Viernes, 28 Junio 2013 09:02

El otoño del progresismo

El otoño del progresismo

La presidenta Dilma Rousseff tomó la iniciativa política al convocar el lunes 25, ante los 27 gobernadores y los 26 alcaldes de las capitales estatales, cinco pactos a favor de Brasil: responsabilidad fiscal, reforma política, salud, transporte público y educación. Propuso un plebiscito popular que autorice la convocatoria de una asamblea constituyente para encauzar la reforma política, que es el punto más polémico y más resistido por las instituciones. Aunque al día siguiente debió dar marcha atrás respecto de la constituyente, mantuvo la iniciativa, ya que las reformas se pueden encauzar por la vía parlamentaria.

 

El tiempo dirá si las reformas llegan a concretarse y, sobre todo, si alcanzan para colmar las expectativas de la población, molesta en particular por la corrupción y la desigualdad, viejos problemas brasileños que no han disminuido en la década que lleva gobernando el Partido de los Trabajadores. Por el momento, hay dos cosas que parecen evidentes: las instituciones siguen a la defensiva, pese a las iniciativas tomadas por la presidenta, y la calle sigue siendo el lugar elegido por buena parte de los jóvenes para hacerse escuchar.

 

Asustado por la persistencia de las movilizaciones, el Congreso archivó la propuesta de enmienda constitucional 37 (por 430 votos contra nueve), que promovía una reforma constitucional para retirar al Ministerio Público la posibilidad de realizar investigaciones criminales, que sólo podría hacer la policía, en un país donde sólo 11 por ciento de los crímenes comunes y 8 por ciento de los homicidios son resueltos. La propuesta de enmienda constitucional 37 levantó una oleada de protestas bajo el lema Brasil contra la impunidad. El mismo día la Cámara aprobó un proyecto que destina 75 por ciento de las regalías del petróleo a la educación y 25 por ciento a la salud. Hasta el momento se había registrado un pesado tironeo entre los diferentes estados para hacerse con las ganancias de una de las más prometedoras fuentes de ingresos del Estado, pero la calle logró convencerlos.

 

Las manifestaciones siguen y seguirán durante un tiempo. Pero empiezan a notarse cambios y diferenciaciones. En Sao Paulo el Movimiento Pase Libre (MPL) decidió marchar en las periferias urbanas, mientras grupos como Mudança Já (Cambios Ya), que no aceptan partidos y sólo hablan de la corrupción, tienden a concentrarse en el centro –enclave de las clases medias–, como analiza el sociólogo Rudá Ricci.

 

La calle brasileña está enviando un profundo mensaje no sólo al gobierno de Rousseff, sino al conjunto de los gobiernos progresistas de la región: la pasividad llegó a su fin. Luego de una década de excelentes precios internacionales para las exportaciones y de una evidente bonanza económica –que parece estar llegando a su fin–, muy poco ha cambiado. En particular, no hay cambios estructurales.

 

Incluso un conservador como el ex ministro de Hacienda del régimen militar, Antonio Delfim Netto, comenta una encuesta internacional de Pew Researh Center apuntando que el principal problema es que una economía de mercado controlada por las finanzas es portadora de graves problemas de desigualdad ( Valor, 18 de junio de 2013).

 

La mayoría de los entrevistados en 39 países del mundo sienten que el funcionamiento del sistema beneficia a los más ricos. Esto indica que la población tiene perfecta conciencia de lo que está sucediendo, y podemos concluir que si no ha estallado antes es porque no encontró el momento adecuado.

 

Un estudio de la central sindical uruguaya PIT-CNT revela que la masa salarial en relación al PIB era en 2010 inferior a la de 1998, cuando gobernaba la derecha y campeaba el más crudo neoliberalismo. Los datos lo dicen todo: en 1998 los salarios de los trabajadores representaban 27.2 por ciento del PIB. En 2010, luego de ocho años de gobierno del Frente Amplio y de un crecimiento sostenido de la economía, perciben 23.5 por ciento del producto. Lo que indica un incremento de la porción que se apropian los dueños del capital (Instituto Cuesta-Duarte, diciembre de 2011).

 

El 30 por ciento de los trabajadores uruguayos ganan algo más del salario mínimo, y la mitad de los que trabajan perciben menos de dos salarios mínimos. La situación no es muy diferente en Brasil y en Argentina. Es cierto que una parte de la población salió de la pobreza extrema, más por el ciclo de crecimiento económico que por las políticas sociales, que siempre tapan problemas pero no resuelven la situación de fondo de las mayorías.

