El Partido Laborista lanza el programa electoral más radical de las últimas décadas

Jeremy Corbyn cree firmemente que los votantes británicos están hartos de que el Brexit haya secuestrado el debate político en el Reino Unido en los últimos tres años. Su apuesta electoral es un revulsivo que él mismo definió como el plan laborista más “ambicioso y radical” en décadas y que ha puesto nerviosos a las grandes empresas y al sector financiero. El Partido Laborista ha presentado este jueves su programa para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 12 de diciembre. "En las próximas tres semanas escucharéis que todo lo que contiene este programa es imposible. ¿Por qué? Porque el sistema funciona perfectamente para todos los poderosos, aunque no funcione para el resto de la gente. Se trata de un programa lleno de medidas populares que el establishment político ha bloqueado durante toda una generación", ha afirmado Corbyn entre los aplausos de los estudiantes y activistas que han acudido al acto en la Universidad de Birmingham.

Cree el laborismo que los votantes británicos están preparados, después de una década de austeridad, para acoger con agrado medidas que hace 10 años habrían resultado desorbitadas. Por ejemplo, la nacionalización parcial de la empresa British Telecom para ofrecer banda ancha gratuita de Internet a todos los hogares británicos; o la renacionalización de los servicios de ferrocarril y de transporte en autobús; o el aumento hasta el 26% del impuesto de sociedades (actualmente en el 19%); o una subida de las cargas fiscales a aquellos que cobran más de 90.000 euros al año.

Pero la medida estrella tiene que ver con una de las principales banderas de la formación: la lucha contra la emergencia climática. De una sola vez, el laborismo pretende recaudar casi 13.000 millones de euros de las grandes compañías petrolíferas y gasísticas. "Ya no podemos negar la emergencia climática. La podemos ver a nuestro alrededor. La hemos visto en las inundaciones de Yorkshire o de las Midlands. No podemos perder más tiempo. Esta crisis exige una actuación urgente. Pero no es justo que los costes de la respuesta recaigan sobre las enfermeras y enfermeros, sobre los trabajadores de la construcción o sobre los operarios de las compañías energéticas", ha justificado el líder laborista.

La cifra total que la formación ha calculado que puede recaudar gracias a los nuevos impuestos supondría casi 100.000 millones de euros anuales, y promete destinar la mayoría de esos ingresos a nuevas carreteras, mejores escuelas y hospitales. El plan también incluye hasta 150.000 nuevas viviendas de protección social. Así como rescatar de este modo, entre los británicos nostálgicos de pasadas eras brillantes, una idea más solidaria y eficaz de su país. "Todavía recuerdo los Ferrocarriles Británicos. Recuerdo que el Gobierno central no invertía en ellos lo suficiente. Y ahora observo cómo gastamos mucho más en subsidiar a compañías privadas de transporte de lo que gastábamos cuando eran compañías públicas", ha dicho.

Corbyn resucita las viejas batallas del laborismo de las décadas de los setenta y los ochenta, pero es capaz de darles un nuevo tono capaz de resonar en el electorado. "Boris Johnson representa un nuevo tipo de thatcherismo atiborrado de esteroides", dice en sus discursos. "Y pretende vender nuestro preciado Sistema Nacional de Salud (NHS) a los estadounidenses a cambio de un nuevo acuerdo comercial", añade.

"Not for sale, not for sale!" (No está a la venta, no está a la venta), han gritado entusiasmados los asistentes al acto.

Corbyn no deja de repetir la idea de que los conservadores tienen un plan oculto para privatizar el NHS, a pesar de que Johnson se desespere por negarlo en cada oportunidad que se le presenta.

Dos eslóganes decoran los actos electorales del laborismo: "It's time for Real Change" (Es el momento de un cambio de verdad) y "Hope" (Esperanza). Este último, un claro intento de transmitir al electorado británico de izquierdas el entusiasmo que el expresidente estadounidense Barack Obama logró infundir en su primera campaña.

La popularidad de Corbyn, según las encuestas, está por los suelos. Pero no así la de la opción laborista. Si en 2017 el veterano líder de izquierdas logró pisarle los talones a su rival, Theresa May, y conseguir prácticamente un empate técnico, las cifras de la formación comienzan a moverse de nuevo en estas elecciones y se achica la distancia con los conservadores, aunque siga siendo de más de 10 puntos.

"Presentamos el programa más radical que se conoce para transformar nuestro país, para resolver de una vez el Brexit y reescribir las reglas de nuestra economía. Como escribió Pablo Neruda: 'Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera'", ha gritado Corbyn a todos sus seguidores.

Llegado el tiempo de las preguntas de los periodistas —Corbyn ha cortado de raíz los abucheos: "En el Partido Laborista escuchamos con respeto las preguntas de la prensa"—, el líder laborista ha vuelto a hacer equilibrios para intentar explicar su posición respecto al Brexit, y de nuevo ha esquivado establecer qué defendería (salir o permanecer en la UE) si se celebrara el referéndum que promete en su programa electoral. Pero daba igual. Los asistentes al acto estaban más interesados en aplaudir las promesas de cambios radicales que ha anunciado el candidato laborista. "Cuando recorres el país, como yo he hecho, y hablas con la gente, entiendes perfectamente que las respuestas radicales son necesarias", ha defendido. 

LOS SINDICATOS APLAUDEN EL PLAN MIENTRAS LOS CRÍTICOS LO CONSIDERAN POCO REALISTA

Los planes laboristas plantean un incremento del gasto público equivalente a casi medio billón de euros a lo largo de la próxima legislatura. Y solo una cuarta parte de esa inyección, según sus propios cálculos, procederá de la subida de impuestos. “Proponen un incremento descomunal en la carga fiscal de las empresas. Si sus planteamientos alcanzan las cantidades que indican, estaremos aplicando el impuesto de sociedades más alto de todos los países del G7, y prácticamente por encima de todos los miembros de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos]. Todo esto supondrá un riesgo muy considerable”, advertía el Instituto de Estudios Fiscales, un centro de pensamiento y análisis de sesgo neoliberal pero bastante respetado tanto por conservadores como por laboristas. “Simplemente, no resulta creíble”, dijo este jueves su director, Paul Johnson.

“Si los banqueros, los multimillonarios y todo el establishment pensaran que no son más que las promesas de siempre, y que al final podrán comprarnos y nada va a cambiar realmente, no estarían atacándonos de un modo tan fiero. Saben que vamos en serio y que sacaremos adelante nuestros planes, y por eso quieren evitar a toda costa nuestra victoria”, afirmó este jueves el líder laborista, Jeremy Corbyn. “Se trata de una fantástica oferta del laborismo a su electorado”, aseguró Len McCluskey, el secretario general de UNITE, la principal confederación sindical.

