Lo que quiere Raúl Castro para los próximos trece años

Recordaba el Granma (órgano oficial del Comité Central del PCC) en la víspera del cambio de presidente que “en el béisbol los lanzadores relevistas deben tener, además de buen control, temperamento para poder afrontar situaciones complicadas y de presión”. Complicada y bajo presión va a ser la presidencia en Cuba de Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El 19 de abril, la Asamblea Nacional del Poder Popular eligió a Díaz-Canel, de 58 años, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y, como establece la Constitución, Jefe Supremo de todas las instituciones armadas. Raúl Castro permanece como diputado de la ANPP y seguirá siendo el Primer Secretario del Comité Central hasta el Congreso del Partido Comunista de Cuba anunciado para 2021. Lo que Castro considera “el proceso de transferencia paulatina y ordenada de las principales responsabilidades a las nuevas generaciones” se está realizando sin unanimidad en la dirección del PCC.


Raúl lo reconoció ante la ANPP al decir sobre la elección de Díaz-Canel que “un grupo de compañeros del Buró Político teníamos la absoluta certeza de que habíamos dado en el clavo y de que esa era la solución”. No es el conjunto del Buró Político el que está de acuerdo con la designación del nuevo presidente de Cuba sino sólo “un grupo de compañeros del BP”. Esa división se puso de manifiesto cuando el PCC planteó la actualización del modelo cubano como la ruta hacia un socialismo próspero, sostenible y democrático. Lo de democrático fue eliminado inicialmente por el sector más rancio del PCC que no sintoniza con Díaz-Canel y que encabeza el Segundo Secretario José Ramón Machado Ventura. Castro recuperó la caracterización democrática del proyecto cubano de socialismo.


Al retirarse de la presidencia, Raúl ha sacado a Machado del Consejo de Estado aunque seguirá como Segundo Secretario hasta el próximo Congreso del PCC. La única sorpresa en la elección del nuevo Consejo de Estado es el nombramiento de Salvador Antonio Valdés Mesa como Primer Vicepresidente. Fue Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba y está en el Buró Político. Parece que así como Díaz-Canel es el elegido por Raúl, Valdés representa a Machado. Según Castro, “con el compañero Díaz-Canel, que ha demostrado solidez ideológica, sensibilidad política y fidelidad hacia la Revolución, se aseguró con intencionalidad y previsión su tránsito por diferentes responsabilidades partidistas y gubernamentales, de manera que adquiriera un nivel de preparación integral que, unido a sus cualidades personales, le permitieran asumir con éxito la jefatura de nuestro Estado y Gobierno y más adelante la máxima responsabilidad en el partido”.


Un proyecto para trece años


En su discurso del 19 de abril ante la ANPP, Raúl Castro anunció lo que quiere para Cuba durante los próximos trece años (2018/2031) aunque son decisiones que deberían corresponder al PCC y al Parlamento. Raúl seguiría como Primer Secretario del Comité Central hasta el Congreso del PCC de 2021. Entonces le sucedería Díaz-Canel, de manera que volverían a estar en las mismas manos la presidencia y el mando en el partido. Díaz-Canel sería presidente durante dos mandatos de cinco años (2018/2028), que es lo máximo que permiten las nuevas reglas de permanencia establecidas por Raúl Castro. En 2028 llegaría a la presidencia un dirigente preparado desde ahora y lo acompañaría Díaz-Canel como Primer Secretario del PCC hasta el Congreso de 2031.


En ese proceso debería aplicarse el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que todavía no está definitivamente elaborado. Para los primeros tres años de la presidencia de Díaz-Canel, con Raúl dirigiendo el PCC, se ha anunciado una reforma de la Constitución “acorde con las transformaciones acaecidas en el orden político, económico y social”.


Es la primera vez que Raúl Castro añade la transformación política a la actualización económica. El cronograma de Raúl, cuya aplicación no podrá controlar si no vive cien años, provoca una pregunta inmediata: ¿qué pasará si Castro (87 años) muere antes de la reforma de la Constitución y del Congreso del PCC convocado para 2021. ¿Controlarán el partido los rancios de Machado (88 años) y paralizarán el proceso de reformas?


El control y las presiones


En los discursos de Raúl Castro y de Miguel Díaz-Canel ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, quedaron muy claras las dificultades del control y los problemas de las presiones para el nuevo presidente de Cuba como lanzador relevista. Dijo Raúl Castro que “nos embarga la serena confianza en la transferencia a las nuevas generaciones de la misión de continuar la construcción del socialismo y así garantizar la independencia y la soberanía nacional”.


Dijo Díaz-Canel que “aquí no hay escenario para una transición que desconozca o destruya el legado de tantos años de lucha. La Revolución seguirá viva, desafiando con audacia, inteligencia y realismo, poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito nacional”.


Añadió Raúl Castro que “para que no quede la menor duda, deseo enfatizar que el PCC, empezando por el Primer Secretario de su Comité Central, apoyará y respaldará resueltamente al nuevo Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales”.


Añadió Díaz-Canel que “el compañero Raúl Castro, como Primer Secretario del PCC, encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación”.


Concluyó Raúl Castro que “hay que vencer el obstáculo colosal de una mentalidad cimentada en décadas de paternalismo e igualitarismo, con secuelas significativas en el funcionamiento de la economía nacional”. Y concluyó Díaz-Canel reclamando “el apoyo de todos los que ocupan responsabilidades de dirección a los diferentes niveles y en las diversas instituciones de la Revolución”.


Las tensiones en torno a la designación de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente de Cuba han provocado que por primera vez no se realice simultáneamente la renovación del Consejo de Estado y la presentación del nuevo Consejo de Ministros que se aplaza hasta el próximo mes de julio, “con el propósito -explicó Raúl Castro- de contar con un tiempo prudencial para valorar los movimientos de cuadros a realizar”.


Quienes consideran que Cuba necesita reformas económicas y políticas que faciliten la vida cotidiana, conecten con la nueva juventud y permitan la participación de los cubanos en las decisiones sobre su futuro no pueden eludir una pregunta de muy difícil respuesta: ¿cómo sintonizan los militares, que controlan la economía y al PCC, con la designación de Miguel Díaz-Canel y el cronograma de Raúl Castro?

Por José Manuel Martín Medem
Excorresponsal de TVE en Cuba

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Crece el encono contra el gobierno de Nicaragua

Managua

Con plantones en distintos puntos de esta capital y un bloqueo intermitente en la carretera a Masaya, este martes continuaron las movilizaciones contra el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Las autoridades aseguraron que decenas de jóvenes detenidos durante las protestas iniciadas hace casi una semana ya fueron liberados, y levantaron la censura contra el canal de cable 100% Noticias, en un intento de contener la peor crisis en sus más de 11 años de mandato, que deja ya 27 muertos.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) aceptó mediar y ser testigo en el diálogo convocado por el gobierno de Ortega. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la CEN, señaló que los obispos católicos desean "facilitar el clima de diálogo" e invitó al gobierno y a la sociedad civil a evitar "todo acto de violencia, de irrespeto a la propiedad pública y privada, y pidió absoluto respeto a la vida humana".

De su lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Estados Unidos condenaron, por separado, las muertes en el país centroamericano y solicitaron investigaciones independientes.

En el séptimo día de protestas contra el gobierno, grupos sociales instalaron un plantón en la zona capitalina de Camino de Oriente, mientras otros manifestantes se concentraron afuera de la Catedral y reiteraron su exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, abandonen el gobierno.

En la carretera hacia Masaya hubo bloqueos en los que los inconformes leyeron los nombres de los fallecidos en las protestas iniciadas el pasado miércoles 18.

