Las huellas que deja el Papa latinoamericano

Francisco transformó a Bergoglio, radicalizó su perspectiva a favor de los pobres, de los excluidos y de sus derechos. Sus gestos y mensajes se pudieron ver desde el primer viaje a Lampedusa, suelo de inmigrantes. Fue memorable su discurso sobre “las tres T” en Bolivia.

Aún para los más cercanos que conocían sus pensamientos y que habían seguido su trayectoria fue difícil imaginar, aquel 13 de marzo de 2013, el “plan de gobierno” que Jorge Bergoglio tenía en su mente cuando fue ungido como Francisco, máxima autoridad de la Iglesia Católica. El tiempo, pero sobre todo los gestos de Francisco fueron dejando en claro la propuesta y las huellas que el primer papa latinoamericano deseaba establecer como impronta a su gestión. Fue así que su primer viaje político-pastoral lo llevó hasta Lampedusa, para encontrarse con los inmigrantes ilegales expulsados de su territorio que huyen desesperados en busca de la vida. A ellos y al mundo les reafirmó con un gesto de cercanía y solidaridad su prédica en favor de los pobres, de la vida y de los derechos.


Y desde allí el Papa comenzó a construir su condición de líder universal, más allá de las propias fronteras de la Iglesia Católica donde hasta hoy muchos sectores lo resisten. Puede decirse que Bergoglio es líder en un mundo con liderazgos en crisis. Pero también es cierto que para construirse en ese lugar el Papa eligió la actitud del diálogo y del encuentro con los diferentes, desde la realidad de los pobres y reclamando por sus derechos.


Puede decirse que el discurso pronunciado el 9 de julio de 2015 por el Papa ante el auditorio plural de los movimientos sociales reunidos en Cochabamba (Bolivia) cuyo eje fue su proclama de “las tres T” (tierra, techo, trabajo) constituye una suerte de síntesis doctrinal que, en otro tono y con distinto despliegue, Francisco expresó de manera sistemática y con base teológica en Laudato Sí. Una gran suma que, a contracorriente de las fuerzas triunfantes del capitalismo mundial, se alza en favor de los pobres y sus organizaciones, critica a los poderes hegemónicos y lanza un llamado a la paz. Una militancia pacifista que Bergoglio apoya con sus acciones y las del Vaticano en cada lugar de conflicto que se presente en un rincón de la tierra.


Francisco es hoy un líder incómodo para los centros de poder mundial, pero al mismo tiempo una figura cercana y popular entre los marginados. Y ha construido esa identidad apoyándose en la historia reciente, también en el pensamiento teológico y en la experiencia pastoral, de la Iglesia afincada en América Latina.
De modo también estratégico Bergoglio decidió consolidarse fuera de los límites de la Iglesia, concretar el viejo anhelo del Concilio Vaticano II de dialogar con la sociedad a partir de las realidades, los problemas y también los cuestionamientos que de allí surgen para la institución católica. Quienes lo conocen íntimamente aseguran que el Papa está convencido que es allí, entre los postergados por la sociedad actual y sus poderes, entre los pobres y los excluidos, donde existe el terreno más fértil para el anuncio genuino del mensaje de Jesucristo.


Curiosamente –sobre todo para quienes lo miran a la distancia– las mayores resistencias hacia Francisco radican en la misma estructura eclesiástica y, paradójicamente, en la Argentina, su país.


En la Argentina porque quienes más se alegraron con su designación son los sectores católicos más conservadores, empresarios y representantes del poder, que vieron en Francisco la continuidad de un cardenal Bergoglio que, sin considerarlo como del propio palo nunca les resultó incómodo. Pero Francisco transformó a Bergoglio, acentuó los rasgos más latinoamericanistas del entonces cardenal de Buenos Aires y radicalizó su perspectiva en favor de los pobres, de los excluidos y de sus derechos. Y esto disgustó al poder que hoy se dice decepcionado o directamente escandalizado con el Papa.


Francisco apoyó todo esto con su política de los gestos y con un mensaje sencillo, llano y entendible para todo el pueblo, una virtud que tampoco solía exhibir durante su paso por el arzobispado de Buenos Aires.


Y en la institución eclesiástica, ese lugar desde el cual los integrantes del colegio cardenalicio fueron a buscar a un papa latinoamericano y seleccionaron a un argentino porque siendo tal era el “más parecido” a los europeos, las resistencias (también las intrigas y las conspiraciones) han ido en aumento. Los sectores más conservadores no dejan de rasgarse las vestiduras ante lo que consideran excesivas concesiones de Bergoglio, tanto en sus mensajes como en su estilo pastoral. Francisco no se inquieta por ello. Conoce los problemas que enfrenta y utiliza la energía y el respaldo que le llega desde afuera para dar batallas en la propia Iglesia. Pero sabe que tiene una tarea por hacer: avanzar y profundizar la reforma de la Iglesia hacia una forma de gobierno y de participación más sinodal, más horizontal y plural que renueve la vida del catolicismo. Esa es, probablemente, la gran tarea pendiente y la próxima que el Papa decida encarar como legado de su pontificado. Para alcanzar este propósito no habría que descartar ni siquiera el llamado a un nuevo concilio ecuménico.
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Lunes, 12 Marzo 2018 08:43

Como pez en el agua

Como pez en el agua

David Foster Wallace fraguó la parábola que se conoce como Esto es agua. Contó que había dos jóvenes peces nadando uno junto al otro cuando encontraron uno más viejo que iba en dirección contraria y que los saludó diciendo: "Buen día, muchachos. ¿Cómo está el agua?" Los dos peces jóvenes siguieron nadando un poco más y, de pronto, uno de ellos voltea hacia el otro y pregunta: "¿Qué diablos es agua?"

Es muy factible que mi pez beta, Rufino –que se llama igual que el del detective habanero Mario Conde y que vive solo por peleonero en una pecera bien acondicionada–, tampoco sepa qué es el agua, aunque sólo ahí puede vivir. ¿Qué pasaría si tomara conciencia de ella?

En la parábola wallaceana son tres los peces que participan del enigma acuático y eso basta para hacer de éste un problema social. Wallace afirma que el meollo de la historia es obvio, a saber: que las realidades más relevantes usualmente son las más difíciles de advertir y de tratar. En esto, por supuesto, no es determinante la edad que tienen los peces.

De esta materia, es decir, de la capacidad o bien de la mera posibilidad de darse cuenta de lo más obvio que nos ocurre, está hecha gran parte de la filosofía y la sicología.

Darse cuenta de qué diablos es el agua no es un proceso fácil y tampoco garantiza una salida fiable de la enajenación que se produce constantemente a escala individual y colectiva. Las fuentes de la enajenación son poderosas y muy diversas.

Las reacciones que se han denominado antisistema, como pueden ser recientemente los casos del Brexit o las elecciones de hace unos días en Italia, entre muchas otras, podrían verse como una manera de "tomar conciencia".

Eso es apenas lo primero que podría apuntarse, pero hay todo un proceso, complejo sin duda, que ha de seguirse para comprender su significado y sus repercusiones. E, insisto, no necesariamente todo esto significa que se alcance un avance que pudiese concebirse como positivo. Eso es tan sólo una posibilidad. La historia está plagada de situaciones como ésta.

En 2018 se cumplen 170 años de la publicación del Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels. De alguna manera era esa una expresión radical de lo que "es el agua". Se trataba de la necesidad de los trabajadores de tomar conciencia del "hecho objetivo que es la explotación". El trabajo político consistía, entonces, en propagar esa conciencia, en darse cuenta de lo que ese hecho político entraña.

El capitalismo hoy no es el de 1848 ni el de 1917 o de 1933, esto es obvio. Detrás de los movimientos políticos, de las revoluciones y los grandes programas de reforma, hay un texto del que se seguirán extrayendo conclusiones. El pensamiento tiene que evolucionar y, preferentemente, sin descalificaciones atemporales como muchas veces se hace.

Hoy la "clase obrera", el "proletariado" tienen otra composición y un significado político distinto. Están en una diferente relación con la tecnología y las formas primordiales de la acumulación del capital. La sociedad global es distinta. Los conflictos han modificado su naturaleza y la manera en que se exhiben. La demografía es otra cosa y el desgaste social altera su forma y su condición. Los enfrentamientos políticos a escala nacional y mundial así lo muestran. Entretanto, la desigualdad es más profunda en términos relativos y absolutos, y es una de las cuestiones primordiales que enfrenta la humanidad.

Rupert Younger y Frank Partnoy son un par de profesores que se definen como creyentes del capitalismo de libre mercado y desde ahí promueven el llamado activismo como forma de acción política (ver activistmanifesto.com) para confrontar las actuales desviaciones de ese sistema.

Han hecho un curioso trabajo de confrontación de esa postura con el planteamiento original del Manifiesto del 48. Esto podría tomarse como una mera edulcoración de aquel texto tan radical. Posiblemente así lo sea. Y, sin embargo, ofrecen reflexiones interesantes, sobre todo para ordenar una discusión y plan-tear los desacuerdos. No pretenden ser extremistas ni revolucionarios, pero admitamos que en buena medida la llamada izquierda, sea convencional o no, tampoco ofrece hoy un panorama intelectual demasiado atractivo y abarcador.

Conciben el activismo como una serie de principios que expresan en general las actuales relaciones que surgen de las luchas existentes en contra de la desigualdad, de lo que dicen es el movimiento histórico que ocurre ante nuestros ojos.

Ven las manifestaciones de la desigualdad como la fuente permanente del cambio histórico. Activismo hay y lo vemos en distintas formas. No todas ellas son exitosas. El movimiento de ocupación de Wall Street provocado por la más reciente crisis financiera tuvo resultados limitados. Hoy el Congreso de Estados Unidos se propone desmantelar buena parte de las regulaciones que se impusieron al sector financiero después de 2009.

Pero hace unos días las enormes manifestaciones de mujeres en muchas partes del mundo han llamado la atención para exigir un cambio en una sociedad donde impera el machismo, la desigualdad de género y la violencia. La lista puede seguir.

¿Será esa una forma del agua de la que hablaba Foster Wallace?

