Instalación de Chevron Texaco en Ecuador. Edu León

Las políticas neoliberales, con sus privatizaciones y tratados de libre comercio, provocan enormes desastres humanos y ambientales. Los grandes procesos de privatización en todos los sectores de la economía han dado a las multinacionales un poder ilimitado. Si bien en estos momentos los movimientos sociales globales no suponen una amenaza real para las grandes empresas, cuentan con una ventaja: no paran.


Cuando los noticieros televisivos muestran imágenes de pueblos africanos padeciendo severas hambrunas, desde la comodidad material del primer mundo se tiende a creer que el hambre es un problema provocado únicamente por fenómenos como las sequías o la incapacidad de determinadas regiones de producir alimentos. Si bien es cierto que en África, como en otras partes del planeta, ha habido hambrunas, grandes sequías y otras situaciones complicadas, estas se han dado en momentos concretos de la historia. Tal como se desprende al leer Crímenes de hambre (Alrevés, 2018), la última novela negra de denuncia social del escritor y antropólogo Miguel Pajares, los principales causantes del hambre en África y en otras regiones del planeta no son los desastres naturales sino las políticas de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial.


Antes de la irrupción de estas instituciones, allá por la década de 1970, en países como Somalia o Níger no se pasaba hambre de manera continua. Según sostiene Pajares, que es también presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR), “en África, como en otros lugares del mundo, cuando se sale de la colonización, se sale con deuda. Los nuevos gobiernos de la descolonización, de la liberación, tienen que asumir la deuda de los gobiernos anteriores. Y resulta además que la generosidad del FMI y el Banco Mundial es muy amplia, de manera que permiten que los gobiernos aumentan la deuda. Inicialmente, esto no tendría que suponer un grave problema. Pero la deuda es aprovechada para imponer las políticas neoliberales del FMI y el Banco Mundial”.


¿Cuáles son estas políticas? “Por un lado, consiguen que la deuda sea impagable. De ello se asegura la Reserva Federal de EEUU, que sube los tipos de interés por encima del 20%. Con semejante subida, las deudas son impagables. Porque los gobiernos, a pesar de ir pagando, solo pagan intereses. Y continuamente necesitan más dinero para seguir amortizando la deuda, de manera que se van endeudando cada vez más”, aclara Pajares.


Cuando llegan los plazos de amortización, el FMI y el Banco Mundial se ofrecen a prestar más dinero, pero con una serie de condiciones. Y es ahí donde imponen una políticas que, tal como afirma Pajares, “básicamente vienen a decir que las empresas tienen que poder expandirse por el mundo, que tienen que poder ganar dinero; que eso es bueno para todos porque así se desarrolla la economía; que las empresas no han de tener trabas para entrar en los países, no ha de haber aranceles y los impuestos tienen que ser los más bajos posibles. Desde la filosofía neoliberal se supone que, si las empresas funcionan bien, se invierte, se crea empleo y todos salen beneficiados”

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Tratados de libre comercio


Desde Justícia i Pau, una organización cristiana que desde Catalunya lucha por la defensa de los derechos humanos de las personas y los pueblos, se afirma que se ha puesto la economía en el centro de toda importancia y los beneficios económicos dentro del ámbito del comercio no regularizado se han convertido en lo más perseguido por las empresas transnacionales. Quienes son capaces de reducir costos lo hacen porque, sencillamente, dejan de pagar los costos reales de sus acciones.


Según Núria Carulla, responsable de la Comisión Norte Sur, integrada en el eje de desarrollo humano integral de Justícia i Pau, “las empresas transnacionales están protegidas por los tratados de libre comercio e inversión, que se consideran un elemento esencial para el desarrollo y la obtención de recursos necesarios para la vida actual y para el desarrollo de la tecnología tanto necesaria”.


Lejos de cumplir una función social, cosa que tratan de hacer entender a través de sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa, lo que buscan la mayoría de empresas es reducir al mínimo los costes que generan sus actividades extractivas, industriales y energéticas. Como es sabido, esta reducción se consigue a base de desplazar las industrias hacia países con legislaciones laborales más débiles donde se puede explotar sin restricciones una mano de obra sin derecho ni a seguridad social, ni a medidas higiénicas y de seguridad laboral.
Tener productos abundantes y baratos significa que alguien, en algún otro lugar del planeta, lo está pagando muy caro. Tal como asegura Carulla, “las empresa también reducen costos en la protección del medio ambiente, se contaminan, tierras, agua y aire sin asumir los costes de reparación ni siquiera el coste de vidas humanas que ha provocado algún accidente por no invertir en medidas de seguridad”. Como ejemplo, recordemos el caso de la fábrica de productos químicos en Bhopal, India, donde una fuga de gas provocó la muerte de 25.000 personas que vivían en el entorno de las instalaciones.


El ejemplo de Níger


A partir de las peripecias del teniente Samuel Montcada, que trata de esclarecer las causas del asesinato en Barcelona de una activista reconocida internacionalmente, en Crímenes de hambre van asomando situaciones que permiten apreciar el verdadero alcance de las políticas neoliberales a escala mundial. Vemos, por ejemplo, el caso de Níger, un país que tenía la Oficina Nacional Veterinaria, una institución del Estado que, en situaciones de dificultad, repartía vitaminas y antiparasitarios a los pastores y los ganaderos.


Este país disponía también de una reserva de cereales para ser repartidos en casos de sequía o dificultades, y permitir a los agricultores hacer la siembra del año siguiente. Según Pajares, que se documenta a fondo para escribir sus novelas, “el gobierno fue obligado por el FMI y el Banco Mundial a desmantelar todo eso, ya que se supone que ese tipo de iniciativas o mecanismos van contra el libre mercado. En este contexto, en que no hay ningún tipo de restricción, quienes pueden penetrar mejor en el libre mercado son precisamente las grandes multinacionales, que se hacen con todo. Y a partir de ahí, sucede que los agricultores se arruinan, los pastores pierden sus ganados y no pueden comprar antiparasitarios y vitaminas a los precios de mercado”.


Luego viene el acaparamiento de tierras por parte de las multinacionales. Tal como remarca Pajares, “en los países africanos no hay títulos de propiedad sino que se rigen por un sistema consuetudinario en que los agricultores y los pastores tienen el uso de la tierra de generación en generación. Y lo que ha pasado es que los gobiernos han dicho que la tierra es suya y han empezado a venderla a las multinacionales, cosa que ha acarreado la expulsión de los agricultores de esos terrenos. Todo esto es lo que ha provocado el hambre. La mayor parte de las personas que pasan hambre en África habían sido agricultores que hasta antes de que se impusieran las condiciones del FMI y el Banco Mundial tenían más o menos resueltos los medios de subsistencia”, sentencia Pajares.


Las tierras, cedidas sin costo o compradas a bajo precio, sirven a las multinacionales para instalar explotaciones agrícolas intensivas o extractivas de minerales o combustibles fósiles. Movidos por el afán deobtener divisas, los gobiernos dan facilidad para la explotación de recursos naturales, pero no tienen en cuenta el derecho de las poblaciones que habitan ni el respeto al ecosistema. 

Privatización imparable


Durante las últimas décadas hemos asistido a grandes procesos de privatización en todos los sectores de la economía. Como consecuencia de ello, las multinacionales han acumulado poder hasta el punto de convertirse en el principal sujeto para vehicular las relaciones entre los países del norte y los del sur.


“Con el tema de las privatizaciones —sostiene Núria Carulla— se ha repetido como un mantra aquello de que las empresas públicas no funcionan porque son un nido de corrupción, porque los funcionarios son poco trabajadores o porque no cuentan con técnicos potentes. Bajo estos pretextos han querido hacer calar en la sociedad la idea de que las empresas privadas resultan más eficientes y salen más baratas a los estados”. Pero a esta incansable activista no les salen las cuentas ya que “la empresa pública, por muy mal que vaya, no deriva ni busca beneficios, mientras que la privada, sí. Por tanto, si las empresas privadas hacen las cosas más baratas, es sencillamente porque las hacen más mal. Y si las hacen bien, resulta que son más caras”.


En el ámbito de lo que se ha dado en llamar el Tercer Mundo, la cosa es mucho más grave. Según afirma Carulla, “las multinacionales y los grandes poderes actúan movidos por la idea de que los territorios son libres y que ellos pueden hacer lo que quieren porque los autóctonos son ignorantes e incapaces de oponer resistencia”.


Desastres medioambientales


El 25 de enero de 2019 quebró el dique de contención de una presa de residuos mineros de la compañía Vale, en Minas de Gerais, en el sudeste de Brasil. La tragedia se saldó con cerca de 200 muertos y más de 150 desaparecidos. Dos millones de toneladas de residuos contaminaron 305 quilómetros del río Paraopeba, dejando inservible sus aguas para todos los pueblos a los que abastecía.

Vale era una empresa pública brasileña que a partir de la primera década de 2000 comenzó a ser privatizada. Actualmente es la mayor empresa mundial en exportación de hierro. A pesar de la presión que puede ejercer la Agencia Nacional de Minería de Brasil, Vale, que tal como informaba hace algunas semanas Europa Press, ha instado a las compañías mineras a adoptar una serie de medidas de precaución y congelado más de 800 millones de reales (unos 191 millones de euros) de Vale para compensar a las víctimas, en general las multinacionales no están obligadas a rendir cuentas ante nadie, cosa que no pasaría si habláramos de empresas pública.


Según Núria Carulla, que ha realizado varias estancias en las comunidades indígenas de países latinoamericanos para visitar proyectos de cooperación y colaborar con organizaciones locales, “el problema de reclamar a las grandes empresas los males ambientales, el acaparamiento de tierra o las vulneraciones de derechos humanos que causan, es que se ha de pasar por un juicio de acuerdo con las leyes del país donde suceden los hechos. Lo que pasa es que muchas empresas multinacionales se rigen por las leyes en países donde tienen el capital. Entonces se amparan en que no pueden ofrecer compensaciones económicas porque en aquellos países no tienen capital”. Sus capitales se encuentran básicamente en paraísos fiscales.


Muchos recuerdan el caso de Chevron (antigua Texaco), la empresa petrolera norteamericana que contaminó miles de kilómetros en la amazonía ecuatoriana y provocó la desaparición de dos pueblos. Según ha informado recientemente el Observatorio Petrolero Sur, “la Corte de Justicia de Canadá negó la posibilidad a las comunidades ecuatorianas afectadas por Chevron-Texaco que buscaban continuar con el proceso judicial en el país”. Tras esta decisión, Chevron extiende su impunidad, mientras que la contaminación y las afectaciones de la amazonía ecuatoriana se agravan con el tiempo.