Los estudiantes siguen atrincherados en la Universidad Politécnica, epicentro de las protestas, y aseguraron que van a continuar su lucha hasta que se haga justicia para los fallecidos. Pidieron libertad para los detenidos en las manifestaciones, que se explique dónde están los jóvenes que han desaparecido, la renuncia de Ortega y Murillo, y que cese la represión contra quienes protestan, informó el diario local La Prensa en su página web.

De acuerdo con carteles divulgados en las redes sociales, la noche de este martes fue convocada una caminata en la zona universitaria "en honor a nuestros compañeros caídos y heridos por su patria", pero al cierre de esta edición no había reportes.

Horas antes, aunque la policía y Murillo aseguraron que ya fueron liberados todos los detenidos, sin precisar un número, el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, dijo que más de 200 personas personas permanecían arrestadas en Managua y 60 están desaparecidas.

La Prensa señaló que en León (occidente) la policía tiene más de 100 detenidos. El rotativo también reportó el bloqueo de la señal de wifi en todos los parques de esta capital.

La televisión local entrevistó a algunos jóvenes excarcelados que dijeron haber sido abandonados por la policía en las carreteras, descalzos, con el cabello rapado y despojados de sus pertenencias.

Medios de prensa refirieron la muerte de dos varones desaparecidos y cuyos restos fueron llevados al Instituto de Medicina Legal en Managua.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cendih) exigió al gobierno confirmar la puesta en libertad de al menos 48 jóvenes detenidos en las protestas de la semana pasada.

El conflicto estalló el martes pasado con el anuncio de una polémica reforma al Seguro Social que aumentaba las cuotas de unos 700 mil empleados del sector formal y empresarios, y que finalmente fue derogada por Ortega el domingo.

El mandatario nicaragüense aceptó convocar un diálogo con el sector privado y representantes de la Iglesia católica, aunque aún no dio a conocer la fecha de la cita.

 

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Populismo de izquierda en el Reino Unido

La crisis de la socialdemocracia europea está confirmada. Después de los fracasos de Pasok en Grecia, del PvdA en los Países Bajos, del PSOE en España, del SPÖ en Austria, del SPD Alemania y del PS en Francia, el PD viene de obtener el peor resultado de su historia en Italia. La única excepción a este desastroso panorama se encuentra en Gran Bretaña, donde el Partido Laborista, dirigido por Jeremy Corbyn, está en pleno crecimiento. Con casi 600 mil afiliados, el Laborismo es hoy el mayor partido de izquierda en Europa.


¿Cómo hizo Corbyn, quien sorpresivamente fue elegido como líder del partido en 2015, para lograr esta proeza?


Después de un intento de desplazarlo por parte de la derecha del partido en 2016, el momento decisivo en la consolidación de su liderazgo fue el fuerte crecimiento del Partido Laborista en las elecciones de junio de 2017. Mientras los sondeos les daban a los conservadores una ventaja de 20 puntos, el Partido Laborista ganó 32 escaños, logrando que los tories perdieran la mayoría absoluta. La estrategia desarrollada en esas elecciones es la clave del éxito de Corbyn.


Esto se debe a dos factores principales. Primero, un manifiesto radical, en línea con el rechazo a la austeridad y las políticas neoliberales por parte de importantes sectores de la sociedad británica. Después, la formidable movilización organizada por Momentum, el movimiento creado en 2015 para apoyar la candidatura de Corbyn.
Inspirado en los métodos de Bernie Sanders en Estados Unidos, así como en las nuevas agrupaciones radicales europeas, Momentum ha aprovechado numerosos recursos digitales para establecer vastas redes de comunicación que les han permitido a los militantes y a muchos voluntarios saber en qué distritos era necesario ir a contactar a los electores puerta a puerta. Fue esta movilización inesperada la que llevó al error a todos los pronósticos.


Pero fue gracias al entusiasmo que despertó el contenido de su programa que todo esto fue posible. Con el título For the many, not the few (para la mayoría, no para unos pocos), utilizó un lema que ya había sido usado por el partido, pero dándole una nueva significación para establecer una frontera política entre un “nosotros” y un “ellos”. De esta manera, se trataba de repolitizar el debate y de ofrecer una alternativa al neoliberalismo instaurado por Margaret Thatcher y continuado por Tony Blair.
Las principales propuestas del programa fueron la renacionalización de los servicios públicos, como los ferrocarriles, la energía, el agua o el correo, el freno al proceso de privatización del Servicio Nacional de Salud (NHS) y del sistema escolar, la abolición de los aranceles de inscripción en la universidad y un aumento significativo de los subsidios sociales. Todo apuntaba a una clara ruptura con la concepción de la tercera vía del Nuevo Laborismo.


Mientras este último había reemplazado la lucha por la igualdad con la libertad de “elegir”, el manifiesto reafirmó que el Laborismo era el partido de la igualdad. El otro punto destacado fue la insistencia en el control democrático, por lo que se puso el acento en la naturaleza democrática de las medidas propuestas para crear una sociedad más igualitaria. La intervención del Estado fue reivindicada, pero con el rol de crear las condiciones que permitieran a los ciudadanos tomar el control de los servicios públicos y gestionarlos. La insistencia en la necesidad de profundizar la democracia es una de las características centrales del proyecto de Corbyn. Esto resuena muy particularmente en el espíritu que inspira a Momentum, que aboga por establecer vínculos estrechos con los movimientos sociales. Y explica la centralidad atribuida a la lucha contra todas las formas de dominación y discriminación, tanto en las relaciones económicas como en otras áreas, como las luchas feministas, antirracistas o LGBT.


Es la articulación de las luchas sociales con las que se relacionan con otras formas de dominación lo que está en el corazón de la estrategia de Corbyn y es por eso que puede ser calificada como “populismo de izquierda”. El objetivo es establecer una sinergia entre las diversas luchas democráticas que atraviesan a la sociedad británica y transformar al Partido Laborista en un gran movimiento popular capaz de construir una nueva hegemonía.


Es claro que la realización de un proyecto como éste significaría para Gran Bretaña un cambio tan radical, aunque de sentido opuesto, como el realizado con Margaret Thatcher. Ciertamente, el combate por reinvestir al Laborismo todavía no se ganó y la lucha interna continúa con los partidarios de Blair. Los oponentes de Corbyn despliegan múltiples maniobras para intentar desacreditarlo, la última consiste en acusarlo de tolerar el antisemitismo dentro del partido.


Las tensiones también existen entre los partidarios de una concepción más tradicional del Laborismo y los partidarios de la “nueva política”. Pero estos se están imponiendo y las relaciones de fuerza juegan a su favor. En comparación con otros movimientos como Podemos o Francia Insumisa, la ventaja de Corbyn consiste en que está a la cabeza de un partido grande y cuenta con el apoyo de los sindicatos.


Bajo su conducción, los laboristas lograron devolverles el gusto por la política a aquellos que la habían abandonado con Blair y atraer a cada vez más jóvenes. Esto prueba que, contra lo que afirman muchos politólogos, los partidos políticos no han devenido formas obsoletas y que, al articularse con los movimientos sociales, pueden renovarse. Es la conversión de la socialdemocracia al neoliberalismo lo que está en el origen del descontento de sus electores.


Cuando se les ofrece a los ciudadanos la perspectiva de una alternativa y tienen la posibilidad de participar en un debate agonístico real, ellos se muestran ansiosos por hacer oír sus voces. Pero esto requiere abandonar la concepción tecnocrática de la política, que la reduce a la gestión de problemas técnicos, y reconocer su carácter partisano.

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El elegido para reemplazar el liderazgo de los Castro

Alto, canoso, de caminar erguido y sonrisa tenue, con 58 años recién cumplidos, el ingeniero electrónico que acaba de proponer la Asamblea del Poder Popular como jefe de Estado en Cuba es un político de sólida y ascendente trayectoria.