El programa incluye una subida del salario mínimo hasta los 12 euros por hora, sin distinción de edad (a partir de los 16 años). En la actualidad, la cifra está en los 9,50 euros por hora para los mayores de 25 años, pero puede bajar hasta los cinco euros por hora para los menores de 18 años. Propone reducir la jornada laboral semanal a 32 horas (cuatro días) en un plazo de diez años, y reforzar el poder negociador de los sindicatos con una defensa por todo el país de los convenios sectoriales. Eso supondrá homologar unos mínimos legales en cuanto a salarios y jornada laboral, que serán además vigilados por un nuevo Ministerio de Derechos Laborales que hasta hoy no existe.

Corbyn promete, asimismo, acabar con toda la gestión del Servicio Nacional de Salud trasladada a manos privadas.

El laborismo asegura que negociará un nuevo acuerdo del Brexit más beneficioso para los trabajadores. Por eso su programa evita dar detalles sobre la política migratoria y sobre posibles cambios en la libertad de movimiento de las personas garantizado por la UE; todo ello “será objeto de negociaciones futuras

PorRAFA DE MIGUEL

Londres 22 NOV 2019 - 02:44 COT

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Y ahora, Colombia: estudiantes, sindicatos e indígenas se lanzan a un paro general contra las reformas económicas del Gobierno

El presiente colombiano ha criminalizado la protesta y ha dispuesto medidas de seguridad que incluyen el cierre de las fronteras

Los convocantes de la huelga rechazan las reformas laboral y de pensiones que quiere llevar a cabo el Gobierno

También reclaman la implementación del Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 entre el Estado y la guerrilla de las FARC

María García Arenales 

20/11/2019 - 21:48h

Las protestas callejeras en América Latina no cesan. Primero fue el turno de Ecuador y después de Chile y Bolivia, que siguen siendo escenario de manifestaciones multitudinarias y una fuerte represión estatal, y este jueves se suma otro país más a las movilizaciones: Colombia.

Sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes, indígenas y partidos políticos opositores del país han sumado fuerzas para protestar contra las políticas económicas y sociales del Gobierno que preside Iván Duque en un paro nacional que podría ser uno de los más multitudinarios de los últimos años.

La convocatoria de esta huelga general es resultado del descontento social que se ha ido acumulando en los últimos meses y que se agudizó cuando a principios de octubre la Central Unitaria de Trabajo (CUT) advirtió que la reforma laboral y de pensiones que planea implementar el gobierno de Duque "busca empeorar las condiciones de los trabajadores y pretende aumentar las ganancias de los empresarios". 

Los organizadores del paro nacional recuerdan que esas reformas que se estarían discutiendo contemplan, entre otras medias, un recorte del salario mínimo para jóvenes, un aumento en la edad de jubilación y en la cotización de los trabajadores.

Sin embargo, el presidente colombiano ha señalado en varias ocasiones que su gobierno no ha presentado ninguna reforma en materia laboral o de pensiones ante el Congreso y, si se llegara a dar el caso, ha asegurado que sería de forma consensuada entre el Ejecutivo, empresarios, sindicatos y representantes de los gremios trabajadores.

Más allá de esas posibles reformas, el pueblo colombiano tiene otros muchos motivos para salir a la calle este jueves. El incesante asesinato de líderes sociales en todo el país, un desempleo en aumento que ronda ya el 11%, la corrupción, la crisis en la educación pública y las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno para combatir el narcotráfico son algunas de las razones de la huelga.

Otro de los principales reclamos es también la implementación del Acuerdo de Paz, que fue firmado en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Pese a que han pasado 15 meses desde que Duque asumió el poder, el Ejecutivo sigue sin haber definido su política respecto al acuerdo, que además pasó por uno de sus peores momentos el pasado mes de agosto, cuando el exlíder guerrillero Iván Márquez anunció que el grupo insurgente retomaría las armas porque el Gobierno no había cumplido con lo pactado.

"La protesta ayuda a colocar el mensaje de que hay un acuerdo de paz que implementar. Siempre hemos dicho que este Gobierno simula la paz, pero es más amigo de la guerra y lo demuestra con todas las políticas que quiere implementar para militarizar los territorios, de volver al glifosato y de no respetar la política internacional como un elemento de soberanía", cuenta a eldiario.es el analista colombiano Luis Eduardo Celis, experto en temas de conflicto y construcción de paz.

El Ejecutivo que dirige Duque también se vio sacudido en las últimas semanas por la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, tras ser acusado de ocultar la muerte de varios menores en un bombardeo militar contra un campamento de un grupo disidente de las FARC. Si bien esas muertes generaron una oleada de indignación en el país, no han sido ni mucho menos el único incidente por el que el Ejército está en entredicho.

De hecho el fantasma de los falsos positivos, como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que son presentados como bajas en combate, volvió de nuevo a Colombia el pasado mes de mayo, cuando el periódico The New York Times dio a conocer una directriz operacional del Ejército que presionaba a los militares para duplicar las muertes y capturas, tal y como ya se hizo en la década de los 2000 bajo el Gobierno del derechista Álvaro Uribe.

Fuerte desaprobación

Teniendo en cuenta el contexto, no hay duda de que el presidente Duque, que llegó al poder impulsado por Uribe, se encuentra en el peor momento de su mandato. Según la última encuesta de Gallup publicada a principios de este mes, la desaprobación de su gestión se sitúa en el 69%, la más alta de un mandatario en 14 años, mientras que su popularidad apenas alcanza un 26%.

"Es un gobierno errático, que carece de un proyecto que convoque a la mayoría de la sociedad. Está viviendo una situación de desgaste y descrédito enorme", asegura Celis. Además, el gobernante Centro Democrático sufrió una dura derrota en las elecciones locales y regionales de octubre, perdiendo ciudades como Medellín y la propia capital, Bogotá.

La criminalización de la protesta

El paro de este jueves en Colombia coincide con un momento en el que varios países de América Latina viven fuertes estallidos sociales, como es el caso de Chile y Bolivia. Ante el temor de que en Colombia se pueda producir un efecto contagio, en los últimos días Duque no ha dejado de alertar sobre la violencia que se puede desatar durante la huelga.

El Gobierno ha ordenado extremar las medias de seguridad hasta el punto de cerrar temporalmente las fronteras para "evitar el ingreso de extranjeros que puedan alterar el orden público". El Ejecutivo también ha criminalizado la protesta en todo momento y la desinformación en la red ha sido una constante para intimidar a la población.

La Policía Nacional ha realizado numerosos allanamientos en casas de estudiantes y activistas vinculados a la marcha, hecho que los organizadores del paro consideran una provocación.

"Es una protesta normal, pero parece que el Gobierno fuera a parar una guerra. El Ejecutivo ha dicho que tiene información sobre que habrá instigadores de violencia y que se podrían repetir las imágenes de países como Bolivia, Chile y Ecuador, pero no hay ningún informe creíble al respecto", sostiene el investigador Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares)..

