Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en la Asamblea Nacional, este martes.MANAURE QUINTERO / Reuters

La divisa estadounidense podrá ser depositada en la banca nacional

 

Venezuela ha dado un paso más en la dolarización del país este martes. El presidente, Nicolás Maduro, ha anunciado la intención de “avanzar 100% hacia un sistema de pagos digital en el país”, en el cual siga aumentando la creciente influencia del dólar sobre la maltrecha economía venezolana. La divisa estadounidense podrá ser depositada en la banca nacional. “Ya estamos por autorizar, bajo la supervisión de la Superindentencia de Depósitos Bancarios, la apertura de cuentas en dólares a todos los niveles”, afirmó.

El mandatario venezolano hizo estos anuncios con motivo de su visita a la Asamblea Nacional, recién electa en los cuestionados comicios del pasado diciembre y controlada ahora por el chavismo, en ocasión de la presentación de su Memoria y Cuenta, el informe anual de gestión, un gesto institucional que Maduro no había hecho durante los años en los cuales la oposición controló el Poder Legislativo.

La intención de Maduro por digitalizar totalmente las transacciones comerciales y estandarizar la influencia del dólar –presente ya en un 70% de la economía– tiene lugar en un país con cuatro años de hiperinflación, una hacienda pública devastada por la corrupción y una grave caída en sus ingresos petroleros. El bolívar, la moneda nacional, prácticamente no existe en papel moneda y buena parte de las transacciones y pagos cotidianos se hacen con puntos de venta [tarjetas de crédito], transferencias bancarias y mecanismos alternativos como el pago móvil.

El uso del dólar está autorizado, pero son poco comunes los billetes de baja denominación, lo cual dificulta operaciones comerciales elementales ante la ausencia de cambio. En este contexto, Maduro anunció que el transporte público del país será cancelado con los sistemas de pagos digitales V-Ticket y V-Pos. El Gobierno ya tiene digitalizadas asignaciones salariales, bonos oficiales y subsidios añadidos de la administración pública mediante el denominado Carné de la Patria, estimula el uso de las criptomonedas y ha creado otros mecanismos similares de pago como la Billetera Móvil.

“El Gobierno de Maduro tiene hoy mucho interés en minimizar en lo posible el uso del efectivo”, afirma Leonardo Vera, docente y miembro de la Academia Venezolana de Economía. “La razón principal es que, en un contexto de hiperinflación, esta mecánica de estar imprimiendo billetes a cada rato es muy costosa. La vida útil de cada billete es muy corta, es un gasto enorme para el Estado.” Cada dólar se vende en este momento en un millón y medio de bolívares. El billete venezolano de más alta denominación es de 50.000. El bolívar, la moneda latinoamericana más fuerte durante buena parte del siglo XX, hoy no vale nada.

“Se ha hablado de la dolarización de la economía. Yo he dicho que las expresiones de dolarización del comercio han sido y son una válvula de escape,” afirmó Maduro, cuya administración sigue dando pasos apurados y silenciosos para atraer capitales, congraciarse con el sector privado y dinamizar el comercio exterior en medio del extendido cuestionamiento a su Gobierno. Hasta 2017, tanto Maduro como la plana dirigente chavista culpaban casi diariamente “al dólar criminal”, y “la guerra económica de la burguesía”, como presuntos responsables del naufragio económico del país.

Desde que asumió el poder, en 2013, el Gobierno de Maduro ha impreso dos familias de billetes que al poco tiempo han quedado completamente obsoletos, devorados por un descontrolado aumento de precios que ya parece parte del paisaje, y para el cual no se ha anunciado ninguna estrategia económica en particular.

Antes de que el dólar fuese aceptado abiertamente en Venezuela, hace tres años, la ausencia de bolívares en efectivo dio paso a enardecidas protestas de la población afectada, particularmente en pueblos pequeños al no poder cobrar sus salarios.

“Hay una tendencia en curso, acentuada con el covid, para que muchas economías del mundo digitalicen sus transacciones”, afirma Vera, quien afirma que, contrariamente a lo que pueda pensarse, ya hay un trecho avanzado en Venezuela en estos temas al estar presionado el Gobierno por la necesidad.

Para el asesor financiero Henkel García, director de la firma Econométrica, el Gobierno va a encontrar problemas para masificar esta digitalización: “En cualquier caso, al no resolverse el problema económico del país, mucha gente va a quedar por fuera. La gente necesita bolívares. Gente que no tiene teléfono inteligente, que no quiere usarlo en la calle por miedo al hampa. Es imposible plantearse una meta del 100 por ciento de la digitalización de los pagos. Ni Suecia, país vanguardia en el mundo en estos temas, ha podido hacerlo”.

“Tendremos un gran problema para este objetivo: la debilidad de las plataformas tecnológicas venezolanas y los pocos recursos existentes para ponernos al día”, afirma Vera. “Puede que a futuro tengamos un sistema diversificado de medios digitales, pero con plataformas muy inestables”, concluye.

Por Alonso Moleiro

Caracas - 13 ene 2021 - 16:01 UTC

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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, durante una conferecia en el Vaticano, el 5 de febrero de 2020.

Kristalina Georgieva indicó que las proyecciones económicas para la región son mucho peores que para los mercados emergentes y el resto del mundo.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, planteó este martes que América Latina necesita reformas estructurales para una mejor recuperación de la crisis provocada por la pandemia de covid-19.

En una entrevista en línea concedida a la organización estadounidense Council of the Americas, la titular resaltó que Latinoamérica "está particularmente golpeada" por la infección.

"América Latina tiene el 8% de la población mundial pero, lamentablemente, el 20 % de las infecciones, el 30% de las muertes […] El otro lado de la crisis, el aspecto económico, como era de esperar, dado el impacto, también es bastante dramático. Proyectamos para 2020 que la economía mundial se contraiga un 4,4%, en los mercados emergentes un 3,3% y en América Latina un 8%", dijo Georgieva. En cuanto a las prognosis para 2021, estimó que las economías latinoamericanas crecerán un 3,6%, mientras que el mundo en total lo hará en 5,2% y los mercados emergentes en 6%.

En cuanto a las respuestas de los gobiernos de la región a la pandemia, la directora del FMI aseveró que han adoptado varias medidas positivas. En particular, bajaron las tasas de interés, aumentaron el gasto público y recortaron impuestos. No obstante, los criticó por no haber financiado suficientemente los sistemas sanitarios de sus países.

Asimismo, Georgieva resaltó las consecuencias negativas de la inequidad presente en muchas sociedades latinoamericanas.

"América Latina ha mejorado […], pero sigue siendo la región más desigual. […] La desigualdad de oportunidades significa que una parte de la sociedad simplemente no está alcanzando su máximo potencial, lo que es […] malo para el gobierno en su conjunto", afirmó la jefa del FMI.

"Y eso sólo se arregla con políticas estructurales, con reformas estructurales", agregó Georgieva.

Publicado:16 dic 2020 04:34 GMT

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  Un manifestante enfrentándose a las policía tunecina cerca de una barricada | REUTERS/Amine Ben Aziza.

Esta semana se cumplen diez años del inicio de las llamadas primaveras árabes, una experiencia sofocada mediante la fuerza y la represión en la mayor parte de los lugares donde se dio. Sin embargo, las sociedades árabes continúan experimentando transformaciones importantes que en cualquier momento podrían resurgir con más fuerza que entonces.

 

Cuando estallaron las llamadas primaveras árabes hace diez años, una gran parte de la población perdió el miedo, tomó las calles y coreó consignas a favor de la libertad y contra los dictadores que les gobernaban desde tiempo inmemorial. Sin embargo, fueron movimientos efímeros que pronto terminaron mal.

Los sueños se quebraron y la dura realidad del autoritarismo regresó por el mismo camino por el que se había marchado. Fue así en los afortunados países donde no les cayó encima la calamidad de terribles guerras civiles con un montón de intervenciones extranjeras, como todavía es visible en los casos de Siria, Yemen y Libia.

La chispa que puso las cosas patas arriba saltó el 17 de diciembre de 2010, cuando el vendedor ambulante Mohammed Bouazizi de 26 años se prendió fuego al cuerpo en Túnez para protestar contra la confiscación de su mercancía. La reacción a su muerte circuló por las redes a la velocidad de la luz e inmediatamente se trasladó a las calles, forzando al presidente Ben Ali a refugiarse en Arabia Saudí después de 23 años en el poder.

El mismo mes se pusieron en marcha protestas en Egipto, Libia y Yemen, y luego en otros países. El nuevo escenario puede verse hoy en el norte de África y Oriente Próximo, pese a que algunos intelectuales sostienen que la realidad ha cambiado para siempre, aunque sea parcialmente, con indiferencia de los resultados aparentes.

Hace diez años fueron muchos los árabes, especialmente jóvenes, que lloraron de emoción cuando vieron por televisión las protestas de la plaza Al Tahrir que acabaron con Hosni Mubarak. Pedían a gritos libertad, justicia y esperanza, unos deseos concretos que inicialmente no buscaban la caída del dictador.

Solo seis meses antes de su asesinato en el consulado saudí de Estambul, en octubre de 2018, el periodista Jamal Khashoggi escribió que aquellas revoluciones terminaron con el punto de vista dominante de que los árabes y la democracia eran como agua y aceite y no se podían mezclar.

Muchos egipcios consideran que el actual gobierno de Abdel Fattah al Sisi, que arrancó con un golpe de estado contra el presidente electo Mohamed Morsi en 2013, es más autoritario que el de Mubarak, lo que incrementa la frustración de una buena parte de la población. Las cárceles están más llenas hoy, la pobreza es más extrema y más jóvenes quieren emigrar para siempre.

En Bahrein la revolución fue aplastada con el apoyo militar de Arabia Saudí. El gobierno de aquel país contribuyó a paliar los efectos de las protesta distribuyendo cuantiosas ayudas a la población, que es mayoritariamente chií. Por su parte, las autoridades marroquíes contuvieron las protestas del llamado Movimiento del 20 de Febrero con reformas cosméticas.

El caso más trágico ha sido Siria, donde el gobierno de Bashar al Asad sobrevivió in extremis gracias al apoyo militar de Rusia. Las revueltas iniciadas en Deraa en marzo de 2011 fueron sin duda genuinas, pero la complejidad del tejido social y religioso hizo que todo se escapara de las manos, como era previsible, contando con numerosas intervenciones extranjeras y con un florecimiento yihadista sin precedentes que condujo a la peor experiencia humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial.

Las distintas fuerzas occidentales, árabes y yihadistas, no tan extrañas compañeras de cama, colaboraron para derrocar a Asad, la guinda a décadas de persecución y aislamiento de un régimen dispuesto a colaborar y trabajar con Occidente, como se vio en la guerra de Irak de 1991, pero reacio a admitir las injustas exigencias de los aliados de Israel.

¿Hasta qué punto Occidente está dispuesto a tolerar el islam político?

La pregunta central es hasta qué punto Occidente está dispuesto a tolerar el islam político. Naturalmente, hay casos y casos. No es lo mismo admitir el islam político en Siria que en Egipto. En Siria se debe descartar, pero en Egipto quizá no, a la vista de la experiencia incruenta del presidente Morsi. En algún momento tendrá que darse ese paso, máxime si tenemos en cuenta que el islam político parece haber renunciado completamente a la violencia.

Todavía es demasiado pronto para hacer un balance de las revoluciones árabes, aunque el tiempo transcurrido indica que una parte considerable de la población árabe está cambiando rápidamente y que los arquetipos tradicionales ya no son tan homogéneos y rígidos como antes, especialmente en relación con el islam político.

A veces las revoluciones necesitan muchos años para cristalizar, y este podría ser un caso de esos. Pero también es cierto que la circulación de ideas se hace hoy mucho más rápidamente que en el pasado y no hay que descartar que las fallidas primaveras de hace una década se renueven en un plazo de tiempo no demasiado lejano y con más fuerza que entonces pillando a Occidente desprevenido.

15/12/2020 07:26

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Los primeros pasos de Luis Arce en el laberinto boliviano

Después de una inesperada victoria con más del 55% de los votos, Luis Arce Catacora cumplió su primer mes en el palacio presidencial con la crisis económica como principal desafío. El nuevo mandatario constituyó un gabinete más «técnico» que los del pasado, aunque tiene que responder a las demandas y presiones las organizaciones sociales que son su base de apoyo, y convivir con Evo Morales, que aún debe encontrar su espacio como ex presidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS).