Miguel Díaz Canel es el hombre elegido para ocupar el lugar donde antes había un solo apellido: Castro. Cuando Cuba rechazó la invasión de Playa Girón hace hoy 57 años, él apenas era un bebé que tomaba el biberón. Si Fidel condujo la Revolución en el caimán barbudo durante décadas; en Villa Clara, la provincia donde nació el nuevo presidente, el Che Guevara inmovilizó el célebre tren blindado repleto de soldados que aceleró la caída de Fulgencio Batista. El ingeniero electrónico graduado en 1982 que acaba de proponer la Asamblea del Poder Popular como jefe de Estado es un político de sólida y ascendente trayectoria. Mañana cumplirá 58 años, ya ungido de manera formal como principal mandatario de la isla. Sus actos más o menos recientes como primer vicepresidente daban señales de que podía serlo. Había sido recibido en China por Xi Jinping, también asistido a la entronización del Papa Francisco en Roma. Se descontaba que sucedería a Raúl en el gobierno de la isla. Nadie se atrevía a confirmarlo, pero si a sugerirlo como posible.


Alto, canoso, de caminar erguido y sonrisa tenue, Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez –tal sus nombres y apellidos completos– nació el 20 de abril de 1960. No es el integrante más joven del Consejo de Estado propuesto por la asamblea que presidió el veterano Esteban Lazo, pero forma parte de la generación del recambio. Raúl Castro tiene 86 años y quienes pasarán a ocupar ahora cargos que dejan los viejos comandantes de la Sierra Maestra promedian los 48. El presidente que se adivinaba fue cooperante internacionalista en Nicaragua, donde apoyó al sandinismo en la década del 80. Ocupó el cargo de primer secretario de la Unión de Juventudes Comunistas en Villa Clara, repitió la misma función en el PC cubano de su provincia natal y también en Holguín. Fue ministro de Educación Superior en el 2009 y en el 2012 vicepresidente del Consejo de Ministros.


Si algo une a Díaz Canel con el legado revolucionario de Fidel es que siempre se mimetizó entre el pueblo para conocer sus deseos y necesidades. De él se edificó una leyenda en sus tiempos como funcionario en la provincia de Holguín, donde conoció a su segunda esposa. Cuentan que se presentaba por sorpresa para comprobar el servicio que recibían las personas en determinado lugar. En 2012 –explica Harold Cárdenas, un profesor de marxismo en la Universidad de Matanzas– intercedió para que un blog llamado La joven Cuba pudiera seguir activo con sus opiniones críticas. El nuevo presidente lo hizo sin que nadie se lo pidiera. La anécdota la difundió la agencia AP, que no es precisamente Granma ni Juventud Rebelde.


A este hombre le interesa la cultura y se dice en Cuba que es una mente abierta a la diversidad. Durante su gestión en Santa Clara prosperó El Menjunje, un centro cultural que organizaba espectáculos ideados o protagonizados por transexuales.


En un vuelo rasante sobre los perfiles improvisados que ahora inundan Internet, queda muy claro que Díaz Canel estaba lejos de tener un biógrafo. No sólo por su perfil bajo. La épica de la Revolución y los comandantes que le aportaron su mística, opacarían a cualquier figura posterior. El nuevo presidente sabe que deberá estar a la altura que le impone la historia. En Cuba el techo es muy alto, por el motivo que fuera.


Díaz Canel no podrá reemplazar el carisma de Fidel, ni la experiencia negociadora de su hermano Raúl, quien quedará al frente del Partido Comunista Cubano (PCC). Será el nuevo poder en la isla entre hombres y mujeres que no vivieron como adultos el desembarco del Granma o la crisis de los misiles. Aquel mundo bipolar ya no es el mismo, pero está sujeto a nuevos desafíos. No existe más la Unión Soviética y los misiles dejaron de apuntar desde Cuba a Estados Unidos. Vladimir Putin no es Nikita Krushchev y las bombas hoy caen en Siria o países que Estados Unidos tilda de terroristas. La lista la escribe Donald Trump, esa especie de nuevo villano planetario aunque la prensa corporativa en general ubique en ese lugar a otros políticos. Cuba integra esa nómina de enemigos y su generación nacida durante la revolución deberá saber qué hacer con ella.


En Cuba el pueblo de a pie no conoce demasiado sobre Díaz Canel. Las personas mayores se quedaron con el recuerdo de los comandantes de la Revolución –algunos que seguirán y otros que se irán del gobierno– y los más jóvenes no parecen demasiado interesados en conocer detalles sobre la vida del jefe de Estado que será oficializado hoy en La Habana. Los 604 diputados presentes en la Asamblea Nacional del Poder Popular lo aplaudieron ayer de pie, casi en simultáneo con la ovación cerrada que le tributaron a Raúl Castro. Él agradeció, serio y como distante, acaso seguro de que no la tendrá fácil.
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Jueves, 19 Abril 2018 05:47

Bloquean 15 universidades francesas

Bloquean 15 universidades francesas

El presidente francés prometió “ir hasta el final” con los ajustes. La batalla más dura seguirá siendo la de los ferrocarriles. Una mayoría de los encuestados cree que el país es menos justo y menos democrático.

Las aristocráticas calles del distrito 7 de la capital francesa rara vez son testigos de una revuelta estudiantil, menos aún de la toma de una de las instituciones más prestigiosas y elitistas del complejo sistema francés de educación: la Universidad de Ciencias políticas donde se capacitan los funcionarios de alto vuelo, los líderes políticos y empresariales. Atónitos, los vecinos de este centro de estudios que linda con lo más coqueto del barrio latino leen las pancartas pintadas por los estudiantes: “Aquí se capacitan quienes seleccionan. Bloquemos la fábrica de las elites”. También: “Contra la dictadura macronista”. En total, hasta ahora, hay unas 15 universidades bloqueadas o perturbadas por la oposición de los estudiantes a una de las reformas del presidente Emmanuel Macron: la ORE, Ley de orientación y éxito de los estudiantes.

El descontento social arraigado en las numerosos reformas lanzadas por el presidente electo hace casi un año abarca también los ferrocarrileras, los estudiantes de bachillerato, los hospitales y otros gremios afectados por la política del jefe del Estado. Francia vive hace varias semanas días negros debido a las huelgas en la compañía nacional de ferrocarriles, la SNCF. Este empresa ha sido siempre la encarnación del símbolo del modelo francés de servicio público. Ahora es un modelo de la tormenta.


El Ejecutivo tocó uno de los ramos más sensibles de Francia. La reforma de los ferrocarriles implica que los nuevos empleados que ingresen a la compañía no tendrán las ventajas de que gozaban antes. Entre otras cosas, se acaba la jubilación a los 55 años al tiempo que se abrirá el mercado de las vías a la competencia y se transformará esta empresa en una sociedad anónima. Según el gobierno, ese es el único camino para saldar la deuda de 45.000 millones de euros que arrastra la compañía mientras que los sindicatos que promueven las huelgas alegan que la meta no es otra que la de “destruir el servicio público”. Las reformas en este sector tienen la memoria agitada. Cada vez que un gobierno intentó retocar los ferrocarriles, el país terminó paralizado. En 1995 tuvo lugar en Francia una de las huelgas más extensas y prolongadas de la historia cuando el entonces gobierno de Alan Juppé, bajo la presidencia de Jacques Chirac, intentó reformar la empresa nacional de los ferrocarriles y tuvo que renunciar. Nada, sin embargo, movió la posición del actual primer ministro, Édouard Philippe, ni la de los parlamentarios de la mayoría que aprobaron ampliamente los cambios. Estudiantes, ferrocarriles, Air France, jubilados -han perdido poder adquisitivo– y hospitales, el país está convulsionado por la avalancha de reformas. El presiente se vio obligado, en dos oportunidades, a dar la cara a lo largo de dos entrevistas en la televisión perfectamente diseñadas. Macron prometió “ir hasta el final”. La batalla más dura seguirá siendo la de los ferrocarriles. Las huelgas intermitentes empezaron el 3 de abril y está previsto que se prolonguen hasta el tres de junio, justo antes del inicio de las vacaciones del verano europeo. Hay días en que las principales estaciones de trenes de la capital, la Gare de Lyon, la Gare de l’Est o la Gare du Nord, son un auténtico caos de pasajeros demorados. Sin dudas, será ese sector de la opinión pública quien se convertirá en el árbitro final.