 

Esa mitad de la población que ya no pasa hambre, pero que tampoco puede vivir dignamente, está cansada, y está empezando a perder la paciencia. Hasta ahora los gobiernos progresistas jugaron con dos cartas a su favor: la situación de los trabajadores pobres ha experimentado una mejora relativa, y un triunfo de la derecha podría implicar retrocesos. Pero el fantasma de la derecha ha dejado de operar en el imaginario colectivo. Porque es poco más que un fantasma.

 

Si en alguno de los países mencionados ganara la derecha, los que más perderían serían los miles de militantes y profesionales de izquierda que ocupan cargos de confianza en ministerios, municipios, empresas estatales y gobiernos centrales. La impresión es que buena parte de la gente común, como la que protesta estos días en las calles brasileñas, pero también en las uruguayas, no está dispuesta a seguir dejándose chantajear con el fantasma de la derecha. Buena prueba es lo que sucede en Chile, donde la población ha intensificado sus movilizaciones contra el gobierno derechista de Sebastián Piñera pero no muestra entusiasmo ante el probable retorno de Michelle Bachelet en las presidenciales de noviembre de este año.

 

Las personas quieren soluciones y luego de una década ya no se puede seguir diciendo que no hay recursos. Quienes creen que esto es un sarpullido primaveral, se equivocan. Es el comienzo de algo nuevo. La discusión sobre si la crisis política que se instaló en Brasil, y que se profundiza en Argentina, beneficiará a los partidos de la derecha o a los de izquierda, tiene poca trascendencia. Hoy lo real es la calle, y allí se juega el futuro.

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Lunes, 22 Abril 2013 06:34

Estados Unidos. Otro país

Estados Unidos. Otro país

Una de las razones centrales por las que hay optimismo en que la reforma migratoria podría prosperar este año es que el país está cambiando de manera inevitable. A la vez, lo mismo explica el tono casi histérico contra esta reforma, como también a nivel más general, el temor furioso que tanto marca el debate político y social aquí. Hay un choque en cámara lenta.

 

No se trata de algo coyuntural. Tiene que ver con una transformación tan amplia y profunda que para no pocos es una de las amenazas más graves que se enfrentan: el cambio demográfico del país más poderoso del mundo.

 

Es muy simple resumir los alcances dramáticos de este cambio: dentro de poco más de 30 años los blancos ya no serán mayoría en Estados Unidos, país que se volverá mayoritariamente minoritario, o sea, ningún sector de la población representará más de 50 por ciento de la población nacional.

 

En Estados Unidos literalmente nace un futuro multicolor. Por primera vez en la historia, los nacimientos no blancos –o sea, de las minorías– son mayoritarios en este país. El año pasado la Oficina del Censo de Estados Unidos informó que según sus cálculos 50.4 por ciento de la población nacional menor de un año eran minorías –latinos, afroestadunidenses, asiáticos y de razas mixtas– mientras sus contrapartes blancas conformaban 49.6 por ciento de esta población.

 

Como reportó La Jornada el año pasado, aunque el país permanece mayoritariamente blanco (63 por ciento), los demógrafos señalan que este informe del censo sobre nacimientos entre julio de 2010 y julio 2011 marca exactamente el punto en que este país comenzará su transformación en una sociedad multiétnica en la cual todos serán minorías.

 

Según proyecciones anteriores de la Oficina del Censo, para 2042 el país ya no tendrá mayoría blanca, aunque esta fecha podría postergarse hasta 2050, dadas las tendencias recientes de disminución del flujo migratorio, advierten algunos demógrafos. Pero todos saben que ese momento en que los blancos serán la minoría más grande, seguidos de los latinos, llegará.

 

Hoy día, los latinos o hispanos son la minoría más grande del país, con 52 millones, según el censo. Los latinos ahora conforman 17 por ciento de la población nacional de Estados Unidos. Los afroestadunidenses constituyen 12 por ciento y los asiáticos 5 por ciento.

 

De los latinos, 37 por ciento nacieron fuera de este país, o sea, son inmigrantes (casi 19 millones), según el Centro de Investigación Hispánico Pew. De éstos, 65 por ciento –unos 33.5 millones– son de origen mexicano (tanto de generaciones aquí como recién llegados), con 36 por ciento de éstos nacidos en México. Los otros sectores latinos son: puertorriqueños (9.2 por ciento), cubanos (3.7), salvadoreños (3.6 por ciento), dominicanos (3), guatemaltecos (2.2), seguidos de colombianos, hondureños, ecuatorianos y peruanos.