 

En su primer mes como presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora ha organizado un gobierno «tecnocrático de izquierda», aunque con áreas manejadas por los sindicatos y organizaciones sociales que lo apoyan, y ha establecido una cierta «división del trabajo» con Evo Morales, el poderoso líder de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS). En su corto tiempo en La Casa Grande del Pueblo, el ex ministro de economía buscó diferenciarse del ex presidente con un estilo menos mediático y austero de gobierno (viaja, por ejemplo, en vuelos comerciales).

Arce cumplió sus promesas electorales más inmediatas: entregar una ayuda estatal en efectivo de 140 dólares a más de un tercio de la población (el Bono contra el Hambre), implantar un impuesto a las grandes fortunas y comenzar la investigación y sanción de los supuestos delitos represivos del gobierno interino de Jeanine Áñez. Por otra parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, ha dado los primeros pasos de una muy necesaria reforma del sistema judicial, el poder más cuestionado de Bolivia, la cual podría requerir de un cambio parcial de la Constitución.

Arce también ha cometido sus primeros errores. Uno de ellos, hablar de una posible devaluación del boliviano, que se mantiene estable, con pequeñas variaciones frente al dólar, desde hace veinte años. Junto al impuesto a las grandes fortunas y los nervios poselectorales, estas declaraciones causaron la pérdida de 1.200 millones de dólares de las reservas internacionales del país, que hoy se encuentran en su nivel más bajo en décadas. Por eso, el desafío más complicado que tiene el estratega de la prosperidad boliviana durante la mayor parte de los 14 años del gobierno del MAS es impedir que la recesión derivada de la pandemia de coronavirus y las dificultades crónicas de la industria gasífera, la principal actividad exportadora del país, hagan escasear las divisas y detonen una crisis financiera. Algunos economistas consideran que este problema se tornará agudo apenas Bolivia recupere un ritmo más normal de actividad económica y comience a importar bienes extranjeros en mayores cantidades.

Caracterización del gobierno

Arce ha llenado el gobierno, sobre todo el área económica, de «técnicos» que responden a sus directrices y que se foguearon como funcionarios en el tiempo de Evo Morales (2006-2019). Los funcionarios que ocupaban la «segunda línea» durante la administración del MAS han dado un paso adelante y ahora son los mandamases del Estado. De ahí la importancia que ha adquirido el discurso de «renovación dentro del proceso de cambio», el cual apunta a impedir que los espacios de poder vuelvan a ser ocupados por el llamado «entorno» del ex-presidente. El regreso de este grupo de dirigentes al gobierno sería algo así como el retorno de los ex-jefes de quienes hoy ostentan los principales cargos. Como es lógico, esto es algo que no desean. Los miembros del viejo «entorno», por su parte, ya han expresado algunas quejas sobre su situación de marginalidad, lo que podría agravarse en el futuro.

El resultado neto ha sido un gobierno con cierta inclinación tecnocrática; una orientación que nadie hubiera relacionado con el MAS de los años «heroicos», esos en los que surgió del campo, avanzó lentamente sobre las ciudades y, ganando elecciones, forjó su dominio sobre la política nacional. En cambio, el espíritu tecnocrático ya estaba presente en el último tramo de la larga gestión de Morales, por la inevitable cooptación de un partido emergente por parte de las estructuras y dinámicas estatales, y por el agotamiento de la rentabilización política de los logros simbólicos, al comienzo los más importantes. No obstante, cabe señalar que el espíritu técnico marcó, durante los 14 años de gestión, al Ministerio de Economía liderado por Arce, una área que siempre se mantuvo «blindada» a los movimientos sociales y fue manejada con prudencia, sin los experimentos que se hicieron en otras áreas del Estado plurinacional.

La preponderancia de los profesionales que, en palabras de Arce, son «aymaras y quechuas que se prepararon en las universidades gracias al proceso de cambio», sigue sin ser suficientemente meritocrática para la oposición. Esta corriente expresa a la clase media tradicional, que en el pasado era «dueña» de estos puestos. Por tanto, los opositores han preferido destacar críticamente el hecho de que algunos ministerios y viceministerios, como los de Educación, Culturas y Desarrollo Rural, fueran encomendados a dirigentes de las organizaciones sociales. También ha criticado las disputas por «pegas» –como se denomina coloquialmente en Bolivia a los puestos estatales–, pasando por alto que estas peleas se registran desde el nacimiento de Bolivia y que incluso se remontan a la Colonia. En un país pobre y con pocas actividades privadas florecientes, trabajar en el Estado es la mejor y muchas veces la única vía de ascenso social. En todo caso, en esta ocasión los enfrentamientos entre militantes que demandan ser contratados están siendo más intensos a causa de la grave crisis económica que vive el país. Esta se expresa, entre otros indicadores, en una caída de 8% del PIB y en un desempleo abierto de 11%, más del doble que el de 2019.

La crisis es peor si se es pobre

Un refrán dice que «con dinero hasta la pobreza es más llevadera». Esta paradoja se aplica perfectamente a la situación de Bolivia en las dos décadas pasadas, en el «tiempo de bonanza». Entonces el país siguió siendo pobre, el segundo más carenciado de Sudamérica, pero tuvo más ingresos que nunca en su historia y esto le permitió montar el «Modelo Económico Comunitario Social y Productivo», que es la obra de la que Arce está más orgulloso.

En su gestión como ministro de Economía de Evo Morales, volcó la abundancia monetaria hacia el mercado interno y, como las finanzas nacionales estaban bien equilibradas y no había inflación, este flujo aumentó la capacidad de compra y, con ello, el bienestar general de los bolivianos. Es cierto que una parte de este poder adquisitivo se aplicó a la importación de bienes extranjeros, pero los ingresos por exportaciones eran lo suficientemente altos como para proveer las divisas necesarias. En cambio, otra parte de la liquidez se convirtió en demanda interna, dinamizando los emprendimientos, generando empleos nuevos y mejorando los existentes, todo lo cual disminuyó la pobreza y la desigualdad.

Una de las principales razones por las que Arce fue electo con más del 55% de los votos en octubre pasado fue la confianza de la población en sus dotes como economista, que él aprovechó convirtiendo la superación de la «corona-crisis» en el eje de su propuesta electoral. Ahora le toca cumplir lo prometido, en un contexto muy distinto al que, años atrás, supo modelar a favor del país. No solamente por la recesión productiva provocada por la pandemia, que finalmente puede considerarse un fenómeno coyuntural, sino sobre todo por el agotamiento del «ciclo del gas» como fuente del excedente nacional.

Debido a su peculiar conformación geográfica y geológica, la montañosa y selvática Bolivia se ha especializado en la extracción de recursos naturales no renovables, y no cuenta con muchas alternativas a este tipo de explotación. Para dar una idea de ello, digamos que la primera exportación «no tradicional» del país es la soya, con apenas tres millones de toneladas por año, esto es, 5% de lo que produce Argentina, 3% de lo que vende el Brasil y un tercio de la producción de Paraguay.

Pues bien, las reservas de gas del país, que en los años 90 llegaron a ser las principales reservas certificadas de Sudamérica, han decaído significativamente y la renta que generan en favor del Estado, que en 2013 fue del orden de los 3.500 millones de dólares, en 2019 rondaba los 1.500 millones. La causa externa de esta caída es la disminución de los precios, pero también hay una causa interna vinculada a la falta de nuevos descubrimientos. Desde 2006 se han perforado 74 pozos exploratorios –una cantidad baja respecto a los parámetros internacionales–, y ninguna de las perforaciones resultó exitosa.

La escasez de las inversiones en extracción de gas y minerales constituye uno de los puntos flacos del modelo eminentemente redistribuidor diseñado por Arce y Morales. Esta debilidad se ha ido manifestando en los últimos años en un creciente desfinanciamiento de la economía, que ha sufrido déficits comerciales y fiscales cada vez mayores. La recesión producida por la pandemia ha acelerado y profundizado esta deriva, lo mismo que, según ha denunciado Arce, la irresponsabilidad de las autoridades que lo precedieron, al mando de Jeanine Áñez. El déficit fiscal de este año será superior al 12% del PIB. Además, de acuerdo al Ministerio de Economía, el gobierno interino aumentó la deuda externa en 1.500 millones de dólares, con lo que esta pasó del 27% al 30% del PIB, e incrementó la deuda interna en 2.700 millones de dólares, hasta un total de 8.700 millones de dólares, que equivale al 21% del PIB. Por tanto, un mayor endeudamiento resulta hoy desaconsejable. Por otra parte, desde octubre de 2019 –es decir, antes de la crisis política ocurrida tras las elecciones de ese mes y el posterior derrocamiento del presidente Evo Morales– hasta el momento actual, las reservas de divisas cayeron de 7.400 a 5.100 millones de dólares.

No está claro qué hará Arce para corregir el comportamiento de la economía boliviana. Por lo pronto, ha abrogado la mayoría de los decretos económicos aprobados por Áñez, que en su opinión abrían una senda de retorno al neoliberalismo. Entre ellos estaba la liberalización de las exportaciones agroindustriales, aprobada por presiones de los agroexportadores de Santa Cruz y con el anunciado propósito de compensar con una mayor venta de alimentos las pérdidas que registraba el país en el comercio internacional. Arce volvió así a la vieja política de fijar cupos a las exportaciones agrícolas, lo que le permitirá controlar los precios internos de algunos alimentos. La oposición ha criticado esta decisión como un «preocupante» retroceso a unas circunstancias del pasado que ya no existen más. En este momento Bolivia no solo no tiene inflación, sino que incluso está siendo amenazada por la deflación.

La polarización sigue agazapada

La contundente victoria del MAS en las elecciones de octubre pasado ha dejado a la oposición noqueada: al mismo tiempo, la reducción de los contagios de coronavirus ha provocado un clima de distensión. Sin embargo, la polarización política y social que divide a la población boliviana solo se sumergió por un tiempo y resurgirá nuevamente cuando la pandemia vuelva a apretar (aparentemente antes de lo esperado), cuando se realicen las elecciones municipales y autonómicas, en marzo del próximo año, o si la crisis económica se agrava.

La clase media «tradicional» –lo que, derechamente, significa «blanca»– hizo de la derrota del MAS en las elecciones –e incluso de la desaparición de esta fuerza como opción electoral– su gran objetivo político. Así que está viviendo el momento presente con gran amargura, pues el resultado en las urnas le confirma que constituye una minoría étnico-racial y político-electoral en el país. Sin embargo, aunque por lo pronto de encuentren exhaustas por todo lo vivido y por la crisis, estas capas medias van a sentirse nuevamente empujadas a la política en caso de que la situación se deteriore.

La polarización en sordina de este momento se alimenta de las acciones judiciales que están siendo instrumentadas contra los supuestos autores de las graves violaciones de los derechos humanos en los días inmediatamente posteriores a la asunción de Áñez a la presidencia, que se saldaron con más de 30 muertos y cientos de heridos de bala. Y también de los procesos contra el ex-líder cívico cruceño y ex-candidato presidencial Luis Fernando Camacho, por supuestamente haber instigado a la Policía y las Fuerzas Armadas a plegarse al «golpe de Estado» que, según el MAS, fue el que causó la caída del presidente Morales el 10 de noviembre de 2019.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se halla investigando los hechos en torno a esta fecha; al mismo tiempo, un fiscal ordenó la detención del general Alfredo Cuéllar, comandante de la guarnición de Cochabamba, acusado de haber dirigido a las tropas que reprimieron una marcha en Sacaba, en la que murieron diez manifestantes. Inmediatamente después, el alto mando de las Fuerzas Armadas rompió los protocolos conocidos y apareció en la televisión leyendo un comunicado en el que se declaraba «desconcertado» por el hecho de que este general estuviera siendo procesado por vía ordinaria. También recordó que Áñez había emitido un decreto que exoneraba a los militares de ser investigados por los tribunales civiles.