"También hay que tener en cuenta que los sectores de la derecha podrían infiltrarse en la marcha para causar violencia para ayudar así al gobierno populista de Duque, que necesita crear un nuevo enemigo", añade. 

El paro nacional más importante y violento que ha vivido Colombia se produjo en septiembre de 1977 contra el gobierno de Alfonso López Michelsen, que no fue capaz de cumplir las expectativas generadas ni de cambiar el rumbo económico del país como había prometido. En aquella ocasión, la represión estatal contra los manifestantes fue contundente.

De momento, la convocatoria de este jueves ya se ha convertido en una gran confluencia de expectativas frustradas y reclamos de diferentes sectores de la sociedad y, aunque sus resultados son imprevisibles, sin duda supondrá un punto de inflexión en el liderazgo de Duque.

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Ley Económica Urgente o Ley del Saqueo, otra derrota de Lenín Moreno

El gobierno neoliberal de Lenín Moreno obtuvo otra grave derrota, el rechazo legislativo a la llamada ley Económica Urgente, que incluia “entregar” la dolarización a la banca privada, eliminar impuestos, erosionar la institucionalidad de la administración tributaria, crear escudos fiscales, imponer impuestos regresivos, reducir el Impuesto a la Salida de Divisas y debilitar la empresa pública de telecomunicaciones (CNT).

“Cae la #LeyDelSaqueo. Una batalla ganada. Pero hay que mantenerse alerta porque los saqueadores no duermen...”, tuiteó el ex vicecanciller Kintto Lucas.

Dos meses atrás, el gobierno de Moreno debió enfrentar un levantamiento popular –suspendido por el momento- tras el anuncio de un aumento del precio de los combustibles. No se debe pensar que el rechazo a la propuesta del gobierno sea por respeto a la opinión de las mayorías, sino que más bien se produjo por mero oportunismo de cara a las elecciones de 2021.

La crisis económica es grave, la recesión acecha, el déficit fiscal parece incontrolable, el sector externo está desequilibrado, el empleo escasea y tiende a más precarización. El Gobierno prefirió contratar deuda externa antes que ajustar la economía, abandonada en los 30 meses de gestión.

Moreno propuso una reforma que recaudaría 700 millones de dólares, cuando el déficit es más de 6.000 millones y sus propuestas socava, además, el sistema de impuestos, en beneficio de las empresas y los sectores de mayores ingresos. Busca un ajuste del salario y de las condiciones de vida de los trabajadores mientras sigue apostando por favorecer la tasa de ganancia de grandes importadores y comerciantes.

Seguramente, Moreno volverá a enviar un nuevo proyecto urgente a la Asamblea Nacional evitando los errores políticos cometidos. Los bloques –salvo el minoritario correísmo- se mueven a conveniencia y por ende lo que se espera en una agenda tributaria sin las reformas monetarias.

Lenín Moreno deberá elegir, para los analistas, entre un ajuste más profundo –respaldado por el partido Social Cristiano y los grandes grupos económicos- o continuar con la deuda, siempre condicionado a que el Fondo Monetario Internacional siga apoyando al Gobierno, tras el fracaso vivido en Argentina.

La deuda externa ha venido acompañada de una liberalización del sector externo y una contracción casi absoluta de la inversión pública: es, sin duda, las más parasitaria e inútil que Ecuador ha logrado desde la dolarización, pues no se canalizó en el país, sino que salió tan rápido como entró, señala el analista Nicolás Oliva.

Pero esta derrota legislativa muestra a un gobierno solitario, ya que hasta los socialcristianos de Jaime Nebot, que hasta ahora gobernaron con él, le dieron la espalda y propusieron archivar el proyecto del ejecutivo. Pero aún para el mandatario: su bloque parlamentario se dividió y buena parte se abstuvo de la votación. Moreno quedó sólo con el banquero Guillermo Lasso, su oponente en las últimas elecciones – con intereses concretos para que esta ley fuera aprobada.

Lasso esperaba el apoyo a que se votara la entrega de la dolarización y de las reservas internacionales a la banca privada; la elección de una nueva Junta Monetaria gobernada por el sector financiero que tendría más poderes que el ministro de Economía y que la ley rompiera algunos de los candados legales que Lasso tenía por poseer bancos en paraísos fiscales.

El partido Social Cristiano de Nebot pensó que para la batalla electoral de 2021 un proycto impositivo regresivo no era bueno para conquistar votos y tomó conciencia de que Moreno ya era un lastre para sus aspiraciones de gobierno. Mientras, el miedo a que la nueva ley abriera las puertas al fin de la dolarización, hizo que muchos de los legisladores morenistas se abstuvieran.

La banca quiso aprovechar la permisibilidad de Moreno para con su interés, que es el control de la dolarización a su conveniencia. Su error, quizá, fue enviar una ley urgente (con solo 30 días para tratarla) que pretendía modificar todo el marco monetario de golpe, sin sustento técnico ni respaldo de cifras, pero con muchos rasgos de inconstitucionalidad.

El gobierno, que pareció no ser autor del proyecto, no supo explicar cómo la “independencia” del Banco Central salvaba la dolarización ni por qué quería reducir el impuesto a la salida de divisas y eliminar los requerimientos de liquidez de la banca privada y menos áun la justificación para crear una Junta Monetaria de banqueros con plenos poderes para que, en momentos de crisis, sean ellos los primeros en salvarse.

Los ecuatorianos recuerdan que el eufemismo de la “independencia del Banco Central” no evitó el feriado bancario de 1999 y grave crisis posterior. La crisis financiera sucedió durante el gobierno de Jamil Mahuad y Gustavo Noboa , en que varios bancos privados cerraron o entraron a proceso de rescate financiero pasando a manos del Estado ecuatoriano, que asumió los costos a la población a través de diversos mecanismos como, la reducción del gasto social y la elevación del costo de los servicios.

El 12 de marzo de 1999 el Gobierno neoliberal de Jamil Mahuad y el Partido Social Cristiano anunciaban la subida de los combustibles en 169%, el IVA del 10% al 15%, un impuesto del 4% a los vehículos y el congelamiento de los depósitos de los ecuatorianos. Mahuad sentenció que el paquete económico “sentará las bases para implementar una futura convertibilidad, o directamente la dolarización de la economía ”. La dolarización fue una decisión de las élites tomada en 1999 a espaldas del pueblo y que no fue anunciada hasta el 9 de enero del año 2000.

Por Eloy Osvaldo Proaño. Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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Sábado, 16 Noviembre 2019 05:55

El acuerdo político no llevó paz a la calle

Una manifestante es llevada detenida por la policía chilena en Santiago.  ________________________________________ Imagen: EFE

El 20 de abril se vota por si o por no a una nueva constitución y de qué manera estará integrada la convención constituyente.  Pero sigue la movilización callejera y la represión.