 

De los más de 40 millones de inmigrantes en este país, casi la mitad (47 por ciento) son latinos.


Todo esto se expresa de mil maneras: más español en el idioma cotidiano y hasta oficial del país, más alimentos latinos y de otras partes del mundo incorporados (y tristemente distorsionados y pervertidos) a la dieta nacional; nuevas influencias en las artes, sobre todo en la música, en el periodismo y, por supuesto, cambios en la política local, estatal y nacional.

 

Es en el ámbito electoral y político donde todo esto tiene implicaciones cada vez más evidentes para la cúpula del país. Vale recordar que el voto latino, afroestadunidense y asiático fue considerado clave para la histórica elección de un afroestadunidense a la Casa Blanca. El voto en 2008 fue el más diverso racial y étnicamente en la historia del país, con casi uno de cada cuatro votos emitidos por no blancos. En 2012, con 71 por ciento del voto latino, 73 por ciento del asiático, y la abrumadora mayoría del afroestadunidense, ayudaron a relegir a Barack Obama.

 

Pero no sólo se registra este cambio a nivel nacional, sino que también está transformando el mapa electoral en algunos lugares sorprendentes, como Texas e incluso Arizona, dos baluartes del poder conservador republicano y con regiones francamente racistas y antimigrantes. En Texas, por ejemplo, los blancos ya no son mayoría, sólo la minoría más grande, 45 por ciento del estado, mientras 38 por ciento se identifica como latino. Por lo tanto, algunos demócratas consideran que para 2016 ese estado podría dejar de estar controlado por republicanos. En Arizona, los latinos hoy representan 30 por ciento de la población, incremento del 46 por ciento en sólo una década. Eso explica, en parte, la ferocidad de las famosas iniciativas antimigrantes en la entidad, que algunos analistas perciben más como medidas para expulsar latinos en general (tanto nacidos aquí como en el extranjero) y tratar de detener un futuro donde los conservadores blancos pierdan el monopolio político del estado. Estos cambios también empiezan a transformar el panorama en lugares como Carolina del Norte y Georgia, entre otros.

 

Ese futuro en el que la mayoría son minorías ya es presente no sólo en Texas, sino también en California (donde los latinos conforman ya casi 40 por ciento de la población estatal), Nuevo México y Hawai.

 

“El Estados Unidos rural, más viejo y blanco, ocupa una tierra; el Estados Unidos más joven, urbano y crecientemente no blanco, vive en otra”, escribe el analista y ex secretario de Trabajo Robert Reich al caracterizar las pugnas sobre asuntos sociales, desde la inmigración a derechos civiles, control de armas y otras que hoy están en el centro del debate político. “Al correr del tiempo este Estados Unidos más viejo, rural y blanco pierde terreno ante una nación cada vez más joven, más urbana y menos blanca” y eso, alerta, provoca tal temor entre los primeros que están dispuestos a hacer todo “contra las fuerzas del cambio”.

 

Pero, quieran o no, este se está volviendo, ahorita mismo, otro país.

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China pone en marcha un ambicioso plan para reducir las desigualdades sociales

El presidente chino, Hu Jintao, cederá la jefatura del Estado al vicepresidente y secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh), Xi Jinping, en la sesión anual del Parlamento, que tendrá lugar el mes que viene. La transferencia de poder ya está en marcha, y, con ella, las promesas de mejora del nivel de vida de la población. El Gobierno ha desvelado un ambicioso plan para reducir las desigualdades sociales, que incrementará el salario mínimo y gravará más a las empresas estatales, con objeto de financiar la seguridad social. El programa asegura que el salario mínimo deberá situarse en el 40% del salario medio urbano en la mayor parte de China para el año 2015.


 
La puesta en marcha del plan se produce después de que los líderes chinos dejaran clara su preocupación por el creciente descontento ciudadano con los excesos del partido, la corrupción oficial y las grandes disparidades sociales en sus discursos durante el 18 Congreso del PCCh, celebrado en noviembre. Hu Jintao prometió en el cónclave reformas económicas y mayor riqueza para la gente, y dijo que para 2020 China duplicará los ingresos per cápita de la población tanto urbana como rural con respecto a 2010.