El gobierno de Arce no respondió directamente a esta inusitada iniciativa militar, pero sus voceros han insistido en que los militares responsabilizados por la represión deben someterse a los procedimientos comunes y en que las Fuerzas Armadas están obligadas a informar al Grupo de Expertos sobre los sucedido en Sacaba y en otras acciones violentas, como el desbloqueo de la planta de combustibles de Senkata, en la ciudad de El Alto, colindante a La Paz, en el cual murieron otras once personas. Hasta ahora los militares han considerado la información sobre la represión ordenada por Áñez como un secreto militar.

Arce no parece tener una estrategia para cumplir su promesa de justicia para las víctimas de las masacres y al mismo tiempo conservar unas relaciones razonablemente cordiales con las Fuerzas Armadas. Por esta razón, se ve sobrepasado por iniciativas descoordinadas de los fiscales, los cuales suelen tratar de congraciarse con los gobiernos de turno, y de ciertos miembros del MAS ansiosos de notoriedad, como los que están demandado a Camacho. Esta última iniciativa puede resultar muy onerosa para el gobierno por el carácter político de las acusaciones, la preocupación que estas han despertado en los organismos de derechos humanos y la popularidad del dirigente cruceño, posible candidato en las elecciones regionales de marzo próximo.

Lucho y Evo, ¿Lucho versus Evo?

A esta altura, la división del trabajo entre «Evo», de un lado, y «Lucho», como se conoce popularmente al presidente, del otro, ha quedado definida. El delfín se ocupará de administrar los recursos y el personal del Estado, mientras que Morales «orientará» la brigada parlamentaria del MAS, que cuenta con mayoría absoluta en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa, y seguirá siendo el jefe de su partido. Se trata de dos libretos distintos, pero relacionados entre sí, por lo que nada garantiza que no se vayan a dar choques en el futuro. Algunos roces ya se han producido en este corto mes a cargo del poder ejecutivo.

Por ejemplo, Arce no mencionó a Evo Morales en su discurso de posesión ni asistió a los actos de celebración por el retorno de este último del exilio en Argentina. En cambio, ambos dirigentes almorzaron con cordialidad en la Casa Grande del Pueblo, la nueva sede del poder ejecutivo. Se sabe que Morales le ha pedido a Arce más de una vez que no descartara para los altos cargos del Ejecutivo a los colaboradores de sus tres gobiernos, tal como el presidente y el vicepresidente David Choquehuanca prometieron durante la campaña electoral. Este veto le parece a Morales una censura implícita a su gestión, que él encuentra exitosa para el país y para el MAS. Hasta ahora, Arce no le ha hecho caso. También se sabe que en el «entorno» evista se cree que el gabinete es demasiado técnico y juvenil, y que no cuenta con un equipo político que esté a la altura de los desafíos que plantea la coyuntura.

Es probable que la tensión principal se vaya a dar entre Morales y Choquehuanca, que también es indígena, que ha tenido roces con el jefe de su partido en el pasado –especialmente tras su salida de la Cancillería, que ocupó entre 2006 y 2017–, y que en su discurso de juramentación pareció criticarlo («El poder debe circular igual que la sangre», aseveró entonces). Los seguidores de Choquehuanca no han logrado muchas posiciones en el gabinete, pero han comenzado a aparecer en los cargos inmediatamente inferiores. Ambos líderes son aymaras, pero se considera que Morales tiene más fuerza en la zona quechua del país, donde vivió la mayor parte de su vida.

Evo Morales casi nunca ha podido evitar hacer confidencias públicas y tampoco sabe circunscribirse al espacio que se supone que le corresponde. En este último tiempo, por ejemplo, deseó en voz alta que Álvaro García Linera, sea elegido como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), pues podría usar su capacidad expositiva para explicar en esta organización que no hubo fraude en las elecciones de octubre de 2019, como definió y publicitó su secretario general, Luis Almagro, hoy el mayor enemigo internacional de Morales y del MAS. Es improbable que este deseo se vea satisfecho, lo que solo terminaría incomodando al anterior vicepresidente. En relación a estas características de su personalidad, Arce declaró que Morales «no va a cambiar. Y tampoco pretendemos que cambie. Va a ser así nomás».

Morales se encuentra por el momento concentrado en las elecciones de marzo, organizando la compleja selección de candidatos en el MAS y preparando la campaña electoral, una de las actividades que más lo animan. Luego de esos comicios posiblemente se vea tentado de incidir más en el rumbo del gobierno.

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Un negocio de La Habana con un cartel en el que advierte que no se aceptan pesos convertibles.YAMIL LAGE / AFP

A partir del 1 de enero desaparecerá el peso convertible, que era equivalente al dólar

 

El Gobierno cubano dio un nuevo paso en el proceso de reformas económicas que acomete y anunció, después de años de espera, la unificación monetaria y la fijación de una tasa de cambio única en la isla, a razón de 24 pesos cubanos por dólar. La unificación, que entrará en vigor el 1 de enero, hará desaparecer del bolsillo de los cubanos el peso convertible (CUC), creado en 1994 y equivalente al dólar, quedando únicamente en circulación en la isla el peso cubano (CUP), medida que trata de enderezar las distorsiones macroeconómicas acumuladas durante décadas por una política igualitarista que fomentó los subsidios, pero que lastró la productividad y la eficiencia empresarial. Se dará a la población un plazo de seis meses para cambiar los CUC por pesos cubanos.

La llamada ‘Tarea Ordenamiento’, que abarca no solo la reforma monetaria y cambiaria, sino que supone numerosos cambios en la política de precios, salarios, pensiones, etc., era una de las medidas más demandadas por los economistas cubanos, pues sin ella hubiera quedado cojo el complejo proceso de cambios económicos que el país realiza en estos momentos, y que incluyen, entre otros, el impulso del trabajo autónomo y la pequeña y mediana empresa privada, la concesión de mayores márgenes de autonomía a la empresa estatal para estimular la productividad, y el fin de los subsidios a muchas de estas que son ineficientes. También se apuesta por empoderar a las autoridades locales para que favorezcan la inversión en sus territorios y flexibilizar la política para atraer inversión extranjera -esta misma semana se anunció que se permitirían empresas con participación mayoritaria de capital extranjero en todos los sectores, excepto en el de extracción de recursos naturales y prestación de servicios públicos-.

La solemnidad con que se anunció la reforma monetaria que viene, dio la dimensión de lo clave que es para la economía y las importantes consecuencias que tendrá para los cubanos a corto plazo. El primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro, escoltó al presidente del país, Miguel Díaz-Canel, en una comparecencia especial en televisión en la que solo habló el segundo, y en la que advirtió claramente: “La tarea no está exenta de riesgos, uno de los principales es que se produzca una inflación superior a la diseñada, agudizada por el actual déficit de oferta”.

Díaz-Canel afirmó que la unificación monetaria y cambiaria es “un paso decisivo en el ordenamiento monetario” del país y dijo que era imprescindible para llevar adelante el proceso de reformas, señalando que el éxito de estas no se logrará “mediante el igualitarismo, sino promoviendo el interés y la motivación por el trabajo”. Los economistas ya han advertido que, a corto plazo, el golpe será duro para la población, pues se espera un proceso inflacionario que hará perder a la gente parte de su exiguo poder adquisitivo. Díaz-Canel se refirió a ello, al asegurar que en Cuba “no habrá terapias de choque” y que “nadie quedará desamparado”. “Los precios abusivos y especulativos no se permitirán, se enfrentarán socialmente con medidas de contención y severas sanciones a los incumplidores”, indicó.

Los males estructurales de la economía cubana son muchos, y uno de los graves era el de la política monetaria. Hasta ahora, las monedas en Cuba se canjeaban a diferentes tarifas: para las empresas, 1 dólar (o 1 CUC) era igual a un peso cubano, mientras para la población en la calle dólar y CUC eran 25 pesos cubanos. Un verdadero galimatías contable, un semillero de falta de competitividad y distorsiones con las que hoy se pretende acabar. “Ahora la economía se acercará más a la realidad”, señalaba un empresario extranjero, felicitándose por que finalmente se haya tomado la decisión, postergada muchas veces por su costo social.

Hoy mismo se publicó en la Gaceta Oficial de Cuba una batería de Decretos-Leyes que complementan la reforma monetaria y que establecen una subida general de todos los salarios y pensiones (que se multiplican por cinco, como promedio) y también de los precios. Además, se han aprobado una serie de escalas salariales para estimular que el que trabaja más u ocupa un puesto de mayor responsabilidad pueda ganar más, tratando de acabar con el fenómeno de la pirámide invertida -el director cubano de una empresa puede ganar menos que un empleado de menor rango que reciba propinas en dólares-. El objetivo es reactivar la economía e incrementar la producción y la productividad, aunque eso depende otros muchos factores no resueltos y que la burocracia entorpece, señalan los analistas.

En su intervención, Díaz-Canel señaló que la reforma monetaria no es una “solución mágica” a los problemas económicos, aunque “pondrá al país en mejores condiciones para llevar a cabo las transformaciones que demanda”.

Impacto económico

En la calle, lo que preocupa a la gente es lo obvio: como quedarán sus ahorros (quien los tenga) y cómo será su vida a partir de ahora. Todos estos cambios ocurren en medio de una grave situación económica en Cuba, agravada por la epidemia de covid-19, el parón del turismo y el recrudecimiento del embargo por la administración Trump, que ha dejado sin liquidez ni capacidad importadora al Estado. Para recaudar divisas extranjeras, las autoridades han abierto tiendas en moneda libremente convertible -en las que solo se puede pagar con tarjeta de crédito- donde se venden alimentos y electrodomésticos, mientras en los comercios de pesos cubanos los abastecimientos cada vez son menos. Aunque muchos cubanos no reciben remesas del exterior, las colas en ambas son kilométricas.

Otra consecuencia de la reforma monetaria y los cambios productivos que se pretenden será que muchas empresas estatales ineficientes -cerca de un 40% del total, según algunos analistas-, podrían quebrar y sus trabajadores verse en la calle. Marino Murillo, uno de los principales responsables económicos del Gobierno, ya anunció que a estas empresas se les dará un año para poner en orden sus cuentas antes de terminar con los subsidios. El sector privado, por razones obvias, se convierte más que nunca en una tabla de salvación para absorber gran parte de esta mano de obra, si las reformas salen adelante.

Por Mauricio Vicent

La Habana - 11 Dec 2020 - 13:46 COT

Publicado enInternacional
Lunes, 16 Noviembre 2020 06:57

El nuevo giro económico de Cuba

El nuevo giro económico de Cuba

Una serie de recientes acontecimientos en Cuba han castigado la ya precaria economía de la isla, lo cual ha llevado al gobierno a adoptar una serie de políticas económicas que apuntan a una mayor apertura al capital mientras mantiene los controles políticos del Estado unipartidista.

El primero en la lista de recientes desastres que han sobrevenido a la Isla es la pandemia de COVID-19. En comparación con otros países caribeños, a Cuba le ha ido mejor gracias a un sistema de salud pública que, a pesar de su deterioro en los últimos treinta años, aún es capaz de organizar una respuesta adecuada a desastres colectivos como la pandemia. Así, para detener el contagio, el gobierno cubano adoptó medidas drásticas como suspender el transporte público en su totalidad, y en respuesta a un rebrote de la infección que comenzó a finales de agosto, recurrió a medidas igualmente drásticas en muchas localidades, incluyendo el área metropolitana de La Habana, aunque a principios de octubre redujo las restricciones en la mayoría de esos lugares.

La industria del turismo, la tercera mayor fuente de divisas extranjeras tras la exportación de personal médico y las remesas enviadas por cubanos en el exterior, también se cerró, así como muchos establecimientos comerciales e industriales. La entrada de divisas a Cuba –tremendamente necesarias para adquirir esenciales productos de importación, incluyendo el 70 por ciento de los alimentos que se consumen- ya había sido restringida antes de la pandemia por la cancelación de la exportación de personal médico a países como Brasil y Bolivia, donde gobiernos de extrema derecha habían llegado recientemente al poder.

Además, los cargamentos de petróleo que la isla recibía de Venezuela ­–a cambio de la exportación de personal médico a ese país–, cruciales para el funcionamiento de la economía de la Isla, fueron reducidos como resultado de la crisis política y económica bajo el gobierno de Maduro.

