimidad del poder soberano.

Las reivindicaciones de los gilets jaunes se sintetizan con la siguiente fórmula: “justicia social, justicia fiscal, justicia ecológica y más democracia”. Los cuatro niveles resultan indisociables, a pesar de que los medios de comunicación sigan pidiendo continuamente al movimiento que “ponga prioridades en sus reivindicaciones”. Tal cosa no sucederá, porque no se encuentran en el marco de una negociación de tipo sectorial. El mismo Macron, por otro lado, ha hecho de la liquidación de los cuerpos intermedios una de las características de su proyecto de gobierno. Pero si los gilets jaunes no estructuran en orden jerárquico sus reivindicaciones es sobre todo porque éstas se están dirigiendo cada vez más hacia una crítica radical del sistema político y económico, haciendo de la misma “ecología” campo de una dura contienda.


La multiplicación de las luchas actuales nos invita a buscar una unidad de acción


Las propuestas presentadas por los comités locales han tenido como objetivo organizar el movimiento y consolidar sus estrategias, tanto a corto como a largo plazo. Durante el cierre de los tres días de asambleas, se han redactado, aprobado y publicado distintos llamamientos en formato texto y audiovisual.


En el marco de un llamamiento a movilizarse el 1 de mayo y a una “semana amarilla de acción”, así como a converger con el movimiento climático y las luchas por la vivienda, la perspectiva de un “movimiento social, ecologista y popular” parece reunir las distintas peticiones de justicia desde la perspectiva de una unidad de acción.


En el llamamiento dedicado a la “convergencia ecológica” se afirma que lo que está destruyendo la vida sobre la Tierra, incluida la vida humana, es la lógica de explotación infinita del capitalismo. La limitación de los recursos empuja al movimiento a preguntarse sobre la distribución de aquellos, así como sobre el control de la producción. La AdA afirma que el conocido como “impuesto sobre el carbono” es el ejemplo perfecto de un falso ecologismo punitivo que castiga a aquellos que no son responsables, o que lo son, como mucho, en una ínfima parte. Así, los gilets jaunes invitan a todas las personas que quieran acabar con el acaparamiento de lo viviente a actuar contra el sistema actual.


Se ha debatido sobre las elecciones europeas como una ocasión para denunciar el carácter antidemocrático de las instituciones de la UE y como un terreno de movilización a escala europea. Considerando el periodo electoral como un “Acto de reconquista democrática”, los gilets jaunes rechazan cualquier indicación sobre el voto, para generar una presencia en las calles durante todo el periodo electoral (se ha previsto una manifestación en Bruselas para finales de mayo o principios de junio).


Además, se ha dedicado un llamamiento a la anulación de las penas para los miles de personas encarceladas y condenadas en estos meses de vida del movimiento de los gilets jaunes, así como de otras luchas dedicas a la defensa del bien común, luchas de barrio, ecologistas o que intentan construir una democracia directa. Se insiste así en la construcción de una campaña en defensa de las libertades públicas y de los derechos fundamentales, configurándose una plataforma estatal para censar los casos de represión judicial, y apoyar su defensa en los tribunales.


A largo plazo, como ya se ha dicho, la perspectiva municipalista (o comunalista) fue propuesta por los gilets jaunes de Commercy. También ésta se ha presentado en forma de llamamiento compartido por la AdA: “Desde aquí invitamos a crear en cada comuna [unidad mínima territorial de tamaño muy variable en que se configura oficialmente el territorio francés, N. del T.], o donde sea posible, una o más asambleas ciudadanas y populares. Porque ese poder nos ha sido confiscado, como podemos constatar en diferentes ámbitos: ecologismo, privatizaciones, democracia, etc.”