 
El país asiático es uno de los más desiguales del mundo. El coeficiente Gini —que mide las disparidades en una escala de 0 a 1— fue del 0,474 en 2012; por encima del 0,4%, la cifra que los analistas consideran como el punto a partir del cual existe un peligro potencial de disturbios sociales.


 
“La brecha entre las zonas urbanas y las rurales y la diferencia de ingresos entre ciudadanos es relativamente grande, estos están distribuidos irregularmente, hay problemas obvios de ingresos no claros e ilegales, y algunos grupos viven en condiciones difíciles”, señala el documento publicado a última hora del martes por el Consejo de Estado.


 
Reequilibrar la sociedad china ha sido uno de los objetivos declarados por el partido desde que Hu Jintao llegó al poder hace 10 años, aunque ha tenido poco éxito en su cumplimiento. Pekín ha tomado ahora medidas más contundentes, que pasan por una reforma de los impuestos. Empresas estatales, especuladores inmobiliarios y ricos deberán pagar más para intentar disminuir el abismo entre las élites urbanas y los cientos de millones de pobres que viven en las regiones rurales. El plan aprobado por el Gobierno incluye también la reforma de los tipos de interés bancarios para orientarlos al mercado y permitir que los ahorradores obtengan mayores réditos de sus depósitos y más seguridad.

 


Una de las principales medidas adoptadas exige a las empresas estatales para 2015 un incremento del 5% en el porcentaje de los beneficios que deben aportar al Gobierno. Se trata de un paso crucial para financiar el desarrollo de los sistemas de pensiones y seguridad social, sin los cuales las familias se resisten a consumir para disponer de ahorros con los que hacer frente a la vejez o problemas de salud. Además, los aumentos de sueldo de los altos ejecutivos en las compañías estatales deberán ser inferiores a los de los empleados.


 
Los partidarios de las reformas aseguran que reducir la brecha de riqueza requiere no solo gastos sociales, sino cambios fundamentales en la estructura económica, para frenar el dominio de las empresas públicas, que controlan un amplio abanico de sectores, como la banca, el petróleo y las telecomunicaciones, y tienen numerosos apoyos del Estado de los cuales carece el sector privado.


 
Con el incremento del salario mínimo y la mejora del retorno en los depósitos bancarios, el Gobierno da pasos claves en la necesaria transformación del modelo económico para ligarlo más al consumo interno y menos a la inversión y las exportaciones. El plan promete más gasto en sanidad y educación, y crear más oportunidades para que los trabajadores emigrantes de las zonas rurales transfieran su residencia legal a las ciudades, donde los sueldos y los servicios sociales son mejores.
 


Los expertos consideran que incrementar los ingresos de la población rural no solo es necesario para mantener la estabilidad social sino también para impulsar el consumo y garantizar un crecimiento económico continuado a largo plazo.

 

Por Jose Reinoso Pekín 6 FEB 2013 - 08:41 CET

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Hacia un punto de inflexión en América Latina
Los procesos políticos nacen, crecen, se estabilizan y decaen. En ocasiones consiguen fecundar procesos nacientes, mientras otros tienden a la esclerosis. Sin pretender establecer leyes deterministas, la historia de los procesos políticos sugiere que estas etapas o momentos se suceden con cierta regularidad. Una década es un tiempo suficiente para observar las grandes tendencias, al situarse en algún lugar intermedio entre la coyuntura y el largo plazo.


En América Latina, y de modo particular en Sudamérica, conocimos una coyuntura relativamente breve en la que se concentraron novedades que luego pudimos visualizar como un cambio de rumbo. Entre 1999 y 2003, aproximadamente, comenzaron a instalarse una serie de gobiernos progresistas y de izquierda que cosecharon la siembra de resistencias e insurrecciones protagonizadas por los movimientos indígenas, campesinos y populares en su prologando rechazo al neoliberalismo.


Le sucedió una década de inusitada intensidad político-estatal como no había vivido la región desde mediados del siglo XX. Se produjo un fuerte aumento del producto interno bruto con base en la exportación de productos naturales, se implementaron políticas sociales para reducir la pobreza, se comenzó un vasto plan de obras de infraestructura y crecieron de forma sostenida los ingresos de los trabajadores. De modo desigual, los Estados-nación adquirieron mayor capacidad de intervenir en la economía y en las sociedades, y algunos recuperaron su capacidad de planificar a largo plazo.