Carulla opina que las comunidades afectadas por Chevron se han organizado de un modo encomiable. “Hace más de veinte años que están de juicios y en todas partes, salvo en Canadá recientemente, les habían dado la razón; pero la compañía aún no ha pagado las indemnizaciones. Y luego hay otro problema: a pesar de que el Tribunal Supremo de Ecuador ha dado la razón a las comunidades, hay una figura curiosa que son los tribunales de arbitraje, un invento de las grandes empresas para que haya un tribunal que valore los litigios entre gobiernos y empresas. Son unos tribunales privados con muy pocos jueces que, con la legislación en la mano, siempre dan la razón al inversor o empresa ya que no existe una legislación internacional que compense. La cuestión de la privatización lleva todos estos males”. Y por otro lado, Carulla aclara que debemos tener presente que “la privatización, si se ha de realizar, debe ser en siempre el caso de subsidiariedad, es decir, cuando un ente público no puede llevar a cabo un trabajo determinado por una razón apremiante. Pero privatizar de manera sistemática y porque sí, no aporta ningún bien en principio”.


Plantando cara a las multinacionales


Puede que en estos momentos los movimientos sociales no sean una amenaza real para las grandes empresas. Pero cuentan con una ventaja: no paran. Cada vez son más quienes claman por el empoderamiento de los sectores más desfavorecidos y forman un frente común, desde campañas globales, a las multinacionales y al agronegocio, al capitalismo internacional y al libre comercio.


Nada menos que 200 millones de campesinos y campesinas de 81 países y agrupados en 182 organizaciones forman parte de La Vía Campesina, un movimiento internacional nacido en 1993 en Mons (Bélgica) con el afán de defender la soberanía alimentaria, los derechos campesinos, la promoción de agroecología, la defensa de las semillas locales y la descentralización del poder. “Globalicemos la luchas, globalicemos la esperanza”, es el lema de una organización “construida sobre un fuerte sentido de unidad, la solidaridad entre estos grupos, que defiende la agricultura campesina por la soberanía alimentaria como una forma de promover la justicia social y dignidad”.


Dos décadas después, en 2012 se inició otra campaña global, Dismantel Corporate Power, que pretende acabar con el poder y la impunidad de las empresas transnacionales. Según se afirma en el manifiesto del movimiento, “el 99% de los y las habitantes del planeta nos vemos afectados por la creciente concentración del poder en manos del 1 por ciento más rico. Este poder queda manifiestamente ilustrado con las 737 grandes transnacionales, muy conectadas entre sí, que controlan el 80 por ciento del capital de las mayores empresas del mundo. La mitad de ese capital está concentrado en las manos de apenas 147 empresas, la mayoría de las cuales son corporaciones financieras”. A esta campaña, que es una valiente respuesta por parte de las comunidades afectadas, se han adherido hasta ahora más de 200 organizaciones que luchan para parar los pies a estas grandes empresas. ¿Consiguen atemorizar a las grandes corporaciones estos movimientos? En opinión de Carulla, “por sí solos no representan ninguna amenaza preocupante para estas compañías”.


Fijémonos en Pablo Fajardo, el abogado de las comunidades afectadas en el caso Chevron. Además de afrontar constantemente el riesgo de ser asesinado, Fajardo tiene que luchar contra los 2.000 abogados contratados por Chevron, mientras que él solo cuenta con el apoyo de unos diez letrados, los cuales, por otra parte, no pueden ofrecerles ayuda a tiempo completo puesto que tienen que trabajar para poder mantenerse. Según manifiesta Carulla, “la amenaza para las compañías es que, gracias a las redes internacionales, todos nos enteramos de lo que pasa, por lo que podemos llevar a cabo acciones como hacer preguntas a un parlamento determinado, escribir cartas a las empresas, hacer un boicot a una marca y cosas por el estilo Y, si hay la posibilidad, también podemos dar apoyo económico y técnico a todos estos movimientos”.


Ante el poder de las empresas transnacionales, las comunidades de campesinos e indígenas de todo el mundo se pueden ver como la lucha de David contra Goliat, una lucha totalmente desproporcionada en la que el campesinado y los pueblos indígenas cuentan con pocas posibilidades de ganar. Sin embargo, la conciencia de la defensa de los derechos y la dignidad ha crecido mucho en los últimos años. Tal como recuerda Carulla, “cada vez más, las acciones para defender el territorio, el agua, y la naturaleza de la que depende la propia vida, así como sus derechos económicos, sociales y culturales se coordinan con otras organizaciones y redes que apoyan a las luchas locales”.


Decía Noam Chomsky que los pueblos indígenas están salvando el planeta de un desastre ambiental. Sin embargo, la defensa de los derechos humanos es, en opinión de Carulla, una tarea global en la que toda la ciudadanía consciente se debería implicar. “El cambio climático tiene causas muy diversas pero el medio ambiente es frágil y la contaminación de la tierra, agua, mares y aire no tiene fronteras, por lo que termina afectando a todo el planeta además de causar dolor y pérdida de calidad de vida a las poblaciones directamente afectadas. Hay muchas maneras de apoyar la lucha de las comunidades que están en primera línea, hay oenegés aquí que trabajan con estas comunidades y que con esta ayuda, difusión y denuncia pueden continuar este enfrentamiento tan desigual”.


Precariedad y pobreza


Hacia el final de Crímenes de hambre, Mario, el entrañable y pedagógico economista que acompaña al teniente Montcada, plantea una inquietante reflexión acerca de la pobreza y la precariedad. Viene a decir que en países como España, cada vez hay más gente que vive en situación de pobreza a pesar de tener un empleo. Sin embargo, a pesar de la precariedad creciente en que vivimos, no nos gusta pensar en la idea de que somos pobres o que corremos el riesgo de serlo en algún momento.
En la UE tenemos el paradigmático caso de Grecia, un país en cierto modo equiparable a España. Dada la situación que se vivía en sus fronteras con la llegada masiva de migrantes, al gobierno griego le concedieron unos préstamos muy importantes para “armarse” frente al problema migratorio. Con la llegada de la crisis, el país heleno no pudo pagar la deuda. ¿Y qué hizo la UE? Según afirma Carulla, “Europa dejó a Grecia en una situación bastante comprometida. Si bien hubo una especie de condonación de la deuda, esta se llevó a cabo con unas condiciones neoliberales brutales. Una de esas condiciones fue la de reducir las pensiones a la mitad. Una simple orden de la UE ha llevado a todo un país a una situación desesperada. De manera que el riesgo es real”.


Si bien Carulla considera que no se trata de meter miedo en el cuerpo, sí cree, en cambio, que la ciudadanía debe ser consciente de ciertas cosas y movilizarse: “Democráticamente, los ciudadanos únicamente decidimos quiénes queremos que sean nuestros gobernantes, aunque bien es cierto que muchas veces los resultados electorales no nos satisfacen. Pero aceptamos las reglas del juego democrático. Ahora bien, lo que no es tan aceptable es que el único poder de la ciudadanía resida en votar una vez cada cuatro años. El ciudadano ha de ser más activo en el tejido democrático. Por ejemplo, tenemos la cuestión de las pensiones: los pensionistas del país vasco se están manifestando constantemente y la sociedad responde llamándolos yayoflautas con cierto sentido despectivo. Ante cualquier situación contraria al statu quo y a la tranquilidad, la sociedad responde con una especie de desprecio hacia quienes de algún se muestran insistente reivindicando sus derechos. A los ecologistas, por ejemplo, hasta que no se ha demostrado que lo del cambio climático es completamente real, les han dicho de todo. Quienes se mueven y protestan son quienes hacen que una democracia sea más activa”, sentencia.

2019-04-10 06:36:00

 

Publicado enSociedad
El (rápido) retorno del neoliberalismo y la deriva de Lenín Moreno

Mayo de 2017: después de una victoria estrecha frente a Guillermo Lasso, el nuevo presidente del Ecuador Lenin Moreno sucede a Rafael Correa luego de diez años de transformación del país a través de un proceso que se denominó Revolución Ciudadana. Los actores y los analistas políticos veían en el nuevo presidente la continuación de este proceso político, con algunos cambios de forma en la manera de hacer política (sobre todo con menos conflictividad discursiva), como lo anunciaba su lema de campaña “continuidad con cambios”. 

Marzo de 2019: después de menos de dos años en el poder, el nombre de la “Revolución Ciudadana” ha desaparecido de todos los soportes comunicacionales del gobierno; las tensiones aparecidas a partir de septiembre del 2017 hicieron explotar el partido ganador de las elecciones presidenciales y legislativas, Alianza PAIS; la consulta popular de febrero de 2018 permitió trastornar de manera radical la institucionalidad del país; y se instaló poco a poco un nuevo programa de gobierno que se puede calificar de neoliberal. Los cambios han sido muchos más profundos y radicales que lo previsto, sin ninguna continuidad con el proceso anterior. Más bien, las alianzas políticas se han rediseñado al mismo tiempo que se desacredita todo lo sucedido en la década pasada que, en el discurso de los voceros gubernamentales, es sinónimo de despilfarro de los fondos públicos, de corrupción o de ampliación de un Estado obeso para obedecer al autoritarismo de Rafael Correa.


Este giro político de Lenin Moreno acaba con una década de post-neoliberalismo para lanzar de nuevo el país en los devastadores brazos del Fondo Monetario Internacional (FMI) con la excusa de intentar resolver la fuerte crisis económica, responsabilidad, según ellos, del gobierno de Rafael Correa. Antes de analizar lo sucedido en el último año en Ecuador, es preciso volver sobre lo que es el neoliberalismo para entender mejor lo que está pasando.


1. ¿Qué es el neoliberalismo?


A pesar de que sus primeros experimentos políticos tuvieron lugar en el Chile de Pinochet, son los gobiernos de Thatcher en Reino Unido y Reagan en Estados Unidos, al inicio de los años 1980, que hicieron del neoliberalismo un modelo socio-económico a copiar en otros países. Sus bases teóricas se construyeron desde los años 1930 con el intelectual Fredrich von Hayek, alrededor de dos temas claves: la defensa del liberalismo político – principalmente la democracia representativa y el Estado de derecho – y la oposición a toda intervención del Estado en las actividades económicas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el keynesianismo se impuso en todos los países centrales del capitalismo mundial lo que hizo que los neoliberales tuvieron que esperar su crisis en los años 1970 para surgir como una alternativa a este sistema. Para eso benefició de las redes que había tejido antes y que se articulaban alrededor de algunos think tanks [2] que se convirtieron en instancias privilegiadas del activismo político de los intelectuales neoliberales. Ahí podían influir directamente, a través de la lucha de ideas, en los campos económicos y políticos reuniéndose con otros académicos, ciertos políticos de derecha (principalmente del partido conservador en Reino Unido), editorialistas de medios de comunicación importantes y algunos grandes empresarios. Pero una cosa es establecer las condiciones intelectuales para crear opiniones, influir en la elite política, económica y mediática; otra es hacer de esta idea una fuerza política capaz de ser ejecutada en el campo político. Para lograr este objetivo, los think tanks neoliberales aprovecharon de una coyuntura favorable con la crisis del keynesianismo, el cuestionamiento de un modelo basado en una importante intervención del Estado y la crisis política que atravesaba Reino Unido y el partido conservador.