El conjunto de propuestas, de instrumentos de trabajo y de llamamientos compartidos por la AdA deberá ser ahora debatido de nuevo por cada comité o asamblea local presente en Saint-Nazaire. La mención de la necesidad de «salir del capitalismo», incluida en el llamamiento final, ha provocado un encendido debate. Algunas personas han expresado su perplejidad, porque consideran que la salida del capitalismo no es una reivindicación que defender ante una contraparte, sino un objetivo de fondo que se conquista con la fuerza material de la lucha. Otras personas, aun declarándose explícitamente anticapitalistas, han señalado la exigencia de preservar la heterogeneidad del movimiento, expresando en su llamamiento solo las reivindicaciones más ampliamente consensuadas. Por último, otros grupos han afirmado que la salida del capitalismo es una consecuencia lógica de las reivindicaciones de los gilets jaunes. La propuesta ha sido aprobada y ahora deberá someterse a discusión en los comités locales, como todo lo demás.


Resulta también necesario subrayar que la “gruposidad” de los gilets jaunes va mucho más allá del conjunto de comités que se han reunido en Saint-Nazaire. La AdA se configura, por tanto, como una hipótesis de trabajo y como la expresión de una tendencia dentro del movimiento de los gilets jaunes, sin pretender representar toda su complejidad.


Esa complejidad se manifiesta en múltiples prácticas de lucha y formas de existencia política: en los “Actos” del sábado, en el uso político de las redes sociales, en la plataforma digital alternativa llamada Vrai Débat, en las asambleas ciudadanas, en los piquetes en peajes, en almacenes de la logística, sedes de Amazon y centros comerciales; en los encuentros públicos en la Bourse de Travail de París y en los Ayuntamientos de las pequeñas ciudades, en los puntos fijos de información en los barrios y en los mercados callejeros; y en la construcción de pequeños campamentos en rotondas y en plazas de las ciudades.

Por Marta Camell i Galí  / Francesco Brancaccio
Traducido por Pedro Castrillo
2019-04-22 14:48:00

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Se refirió además a los desafíos en temas como la justicia de transición, la sustitución de cultivos ilegales y la reincorporación de los excombatientes. Foto: Prensa Latina

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz, afirmó que es fundamental aplicar el Acuerdo de Paz de manera integral y superar las actuales divisiones.

Al intervenir en una sesión del Consejo de Seguridad, expresó que existe un debate divisorio en cuanto a ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, a raíz de objeciones presentadas por el presidente colombiano, Iván Duque.


Después de que la Cámara de Representantes votara en contra de esas objecciones, queda pendiente el debate en el Senado, recordó Ruiz, y todo esto demora más el proceso. Mientras tanto, agregó, la Jurisdicción Especial para la Paz sigue realizando su trabajo.


Asimismo, se refirió a los desafíos en temas como la justicia de transición, la sustitución de cultivos ilegales y la reincorporación de los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).


En los 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación hay mucha preocupación sobre lo que sucederá en el futuro cuando venza en agosto próximo el actual estatuto jurídico que los ampara.


Por ello, el jefe de la misión de la ONU en Colombia llamó a garantizar la seguridad de los exguerrilleros y enfatizó en la importancia de contar en esos espacios con una presencia coordinada e integrada de las autoridades estatales.


Ruiz sugirió el Gobierno de Bogotá acelerar la aprobación de más proyectos productivos para apoyar a los excombatientes, ofrecer mayor financiamiento a esas iniciativas y tener en cuenta el enfoque de género.


Además, recalcó, es fundamental unir a los colombianos y superar las divisiones.


La directora ejecutiva de Corporación de Investigación y Acción Social y Económica en Colombia, Rosa Emilia Salamanca, consideró que este es un momento de dificultad en la implementación del Acuerdo de Paz y no debe olvidarse que es necesario poner a las víctimas en el centro.


Esa representante de la sociedad civil enfatizó en la importancia de asegurar la reincorporación de los excombatientes e invertir en tales iniciativas pues ese es un asunto de seguridad, de prevención de nuevos conflictos y de avance en la reconciliación.


Nos encontramos ante una oportunidad de cambio para que terminen los ciclos de violencia, pero urge acelerar la toma de decisiones y acabar con la incertidumbre sobre el futuro de los espacios territoriales, recalcó.