Para colmo de desgracias, Donald Trump intensificó de manera decididamente agresiva el criminal bloqueo estadounidense contra Cuba –motivado en parte por el apoyo de esta al régimen de Maduro– al reducir, o en algunos casos cancelar, varias de las concesiones que Obama había hecho durante su segundo período en la Casa Blanca. Entre otras medidas hostiles, Trump limitó el envío de remesas de cubanoamericanos a sus familiares, redujo significativamente los viajes a Cuba por parte de ciudadanos estadounidenses de origen no cubano, prohibió que los visitantes estadounidenses en la Isla se hospedaran en hoteles propiedad del gobierno cubano, e impulsó una campaña para desalentar la inversión extranjera mediante la invocación, por primera vez en la historia, del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 (aprobada por el Congreso e instituida como ley por el presidente demócrata Bill Clinton), la cual sanciona a compañías extranjeras que utilicen propiedad estadounidense confiscada por el gobierno cubano a principios de los años 60.

La administración de Trump también ha suspendido licencias que autorizan actividades económicas estadounidenses en Cuba, como la concedida por la administración de Obama a la Corporación Marriott para operar hoteles.

¿Cambiará la política de Washington bajo una posible administración de Joe Biden? El candidato presidencial demócrata prometió seguir los pasos del presidente Barack Obama, moviéndose hacia una normalización de las relaciones políticas y económicas con Cuba. El punto hasta el cual un gobierno de Biden podría hacerlo depende de una variedad de factores que van desde los resultados electorales en Florida hasta las relaciones con Venezuela.

Aunque lo último no fue muy importante con respecto a la política hacia Cuba durante los años de Obama, se convirtió en un aspecto primordial para Trump, quien, siguiendo el consejo del senador Marco Rubio y del entonces asesor para seguridad nacional John Bolton, hizo del apoyo de Cuba a Nicolás Maduro un asunto fundamental y lo utilizó para justificar el recrudecimiento de las sanciones. El hecho de que tanto Biden como los demócratas en el Congreso han apoyado la afirmación del líder opositor venezolano Juan Guaidó de ser el presidente legítimo de Venezuela no promete nada bueno al respecto de que una administración demócrata normalice las relaciones con la Isla.

Poderosos intereses corporativos, tales como importantes firmas de la agroindustria y la Cámara de Comercio de los EEUU, han estado por mucho tiempo en favor de sostener relaciones económicas plenas con Cuba, aunque es difícil predecir cuánto capital político están dispuestos a invertir para lograr ese objetivo. En cualquier caso, una normalización completa de las relaciones políticas y económicas requeriría que el Congreso revocara la Ley Helms-Burton de 1996. Ello es una posibilidad dudosa, teniendo en cuenta la composición probable de ambas cámaras del Congreso tras la elección del próximo mes, a pesar de que un número significativo de congresistas republicanos han apoyado, en nombre de intereses agrícolas y de otros negocios, la normalización de relaciones. No obstante, el presidente de los Estados Unidos tiene una considerable capacidad para mejorar dichas relaciones bilaterales, aunque la Helms-Burton se mantenga como ley vigente.

Mientras tanto, todos estos acontecimientos han exacerbado considerablemente los problemas de una ya débil economía cubana que ha sufrido de bajo crecimiento por varios años (0,5% en 2019), baja productividad industrial y agrícola, y un muy bajo índice de la sustitución de capital necesaria para mantener una economía al menos en su nivel actual de producción y nivel de vida, mucho menos para lograr un crecimiento económico significativo y mejores condiciones de vida. Para mayor desgracia, esta situación se ha ido desarrollando en el contexto de una población cada vez más envejecida, un proceso demográfico que comenzó a finales de los años 70 y que conducirá a una serie de graves problemas, como que una fuerza de trabajo en reducción tenga que sostener a un número creciente de jubilados.

En respuesta a las presiones creadas por la reciente profundización de la crisis económica, el gobierno cubano anunció una serie de medidas que harán que el país dé un importante paso más cerca del modelo chino-vietnamita, el cual combina un Estado unipartidista autoritario con un creciente papel de la empresa privada capitalista. Estas nuevas medidas representan la decisión del gobierno cubano de ceder una parte de su control económico en un esfuerzo por adquirir divisas, importar capital y promover un mayor dinamismo y crecimiento de la economía.

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa privada

Una propuesta económica que ha sido rescatada es el establecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de gestión privada. Por más de una década, el gobierno cubano bajo el mandato de Raúl Castro ha permitido la existencia de muy pequeñas empresas privadas, las cuales en este momento ya emplean aproximadamente al 30 por ciento de la fuerza de trabajo. Ello incluye cerca de un cuarto de millón de agricultores privados que trabajan tierras en usufructo, lo que significa que la arrendan al gobierno por períodos renovables de veinte años, así como unas 600.000 personas que son dueñas de negocios en áreas urbanas o trabajan para ellos.

La mayoría de estas microempresas están concentradas principalmente en las esferas de los servicios gastronómicos (restaurantes y cafeterías), la transportación (taxis y camiones), y en el alquiler de habitaciones y apartamentos a turistas, probablemente la pequeña empresa privada más lucrativa de todas. En 2014, en un importante documento oficial titulado Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, el gobierno anunció que permitiría la creación de pequeñas y medianas empresas privadas. Esta noción ha sido recientemente revivida y discutida, por ejemplo, por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien ha afirmado que es necesario «destrabar» las PYMES y las cooperativas.

Se han ofrecido pocos detalles acerca de qué podrían abarcar estas empresas en términos de tamaño y otras características. Lo más probable es que eso se mantenga en secreto hasta que el gobierno promulgue la nueva ley, que está programada para abril de 2022, referida tanto a las empresas estatales como privadas, aunque diputados del parlamento -la Asamblea Nacional del Poder Popular- han indicado que las regulaciones concernientes a las PYMES se formularán ya este año.

Aun así, se puede obtener una idea aproximada de en qué consistirán esas medianas empresas observando cómo han sido definidas en otros países latinoamericanos. En Costa Rica, por ejemplo, donde las PYMES están muy extendidas y desempeñan un importante papel en la economía, la mediana empresa se refiere a las que emplean entre 31 y 100 trabajadores; las microempresas son las que emplean a menos de cinco personas (el grupo más nutrido de las hoy presentes en Cuba), y la pequeña empresa es aquélla que contrata de 6 a 30 trabajadores. Chile aprobó una ley que define oficialmente el tamaño de las empresas según los siguientes criterios numéricos: Micro, hasta 9 empleados; Pequeña, de 10 a 25; Mediana, de 25 a 200; y Gran Empresa, más de 200 empleados.

Basándose en esas definiciones, está claro que por su tamaño, las firmas privadas medianas son empresas capitalistas tradicionales. Es poco probable que sean gestionadas únicamente por sus dueños y necesitarán algún tipo de administración jerárquica para conducir el negocio en términos de su planificación económica, su gestión y su producción. El establecimiento de estas firmas probablemente vaya a la par con la intervención de los sindicatos estatales oficiales para «organizar» a los trabajadores, como ya lo han hecho con los mucho menores «cuentapropistas» y sus pocos empleados. Como en China, los sindicatos oficiales en Cuba no harán nada para representar verdaderamente a los trabajadores en sus relaciones con los empleadores.

El Código de Trabajo de Cuba de 2014

En este contexto es muy importante considerar el Código de Trabajo que ha estado en vigor desde que lo aprobó el gobierno cubano en 2014. Este Código elimina el requisito de compensar a trabajadores cuya plaza haya sido cerrada y permite a empleadores privados despedir a trabajadores sin motivo como parte de su derecho como propietarios. En el caso de empleados estatales, el gobierno también despide a trabajadores al declararlos no idóneos para sus plazas, sin que los afectados tengan mucho a qué recurrir.

El nuevo Código también relaja la jornada de 8 horas, permitiendo que los empleadores la extiendan a 9 horas sin compensación adicional. De hecho, ya hay muchos trabajadores en el sector privado que trabajan turnos de 10 y hasta 12 horas diarias sin cobrar horas extra –lo hacen de todos modos porque su salario básico es más alto que en el sector estatal-.

El Código también permite que los empleadores privados solo concedan un mínimo de siete días de vacaciones anuales pagadas en lugar de los treinta días a los que tienen derecho los empleados estatales. Igualmente, suprime la descarga académica para la superación de todos los trabajadores, así que ello debe hacerse durante el tiempo libre del que dispongan, como el acumulado de vacaciones. Se espera que este Código de Trabajo también sea aplicable al sector económico de las PYMES.

La modificación del monopolio estatal sobre el comercio exterior

Además de abrir la puerta a la empresa privada, el régimen cubano ha relajado muy recientemente su monopolio sobre el comercio exterior, es decir, el control exclusivo que, hasta ahora, ha tenido sobre todas las actividades empresariales de importación y exportación.

Hace poco tiempo, Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), anunció que treinta y seis empresas estatales especializadas en comercio exterior se estaban preparando para ofrecer ayuda con sus servicios a importadores y exportadores privados, con el objetivo de procesar y perfeccionar sus operaciones extranjeras.

Como un incentivo adicional para estimular estas actividades de exportación privadas -en moneda fuerte-, el gobierno ha ofrecido aplicar un descuento al impuesto sobre las utilidades de las empresas estatales, privadas y las cooperativas si demuestran un incremento en ventas de productos y servicios en comparación con el año anterior.

En 1959, el primer año de la Revolución, cuando la mayor parte de la economía aún estaba en manos privadas, el Gobierno Revolucionario, ante un brusco descenso de sus reservas de divisas fuertes extranjeras, exigió que las firmas privadas cubanas que importasen del extranjero obtuvieran el permiso del Banco Nacional de Cuba para acceder a la divisa extranjera –a menudo dólares- que necesitaban para sus transacciones.

Así el gobierno intentaba ejecutar su plan de utilizar las escasas divisas en importaciones que eran fundamentales para el desarrollo económico del país, en vez de, por ejemplo, en artículos de lujo para uso personal. Aún no se conoce cuánto control tendrá ahora el gobierno sobre las iniciativas de importación/exportación propuestas por el sector privado.

La racionalización del sistema monetario

Las nuevas regulaciones para actividades de exportación, y en especial de importación, estarán estrechamente relacionadas y se verán sin dudas afectadas por las dificultades monetarias que hoy enfrenta Cuba, en particular las concernientes a la escasez de divisas. Esa escasez también está desempeñando un papel principal en la presente discusión de la unificación monetaria por parte del gobierno, un tema sobre el cual se ha vertido mucha tinta durante años y que adquiere cada vez más protagonismo en las nuevas políticas económicas, y cuya materialización puede que ocurra finalmente durante los próximos meses.

A medida que el gobierno cubano intente integrar cada vez más su economía con la economía internacional, más necesitará regularizar el tipo de cambio entre su moneda nacional y las divisas extranjeras utilizadas por el capital foráneo para sus transacciones. Ello permitiría un arreglo más racional para, entre otras cosas, establecer un sistema de precios e incentivos económicos, y para evaluar los datos económicos.

Por muchos años, Cuba ha tenido operando en su mercado interno un sistema de dos monedas coexistentes, con una parte en dólares y la otra en pesos cubanos. Hasta hace poco, ese sistema fue representado por el peso cubano y el CUC —una moneda cubana no convertible más o menos equivalente al dólar— que estuvo fijada a un cambio de aproximadamente 24 o 25 pesos cubanos por 1 CUC.

Pero el CUC perdió su valor y está en proceso de desaparecer debido a la falta de divisas para respaldarlo. Mientras tanto, la economía cubana se ha dolarizado directamente: los cubanos ahora obtienen acceso a artículos en tiendas especiales en dólares que venden una amplia variedad de productos, incluyendo alimentos, que son muy difíciles de obtener en otros lugares con pesos cubanos.

Los productos en esas tiendas en divisas extranjeras se compran con tarjetas magnéticas emitidas por el gobierno para evitar una especulación informal de monedas en efectivo en el mercado negro. Las tarjetas son el único tipo de pago aceptado en esas tiendas y se basan en depósitos hechos en dólares u otras divisas internacionales en los bancos cubanos, la mayoría de los cuales provienen de remesas desde el exterior.

Sin embargo, con la desaparición del CUC, ya no podemos hablar de unificación monetaria, sino de la racionalización de la política monetaria cubana, particularmente del tipo de cambio entre el peso y el dólar. Como el economista cubano Pedro Monreal ha señalado, los cambios monetarios tendrán que ser parte de un paquete más amplio que implique ajustes de precios, subsidios, salarios y pensiones.