Una vez que este modelo llegó al poder con Thatcher y Reagan, se ha convertido progresivamente en hegemónico a nivel mundial. En sus cuarenta años de vigencia, ha evolucionado adaptándose a las crisis que el mismo genera: “ el neoliberalismo se nutre actualmente de las reacciones de hostilidad que suscita.” Al principio, se ejecutó en los campos económico y social con el apoyo de una cierta institucionalidad y de normas jurídicas para luego propagarse en los campos políticos, culturales, intelectuales, entre otros. Siguiendo a Gilles Christoph, concebimos el neoliberalismo como un “sistema complejo” es decir “un conjunto de elementos unidos por relaciones de interacción y de interdependencia, de las cuales emerge una estructura coherente, ordenada.” [3]


Para que este sistema pueda existir y ser coherente, el neoliberalismo necesita de la acción del Estado para crear las condiciones favorables a la expansión de la libre competencia – entre empresas pero también entre países para atraer las inversiones –, la libre circulación de los capitales, es decir someter a los países e individuos al orden económico. Se necesita de un Estado que legisle y adopte normas para que el derecho privado prima sobre lo público y los individuos, para disminuir el precio del trabajo y la carga tributaria para las empresas. También los Estados deciden someterse a instituciones internacionales que garantizan el funcionamiento del orden neoliberal como son la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial o la Unión Europea.


Se trata de una nueva “razón-mundo” [4] que se basa en la extensión de la lógica capitalista en todas las esferas de la sociedad y de la vida. Es parte de la evolución del capitalismo como nueva etapa de acumulación de capital que se esparce territorialmente en todos los rincones del mundo. Dentro de la historia del capitalismo, el neoliberalismo corresponde a su fase financiera, sucediendo al capitalismo mercantil y al industrial. Esta financiarización de la economía se acompaña de la globalización de los intercambios comerciales y de la mercantilización de todos los espacios. Un ejemplo de esto es el éxito recién del concepto de economía verde que, aprovechando de la crisis ambiental y del cambio climático, abre nuevas oportunidades y mercados para el capital, valorizando , entre otras cosas, la naturaleza para mercantilizarla.


El neoliberalismo es inseparable del productivismo y del consumismo que empezó a aparecer en los años 1950 en las sociedades occidentales pero también del individualismo de los años 1970. El ser humano ya no es visto como un ser social sino como un consumidor, lo que vuelven más borrosos los vínculos sociales, el sentimiento de pertenencia a una colectividad común. Las consecuencias en la vida en comunidad son importantes porque ese individualismo lleva a concentrarse en la esfera privada considerada como el núcleo base para la emancipación y el respeto de las libertades individuales. La desafección por la política es real y se expresa, entre otras cosas, por porcentajes cada vez más importantes de abstención electoral o por un alejamiento de los partidos políticos. La satisfacción de las necesidades y deseos individuales y la búsqueda de la realización personal son los principales objetivos de este individualismo para alcanzar la felicidad.


El sistema neoliberal se mantiene alimentándose de las diferentes crisis. Por ejemplo se pensaba que la crisis de 2008 iba a generar un cambio de orientación en las políticas públicas en el centro capitalista yendo hacia un post-neoliberalismo. Pero no fue así y asistimos más bien a una radicalización neoliberal reafirmando así que el neoliberalismo gobierna a través de las crisis: “La crisis se ha convertido en un verdadero modo de gobierno” [5] . Aunque tenga que tomar medidas contrarias a la mayoría de la población, la prioridad es salvar al capital y relanzar la economía.


2. La deriva neoliberal de Lenin Moreno


Fue con el argumento de afrontar la crisis económica que el presidente Lenin Moreno dejó de lado el programa con el cual ganó las elecciones presidenciales de 2017 para apropiarse las críticas y las soluciones de sus opositores durante estas elecciones. Si repite desde dos años que heredó de una crisis económica fuerte (“La mesa no estaba servida”), de un sobreendeudamiento público y de un Estado obeso que vivía por encima de las capacidades financieras del país, parece más bien que esta crisis ha sido inducida para facilitar la aceptación de las medidas de shock que está implementando para resolverla: austeridad presupuestaria, privatizaciones, disminución de los subsidios, eliminación de ciertos impuestos para las empresas, etc.


En los tres últimos años en el poder, el gobierno de Rafael Correa tuvo que afrontar una crisis económica que venía de cuatro componentes: la dependencia de la economía ecuatoriana a la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas (entre 2014 y 2016 el precio del petróleo pasó de cerca de 120 dólares a 20 dólares en sus niveles más bajos); la presencia de un dólar fuerte, lo que tiene consecuencia para sus exportaciones; la devaluación de las monedas de los países vecinos, Perú y Colombia, lo que disminuye la competitividad de sus productos; y las consecuencias económicas del terremoto de abril de 2016 evaluadas en alrededor del 3% del PIB. Además del pago de más de 1000 millones de dólares a la petrolera OXY por un arbitraje internacional a inicios de 2016.


Este periodo de crisis ha profundizado la polarización política y la frontera correismo/anti-correismo. Las manifestaciones de junio de 2015 , las más importantes que tuvo que afrontar la Revolución Ciudadana, mostraron el descontento de una parte de las clases medias, producto, en gran parte, de las políticas públicas de la Revolución Ciudadana pero muy sensibles a los discursos consumistas. Fue por eso que se movilizaron cuando se tomó la decisión de implementar salvaguardias (aranceles) para desincentivar ciertas importaciones y la consecuente salida de divisas. Durante los diez años de la Revolución Ciudadana, a pesar de la existencia de un cierto discurso hegemónico en cuanto a la apropiación de los derechos sociales, no hubo cambios profundos en lo que Gramsci llama el sentido común [6] a partir del cual se construye formas específicas de subjetividad: no se ha desarrollado una contra-hegemonía cultural al neoliberalismo [7] . Además no ha sido posible tampoco luchar contra un discurso anti-impuestos muy vinculado con un discurso anti-Estado, herencia de los años neoliberales pre-Revolución Ciudadana.


Así la base cultural del neoliberalismo seguía presente cuando llegó Moreno al poder. El rol de los medios de comunicación es fundamental para alimentar este sentido común neoliberal. Los medios privados han actuado como actores políticos y han sido uno de los principales opositores de la Revolución Ciudadana. No es una casualidad que ahora se han convertido en una caja de resonancia del gobierno de Moreno, medios privados y públicos apoyando al unísono el cambio de rumbo de la política gubernamental. Ellos son parte del bloque de poder actual sobre el cual se apoya el gobierno de Lenin Moreno y que está conformado por cuatro otros sectores cuyo denominador común es el anti-correismo. Es necesario precisar el rol de los diferentes actores y sus alianzas porque el neoliberalismo debe analizarse también como un conjunto de relaciones de poder que someten la sociedad a la lógica de acumulación del capital.


El primer sector del bloque de poder lo constituyen las cámaras de la producción (comercio, industria) que habían perdido el poder de decidir sobre la política económica durante la década anterior. Su mayor representante dentro del gobierno es el ministro de Economía y finanzas Richard Martínez que hizo toda su carrera profesional dentro de las cámaras empezando como técnico para llegar a ser, desde 2015, Presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y Presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. El segundo sector es la derecha encabezada por el Partido Social Cristiano cuyo líder es el actual Alcalde (saliente) de Guayaquil, Jaime Nebot el cual se proyecta como uno de los principales presidenciables para las elecciones de 2021. El PSC es el principal aliado del oficialismo en la Asamblea nacional y participa en la repartición de las diferentes instituciones públicas por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición. En este CPCCS transitorio cuyas conformación y misiones vienen de la Consulta Popular de febrero de 2018 , confluye otro sector que participa del bloque de poder: las organizaciones políticas, sociales y sindicales de izquierda que se oponían al gobierno de Correa. Ahí están presentes algunos socialistas liderados por el ex rector de la Universidad Andina Enrique Ayala Mora o el movimiento indígena alrededor de la CONAIE, cuyas demandas particulares han sido satisfechas, como el retorno de la autonomía de la educación intercultural bilingüe o la reapertura de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi . La CONAIE participa también en la repartición de las instituciones estatales, ya que la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral es dirigente de esta organización. Finalmente, el último sector está representado por la alta sociedad civil simbolizada por el ongismo y el poder importante de representantes del pequeño movimiento político Ruptura de los 25 (como el Secretario particular de la Presidencia Juan Fernando Roldan y la Ministra del Interior y también Secretaria de la Política María Paula Romo).


Paradójicamente este bloque de poder es muy cercano a la alianza electoral que se forjó durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2017 en apoyo a Guillermo Lasso para confrontar a Lenin Moreno, en ese entonces candidato de la Revolución Ciudadana. Con la gran diferencia que Lasso se queda como opositor al gobierno actual, dejando el espacio a Nebot. Se trata del remplazo de la estructuración política tradicional alrededor del eje izquierda/derecha por un “neoliberalismo progresista” en el cual algunos nuevos movimientos sociales se alían con los poderes económicos y financieros, en este caso para poner fin al correismo (durante las elecciones) y con el objetivo de “descorreizar” las instituciones públicas a través, por ejemplo, del CPCCS de transición.


Este bloque de poder legitima las reformas económicas neoliberales implementadas por los sectores empresariales que están representados directamente en el gobierno, generando así conflictos de intereses en su sector. Laval y Dardot hablan de la “esencia oligárquica de la “gobernanza neoliberal” […] un modo hibrido de ejercicio del poder que se sostiene a la vez en el gobierno de unos pocos o de la elite, en el sentido de una expertocracia, y en un gobierno para los ricos, en el sentido de su finalidad social.” [8] Además del ministro Martínez, los casos más emblemáticos son los ministros de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez quien está vinculado al sector petrolero internacional como Halliburton; de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo quien viene del sector bananero; del Ambiente, Marcelo Mata, abogado especializado en licencias ambientales para Petroecuador; de Transporte y Obras Públicas, Aurelio Hidalgo, quien fue director de varias concesionarias fluviales y viales en Ecuador y en otros países y cuya familia tiene una de las principales empresas de construcción a nivel nacional ( Hidalgo & Hidalgo S.A. ); de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Guillermo León Santacruz, un empresario del sector de informática y telecomunicación; de Producción, Comercio Exterior , Inversiones y Pesca, Pablo Campana, quien tiene una larga trayectoria en el sector empresarial, principalmente en uno de los grupos económicos más grande del país, el grupo Nobis de su suegra Isabel Noboa.


Este último influyó en la Ley de Fomento Productivo para eliminar el impuesto a la salida de divisas (fundamental en una economía sin moneda propia) para las nuevas inversiones, y ha estado atrás de los procesos para la firma de tratados de libre comercio con EEUU y Canadá, así como de retomar la firma de tratados bilaterales de inversión (TBI). El objetivo de los grandes grupos económicos es la eliminación de este impuesto bajo el discurso de incentivar la inversión extranjera. En la lógica neoliberal, n o se puede controlar el capital, ni poner impuestos al capital. Más bien hay que protegerlo y atraerlo con subsidios y otras exoneraciones. Es esta lógica que constituye el espíritu de la Ley de Fomento Productivo , además de poner obstáculos para que el Estado tenga un rol activo en la economía.