 

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Sábado, 20 Enero 2018 09:46

Sin tierra a la vista

Sin tierra a la vista

A continuación algunas de las preocupaciones que nos suscitan las normas y los proyectos que se pretenden implementar con ocasión del Acuerdo Final de Paz:

 

1. Decreto Ley 902 de 2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”.

 

Hay que decir que, en un primer momento, el gobierno nacional pretendió impulsar un proyecto de ley que no había sido consensuado con las Farc y que excedía lo acordado en el texto final del Acuerdo de Paz; pero gracias a la presión de múltiples organizaciones, parlamentarios y sectores académicos, tuvo que limitar su alcance a la creación del fondo de tierras y el procedimiento para el acceso y formalización.

 

A pesar de las críticas sobre la redefinición de los sujetos de reforma agraria, pasando a una versión diferenciada entre sujetos de acceso a tierras y sujetos de formalización, estos últimos a título oneroso, el Gobierno mantiene la idea de formalizar la propiedad de grandes extensiones de tierra que han sido apropiadas ilegalmente y por medio del despojo y el desplazamiento forzado, por vía de adjudicación de predios baldíos a personas naturales o jurídicas, que puedan solventar los costos del proceso de regulación de los derechos de propiedad.

 

Asimismo, este decreto ley modifica el régimen de baldíos, pues permite que estas tierras cuya destinación ha sido pensada para sujetos sin tierras o con tierra insuficiente, a través de la función social de la propiedad, ahora hagan parte de la oferta de tierras disponibles para personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria, puedan tener acceso y eventual propiedad sobre tales bienes a través de figuras jurídicas como la de “derechos de uso” y la adjudicación para el desarrollo de proyectos denominados de utilidad pública e interés social (como las empresas mineras o petroleras).

 

Otro aspecto significativo, que evidencia la desigualdad material que promueve esta norma, es lo correspondiente a los pagos por gastos de formalización, pues el decreto establece que los sujetos de acceso deben cubrir los pagos por los gastos notariales, administrativos y procesales, es decir, por todo el proceso de regulación de la propiedad. Costos que tendrán que asumir los campesinos pobres, haciendo aún más gravosa la concreción de su derecho a la tierra.

 

2. Decreto Ley 883 de 2017 (ordinario) “Por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos”.

 

Este decreto permite que empresas mineras, portuarias y de hidrocarburos puedan ser exoneradas de impuestos a través de la financiación de obras de infraestructura (alcantarillado y agua potable, vías, servicios de salud y educación, entre otras). Lo más preocupante de este decreto es que hace depender la implementación de los Pdets y otros programas para la “transformación del campo” de los recursos de agentes privados denominados grandes contribuyentes que promueven el modelo de desarrollo extractivista de minería e hidrocarburos.

 

Esta nueva figura jurídica propicia que los territorios y las comunidades queden sometidas a los intereses de estos sectores empresariales a fin de que lleguen recursos que permitan mejorar sus precarias condiciones de infraestructura, las que deberían estar a cargo de Estado.

 

3. Decreto Ley 893 de 2017 “Por el cual se crean los Programas con Enfoque de Desarrollo Territorial PDET”.

 

A pesar de que carga un enfoque aparentemente participativo y diferencial, que incorpora la perspectiva étnica y cultural de los pueblos y comunidades de los territorios, el decreto no desarrolla ampliamente el funcionamiento de los Pdet, y deja la operatividad y detalles de los planes, a la reglamentación posterior sin participación de las comunidades en los territorios.

 

Aunque el acuerdo final contempla un capítulo étnico, no hay un enfoque real de priorización de estas comunidades de cara a eventuales conflictos entre las comunidades rurales. Además, desconoce a las comunidades negras.

 

4. Decreto Ley 890 de 2017 “Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural”.

 

La administración del subsidio al que se refiere este decreto pueda ser asumida, además del Estado, por particulares privados. Esto mantiene la idea de la privatización de derechos convertidos en servicios, perpetuando así la tercerización de la prestación servicios y derechos básicos, los que debería asumir el Estado en su posición de garante de derechos.

 

5. Ley “Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones”.

 

Esta ley tiene un enfoque de desarrollo rural basado en la producción agroindustrial a gran escala en detrimento de las formas de producción propias de las comunidades rurales, sustentadas en economías de base asociativa, bajo criterios de economía comunitaria y protección medioambiental.

 

Otra preocupación es la sustitución del servicio público de asistencia técnica por el de extensión agropecuaria, el cual está orientado al “desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo, con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción”.

 

Esta sustitución implica que la asistencia técnica que hasta el momento estaba dirigida a los pequeños productores agropecuarios, de manera gratuita, bajo la responsabilidad de los entes territoriales, a través de las Umatas, ahora se orientará bajo las lógicas del “mercado y las cadenas de valor” (artículo 3, numeral 8) con criterios de “gradualidad y temporalidad” (artículo 3, numeral 9) que establecen un monto tarifario “diferencial, decreciente y finito en el tiempo” lo que significa la privatización progresiva de un servicio que hasta ahora era público, gratuito y focalizado para los pequeños productores, que no cuentan con recursos para adquirir asistencias en temas de sostenibilidad y sustentabilidad de la producción agropecuaria.

 

Además, no se contempla un enfoque agroecológico en los procesos de optimización de la producción agropecuaria, como tampoco se contemplan mecanismos de participación de comunidades rurales, ni la incorporación de enfoques diferenciales étnicos, de género y territoriales.

 

6. Proyecto de Ley “Por la cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones” (versión de octubre de 2017).

 

Finalmente, persiste la preocupación ante el trámite de este proyecto de ley que retoma varios de los elementos del Proyecto “de Ordenamiento Social de la Propiedad”, conocido en abril del 2017, que pretendía derogar la Ley 160 de 1994 en su totalidad y crear un nuevo marco normativo agrario.

 

Hay que decir que respecto de la reforma a la Ley 160 de 1994 el gobierno nacional se había comprometido con la Cumbre Agraria a discutir y concertar el contenido del mismo. A la fecha, este proyecto no ha sido presentado a las organizaciones de la Cumbre Agraria, y está en trámite, de manera unilateral, por el Gobierno quien pretende ahondar la concentración de la tierra.

 

Algunos elementos de preocupación son:

 

El Proyecto de Ley, de nuevo, trae una definición de desarrollo integral del campo distinta a la pactada en el Acuerdo Final, pues incorpora al sector minero–energético, de vivienda e infraestructura dentro de las diferentes formas de producción del campo. Contemplar este sector como parte de un enfoque de desarrollo integral del campo, junto con la creación y reafirmación de figuras de “Ordenamiento Social de la Propiedad Rural”, como las Zonas Estratégicas de Interés Agropecuario, las Zonas de Desarrollo Empresarial y las Zidres, da cuenta de la orientación del enfoque reprimarizador, extractivista de desarrollo rural; desconociendo las ya difíciles condiciones en las que se encuentran las comunidades rurales, en especial, las campesinas, acorraladas por proyectos de extracción de recursos minero energético y la agroindustria. Esta orientación va en contravía de lo pactado con las Farc, que buscaba por el contrario, apoyar y proteger “la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento”.

 

Este proyecto promueve, además, efectos contrarios a la democratización de la propiedad rural que busca beneficiar a las comunidades rurales que más lo necesitan, en tanto que legalizaría predios que superen la extensión de una UAF, sin considerar las condiciones socio-económicas del ocupante. Por tanto, este proyecto puede beneficiar a terratenientes que explotan y se benefician de los baldíos de la nación.

 

Como comenta Carlos Duarte, del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, en un artículo titulado GoodBye Reforma Agraria: “[...] Ley es un despropósito en materia de política agraria, puesto que instaura una regla que restringe las tierras disponibles para adjudicación a campesinos y trabajadores agrarios, beneficiando, directa o indirectamente y sin una justificación razonable a la luz del principio de igualdad, a personas con capacidad económica que realicen actividades categorizadas bajo el amplio universo como “actividades de utilidad pública e interés general””.

 

Ofensiva política

 

De lo anterior se desprenden serías dudas sobre la “democratización del acceso y uso adecuado de la tierra”. Este andamiaje normativo que está construyendo el Gobierno desconoce las reivindicaciones y propuestas que históricamente han enarbolado las comunidades ruarles, pues su enfoque sigue acentuado sobre la idea de “modernización del campo” que privilegia un modelo de desarrollo extractivo y agroindustrial sin contemplación de los impactos sobre las condiciones socio culturales y ambientales de las comunidades rurales y el país en general.

 

De imponerse y perpetuarse este modelo, estaremos abocados a la extensión definitiva del campesinado, quien nunca ha sido reconocido como sujeto de derechos. Además supone un riesgo para la pervivencia física y cultural de las comunidades étnicas, en contravía de la “Diversidad biológica y cultural” de Colombia, uno de los supuestos “pilares”fundamentales del Estado Social de Derecho.

 

La manera como concibe el establecimiento la democratización del campo, bajo el discurso de “Un campo para todos”, no es solo el desconocimiento sino la perpetuación de la desigualdad fehaciente entre los llamados “actores del campo”, pues mantiene las condiciones desfavorables de las comunidades rurales empobrecidas, respecto a los agroindustriales y empresarios, quienes se han visto favorecidos durante décadas por las políticas estatales y también por la guerra. “Un campo para todos” significa olvidar la larga historia de desigualdad allí imperante, inequidad en el goce efectivo de derechos y despojos sistemáticos a sangre y fuego, y desconocer la desigualdad material con la que siempre se han encontrado las comunidades rurales, especialmente las campesinas, respecto a otros actores dominantes del campo, aquellos que siempre han tenido la posibilidad de acumular, de correr la cerca, de tener una vaca cada hectárea y media de tierra, de asociarse, de tener créditos, de ser empresarios del campo.

 

La seguridad jurídica para la inversión que se pregona con este modelo, no es otra cosa que el afianzamiento de las condiciones de favorabilidad gozadas desde siempre por los denominados empresarios del campo para sus proyectos agroindustriales y extractivos; es no tocar ni un poco de la tierra que se han apropiado: mientras de la oferta de tierras se reservan baldíos para ellos, las comunidades rurales siguen profundizando los conflictos cada vez con menos tierras disponibles.