Pese a los paros y las críticas, a los sondeos menguantes y a los epítetos como “presidente de los ricos” o “presidente de las ciudades”, el jefe del Estado parece aún gozar de una inédito estado de paciencia de parte de la sociedad. El país no es sin embargo iluso. Es consciente de la profundidad y la velocidad de las transformaciones introducidas por Emmanuel Macron desde que accedió a la jefatura del Estado en mayo de 2017. Una encuesta reciente realizada por la consultora BVA para el semanario Le Nouvel Observateur muestra la radiografía de una sociedad perturbada por la intensidad de las transformaciones. El “nuevo mundo” que Macron había prometido durante la campaña electoral es percibido como real. El 57% piensa que “Francia cambió desde hace un año” mientras que 32% reconoce que esos cambios son mucho más importantes de lo que hubiesen imaginado. La manera en que se valoran esos cambios es variable: 21% siente que Francia “cambió para bien”, 30% que fue “para mal” y otro 49% dice no haber percibido ninguna variación. La sociedad le reconoce en un 63% que Francia, en el plano internacional, es más ambiciosa desde que Macron llegó al Palacio del Elíseo. Sin embargo, hay, en el país, un consenso mayoritario para juzgar lo que ha sido una de las columnas vertebrales de la retórica de la construcción francesa: la justicia y la democracia. El estilo autoritario de Macron se traduce en la encuesta por una mayoría de 65% convencida de que Francia es ahora menos democrática, 75% juzga que el país es menos justo y el mismo porcentaje que se vive en una sociedad menos igualitaria.

Sólo el 28% siente que la política actual permitirá que Francia se reforme profundamente ante el 54% que piensa lo contrario. En síntesis, el retrato que arrojan las encuestas es doble: un país más dinámico pero mucho menos justo. En un libro que aparece en estos días escrito por Jérôme Fourquet, director del Departamento Opinión de la consultora IFOP (Le nouveau clivaje) se demuestra cómo Francia no ha esquivado las enfermedades sociales derivadas de la globalización: fractura entre la ciudad y los suburbios, entre la ciudad y el campo, entre los conectados y los no conectados, etc, etc. Están los “que perdieron” con la globalización, y aquellos que “se adaptaron y ganaron”. Macron aparece claramente como el presidente de los últimos sin que, por el momento, esto llegue a desatar una ola de descontentos o revueltas tan potentes como para que el presidente modere el rumbo.


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La paz como un negocio:  la política de obras por impuestos

¿Cómo funciona la figura de obras por impuestos y cuáles son sus implicaciones en términos económicos, ambientales y de interés público para las comunidades que habitan en las zonas más afectadas por el conflicto?

 

La palabra negocio se forma de la palabra latina “nec” “otium”, que significa negación del ocio y fomento de actividades útiles y rentables. El proceso de paz entre el gobierno del saliente presidente Santos y las Farc fue el resultado de una cruda represión (seguridad democrática) que agobió a la guerrilla, una guerra política que le redujo su espacio social, para llegar a una paciente negociación (solución pacífica de diferendos) que, paradójicamente se constituye hoy en buen caldo de cultivo para rentables negocios (confianza inversionista).

 

Una reforma para el bolsillo empresarial

 

Con la Reforma Tributaria aprobada en el 2016 se abona el camino para la financiación de los Acuerdos de Paz, particularmente para los proyectos que serán aprobados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), los que tienen como principal fuente de financiación la cooperación internacional, los créditos de la banca multilateral y la inversión pública a manos de empresas privadas por medio de la figura de obras por impuestos.

 

Con más de 600 proyectos viabilizados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para la construcción de vías, acueducto y alcantarillado, educación y energía, entre otros, por un monto cercano a los 2 billones de pesos, es importante saber qué son y qué implican las obras por impuestos.

 

¿Qué son las obras por impuestos?

 

El mecanismo de obras por impuestos se instaura en la Reforma Tributaria del 2016 (Parte XI, art. 235-238). La norma es precisa: permite a empresas que obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, más de 1.070 millones de pesos, pagar el 50 por ciento de sus impuestos de renta con obras públicas priorizadas en las Zomac (las cuales hoy compaginan con los 170 municipios priorizados para la ejecución de Pdets). Así, las grandes empresas nacionales e internacionales, entre ellas las empresas mineras y petroleras según el decreto 883 del 26 de mayo del 2017, podrán pagar el 50% de sus impuestos en obras para los 344 municipios más afectados por el conflicto armado.

 

Y así procedieron. Sin rubor alguno, la multinacional cementera de origen mexicano Cemex afirma en el periódico La República haber participado “en el diseño del programa (de obras por impuestos)”, de lo cual espera que su participación aumente no sólo en las vías 4G, en los programas de obras por impuestos (tanto como contratistas y como constructores), sino también en otros proyectos en el marco de la firma del acuerdo de paz como Ecovía y las vías terciarias para la paz.

 

Ahora bien, previo al artículo de obras por impuestos, la Reforma Tributaria –Ley 1819 del 2016– en el artículo 237 dispone que las medianas y grandes empresas que ubiquen sus actividades en las Zomac durante los años 2017–2021 tendrán que pagar sólo el 50 por ciento de la tarifa general de impuesto sobre la renta; por ejemplo, si la tarifa del impuesto a la renta es de 30 por ciento, ahora la tarifa de las empresas que se ubiquen en Zomac será de 15 por ciento y dentro de este porcentaje pagará el 7.5 por ciento bajo la modalidad de obras por impuestos, y lo restante en dinero. Todo esto, sin tener en cuenta las deducciones y excepciones de las que ya gozan las empresas. Excelente negocio.

 

En el marco de este programa, las empresas dividen la inversión que hacen a cargo de sus impuestos en dos grandes rubros: el primero corresponde al valor de los estudios previos para el proyecto y los demás que sean necesarios durante la ejecución del mismo (esto incluye costos administrativos, de pre-factibilidad y de diagnóstico); el segundo, al valor de la ejecución del proyecto (contratación y auditoría).

 

La reducción de los costos de preparación del proyecto y seguimiento implica una reducción de entre un 13-18 por ciento de la inversión total en obras por impuestos. Como consecuencia, los costos de estudios previos y de seguimiento del proyecto serán asumidos por el Estado, dentro de los cuales se encuentra el pago de una “gerencia del proyecto” al que la empresa interesada le asigna un sueldo.

 

En términos de contratación, las empresas podrán subcontratar directamente por medio de licitación privada abierta, lo que genera una preocupación en torno a la transparencia en la contratación, pues si bien el concurso es abierto, es casi imposible conocer los montos, los beneficiarios de los contratos y realizar seguimiento a los mismos. Lo anterior es un retroceso en los modelos de transparencia que promueven desde plataformas gubernamentales como Colombia compra eficiente o el Portal único de contratación (Secop).