La regularización monetaria del cambio entre el peso cubano y el dólar que se discute hoy en la Isla supone para el gobierno una serie de complicaciones que serán muy difíciles de resolver. Provienen principalmente del hecho que, mientras la población en general ha estado cambiando de 24 a 25 pesos por un dólar, las empresas estatales han disfrutado del económicamente distorsionante tipo de cambio de un peso por un dólar –una tasa que claramente ha favorecido la importación de bienes extranjeros, pero ha dañado la exportación de bienes cubanos–.

La regularización de la moneda en este contexto significa que el gobierno tendrá que intentar lograr la cuadratura de varios círculos para tanto impedir el cierre de muchas firmas estatales que se beneficiaban del subsidio para importaciones del que disfrutaban con el tipo de cambio especial de uno por uno, como para bloquear un incremento de la inflación. Debido a presiones políticas internas y a expectativas populares, es posible que el gobierno se vea obligado a conceder un tipo de cambio favorable al peso. Si ese tipo de cambio favorable no está acompañado por una mayor disponibilidad de bienes y servicios, ello podría llevar a la inflación. Si se combinan problemas, una falta de sindicatos independientes dejaría a los trabajadores cubanos desprotegidos de las políticas monetarias de su gobierno.

Especialmente importante es el fundamental cambio de política que anunció por primera vez la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, el 6 de agosto –y que fue luego confirmado el 13 de octubre por Alejandro Gil, el Ministro de Economía y Planificación–, que aumentará sustancialmente la cantidad y variedad de ocupaciones urbanas que los cubanos podrán realizar en el sector privado.

Como parte de sus primeras reformas económicas, Raúl Castro permitió la apertura al trabajo por cuenta propia privado y a la contratación de personal en el caso de un número limitado de ocupaciones que con el tiempo se incrementó a más de doscientas, las cuales luego se reorganizaron en 123 grupos ocupacionales. Vale señalar que este incremento estuvo lejos de ser un proceso lineal y en más de una ocasión el gobierno recortó la cantidad de ocupaciones permitidas en el sector privado.

Según los ministros Feitó y Gil, esa lista de ocupaciones privadas permitidas será eliminada, y es de suponer que se preparará una nueva que relacione sólo aquellas ocupaciones que no se permitirán, tales como, por ejemplo, la práctica privada de la medicina. Ninguno de los ministros ha definido aún una fecha en la que estos cambios entrarían en vigor.

Finalmente, para facilitar tanto las operaciones del sector privado rural como del urbano, el gobierno anunció que aumentaría la cantidad de mercados mayoristas para que los pequeños y medianos emprendedores privados compren alimentos y otros productos al por mayor a precios reducidos. La falta de acceso a este tipo de mercados ha sido un gran problema que ha afectado seriamente la viabilidad de los negocios privados rurales y urbanos. Para mejorar las cosas, el gobierno anunció muy recientemente que a partir de septiembre comenzará a funcionar un mayor número de mercados mayoristas en las capitales provinciales, aunque las transacciones se realizarán exclusivamente en divisas, lo cual ha sido claramente el principal impulso para esto y para otros cambios económicos.

Si el gobierno cubano realiza todos los cambios que ha anunciado, la economía de la Isla se habrá alejado bastante de la economía altamente nacionalizada de finales de los 80 —más nacionalizada que las economías de la URSS y Europa del Este— para convertirse en una economía fundamentalmente mixta, acercándose así cada vez más al modelo chino-vietnamita. Queda por ver hasta qué punto los cambios propuestos mejorarán el mediocre rendimiento de la actual economía cubana, en la cual el bajo crecimiento económico y la baja productividad han caracterizado tanto a la economía rural como a la urbana por mucho tiempo.

Vale señalar, sin embargo, que a pesar de una baja producción agrícola generalizada, las granjas privadas ya han superado a las estatales en la producción de varios cultivos esenciales, como sucedió en Europa del Este durante los gobiernos comunistas. En sólo poco más de una década, desde que una cantidad sustancial de tierras fuera distribuida a agricultores privados, y a pesar de sus grandes dificultades para obtener acceso a créditos y al comercio al por mayor, instrumental agrícola y otros implementos, los agricultores privados, quienes aún poseen menos tierras cultivables que el Estado, ya producen el 83.3 por ciento de las frutas, el 83,1 por ciento del maíz y el 77.9 por ciento de los frijoles. Sin embargo, esto no es tanto un testimonio de las maravillas de la empresa privada como del desastre que ha sido para Cuba la agricultura estatal burocrática dirigida desde arriba y de manera centralizada –también fue desastrosa para varios países que componían el bloque soviético–.

En tales sistemas burocráticos, las personas que participan del nivel productivo carecen de incentivos materiales –como un mayor poder adquisitivo– y de incentivos políticos –como autogestión y control democrático de sus centros de trabajo–, cuya ausencia ha conducido históricamente a apatía generalizada, negligencia, irresponsabilidad y lo que Thorstein Veblen llamó «retirada de la eficiencia».

Es esta experiencia vivida y no la propaganda capitalista, la que ha hecho al modelo capitalista cada vez más atractivo para los cubanos.

El contexto político

Un tema crítico que surge de esta discusión es la naturaleza y composición de la dirección política cubana que se enfrenta a la actual crisis y que conduce las propuestas mencionadas quince años luego de que Fidel Castro se retiró, por razones de salud, de su mandato directo del país y fue sucedido por su hermano menor Raúl, el jefe de las fuerzas armadas cubanas y heredero forzoso desde los primeros días del Gobierno Revolucionario.

Al asumir el mando, Raúl introdujo una serie de reformas económicas que abrieron el sistema, de manera moderada, a empresas privadas normalmente muy pequeñas. También promovió un grado significativo de liberalización como, por ejemplo, cambiar en 2012 las regulaciones que controlaban las salidas al extranjero para permitir a los cubanos viajar a otros países. Pero esta liberalización no estuvo acompañada por forma alguna de democratización política. Todo lo contrario. Por lo tanto, la represión de la disidencia ha continuado. Así, por ejemplo, mientras liberalizaba los viajes al extranjero para la mayoría de los cubanos, el gobierno ha impuesto obstáculos para las salidas de muchos disidentes, ya sea demorando sus apariciones en tiempo en conferencias en otros países o imposibilitándoles viajar al exterior, para lo cual ha elaborado una lista de «regulados» conformada por unos 150 disidentes cubanos que no tienen permitido salir del país.

Debe señalarse que, como en el caso de muchas otras medidas represivas adoptadas por el gobierno cubano, esto sigue siendo, como en tiempos de Fidel Castro, una decisión política y administrativa al margen incluso al propio sistema judicial del régimen. Lo mismo se aplica a los miles de arrestos breves que el gobierno de Raúl Castro ha realizado cada año, en especial para impedir manifestaciones públicas no controladas por el gobierno.

El sistema de partido único continúa funcionando como bajo Fidel Castro, con su enorme control social, económico y político, implementado mediante sus cintas de transmisión, representadas por las organizaciones de masas (los sindicatos y las organizaciones femeninas) y otras instituciones, como las del sistema educativo. Los medios masivos de comunicación (radio, televisión y periódicos) continúan estando bajo el control del gobierno y siguen en su cobertura las «orientaciones» del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

La única excepción de importancia son las publicaciones internas de la Iglesia Católica, la cual, sin embargo, practica una extrema prudencia política y limita la distribución de sus publicaciones a sus parroquias y otras instituciones católicas. Internet, la cual el gobierno ha sido incapaz hasta ahora de poner bajo su absoluto control, permanece como el principal vehículo para las voces críticas y disidentes.

Mientras tanto, ha estado ocurriendo un importante cambio generacional dentro de la dirigencia cubana que plantea preguntas sobre el futuro del sistema cubano. El nuevo Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nació en 1960, un año después del triunfo revolucionario. El ocupante del recién creado cargo de Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, un hombre con largos años de experiencia en el negocio del turismo, nació en 1963. Se podría considerar que estos dos hombres realizan una especie de aprendizaje de prueba bajo Raúl Castro, quien a sus 89 años de edad es aún el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, aunque se retirará oficialmente en 2021.

Aún hay otros «líderes históricos» que también permanecen en lo más alto de la jerarquía política. José Ramón Machado Ventura, un médico que por un tiempo fue el número tres después de Fidel y Raúl Castro, y que es miembro del Buró Político, cumplirá 90 años el 26 de octubre. Ramiro Valdés, que ocupó muchos cargos superiores durante los más de sesenta años del Gobierno Revolucionario, incluyendo Ministro del Interior, y que hoy es miembro del Buró Político, tiene 88 años. Varios generales en posiciones de alto rango también pertenecen a la vieja generación. El general Ramón Espinosa Martín, miembro del Buró Político del CC del PCC, tiene 81 años. En comparación, el general Álvaro López Miera, también miembro del Buró Político, es un joven de apenas 76 años. El general Leopoldo Cintra Frías, Ministro de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) tiene 79 años de edad.

Sin embargo, hay personan más jóvenes, menos visibles que Díaz-Canel Bermúdez y Marrero Cruz, quienes ahora ocupan cruciales cargos de gobierno y cuyo poder es probable que aumente en el contexto de una transición luego de que los viejos «históricos» hayan abandonado la escena. Uno de ellos es el general de 60 años Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, un ex yerno de Raúl Castro, quien es el director de GAESA, el inmenso conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas, el cual incluye a Gaviota, la principal empresa turística en Cuba. Varios oficiales de alto rango del ejército, retirados o en activo, ocupan actualmente cargos importantes en otras esferas clave de la economía.

Las Fuerzas Armadas han capacitado a cuadros técnicos y empresariales quienes, junto a un grupo de técnicos y administradores civiles, han desempeñado por algún tiempo un importante papel en la economía. Muchos de ellos se han convertido en empresarios internacionales que operan en nombre del Estado cubano y han desarrollado amplias conexiones con bancos y otras instituciones capitalistas internacionales. A ellos debemos añadir a los gerentes de industrias estatales, a quienes el gobierno acaba de otorgar más autonomía. Todos estos funcionarios pueden acabar beneficiándose del anunciado establecimiento de las PYMES, mediante el uso de sus contactos de negocios para obtener el capital que les permita crear sus propias medianas empresas. Ellos constituyen el núcleo de una burguesía capitalista cubana en desarrollo que está emergiendo desde dentro del propio aparato comunista.

Oposición, desafiliación y descontento

Existe oposición política en Cuba, principalmente —pero no de forma exclusiva— en el centro y la derecha del espectro político. Sin embargo, ha sido políticamente marginada por la represión del gobierno y por la práctica plattista –por la Enmienda Platt impuesta por los EEUU a Cuba a principios del siglo XX y que limitaba la independencia cubana– adoptada por sectores de esa oposición, que en lugar de organizarse y recaudar fondos entre los cerca de dos millones de personas de origen cubano en los EEUU y otros países —tal como hizo José Martí entre los tabaqueros cubanos en Florida para apoyar la independencia cubana en la década de 1890—, ha dependido de limosnas del gobierno estadounidense para sobrevivir a la persecución.

Aunque el gobierno puede haber marginado con éxito a la disidencia activa en la isla, no ha podido detener la considerable desafiliación política con respecto al régimen, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que crecieron desde el derrumbe de la URSS y el campo socialista a finales de los 80 y principios de los 90. Debe apuntarse que ha transcurrido casi el mismo tiempo entre 1990 y el presente que entre el triunfo revolucionario en 1959 y el derrumbe del bloque soviético. Este colapso —y la sustancial retirada de ayuda económica a Cuba que lo acompañó— produjo una catastrófica crisis económica y una considerable erosión de la legitimidad del régimen cubano.

Desde entonces, la corrupción pública y privada se ha incrementado notablemente, un fenómeno que fue incluso denunciado por Fidel Castro en un famoso discurso en la Universidad de La Habana en noviembre de 2005, donde advirtió que podría destruir la Revolución desde adentro y así lograr lo que el imperialismo estadounidense llevaba décadas sin haber podido causar.