Del mismo modo, añadió, hay que ofrecer certezas para quienes se acogen a la Justicia Especial de Paz, y garantizar un enfoque de género.


Queremos participar en la toma de decisiones sin sentirnos en peligro por tener determinadas creencias o pensamientos, queremos que los niños puedan jugar sin temor y tener un futuro sin peligro para la vida, expresó.


La Jurisdicción Especial para la Paz, uno de los puntos en el centro del debate en Colombia analiza los casos de violencia durante el conflicto y es considerada una instancia vital.


Tras la firma del Acuerdo de Paz en Colombia en noviembre de 2016, después de unos cuatro años de diálogos en la capital cubana, el Consejo de Seguridad dio luz verde a una misión para verificar el cese al fuego.


Al concluir esta, se aprobó una segunda misión con el fin de dar seguimiento al proceso para la reincorporación de las FARC-EP a la sociedad y la implementación de medidas de protección y seguridad.

12 abril 2019
(Con información de Prensa Latina)

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Instalación de Chevron Texaco en Ecuador. Edu León

Las políticas neoliberales, con sus privatizaciones y tratados de libre comercio, provocan enormes desastres humanos y ambientales. Los grandes procesos de privatización en todos los sectores de la economía han dado a las multinacionales un poder ilimitado. Si bien en estos momentos los movimientos sociales globales no suponen una amenaza real para las grandes empresas, cuentan con una ventaja: no paran.


Cuando los noticieros televisivos muestran imágenes de pueblos africanos padeciendo severas hambrunas, desde la comodidad material del primer mundo se tiende a creer que el hambre es un problema provocado únicamente por fenómenos como las sequías o la incapacidad de determinadas regiones de producir alimentos. Si bien es cierto que en África, como en otras partes del planeta, ha habido hambrunas, grandes sequías y otras situaciones complicadas, estas se han dado en momentos concretos de la historia. Tal como se desprende al leer Crímenes de hambre (Alrevés, 2018), la última novela negra de denuncia social del escritor y antropólogo Miguel Pajares, los principales causantes del hambre en África y en otras regiones del planeta no son los desastres naturales sino las políticas de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial.


Antes de la irrupción de estas instituciones, allá por la década de 1970, en países como Somalia o Níger no se pasaba hambre de manera continua. Según sostiene Pajares, que es también presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR), “en África, como en otros lugares del mundo, cuando se sale de la colonización, se sale con deuda. Los nuevos gobiernos de la descolonización, de la liberación, tienen que asumir la deuda de los gobiernos anteriores. Y resulta además que la generosidad del FMI y el Banco Mundial es muy amplia, de manera que permiten que los gobiernos aumentan la deuda. Inicialmente, esto no tendría que suponer un grave problema. Pero la deuda es aprovechada para imponer las políticas neoliberales del FMI y el Banco Mundial”.


¿Cuáles son estas políticas? “Por un lado, consiguen que la deuda sea impagable. De ello se asegura la Reserva Federal de EEUU, que sube los tipos de interés por encima del 20%. Con semejante subida, las deudas son impagables. Porque los gobiernos, a pesar de ir pagando, solo pagan intereses. Y continuamente necesitan más dinero para seguir amortizando la deuda, de manera que se van endeudando cada vez más”, aclara Pajares.


Cuando llegan los plazos de amortización, el FMI y el Banco Mundial se ofrecen a prestar más dinero, pero con una serie de condiciones. Y es ahí donde imponen una políticas que, tal como afirma Pajares, “básicamente vienen a decir que las empresas tienen que poder expandirse por el mundo, que tienen que poder ganar dinero; que eso es bueno para todos porque así se desarrolla la economía; que las empresas no han de tener trabas para entrar en los países, no ha de haber aranceles y los impuestos tienen que ser los más bajos posibles. Desde la filosofía neoliberal se supone que, si las empresas funcionan bien, se invierte, se crea empleo y todos salen beneficiados”

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Tratados de libre comercio


Desde Justícia i Pau, una organización cristiana que desde Catalunya lucha por la defensa de los derechos humanos de las personas y los pueblos, se afirma que se ha puesto la economía en el centro de toda importancia y los beneficios económicos dentro del ámbito del comercio no regularizado se han convertido en lo más perseguido por las empresas transnacionales. Quienes son capaces de reducir costos lo hacen porque, sencillamente, dejan de pagar los costos reales de sus acciones.