El gran acuerdo nacional parlamentario anunciado a las 3 de la mañana de ayer para escribir una nueva constitución en Chile es, hasta ahora, la única respuesta de peso en los mas de 28 dias de estallido social. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, al principio largó una declaración de guerra, luego un congelamiento de tarifas, después un aumento de pensiones, la anulación del incremento tarifario del subte y hasta un recambio total de su gabinete. Nada de eso detuvo las manifestaciones. 

El anuncio de madrugada tampoco. Ayer seguian llegando de a miles a la Plaza de la Dignidad. Siguen los gases, los camiones hidrantes, las piedras, las barricadas, la pintadas, los cánticos y las comparsas. Antonia es una joven estudiante q lleva un pañuelo verde para protegerse de los gases y una cacerola y una cuchara y dice que ¨la propuesta de una nueva constitución es un buen paso pero que no se habla de la vulneración a los DDHH ni de la necesidad de justicia.¨

La forma en la que se redactará la nueva carta magna encierra dudas y desconfianzas. El partido Comunista fue el único que no firmó el acuerdo. La sociedad también desconfía de una solución elaborada por una clase política duramente cuestionada. Dice Ineés, una mujer de 59 años que movia una bandera mapuche en la enorme marcha de ayer, q la propuesta parlamentaria ¨no tiene nada que ver con las demandas sociales del pueblo, q ellas no están en la constitución y q necesitamos q nos mejoren el sistema de educación y de jubilaciones y pensiones¨.

Al mediodia de ayer el gobierno tapizó el piso de la plaza con sabanas blancas, las estatuas y monumentos también, en señal de ¨la pagina en blanco¨ que proponen para escribir una nueva constitución. Un sospechoso contraste a la arrebatada declaracion de guerra al ¨enemigo poderoso¨. Por eso hay desconfianza. Luego de unas horas quitaron las sabanas blancas por temor a q los manifestantes q llegaban las prendieran fuego. 

Pero, ¿cual es la propuesta? Llamar a un plebiscito para el 20 de abril (no obligatorio) donde se vote por si o por no a una nueva constitución y de qué manera estará integrada la convención constituyente. Para ello proponen una integración de 50 por ciento de delegados parlamentarios de todos los partidos políticos y 50 por  ciento de delegados ciudadanos o, la otra opcion, 100 % de delegados ciudadanos constituyentes. Cualquiera sea la formula ganadora (50 y 50 o 100 por ciento) los constituyentes deberán ser votados en la elección ya programada de medio termino en octubre y, a partir de ese mes, tomar 9 meses extensibles a 11 para escribir la nueva constitución que luego será puesta a disposición de lo que llaman Plebiscito de salida, y que será de voto obligatorio. Todo lo que se escriba en la nueva carta magna deberá tener la aprobación de los dos tercios de los constituyentes. La constitución nueva estaría terminada como para el 2021, un extenso tiempo para una sociedad apremiada y dispuesta a encontrarse con soluciones mas veloces.

 Es cierto que sepultar la constitución pinochetista es un gran paso de este proceso pero pareciera q los tiempos propuestos no sintonizan con el hastío y la premura de la sociedad. Matias dice que ¨es una propuesta para el pueblo pero sin el pueblo ¨ y reconoce que ¨puede descomprimir algo pero no soluciona nada ¨ . Mientras tanto ingresa a la plaza un enorme perro de cartón llamado ¨el mata paco¨ , un perro negro que, en las revueltas diarias, ataca a los policias sin temor y se ha vuelto el emblema de la lucha en las calles. Hay hasta un documental sobre el perrito. 

Los musicos se juntan y siguen tocando ¨el derecho de vivir en paz ¨ y los manifestantes saltan y saltan al grito de ¨el que no salta es un paco¨ y ¨Chile despertó ¨. Las distancias entre la clase política y la invasión alienigena que describiera la esposa del presidente Sebastián Piñera en un mensaje de wassap que se filtró hace 25 dias, parecieran no encontrar la sutura que devuelva la paz y la normalidad a las calles. 

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Jueves, 14 Noviembre 2019 06:16

El sínodo amazónico y el acecho cismático

El sínodo amazónico y el acecho cismático

El Sínodo para la Amazonía representó un laboratorio de propuestas e iniciativas refrescantes para una Iglesia católica cuesta abajo. Un sector de la institución prisionero en sus propias inercias y escándalos amenaza la fractura con el Papa y opta por la actitud cismática. En cambio, los padres sinodales para la Amazonía con arrojo presentan propuestas innovadoras que podrían tener repercusiones en el futuro perfil de la Iglesia católica. Son cinco planteamientos que representarían cambios significativos: 1. La ordenación de curas casados; 2. Ordenación de mujeres diaconisas; 3. Incorporación de ritos religiosos amazónicos; 4. Opción estructural por la defensa de la Tierra y la ecología integral. 5. Una Iglesia misionera en perspectiva de inculturación.

Los 185 obispos que participaron en el Sínodo para la Amazonía votaron un documento desigual pero valioso. La reunión fue alentada por las recomendaciones y actitudes aportadas por el propio Francisco. Éste animó y demandó búsquedas de nuevos derroteros. De ahí que el sínodo sea a imagen y semejanza del pontificado actual. La derecha conservadora católica a nivel internacional ha levantado numerosas críticas de "herejía" y supuestas disonancias a la tradición de la Iglesia. Cuestionan que se exalta el paganismo y animismo en demérito del catolicismo. En franca rebeldía, acusan de sacrilegio al papa Francisco. El polémico Cardenal Raymond Burke festejó el delito del joven que hurtó la deidad incaica Pachamama para arrojarla al río Tíber. La insurrección conservadora crece en tono y obstinación. Sin embargo, no amedrenta la ruta de Francisco, quien ha tenido la habilidad de llevar los numerosos problemas sociales, religiosos y pastorales de la Amazonía al corazón de la catolicidad en Roma. De la periferia al centro, con la tentativa de universalizar las particulares circunstancias de un territorio explotado. El arresto de Francisco es mostrar que la mayoría de la catolicidad ya no está en Europa y las realidades locales enfrentan retos desconocidos y hasta despreciados por el centro. El Papa refrenda una Iglesia en salida y misionera, propone para la Amazonía una Iglesia con rostro indígena, campesino y afrodescendiente. Francisco resignifica la llamada inculturación, la deseuropeíza y la despoja de una concepción paternalista y hasta colonialista. El pontífice, en cambio, invita a auscultar el diagnóstico y las propuestas de las iglesias y actores locales. Se coloca como el Papa de la inclusión y escucha.

La Iglesia de Francisco abraza la ecología. Se conecta con las demandas de la actual generación de jóvenes. Los padres sinodales llaman a contener la depredación y efectos devastadores de las industrias transnacionales extractivas de minerales, petróleo, energía, madera y agua. El sínodo enfatizó los derechos humanos de los tres millones de indígenas que habitan dichas regiones en condiciones infrahumanas cuyas culturas son despreciadas.