 

En este contexto, debemos resistir e insistir en la lucha por una verdadera reforma agraria y rural integral que supere la desigualdad, restaure la dignidad de los despojados y garantice una verdadera “transformación estructural del campo” que afronte la crisis ambiental, energética, social y cultural a la que nos ha llevado el capitalismo reinante, en el que la vida es apenas una variable económica para sus intereses egoístas.

 

Seguiremos actuando en unidad con los pueblos, comunidades y sectores sociales populares ante instancias de negoción política como la Mesa Única Nacional, ante el Congreso de la República, ante el poder judicial, la comunidad internacional, pero sobre todo, seguiremos resistiendo en los territorios, construyendo proyectos de vida y de paz con las comunidades, pues al parecer la paz del gobierno y del Estado, no es nuestra paz.

Publicado enEdición Nº242
Viernes, 22 Diciembre 2017 09:18

Soldado avisado...

Zulma Delgado

Desde Brasil llegaron en el curso de 2017 los primeros ecos de lo que parece ser una nueva ola neoliberal en contra de los trabajadores, sus salarios, sus ahorros y la seguridad social, ofensiva bajo el paraguas protector del establecimiento y su disposición de todo tipo de recursos (Congreso, policía y ejército, medios de comunicación) para hacer efectivas estas (contra)reformas: incremento de la jornada laboral en cuatro horas diarias, posibilidad de contratar mano de obra hasta por algunas horas cada día, reducción del tiempo a que tenían derecho los obreros para su alimentación –de una hora a 30 minutos–, definición de los 65 años como edad mínima para acceder a la jubilación, legalización de la tercerización con la imposición de contratos laborales basura, arrasando con derechos estipulados desde hace décadas.

La contracción del gasto público, llevándolo al mínimo posible, también hace parte del paquete regresivo, así como la privatización de bienes públicos de todo orden. Sin duda, todo ello un reajuste de leyes y lógicas sociales y políticas en pro de una mayor ganancia por parte del capital. Quienes pagan la receta, como en anteriores ocasiones, son quienes venden su fuerza de trabajo, a la par de las mayorías sociales, llevadas al límite de su supervivencia.

Unos meses después, ecos de este tipo de reformas también llegaron desde Argentina, con el gobierno Macri, empecinado en ampliarle el espacio al sector financiero e industrial del campo y la ciudad, para que pueda disputar con sus pares de otros países en mejores condiciones de oferta. Pretenden, tras ese propósito, reajustar el marco legal para poder despedir a los trabajadores sin las restricciones que hoy estipula la ley; reducir las cargas sociales y de previsión social que les favorecen, a la par de otorgarle más ventajas tributarias al capital por medio de una reducción de los impuestos a las ganancias; incrementar la edad de jubilación para hombres (70 años) y mujeres (65). Bajo el objetivo de confundir incautos, por no decir que para ironizar, el ministro del ramo, Jorge Triaca, sustenta esta parte de la reforma diciendo que “trabajar hasta los 70 años es un derecho”.

Esto para el caso de nuestra subregión, pero tales resonancias también cubren espacios a través de reformas laborales y financieras, decididas en Francia y los Estados Unidos. En el primero de estos países, flexibilizando la legislación laboral, ampliando el margen para los despidos sin causa justa y sus respectivas indemnizaciones, de suerte que en el país galo se avanza de manera lenta hacia una desregulación del mundo laboral. Y en los Estados Unidos, Trump pretende una reforma en el régimen impositivo que reduzca de manera notable los porcentajes que deben pagar los empresarios por ganancias y similares. En ambas partes del mundo, reducir costos a favor del empresariado es el plan central de las reformas. Las rebajas las pagan, claro está, quienes menos tienen, que deberán cancelar, bien con el desempleo, bien con nuevas cargas tributarias, los beneficios del capital y la menor recaudación estatal.

 

Los mercados

 

Para el caso de algunos países del llamado ‘centro’, en la pretendida protección de sus mercados y/o ganar algunos nuevos, las reformas van mucho más allá. Es el caso del Reino Unido y de los propios Estados Unidos. El viejo imperio inglés, oteando sobre el mediano y el largo plazo, vislumbra la reducción cada vez mayor de espacios y mercados ante el avance chino; su valoración de la unión que mantiene con sus vecinos europeos es que en las condiciones en que están no podrán aguantar ni plantar basa para contener al que se proyecta como nuevo imperio global. ¿Permanecer pasivos y asumir un papel totalmente secundario en la geopolítica global? Su decisión es contraria, y se apresta a disputar un espacio en el entramado universal, mucho más allá de su territorio inmediato y mediato. Esta parece ser la razón del Brexit, una decisión animada en el proteccionismo extremo de intereses de diverso tipo, que no rompe con el neoliberalismo, pues su esencia se conserva, pero sí replantea el sentido y la forma de la globalización –“mientras me convenga”, parece pensar.

Por su parte, Estados Unidos hace lo propio. Con la reducción de impuestos para quienes allí inviertan, creen o conserven industria, y con la renuncia y/o renegociación de todo tipo de tratados comerciales que tenían con diversidad de países, así como con la comunidad internacional (cambio climático, Unesco), intenta mantener o ampliar los márgenes de ganancia garantizados por años para los sectores industrial y financiero, al tiempo que conservar o recuperar los mercados perdidos ante la ‘desleal’ competencia china. Y para también ser desleales (recuerden que ellos mismos dicen que no tienen amigos sino intereses), necesita quebrar precios en la producción y así hacerlos más competitivos en la arena interna e internacional: subsidian por ello al capital al reducir los impuestos que deben pagar por sus tasas de ganancia, crean estímulos para el consumo interno y mejoran sus condiciones de diverso orden para la competencia en el mercado global.

Reformas en una y otra parte del Sistema Mundo Capitalista, y de diverso calibre, que indican que como sociedad global hemos ingresado en una etapa de disputa comercial por conservar mercados y tasas de ganancia, como nítida manifestación de que el mercado mundial ya está copado, de que ya dio lo que podía dar y lo que viene ahora es una rapiña, en primera instancia legal y diplomática y, si las circunstancias lo obligan, bélica. Estamos, según las enseñanzas legadas por el capitalismo, en los preámbulos de nuevas confrontaciones armadas, y, con las tecnologías desarrolladas hasta ahora, y las por desarrollar en los años que vienen, entramos en riesgo de supervivencia como especie humana; por el momento, las contradicciones entre los titanes se están surtiendo a través de terceros países y en territorios ajenos a sus sociedades: Oriente Medio es la mejor estampa al respecto.

 

La tecnología

 

“Los cambios técnicos siempre han conducido a una nueva reestructuración de las instituciones” (1); es decir, la base productiva sufre transformaciones, surgen nuevas formas de trabajo y nuevos patrones de acumulación, las reglamentaciones existentes se tornan corsé, la economía gana nuevos espacios y ritmos, y quien controla el poder político y económico trata de neutralizar el avance de sus contrarios o de profundizar su dominio; los poderes emergentes hacen lo propio; los escenarios nacionales e internacionales se crispan. Como ayer, hoy, en plena revolución científica como industrial (ver Carlos Maldonado pág. 34) tenemos signos similares y la geopolítica internacional, como ya lo anotamos, así lo constata.

La particularidad de los tiempos que corren es que el escenario internacional está dominado por ideas conservadoras (ultra, en muchos casos), sin un contrario que propugne por un cambio de matriz, sin una utopía que movilice mayorías pretendiendo favorecerse de los avances científicos y tecnológicos de diverso orden que están llevando al mundo hacia una situación hasta ahora no conocida.

Por el contrario, lo que ahora se impone es una ofensiva mediática y cultural sin precedentes, liderada por minorías que dominan por doquier, que utilizan las nuevas tecnologías para la comunicación y la información con evidente manipulación de la realidad que sobrellevamos, al tiempo que despiertan una ambición incontrolable de consumo que obliga a vivir al debe a grandes segmentos sociales y, por ese conducto, los fuerza a un exceso de trabajo, a fin de reunir lo necesario para no romper la burbuja de la falsa ilusión de haber dejado atrás a las clases populares y ahora registrar en la gelatinosa clase media. Por esta vía se cosecha la desmovilización social, la competencia entre pares, la desunión, el conformismo, e, incluso ideas y propuestas de gobierno y de sociedad contrarias a su propio interés y necesidad (ver Anne Vigna, pág. 8).

Tal realidad es contraria a la vivida en tiempos de la primera y la segunda revoluciones industriales, cuando amplios segmentos sociales soñaban y se batían por un sustancial cambio social. De esas luchas, además de cambios políticos y económicos significativos, surgieron cartas de derechos universales, retribuciones inalienables que todo parecía indicar que jamás serían desmembradas. Pero así como en otros tiempos sobresalía el sueño del cambio, ahora el espacio es para la pesadilla de la regresión, de manera que ante nuestros ojos está sucediendo lo impensable: por doble vía, el capital logra quebrar derechos como el de ocho horas de trabajo y descanso (2): a través de las nuevas tecnologías, flexibilizando en la práctica el sentido del trabajo, extendiéndolo hasta la casa y por los siete días de cada semana, multiplicando por esos mismos conductos productividad y plusvalía, lo que incrementa la propia acumulación del capital; y a través de nuevas normativas, regresando a jornadas de 10, 12 e incluso más horas diarias de trabajo. Y no son horas extras.

Su ofensiva le permite, además, racionalizar la existencia de la desigualdad social, su inefable histórico, así como la continuidad de sociedades cada vez más clasistas, racistas y excluyentes (y no son los años 30 del siglo XX, ni ocurre solamente en uno, dos o unos pocos países). Todo esto, en contra de las evidencias fortalecidas por esas mismas transformaciones científicas y técnicas, que han potenciado la socialización de la producción, enlazando al mundo como un conglomerado cada vez más entretejido e interdependiente, en el cual las fronteras entre países dejan de tener sentido, y sin justificación alguna para que el hambre siga siendo una realidad, lo mismo que la desescolarización, la exclusión, que exista muerte por falta de atención médica, que persista y se multiplique el desempleo y, más que ello, que no exista una redistribución de la renta de cada país, ampliándose el piso de los excluidos y concentrándose el de los propietarios cada vez más acaudalados.