 

Creado el mecanismo, hubo un boom de empresas interesadas en desarrollar obras por impuestos, entre ellas El Cerrejón –que quiere ampliar las redes de acueducto en Riohacha–, o Poligrow –que quiere mejorar la infraestructura Eléctrica en Mapiripán–, empresas muy cuestionadas en estos territorios, y que dejan muchos cuestionamientos sobre los impactos de estas obras en su imagen.

 

De manera adicional, surgen dudas sobre la capacidad de las entidades de control para supervisar las inversiones, la posibilidad de controlar sobrecostos, desvíos de recursos, relación entre contratista y ejecutor, etcétera. Todo esto no sólo es un reto para el principio de transparencia en la inversión, sino que convierte a las empresas en los “jefes” de la ejecución de recursos públicos, pues son impuestos que dejaran de ingresar a las arcas del Estado.

 

Llegados a este punto, existe una inconsistencia con la naturaleza pública de la inversión, pues según la Ley 1819 de 2016 (inciso tres, del artículo 238) la contratación de obras por impuestos se rige bajo la legislación privada; no obstante, ni la obra ni los recursos son privados, pues cada una de éstas se hará con cargo a los impuestos, en contraprestación de beneficios tributarios. Por tanto, existe una prevalencia de la naturaleza del contratista y no de la obra.

 

Según Cemex, “Estamos en conversaciones con algunas entidades para aterrizar los proyectos específicos. Estábamos esperando que se dieran las reglas claras, y eso nos motiva a ser los primeros en poner una obra por impuestos” (La República, 27 de noviembre del 2017). La contratación sin licitación pública puede convertirse en una cuestión de “conversaciones con algunas entidades públicas” y no en un mecanismo transparente de elección del mejor postor.

 

Para empresas del sector de la construcción esto es en definitiva un gana-gana, pues no sólo pagan menos impuestos, sino que pueden contratar a sus filiales y así auto-contratarse, pues aún no hay norma que lo prohíba, ni capacidad que lo vigile.

 

Otro de los grandes interesados en participar en el modelo de obras por impuestos es el sector petrolero, quien ve en este modelo una oportunidad para la legitimación del sector, como lo afirma Rafael Hertz, vicepresidente de operaciones y sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Petróleos. De igual forma, según Semana.com, el mecanismo de obras por impuestos “permite a los empresarios mejorar su reputación justo cuando se realizan consultas populares en medio del creciente inconformismo hacia actividades como la minería y el petróleo”.

 

De esta forma, los impuestos que deben pagar las empresas se convierten en un tipo de propaganda, y en algunos casos de chantaje para las comunidades que se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Se termina de perder, de esta forma, todo el sentido de la inversión pública en las obras contratadas con cargo a los impuestos, convirtiéndose en una dádiva benevolente del sector privado que, entre otras cosas, sirve para “contrarrestar” los ejercicios democráticos de participación ciudadana.

 

Retroceso democrático en medio de la paz

 

Una relectura de dos grandes luminarias de la historia y de la economía, respectivamente (Tilly, 1985) y (Olson, 2001), permite recrear, críticamente, las ultimas décadas de la historia colombiana, hasta llegar al proceso de paz y la política de obras por impuestos.


El origen y consolidación del Estado en Colombia ha sido tan violento y sombrío como en Europa y otras partes del mundo: los gobernantes primigenios fueron violentos, criminales.

 

En Colombia, los criminales nómadas (que saqueaban y violentaban a una población, para luego huir), proliferaron como guerrillas y paramilitares, y aún existen en el país como mutaciones de la guerrilla, restos del paramilitarismo, y bandas criminales. Todo esto pese al proceso de paz.

 

Los criminales estacionarios (que con el cobro de onerosos tributos y otras extorsiones, se quedaban asentados en un territorio para suministrar servicios de seguridad privada), se impusieron en algunas zonas del territorio nacional, en las tres décadas recientes, como paramilitares y guerrillas consolidadas en forma de para-estados que gobernaban en ciertos municipios del país.

 

Como lo plantean Olson y Tilly en los libros referenciados, el Estado moderno se originó en la violencia y en la criminalidad. Lo que posibilitó la democracia fue, justamente, la ciudadanía activa (movimientos sociales y acción colectiva) para poner freno a los Estados, mediante Constituciones, elecciones democráticas, rendición de cuentas y diversas formas de control ciudadano sobre los gobernantes.

 

En Colombia, a pesar de la movilización social y de la Constitución del 91, no se ha logrado un avance significativo hacia la democracia. En los últimos treinta años se ha reeditado la guerra que podemos leer en autores como Rulfo, en su historia Pedro Páramo: mientras los señoritos de la capital y los activistas con buena prosa redactaban derechos y deberes, en los campos y en los márgenes de la ciudad, por las vías de hecho, señores de la guerra hicieron la ley y orden a imagen y semejanza de sus intereses.

 

La reciente política tributaria de obras por impuestos, además de ser claramente neoliberal –al expandir los mercados y permitir que las tributaciones para los ricos sean negociables–, marcha en contravía de la democracia. Los territorios antes ocupados por bandidos errantes y luego por bandidos estacionarios, ahora son dominados, gracias a la confianza inversionista, por opulentos caballeros de los negocios.

 

De prosperar tal iniciativa, los más opulentos empresarios que promueven perjudiciales economías extractivas, podrán transformarse en unos gobernantes locales, con licencia para hacer obras compatibles con sus intereses privados, y para legitimar su acción. Las obras que hagan estos caballeros de los negocios rentables podrán ser tan perjudiciales como los desmanes ocasionados por los señores de la guerra pues, a diferencia de los Estados modernos democráticos, las empresas privadas y los bandidos no están sujetos a rendición de cuentas alguna.

 

A su gusto

 

El neoliberal Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, afirma que el modelo de obras por impuestos, y demás deducciones creadas en la Reforma Tributaria, han sido pensadas más como nuevos “incentivos tributarios para acelerar la producción petrolera” que como una solución para las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Por su parte, el optimista Ministro del posconflicto, Rafael Pardo (Pardo, 2018), afirma que: “si este esquema hubiera existido hace 25 años en Colombia, otra sería la realidad de regiones como La Guajira, Arauca, Casanare o Meta, que han tenido empresas con gran desarrollo, que han pagado muchísimos impuestos de renta y que las obras no se han visto en esas regiones”.

 

Lo anterior no implica que las empresas privadas no puedan participar en la financiación de obras para las zonas más afectadas por el conflicto armado; sin embargo, es necesario desarrollarlas sin perder el carácter público de la inversión y la distribución equitativa de las cargas pues, tal como se dio en la reforma, el Estado asume muchos riesgos.

 

No queda de más decir que es necesario hacer veeduría y vigilancia a las inversiones privadas, teniendo siempre presente que los impuestos como las obras son públicas, es decir, de todos los colombianos. El postconflicto no tiene marca.

 


 

* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
** Estudiante de la Maestría en Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte (COLEF - México), Politóloga de la Universidad del Rosario, Consultora de la Ong Asociación Ambiente y Sociedad. Autora del libro Caquetá Amazónico: entre la resistencia y el petróleo, Censat-Agua Viva.

 

Publicado enColombia
La paz como un negocio:  la política de obras por impuestos

¿Cómo funciona la figura de obras por impuestos y cuáles son sus implicaciones en términos económicos, ambientales y de interés público para las comunidades que habitan en las zonas más afectadas por el conflicto?

 

La palabra negocio se forma de la palabra latina “nec” “otium”, que significa negación del ocio y fomento de actividades útiles y rentables. El proceso de paz entre el gobierno del saliente presidente Santos y las Farc fue el resultado de una cruda represión (seguridad democrática) que agobió a la guerrilla, una guerra política que le redujo su espacio social, para llegar a una paciente negociación (solución pacífica de diferendos) que, paradójicamente se constituye hoy en buen caldo de cultivo para rentables negocios (confianza inversionista).