El Sínodo para la Amazonía da forma a viejas demandas como la propuesta de ordenación de casados; si bien se circunscribe a la zona panamazónica, puede ser germen universalizable. Esto ha causado escozor entre los conservadores y aprovechan para ensanchar su catálogo beligerante de reproches contra el Papa; sin embargo, este será también uno de los asuntos del sínodo alemán que inició hace unos días, y se ensambla con argumentos y circunstancias europeas diferentes al amazónico. En Alemania existen grupos, los obispos y laicos que promueven el cambio de la moral sexual de la Iglesia, una mayor participación de las mujeres y la aprobación de parejas homosexuales.

Sobre la mujer, el sínodo fue tibio –al menos en el documento– en solicitar la ordenación de diaconisas mujeres. Siendo la región panamazónica que es soportada pastoralmente en un 60 por ciento por mujeres.

Con generosidad de espíritu, Francisco se abre a la renovación y al respeto a las diversas culturas. Sin embargo, enfrenta el desacato de actores religiosos tradicionalistas. En México es el caso del sacerdote Hugo Valdemar, vocero del cardenal Norberto Rivera, quien hace una lectura torcida del sínodo y de los mensajes de Francisco. Con falta de tacto, quemó en acto pararreligioso el Pachamama, la figura andina emblemática de la Madre Tierra, diciendo: "En reparación por la adoración de ídolos en el Vaticano". Parece que Valdemar desprecia las culturas originarias, se erige en Santa Inquisición y se suma a la rebeldía contra el Papa. La severa respuesta viene del propio Francisco en su mensaje final del sínodo, encara a los conservadores sentenciando: "No se encierren en cuestiones intraeclesiásticas", yendo "a la cosita" y olvidándose de la "cosa". El Papa retó citando una frase del filósofo francés Charles Péguy: "Porque no tienen el coraje de estar con el mundo, ellos se creen de estar con Dios. Porque no tienen el arrojo de comprometerse en las opciones de vida del hombre, creen luchar por Dios. Porque no aman a ninguno, solo creen amar a Dios". En todo caso y por si las dudas, la SEP y el INAH deberían tener cuidado para que el padre Hugo Valdemar no se acerque el Museo Nacional de Antropología, es peligroso.

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La alianza progresista en España: Más difícil, pero imprescindible 

Tras las elecciones del pasado abril, el PSOE y Unidas Podemos sumaban 165 escaños, a once de la mayoría absoluta, y tenían garantizado el apoyo a un eventual acuerdo de gobierno por parte de grupos parlamentarios nacionalistas vascos y catalanes y de otras formaciones menores. Sin embargo, el pacto, después de varias semanas de negociaciones, no fue posible. Pedro Sánchez salió derrotado de las dos sesiones parlamentarias en las que se debatió su investidura como presidente del Gobierno y los españoles fueron convocados a las urnas por cuarta vez en cuatro años.

Después de las elecciones del domingo, los socialistas y Unidas Podemos suman 155 diputados y están lejos de tener garantizados los respaldos que les hacen falta. El conflicto político catalán se ha agravado y acaban de salir de una campaña electoral en la que la posibilidad de un acuerdo pareció remota. Sánchez llegó a decir que no dormiría tranquilo si tuviese a Pablo Iglesias sentado en el Consejo de Ministros. Sin embargo, 48 horas después de concluido el escrutinio, los dos líderes han anunciado por sorpresa un acuerdo de gobierno. No se sabe si Sánchez ha encontrado remedio para su insomnio, pero el secretario general de Podemos será su vicepresidente.

¿Por qué se ha alcanzado este acuerdo inesperado y aparentemente negociado en tiempo récord? Los protagonistas no han dado explicaciones. Presentaron el pacto en una comparecencia sin preguntas en la que se limitaron a anunciar un programa de gobierno de marcado acento progresista.

Las cifras que arrojaron las elecciones del domingo son peores que las de abril. La estrategia de Sánchez, que apostaba por presentarse como víctima de la intransigencia de Podemos, aglutinar todo el voto de la izquierda y tener las manos libres para pactar con Ciudadanos resultó un completo fracaso. Ni los votantes desencantados se volcaron con el PSOE -todo apunta a que se quedaron en casa- y la formación liberal se desplomó y perdió 47 de sus 57 diputados.

Los números son peores que hace seis meses, pero no se trata de matemáticas, sino de política. El retroceso que ambas formaciones sufrieron en los comicios, castigadas por dos millones de electores que habían votado en abril pero que decidieron abstenerse al ser convocados por la falta de acuerdo de la izquierda, y el más que preocupante ascenso de la extrema derecha, donde también se detecta un fuerte voto de castigo, supusieron un aviso imposible de ignorar. Volver a poner a prueba el hartazgo ciudadano era más que arriesgado.

El candidato socialista, ya sin aliados posibles a su derecha, no tuvo más remedio. Sus únicas alternativas eran pactar con Iglesias o ir a una nueva convocatoria electoral que hubiese resultado suicida. Ha optado por la supervivencia.

Ahora, para que la investidura salga adelante, tendrá que buscar el respaldo de Más País (la formación de Iñigo Errejón), el Partido Nacionalista Vasco, y de formaciones regionalistas de Cantabria, Galicia y Teruel. Aún así, dependerá de que los catalanes de Esquerra Republicana y los vascos de Bildu (ambos independentistas de izquierda) al menos se abstengan. Es más que difícil, pero Sánchez es un sobreviviente


Elecciones 10N


Las claves del preacuerdo: garantizar la convivencia en Catalunya, políticas feministas, acabar con los privilegios fiscales y apoyo a la “España vaciada”

Texto íntegro del principio de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para un gobierno de coalición “progresista”, sin vetos y que pueda fructificar para conseguir una mayoría parlamentaria que evitaría unas terceras elecciones.

Redacción El Salto

PSOE y Unidas Podemos han firmado un preacuerdo para conformar “un Gobierno progresista de coalición que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa, tal y como los ciudadanos han decidido en las urnas”, según el texto conjunto enviado por ambos partidos.

Ambas formaciones aseguran compartir la importancia de “asumir el compromiso en defensa de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos como guía de la acción de gobierno de acuerdo con lo que representa la mejor tradición europea”.

Aunque los detalles del acuerdo se harán públicos en los próximos días, los partidos liderados por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han anunciado que se encuentran “avanzando conjuntamente” en una negociación encaminada a completar la estructura y funcionamiento del nuevo gobierno, que “se regirá por los principios de cohesión, lealtad y solidaridad gubernamental, así como por el de idoneidad en el desempeño de las funciones”.

Según el texto del preacuerdo, los ejes prioritarios de actuación del gobierno progresista de coalición se centrarán en dar respuesta a los principales retos que tiene ante sí la sociedad española en su conjunto:

1, Consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad.

2, Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción. Proteger los servicios públicos, especialmente la educación —incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de cero a tres años—, la sanidad pública y la atención a la dependencia. Blindaje de las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida. La vivienda como derecho y no como mera mercancía. Apostar por la ciencia como motor de innovación económica y dignificar las condiciones de trabajo del sector. Recuperar talento emigrado. Controlar la extensión de las casas de apuestas.

3. Lucha contra el cambio climático: la transición ecológica justa, la protección de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales.

4. Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los/as autónomos/as. Impulsar la reindustrialización y el sector primario. Facilitar desde la Administración las bases para la creación de riqueza, bienestar y empleo, así como el impulso digital.

5. Aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país de memoria y dignidad.

6. Asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector. Fomentar el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida.

7. Políticas feministas: garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una Ley de igualdad laboral.

8. Revertir la despoblación: apoyo decidido a la llamada España vaciada.

9. Garantizar la convivencia en Cataluña: el Gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles.

10. Justicia fiscal y equilibrio presupuestario. La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero. El Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa, gracias a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales.


publicado

2019-11-12 14:55

Publicado enInternacional
Sábado, 09 Noviembre 2019 06:35

Piñera se despabiló y propuso reformas

Piñera se despabiló y propuso reformas

Decenas de miles de manifestantes asistieron a la llamada tercera marcha más grande de Chile, en la céntrica Plaza Italia de Santiago. Ataque e incendio a una universidad.

Decenas de miles de manifestantes asistieron a la llamada tercera marcha más grande de Chile, en la céntrica Plaza Italia de Santiago, a la que buscaron rebautizar como "Plaza de la Dignidad". A pocas cuadras de la movilización el fuego arrasó con una universidad. El Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, adjudicó el hecho a un grupo de encapuchados. Frente al Palacio de La Moneda, sede del gobierno, desfiló otra marea de personas, en su mayoría jóvenes. En el blanco de sus reclamos estuvo el Presidente Sebastián Piñera que el jueves anunció una serie de leyes de mano dura. Un poco más a tono con los reclamos que hace semanas despertaron a todo Chile, presentó en el Congreso una serie de medidas tributarias orientadas a mejorar los ingresos de los sectores medios y bajos.

"La tercera marcha más grande de Chile" o "La tercera es la vencida", fueron las consignas que circularon por las redes sociales para convocar a las movilizaciones. Y así fue. Miles de personas se acercaron desde distintos puntos de la ciudad, mientras sonaban bombos y estallaban fuegos artificiales. El foco de los reclamos fue, otra vez, Sebastián Piñera, que a contra mano de las exigencias que se oyen en las protestas, sigue propiciando la represión por parte de las fuerzas de seguridad.

Desde la plaza podía verse una columna de humo que provenía de la Universidad Pedro de Valdivia. Allí un incendio se propagó rápidamente entre el segundo y el tercer piso del inmueble, que era utilizado como rectoría y decanato de la Universidad. El intendente de la región Metropolitana, en la que se ubica la capital del país, dijo que "un grupo de encapuchados" habría entrado al edificio y, tras saquearlo, lo habrían prendido fuego. Luego de una hora los bomberos lograron contener las llamas.

Encerrado por la crisis social que se extiende ya desde hace tres semanas, Piñera propició un giro en su agenda legislativa. La cámara de diputados dio ayer media sanción a una ley para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas. El proyecto impulsado por el Partido Comunista, fue aprobado con los votos de la derecha. Ahora debe ser tramitado en el Senado. El gobierno envío un proyecto de ley que contempla varias modificaciones: dio marcha atrás con una reducción impositiva a las grandes empresas que había propiciado hace pocas semanas; estableció un impuesto a las viviendas de más de 400 millones de pesos chilenos de avalúo fiscal (unos 540.000 dólares); incrementó el salario mínimo en un 16 por ciento, pasarando de 301.000 (404 dólares) a 350.000 pesos (unos 468 dólares); aumentó en un cinco por ciento los aportes jubilatorios a cargo de los empleadores. Además propuso la creación de un seguro para enfermedades catastróficas; la reducción del precio de los medicamentos; anular el alza del 9,2 por ciento en las tarifas eléctricas; reducir las dietas de los parlamentarios y los altos sueldos de la administración pública.

Encerrado por la crisis social que se extiende ya desde hace tres semanas, Piñera propició un giro en su agenda legislativa. La cámara de diputados dio ayer media sanción a una ley para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas. El proyecto impulsado por el Partido Comunista, fue aprobado con los votos de la derecha. Ahora debe ser tramitado en el Senado. El gobierno envío un proyecto de ley que contempla varias modificaciones: dio marcha atrás con una reducción impositiva a las grandes empresas que había propiciado hace pocas semanas; estableció un impuesto a las viviendas de más de 400 millones de pesos chilenos de avalúo fiscal (unos 540.000 dólares); incrementó el salario mínimo en un 16 por ciento, pasarando de 301.000 (404 dólares) a 350.000 pesos (unos 468 dólares); aumentó en un cinco por ciento los aportes jubilatorios a cargo de los empleadores. Además propuso la creación de un seguro para enfermedades catastróficas; la reducción del precio de los medicamentos; anular el alza del 9,2 por ciento en las tarifas eléctricas; reducir las dietas de los parlamentarios y los altos sueldos de la administración pública.

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 “Mujeres de luto” caminó en absoluto silencio desde la estación Salvador hasta el Palacio de la Moneda.  Imagen: AFP

Página/12 compartió las dos marchas que este viernes sacudieron el centro de la ciudad. La de "Mujeres de luto",  con los brazos en alto, banderas de Chile en color negro y fotos de los muertos tanto en la dictadura como en estos días. Y la que juntó hasta a los barras de equipos opuestos y terminó reprimida por los Carabineros. Nuevas denuncias de torturas.

 

Chile despertó y no descansará hasta que haya un cambio estructural. Eso es lo que quisieron demostrar las miles de personas que se reunieron en Plaza Italia cerca de las 17 alrededor de una convocatoria denominada “La marcha más grande de todas”, con la intención de replicar el suceso del viernes pasado. Fue una movilización mucho más masiva que la de ayer en el mismo punto, que había agrupado sobre todo a jóvenes estudiantes y que con disfraces y máscaras conectó con el espíritu de Halloween. A quince días de iniciado el estallido, el pueblo se preocupó por dejar en claro que no se cansa. En tanto, el Gobierno le respondió nuevamente con hidrantes y gases lacrimógenos que no perdonan ni al que está lejos.


A lo largo del feriado del Día de los Muertos, la ciudad presentó dos climas bien diferentes. Pasado el mediodía, un conjunto de emotivos rituales dio el protagonismo a los que ya no están y a los que el Estado torturó, desnudó, secuestró, abusó, violó, calcinó y disparó en esta etapa. Un enorme grupo de mujeres que se organizó por redes sociales con la consigna “Mujeres de luto” caminó en absoluto silencio desde la estación Salvador hasta el Palacio de la Moneda.