Las reformas económicas están acompañadas por una política de austeridad que busca la eliminación de ministerios y secretarias de Estado así como la disminución del número de servidores públicos bajo el argumento de eficiencia y de acabar con la “obesidad” del Estado, sin precisar cuál sería su tamaño ideal. Es con el mismo argumento que se quiere concesionar la administración de ciertas empresas públicas (un tipo de privatización), principalmente las vinculadas con el sector de telecomunicación y de hidroelectricidad que son las más rentables. El mercado sería más eficiente para la administración de estas empresas y el lenguaje empresarial domina los discursos gubernamentales. Esta reforma del Estado está cobijada en e l discurso de la lucha contra la corrupción, la cual se aplica solo a los servidores públicos, y no a los actores privados, para desgastar lo público y legitimar el debilitamiento del Estado.


Otra política de austeridad que se está implementando es la de bajar los sueldos en la función pública, lo que tendrá consecuencia también sobre el nivel de los sueldos en el sector privado. Si se añade a esta acción la desvinculación laboral de decenas de miles de funcionarios, estos estarán listos a cobrar un sueldo menor para encontrar un nuevo trabajo. La política de bajos sueldos está reclamada por los sectores empresariales bajo el argumento de bajar los costos de producción de las mercancías ecuatorianas y así poder competir en los mercados internacionales, ya que Ecuador tiene uno de los sueldos básicos más altos de América Latina. El próximo objetivo anunciado por el gobierno es la flexibilización del mercado laboral con cambios en el Código laboral.


Todas estas reformas neoliberales se han efectuado para preparar la llegada de la ayuda financiera del FMI. A principio de marzo, en medio de la campaña para las elecciones locales, en las cuales, oficialmente, el gobierno no participó, se firmó el Acuerdo con el FMI. Al momento de escribir este artículo, todavía no se conoce los alcances de este acuerdo que, con el apoyo de otros organismos internacionales, llegaría a prestar al Ecuador unos 10 000 millones de dólares. Se dio a conocer unas reformas legislativas en las cuales se afirma la prevalencia del mercado y de la libre competencia en contra del modelo anterior centrado en la acción del Estado como motor de la economía. El programa político está orientado en el cuidado de los grandes equilibrios macroeconómicos como el fin del déficit comercial, la reducción de la deuda del Estado y del déficit público. Otros señales tienen que ver con la disminución de los subsidios a la gasolina súper y extra, las próximas concesiones de la gestión de los bienes públicos al sector privado, la voluntad de flexibilizar el mercado laboral, etc.

A pesar de decir constantemente lo contrario, en ningún país del mundo se ha podido combinar neoliberalismo y protección social. Hay que temer consecuencias negativas para la sociedad ecuatoriana, entre éstas el aumento de la desigualdad social y de la pobreza. La pregunta que queda por hacer: ¿cuál será la capacidad de resistencia social frente al deterioro social que ocurrirá con estas medidas? El ambiente de polarización política correismo/anti-correismo no ayuda en este panorama porque divide las fuerzas populares y favorece al bloque de poder. La etapa que se abrirá luego de las elecciones locales que tuvieron lugar el 24 de marzo nos dará primeras respuestas.

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El autor es Candidato al doctorado en ciencia política de la Universidad de Paris 7.
[2] Los cuatro principales think tank neoliberales en los años 1970 eran la Sociedad Mont Pelerin, el Institute of Economics Affairs, el Centre For Policy Studies y el Adam Smith Institute. Además de ser co-fundadores del primero, Hayek y Friedman tuvieron roles muy importantes en todos estos organismos. Ver Dixon Keith, 1998, Les évangélistes du marché, Paris, Raisons d’Agir Editions.
[3] Christoph, Gilles, 2010, “Le néolibéralisme: un essai de définition”, en Espiet-Kilty, Raphaële (dir.), Libéralisme(s) ?, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, p. 82.
[4] Dardot, Pierre, Laval, Christian, 2009, La Nouvelle Raison du monde. Essai sur la société néolibérale, Paris, La Découverte.
[5] Dardot, Pierre, Laval, Christian, 2016, Ce cauchemar qui n’en finit pas. Comment le néolibéralisme défait la démocratie, Paris, La Découverte, p. 32.
[6] Gramsci, Antonio, 2015, Cartas desde la cárcel, Buenos Aires, Editorial Losada.
[7] La inclusión del concepto del Buen Vivir en la Constitución hubiera podido disputar la hegemonía del sentido común neoliberal.
[8] Dardot, Pierre, Laval, Christian, 2016, Ce cauchemar qui n’en finit pas. Comment le néolibéralisme défait la démocratie, Paris, La Découverte, p. 24.

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Tras el “gran debate” Macron baja impuestos

El presidente francés tendrá que cumplir una “fórmula imposible”: bajar impuestos sin desencadenar un déficit. Es la solución temporal a la presión amarilla.

 Macron asumió en persona el cara a cara con los franceses ante la presión de los chalecos amarillos. 

No derribar el sistema ni pagar más impuestos. Este es el retrato que esbozó el gobierno cinco meses después del gran temblor desencadenado por el movimiento de los chalecos amarillos y tras dos meses del “gran debate nacional” cara a cara con los franceses asumido en persona por el presidente Emmanuel Macron. La megaconsulta diseñada como un método para superar la crisis amarilla deja un puñado de síntesis contradictorias presentadas ayer 8 de abril por el primer ministro Edouard Philippe y cuyo principal eje consistió en haber constatado “una inmensa exasperación fiscal”. El Gran debate se articuló en torno a diez mil reuniones de iniciativa local, 30.000 correos, los famosos “cuadernos de quejas” que se expandieron durante la Revolución francesa de 1789 y cientos de miles de contribuciones ciudadanas remitidas a una plataforma de internet concebida para ello. Francia expresó un reclamo masivo para que bajen los impuestos, una crítica permanente a la manera en que está repartida la carga fiscal, unas cuantas preocupaciones ecológicas sin aceptar por ello pagar por la fiscalidad ecológica y una desconfianza substancial hacia los representantes políticos y los altos funcionarios. Consecuencia de ello: antes de que el jefe del Estado anuncie hacia mediados de abril una serie de medidas, su primer ministro anticipó que se debían “bajar los impuestos lo más pronto posible”.


Todo ha sido inusual en esta fase de tensión política que se inició en noviembre con la revuelta de los chalecos amarillos, prosiguió los días de la semana con la ocupación de las rotondas y los sábados con unas tan puntuales como violentas manifestaciones en las grandes ciudades del país. Apurado por las demandas, el gobierno dio marcha atrás con su proyecto de equiparar el precio del gasoil con el del combustible común y, como ardid político, en diciembre de 2018 inventó un debate que no tiene precedentes en ninguna democracia occidental. Criticado desde el principio, señalado por servir los intereses mediáticos del presidente, el debate se articuló en torno a cuatro temas: transición ecológica, fiscalidad,organización del Estado y servicios públicos, la democracia y la ciudadanía. La sociedad manifestó su preocupación por el cambio climático, se pronunció a favor de los transportes en común y de un “nuevo modelo agrícola”, aceptó la idea de que disminuya el gasto público (56,8% del PIB) al mismo tiempo que se quejó de la desaparición de los servicios públicos en las zonas rurales y se mostró también muy inclinada a que la factura ecológica sea asumida por los “grandes contaminadores”. La gente, mayoritariamente, impugnó la complejidad burocrática de Francia, la inaccesibilidad de los funcionarios, la indolencia del Estado y la postura de los grandes dirigentes políticos. “Vivimos en un país en el que hemos dejado de vernos”, admitió Edouard Philippe.


A través de sus distintos canales, el debate compiló las reacciones de más de un millón y medio de personas. Los datos fueron luego analizados por varios prestatarios privados y, parte de ellos, puestos en circulación en bruto para que sean examinados de forma independiente. La metodología no garantiza sin embargo que este fresco nacional refleje realmente las intenciones y los malestares del país. Citada por el vespertino Le Monde, una encuestadora había señalado que “el método elegido no es el bueno”, es decir, que en ese gigantesco pozo de respuestas “solo se encontrarán las que se fueron a buscar”. Otros expertos en encuestas y opinión pública también habían cuestionado el carácter “dirigido” de las temáticas presentadas así como los riesgos ligados a su interpretación.


Bueno o malo, acertado o manipulado, ese debate ha funcionado como la estrategia con la cual el Ejecutivo se planteó superar la crisis de los chalecos amarillos y encarar los próximos años de mandato. Tiene, a su manera, un tesoro entre las manos pese a que el gobierno siempre se esforzó en señalar que no se trataba de un referéndum vinculante sino de un “muestreo” del estado y los anhelos de la sociedad. Emmanuel Macron prometió que respondería al debate sin “renegar” de su resultado y sin ser tampoco “un cabeza dura”. Emmanuel Macron encontró con su gran debate a la vez un problema y una solución temporal para liberarse de la presión amarilla. Tendrá ahora que cumplir con lo que el mismo suscitó,empezando por la formula imposible: bajar los impuestos sin desencadenar un déficit. Hay que señalar también que las grandes temáticas trazadas por los chalecos amarillos están casi ausentes de este debate. Sus protagonistas tampoco fueron los mismos. Los chalecos fueron el país de abajo, el debate convocó al país del medio.


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Domingo, 10 Marzo 2019 05:34

Sanders conecta con los jóvenes

Sanders conecta con los jóvenes

La revolución del que fue rival de Hillary Clinton en las primarias demócratas sigue viva cuatro años después


Cuando lanzó su primera intentona a la Casa Blanca, en abril de 2015, Bernie Sanders era una rareza. Un senador independiente, autodeclarado socialista en un país que asociaba el término al comunismo, retaba a la perfecta candidata de manual, Hillary Clinton. Con el paso de los meses, el veterano izquierdista empezó a reunir multitudes en los mítines. Al grito de una “revolución política”, se estaba convirtiendo en un imán para los jóvenes y su éxito tomó tal envergadura que obligó a la campaña demócrata a virar a la izquierda.


Perdió las primarias ante Clinton, pero cambió el escenario. O, más bien, plasmó que el escenario había cambiado. Cuatro años después, Sanders vuelve a presentarse para derrotar a Donald Trump en 2020. Ahora tiene 77 años, su mensaje ya no resulta tan heterodoxo y se enfrenta a más de una docena de aspirantes, algunos tan progresistas como él. El viejo político de Vermont, sin embargo, mantiene su aureola.


Entre los votantes de entre 18 y 34 años, independientemente de su género o sus inclinaciones políticas, Sanders alcanzaba el 57% de popularidad el pasado diciembre, según la encuesta de Quinnipiac University. Su ratio de apoyo queda a años luz del 30% en ese mismo sondeo de la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren, que también se ha lanzado a la carrera y representó durante años el gran referente del ala izquierda del Partido Demócrata. Sanders es, gracias también a que es más conocido, el segundo aspirante más valorado por los mileniales, solo superado por el exvicepresidente Joe Biden, moderado.