Según Núria Carulla, responsable de la Comisión Norte Sur, integrada en el eje de desarrollo humano integral de Justícia i Pau, “las empresas transnacionales están protegidas por los tratados de libre comercio e inversión, que se consideran un elemento esencial para el desarrollo y la obtención de recursos necesarios para la vida actual y para el desarrollo de la tecnología tanto necesaria”.


Lejos de cumplir una función social, cosa que tratan de hacer entender a través de sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa, lo que buscan la mayoría de empresas es reducir al mínimo los costes que generan sus actividades extractivas, industriales y energéticas. Como es sabido, esta reducción se consigue a base de desplazar las industrias hacia países con legislaciones laborales más débiles donde se puede explotar sin restricciones una mano de obra sin derecho ni a seguridad social, ni a medidas higiénicas y de seguridad laboral.
Tener productos abundantes y baratos significa que alguien, en algún otro lugar del planeta, lo está pagando muy caro. Tal como asegura Carulla, “las empresa también reducen costos en la protección del medio ambiente, se contaminan, tierras, agua y aire sin asumir los costes de reparación ni siquiera el coste de vidas humanas que ha provocado algún accidente por no invertir en medidas de seguridad”. Como ejemplo, recordemos el caso de la fábrica de productos químicos en Bhopal, India, donde una fuga de gas provocó la muerte de 25.000 personas que vivían en el entorno de las instalaciones.


El ejemplo de Níger


A partir de las peripecias del teniente Samuel Montcada, que trata de esclarecer las causas del asesinato en Barcelona de una activista reconocida internacionalmente, en Crímenes de hambre van asomando situaciones que permiten apreciar el verdadero alcance de las políticas neoliberales a escala mundial. Vemos, por ejemplo, el caso de Níger, un país que tenía la Oficina Nacional Veterinaria, una institución del Estado que, en situaciones de dificultad, repartía vitaminas y antiparasitarios a los pastores y los ganaderos.


Este país disponía también de una reserva de cereales para ser repartidos en casos de sequía o dificultades, y permitir a los agricultores hacer la siembra del año siguiente. Según Pajares, que se documenta a fondo para escribir sus novelas, “el gobierno fue obligado por el FMI y el Banco Mundial a desmantelar todo eso, ya que se supone que ese tipo de iniciativas o mecanismos van contra el libre mercado. En este contexto, en que no hay ningún tipo de restricción, quienes pueden penetrar mejor en el libre mercado son precisamente las grandes multinacionales, que se hacen con todo. Y a partir de ahí, sucede que los agricultores se arruinan, los pastores pierden sus ganados y no pueden comprar antiparasitarios y vitaminas a los precios de mercado”.


Luego viene el acaparamiento de tierras por parte de las multinacionales. Tal como remarca Pajares, “en los países africanos no hay títulos de propiedad sino que se rigen por un sistema consuetudinario en que los agricultores y los pastores tienen el uso de la tierra de generación en generación. Y lo que ha pasado es que los gobiernos han dicho que la tierra es suya y han empezado a venderla a las multinacionales, cosa que ha acarreado la expulsión de los agricultores de esos terrenos. Todo esto es lo que ha provocado el hambre. La mayor parte de las personas que pasan hambre en África habían sido agricultores que hasta antes de que se impusieran las condiciones del FMI y el Banco Mundial tenían más o menos resueltos los medios de subsistencia”, sentencia Pajares.