Todas vestían de negro. Llevaban los brazos en alto, racimos de flores, banderas de Chile en color negro, carteles en memoria de desaparecidos de la última dictadura militar, una tela con fotos de los muertos del Chile despierto. Nadie en esta manifestación se atrevía a faltar el respeto al silencio, y era tan pacífica que si alguien osaba enfrentarse a algún carabinero se lo reprendía (“no hace falta”). La numerosa columna avanzó por una Alameda que contiene todas las huellas del estallido. Vidrios rotos, locales calcinados, importantes edificios públicos --como la Biblioteca Nacional-- totalmente intervenidos por el aerosol. Al llegar a la casa de gobierno, las mujeres entonaron el himno de estas movilizaciones, “El derecho a vivir en paz”, de Víctor Jara, y “La cigarra” de María Elena Walsh.


La antigua Iglesia San Francisco estaba empapelada con las fotos de los jóvenes fallecidos en los últimos días, como Joshua Osorio, de 17 años, que murió calcinado. O la artista callejera Daniela Cardoso (36 años), colgada frente a sus vecinos, luego de ser abusada sexualmente por uniformados. Los familiares de desaparecidos y fallecidos no eran visibles en la marcha, si es que estaban. Muchos aún no han hecho denuncias y prefieren no hablar de lo sucedido. “Esta generación no pensaba que iba a vivir esto, por eso no le tuvimos miedo al toque de queda”, dice Valentina Barrios, una joven que todos los viernes participa de las rondas alrededor de la Moneda, organizadas por familiares de detenidos y desaparecidos. Dentro de las Juventudes Comunistas ella es compañera de un joven que fue detenido y torturado en un regimiento granadero de Iquique, del cual circularon impactantes fotos ayer. “Estaba en una marcha, lo agarraron, con patadas, hubo simulación de fusilamiento, abuso sexual, le pusieron corriente, le pegaron, tiene un derrame en el ojo”, enumeró trágicamente Valentina.


Más temprano, una comunidad de sahumadoras había homenajeado a desaparecidos y muertos --29, según dijeron-- con una ceremonia en Plaza Baquedano que tomaba aspectos de una tradición mexicana. “Sahumar es armonizar, liberar energías, dar paz. Sanar. Limpiar, también, en algún sentido”, explicó Roxana Campos Araya, la mujer que conducía el ritual. Reunidas en ronda, con caracolas y sahumerios, las mujeres iban colocando en la tierra cruces con los nombres de los caídos. Pensaban enterrarlas en el Museo Nacional de Bellas Artes. “Quisimos ponerles cuerpo a los muertos y hacer un homenaje colorido. Era importante trenzar un rezo para ayudarles a elevarse y hacerlos visibles”, comentó otra de las sahumadoras, llamada Sayen. Un tercer grupo femenino ofreció una performance de expresión corporal respecto de los heridos. Estaban vestidas de negro y tenían gasas en los ojos.


Si por esas horas la calle era de las mujeres que reivindicaban los derechos humanos y hacían visibles a las víctimas de la violencia del Estado, hacia la tarde el clima de Plaza Italia cambió radicalmente. El pueblo todo con sus variados reclamos en carteles se juntó allí después de que Carabineros dispersara con hidrantes --aquí conocidos como guanacos-- a manifestantes en la Moneda. Los gases eran poderosos. No son pocos los que dicen que son cada vez más tóxicos. Eran arrojados, como ayer, desde la estación de metro de Baquedano, y también había un foco represivo en el Parque Bustamante. Los manifestantes entregaban agua con bicarbonato y barbijos. Los parques linderos estaban también colmados.


“¿Qué otra figura más que Piñera logró juntar a dos barrabravas opuestas?”, decía Jorge, que tomaba una cerveza y señalaba las banderas de Colo Colo y Universidad de Chile agitadas por sus hinchas en cercanía. Por todos lados sonaban cacerolas, tambores, silbatos; flameaban banderas chilenas y mapuches. “El que no salta es paco” fue uno de los cánticos más repetidos. Como dato de color, la movilización sumó a un grupo de manifestantes llegados de Limache (región de Valparaíso) en una caminata. “Mi hijo recibió siete perdigones en la espalda por venir a ayudar a la Cruz Roja. Tengo 79 años y salgo a pelear igual”, expresaba Carlos sosteniendo un cartón que cuestionaba el sistema jubilatorio. Daba especial importancia al hecho de poder expresarse en un medio de comunicación: “El periodismo acá oculta todo. No muestra esto”. A quince días de la explosión social, el pueblo de Chile demostró entonces varias cosas: que luchará por sus muertos, que buscará a sus desaparecidos y que no dejará las calles hasta ser escuchado.

 

Por María Daniela Yaccar

Desde Santiago

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El Sínodo, iniciado el pasado 6 de octubre, tiene por tema “Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”. Foto: ACI Prensa

Los 184 obispos reunidos en el Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica, convocado por el papa Francisco, prevén aprobar este sábado en Roma un documento final entre cuyos puntos están la introducción del “pecado ecológico” y la posibilidad de ordenar curas casados y contar con mujeres diácono, a lo que se oponen sectores católicos conservadores.

Los “padres sinodales”, entre obispos y cardenales, la mayoría latinoamericanos, en representación de la Iglesia católica de los nueve países de la cuenca amazónica, deberán votar un documento final con casi 200 puntos.

Cada punto será sometido a voto y deberá superar los dos tercios de los 184 votos para ser aprobado.

La lista de los miembros con derecho al voto está compuesta por los 113 obispos procedentes de las diócesis de la región Panamazónica, los 13 jefes de los dicasterios de la Curia romana, los miembros del Consejo presinodal y los miembros nombrados por el papa Francisco.

No tienen derecho al voto los expertos, los auditores y auditoras, los delegados fraternos que representan otras iglesias y confesiones religiosas y los miembros de la comisión para la información.

El papa Francisco tampoco vota, ya que el documento final contiene las propuestas que se le entregan a él.

El documento final -con el resultado de las votaciones- se entrega el sumo pontífice, quien decide si hacerlo público o no. En las recientes asambleas sinodales, Francisco siempre ha hecho público este texto final.

El pecado contra la naturaleza

Después de tres semanas de reuniones a puerta cerrada en el Vaticano, en las que se ha hablado de los grandes males de la Amazonía, los obispos consideran que ha llegado el momento de darle un carácter propio a la Iglesia de esa inmensa región amenazada por incendios, devastación y miseria.

Además de un “rito amazónico” para las comunidades del Amazonas, con más de 400 pueblos indígenas, han propuesto la introducción del “pecado ecológico”.

Con ello se pide impulsar una “conversión ecológica” de los católicos, al considerar como un pecado la destrucción del medio ambiente, ya que consideran que devastar la naturaleza es pecar contra Dios, contra los demás y contra el futuro.