“Muchos votantes estadounidenses, pero los jóvenes especialmente, están descontentos con la política en el país y quieren un candidato que les parezca auténtico”, reflexiona Craig Varoga, estratega demócrata. “Bernie Sanders, lo ames o lo odies, es auténtico, no esconde en lo que ha creído a lo largo de toda su vida adulta. Además, muchas de sus ideas, como la sanidad garantizada o ayudar a los jóvenes a pagar su formación, tienen el apoyo de muchos demócratas, independientemente de la etiqueta política que se le quiera dar a esas posturas”.


El senador por Vermont anunció que se presentaba el pasado 19 de febrero y ese mismo día ya recaudó 5,9 millones de dólares, según comunicó su equipo de campaña, casi 20 veces más que Warren en su primer día o cuatro veces más que la senadora californiana Kamala Harris.


En seis días, según los datos publicados por The New York Times, ya contaba con 10 millones procedentes de 359.914 donantes cuya edad ronda los 30 años. El dinero, sin embargo, no siempre supone la clave, como bien muestra el caso de Hillary Clinton y su derrota en las presidenciales de 2016.


Las primarias demócratas decidirán si la batalla por derrotar a Donald Trump se libra con un mensaje más o menos escorado a la izquierda. Pero el hecho de que los dos aspirantes más queridos por los mileniales tengan 77 y 76 años —Sanders, con una importante derrota a la espalda, y Biden, con una vicepresidencia— evidencia que para seducirles no hace falta necesariamente ser joven, ni siquiera nuevo.

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Transformar la economía de EU: el Green New Deal

Una nueva propuesta de legisladores del Partido Demócrata busca rediseñar la economía de Estados Unidos. Ha recibido el nombre en inglés de Green New Deal, que se traduce como el "Nuevo trato verde" y renvía al paquete de política económica que introdujo Franklin Roosevelt en 1933 para enfrentar la Gran Depresión.

Esta propuesta ya genera un gran debate en Estados Unidos, polémica que ya hacía falta en un país que se ha inclinado tanto a la derecha que la palabra socialista se ha convertido en insulto. Por ese motivo el Partido Republicano no tardó en atacar la propuesta como un proyecto para llevar a Estados Unidos al socialismo. Y los dirigentes del Partido Demócrata, con Nancy Pelosi a la cabeza, han preferido adoptar una postura de precaución, sin apoyar abiertamente la propuesta del Green New Deal. No sorprende su cautela, pues esa jerarquía del Partido Demócrata ha estado desde Clinton cercana a los grandes intereses económicos que la nueva propuesta va a afectar.

El Nuevo Trato Verde (NTV) es un paquete de política macroeconómica y sectorial para responder a los retos económicos, sociales y ambientales del capitalismo estadunidense. Pretende alcanzar tres objetivos: enfrentar el cambio climático y otros problemas ambientales, reducir la desigualdad social y relanzar la economía por una senda de crecimiento sostenido. La referencia a Roosevelt recuerda que se necesitará una gran movilización de recursos para alcanzar los objetivos planteados.

El Nuevo Trato Verde incluye importantes programas de inversión en infraestructura y para la transición energética. Uno de los ejes medulares del NTV es la transición energética para reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero y transitar hacia un perfil 100 por ciento dependiente de energías renovables. Otra vertiente del NTV consiste en proporcionar servicios de salud gratis a todos los miembros de la sociedad.

Desde luego, la principal objeción de la derecha a este paquete de políticas ha sido su pretendida falta de realismo. La pregunta que se utiliza para atacar la propuesta se disfraza de rigor económico: ¿de dónde va a salir todo el dinero para financiar este programa? Es una interrogante mal intencionada. Detrás de ella se esconde la hipocresía de quienes nunca cuestionaron el costo astronómico de los rescates para el sistema financiero. Es la misma pregunta que encubre la duplicidad de los que hace un año aprobaron la reforma fiscal de Trump, que condujo a un explosivo incremento del déficit fiscal.

Pero a pesar de ser utilizada como ariete para la ofensiva en contra de la propuesta, la pregunta es válida. Y los legisladores del Partido Demócrata han estado tratando de responder con una referencia a la "teoría monetaria moderna", que ha sido promovida por importantes economistas heterodoxos como Randall Wray y Stephanie Kelton. Ésta ofrece una respuesta a la pregunta sobre el origen del dinero muy diferente a la que propone la teoría económica convencional. Esta última es absurda y sostiene que el dinero surge natural y espontáneamente en respuesta a las dificultades que enfrentan las transacciones por medio de trueques. Por el contrario, la teoría monetaria moderna sostiene que el dinero se origina por la acción deliberada del Estado, que al emitir la moneda con la que se pueden pagar impuestos crea el medio de pago generalizado.

La teoría monetaria moderna está siendo sometida a un fuerte debate académico, pero una de sus implicaciones es que el Estado posee un enorme poder de financiamiento y no tiene por qué preocuparse por su endeudamiento: al Estado soberano nunca se le acaba el dinero, pues siempre puede imprimir/emitir nuevos medios de pago. En última instancia, la teoría monetaria moderna sostiene que el dinero tiene valor porque el Estado así lo determina. Para los defensores del NTV, el atractivo de la teoría monetaria moderna es que permite hacer frente a las necesidades de financiamiento porque el endeudamiento público no sería un problema.

Esta postura no es la más adecuada, toda vez que la teoría monetaria moderna no acaba de afinar el análisis en varios puntos delicados que son objeto de debate. Uno de ellos tiene que ver con la inflación y otro con la relación entre ahorro e inversión. Este último tema requiere todavía un análisis más serio sobre el circuito monetario en el contexto del corto y largo plazos. Por esta razón los promotores del NTV cometerán un error si descansan exclusivamente en este planteamiento teórico como respuesta al tema del financiamiento. Hay otras fuentes de recursos, pero también siguen siendo temas tabú. Algunos precandidatos demócratas a la presidencia ya han manifestado la necesidad de incrementar los impuestos para los estratos de mayores ingresos, pero el recorte al gasto militar, que cada año es superior a 740 mil millones de dólares, sigue siendo un tema proscrito. Mientras la cara militar del imperialismo no sea objeto de una crítica profunda, no habrá nuevo trato.

Twitter: @anadaloficial

 

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Es el momento de terminar la revolución que habíamos empezado

En 2016, nuestra campaña inició la revolución política que vivimos. Ahora, es el momento de acabar con Donald Trump, culminar esa revolución e implementar la visión por la que tanto hemos luchado.

Hace una semana, cuando lanzamos nuestra candidatura a las presidenciales, les pedí a todas las personas del país que se uniesen a formar parte de esta campaña de acción popular sin precedentes. La respuesta del pueblo estadounidense ha sido histórica. En seis días, más de un millón de personas han respondido al llamado.


Estadounidenses de absolutamente cada distrito en el país se han apuntado para colaborar en el liderazgo hacia un movimiento que no solo busca derrotar a Donald Trump, el presidente más peligroso de la historia moderna de América. También se trata de constituir un Gobierno basado en unos principios de justicia económica, social, racial y medioambiental.
Esta tarea no va a ser fácil. Hoy en día, la desigualdad en las rentas y la riqueza alcanza la cifra más alta desde la década de 1920: las tres personas más pudientes del país acumulan más capital que la mitad de nuestro país. Pese a una tasa de desempleo relativamente baja, millones de personas se ven obligadas a pluriemplearse porque sus salarios no les sacan de la hambruna. 34 millones de americanos no cuentan con seguro médico y somos el país que más paga por medicamentos prescritos en el mundo.


Mientras gastamos casi el doble per cápita en asistencia sanitaria que cualquier otro estado, nuestros resultados médicos son peores y la esperanza de vida está en declive. Ya es tiempo de que nos unamos al resto de potencias y garanticemos la atención sanitaria que se merecen y que tienen por derecho, porque no es un privilegio, a través de un programa de sanidad pública (Medicare For All).


Vergonzosamente, tratamos a la gente más vulnerable con desdén. De entre las naciones más desarrolladas, tenemos el índice de pobreza infantil más alto y un sistema de cuidado de menores que no solo no funciona, sino que la mayoría no se puede permitir. La mitad de la población anciana no tiene jubilación y, mientras, hay muchos republicanos que quieren recortar la Seguridad Social.


Entre tanta desgracia, tenemos un presidente que miente patológicamente, que es un fraude, que es racista, xenófobo y machista. Un fanático religioso que está llevando al país hacia el autoritarismmo.


Vamos a tener que enfrentarnos a los intereses concretos y basados en el poder que dominan nuestra esfera económica y política: enfrentarnos a Wall Street, a las compañías de seguros médicos, la industria farmacéutica y la de los combustibles fósiles, a las infraestructuras industriales militares, la industria privada de las prisiones y a las corporaciones multinacionales. Es la única manera de vencer, de establecer un Gobierno y una economía que funcione para la mayoría. Estos intereses especiales gozan de un poder extraordinario y estarán dispuestos a gastarse indecentes cantidades de dinero para sostener sus status quo y su riqueza.


La única manera de vencerlos a ellos y a Donald Trump, quien se nutre de este sistema, es a través de los movimientos populares. Movimientos que no se han visto jamás en la historia de Estados Unidos. Hombres, mujeres, negros, blancos, latinos, indios americanos y asiático-americanos, gays y heterosexuales, jóvenes y mayores, nativos y migrantes debemos permanecer juntos y afrontar los desafíos que nos atañen como nació


En un momento en el que nuestra infraestructura se desmorona y atravesamos una crisis de vivienda, podemos crear millones de puestos de trabajo bien pagados si reconstruimos nuestro país. Juntos, podemos incrementar el salario mínimo a un sueldo digno de 15 dólares la hora, asegurar la igualdad salarial entre hombres y mujeres y garantizar a los trabajadores licencias médicas para ellos y sus familias.


No podemos permitirnos esperar más para hacer frente de una vez por todas al la amenaza existencial del cambio climático. Debemos alejar nuestro sistema energético de los combustibles fósiles y derivarlos hacia las renovables y el rendimiento energético.


Por increíble que parezca, hay mucha gente joven que no puede permitirse ir a la universidad: la deuda de préstamos estudiantiles ha alcanzado la cifra de 1,5 billones de dólares. Está en nuestra mano reducir esta cantidad tan atroz y fomentar las universidades públicas.


EEUU tiene la tasa de encarcelación más elevada del mundo y los afroamericanos son encerrados hasta cinco veces más de promedio que la gente blanca. Nuestro deber es acabar con la destructiva "guerra contra las drogas", abolir las cárceles privadas y las fianzas en metálico y reformar al completo los departamentos policiales.


En vez de demonizar a las personas indocumentadas como hace nuestro presidente, lo que deberíamos hacer es luchar por implantar una reforma migratoria asentada, que facilite la vía para tramitar la ciudadanía y otorgue de forma inmediata el estatus legal para los menores que quedan adscritos al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. También para proteger en términos humanitarios a aquellos que solicitan asilo en la frontera.


Tenemos que defender a las mujeres y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, especialmente en un momento en el que no solo este sino muchos otros están siendo atacados a nivel local, federal y estatal.


Para hacer frente a la epidemia de violencia por armas, necesitamos acabar con la Asociación Nacional del Rifle, ampliar las investigaciones por antecedentes, poner fin a las lagunas legales y prohibir la venta y distribución de armas de asalto.