Las tierras, cedidas sin costo o compradas a bajo precio, sirven a las multinacionales para instalar explotaciones agrícolas intensivas o extractivas de minerales o combustibles fósiles. Movidos por el afán deobtener divisas, los gobiernos dan facilidad para la explotación de recursos naturales, pero no tienen en cuenta el derecho de las poblaciones que habitan ni el respeto al ecosistema. 

Privatización imparable


Durante las últimas décadas hemos asistido a grandes procesos de privatización en todos los sectores de la economía. Como consecuencia de ello, las multinacionales han acumulado poder hasta el punto de convertirse en el principal sujeto para vehicular las relaciones entre los países del norte y los del sur.


“Con el tema de las privatizaciones —sostiene Núria Carulla— se ha repetido como un mantra aquello de que las empresas públicas no funcionan porque son un nido de corrupción, porque los funcionarios son poco trabajadores o porque no cuentan con técnicos potentes. Bajo estos pretextos han querido hacer calar en la sociedad la idea de que las empresas privadas resultan más eficientes y salen más baratas a los estados”. Pero a esta incansable activista no les salen las cuentas ya que “la empresa pública, por muy mal que vaya, no deriva ni busca beneficios, mientras que la privada, sí. Por tanto, si las empresas privadas hacen las cosas más baratas, es sencillamente porque las hacen más mal. Y si las hacen bien, resulta que son más caras”.


En el ámbito de lo que se ha dado en llamar el Tercer Mundo, la cosa es mucho más grave. Según afirma Carulla, “las multinacionales y los grandes poderes actúan movidos por la idea de que los territorios son libres y que ellos pueden hacer lo que quieren porque los autóctonos son ignorantes e incapaces de oponer resistencia”.


Desastres medioambientales


El 25 de enero de 2019 quebró el dique de contención de una presa de residuos mineros de la compañía Vale, en Minas de Gerais, en el sudeste de Brasil. La tragedia se saldó con cerca de 200 muertos y más de 150 desaparecidos. Dos millones de toneladas de residuos contaminaron 305 quilómetros del río Paraopeba, dejando inservible sus aguas para todos los pueblos a los que abastecía.

Vale era una empresa pública brasileña que a partir de la primera década de 2000 comenzó a ser privatizada. Actualmente es la mayor empresa mundial en exportación de hierro. A pesar de la presión que puede ejercer la Agencia Nacional de Minería de Brasil, Vale, que tal como informaba hace algunas semanas Europa Press, ha instado a las compañías mineras a adoptar una serie de medidas de precaución y congelado más de 800 millones de reales (unos 191 millones de euros) de Vale para compensar a las víctimas, en general las multinacionales no están obligadas a rendir cuentas ante nadie, cosa que no pasaría si habláramos de empresas pública.


Según Núria Carulla, que ha realizado varias estancias en las comunidades indígenas de países latinoamericanos para visitar proyectos de cooperación y colaborar con organizaciones locales, “el problema de reclamar a las grandes empresas los males ambientales, el acaparamiento de tierra o las vulneraciones de derechos humanos que causan, es que se ha de pasar por un juicio de acuerdo con las leyes del país donde suceden los hechos. Lo que pasa es que muchas empresas multinacionales se rigen por las leyes en países donde tienen el capital. Entonces se amparan en que no pueden ofrecer compensaciones económicas porque en aquellos países no tienen capital”. Sus capitales se encuentran básicamente en paraísos fiscales.


Muchos recuerdan el caso de Chevron (antigua Texaco), la empresa petrolera norteamericana que contaminó miles de kilómetros en la amazonía ecuatoriana y provocó la desaparición de dos pueblos. Según ha informado recientemente el Observatorio Petrolero Sur, “la Corte de Justicia de Canadá negó la posibilidad a las comunidades ecuatorianas afectadas por Chevron-Texaco que buscaban continuar con el proceso judicial en el país”. Tras esta decisión, Chevron extiende su impunidad, mientras que la contaminación y las afectaciones de la amazonía ecuatoriana se agravan con el tiempo.