 

Una reforma para el bolsillo empresarial

 

Con la Reforma Tributaria aprobada en el 2016 se abona el camino para la financiación de los Acuerdos de Paz, particularmente para los proyectos que serán aprobados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), los que tienen como principal fuente de financiación la cooperación internacional, los créditos de la banca multilateral y la inversión pública a manos de empresas privadas por medio de la figura de obras por impuestos.

 

Con más de 600 proyectos viabilizados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para la construcción de vías, acueducto y alcantarillado, educación y energía, entre otros, por un monto cercano a los 2 billones de pesos, es importante saber qué son y qué implican las obras por impuestos.

 

¿Qué son las obras por impuestos?

 

El mecanismo de obras por impuestos se instaura en la Reforma Tributaria del 2016 (Parte XI, art. 235-238). La norma es precisa: permite a empresas que obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, más de 1.070 millones de pesos, pagar el 50 por ciento de sus impuestos de renta con obras públicas priorizadas en las Zomac (las cuales hoy compaginan con los 170 municipios priorizados para la ejecución de Pdets). Así, las grandes empresas nacionales e internacionales, entre ellas las empresas mineras y petroleras según el decreto 883 del 26 de mayo del 2017, podrán pagar el 50% de sus impuestos en obras para los 344 municipios más afectados por el conflicto armado.

 

Y así procedieron. Sin rubor alguno, la multinacional cementera de origen mexicano Cemex afirma en el periódico La República haber participado “en el diseño del programa (de obras por impuestos)”, de lo cual espera que su participación aumente no sólo en las vías 4G, en los programas de obras por impuestos (tanto como contratistas y como constructores), sino también en otros proyectos en el marco de la firma del acuerdo de paz como Ecovía y las vías terciarias para la paz.

 

Ahora bien, previo al artículo de obras por impuestos, la Reforma Tributaria –Ley 1819 del 2016– en el artículo 237 dispone que las medianas y grandes empresas que ubiquen sus actividades en las Zomac durante los años 2017–2021 tendrán que pagar sólo el 50 por ciento de la tarifa general de impuesto sobre la renta; por ejemplo, si la tarifa del impuesto a la renta es de 30 por ciento, ahora la tarifa de las empresas que se ubiquen en Zomac será de 15 por ciento y dentro de este porcentaje pagará el 7.5 por ciento bajo la modalidad de obras por impuestos, y lo restante en dinero. Todo esto, sin tener en cuenta las deducciones y excepciones de las que ya gozan las empresas. Excelente negocio.

 

En el marco de este programa, las empresas dividen la inversión que hacen a cargo de sus impuestos en dos grandes rubros: el primero corresponde al valor de los estudios previos para el proyecto y los demás que sean necesarios durante la ejecución del mismo (esto incluye costos administrativos, de pre-factibilidad y de diagnóstico); el segundo, al valor de la ejecución del proyecto (contratación y auditoría).

 

La reducción de los costos de preparación del proyecto y seguimiento implica una reducción de entre un 13-18 por ciento de la inversión total en obras por impuestos. Como consecuencia, los costos de estudios previos y de seguimiento del proyecto serán asumidos por el Estado, dentro de los cuales se encuentra el pago de una “gerencia del proyecto” al que la empresa interesada le asigna un sueldo.

 

En términos de contratación, las empresas podrán subcontratar directamente por medio de licitación privada abierta, lo que genera una preocupación en torno a la transparencia en la contratación, pues si bien el concurso es abierto, es casi imposible conocer los montos, los beneficiarios de los contratos y realizar seguimiento a los mismos. Lo anterior es un retroceso en los modelos de transparencia que promueven desde plataformas gubernamentales como Colombia compra eficiente o el Portal único de contratación (Secop).

 

Creado el mecanismo, hubo un boom de empresas interesadas en desarrollar obras por impuestos, entre ellas El Cerrejón –que quiere ampliar las redes de acueducto en Riohacha–, o Poligrow –que quiere mejorar la infraestructura Eléctrica en Mapiripán–, empresas muy cuestionadas en estos territorios, y que dejan muchos cuestionamientos sobre los impactos de estas obras en su imagen.

 

De manera adicional, surgen dudas sobre la capacidad de las entidades de control para supervisar las inversiones, la posibilidad de controlar sobrecostos, desvíos de recursos, relación entre contratista y ejecutor, etcétera. Todo esto no sólo es un reto para el principio de transparencia en la inversión, sino que convierte a las empresas en los “jefes” de la ejecución de recursos públicos, pues son impuestos que dejaran de ingresar a las arcas del Estado.

 

Llegados a este punto, existe una inconsistencia con la naturaleza pública de la inversión, pues según la Ley 1819 de 2016 (inciso tres, del artículo 238) la contratación de obras por impuestos se rige bajo la legislación privada; no obstante, ni la obra ni los recursos son privados, pues cada una de éstas se hará con cargo a los impuestos, en contraprestación de beneficios tributarios. Por tanto, existe una prevalencia de la naturaleza del contratista y no de la obra.

 

Según Cemex, “Estamos en conversaciones con algunas entidades para aterrizar los proyectos específicos. Estábamos esperando que se dieran las reglas claras, y eso nos motiva a ser los primeros en poner una obra por impuestos” (La República, 27 de noviembre del 2017). La contratación sin licitación pública puede convertirse en una cuestión de “conversaciones con algunas entidades públicas” y no en un mecanismo transparente de elección del mejor postor.

 

Para empresas del sector de la construcción esto es en definitiva un gana-gana, pues no sólo pagan menos impuestos, sino que pueden contratar a sus filiales y así auto-contratarse, pues aún no hay norma que lo prohíba, ni capacidad que lo vigile.

 

Otro de los grandes interesados en participar en el modelo de obras por impuestos es el sector petrolero, quien ve en este modelo una oportunidad para la legitimación del sector, como lo afirma Rafael Hertz, vicepresidente de operaciones y sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Petróleos. De igual forma, según Semana.com, el mecanismo de obras por impuestos “permite a los empresarios mejorar su reputación justo cuando se realizan consultas populares en medio del creciente inconformismo hacia actividades como la minería y el petróleo”.

 

De esta forma, los impuestos que deben pagar las empresas se convierten en un tipo de propaganda, y en algunos casos de chantaje para las comunidades que se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Se termina de perder, de esta forma, todo el sentido de la inversión pública en las obras contratadas con cargo a los impuestos, convirtiéndose en una dádiva benevolente del sector privado que, entre otras cosas, sirve para “contrarrestar” los ejercicios democráticos de participación ciudadana.

 

Retroceso democrático en medio de la paz

 

Una relectura de dos grandes luminarias de la historia y de la economía, respectivamente (Tilly, 1985) y (Olson, 2001), permite recrear, críticamente, las ultimas décadas de la historia colombiana, hasta llegar al proceso de paz y la política de obras por impuestos.


El origen y consolidación del Estado en Colombia ha sido tan violento y sombrío como en Europa y otras partes del mundo: los gobernantes primigenios fueron violentos, criminales.

 

En Colombia, los criminales nómadas (que saqueaban y violentaban a una población, para luego huir), proliferaron como guerrillas y paramilitares, y aún existen en el país como mutaciones de la guerrilla, restos del paramilitarismo, y bandas criminales. Todo esto pese al proceso de paz.

 

Los criminales estacionarios (que con el cobro de onerosos tributos y otras extorsiones, se quedaban asentados en un territorio para suministrar servicios de seguridad privada), se impusieron en algunas zonas del territorio nacional, en las tres décadas recientes, como paramilitares y guerrillas consolidadas en forma de para-estados que gobernaban en ciertos municipios del país.