“Los pecados ecológicos son algo nuevo para la Iglesia. Debemos comenzar a confesarlos”, afirmó monseñor Pedro Brito Guimaraes, arzobispo de Palmas (Brasil) ante los religiosos.

Los obispos escucharon el testimonio de indígenas, expertos, misioneros y monjas, quienes denunciaron la destrucción de la selva, y reconocieron su preocupación por la contaminación del agua con mercurio y por la violencia contra las mujeres indígenas.

“La Iglesia se ha puesto en una lucha que no tiene retorno por la defensa de la tierra, del agua y del aire; y a la vanguardia de la defensa del clima”, dijo a la prensa el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea.

Un rito amazónico

Junto al pecado se introduciría el rito amazónico. “No podemos seguir comunicando con esquemas ajenos”, explicó a la prensa el sacerdote mexicano Eleazar López, experto en teología indígena.

La idea de emplear estatuas y símbolos de las poblaciones amazónicas en los ritos litúrgicos ya generó reacciones, sobre todo por parte de los sectores más conservadores.

Varias estatuas sagradas para los indígenas y usados durante algunas celebraciones en el Vaticano fueron robadas la semana pasada de una iglesia y arrojadas al río Tíber, en un gesto de provocación que fue condenado por el papa, quien además pidió perdón.

Todo parece indicar que el papa argentino está de acuerdo con un rito amazónico, ya que al abrir el sínodo al que asisten varios representantes de comunidades indígenas defendió que usen sus trajes tradicionales tanto en las reuniones como en las ceremonias.

“No hay ninguna diferencia entre las plumas en la cabeza de un indígena de la Amazonía y el sombrero que llevan los jerarcas de la Iglesia”, comentó Francisco.

Hombres casados, como sacerdotes

Uno de los temas que generan críticas entre los conservadores y ha sido abordado ampliamente en el sínodo es el de la posibilidad histórica de ordenar como sacerdotes a hombres casados, los llamados “viri probati”, muchos de ellos indígenas, para hacer frente a la escasez de curas.

Se haría con base en dispensas otorgadas por el papa, similares a las dadas a los pastores anglicanos casados que luego se convirtieron al catolicismo, indicó un obispo.

Mujeres diácono

Otro tema que genera controversia es el reconocimiento oficial por parte de la Iglesia del papel clave que desempeñan las mujeres laicas para difundir la fe católica en la Amazonía.

Parte de los obispos de la región amazónica desean la creación de “ministerios laicos” para las mujeres, o mujeres diácono en la práctica, que viven en la selva debido a la escasez de sacerdotes.

Se trataría de reconocer oficialmente lo que ya sucede en muchas comunidades de la Amazonía.

En una carta dirigida al papa, las 35 mujeres invitadas al sínodo pidieron poder votar el documento final. En caso de autorización, sería un hecho histórico para la Iglesia.

Desde que fue elegido pontífice en el 2013, Francisco se ha propuesto abrir las puertas a las mujeres en la Iglesia, ha designado a algunas en puntos relevantes y les ha dado la palabra en el sínodo, pero sin conceder el voto.

Muchas de las participantes viven en la selva, recorren trochas, bautizan, celebran bodas, escuchan confesiones y conviven con la violencia, el narcotráfico, la prostitución y la explotación de la tierra, tal como han narrado algunas de ellas en Roma y el Vaticano.

El sínodo concluye este domingo con una Santa Misa en la Basílica de San Pedro.

26 octubre 2019  

(Con información de AFP y ACI Prensa)

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Por primera vez en mil años, el Vaticano recomienda sacerdotes casados

El sínodo de obispos católicos reunido en el Vaticano aprobó recomendar al papa Francisco que permita que hombres casados sean ordenados sacerdotes. La medida se limita a las diócesis de la cuenca del Amazonas, pero es la primera vez que se abandona una prohibición de aproximadamente mil años, y nada menos que por el voto de una asamblea de obispos. Si Francisco acepta la recomendación, estas zonas remotas de Sudamérica se transformarían en un laboratorio de ideas que pueden cambiar la estructura de la Iglesia a futuro.

El sínodo de Roma trabajó sobre documentos preparados durante la Asamblea Especial del Sínodo de Obispos de la región Panamazónica, que duró tres semanas. Entre sus recomendaciones más polémicas estuvo la de adaptar ciertos aspectos del rito romano a las creencias e iconografías indígenas, lo que no fue aceptado en el Vaticano. La reunión en Roma también votó en contra de la idea de ordenar mujeres como diáconos. Ordenar mujeres es un paso que tendría repercusiones teológicas profundas.

Pero los reunidos en Roma aceptaron el argumento de que llevar el catolicismo a las selvas profundas requiere flexibilidad. La tarea ya está en buena medida a cargo de diáconos casados, que ahora podrían ordenarse como sacerdotes. Un argumento que resultó convincente fue la fuerte competencia de las iglesias evangélicas carismáticas en la región. Los 181 obispos votaron unánimemente.

El resultado de la reunión de ayer es fruto de una política del papa que recomienda escuchar a los obispos locales en temas antes dirigidos desde Roma. Dos tercios de los prelados de la región defendieron en la Asamblea Especial la ordenación de diáconos casados, citando la dificultad de encontrar sacerdotes dispuestos a servir en lugares tan difíciles y la cantidad de muertes que hubo entre misioneros en los últimos años.

Se espera que Francisco, que ya en 2014 había dicho que estaba dispuesto a discutir el celibato, apruebe antes de fin de año la recomendación del sínodo. De hecho, el papa inauguró el evento pidiendo renovación y diciendo que si todo sigue igual "porque siempre hicimos esto así", el resultado es las vocaciones se apagan "asfixiadas por la ceniza del miedo y la preocupación por defender el status quo".

Los diáconos que se puedan ordenar no serán los únicos en servir en la iglesia católica. Los sacerdotes anglicanos casados que se conviertan al catolicismo ya tienen el permiso de seguir casados y mantener su investidura, como los padres de grupos ortodoxos de Medio Oriente y el Cáucaso que reconocen al papado. 

El límite actual parece ser la ordenación de mujeres. Ayer, el papa mismo tocó el tema al clausurar la reunión de obispos diciendo que "todavía no terminamos de entender el rol de la mujer en la iglesia. Su rol debe estar más allá de toda duda en el futuro". La misma idea fue muy criticada por sectores conservadores enfrentados a estas ideas renovadoras de Francisco.

De hecho, el lunes pasado, apenas inaugurada la reunión, un grupo de vándalos entró en una iglesia cercana a la de San Pedro y robó figuras de fertilidad ahí colocadas por indígenas que participaban del evento. Los ladrones se filmaron tirando las esculturas al Tíber y el video fue viralizado entre católicos conservadores.

 

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