Carulla opina que las comunidades afectadas por Chevron se han organizado de un modo encomiable. “Hace más de veinte años que están de juicios y en todas partes, salvo en Canadá recientemente, les habían dado la razón; pero la compañía aún no ha pagado las indemnizaciones. Y luego hay otro problema: a pesar de que el Tribunal Supremo de Ecuador ha dado la razón a las comunidades, hay una figura curiosa que son los tribunales de arbitraje, un invento de las grandes empresas para que haya un tribunal que valore los litigios entre gobiernos y empresas. Son unos tribunales privados con muy pocos jueces que, con la legislación en la mano, siempre dan la razón al inversor o empresa ya que no existe una legislación internacional que compense. La cuestión de la privatización lleva todos estos males”. Y por otro lado, Carulla aclara que debemos tener presente que “la privatización, si se ha de realizar, debe ser en siempre el caso de subsidiariedad, es decir, cuando un ente público no puede llevar a cabo un trabajo determinado por una razón apremiante. Pero privatizar de manera sistemática y porque sí, no aporta ningún bien en principio”.


Plantando cara a las multinacionales


Puede que en estos momentos los movimientos sociales no sean una amenaza real para las grandes empresas. Pero cuentan con una ventaja: no paran. Cada vez son más quienes claman por el empoderamiento de los sectores más desfavorecidos y forman un frente común, desde campañas globales, a las multinacionales y al agronegocio, al capitalismo internacional y al libre comercio.


Nada menos que 200 millones de campesinos y campesinas de 81 países y agrupados en 182 organizaciones forman parte de La Vía Campesina, un movimiento internacional nacido en 1993 en Mons (Bélgica) con el afán de defender la soberanía alimentaria, los derechos campesinos, la promoción de agroecología, la defensa de las semillas locales y la descentralización del poder. “Globalicemos la luchas, globalicemos la esperanza”, es el lema de una organización “construida sobre un fuerte sentido de unidad, la solidaridad entre estos grupos, que defiende la agricultura campesina por la soberanía alimentaria como una forma de promover la justicia social y dignidad”.


Dos décadas después, en 2012 se inició otra campaña global, Dismantel Corporate Power, que pretende acabar con el poder y la impunidad de las empresas transnacionales. Según se afirma en el manifiesto del movimiento, “el 99% de los y las habitantes del planeta nos vemos afectados por la creciente concentración del poder en manos del 1 por ciento más rico. Este poder queda manifiestamente ilustrado con las 737 grandes transnacionales, muy conectadas entre sí, que controlan el 80 por ciento del capital de las mayores empresas del mundo. La mitad de ese capital está concentrado en las manos de apenas 147 empresas, la mayoría de las cuales son corporaciones financieras”. A esta campaña, que es una valiente respuesta por parte de las comunidades afectadas, se han adherido hasta ahora más de 200 organizaciones que luchan para parar los pies a estas grandes empresas. ¿Consiguen atemorizar a las grandes corporaciones estos movimientos? En opinión de Carulla, “por sí solos no representan ninguna amenaza preocupante para estas compañías”.


Fijémonos en Pablo Fajardo, el abogado de las comunidades afectadas en el caso Chevron. Además de afrontar constantemente el riesgo de ser asesinado, Fajardo tiene que luchar contra los 2.000 abogados contratados por Chevron, mientras que él solo cuenta con el apoyo de unos diez letrados, los cuales, por otra parte, no pueden ofrecerles ayuda a tiempo completo puesto que tienen que trabajar para poder mantenerse. Según manifiesta Carulla, “la amenaza para las compañías es que, gracias a las redes internacionales, todos nos enteramos de lo que pasa, por lo que podemos llevar a cabo acciones como hacer preguntas a un parlamento determinado, escribir cartas a las empresas, hacer un boicot a una marca y cosas por el estilo Y, si hay la posibilidad, también podemos dar apoyo económico y técnico a todos estos movimientos”.