La región adquirió peso y voz propia en el escenario internacional y adelantó proyectos de integración que le dieron cierta independencia respecto de las potencias del norte. Durante un tiempo se vivió un clima de mayor bienestar material y satisfacción, en particular entre los sectores populares, que mejoraron su situación por lo menos en la mayor parte de los países.


En algún momento este clima comenzó a cambiar. La potencia hegemónica, sobre todo durante el gobierno de Barack Obama, recuperó la iniciativa que había perdido durante la gestión de George W. Bush. Las derechas locales aprendieron a moverse en un escenario desfavorable, utilizando formas de acción que acuñaron los movimientos populares. Una política conservadora sin centro de comando aparente comenzó a ejecutarse en todos los países, siguiendo una partitura similar, a veces casi idéntica, siempre amplificada (cuando no urdida) por los grandes medios de comunicación.


De forma casi simétrica, los sectores populares organizados en movimientos comenzaron a replegarse. En ocasiones por la eficacia de las políticas sociales que resolvieron las necesidades más acuciantes, a veces porque los propios gobiernos desestimularon o institucionalizaron la movilización y otras porque la confusión política reinante paraliza y neutraliza.


La confusión es un arte. Las guerras sin sentido aparente, como la que algunos gobiernos llevan adelante contra el narcotráfico, tienen el objetivo de paralizar y neutralizar la acción colectiva. Pero también se produce un efecto desmoralizador cuando una lucha es acusada de favorecer a terceros (hacer el juego a la derecha, dicen los gobiernos progresistas), sin tomar en cuenta las razones de los que protestan.


El resultado es similar en todas partes. Desmoralización de los que resisten. La principal excepción es Perú, donde pueblos enteros enfrentan la prepotencia de las multinacionales y del gobierno. En general, el fervor popular tiende a desvanecerse. Esta es la principal tendencia que vivimos en la región.


Sobre ese repliegue cabalgan las derechas y el Comando Sur, que han diseñado políticas bien diversas. Golpes “constitucionales” en Honduras y Paraguay. Negociaciones de paz en Colombia. Cooptación de gobiernos progresistas por las mineras. Un diseño para aceitar la acumulación. O sea, desmovilizar a los de abajo, que es el prerrequisito para intensificar la acumulación.


Los procesos de cambio han llegado a una suerte de meseta, mientras las derechas avanzan, en casi todas partes. En Perú recuperaron el timón de mando luego de un brevísimo paréntesis. En Argentina recuperaron las calles con formas muy similares a las protestas de 2001, aunque se expresan con entera libertad cuando una década atrás protestas similares se zanjaban con decenas de muertos.


En Brasil el PT tendrá uno de sus peores desempeños en las municipales, mientras Lula ya no consigue convencer a sus votantes como antaño. En Ecuador y en Bolivia una parte de los luchadores que contribuyeron a llevar a los actuales gobernantes a palacio militan ahora en la oposición. En Uruguay la derecha recurre al plebiscito, como antes los movimientos, con posibilidades de ganar. En Venezuela la derecha crece incluso entre los sectores populares, que siempre sostuvieron el proceso bolivariano.


No es fácil identificar en qué punto estamos. Ciertamente, las primaveras quedaron atrás. Muchos síntomas indican que estamos en un recodo del camino cuando se cierra el ciclo del alza de precios de las commodities. O se avanza o se pierde. Una década de políticas sociales sin cambios estructurales no alcanza para modificar la relación de fuerzas heredada. La profundización de la crisis mundial empieza a erosionar apoyos y lealtades y, sobre todo, abre huecos donde las clases medias juegan su partida.


Hace falta un nuevo ciclo de luchas, como el que barrió el continente desde la segunda mitad de la década de 1990, para dar un vuelco a una situación pautada por el crecimiento del conservadurismo de masas, alentado por el consumismo, la osadía creciente de Washington y la parálisis del progresismo.


Pero los ciclos de luchas no se sacan de la galera. Se construyen contra la corriente, con base en el tesón y la entrega militante de hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, que dedican su vida a la causa de los de bajo. Lo preocupante es que esa energía ha sido cuestionada y hasta criminalizada estos años, no sólo por las derechas y el imperio.

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Inédito debate en Cuba sobre una agenda de reforma política
La Habana, 23 de septiembre. Bajo el auspicio de una publicación católica, intelectuales de varias generaciones y distintas tendencias debatieron aquí una agenda de reforma política para Cuba, en un acontecimiento poco común en la isla, pero que refleja una creciente discusión sobre la vida pública.