La actual crisis económica, considerablemente agravada por la pandemia de la COVID-19, se ha sumado al ya extendido descontento originado por la escasez de bienes de consumo. Buena parte de este descontento se ha enfocado en los «coleros» –de «cola», la línea de personas que esperan–, un término comúnmente utilizado para personas que monopolizan los primeros lugares en las omnipresentes filas que se forman  por doquier para obtener los cada vez más escasos productos de primera necesidad o para vender esos lugares a quienes llegan tarde; y para personas que, aprovechándose de ocupar, de una forma u otra, los primeros lugares en la cola, compran todas las reservas de productos para revenderlos a precios exorbitantes.

El gobierno ha sacado partido de la comprensible indignación popular que despiertan los coleros al denunciarles y arrestarles, pero evita enfocarse en las causas económicas del fenómeno, es decir, la escasez de artículos de primera necesidad debido a una insuficiente producción nacional y/o importación. Sin embargo, el hecho es que, dada la falta de producción agrícola debido al régimen económico y político, no parece haber una alternativa práctica para este problema. Ni siquiera es probable que funcione racionar los productos en divisas que compran los coleros al incorporarlos al sistema de racionamiento en pesos cubanos que ya existe, pues puede que no haya cantidades suficientes para distribuir a todos.

Es difícil identificar las circunstancias bajo las cuales la presente desafiliación y el descontento puedan traducirse en una alternativa política —y aún menos en una democrática y progresiva— para el existente régimen antidemocrático de Estado unipartidista. Es cierto que el cierre por parte de Obama del camino de la emigración cubana hacia los Estados Unidos en los últimos días de su mandato eliminó una importante válvula de escape para la oposición y el descontento en Cuba. Trump no revocó esta medida concreta de Obama, prueba de que su oposición al comunismo es mucho más débil que su xenofobia y su racismo. No obstante, el cierre de la emigración hacia los Estados Unidos hasta ahora no ha parecido ser suficiente para estimular ninguna novedad política significativa en la isla.

Lo que está claro es que la adopción de las nuevas medidas económicas ya expuestas, en particular la legalización de las llamadas medianas empresas, pueden extender y profundizar considerablemente la doble explotación y opresión en Cuba: la que ha ejercido por mucho tiempo el Estado unipartidista altamente autoritario, y la otra, ejercida por las futuras medianas empresas privadas ayudadas por la falsa protección brindada a los trabajadores por los sindicatos estatales, que en la práctica funcionarán como sindicatos de empresas en el contexto de las PYMES. El Código de Trabajo aprobado en 2014 ya ofrece un indicio de lo que está por venir.

La nueva distribución económica del poder que tarde o temprano se desarrollará en Cuba demostrará aún más la urgente necesidad de contar con sindicatos verdaderamente libres, y la necesidad de sustituir el Estado unipartidista antidemocrático que por su naturaleza imposibilita la existencia de sindicatos independientes, por una república verdaderamente socialista y democrática en Cuba.

Traducción de La Joven Cuba

15/11/2020

Por Samuel Farber

 

nació en Marianao, Cuba. Profesor emérito de Ciencia Política en el Brooklyn College, New York. Entre otros muchos libros, recientemente ha publicado The Politics of Che Guevara (Haymarket Books, 2016) y una nueva edición del fundamental libro Before Stalinism. The Rise and Fall of Soviet Democracy (Verso, 1990, 2018)

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Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial.KHALIL MAZRAAWI/Getty Images / getty

Schwab cree que estamos en una situación similar a la del fin de la II Guerra Mundial: hay que diseñar cómo será el mundo tras el coronavirus

 

Ni en épocas de pandemia, Klaus Martin Schwab (Ravensburg, Alemania, 82 años) tiene tiempo para parar y hacer una entrevista por Zoom, así que nos limitamos al móvil. La crisis del coronavirus ha obligado al fundador del Foro Económico Mundial y de las reuniones anuales en la estación suiza de Davos a reinventarse. La cumbre de enero se celebrará de forma virtual y, si la evolución de la enfermedad y el desarrollo de la vacuna lo permiten, habrá una reunión más reducida en mayo en Lucerna. Aunque, hoy más que nunca, ese futuro está por reescribir. Acaba de publicar en español Covid-19: el gran reinicio, sobre las implicaciones de la pandemia y las medidas, políticas y empresariales, que deberían adoptarse.

Pregunta. Después de la experiencia de la Gran Recesión, ¿es realista confiar en una reinvención global?

Respuesta. En estos momentos estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en combatir la pandemia, pero hay que empezar a pensar en la recuperación. No vamos a volver al mundo como era, pero la nueva normalidad dependerá de nuestras decisiones. Algo parecido a lo que tuvimos que hacer después de la II Guerra Mundial, diseñar cómo queremos que sea el mundo poscoronavirus, en términos de cooperación global, de políticas sociales y medioambientales. Lo que hago en el libro es ofrecer un análisis de las consecuencias económicas, sociales, tecnológicas y geopolíticas de la pandemia y una previsión de lo que sucederá. Creo que puede ser una base para el debate.

P. ¿Por dónde deberíamos empezar?

R. A corto plazo, lo primero es hacer frente al desempleo, a la caída del crecimiento económico, y me alegra ver que los Gobiernos están dispuestos a adoptar todas las medidas que sean necesarias para frenar un desplome que no parece tener suelo. A medio plazo debemos abordar las deficiencias del sistema, sobre todo la falta de inclusión, un tema que ya planteamos en la reunión de Davos de enero; la sostenibilidad, especialmente en términos medioambientales, y la imperiosa necesidad de abordar un nuevo contrato social. Y todas estas cuestiones deben abordarse desde un marco global. Esa es una de las grandes lecciones aprendidas con la pandemia, que sin cooperación global se genera una situación donde todos somos perdedores, nadie gana.

P.  ¿Y eso de qué depende?

 R. Lo primero que tenemos que analizar es qué nos ha llevado a esta situación, y mi análisis es que el mundo es muy rápido y complejo y por primera vez mucha gente duda de que la próxima generación vaya a vivir mejor que la actual. Y todo eso tiene que ver con la desigualdad, que genera una situación en la que la gente se vuelve más egoísta, solo busca preservar lo que tiene o lo que puede conseguir. En las últimas elecciones vemos que se ha dejado de buscar el centro, los puntos en común, y en esas condiciones es muy difícil gobernar. Y aunque eso no amenaza directamente la democracia, sí pone en riesgo la cohesión social, que es una condición previa para que haya democracia.

 P. El elefante en la habitación son las elecciones estadounidenses.

.R. Sí, pero no deberíamos hacernos falsas ilusiones porque los individuos y los países se han vuelto más egoístas, más nacionalistas, e independientemente del resultado electoral [la entrevista fue antes de los comicios], cada uno va a defender su propio interés.

P. ¿Eso también pasará con la relación con China?

R. Es un tema decisivo en el que los europeos solo podemos ser influyentes si somos un socio fuerte. En términos de posición económica, de tamaño de mercado, en investigación e innovación podemos hablar de tú a tú a Estados Unidos y a China si hacemos uso de nuestra fortaleza. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema de la protección de datos, en el que Europa ha marcado la senda a nivel mundial.

P. ¿Qué lecciones nos ha dejado ya la crisis?

R. Si miramos cuáles son los países que mejor han resistido la pandemia, no están solo los países asiáticos, con un marco político distinto, sino aquellos comprometidos con una economía social de mercado, con una infraestructura social y sanitaria muy fuertes. Tenemos que asegurarnos de que el sistema se ocupe de todo el mundo y no deje a nadie atrás. Yo soy un ferviente creyente en el libre mercado y en el principio de que los Gobiernos no son los creadores de riqueza ni de innovación, ni emprendimiento. Pero tenemos que crear un sistema que lo facilite, con un modelo tributario que propicie una mejor redistribución, y financiar la red de protección social que necesitamos. Por ejemplo, en Ginebra tenemos un impuesto sobre la renta relativamente alto, no existe fiscalidad sobre las ganancias de capital porque eso estimula la inversión, pero hay un impuesto sobre las fortunas. Creo que ese es un buen modelo.

P. Es decir, que urgen cambios en el sistema fiscal.

R. Sí, pero antes debemos acabar con las numerosas formas de evasión fiscal y con los paraísos fiscales.

P. Ha declarado que el neoliberalismo ha muerto, que es cosa del pasado.

R. Estamos asistiendo poco a poco a un cambio. Lo hemos visto en Davos, de ese capitalismo que solo piensa en los accionistas a un capitalismo de todas las partes, que no busca solo el beneficio inmediato y a corto plazo, sino que tiene en cuenta los objetivos de sostenibilidad marcados por Naciones Unidas. Los ejecutivos de las empresas tienen una forma de pensar muy distinta a la que defendió Milton Friedman. Creo que los Estados deben fijar las normas de funcionamiento del mercado y marcar la dirección que deben seguir las economías, por ejemplo, para avanzar hacia una descarbonización o reforzar la resistencia del aparato industrial.

P. ¿Cuál es el mayor riesgo en ese escenario?

R. Mi mayor preocupación es el estallido de una crisis social. Por un lado, de aquellos que se han quedado atrás, con ejemplos en España o en Francia, que van a salir con más frecuencia a la calle, van a provocar una radicalización de la sociedad, y que se dan tanto en la izquierda como en la derecha. Por otro lado, hay un riesgo creciente de crisis intergeneracional. El desempleo está reduciendo las oportunidades de los jóvenes, mientras les cargamos cada vez con una mayor deuda. La justicia social se está reduciendo, la movilidad social se está reduciendo prácticamente en todo el mundo, lo que significa que, si no naces en la familia apropiada, tienes menos oportunidades de conseguir una vida decente. Por no mencionar las consecuencias medioambientales de este sistema de producción que puede añadir tensión a esta crisis generacional.

Por Alicia González

Madrid - 07 nov 2020 - 18:30 COT

Publicado enSociedad
En las protestas contra Lenin Moreno coincidieron sectores urbanos, campesinos e indígenas. Fluxus Foto

76 de los 91 préstamos que el FMI ha negociado desde el inicio de la pandemia de coronavirus llegan vinculados a demandas de profundos recortes en servicios públicos y políticas que benefician a las corporaciones por encima de las personas.

 

El enorme trastorno económico causado por la pandemia de covid-19 ofrece una oportunidad única para alterar radicalmente la estructura de la sociedad, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está utilizando la crisis para implementar medidas de austeridad cuasi permanente en todo el mundo.

76 de los 91 préstamos que ha negociado con 81 países desde el inicio de la pandemia mundial en marzo han llegado vinculados a demandas de que los países adopten medidas como profundos recortes en los servicios públicos y las pensiones, medidas que indudablemente conllevarán privatizaciones, congelaciones o recortes salariales, o el despido de trabajadores del sector público como médicos, enfermeros, profesores y bomberos.

Principal animador de las medidas de austeridad neoliberal en todo el planeta durante décadas, el FMI ha empezado recientemente (de forma discreta) a admitir que estas políticas no han funcionado y generalmente crean problemas como pobreza, crecimiento desigual y una desigualdad aún peor. Además, tampoco han conseguido traer el prometido crecimiento económico que se suponía que iba a contrarrestar estos efectos negativos. En 2016, describió sus propias políticas como “promocionadas en exceso” y anteriormente resumió sus experimentos en América Latina como “todo dolor, sin beneficios”. Así, sus propios informes afirman explícitamente que sus políticas no funcionan.

“El FMI ha hecho sonar la alarma sobre una gran intensificación de la desigualdad tras la pandemia. Pero está conduciendo a los países a pagar los gastos de la pandemia mediante recortes de austeridad que alimentarán la pobreza y la desigualdad”, dice Chema Vera, director ejecutivo interino de Oxfam International. “Estas medidas podrían dejar a millones de personas sin acceso a la sanidad o ayuda económica mientras buscan trabajo, y podrían frustrar cualquier esperanza de recuperación sostenible. Al adoptar este enfoque, el FMI está cometiendo una injusticia a sus propias investigaciones. Su cabeza debe empezar a hablar con sus manos”.

Oxfam ha identificado al menos 14 países que espera que congelen o recorten de forma inminente los salarios y puestos de trabajo del sector público. Túnez, por ejemplo, solo tiene 13 médicos por cada 10.000 personas. Cualquier recorte a su ya exiguo sistema sanitario lo debilitaría en su lucha contra el coronavirus. “Si la gente no se puede permitir el testeo y el cuidado del covid-19 y otras necesidades sanitarias, el virus seguirá expandiéndose sin control y más gente morirá. Los gastos corrientes en sanidad eran una tragedia antes de la pandemia, y ahora son una sentencia de muerte”, añade Vera.