 

En la parroquia

 

Como parte de una región con amplios signos regresivos (Ver Federico Vázquez, pág. 6), en Colombia las políticas laborales y sociales profundizan la regresión y la desigualdad social. Y no sucede ahora sino que el nuestro ha sido ya elegido como país prototipo para explorar diversidad de medidas de hondo calado neoliberal. Por ejemplo, acá se les arrebató a los trabajadores cuatro horas de trabajo nocturno –que obligan al pago de un salario mayor–, extendiendo la labor diurna hasta las 10 de la noche (en reciente reforma la llevan hasta las 9); acá, sindicalizarse es un crimen que se paga con la vida; acá, el contrato laboral fue flexibilizado desde años atrás, imponiendo desde los años 80 del siglo XX los trabajadores temporales, el pago a destajo, todo lo cual tiene al país con un desempleo supuesto del 11 por ciento y una informalidad de más del 60; en este país, la salud y la seguridad social fueron privatizadas 20 años atrás, haciendo de los derechos simples mercancías. Todas estas medidas las impusieron mientras la guerra se agudizaba.

Y ahora se vuelve por lo mismo, con argumentos como que para ser más competitivos hay que recuperar la confianza inversionista en el país; por parte de candidatos a la presidencia como Germán Vargas Lleras se les promete a los grandes capitales más que el propio Trump: bajar impuestos a los patrones, no gravar más el patrimonio, establecer cero gravámenes a los dividendos y la participación en sociedades, lo mismo que a la utilidad en la venta de acciones; hacer deducible el ICA en lo que tiene que ver con renta: “[...] hacer del 4x1000 una retención en la fuente del 100% recuperable sobre el impuesto de renta, un incentivo a los extranjeros, el desgravamen total para las inversiones de portafolio de personas no residentes en el país [...] (3).

Para el campo, seguridad jurídica: “[...] acelerar el proceso de licenciamiento ambiental para dar certeza sobre tiempos y condiciones [...], una manera de anunciar que las consultas territoriales ya no irán más. En suma, reforma tributaria y pensional (4), regalías, consultas previas y otras ponen al país en la senda del reacomodo que está sufriendo el capital internacionalmente, con un doble agravante: 1. Que somos país periférico, con unas clases dominantes que son conformes como exportadoras de materias primas e importadoras de bienes de capital; y 2. Que acá, a diferencia de otros países, la pobreza y la desigualdad social son mayores, y, por tanto, los efectos de las medidas que tomen serán más nefastas.

Dice el refrán que “soldado avisado no muere en guerra”. El año 2018 lo confirmará o lo denegará.

 

1. Supiot, Alain, “Cuando el Derecho laboral es un ‘obstáculo’”, Le Monde diplomatique, edición Colombia, octubre 2017, p. 29.

2. Quiebra, incluso, logros alcanzados en algunas sociedades donde se aceptó que la jornada de trabajo de lunes a viernes sería de seis horas, con igual salario, todo ello porque las tecnologías permiten hoy producir en cuatro o menos horas lo que antes demandaba ocho o más horas de labor.

3. “País debe volver a crecer al 5%: Vargas Lleras”, El Nuevo Siglo, noviembre 14 de 2017.

4. En este ítem, las propuestas son diversas: todas presionan por incrementar la edad de pensión para hombres y mujeres, e igualmente el número de semanas por cotizar, y reducir la pensión a menos de un salario mínimo. Algunas, que la EPS del Estado deje de afiliar más trabajadores y que desde ese momento todos pasen al régimen privado. Además, en otros rubros, los patrones demandan reducción del salario mínimo, e incluso su eliminación a través de un salario regionalizado y decidido por productividad.

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Viernes, 15 Diciembre 2017 07:05

El peor momento para la gestión de Macri

El peor momento para la gestión de Macri

Cambiemos quiso forzar el debate sobre el ajuste a los jubilados pero tuvo que levantar la sesión. Luego Macri amagó con dictar un DNU para saltear al Congreso pero el rechazo de Carrió y la advertencia de la CGT de un posible paro obligaron a dar marcha atrás. 

 

A dos años y dos meses de sus respectivos triunfos electorales, Cambiemos provocó ayer su primera gran crisis de gobierno. El oficialismo desató una brutal represión que derivó en el fracaso de la sesión convocada para aprobar la reforma previsional. En ese contexto, desencadenó un conflicto interno con sus principales socios y abrió una línea de confrontación con los gobernadores peronistas y con la CGT, que amenazó con paro general. La decisión de avanzar con el ajuste en los haberes jubilatorios terminó con decenas de heridos de balas de goma, unas 30 personas detenidas y el presidente, Mauricio Macri, titubeando sobre la posibilidad de dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia tras la derrota parlamentaria. El rechazo público de Elisa Carrió y la advertencia de la CGT parecieron forzar anoche la marcha atrás del Ejecutivo Nacional. En horas de la tarde el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había salido a acusar a sectores de la oposición por los hechos de violencia y ratificar el respaldo oficial a la iniciativa. A última hora fuentes de Cambiemos adelantaban la posibilidad de volver a sesionar el lunes.


Desde la mañana las afueras del Congreso estuvieron militarizadas, con un despliegue de fuerzas de seguridad del que no se tenían recuerdos ni siquiera en la crisis de 2001. “Connie, sentalos a todos. ¡Que no se pare nadie!”, le ordenó Nicolás Massot, jefe del bloque de Diputados del PRO a su compañera Cornelia Schmidt Liermann. Eran las casi las dos de la tarde y los diputados de Cambiemos comenzaban a salir del Salón Delia Parodi y cruzaban unos pocos metros hasta el recinto de la Cámara Baja con la intención de iniciar el tratamiento de la reforma previsional. De a poco empezaban a llegar las primeras noticias de la fuerte represión con balas de goma y gas pimienta y las imágenes de los heridos, entre ellos diputados nacionales como Mayra Mendoza y Matías Rodríguez, del FpV-PJ. Algunos legisladores que estuvieron afuera hasta ese momento, ingresaron al Palacio e intentaron vencer la resistencia de los hombres de seguridad. “¡Soy yo! ¡Correte! ¡Somos diputados, dejanos pasar!”, le gritaba el chubutense Santiago Igón al personal que bloqueaba el acceso al hemiciclo. Atrás suyo se agolpaban, entre otros, Felipe Solá, Axel Kicillof, Daniel Filmus, además de asesores y periodistas. Agustín Rossi acababa de pasar, también a los empujones.


Minutos más tarde y en medio de un escándalo que incluyó un intento del presidente de la Cámara de golpear al diputado Leopoldo Moreau, Carrió pidió que se levante la sesión. “Monzó, decidite, sos el presidente de la Cámara o el jefe de la policía”, le había dicho Moreau al titular del cuerpo, que se paró de su silla y le lanzó sin éxito un puñetazo al grito de “¿a mi me venís a decir, Moreau?”. Asesores y otros legisladores tuvieron que intervenir para tranquilizar la situación que recién se descomprimió cuando Cambiemos aceptó que no podía continuar.


Operativo y represión


Desde la mañana, varias cuadras a la redonda del Congreso estaban valladas y completamente cubiertas por un enorme operativo de seguridad ordenado por el ministerio a cargo de Patricia Bullrich. Se preparaban para la movilización convocada por la dos CTA, movimientos sociales y organizaciones políticas, acompañadas por la CGT. Según se informó extraoficialmente, intervenían más de 1500 efectivos entre Gendarmería, Prefectura, Policía Federal. Además, se sumaron camiones hidrantes que en reiteradas oportunidades lanzaron agua mezclada con gas pimienta sobre los manifestantes. El Cels advirtió que también había en la zona un camión del Ejército. En horas de la noche, según la Correpi existían al menos 30 personas detenidas. Manifestantes, periodistas, fotógrafos y dirigentes políticos sufrieron disparos, golpes, palazos y empujones. El jefe de Gabinete responsabilizó a los diputados opositores por esos hechos, al igual que lo había hecho Carrió durante su intervención en el recinto. “Esa violencia comenzó con ataques a los funcionarios que fueron a exponer sobre el proyecto de ley en las reuniones de comisión y vimos hoy, como ayer, también la búsqueda de violencia primero desde la calle y después desde el propio recinto, cruzando una raya que no se había cruzado en el último tiempo”, sostuvo Peña. La líder de la Coalición Cívica había dicho que los diputados “tienen que tener cuidado de no avasallar a las fuerzas del orden”.


El desafío del quórum


La sesión especial de ayer estaba pautada para las 14 mientras que los manifestantes comenzaron a concentrarse en algunos puntos de la ciudad a partir de las 11. La tensión política y social había comenzado en la reunión de comisión del martes, en la que también se habían producido incidentes, tanto entre diputados como entre un grupo de jubilados y algunos funcionarios públicos como el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.


El objetivo principal del oficialismo era lograr que ayer se sentaran en sus bancas 129 diputados, el quórum suficiente para sesionar. Después, sostenían, sería más sencillo aprobar la reforma porque necesitarían juntar solo la mayoría de los legisladores presentes. Cambiemos llevó 106 propios y se estiró hasta los 128 con diputados del Frente Cívico por Santiago del Estero, los misioneros del Frente Renovador de la Concordia y un grupo del interbloque Argentina Federal que responde a los gobernadores peronistas. Si bien Diego Bossio y la mayoría del BJ no se sentó, sí lo hicieron los tucumanos Gladys Medina, José Orellana y Pablo Yedlin, el sanjuanino Walberto Allende, los chaqueños Juan Mosqueda y Elda Pértile y los cordobeses Martín Llaryora, Juan Brügge, Alejandra Vigo y Paulo Cassinerio.