Y, finalmente, debemos eliminar el apoyo que ha fundado Trump hacia los líderes autoritarios. Estamos necesitados de una política exterior que se enfoque en la democracia, los derechos humanos, la paz mundial, la igualdad global en riqueza, el cambio climático y la evasión fiscal a gran escala.


En 2016, nuestra campaña comenzó la revolución política. Las ideas por las que luchábamos, que entonces se tacharon de "radicales" y "extremas", ahora son avaladas por la sociedad estadounidense. Por lo tanto, es ahora el momento para derrotar a Donald Trump, culminar esa revolución e implementar la visión por la que tanto hemos luchado.

 

Por Bernie Sanders
The Guardian / El diario
Traducido por Naiara Bellio

 

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La Constitución y el pollo congelado. Cubanos a las urnas

Este domingo, los cubanos decidirán si aceptan la reforma constitucional que vienen discutiendo, en una jornada que, por fin, ofrece algunas incertidumbres. El contenido y el nivel de las polémicas y la difícil coyuntura económica en que se dieron son los ejes de esta nota.

 

A comienzos de este mes, el pollo “regresó”a Cuba. La expresión podría parecer un burdo ejercicio de sensacionalismo, pero no lo es. En realidad, a finales de noviembre del año pasado, los paquetes de pollo congelado comenzaron a desaparecer de los anaqueles de las tiendas en todo el país; durante diciembre y enero su ausencia fue total.


Todo sucedió en el peor momento posible. Por los mismos días habían sufrido roturas los tres molinos de harina de trigo existentes en la isla, lo que puso en crisis diversas producciones alimentarias. La del pan fue la más afectada, al punto de que en muchas regiones se decidió suspender su elaboración, debido a la pésima calidad de la materia prima disponible. El panorama se completó con la aguda escasez de carne de cerdo, que venía arrastrándose desde el año precedente, que impidió a numerosas familias celebrar las tradicionales cenas de Nochebuena y Fin de Año.


En días tan difíciles, la revolución conmemoró su aniversario número 60. Santiago de Cuba, la ciudad escogida para el acto central, semejaba un oasis de “fervor revolucionario” en medio del malestar reinante en buena parte de la geografía nacional. La inquietud se hacía más profunda ante las perspectivas del futuro inmediato, que el presidente Miguel Díaz-Canel definió como “de sacrificios y mucho trabajo”. Confirmando sus palabras, en el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional a finales de diciembre se preveía una reducción de más de 400 millones de dólares en las importaciones para el primer semestre de 2019 (una reducción de alrededor de 10 por ciento respecto de las ya magras partidas de 2018). Como nota al pie, vale apuntar que el gobierno cubano dedica una cuarta parte de sus divisas a la adquisición de alimentos; el mismo objetivo, dentro del presupuesto de una familia promedio, puede llegar a demandar hasta la totalidad de los ingresos mensuales… por insólito que parezca.


¿QUÉ SE VOTA ESTE DOMINGO?


Más de ocho millones y medio de cubanos están convocados a las urnas este 24 de febrero, en el primer referendo constitucional organizado en el país desde 1976. Aunque a todas luces resultará virtualmente imposible igualar el masivo respaldo que por aquella época mereció la actual carta magna (97,7 por ciento de aprobación, con 98 por ciento de asistencia), en la isla son pocos quienes dudan de que el proyecto conseguirá el respaldo necesario para salir adelante.


A estas alturas del proceso, las únicas preguntas válidas parecen ser las relativas a la magnitud que alcanzará el porcentaje de votos en contra, anulados o en blanco, y si la activa campaña oficial será capaz de revertir –o, al menos, contener– la tendencia decreciente en la asistencia a los colegios. Durante los últimos procesos electorales, el primero de esos segmentos ha ido ganando seguidores, hasta englobar un pequeño pero en modo alguno despreciable 5,6 por ciento de los sufragios. En paralelo, la participación cayó a 85,6 por ciento en los comicios generales de marzo del año pasado, que a su vez marcaron un descenso de 5 por ciento respecto de la más reciente consulta de ese tipo, organizada en enero 2013.


“Doy por hecho que el proyecto tal cual está –por muchas razones; una de ellas, que no se ha podido hacer una campaña contrapuesta al voto Sí– será aprobado”, anticipó días atrás el jurista y bloguero Eloy Viera Cañive, al participar en un panel desarrollado en el centro cultural Padre Félix Varela, adscripto al arzobispado católico de La Habana. En su opinión, la atención debe centrarse, antes que en el texto en sí, en las numerosas normas que habrán de complementarlo. El proyecto “dice en más de ochenta ocasiones que la ley posterior regulará algo que debió haber dejado por lo menos claro, llano y diáfanamente enunciado. Lo que le queda a la ciudadanía activa por delante es un proceso de veeduría de las formulaciones, porque en esas se van a materializar más control o menos control, más defensa o menos defensa de la ciudadanía”.


Lograrlo no será fácil, consideró en la ocasión otro de los asistentes, el doctor en ciencias jurídicas Julio Antonio Fernández Estrada, al recordar los estrechos márgenes en que se movió el debate constitucional dentro del Parlamento. “Es muy extraño que no haya habido en el voto nominal ni un No. Eso liquida la posibilidad de que la Asamblea Nacional represente a todos los sectores de la población, como se ha dicho hasta ahora. Para eso tendría que haber al menos un voto negativo. Todos los que voten No el 24F estarán sin representante en el órgano legislativo”.


Casi desde el comienzo de la discusión, a mediados de 2018, la nueva carta magna perdió su condición de texto jurídico para convertirse en una suerte de bandera plebiscitaria acerca de “la continuidad del socialismo”. A lo largo de sus distintas etapas (que arrancaron con el anteproyecto redactado por una comisión presidida por el propio Raúl Castro), el proceso ha sido aprovechado para que Díaz-Canel acumule respaldo popular sobre la base de una retórica inclusiva, dominada por mensajes como el de “aceptar todos los criterios”, y constantes recorridos por el interior del país, un ejercicio que Fidel y Raúl Castro postergaron en los epílogos de sus respectivos mandatos.


Más de seis meses después, lo acontecido genera visiones contrapuestas. En tanto la disidencia interna asegura por medio de Internet que grandes colectivos sociales se oponen al proyecto, las autoridades estatales dan por descontado “el éxito del referendo” o, en otras palabras, el triunfo arrollador del Sí.


De cara al 24 de febrero, la autotitulada oposición resulta poco menos que intrascendente, por su número y los continuos años de peleas entre grupos rivales, más preocupados por las asignaciones del exterior que por presentar un proyecto alternativo de país. Desde hace tiempo, su agenda se centra en amplificar cuanto hecho delictivo se produce en la isla y promover mediáticas marchas de protesta, en las que los agentes de la seguridad del Estado y los curiosos superan con creces al número de sus manifestantes.


Partiendo de esa “ausencia de rivales”, analistas progubernamentales, como el escritor y periodista Iroel Sánchez, han proyectado un escenario en el que el éxito de la propuesta se perfila como inevitable, tras la masiva asistencia a las asambleas de consulta del texto. “Entre agosto y noviembre de 2018 emanaron más de 700 mil propuestas que modificaron el 60 por ciento del proyecto. O sea que el pueblo participó directa, libre y ampliamente en un proceso iné-dito en muchas otras naciones”, resaltó Sánchez en una entrevista aparecida días atrás en medios españoles y replicada en su blog, La Pupila Insomne.


DE LA CALLE A LA LEY.


A comienzos de semana, una “guía” difundida por el sitio digital alternativo El Toque ofreció a sus lectores 11 aspectos positivos e igual número de negativos a tener en cuenta en el momento de acudir a las urnas. Entre sus motivos para ratificar la propuesta, sobresale el reconocimiento al “sistema de derechos humanos como base de regulación” (algo inédito en la legislación local) o la reasunción de la autonomía municipal, abriendo la posibilidad a una participación más amplia y efectiva de la población en el gobierno. Desde una óptica negativa, son asumidos el monopolio político ratificado para el Partido Comunista, que lo coloca por “encima de los órganos estatales”, y la distinción hecha entre la inversión extranjera (que se promueve) y la nacional (obviada en todas las versiones del texto), lo que avala “la discriminación de lo cubano con respecto a lo extranjero”.


En diciembre, a poco de haber sido llevada a la Asamblea Nacional la versión que ahora se somete a escrutinio, el sitio digital oficialista Cubadebate publicó un amplio resumen de los planteamientos de la ciudadanía. Significativamente, sólo tres artículos (de entre 224) habían motivado 45 por ciento de las intervenciones. El primero de ellos era el que abría la puerta al matrimonio igualitario, en definitiva “diluido” en el compromiso de convocar un referendo sobre el nuevo Código de Familia dentro de dos años. Los otros dos artículos se centraban en los protocolos establecidos para la elección de un cargo hasta ahora inexistente (el de presidente de la República), y no fueron modificados.


Tampoco encontraron cabida en el documento final las más de 50 mil opiniones que demandaban establecer la obligatoriedad del trabajo, pues esa idea, resaltaron desde la comisión constituyente, “no se ajusta a los convenios internacionales firmados por nuestro gobierno”, y una larga lista de propuestas (49,9 por ciento del total) quedó fuera por haber sido consideradas “improcedentes desde el punto de vista jurídico”.


A pesar de las urgencias cotidianas, el “tema de la Constitución” se ha mantenido por meses en el espectro de intereses del cubano promedio, mas tal grado de prioridad no puede conservarse de forma indefinida. Sobre todo cuando asuntos tan vitales como la adquisición de alimentos demanda todo el tiempo y los recursos disponibles. Y menos cuando buena parte del camino por venir ya tiene trazada su hoja de ruta, cualesquiera sean las estadísticas que nos deje el domingo.

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Trabajadores contra privatizaciones y medidas económicas de Lenín Moreno

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) del Ecuador, tras una multitudinaria marcha en Quito en protesta contra las medidas económicas del gobierno como el aumento en el precio de los combustibles y la amenaza de privatización de empresas estatales, exigió al presidente Lenín Moreno la inmediata puesta en marcha de cuatro medidas correctivas. 

El movimiento obrero exigió como primer punto la derogación total del decreto con el que el presidente normó el alza de los precios de los combustibles y la actualización del costo de algunos derivados de manera mensual, en momentos en que las estadísticas oficiales confirman el aumento de la pobreza durante el último año.


El segundo punto, en cambio, es la solicitud de la renuncia de Santiago Cuesta, consejero de Gobierno, por haber planteado la privatización y concesión de empresas públicas. Mesías Tatamuez, dirigente de la Cedocut, aseguró que en el sector de las telecomunicaciones, que el gobierno pretende privatizar y entregar a empresas trasnacionales, es donde está el futuro de la economía a nivel mundial.


Voceros del gobierno anunciaron días atrás que se iniciarán las concesiones de empresas públicas (empezando con las de telecomunicaciones e hidroeléctricas), lo que en realidad es una privatización de hecho. La desesperación por obtener rápidos fondos para el fisco ha hecho que se pierda de vista la Constitución y el interés nacional.