Ante el poder de las empresas transnacionales, las comunidades de campesinos e indígenas de todo el mundo se pueden ver como la lucha de David contra Goliat, una lucha totalmente desproporcionada en la que el campesinado y los pueblos indígenas cuentan con pocas posibilidades de ganar. Sin embargo, la conciencia de la defensa de los derechos y la dignidad ha crecido mucho en los últimos años. Tal como recuerda Carulla, “cada vez más, las acciones para defender el territorio, el agua, y la naturaleza de la que depende la propia vida, así como sus derechos económicos, sociales y culturales se coordinan con otras organizaciones y redes que apoyan a las luchas locales”.


Decía Noam Chomsky que los pueblos indígenas están salvando el planeta de un desastre ambiental. Sin embargo, la defensa de los derechos humanos es, en opinión de Carulla, una tarea global en la que toda la ciudadanía consciente se debería implicar. “El cambio climático tiene causas muy diversas pero el medio ambiente es frágil y la contaminación de la tierra, agua, mares y aire no tiene fronteras, por lo que termina afectando a todo el planeta además de causar dolor y pérdida de calidad de vida a las poblaciones directamente afectadas. Hay muchas maneras de apoyar la lucha de las comunidades que están en primera línea, hay oenegés aquí que trabajan con estas comunidades y que con esta ayuda, difusión y denuncia pueden continuar este enfrentamiento tan desigual”.


Precariedad y pobreza


Hacia el final de Crímenes de hambre, Mario, el entrañable y pedagógico economista que acompaña al teniente Montcada, plantea una inquietante reflexión acerca de la pobreza y la precariedad. Viene a decir que en países como España, cada vez hay más gente que vive en situación de pobreza a pesar de tener un empleo. Sin embargo, a pesar de la precariedad creciente en que vivimos, no nos gusta pensar en la idea de que somos pobres o que corremos el riesgo de serlo en algún momento.
En la UE tenemos el paradigmático caso de Grecia, un país en cierto modo equiparable a España. Dada la situación que se vivía en sus fronteras con la llegada masiva de migrantes, al gobierno griego le concedieron unos préstamos muy importantes para “armarse” frente al problema migratorio. Con la llegada de la crisis, el país heleno no pudo pagar la deuda. ¿Y qué hizo la UE? Según afirma Carulla, “Europa dejó a Grecia en una situación bastante comprometida. Si bien hubo una especie de condonación de la deuda, esta se llevó a cabo con unas condiciones neoliberales brutales. Una de esas condiciones fue la de reducir las pensiones a la mitad. Una simple orden de la UE ha llevado a todo un país a una situación desesperada. De manera que el riesgo es real”.


Si bien Carulla considera que no se trata de meter miedo en el cuerpo, sí cree, en cambio, que la ciudadanía debe ser consciente de ciertas cosas y movilizarse: “Democráticamente, los ciudadanos únicamente decidimos quiénes queremos que sean nuestros gobernantes, aunque bien es cierto que muchas veces los resultados electorales no nos satisfacen. Pero aceptamos las reglas del juego democrático. Ahora bien, lo que no es tan aceptable es que el único poder de la ciudadanía resida en votar una vez cada cuatro años. El ciudadano ha de ser más activo en el tejido democrático. Por ejemplo, tenemos la cuestión de las pensiones: los pensionistas del país vasco se están manifestando constantemente y la sociedad responde llamándolos yayoflautas con cierto sentido despectivo. Ante cualquier situación contraria al statu quo y a la tranquilidad, la sociedad responde con una especie de desprecio hacia quienes de algún se muestran insistente reivindicando sus derechos. A los ecologistas, por ejemplo, hasta que no se ha demostrado que lo del cambio climático es completamente real, les han dicho de todo. Quienes se mueven y protestan son quienes hacen que una democracia sea más activa”, sentencia.

2019-04-10 06:36:00

 

Publicado enSociedad
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