A las 14.35, el tablero de la Cámara de Diputados marcó por un instante 129 presentes y 128 ausentes. Antes de que Emilio Monzó terminara de decir “con la presencia de 129 señores diputados, queda abierta la sesión especial conforme el requerimiento efectuado por los señores diputados, número reglamentario...”, el tablero volvió a marcar un diputado por debajo del quórum. Un grupo de legisladores del Frente para la Victoria se acercó a los gritos a la presidencia, le dejó sobre el escritorio a Monzó varios cartuchos de balas de goma recogidos de la represión que continuaba afuera. Horacio Pietragalla, Máximo Kirchner, Guillermo Carmona, Martín Doñate, Carlos Castagneto, entre otros, se trenzaron en una discusión con Monzó sobre el quórum que duró varios minutos. También Victoria Donda, de Libres del Sur, se acercó con muletas y la pierna lastimada por la mordida de un perro de Gendarmería en la represión del martes.


La oposición denunció que los 129 diputados se habían logrado con “diputruchos”. Se referían al legislador electo Jorge Enriquez y a Astrid Hummel, reemplazante de la macrista Ana Martínez, quienes todavía no habían jurado. Horas después Enriquez y otros integrantes del oficialismo desmintirían categóricamente esa versión, que calificaron como una “infamia”. En las filmaciones, imágenes y testimonios no se pudo probar que alnguno de ellos hubiera ocupado efectivamente una banca. En medio de la confusión y mientras Monzó intentaba arrancar la sesión, por un momento el tablero marcó 130 diputados presentes. Fue también fugaz. Nunca más el oficialismo logró conseguir el quórum. Carrió, el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri y Monzó, mantuvieron una pequeña reunión en la que acordaron, con el consenso de la Casa Rosada, levantar la sesión.


Fuentes del bloque oficialista le admitieron más tarde a PáginaI12 que si bien ellos no habían cometido ninguna irregularidad, “el número no estaba cerrado” y que eso influyó en la decisión de dar marcha atrás. Tampoco descartaban que algún diputado opositor se hubiera sentado “accidentalmente” en su silla.


Los diputados del FpV-PJ, el Frente Renovador, el Movimiento Evita, el Bloque Justicialista y hasta el Frente de Izquierda festejaron la derrota del oficialismo.


Por la tarde, mientras continuaba la represión y las detenciones, Macri se reunió de urgencia con Peña, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el de Hacienda, Nicolás Dujovne. Dejaron trascender que firmaría un DNU con la reforma previsional y, además, un “bono” de compensación para que los jubilados y pensionados no perdieran ingresos por el “empalme” en el cambio de la fórmula de actualización de los haberes. “Carrio y la Coalición Cívica juraron respetar la Constitución Nacional y no la van a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional”, advirtió Lilita en su Twitter. “Si hay DNU, hay paro nacional”, afirmó Héctor Daer, triunviro de la CGT, minutos más tarde.


Anoche los responsables de la negociación política con los gobernadores adelantaban que intentarán sesionar nuevamente el lunes, luego de buscar un nuevo acuerdo con los mandatarios provinciales para que les garanticen el respaldo de sus legisladores. Será un intento por revertir, al menos en parte, la peor crisis del gobierno de Mauricio Macri desde su llegada al poder.

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Miércoles, 15 Noviembre 2017 06:27

Sobreexplotación del trabajo

Sobreexplotación del trabajo

Conforme los trabajadores fueron logrando disminuir la duración de la jornada laboral, los grandes empresarios fueron implementando métodos nuevos de explotación de la fuerza de trabajo. Como no podían disponer de los trabajadores por tantas horas, han tenido que implementar la productividad del trabajo, la utilización de la mano de obra de manera más intensa, para mantener e incluso extender la extracción del excedente.


En el centro del capitalismo ese mecanismo ha permitido un gran ciclo de desarrollo económico, que ha combinado expansión e integración de amplios sectores de la clase trabajadora. Mientras que, en la periferia, los mecanismos han sido otros.


Tras llegar con retraso al mercado internacional, las burguesías periféricas han intensificado la explotación de la clase obrera para lograr condiciones competitivas en el plano internacional, que les permitiera encontrar espacios en ese mercado. De ahí que los mecanismos de sobreexplotación se hayan desarrollado tan ampliamente en la periferia.
La categoría de sobreexplotación del trabajo es parte inherente de la teoría marxista de la dependencia, elaborada por Ruy Mauro Marini, gran intelectual brasileño, que ha vivido y producido prácticamente toda su obra en el exilio, en Chile y en México, siempre asociada a la militancia política, en Brasil en la organización Política Obrera (Polop), en los otros países en el MIR chileno. Su obra articula una concepción de cómo en la periferia se combinan la dependencia externa con las condiciones específicas de la lucha de clases, particularmente de la extracción del excedente.


Es solo en ese marco teórico que se puede comprender de forma cabal el significado y el lugar de la sobreexplotación del trabajo. Se trata de formas agregadas de explotación, de extensión de la jornada y de intensificación del trabajo que, combinadas, generan mecanismos que elevan la explotación muy por encima de las condiciones normales y estructurales de extracción de la plusvalía.


Esos mecanismos, a su vez, bloquean cualquier posibilidad de expansión del mercado interno de consumo popular, porque se remunera a los trabajadores por debajo de sus necesidades básicas. De ahí que los modelos de acumulación en la periferia dependan de las altas esferas de consumo del mercado y de exportación.


La sobreexplotación requiere, a su vez, condiciones políticas para que se efectivice. En Brasil, fue indispensable el “bloqueo salarial” (congelamiento del salario), para que se diera el “milagro económico” durante la dictadura militar. Fue el santo del milagro económico. La dictadura combinó represión política con sobreexplotación de los trabajadores.
Las restauraciones neoliberales en países como Argentina y Brasil concentran gran parte del accionar de los gobiernos en generar las condiciones para elevar la explotación de los trabajadores. La “reforma laboral” brasileña es el mejor ejemplo de la imposición de condiciones salvajes a los trabajadores, que incluyen, entre otras, medidas como reducir para menos de una hora el horario de almuerzo, permitir que mujeres embarazadas o que amamantan a sus hijos trabajen en condiciones insalubres. Prácticamente son abolidos los derechos elementales de los trabajadores, incluyendo la duración de la jornada de trabajo, el salario mínimo, que tienen que ser discutidos en cada negociación salarial. Se impone, como dicen cínicamente sus promotores, lo discutido sobre lo legislado, esto es, si el nivel de desempleo y la correlación de fuerzas en que se dan las negociaciones permiten, no hay limite para que se impongan las condiciones más salvajes de explotación de los trabajadores.


Los regímenes de excepción, donde el Poder Judicial ya no es garante del Estado de derecho; donde gobiernan lo banqueros y se impone la tercerización de las relaciones de trabajo; se restringen las acciones de los sindicatos para defender las conquistas de los trabajadores; donde se impone el Estado mínimo, con la centralidad del mercado, es el mejor escenario político para que la sobreexplotación de los trabajadores se imponga.


Hasta alrededor de algunas pocas décadas, la sociología del trabajo era una de especializaciones más prestigiosas y buscadas en el campo de las Ciencias Sociales. Después de las críticas a la excesiva “centralidad del trabajo”, se ha pasado al polo opuesto, en que pareciera que las actividades del trabajo son unas entre tantas otras, y no más la actividad esencial que ocupa la mayor parte del tiempo de la gran mayoría de las personas en el mundo.


Hay que rescatar la importancia de las relaciones de trabajo, en un mundo en que, más que nunca, la mayoría aplastante de la humanidad vive del trabajo, por mas diferenciadas que sean esas actividades. Que esa gran mayoría vive del trabajo y para el trabajo. La teoría marxista de la dependencia de Ruy Mauro Marini es el mejor marco teórico para ese indispensable rescate.

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Sábado, 11 Noviembre 2017 06:57

Un freno a la flexibilización

Un freno a la flexibilización

Ante centenas de banderas rojas, Douglas Izzo, titular de la CUT paulista, denunció: “Esta reforma laboral es una afrenta a la Constitución y al pueblo brasileño; no permitiremos que avance y, si avanza, vamos a parar Brasil”.

 

A la huelga general: la Central Unica de los Trabajadores (CUT) propuso esa medida de fuerza ayer durante el acto en San Pablo contra las reformas laboral, que entra en vigor este sábado, y la previsional que tiene estado parlamentario pero su aprobación parece incierta. La Plaza da Se, frente a la Catedral en el centro paulista , es un reducto histórico de la CUT y el Partido de los Trabajadores. Allí, ante centenas de banderas rojas Douglas Izzo , titular de la CUT paulista, denunció “esta reforma laboral que es una afronta a la Constitución y al pueblo brasileño, no permitiremos que avance y desde ya alertamos que si la reforma previsional avanza vamos a parar Brasil”.


Durante la concentración se votó y aprobó una convocatoria a un día de protesta nacional o una huelga general como la realizada en abril pasado, que fue al primera desde 1996. Claro que para una medida de fuerza de esa magnitud se requerirá del apoyo de las otras organizaciones gremiales empezando por la antipetista Fuerza Sindical, otrora aliada de Michel Temer con quien nunca rompió por completo.


Luego de la exitosa huelga de abril se realizó otra, en junio, pero esta vez con menos participación debido al boicot de Fuerza Sindical.


Otra causa que explica el bajo acatamiento del segundo paro nacional, el de junio, fue la represión policial de la manifestación realizada el 24 de mayo en Brasilia cuando Temer dio el primer paso elocuente hacia un régimen autoritario al movilizar a las Fuerzas Armadas para restablecer la “ley y el orden”.


En la CUT, la organización más poderosa, se nuclean unos tres mil sindicatos que representan a 24 millones de trabajadores. Esa organización responde por cerca del 35 por ciento de los asalariados formales, seguida por Fuerza Sindical con el 15, según datos de 2014.


Ayer hubo una convocatoria unitaria a los actos de protesta en San Pablo, Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte y otras capitales. La concentración de Fuerza Sindical, con sus característicos colores naranja, comenzó por la mañana en el popular barrio paulista Mooca, desde donde luego una parte de los manifestantes se dirigió hacia la Avenida Paulista donde confluyendo con las columnas de la CUT.