Un caso práctico del FMI

Ecuador es un ejemplo perfecto de las consecuencias del FMI. Anteriormente dirigido por el Gobierno radical de Rafael Correa, que hizo de la reducción de la pobreza una prioridad, condenó al FMI y a su organización hermana, el Banco Mundial, y dio asilo a disidentes occidentales como Julian Assange, el país ha sido dirigido por Lenin Moreno desde 2017. Moreno comenzó inmediatamente a deshacer el legado de Correa, incluso intentando procesarle. En 2019, bajo órdenes del FMI, Moreno redujo el presupuesto sanitario nacional en un 36% a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares del FMI, un movimiento que provocó enormes protestas nacionales que amenazaron con hacer descarrilar a su Gobierno.

Los resultados fueron casi apocalípticos cuando la ciudad más grande del país, Guayaquil, se convirtió en el centro mundial del coronavirus, con cadáveres abandonados en las calles durante días mientras los servicios estaban saturados. La ciudad sufrió más muertes que Nueva York en su pico, y con mucha menos infraestructura para tratar el problema. Aunque el número oficial de casos en el país es bajo, la tasa de mortalidad ha estado entre las más altas del mundo, lo que sugiere que los servicios han estado completamente colapsados.

A principios de este mes, Moreno anunció un nuevo acuerdo por 6.500 millones de dólares con el FMI, que ha aconsejado a su Gobierno dar marcha atrás en los aumentos de emergencia en el gasto sanitario, detener las transferencias de efectivo para aquellos incapaces de trabajar debido al virus y recortar los subsidios de combustible para los pobres.

En la crisis, oportunidad

El FMI también interfiere directamente con la política interna de naciones soberanas. En marzo, se negó a hacer préstamos al Gobierno venezolano debido a la “falta de claridad” sobre quién estaba al mando, sugiriendo que el democráticamente electo Nicolás Maduro tendría que dimitir antes de que consideraran hacer préstamos al país. Al mismo tiempo, sin embargo, el autodeclarado presidente y figura de la oposición Juan Guaidó anunció que había asegurado un compromiso de 1.200 millones de dólares de la organización con la condición de que Maduro dimita y permita que un “Gobierno de emergencia” tome el control del país. Una encuesta realizada el mismo mes por una empresa de encuestas simpatizante descubrió que solo el 3% de los venezolanos apoyaba a Guaidó.

En la crisis siempre hay oportunidad. Para muchos, la pandemia es una oportunidad de reorientar la economía alejándose del consumo de masas y hacia un sistema más sostenible ecológicamente. Para el FMI, sin embargo, se está utilizando para impulsar más privatizaciones y medidas de austeridad que invariablemente enriquecen a los ricos y debilitan a los pobres y a los indefensos. Parece que, si la organización se sale con la suya, serán los pobres quienes paguen por la pandemia, mientras los ricos prosperan.

MPN

Artículo publicado originalmente en Mint Press News. Traducido para El Salto por Eduardo Pérez.

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Socialdemocracia: internacionalismo y redistribución nacional

Soñar con un mundo restaurado suele ser bastante común. Pero hay que aprender a distinguir entre sueños y realidad. Para tener éxito en este tiempo, la izquierda necesita ofrecer un programa que combine su internacionalismo y su cosmopolitismo de antaño con una fuerte redistribución nacional.

 

Atrapada entre el implacable proteccionismo y la xenofobia trumpistas, por un lado, y la coalición neoliberal de liberadores sexuales y oscuros recaudadores, por el otro, la izquierda de los países ricos parece carecer de nuevas ideas. Y peor que carecer de nuevas ideas es intentar restaurar un mundo que ya no existe, que va contra la corriente de la vida y la economía modernas.

Sin embargo, este es un ejercicio en el que participan algunos sectores de la izquierda. Tengo en mente varios ensayos de El gran retroceso, un libro que reseñé aquí, un artículo reciente de Chantal Mouffe y, quizás más manifiestamente, El futuro del capitalismo, de Paul Collier (reseñado aquí y aquí). Dani Rodrik proporcionó munición ideológica temprana para este punto de vista con su célebre «trilema». Es también el contexto en el que mi Capitalismo, nada más fue recientemente reseñado por Robert Kuttner en The New York Review of Books.

Este proyecto apunta a recrear las condiciones existentes aproximadamente entre 1950 y 1980, que fue, de hecho, el periodo en que floreció la socialdemocracia. Si bien muchos tienden a presentar esta época en tonos excesivamente brillantes, sin duda fue, en muchos aspectos, extraordinariamente exitosa para Occidente: el crecimiento económico era elevado, los ingresos de las naciones occidentales convergían, la desigualdad era relativamente baja, la movilidad social era mayor que hoy, las costumbres sociales se volvían más relajadas e igualitarias y la clase trabajadora occidental era más rica que las tres cuartas partes de la humanidad (y podía sentirse, como escribe Collier, orgullosa y superior al resto del mundo). Hay mucho por lo que sentir nostalgia.

Condiciones especiales

Pero ese éxito se dio en condiciones muy especiales e imposibles de recrear. ¿Cuáles eran?

Primero, no existía una competencia entre gran parte de la mano de obra global y los trabajadores y trabajadoras del Primer Mundo. Las economías socialistas, China y la India seguían políticas autárquicas, por diseño o por accidente histórico. En segundo lugar, el capital no se movía demasiado. No solo existían restricciones al capital, sino que las inversiones extranjeras eran a menudo objeto de nacionalización, y tampoco existían los medios tecnológicos para trasladar fácilmente grandes cantidades de dinero.

En tercer lugar, la migración era limitada y, cuando sucedía, se daba entre pueblos culturalmente similares (como la migración del sur de Europa a Alemania) y gracias a la creciente demanda de mano de obra impulsada por las economías nacionales en crecimiento. En cuarto lugar, la fuerza de los partidos socialistas y comunistas nacionales, combinada con los sindicatos y la amenaza soviética (especialmente en Europa), hizo que los capitalistas se manejaran con precaución: por instinto de supervivencia, tuvieron cuidado de no presionar demasiado a trabajadores y sindicatos.

En quinto lugar, el espíritu socialdemócrata de igualdad estaba en sintonía con las costumbres predominantes en aquella época, reflejadas en la liberación sexual, la igualdad de género y la reducción de la discriminación. En un contexto interno tan benigno, y sin enfrentarse a ninguna presión por parte de trabajadores extranjeros mal remunerados, los socialdemócratas podían seguir siendo internacionalistas, como fue el caso de notabilísimas figuras como Olof Palme en Suecia y Willy Brandt en la República Federal de Alemania.

Cambios drásticos

En las condiciones sociales y económicas totalmente diferentes que presenta la actualidad, cualquier intento de recrear un contexto interno tan benigno implicaría cambios drásticos y, de hecho, reaccionarios. Sin decirlo abiertamente, sus partidarios piden socialdemocracia en un solo país o, más exactamente, en un rincón (rico) del mundo.

Collier aboga por amurallar el mundo rico para detener la migración, que considera culturalmente disruptiva y que socava injustamente el trabajo nacional. Collier justifica estas políticas, aplicadas sobre todo por los socialdemócratas en Dinamarca, diciendo que su preocupación son los países menos desarrollados: no vaya a ser que el éxodo de sus trabajadores más calificados y ambiciosos empuje aún más a estos países hacia la pobreza. Sin embargo, está claro que no son esos los verdaderos motivos de tales políticas.

Otros protegerían a Occidente de la competencia de China, argumentando, otra vez de manera falsa, que los trabajadores occidentales no pueden competir con trabajadores de menores salarios, sometidos a una dura disciplina productiva y sin sindicatos independientes. Como ocurre con las políticas que detendrían la migración, la justificación del proteccionismo se camufla con el lenguaje de la preocupación por los demás.

Dentro de esta perspectiva, debería lograrse que el capital nacional permaneciera principalmente en casa, promoviendo una globalización mucho más «superficial» de la que existe hoy. Las empresas occidentales que actúen con ética no deberían contratar a personas en (digamos) Myanmar que no gocen de derechos laborales elementales.

Las masas populares

En todos los casos, estas políticas apuntan a interrumpir el libre flujo de comercio, personas y capital y a aislar al mundo rico de las masas populares. No tienen casi ninguna posibilidad de éxito, simplemente porque los avances tecnológicos de la globalización no se pueden deshacer: China y la India no pueden volver al aislamiento económico y las personas de todo el mundo, dondequiera que estén, desean mejorar su situación económica emigrando a países más ricos.

Además, estas políticas representarían una ruptura estructural con el internacionalismo que siempre fue uno de los logros más importantes de la izquierda (si bien suele más bien brillar por su ausencia). Reducirían el crecimiento en los países pobres y la convergencia mundial, frenarían la reducción de la desigualdad y la pobreza mundiales y, a fin de cuentas, resultarían contraproducentes para los propios países ricos.

Soñar con un mundo restaurado suele ser bastante común, y a menudo (especialmente a una edad avanzada) nos acostumbramos a entregarnos a esas ensoñaciones. Pero hay que aprender a distinguir entre sueños y realidad. Para tener éxito en tiempo real, en las condiciones actuales, la izquierda necesita ofrecer un programa que combine su internacionalismo y su cosmopolitismo de antaño con una fuerte redistribución nacional. Tiene que apoyar la globalización, tratar de limitar sus efectos nefastos y aprovechar su indudable potencial para igualar, con el tiempo, los ingresos en todo el mundo.

Como escribió Adam Smith hace más de dos siglos, la igualación de las condiciones económicas y el poder militar en todo el mundo es también una precondición para que prevalezca la paz universal.

Por Branko Milanović

Traducción: Carlos Díaz Rocca

Fuente: Social Europe

Publicado enPolítica
La “Ley Antibloqueo” de Maduro: un infame salto adelante en el entreguismo nacional y las privatizaciones

UNA LEY ESCANDALOSA

Con ese aparatoso nombre se trata de legitimar una política aperturista, muy lejos de cualquier medida contra las sanciones de Estados Unidos. Incluso se plantea la reversión de “nacionalizaciones” del período de Chávez.

 

El Gobierno de Maduro ha presentado la llamada “Ley Antibloqueo”. Un aparatoso nombre para dar toda una cobertura “legal” a una política más ofensiva en el plano aperturista que viene teniendo el Gobierno que lejos está de cualquier medida contra las sanciones de Estados Unidos, incluso plantea la reversión de “nacionalizaciones” llevadas adelante durante el período de Chávez. Y para “protegerse” le dan rango de ley al secretismo en los negocios de la entrega nacional.

En esta nueva “Ley” al que le dan rango constitucional, como ya es costumbre en el Gobierno, en los preámbulos la presentan con frases al estilo de “la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”, “el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano” y el “goce de los derechos laborales y sociales de las y los trabajadores”. Justamente todo lo contrario en sus objetivos reales. Fue lo mismo que se hizo cuando lanzaron el brutal paquetazo de agosto del 2018 que significó un ataque en toda la línea contra la clase trabajadora y las mayorías populares bajo el nombre de “el Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad”.

La misma ha sido presentada ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, donde el poder real lo tienen el Gobierno, pues es un lugar donde no se delibera absolutamente nada y se vota todo lo que determinan las altas camarillas del chavismo gobernante junto a las Fuerzas Armadas, y por tanto se sabe con antelación su aprobación.

Esta “Ley” ni es “antibloqueo” menos aún que defienda “la plena soberanía”, estando en las antípodas de cualquier medida antiimperialista contra las sanciones de Washington, pero que se usa como pretexto para todo un curso entreguista y privatizador que ya vienen tomando desde hace algunos años, y que entre sus principales leyes iniciadoras está la llamada “Ley de Inversiones extranjeras”, para abrirse luego con una serie de leyes en el sector petrolero de entrega a transnacionales. Y en esto justamente comparten con la oposición, solo que unos en clave de ser el que controla la entrega para buscar una sobrevida y el otro de apertura abierta de la mano del imperialismo.