En lo de fondo el problema es que se ha impuesto en esferas gubernamentales un retroceso conceptual sobre el país. No hay la mínima idea de lo que ha sido la historia económica y social. Se ataca a los bienes y servicios públicos con los argumentos del sector privado, sin entender que la empresa pública se guía por propósitos y administración distintas, ya que mientras al Estado interesa atender a los ciudadanos, al sector privado solo le motivan las ganancias, señala Juan Paz y Miño.


Lo cierto es que se siguen dictados extranjeros y de organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, mientras desde el gobierno se desconoce las nefastas experiencias latinoamericanas con las privatizaciones y concesiones. No hay conocimiento de los estudios nacionales o internacionales que analizan y cuestionan el caduco liberalismo económico.


Seguridad social y corrupción


En tercer lugar los obreros plantearon la defensa de la seguridad social. El FUT rechazó la propuesta oficial del aumento de los años para poder jubilarse y la reducción de las pensiones, como solución al problema a la crisis del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social, mientras los principales culpables de la situación están libres o prófugos.


También solicitó la central empresaria la ejecución de la ofrecida “cirugía mayor contra la corrupción”, recuperando los dineros que salieron del país a través de la corrupción.
José Villavicencio, presidente del FUT, explicó que esta fue sólo la primera de muchas movilizaciones, y señaló que si el Gobierno no escucha sus pedidos se confirmará un frente de resistencia junto a otros sectores sociales como los indígenas, maestros, estudiantes, para radicalizar la protesta social en las calles.


Cabe recordar que a finales de 2018, los obreros protestaron en contra del alza en el precio de los combustibles. Tras la protesta, Villavicencio no descartó que el movimiento trabajador siga participando en las iniciativas de diálogo nacional del Gobierno, para llegar al denominado acuerdo nacional, de cumplirse varias condiciones como la derogación total del decreto con el que el presidente Lenin Moreno normó la actualización en el precio de los combustible, con el que el precio de algunos derivados se cambia cada mes.


También pidió un compromiso por escrito del mandatario para que no se concesione ninguna empresa pública. Caso contrario – dijo- no participarán más en las mesas de diálogo del gobierno y se radicalizarán las protestas en las calles en su contra.


Los trabajadores afianzaron sus alianzas con el movimiento indígena que se movilizó a inicios de semana en carreteras de la provincia de Pihincha y también de la zona rural de Cotopaxi.


De la movilización de Quito también participaron otros sectores sociales y políticos como el movimiento Pachakutik, la dirigencia de Unidad Popular, de la Unión Nacional de Educadores, así como dirigentes políticos como Enrique Ayala Mora, Gustavo Terán, Jorge Rodríguez, Blanca Chancoso y María Arboleda.

Por Eloy Osvaldo Proaño
CLAE / Rebelión

 


Eloy Osvaldo Proaño: Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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Domingo, 06 Enero 2019 04:56

Desde otro lugar, con otras reglas

Desde otro lugar, con otras reglas

Licenciado en letras y filósofo, Valdés se dedica al estudio de los movimientos sociales y políticos emancipatorios en América Latina, y coordina el Grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología, del Instituto de Filosofía de La Habana. En esta entrevista1 se explaya en particular sobre las nuevas articulaciones entre mercado y socialismo en debate en Cuba.

—En las discusiones sobre el socialismo, en ocasiones se desatiende el significado de este concepto para la gente, su lugar en el sentido común de los cubanos.


—Creo que existe una novedad conceptual en el denominado “proceso de actualización” y en la discusión de una nueva Constitución. Ambos procesos, que no están desligados, tienen un impacto en la noción que sobre el socialismo hemos incorporado en la teoría y el imaginario social cubano.


En medio de tantos desaprendizajes necesarios y de tantas desconstrucciones desmovilizadoras, es innegable la necesidad de ejercer, como diría Marx, la crítica radical de todo lo existente. Hoy esa crítica implica “desaprender”, sin violar la continuidad de lo conocido, las nociones históricas conformadas y el instrumento cognitivo heredado tal y como lo recibimos de versiones limitadas del llamado marxismo-leninismo.


Las soluciones económicas, políticas, jurídicas, éticas, estéticas y culturales que necesitamos para enfrentar los nuevos retos no podrán efectuarse apelando a una cientificidad elaborada exclusivamente desde el recinto académico, ni sólo aplicando procedimientos, técnicas y metodologías institucionales. Tampoco debe tratarse de un cuerpo conceptual a priori, construido al margen de las prácticas concretas, que se aplica para la concientización de los sectores populares.


Los saberes de la gente juegan un papel político regulador de primer orden, como aprendizaje proveniente del mundo de la vida cotidiana. Una de las amenazas con que debemos lidiar es la acostumbrada construcción de dicotomías, como la escisión a veces desmovilizadora entre la economía y la política, entre plan y mercado, entre lo social y lo político, entre lo político y lo cultural.


A todas luces existe una diversidad de posicionamientos éticos y políticos en torno a la revolución, su densidad liberadora y su fardo de errores y proyecciones en las nuevas circunstancias. Muchos de estos posicionamientos reflejan sensibilidades generacionales.


Las transformaciones económicas, jurídicas y político-institucionales son fenómenos que generan estimaciones contrapuestas sobre los ritmos, orden, forma y sentido de los cambios particulares, pero que muy pocos objetan como salida ante la crisis de la economía cubana de los últimos años y la necesidad de renovar el consenso social socialista de cara a la movilidad y complejidad estructural y cultural que condiciona (y resulta de) tales acontecimientos.


—¿Cuáles de esas transformaciones destacarías? ¿Dónde están las amenazas?


—El redimensionamiento del Estado y la superación de su forma como Estado-empresario, el paso a la descentralización (mayor autonomía y facultades) de la empresa estatal socialista y su capacidad de planificación, incorporando emprendimientos autónomos en el mercado, la emergencia del sector privado en sus diversas variantes, las repercusiones de la ley de la inversión extranjera en el contexto de nuestra economía y de nuestra sociedad, las reformulaciones acerca del modo de construir la hegemonía y el papel de la sociedad civil… Todas ellas activan el imaginario dicotómico conformado en décadas anteriores que reduce y empobrece la diversidad de opciones entre la noción socialista desplegada como estatalización extrema, que sólo se podría sustituir por la “mercantilización”.


Habrá quienes sientan que se está “desmontando” el socialismo y reaccionen negativamente a los cambios, y no faltarán –interna y sobre todo externamente– quienes a la vez que saluden las aperturas llamen a seguir ensanchando el papel del mercado y la propiedad privada y la “liberación” de las trabas estatales que lo constriñen.


No existe un “antídoto” válido para cada momento histórico que nos haga inmunes a la posibilidad del retorno al capitalismo dependiente. Por otro lado, serán cada vez más visibles las voces que nos estimulen a seguir dando pasos hacia la mercantilización de la vida. Yo he insistido en la necesidad de abrir cauces y ensanchar el corredor cultural crítico del no capitalismo en la sociedad cubana.


—¿Qué entiendes por “corredor cultural crítico del no capitalismo”?


—Primero, este corredor cultural está marcado por el debate. Implica una doble dirección, porque las propuestas que se desplieguen deben combinarse y articularse con iniciativas diseñadas e intencionadas desde el ámbito institucional. No debemos prescribir negativamente a priori el carácter desinstitucionalizado de las subjetividades colectivas no capitalistas. Al contrario, es justamente uno de los componentes de su capacidad corrosiva radical: la lucha se construye desde otras bases, desde otro lugar y con otras reglas.


La realidad no es homogénea, incluso en una nación como Cuba, que ha logrado conformar un tejido social articulado sobre la base de sellos identitarios fuertes. La realidad tiene lugares sociales y perspectivas diferentes.


Para que ese corredor cultural del no capitalismo pueda significar algo socialmente y se arraigue en el sentido común es necesario que sometamos a crítica otro parámetro estereotipado: los criterios inamovibles (y tan de moda) sobre “lo revolucionario” y “lo no revolucionario”. Hay una idea de Juan Valdés Paz sobre esa necesaria pluralidad del referente axiológico revolucionario. Valdés Paz dice en El espacio y el límite que la ideología de la revolución es mucho más que una doctrina de Estado, y debe ser lo “suficientemente heterodoxa y ecléctica como para dar cuenta de la diversidad social, la historia y culturas nacionales, las experiencias socialistas, nuestra cultura política y la permanente ‘batalla de ideas’ contra el capitalismo y el sectarismo”.


—¿Apuestas por un escenario de aceptación de la diversidad como camino a ese corredor cultural crítico del no capitalismo?


—El tema de la diversidad eclosionó en el mundo social y académico cubano en los noventa. Pero igual que existe esa diversidad, existen sus lecturas. La diversidad (sexual, de género, racial, religiosa, social, ideológica, cultural, entre otras) la concibo no como un lastre a superar, sino como riqueza a potenciar y articular.


Para que la diversidad no implique atomización y desbandada es preciso desear, pensar y hacer la articulación, o lo que es lo mismo: generar procesos socioculturales y políticos desde las identidades. El pensamiento alternativo es tal únicamente si enlaza diversidad con articulación, lo que supone crear las condiciones de esa articulación (impulsar lo relacional en todas sus dimensiones, como antídoto a la ideología de la delegación); fortalecer el tejido asociativo sobre la base de prácticas y valores fuertes (de reconocimientos, justicia social y justicia ambiental, equidad de género).


Pareciera que el reconocimiento de las diferencias resulta punto de partida para la constitución de sujetos con equidad y reconocimiento de las identidades respectivas. Sin embargo, la diversidad que se pretende asumir desde el “narcisismo de las diferencias” deviene recurso ideológico y cultural de dominación, cerrando el paso a cualquier reconstrucción que pretenda levantar, sobre tales diferencias, identidades sociales colectivas capaces de trascender el orden enajenante que las discrimina a todas por igual. Las razones últimas de la fragmentación se hallan en la enajenación del trabajo. La diversidad que necesitamos potenciar y articular es la que expresa la voluntad socializadora de los individuos en proceso de emancipación socialista.


—Al escucharte da la impresión de que no basta con preguntarnos a qué socialismo aspiramos, sino que debemos hablar también de la batalla que se da en Cuba hoy entre una cultura socialista y su opuesta, la capitalista.


—En efecto. Enfrentar y superar multifacéticamente al capitalismo es un desafío histórico permanente en nuestra época, que trasciende la lucha de un país y de un grupo de países, que compromete a la humanidad en su totalidad. Hemos aprendido que no basta con subvertir sólo sus resortes estructurales e institucionales de dominio y sujeción, sino que es necesario comprender que está compuesto por “prácticas pequeñitas” –como dice Ángeles Eraña– de interacción social enajenada y fetichizada desde lo cotidiano.