El dirigente metalúrgico Miguel Torres, de Fuerza Sindical, no descartó un paro general si se aprueban los cambios, drásticos, al sistema previsional mientras se intenta frenar en los tribunales la ley 13.467 considerada inconstitucional por parte de los jueces del Foro Laboral.


A través del nuevo régimen prácticamente se “demuele” la Consolidación de las Leyes Laborales sancionada en 1943 por el presidente Getulio Vargas y se restablecen relaciones de la época de la “esclavitud” planteó recientemente el senador y ex dirigente de la CUT Paulo Paim, en diálogo con PáginaI12.


A partir de hoy entran en vigor los contratos “intermitentes”, que equivalen a “trasladar al trabajador golondrina del campo, a los contratos de trabajo urbano” comparó del centro de estudios sindicales Dieese. Mediante ese tipo de vínculo el patrón decide por cuántos días contrata a su empleado, que será multada si falta, y figurará como un trabajador formal aunque su situación sea precaria y lo obligue al multiempleo. Y si el empleado falta pagará una multa.


Los empleadores podrán fragmentar las vacaciones en hasta tres veces eligiendo en que meses concederlas, las trabajadoras con hijos pequeños no tendrán derecho a amamantarlos en lugares limpios alejados de las máquinas, y fue eliminada la contribución sindical obligatoria. Y se consagra el principio de que “lo acordado en la empresa está por sobre lo legislado”, con lo cual se mina la capacidad de resistencia del trabajador su patrón.


El presidente nacional de la CUT, Vagner Freitas, planteó una estrategia de lucha política y gremial para hacer frente a un “gobierno golpista”. Freitas sostuvo que mientras se boicotea la aplicación de nueva ley laboral debe iniciarse una campaña de agitación contra la Previsión, que es un tema rechazado por ocho de cada diez brasileños. “Tenemos que continuar alertas, invadir las redes sociales de los diputados, y decir claramente que el que parlamentario que vota a favor del proyecto (jubilatorio) de Temer no va a tener el voto del trabajador” en las elecciones de octubre 2018.


La estrategia de la CUT es clara: por un lado movilizar y acumular fuerzas con miras a un paro ligando la baja popularidad del presidente, con el 3 % de apoyo, a los cambios en la jubilación que incluyen elevar a 65 años la edad mínima para hombres y mujeres. Y por otro respaldar la elección de Luiz Inácio Lula da Silva en 2018 y la formación de una bancada “popular” en el Parlamento a fin de derogar las reformas ( o contrarreformas) heredadas del gobierno de excepción.

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Mauricio Macri celebró el domingo el triunfo electoral del oficialismo en Argentina.

 

El líder del PRO se convierte en el presidente más reforzado de América Latina

 

Mauricio Macri se convirtió en la noche del domingo en el líder más fuerte de América Latina. En un momento en el que casi todos los presidentes de la región están muy debilitados, el argentino logró una victoria aplastante en las legislativas en todo el país, y sobre todo le ganó por más de cuatro puntos a Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires. Este éxito le da un poder enorme para reformar Argentina y le convierte en el centro de la política probablemente por muchos años. "No hay que tener miedo a las reformas", fue el primer mensaje de un Macri eufórico, con un triunfo que supera sus propias expectativas y destroza a la oposición peronista.

Mauricio Macri ha sido subestimado casi desde que era un adolescente. Primero, por su padre, uno de los empresarios más ricos y polémicos del país, que toda la vida lo minusvaloró e incluso públicamente dijo que su hijo nunca llegaría a presidente porque no estaba preparado. Y después, por todo el establishment argentino, lo que él llama el círculo rojo, que desde 2003, cuando el entonces presidente de Boca Juniors decidió dar el salto a la política, se burlaba de su aspecto, de su forma de hablar, de sus maneras de hijo de millonario, de su desconocimiento de los códigos de la política.

Pero Macri, ayudado por un equipo fiel dirigido por Marcos Peña y asesorado por el ecuatoriano Jaime Durán Barba, fue poco a poco consolidando su poder, primero en la alcaldía de Buenos Aires y ahora en la presidencia, hasta lograr una victoria en los cinco distritos clave del país que nadie conseguía desde 1985, cuando un Raúl Alfonsín en la ola de la recuperación de la democracia arrasó en las elecciones intermedias. Macri supera el 40% de voto en todo el país y desarbola a la oposición en plazas clave, por lo que cuenta con un importante aval de la sociedad para sacar adelante sus reformas, aunque no tiene la mayoría absoluta del Congreso.

 

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Macri ha sabido aprovechar el rechazo que generaron en buena parte de las clases medias urbanas y rurales los últimos años del kirchnerismo, en los que el aislamiento internacional, el cierre de los mercados financieros y la explosión del mercado negro del dólar, sumado a los escándalos de corrupción, provocaron una huida de votos hacia cualquiera que ofreciera un cambio. Y apoyado en esas clases medias y rurales ha ido poco a poco conquistando espacios en las clases bajas, antes feudo inexpugnable del peronismo.

Solo así se explica que Cambiemos, la coalición que dirige, haya logrado ganar en provincias empobrecidas y muy peronistas como Jujuy, Salta, El Chaco, e incluso en La Rioja, donde ha destronado finalmente al cacique Carlos Menem, que volvía a presentarse y será senador aunque fue derrotado. Cambiemos destrozó a los Kirchner en la patagónica Santa Cruz, la cuna de su poder, que aún gobierna Alicia Kirchner, la hermana del expresidente.

Macri ganó en 2015 por la mínima, menos de tres puntos, frente al entonces candidato peronista Daniel Scioli, apoyado por el kirchnerismo. Desde entonces ha gobernado en minoría y con muchas dificultades. A los empresarios y economistas liberales que le reclamaban reformas más profundas, un recorte más rápido del gasto público, Macri siempre les contestaba: no hay margen político, hay que ir poco a poco porque si no perderé el poder.

Pero ahora lo tiene todo. Así que el presidente lanzó un mensaje claro: se abre un periodo para buscar grandes acuerdos, al estilo de los Pactos de La Moncloa españoles que muchos argentinos ven como un ejemplo, para pactar grandes reformas con los gobernadores, los empresarios y los sindicatos. Pero si no se logran, Macri seguirá adelante.

"Entramos en una etapa de reformismo permanente. Argentina no tiene que parar, no tiene que tener miedo a las reformas. Tenemos que hacer muchísimas. Nos van a ayudar a vivir mejor", clamó un eufórico Macri que hacía esfuerzos por contenerse. "El poder no me va a cambiar", insistía tratando de conjurar el clásico mal de los gobernantes latinoamericanos, que con un sistema presidencialista sin muchos contrapoderes acaban teniendo un dominio absoluto que les lleva a excesos.

Otros presidentes argentinos han caído en ese intento por reformar en especial el mercado laboral, dominado por los sindicatos más poderosos de América, pero pocos habían tenido una ola tan favorable como la de Macri, al que nada parece hacerle mella: ni la crisis económica, que aún sufren buena parte de las clases medias y bajas del conurbano bonaerense, precisamente donde más apoyo ha tenido Kirchner, ni los errores de gestión que él mismo reconoce con una facilidad a la que los argentinos no están acostumbrados, ni el durísimo 2016, ni la inflación que sigue siendo la más alta de América después de Venezuela, ni algunos escándalos con las empresas de su familia o el blanqueo de capitales al que se ha acogido legalmente su hermano.

Hasta ahora, el presidente ha evitado un ajuste más fuerte gracias a la deuda. Los Kirchner tuvieron cerrados los mercados internacionales en los últimos años y bajaron mucho la deuda. Por eso Macri tenía margen y un mercado encantado de prestarle a una de las tasas más altas del mundo, además de entrada infinita de capital especulativo atraído por tipos de interés del 27% en pesos. Pero el presidente sabe que eso tiene un límite y esta victoria marca un cambio. "Mientras la Argentina tenga déficit fiscal va a seguir teniendo que tomar deuda porque tenemos el compromiso de reducir la pobreza, que sufre mucho la inflación. Si uno no financia el déficit con inflación lo hace con deuda. Pero no podemos hacerlo eternamente, por eso hay que reducir el déficit fiscal", explicó.

Ahora viene la parte más difícil de su mandato, pero la afronta con un enorme capital político, muy superior a cualquier previsión. Con el peronismo en desbandada y dividido, la reelección en 2019 parece sencilla, aunque en Argentina es inútil hacer cualquier previsión. Cuando empezó 2015, por ejemplo, todos los analistas decían que era imposible que ganara Macri. Y lo hizo pocos meses después.

Macri ha logrado conectar con la sociedad con el mensaje de que ha venido para hacer de Argentina un país normal, abierto, donde "no ganen siempre los más vivos [listos, tramposos]" y con la idea de que ya se probaron durante muchos años todas las otras fórmulas y no funcionaron, así que ahora le toca a la suya. Las encuestas señalan que la gente no está contenta con la situación actual, en la que siguen sufriendo fuerte la crisis y la inflación, pero tienen mucha confianza en que mejorará en el futuro. Ahora el presidente tiene que cumplir con unas expectativas muy altas. Tiene margen político, pero necesitará resultados.

 

 

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Breve análisis sobre las recientes medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno

 

La situación de endeudamiento y recesión económica en la que dejó el gobierno anterior al país requiere de grandes dosis de pragmatismo para articular una política económica adecuada para el Ecuador. Sin embargo, el pragmatismo es también una ideología cuyos límites están en la dificultad para prever las consecuencias a largo plazo de las políticas gubernamentales y en la tendencia a desentenderse de realidades que no encajen en visiones cortoplacistas de conveniencias momentáneas. Así las cosas, el país requiere de un plan económico que aún no tenemos y que va más allá de meras líneas de acción coyunturales como las expresadas hasta ahora por el actual gobierno nacional.
Respecto a lo anterior, cabe reseñar que toda política económica debería buscar a la postre cuatro ejes básicos: lograr un crecimiento económico sostenido en el tiempo, conseguir la estabilidad de los precios, favorecer el empleo y lograr un marco de justicia económica y social para el conjunto de la población.