El cambio en Cuba "no se puede limitar al ámbito económico", dijo el académico y ex diplomático Carlos Alzugaray. En el terreno político "es inevitable, va a pasar de una forma u otra".


El punto de partida fue la colección de ensayos Por un consenso para la democracia, que incluye una insólita polémica entre el católico Roberto Veiga y el marxista Julio César Guanche sobre el sistema político cubano.


Publicar juntas las dos posturas, sin insultos ni descalificaciones, "resulta excepcional" en Cuba, expuso el profesor universitario Hiram Hernández. La socióloga Mayra Espina consideró que ese ejercicio "cierra la era de ángeles y demonios" y abre "un nuevo momento de los debates" en el país.


Los textos aparecieron en los últimos dos años en la revista católica Espacio Laical, que para presentar la obra reunida convocó a una discusión abierta en el Centro Cultural Félix Varela (antiguo seminario).


En la sesión, a la que asistió cerca de un centenar de personas, el opositor Reinaldo Escobar pidió que este círculo de discusiones se abra a otras corrientes. El abogado y bioquímico Dmitri Prieto hizo notar que en el intercambio de opiniones aún hay un "gran ausente: el mundo de la vida popular".


En la obra y en el debate que siguió a su presentación emergieron temas álgidos del sistema político cubano, como el partido único, el pluripartidismo, el sistema electoral, el ejercicio del poder, la elección y los atributos del jefe de Estado, las organizaciones sociales, los derechos ciudadanos y la Constitución de 1976, reformada en 1992.


En los textos y en la discusión a viva voz se dibujó un amplio arco de opiniones, incluso algunas que en medios oficiales suelen llevar, al menos, a una irritada descalificación.


En la introducción al texto, el vice editor de Espacio Laical, Lenier González, expuso que esa revista, junto con la Red Protagónica Observatorio Crítico y el proyecto Estado de SATS, son tres nuevas plataformas de debate en el país, que representan al catolicismo, al marxismo y al liberalismo, respectivamente.


Añadió que muchos de los participantes en esos círculos tuvieron su formación política e intelectual en “otro de los más importantes foros de debate en la isla: la revista Temas”.


En sus ensayos, Veiga y Guanche disputan sobre democracia y socialismo y el futuro político de Cuba.


El primero, abogado y editor de Espacio Laical, reconoce "la legitimidad de muchos fundamentos socialistas" sobre la justicia, pero cree "imposible pretender que el ideal de justicia de una sociedad sea el criterio particular de una ideología, por muy sabia y positiva que sea. La vida, la verdad, son muy ricas y poseen todo un universo plural".


"Nos guste o no", añade Veiga, "tarde o temprano Cuba deberá integrarse plenamente a los mecanismos mundiales, los mismos que dan vida a una arquitectura global de tipo capitalista, pues si no asumimos este desafío podríamos llegar a vivir en la más espantosa miseria". Alega que de ahí viene su inquietud por la falta de "canales democráticos" para procesar las demandas de justicia e igualdad.


Guanche, también abogado y profesor de la Universidad de La Habana, replica que "la democracia sirve hasta hoy como mecanismo de legitimación de un tipo particular de acumulación: la de capital", en una forma en la cual se "subordina la democracia a una ideología estrictamente mercantil y restringe la comprensión sobre los derechos humanos. Por todo ello, la democracia necesita al socialismo".


Añade que "el fracaso del socialismo real y del capitalismo redefinen los términos del debate: el socialismo es la democracia. Para ello, los derechos formales son tan básicos como los materiales; los derechos son totales o no son. El socialismo en el siglo XXI, para poder ser la alternativa a la amenaza global que vivimos, ha de ser la afirmación simultánea de ambos. El pan y la libertad o se salvan juntos o se condenan los dos".


Ambos se reconocen sus mutuas aportaciones y discuten también sobre la Constitución. Veiga resalta principios doctrinales del artículo primero (libertad política, justicia social, bienestar individual y colectivo, solidaridad humana), pero dice que aún no se reflejan en la práctica cubana. Guanche apunta que el principal problema de la norma es la falta de mecanismos para proteger al sistema institucional y para la realización más efectiva de los derechos individuales ya establecidos.


En el texto también hay un ensayo sobre la Constitución del vicario de la Iglesia Católica Carlos Manuel de Céspedes, descendiente del homónimo héroe insurgente, así como un debate sobre el mismo tema y otro sobre la reforma al Partido Comunista de Cuba.

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