 

Como lo plantean Olson y Tilly en los libros referenciados, el Estado moderno se originó en la violencia y en la criminalidad. Lo que posibilitó la democracia fue, justamente, la ciudadanía activa (movimientos sociales y acción colectiva) para poner freno a los Estados, mediante Constituciones, elecciones democráticas, rendición de cuentas y diversas formas de control ciudadano sobre los gobernantes.

 

En Colombia, a pesar de la movilización social y de la Constitución del 91, no se ha logrado un avance significativo hacia la democracia. En los últimos treinta años se ha reeditado la guerra que podemos leer en autores como Rulfo, en su historia Pedro Páramo: mientras los señoritos de la capital y los activistas con buena prosa redactaban derechos y deberes, en los campos y en los márgenes de la ciudad, por las vías de hecho, señores de la guerra hicieron la ley y orden a imagen y semejanza de sus intereses.

 

La reciente política tributaria de obras por impuestos, además de ser claramente neoliberal –al expandir los mercados y permitir que las tributaciones para los ricos sean negociables–, marcha en contravía de la democracia. Los territorios antes ocupados por bandidos errantes y luego por bandidos estacionarios, ahora son dominados, gracias a la confianza inversionista, por opulentos caballeros de los negocios.

 

De prosperar tal iniciativa, los más opulentos empresarios que promueven perjudiciales economías extractivas, podrán transformarse en unos gobernantes locales, con licencia para hacer obras compatibles con sus intereses privados, y para legitimar su acción. Las obras que hagan estos caballeros de los negocios rentables podrán ser tan perjudiciales como los desmanes ocasionados por los señores de la guerra pues, a diferencia de los Estados modernos democráticos, las empresas privadas y los bandidos no están sujetos a rendición de cuentas alguna.

 

A su gusto

 

El neoliberal Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, afirma que el modelo de obras por impuestos, y demás deducciones creadas en la Reforma Tributaria, han sido pensadas más como nuevos “incentivos tributarios para acelerar la producción petrolera” que como una solución para las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Por su parte, el optimista Ministro del posconflicto, Rafael Pardo (Pardo, 2018), afirma que: “si este esquema hubiera existido hace 25 años en Colombia, otra sería la realidad de regiones como La Guajira, Arauca, Casanare o Meta, que han tenido empresas con gran desarrollo, que han pagado muchísimos impuestos de renta y que las obras no se han visto en esas regiones”.

 

Lo anterior no implica que las empresas privadas no puedan participar en la financiación de obras para las zonas más afectadas por el conflicto armado; sin embargo, es necesario desarrollarlas sin perder el carácter público de la inversión y la distribución equitativa de las cargas pues, tal como se dio en la reforma, el Estado asume muchos riesgos.

 

No queda de más decir que es necesario hacer veeduría y vigilancia a las inversiones privadas, teniendo siempre presente que los impuestos como las obras son públicas, es decir, de todos los colombianos. El postconflicto no tiene marca.

 


 

* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
** Estudiante de la Maestría en Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte (COLEF - México), Politóloga de la Universidad del Rosario, Consultora de la Ong Asociación Ambiente y Sociedad. Autora del libro Caquetá Amazónico: entre la resistencia y el petróleo, Censat-Agua Viva.

 

Publicado enEdición Nº244
La economía cubana ante el cambio de Gobierno

El nuevo poder ejecutivo que se formará a partir del 19 de abril próximo estará conformado por personas que nacieron después de la revolución y que por ende no cuentan con la legitimidad histórica de quienes lucharon en la Sierra Maestra.

 El Presidente Raúl Castro llega al fin de su mandato sin haber logrado aplicar el 75% de las reformas aprobadas por el Parlamento, por el Partido Comunista (PCC) y por la población, en asambleas de debate barrial. Deja en manos del nuevo mandatario problemas tan complejos como la unificación de la moneda o la apertura de la empresa privada. 

“El periodo de Raúl Castro no ha generado el crecimiento económico que proclamó, pero los cambios en la sociedad no han sido menores. La expansión de derechos de propiedad, religión, acceso a internet y viajes de los últimos años han producido una cultura política mucho más vocal, plural y menos controlable por el partido-Estado”, es el balance del profesor cubanoamericano Arturo López Levi.


Durante el último año, los cambios se han paralizado, no hay nuevas aperturas, no se entregan más licencias de autónomos para abrir hostales o restaurantes, se congeló la creación de cooperativas y no existe un mecanismo para legalizar las pymes, a pesar de que el propio Raúl Castro aseguró en el Congreso del PCC que serían autorizadas, dentro del plan de reestructuración económica.


La unificación monetaria es el siguiente desafío que se enfrenta la economía: entre las dos monedas existen cinco tasas de cambio diferentes. Según el doctor en economía cubano Juan Triana, cuando se dé ese paso quebrarán el 60% de las empresas estatales, que hoy importan sus insumos gracias a una tasa de cambio más favorable. El también economista y profesor Pavel Vidal cree que, a pesar de todo, la única salida es “desmantelar toda la estructura productiva e instituciones que han mostrado su inefectividad por décadas”. Sin embargo, el cierre de estas empresas deficitarias provocaría un mínimo de 1,5 millones de desocupados.


Durante los últimos meses las autoridades han recalcado que no permitirán la acumulación de riquezas. “El asunto es que no me dejan crecer más, tengo una fábrica de 10 000 m2 y 300 obreros”, afirma un empresario y agrega que “la inversión que tenía prevista en Cuba tuve que realizarla en Ecuador”.


Los sectores más ortodoxos temen que las reformas lleven hacia el capitalismo y se oponen a estos cambios. La retirada de Raúl Castro del Gobierno conllevará a la salida del grupo más reacio a las transformaciones y podría dejar las manos libres al nuevo presidente y su equipo para acelerar las reformas. El ex diplomático cubano Carlos Alzugaray cree que “Raúl dejará que Díaz Canel, o quien sea electo, actúe con la menor interferencia posible” desde el PCC, donde se concentrarán los dirigentes de históricos.


El cubano de a pie se limita a juzgar al Gobierno en su conjunto por no haber alcanzado la prosperidad prometida. Raúl Castro eliminó las trabas para viajar, generalizó el uso de internet, multiplicó por cinco el número de autónomos, permitió el acceso de los cubanos a los hoteles de turismo y autorizó la compraventa de casas, a pesar de lo cual Betsy, una joven de 20 años, asegura que no ve “nada destacable en su gestión”. Para le gente común, el tema económico es clave a la hora de realizar un juicio.


Los daños causados por el Bloqueo de los EE UU parece un tema ya gastado a los ojos de los cubanos aunque la intensificación del mismo durante 2017 haya afectado duramente la económica nacional y la de los pequeños empresarios en particular. El miedo sembrado por la administración Trump a viajar a Cuba redujo el número de turistas estadounidenses, una buena parte de los cuales llegaban por Airbnb para hospedarse en casa particulares y comer en restaurantes privados.


Trump dispara al corazón de la industria más dinámica de la isla —15% de crecimiento anual— buscando hacer el mayor daño económico y social posible. En esencia mantiene el fundamento del embargo descrito en un documento del Departamento de Estado el 6 de abril de 1960: “... debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba. (...) Una línea de acción que tuviera el mayor impacto es negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.


El nuevo poder ejecutivo que se formará a partir del 19 de abril próximo estará conformado por personas que nacieron después de la revolución y que por ende no cuentan con la legitimidad histórica de quienes lucharon en la Sierra Maestra. El profesor López Levi considera que “el nuevo liderazgo depende más de una legitimidad por gestión, medida en estabilidad social, seguridad pública, crecimiento económico y mejoría del bienestar de la población”. Pavel Vidal agrega que el próximo presidente cubano “necesitará convencer de que tiene la autoridad y la disposición para completar los objetivos trazados y profundizar el proceso de reformas económicas, sobreponiéndose a las fuerzas internas que se resisten a los cambios”.