En la nueva “Ley”, que no pretendemos aquí tomar en su totalidad sino en sus puntos más gruesos, en su Capítulo II referido a “Medidas de equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones”, ya arranca afirmando que “Cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños que las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas generan (…) el Ejecutivo Nacional autorizará la desaplicación de determinadas normas legales, para casos específicos”. Agregando que se hará cuando “tal desaplicación es indispensable para la adecuada gestión macroeconómica, la protección e impulso de la economía nacional, la estabilidad del sistema productivo y financiero locales, la captación deinversión extranjera, sobre todo a gran escala” (negritas nuestras). ¿Qué es lo que se quiere indicar con la “desaplicación de normas legales”? No puede dejar de entenderse como la abierta anulación de normas y leyes preestablecidas (incluyendo las orgánicas), incluso contenidas en la propia Constitución del país, para su avanzada económica eliminando todo tipo de obstáculo “legal”. Lo que de paso, es bien decirlo, no es nuevo, solo que ahora le dan “rango constitucional” a la anulación de facto a un sin número de leyes cuando bien le convenga a las camarillas gobernantes, como explicamos más adelante.

Acelerando el curso aperturista y entreguista

En la parte referida a la “Optimización de la gestión empresarial” de dicha Ley, es partir donde salen a relucir los verdaderos objetivos. En el Artículo 24 se indica que “El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior (…)”. Para intentar “cubrirse” de cierta “constitucionalidad” para este salto agregan que esto se hará “sin prejuicio del artículo 303 de la Constitución”. Un artículo que indica que “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera (…)”. Pero es que PDVSA como empresa puede seguir existiendo y lo será seguramente, pero ya siendo una empresa irrelevante en manos del Estado frente al paso de la explotación y producción petrolera a manos de transnacionales y operadores locales; así “cumpliendo” supuestamente con dicho dictamen constitucional, pueden avanzar en una mayor privatización real de la industria petrolera nacional. En otras palabras, lo de “sin prejuicio” no pasa más que de un eufemismo del mayor de los descaros.

Para complementar, en su Artículo 25 se indica en cuanto a “Operaciones de administración” que “(…) se podrá elaborar e implementar operaciones de administración de pasivos, así como de administración de activos, mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales (…)”. Y en su Artículo 26 que “(…) el Ejecutivo Nacional diseñará e implementará mecanismos excepcionales de contratación, compra y pago de bienes y servicios (…)”. Aunque el Gobierno de Maduro ya viene avanzando desde hace varios años en eso de “modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas” (como lo hemos explicado aquí), lo nuevo está, como lo hemos venido afirmando, es que lo elevan a rango constitucional y de Ley abriéndose el camino para sus políticas económicas.

Como hemos explicado, en medio del colapso económico Venezuela se ha transformado en la gran oportunidad para aumentar el saqueo por parte de las grandes transnacionales, e incluso de grupos económicos locales, en todo un proceso que se ha abierto hacia lo que no puede llamarse sino la privatización de la industria petrolera, solo que ahora buscan dar saltos mayores. En un extenso artículo de inicios de febrero hemos dado cuenta toda una serie de iniciativas y leyes que en los últimos seis años han venido marcando este curso aperturista en el sector petrolero, gasífero y petroquímico.

Un camino más abierto a la privatización y reversión de empresas “nacionalizadas”

En lo que dice respecto a “Impulso a la inversión privada”, es donde se concentra ya no solo en el curso aperturista sino también privatizador, incluyendo la vuelta atrás de medidas que se habían tomado previamente en el marco de “nacionalizaciones” o “expropiaciones”. En las primeras líneas del Artículo 27 reza que el Ejecutivo “(…) podrá autorizar e implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional (…)”, y pasa a determinar que “Cuando dichas medidas impliquen la gestión u operación de activos se encuentren bajo administración del Estado venezolano como consecuencia de alguna medida administrativa o judicial restrictiva de alguno de los elementos de la propiedad, se respetarán los derechos de quien demuestre ser su legítimo propietario conforme a la legislación vigente, procurando priorizar su participación en la respectiva alianza o a través de acuerdos con el Estado para la restitución de sus activos cuando ello implique la pronta puesta en producción de dichos activos mediante un plan debidamente sustentado.” (Subrayados nuestros).

Con todas las letras establecen directamente el camino a “restituir” a “su legítimo propietario”, empresas que incluso fueron pagadas hasta con creces en períodos anteriores. Pero en este Capítulo de la Ley no es que se refiera a aquellas pequeñas empresas que de una u otra forma fueron afectadas por alguna determinación gubernamental, es el camino abierto a la privatización de grandes empresas que fueron “nacionalizadas” o “expropiadas” pero que fueron indemnizadas. Pudiendo ser retomadas por empresarios extranjeros y locales en ese proceso que llaman “restitución de sus activos”, con la sola estipulación de que “implique la pronta puesta en producción”, sin hacer mención alguna a los fuertes pagos que se hicieron cuando se compraron las mismas.

Para esto seguramente empezando por las transnacionales petroleras que han demandado al Estado nacional cuando se avanzó en el régimen de las empresas mixtas. Pero no solo esto, sino también con empresas de gran calado como la industria siderúrgica, sectores eléctricos, y otras compañías de gran calado hoy bajo la órbita estatal. Dicho sea de paso, esto es algo que ya se viene operando, como ha sido el caso de los establecimientos de cadenas de supermercados, como “Éxito”, y que hoy son entregados al sector privado, sin saberse ni en qué marco ni condiciones, pero que pasan al sector privado.

Para complementar esta parte, y de manera que se establezca el principio de “la mano del mercado”, se tiende a eliminar o se elimina directamente, la interferencia del Estado en la economía. Así en su artículo 28, se dictamina que “(…) se autoriza al Ejecutivo Nacional el levantamiento de restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos, en actividades estratégicas de la economía nacional (…)”. Se sabe que con el término de “determinadas categorías” entrarían las que consideren a bien establecer. En otras palabras, la vía al laissez faire para los negocios de las grandes empresas transnacionales o de capitalistas nacionales.

Y hasta la propia jurisprudencia nacional en lo que se refiere a la cuestión de eventuales litigios con empresas internacionales van desapareciendo. En la parte referida a las “Garantías para la inversión”, en el Artículo 31 se dictamina que “La República y sus entes podrán acordar con sus socios e inversionistas, por el plazo establecido contractualmente, cláusulas de protección de su inversión, a los fines de generar confianza y estabilidad.” Agregándose que “Siempre que se hayan agotado los recursos judiciales internos disponibles y se haya pactado previamente, la República Bolivariana de Venezuela podrá participar y hacer uso de otros mecanismos de solución de controversias.” Es decir, ni si quiera se hace mención ni se especifica en todo este artículo, a fin de que los llamados “inversionistas” (las transnacionales que vienen a hacer sus negocios) tengan “confianza y estabilidad”, que eventuales “controversias” serán resueltas en tribunales venezolanos, sino abiertas a serlo en el rapaz arbitraje internacional, como los que se determinan dirimiendo en Nueva York, por ejemplo.

Una descarada e insólita garantía “legal” del “secreto” para la entrega, privatizaciones y la corrupción

Y para darles mayor “seguridad” a los negocios a los capitalistas, se establece en la parte referida al “Régimen transitorio sobre reserva, confidencialidad y de divulgación limitada de información”, el mayor de los secretos de las negociaciones que se establezcan o véngase a acordar, abriendo el camino, ya no solo de corrupción como indican muchos observadores críticos de esta Ley, sino al curso entreguista sin el más mínimo control, siendo que se trata de riquezas del Estado o de activos existentes en el territorio nacional o en el extranjero, u otros negociados oscuros, cuando se supone que deben ser de la mayor “transparencia pública”. Se busca amparar con una “Ley” la opacidad en todo lo que hace a la entrega nacional. En otras palabras, se establecen leyes, para hacer “legales” todo tipo de entreguismo y componendas, ventas de activos en forma oscura, y a la corrupción.

Así vemos que en el Artículo 34 se dictamina que “Se crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto destinado a proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el Poder Público venezolano (…)”, y se agrega que “Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, por razones de interés y conveniencia nacional, podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo, en aplicación de esta Ley Constitucional”. Rematando en el Artículo 35 con que “Se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada, así como tampoco podrán expedirse copias simples ni certificadas de la misma”.

Ni en la década de los 90, de mayor avance neoliberal, se tomaban tanta “prevenciones” elevándolas a “Ley”. El argumento de que Washington no se “entere” no es más que un burdo argumento e insólito subterfugio. De manera “silenciosa”, y hay que aclarar, para usar esa expresión de Maduro, se han venido tomando decisiones económicas y políticas de grandes consecuencias para la nación bajo el mayor de los secretismos, solo que ahora legalizan el secretismo para los grandes negociados. Y es que hay que tomar en cuenta que ya no se trata solo de la profundización de severos ajustes contra las amplias mayorías de la población trabajadora, que han sido acompañado por las fuerzas de poder económico empresarial y capitalista de todo linaje, sino decisiones que implican grandes cambios que llevan a una mayor dependencia del país.

Anulando Leyes orgánicas anteriores de un plumazo

Y para que no quede ningún espacio abierto a Leyes anteriores que contravengan el actual curso político y económico, pasan a abolir de facto las preexistentes. Así en lo referente a las “Disposiciones transitorias”, en la segunda disposición se dictamina directamente que “Quedan suspendidas las normas que colidan con lo dispuesto en esta Ley Constitucional, la cual siempre tendrá aplicación preferente incluso respecto de leyes orgánicas y especiales que regulen las materias que tratan dichas disposiciones, aún ante el régimen derivado del Decreto mediante el cual se acuerda el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional”.

Es decir, todas las otras Leyes orgánicas existentes, como la Ley de Hidrocarburos entre muchas importantes del país, son eliminadas de un zarpazo por simple orden gubernamental, pues sabemos que la actual Asamblea Nacional Constituyente, órgano más fraudulento si los hay, no es más que un instrumento de las camarillas gobernantes para sus fines políticos, y carece en absoluta de la más mínima deliberación de cualquier parlamento burgués aunque sea para cubrir las apariencias.

Es clave luchar y enfrentar todo este entreguismo, nuevo saqueo y curso privatizador

Como vemos, en este rápido recorrido de esta “Ley”, se trata de una de las leyes más antinacionales que hasta el momento el Gobierno de Maduro ha venido estableciendo, y que deja al país a la deriva de la rapacidad capitalista internacional y nacional, y de una burocracia estatal –incluyendo la militar- antiobrera y antipopular con intereses materiales propios. Es un andamiaje al entreguismo y al curso privatizador como no se había visto. Por eso, no por casualidad, titulábamos un artículo a principios de año como que estábamos en la puerta de “Nuevo “gran viraje” donde solo ven la apertura depredadora como “salida” a la catástrofe y ruina del país.

En fin, con esta Ley, y usando de pretexto las sanciones imperialista –que hay que rechazar con todas las fuerzas–, mientras la arrolladora catástrofe continúa afectando dramáticamente la vida de millones, llevando su situación a extremos y una economía con caídas destructivas, factores de poder operan para llevar adelante brutales cambios en el país, incluso de carácter estructural, donde se avanza en poner a la nación venezolana en una mayor relación de dependencia y de vulnerabilidad con el mundo económico y financiero mundial.

En el país hay un colapso brutal, una destrucción de industrias claves, que tienen que ver con las propias políticas del Gobierno y que las sanciones imperialistas han venido a agravar ahogando más la situación, pero la salida pasa por tomar toda una serie de medidas antiimperialistas y anticapitalistas ante esta ruina haciéndose realmente el país soberano de todos sus recursos y rompiendo todas las ataduras y compromisos que mantienen al sujeción del país a intereses de potencias extranjeras, y no el mayor de los entreguismos y curso privatizador que toma el Gobierno de Maduro que seguramente la oposición de derecha debe estar aplaudiendo. Esto implicaría claramente sustentado en una gran movilización obrera y popular donde los trabajadores tomen el destino del país en sus manos.

La clase obrera, así como las grandes mayorías populares deben rechazar con todas las fuerzas esta ofensiva. Es clave luchar y enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como por la de la oposición de derecha. Es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador.

Por Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Sábado 3 de octubre | 17:12

Publicado enInternacional
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