Para lograr esos fines, todo manual de Estado aplicado a la política económica se vale de un serie de instituciones y actores que pueden ser directos –el Estado en todos sus niveles y así como sus instituciones públicas- e indirectos –banca, asociaciones empresariales, corporaciones transnacionales, inversionistas y sindicatos-. El objetivo ideal de cualquier Estado es que tanto unos como otros avancen juntos en la misma dirección para conseguir que las políticas sean efectivas y cumplan los objetivos trazados.


Para ello hace falta, en la medida de lo posible, alcanzar un acuerdo democratizador que fomente la producción, el empleo y los ingresos con justicia social. Todo ello teniendo presente que vivimos en un país donde los sectores económicos están controlados semi-oligopólicamente, donde los grandes beneficiados económicos de las políticas del gobierno anterior -pese a sus quejas- fueron los grandes capitales y donde la capacidad productiva de las empresas es baja y carece de diversificación pese al tan “carareado” cambio de matriz productiva.


Bien, pues bajo ese esquema de pretendido consenso son cinco ejes los de intervención planteados por el presidente Moreno en la noche del 11 de octubre como medidas económicas inmediatas para reactivar la economía nacional y fomentar el empleo: eliminar la Ley de Plusvalía, fortalecer la dolarización, profundizar el programa de austeridad, combatir el contrabando y la evasión de impuestos, así como articular un cambio de política económica con base sobre el Impuesto a la Renta.


Respecto a la Ley de Plusvalía, su continuidad o derogación será decidida democráticamente por la sociedad ecuatoriana, puesto que forma parte del cuestionario de la consulta popular entregada el pasado día 2 de octubre por la secretaría jurídica de la Presidencia a la Corte Constitucional. En todo caso vale resaltar que, más allá de que es de justicia establecer medidas contra la especulación del suelo, en un país que sufre un déficit de entre 800.000 y 1.000.000 de viviendas, la entrada en vigencia de dicha ley ha significado una reducción del 15% en la construcción de estas y el sector se ha contraído en un 5% dejando de generar empleo. En el caso de ser derogada plebiscitariamente dicha normativa, tendrá que ser mediante el artículo 60 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUS) como se regule el mercado del suelo y se eviten prácticas especulativas respecto a la plusvalía de bienes de inmuebles.


En el artículo 60 de dicho ordenamiento se indica:


“Los instrumentos para regular el mercado del suelo establecen mecanismos para evitar las prácticas especulativas sobre los bienes inmuebles y facilitar la adquisición del suelo público para el desarrollo de actuaciones urbanísticas. Dichos instrumentos son el derecho de adquisición preferente, la declaración de desarrollo y construcción prioritaria, la declaración de zona de interés social, el anuncio del proyecto, las afectaciones, el derecho de superficie y los bancos de suelo”.


El cumplimiento cabal de este artículo de la LOOTUS debería ser debidamente fiscalizado por las autoridades de control y forma parte de las políticas de descentralización y transferencia de competencias a unos gobiernos autónomos cada vez más descapitalizados, debiéndose implementar los mecanismos apropiados para la captación por parte de estos de los beneficios por el alza del precio de un bien inmueble o terreno fruto de la transformación de suelo rural a urbano, la modificación de usos del suelo o la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo a cambio de una participación justa del Estado en el beneficio económico que estos derechos adicionales significan.


Respecto a la segunda línea de acción, fortalecer la dolarización, el presidente Moreno se comprometió a presentar una ley de incentivo para la repatriación de capitales planteando la exoneración del pago del Impuesto a la Renta durante cinco años a quienes cumplan con esta demanda durante el primer año de la entrada en vigor de la ley. El gobierno busca la entrada de 1.700 millones de dólares hoy fuera de la economía nacional, reequilibrando en parte el sistema monetario dolarizado y dinamizando la actividad económica. En ese sentido, también se plantea el compromiso de devolver el impuesto por ingreso de divisas a los exportadores y por el mantenimiento de las plazas de empleo en el sector, pero no se cede a la presión empresarial de eliminar el impuesto a la salida de capitales, un impuesto fundamental en una economía rentista y de escasa diversificación productiva como la ecuatoriana en aras a defender una dolarización que en la actualidad nos mantiene atrapados en el ámbito de la falta de soberanía monetaria.


Siguiendo con este apartado, preocupan más que lo dicho las posibles medidas no anunciadas por el Presidente de la República. En este sentido y al día siguiente de la alocución presidencial, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, declararía públicamente que se está trabajando con la Procuraduría General del Estado y la Cancillería para que en los próximos días sea presentado un borrador de nuevos Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), los cuales durante el anterior gobierno fueron en gran parte denunciados. Según Campana, los inversionistas ven la necesidad de resucitar los TBIs para tener un marco legislativo seguro, ignorando que dicho marco jurídico especial se sobrepone a la legislación interna del país y conlleva una importante involución en el ámbito de la soberanía nacional.


Para el titular de la cartera de Comercio Exterior, la mayoría de los países con los que se pretenden establecer líneas de inversiones en Ecuador demandan la articulación de TBIs. La carencia de estos vendría a explicar en parte la baja Inversión Extranjera Directa (IED) que actualmente recibe el país, la cual se cuantifica en tan solo el 0.79% de la que llega a América Latina y Caribe. Lo que no dice este alto funcionario público es que un país como Brasil, mayor receptor de IED del subcontinente, nunca suscribió en su historia un TBI y por lo tanto no enfrenta demanda alguna ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución de arbitraje internacional que gran daño ha causado con sus sentencias al Ecuador y resto de países del Sur global.


En la noche del pasado día 11, el presidente Moreno volvió a hacer hincapié en la necesidad de profundizar el programa de austeridad sobre las cuentas púbicas ya puesto en marcha y mediante el cual se busca reducir el déficit fiscal del actual 4,7% del PIB –que en realidad está por encima del 6%- al 1% en el 2020. Para ello ya se están aplicando medidas de austeridad que conllevan la reducción del 10% en el sueldo de servidores públicos del jerárquico superior –en la actualidad el 8% del empleo público absorbe el 20% del gasto corriente en nómina-, la limitación de contratación de consultorías, pagos de horas extras y viáticos, además de la supresión de compra de vehículos de lujo y otros tantos gastos más de carácter innecesario.


A este respecto cabe destacar que las medidas planteadas se alejan del tan demandado ajuste económico reclamado desde los voceros de los grandes grupos económicos y la oposición conservadora, y que de igual manera fuera tan falsamente anunciado por el ex mandatario Rafael Correa y sus seguidores a través de las redes sociales. Al menos hasta el momento, el frente económico gubernamental demuestra entender que reducir el déficit no tiene porqué significar recortes sociales. Un ejemplo concreto de políticas alternativas en este sentido son las expuestas por el economista y profesor universitario Pablo Dávalos, quien ha llegado a plantear esquemas muy validos que tienen parecidos al de los derivados financieros. Según Dávalos, se podrá establecer un sistema de compensación del déficit fiscal a través de la emisión de SWAPs –seguros de ejecución presupuestaria- mediante la transferencia, a año vencido, de los recursos de ejecución presupuestaria no ejecutados y convertidos en Certificados de Programación Fiscal por un monto similar al del déficit y respaldados por el Fondo de Estabilización Económica y Monetaria.


Respecto al cuarto eje de acción, lo que tiene que ver con el combate al contrabando y la evasión fiscal, el mandatario planteó que se implementará un sistema destinado a eliminar la subvaloración de mercancías, fijando aranceles que protejan la industria nacional y una tasa de control de 10 centavos por producto para financiar la lucha de las aduanas contra el contrabando y la evasión.


Si bien es cierto que 10 centavos por ítem puede significar mucho o poco en función del precio de cada producto gravado, lo que en principio apunta a una medida no proporcionalizada, una vez más el sector de importador –eje fundamental en una economía de escasa capacidad productiva- clama contra dicho impuesto y los aranceles en general, ignorando la dificultad que atraviesa el sector productivo nacional que sí cumple con sus obligaciones tributarias para poder competir con este segmento de competencia desleal basado en la comercialización de productos de contrabando y la necesidad de proteger la escasa producción nacional de un país sin capacidad de devaluación en su moneda.


En todo caso, las medidas planteadas por el régimen dejan entrever cierta limitación a la hora de conceptualizar excepciones de carácter estratégico, tales como podrían ser la exoneración de aranceles para el sector ciencia y tecnología o moratorias para la importación de vehículos livianos a combustión interna vs liberalización de importaciones de vehículos híbridos y eléctricos, por poner tan solo un par de ejemplos.


Ahora bien, lo más interesante de las medidas anunciadas por el presidente Moreno tiene que ver con el cambio de las políticas económicas poniendo como eje el Impuesto a la Renta, es decir, la política fiscal.


Mientras los agoreros del desastre -léase ese 20% de voto duro correista que aún queda en el país- auspiciaban un “paquetazo” económico (incremento de los precios del gas, combustibles, electricidad y la tasa del IVA), la propuesta presidencial y de su equipo de gestión se basa en la reactivación productiva poniendo en el centro de estas medidas a las pequeñas y medianas empresas.


Es así que el presidente Moreno anunció el envío en breve a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley destinado a eliminar el anticipo del Impuesto a la Renta para las empresas cuyas ventas no superen los 300.000 dólares, así como para que las microempresas ya establecidas no paguen dicho impuesto por sus primeros 11.000 dólares de utilidad y los nuevos emprendedores tampoco tengan que pagar dicho tributo durante los dos primeros años de existencia.


De esta manera se articula un elemento de cambio fundamental en las políticas económicas del gobierno nacional que tiene que ver con que el Impuesto a la Renta pase a ser utilizado para incentivar a las empresas y el empleo, y no para equilibrar las cuentas públicas, tal y como pasaba antaño.


En ese sentido, a las empresas que facturen más de 300.000 dólares se les aplicará la devolución progresiva del impuesto mínimo del anticipo al Impuesto de la Renta, comenzando con el 50% durante el 2018. Para asegurar esa medida, el gobierno pide a los emprendedores que se cumpla con el compromiso de al menos mantener las plazas de empleo actualmente existentes.