 

Fernando Ravsberg
La Habana (Cuba)

publicado
2018-03-31 06:00:00

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Raúl Castro admite errores en la reforma económica de Cuba

El gobierno ha fijado como próxima prioridad la unificación monetaria y del tipo de cambio

El presidente cubano, Raúl Castro, admitió errores en el plan de reformas económicas, pero prometió continuar con la apertura de estilo soviético, en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido su política contra el gobierno comunista.

Castro, quien dejará la presidencia el 19 de abril, encabezó una reunión del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), que examinó qué había salido bien, qué se debía rectificar y qué cuestiones obstaculizan la implementación de las medidas de apertura, reportó este martes el diario Granma.

Castro, de 86 años, continuará hasta 2021 como jefe del gobernante Partido Comunista, la fuerza política rectora del país.

A pesar de los errores e insuficiencias reconocidas en este pleno, la situación es más favorable que hace algunos años, señaló el presidente.

En los primeros tres años hubo un alto rendimiento de implementación de políticas, pero a partir de 2011 el ritmo bajó por la complejidad de las medidas y por errores en la planificación y el control, explicó el responsable de las reformas económicas, Marino Murillo, ante el Quinto Pleno del Comité Central del PCC.

El funcionario explicó que la lentitud de las reformas se debió a limitaciones financieras que imposibilitaron el respaldo adecuado a un grupo de medidas que requerían inversiones, publicó Granma.

El mandatario cubano, quien hace una década remplazó en el poder a Fidel Castro, emprendió desde 2010 un programa que incluyó la apertura de pequeños negocios privados y la compraventa de viviendas, entre otras reformas, para tratar de mantener el socialismo en el país.

Las reformas económicas de Raúl Castro buscan dar mayor espacio a la iniciativa privada en el sector servicios y la apertura a la inversión extranjera, manteniendo el Estado el control de los grandes sectores estratégicos.

El proceso de apertura ha significado especialmente el auge de restaurantes privados y el alquiler de habitaciones, algo que ha generado recelo en algunos sectores del gobierno, que critican la acumulación de riqueza en manos de particulares.

Actualmente se están revisando todas las medidas y entre las prioridades está el ordenamiento monetario, en particular los estudios para la unificación monetaria y cambiaria.

En Cuba circulan el peso CUP, moneda en la cual se pagan la mayoría de los salarios, y el peso convertible CUC, usado en el sector turismo y para los productos importados. El gobierno sostiene que la convivencia de ambas obstaculiza el control económico.

El pleno del Comité Central señaló como prioridad la unificación monetaria y cambiaria, pues los tipos de cambio diferentes benefician a las empresas estatales pero distorsionan la realidad de la economía nacional.

El PCC reiteró su apoyo a las pequeñas empresas particulares, en las que trabajan unas 580 mil personas, y reconoció que no siempre los organismos estatales se involucraron en el éxito de los negocios privados.

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La adhesión a la OCDE mantiene en vilo a Colombia

El país afronta exámenes decisivos para el ingreso en la Organización para la Cooperación el Desarrollo Económicos


La adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un camino que Colombiacomenzó hace cinco años, mantiene en vilo al país en vísperas de un examen decisivo. En los próximos días está previsto que el comité de empleo del organismo internacional, con sede en París, debata su ingreso. El Gobierno de Juan Manuel Santos busca apuntarse este tanto antes de terminar el mandato en agosto. Pero todavía quedaría el visto bueno de la comisión de comercio, la más problemática por las presiones de EE UU. A eso se añaden las observaciones que, en materia de derechos humanos, formula Human Rights Watch (HRW).


Colombia ha logrado la aprobación, desde 2013, de 20 comités de la OCDE. Para acceder a este club, formado por 35 países, solo le faltan tres pasos. Sin embargo, este proceso puede complicarse en la recta final. La posible adhesión ha generado, además, un debate político que gira en torno a sus beneficios y a las dudas sobre la preparación real del país. El último Estado latinoamericano que consiguió entrar fue Chile, en 2010, mientras que México lo hizo en 1994.


Uno de los mayores obstáculos tiene que ver ahora con la presión de Estados Unidos, que plantea algunas exigencias para apoyar su ingreso. Una de ellas es la eliminación del programa de chatarrización o desguace de camiones de más de 25 años, que perjudicaría a los fabricantes norteamericanos. Ese país también reclama modificaciones en la ley de propiedad intelectual y mayor atención a las demandas de la industria farmacéutica.


La titular de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, viajó a Washington a principios de marzo para tratar de rebajar las inquietudes de los sectores que mantienen relaciones comerciales con Colombia. “Escuchamos sus comentarios sobre la experiencia que han tenido invirtiendo y exportando hacia nuestro país, y exploramos fórmulas para facilitarles su labor comercial y empresarial en Colombia”, aseguró la ministra.


Para el Ejecutivo de Santos, la adhesión a la OCDE es crucial. Así lo recalcó ayer el mandatario desde Brasil. “¿Por qué hemos querido ingresar a la OCDE?”, preguntó. La respuesta supone en sí un mensaje a los inversores extranjeros. “¿Eso qué les da a los inversionistas y a las personas que van a hacer negocios en Colombia? También esa seguridad legal de que el día de mañana no va a venir un Gobierno a deshacer todo lo que se ha venido haciendo porque este es un club, no de países ricos sino de países, a mi juicio, con buenas políticas públicas que se van revisando permanentemente y eso de cierta forma es una garantía para cualquier inversionista”, consideró Santos.


El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, encargado de coordinar los trabajos del Gobierno en el proceso de acceso, resumió la semana pasada el interés de la actual Administración: “Colombia en paz y en la OCDE es un país mucho más atractivo para la inversión”. Por ello, a pesar de las dificultades, quiso mostrarse “optimista” ante las decisiones pendientes. Y aseguró en una entrevista en City TV que “hay un espacio para llegar a un acuerdo, hay una negociación viable” con Estados Unidos.


Jorge Restrepo, profesor de Economía y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, ve la adhesión “tremendamente conveniente para la economía colombiana”. En su opinión, la entrada mejoraría la eficacia del sistema tributario y “la calidad de la provisión de los bienes y los servicios públicos”. “¿Cómo alguien se puede oponer?”, se pregunta en referencia a las reservas de un sector de la opinión pública colombiana.


Derechos humanos


Las objeciones al ingreso de Colombia están relacionadas también con los derechos humanos. Human Rights Watch (HRW), por ejemplo, solicitó hace ya meses a la OCDE que analice la emergencia alimentaria del pueblo indígena wayúu en la península de La Guajira y tenga en cuenta la que considera una “respuesta insuficiente” de las autoridades.
“La adhesión de Colombia a la OCDE es una de las mayores ambiciones políticas del presidente Santos. Y el progreso que ha hecho el país en muchos ámbitos para lograr este objetivo es notable”, explica a EL PAÍS Juan Pappier, abogado para las Américas de HRW. “Sin embargo, aún quedan enormes desafíos por delante, como la crisis de desnutrición en La Guajira que se ha cobrado la vida de decenas de niños indígenas wayúu. El 22 de marzo, el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE deberá analizar las políticas sociales del país para proteger a poblaciones vulnerables. Si la OCDE examina la crisis en La Guajira y le exige al Gobierno un plan concreto para afrontarla, podrá ayudar a salvar vidas y a solucionar esta desgarradora crisis humanitaria”.

 

Bogotá 20 MAR 2018 - 23:38 COT

 

Publicado enEconomía