Sin embargo, los representantes de los grandes grupos económicos del país –esos que manejan ingresos por el 59% del PIB pero tan sólo tributan en la práctica el 2.31% de estos- se quejan de que el Impuesto a la Renta pase del 22% al 25% tal y como era hasta el 2010. Las élites económicas también consideran desmedido que los ecuatorianos que perciben más de 3.000 dólares mensuales –más de ocho veces de un salario básico al que tan solo llegan menos de la mitad de la población económicamente activa- tributen el Impuesto a la Renta sobre el décimo tercer sueldo para partir del próximo año.


Al respeto cabe señalar el retrógrado nivel que demuestran los voceros y representantes políticos de estas élites, dado que hasta el propio FMI -institución financiera internacional poco sospecha de izquierdismo- plantea en su última publicación del Monitor Fiscal la necesidad de actuar sobre tres áreas básicas: el incremento de los impuestos aplicados a las rentas más altas, la adopción de un régimen con un salario básico universal y el crecimiento del gasto público en el terreno de la educación y la salud. Respecto a este último apartado, cabe significar que en el Ecuador actual, dicha inversión ha pasado a ser inferior al gasto aplicado para cubrir el déficit fiscal y pagar amortizaciones de deuda -entre 8.000 y 10.000 millones de dólares anuales- adquirida de forma desproporcionada por el anterior gobierno durante los últimos tres años de su gestión.


Según el FMI, institución históricamente bendecida por las élites económicas latinoamericanas, el incremento de la desigualdad y la brecha social es tan grande a nivel planetario que se indica: “Nuestros resultados sugieren que es posible aumentar el grado de progresividad tributaria (...) y también se podría evaluar distintos tipos de impuestos sobre la riqueza”.


Ante la voracidad de la banca privada, importante es también la medida presidencial anunciada por la cual el dinero electrónico pasaría a estar gestionado también por las cooperativas de ahorro y crédito, lo que significa darle liquidez a los sectores más olvidados de la economía nacional.


En todo caso y más allá de las medidas enfocadas de incentivar la producción poniendo énfasis en los sectores micro y medianos productivos (donde faltan propuestas para el crédito educativo, de apoyo a la mujer emprendedora, fondos de inversión de riesgo para primeros emprendimientos, programas destinados a incentivar el primer empleo y estrategias sólidas destinadas al sector agropecuario) la propuesta gubernamental demuestra una carencia en los ámbitos que tienen que ver con reincentivar ese consumo venido a menos a partir de la caída de precios del crudo.


En este sentido y más allá del riesgo de flexibilización laboral que podría suponer la actual reforma en marcha del sistema de contratación laboral en el país, una medida tan básica como la disminución del IVA en tan solo dos puntos vendría a significar un incremento de liquidez para los consumidores, tal y como ya se demostró cuando dicho impuesto regresivo pasó del 14 al 12% haciendo que la economía del país creciera un 3% en tan solo un trimestre.


También siembra dudas el anuncio presidencial de cumplir en los términos acordados con las obligaciones contraídas con proveedores internacionales, lo cual a la larga no viene a significar otra cosa que prolongar la agonía del endeudamiento heredado y desplazar al año que viene una medida –la renegociación de la deuda externa- que tendrá que se aplicada para que el Estado tenga algo de liquidez. Respecto a esto, se debe tener en cuenta que el incremento del Impuesto a la Renta para las grandes empresas, los cuales se aplicarán en 2018, comenzarán a tener sus frutos en las arcas públicas a partir del siguiente año.


En resumen y saludando el hecho de que el presidente Lenín Moreno y su gabinete no hayan sucumbido a las presiones de los grandes grupos económicos que operan en el país, las propuestas gubernamentales expuestas en la noche del 11 de octubre no conforman un programa económico sólido para salir de la crisis. Son básicamente líneas de acción político económica coyunturales y de medidas de aplicación a corto plazo. Seguimos sin hoja de ruta para salir de una economía extractivista que agudiza nuestra dependencia respecto a las necesidades de los mercados globales de commodities, seguimos sin criterio a la hora de determinar que tipo de inversión extranjera directa queremos, seguimos sin medidas claras para diversificar y democratizar el sector productivo y se mantiene la actual desvinculación entre política social y económica en Ecuador.


El autor es Director Ejecutivo de la Fundación ALDHEA

Publicado enInternacional
Jueves, 05 Octubre 2017 07:34

Falacias de las reformas laborales

Ghilarducci: “Cada diez años los políticos dicen ‘esta vez es diferente porque la tecnología está cambiando todo’”.

 

Entrevista a la economista Teresa Ghilarducci, especialista en temas laborales y seguridad social

 

La economista y experta en temas del trabajo advirtió que las reformas laborales “nada tienen que ver con las nuevas tecnologías”, en general no van acompañadas de mejora en la productividad y sólo son una excusa para bajar costos laborales.

 

“Cada diez años, los políticos aseguran que ‘esta vez es diferente porque la tecnología está cambiando todo’. Ahora, la idea es que las computadoras van a pasar a reemplazar todo trabajo humano. En mi opinión, no hay nada nuevo en la economía, se trata de una estrategia de los empleadores para reducir el costo del trabajo. Esto no tiene nada que ver con la productividad. Es más, reducir salarios suele hacer perder productividad”. El análisis pertenece a Teresa Ghilarducci, economista norteamericana consultada por PáginaI12, especializada en el mundo del trabajo y experta en seguridad social. Ghilarducci es profesora de la New School for Social Research de Nueva York y directora del Schwartz Center for Economic Policy Analysis y del New School’s Retirement Equity Lab (ReLab). Si bien su objeto de estudio no se centra en la Argentina, las discusiones locales alrededor de la reforma laboral y previsional se enmarcan en una corriente global de la cual Ghilarducci es una de las principales críticas.

 

–Brasil sancionó una reforma laboral que avanza hacia la flexibilización y la reducción del poder de negociación de los sindicatos. En la Argentina esa discusión toma cada vez más relevancia, anclada en el cambio tecnológico y la necesidad de mejorar la competitividad. ¿Cuál es su postura en relación a este tema?

En primer lugar, las reformas laborales no tienen nada que ver con la absorción de las nuevas tecnologías. La tecnología está vinculada al trabajo formal y a la educación de los trabajadores. Es más, cada diez años los políticos dicen que ‘esta vez es diferente porque la tecnología está cambiando todo’. Ahora, la idea a nivel global es que las computadoras pueden reemplazar el trabajo humano y que los trabajadores deben poder proveer servicios de manera individual, que ahora cada uno va a ser su propio empleador. Está el ejemplo de Uber u otros empleos que el consumidor puede conseguir a través de las aplicaciones del celular. Por ejemplo, en Estados Unidos está bastante difundida una aplicación con la cual se puede requerir el trabajo manual de alguien, para una mudanza o algún arreglo. Sin embargo, pienso que a nivel general la tecnología no modifica las bases de la relación de trabajo formal y estable.

 

–También se plantea el tema por el lado de la competitividad.

–Está comprobado que la baja de los salarios –que surge como efecto de la reducción del poder de negociación colectiva– no implica una mejora en la productividad. En cambio, puede empeorar la productividad. El trabajo barato hace que los empresarios se vuelvan “gordos y borrachos” –según la expresión en inglés– y no tengan incentivos a invertir en capital. En cambio, la suba de salarios es el mejor modo de aumentar la productividad.

 

–¿La competencia china modifica esa descripción en algún modo?

–No. De hecho, China está cambiando rápidamente su estrategia de crecimiento en función de la producción de bienes baratos. Está desarrollando un sistema cada vez más sofisticado, los salarios aumentan y los trabajadores están más entrenados. La contracara es Sudáfrica, una economía basada en la extracción de recursos naturales que no cuenta con un sistema de industrialización y sólo puede emplear trabajo barato. Sudáfrica sufre por tener bajos salarios y no tener fábricas para procesar los recursos minerales y del sector agropecuario.

 

–Otro punto que a corto o mediano plazo el gobierno nacional planea rediscutir es el sistema previsional, que también suele ser motivo de debate entre los economistas en todo el mundo.

–En los 90, la esperanza era que la privatización de los sistemas de seguridad social traería una serie de beneficios porque los trabajadores tendrían incentivos a trabajar más y más duro. Además, mejorarían las finanzas públicas porque los viejos dejarían de cobrar el haber pagado por el Estado sino que recibirían su propio aporte. Argentina estuvo a la cabeza de aquellas reformas, que también alcanzaron a países europeos. Pero los fondos de pensiones ingresaron al mundo de la financiarización, que colapsó en 2009, lo que redujo sustancialmente el valor de esos activos.

 

–¿Cuáles son los resultados del modelo previsional privado en términos de distribución del ingreso en los Estados Unidos?

–El resultado es que los trabajadores deben enfrentar la pobreza en sus últimos días. Esto afecta especialmente a las mujeres, porque tienen menor cantidad de años en el sector formal y también menores ingresos. El 90 por ciento de los norteamericanos no cuentan con los ahorros necesarios para subsistir una vez que termina su vida laboral. Como resultado, enfrentan la experiencia de la movilidad social descendente o tener que seguir trabajando. En otras palabras, los norteamericanos no cuentan con suficientes ahorros para encarar la jubilación. Se calcula que entre el 25 y el 30 por ciento de las familias directamente no tienen ahorros, lo que permite predecir una grave crisis previsional en el país. Bajo esta tendencia, 16 millones de jubilados vivirán en la pobreza en 2022.

 

–El tema previsional se instala por el lado del déficit fiscal.

–El hecho de que los individuos paguen por su pensión no tiene un impacto fiscal positivo. Porque si bien el Estado no lo hace directamente, lo termina haciendo indirectamente, porque el emprobrecimiento de los viejos es un costo fiscal negativo. Quiero decir, el costo de la pobreza es enorme. A la vez, si los viejos extienden su vida laboral se reduce la productividad general porque los jóvenes tendrán menos trabajo. O sea, la sociedad tiene que pagar por el costo de los que ya no trabajan. Poner en tela de juicio estos temas implica que los países olvidaron las experiencias del pasado. El sistema previsional es parte del territorio de histórica disputa entre clases sociales, como los fines de semana, la duración de la jornada laboral, la paga por enfermedad y las vacaciones.

 

 

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