Si no nos preparamos con nuevos procesos de aprendizaje/desa-prendizaje sensibles para enfrentar esas prácticas e impedimos que se coloquen como normas reguladoras del sentido de la vida la psicología del “éxito” individualista, el consumismo del “nuevo rico”, la insensibilidad frente a los privilegios reales, si no desafiamos la mirada economicista que desliga producción y reproducción de la vida, si reproducimos en nuestro accionar y sistema de valores el paradigma patriarcal discriminatorio de acceso al poder y al saber (centrado en el arquetipo “viril” y “exitoso” de un modelo de hombre racional, adulto, blanco, occidental, desarrollado, homofóbico y burgués), no podremos superarlo culturalmente en la perspectiva histórica.


—Has mencionado con mucha fuerza la necesidad de atender el sentido común de las personas y su relación con la vida cotidiana. Esto pasa también por las alternativas económicas –en materia de propiedad y gestión– que caracterizan el ámbito cubano contemporáneo. ¿Qué opinas sobre estos temas?


—Para Cuba, revolución por el socialismo con mercado es una realidad a asumir en el terreno práctico, de manera diáfana y no vergonzante, pero en modo alguno acrítica. El debate teórico y axiológico, lejos de estar dirimido, recién comienza en este punto. Ello explica la avidez con que desde los años noventa las ciencias sociales cubanas han revisitado los temas vinculados al tránsito en la Urss hacia la nueva política económica (Nep) y la controversia posterior en torno a sus significados.


Un rasgo consustancial a esos procesos es que, en ocasiones, las medidas socialistas, justificadas o no, se alzaran históricamente sobre una especie de vacío, así como sobre una inadecuada preparación de los sujetos-actores sociales, que impedía la plena hegemonía socialista.


Durante décadas se borró el conflicto, concientizado por Lenin, entre la superación económica de la propiedad privada y las circunstancias políticas que impusieron la vía jurídico-administrativa de dicha “superación”, como “castigo” a la burguesía en medio de la agudización de los combates de clase. El proyecto original, que sólo comprendía la instauración del control de la producción social y de la distribución de los productos por los soviets, devino una forma sui géneris de “implantación” del socialismo. La guerra civil y el sabotaje convierten a la expropiación y la nacionalización en medidas de autodefensa de la propia revolución. Se trataba de condiciones excepcionales que en modo alguno hacían superfluas las conclusiones esbozadas en un texto como Las tareas del proletariado en nuestra revolución, donde según Lenin el nuevo poder “no implanta” ninguna transformación que no esté ya perfectamente madura en la realidad económica y en la conciencia de la inmensa mayoría del pueblo.


La discusión sobre la disparidad de desarrollo, sus causas y clasificaciones, tiene una larga historia. De lo que se trata es de determinar si fue posible o no, o si quedó trunca la alternativa socialista al capitalismo.


¿Por qué comienzo por ahí? Porque a propósito de la Nep, la dificultad radica hoy en aceptarla o no como nuevo rumbo estratégico en el que, una vez conquistado el poder estatal por la vía revolucionaria, y dar pasos gigantescos de subversión y ruptura con las relaciones sociales capitalistas (el régimen de propiedad) y los resortes superestructurales de la dominación capitalista, se retrocede o reacomoda el proyecto hacia una fase transitoria en la que aún lo socialista no aparece como opuesto pleno, como superación societal multifacética del orden económico capitalista, aunque éste esté distorsionado por una nueva dirección hegemónica en formación.


El Che fue un crítico respetuoso de la Nep y sobre todo de su impronta posterior en la Urss. A la vez que identificaba al sistema presupuestario de financiamiento como la vía idónea para el avance del socialismo y el comunismo en Cuba, reconocía con claridad que “la economía política del período de transición falta totalmente”. Fue el artífice principal de dicho sistema y polemista agudo del cálculo económico de corte soviético, y consideró necesario que se debía mantener “durante un tiempo los dos sistemas y después entrar ya a discutir algunas cosas mucho más profundas”. El Che admite que en aquellas condiciones, “cuando el atraso es muy grande, la correcta acción marxista debe ser atemperar lo más posible el espíritu de la nueva época, tendiente a la supresión de la explotación del hombre por el hombre, con las situaciones concretas de ese país; y así lo hizo Lenin en la Rusia recién liberada del zarismo y se aplicó como norma en la Unión Soviética”.


Pero la época y las condiciones de radicalidad en que surge y avanza la revolución cubana están marcadas por el establecimiento de todo el sistema mundial del socialismo. El Che se pregunta: “¿Cómo se puede producir en un país colonizado por el imperialismo, sin ningún desarrollo de sus industrias básicas, en una situación de monoproductor, dependiente de un solo mercado, el tránsito al socialismo?”.


—Pero ¿cómo se conecta esto con la realidad cubana actual?


—No tiene sentido hoy contraponer de modo libresco las conceptualizaciones y estrategias de desarrollo que respondieron a problemáticas concretas en cada etapa y coyunturas del proceso emancipatorio cubano, al proceso en curso de reestructuración de la economía y la sociedad en las actuales condiciones. Incorporar la médula racional de cada polémica, de las posiciones divergentes confrontadas en esta historia es una necesidad que problematiza y enriquece el debate de nuestros días. Virtud del Che fue su pensamiento cuestionador de dogmas, sometiendo sus propias nociones a la crítica revolucionaria.


En una de las reuniones bimestrales (verdaderos espacios de discusión revolucionaria plural, de aprendizaje colectivo), al incentivar una lectura histórica de El Estado y la revolución, señalaba que “en cada momento tenemos que tomar medidas que en el momento siguiente podrán no ser correctas y que en el momento anterior pudieran no haber sido correctas, y que a lo mejor en este momento no son correctas tampoco, es verdad, pero hay que analizarlas en el sentido dialéctico de que todo está en movimiento, de país cercado por el imperialismo, con profundos problemas internos de producción, en proceso de reestructuración de sus instituciones”.


Esta reflexión es muy significativa tratándose del Che Guevara, para quien el proyecto socialista era multifacético e integral, y debía “crear” al hombre y la mujer nuevos, y también una nueva cultura. No sólo necesitamos más que nunca el antimperialismo y la visión anticapitalista del Che, sino retomar en los actuales escenarios de diálogos y disputas la acción multifacética de intelectuales revolucionarios que no sean “asalariados dóciles al pensamiento oficial ni becarios que vivan al amparo del presupuesto, ejerciendo una libertad entre comillas”.


Para pensar la continuidad de la revolución hay que volver sobre lo que parecía ya entendido y hasta superado, no para incorporar acríticamente o rechazar por presunta inviabilidad, sino para resignificar todo lo valioso desde las nuevas condiciones nacionales e internacionales en que nos desenvolvemos.


El tema es polémico. A mi juicio, la complementariedad de mercado y plan, mercado y socialismo, espontaneidad y autoridad, siendo absolutamente necesarias para toda una época interformacional, de límites imposibles de fijar desde el presente, no es el “gran descubrimiento”: es el gran sucedáneo de nuestra incapacidad intelectual (o de la inmadurez societal) para descubrir el secreto de la superación histórica de la civilización del capital, pese a que asumamos conscientemente el reto que nos impone esa época. Tal vez la paradoja sea consecuencia de aquella observación de Marx: “No basta con que el pensamiento acucie hacia su realización; es necesario que la misma realidad acucie hacia el pensamiento”.


¿Cuáles serán las nuevas leyes, papel y lugar del mercado en el sistema socioeconómico? ¿Qué contenido tendrá el mercado que lo haga adecuado al proyecto social y a la economía social socialista? ¿Cómo “domesticarlo”?


Sin embargo, la mera extensión de las leyes del mercado al socialismo, sin una determinación clara del mecanismo de acción y subordinación de aquellas, muestra, hasta el momento, la posibilidad de reversión de la alternativa socialista como alternativa de emancipación humana.


—Por estos días se discute el anteproyecto constitucional. ¿Te parece un proyecto que se subordina a la realidad o que dialoga con ella sin renunciar al horizonte socialista?


—Quiero partir de que se trata de un proceso democrático, cuya esencia no se agota (o no debe agotarse) en que la gente trasmita sus criterios. Después viene la manera en que esos criterios toman cuerpo en el proyecto, y luego, cómo se implementan.


Ahora bien, esta discusión expresa, al mismo tiempo, la necesidad de continuar trabajando en el ensanchamiento de ese corredor cultural del no capitalismo, y la situación real de la cultura acumulada y existente en Cuba a la altura de 2018. Procesos como este hacen emerger, visibilizar, fenómenos que ya existen. Los planteamientos conservadores presentes en el proyecto, o que emergen en la discusión popular –digamos, por ejemplo, los relativos a la supresión del horizonte comunista o los disímiles criterios generados por el artículo 68– son un termómetro. El asunto está en qué hacemos. Como país se asume el compromiso de consultar, escuchar y tener en cuenta a todos los ciudadanos, pero como individuos tenemos la libertad de resistirnos ante estas manifestaciones conservadoras. Nos hace falta una izquierda anticapitalista sólida, sin temores, diversa pero no atomizada, y quizás este sea un asunto de comunión entre las diferentes posiciones existentes.


1. Esta entrevista fue publicada originalmente en la revista cubana Temas. Brecha reproduce fragmentos con autorización del medio.

 

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Asumió López Obrador con la promesa de cambio

Propuso bajar el precio de los combustibles, subir el salario mínimo, otorgar diez millones de becas a estudiantes y crear cien universidades públicas. También, contratar a 2,3 millones de jóvenes como aprendices pagos en empresas.

 

El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asumió ayer el enorme desafío de impulsar un cambio radical en el país que acabe con la corrupción, la impunidad y la inseguridad al tiempo que aplicaría costosas medidas sociales en beneficio de las clases más desfavorecidas. La magnitud del reto es descomunal por los graves problemas que arrastra México con un 43 por ciento de la población en situación de pobreza a lo que se une un sistema de corrupción público y privado que atenaza el crecimiento y desarrollo del país.
La ceremonia se realizó en la sede de la Cámara de Diputados, donde el diputado Porfirio Muñoz Ledo colocó la banda presidencial que antes el mandatario saliente, Enrique Peña Nieto, le había entregado al legislador y ex alcalde de la Ciudad de México, al igual que su amigo López Obrador. “No tengo derecho a fallar”, afirmó el nuevo presidente en su discurso, en el que prometió además trabajar 16 horas, reunirse con su gabinete a partir de las seis de la mañana y trabajar sin descanso. “El poder político y económico se han nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de la nación”, afirmó.


López Obrador, de 65 años, prometió también someterse a una consulta de revocación dentro de dos años y medio para que el pueblo decida si prosigue su mandato o se vuelve a casa. Entre las promesas se incluyen, por ejemplo, bajar el precio de los combustibles, construir una nueva refinería de petróleo, otorgar diez millones de becas a estudiantes y crear cien universidades públicas. También, contratar 2,3 millones de jóvenes como aprendices remunerados en empresas, aumentar la pensión de adultos mayores al doble y con carácter universal, dar un millón de pensiones por discapacidad y ayudas sociales a las clases más necesitadas y sin intermediarios. También prometió aumentar el salario mínimo y dijo que no volverá a fijarse por debajo de la inflación.


López Obrador apuesta que todo ello lo conseguirá con un trabajo desmedido y la confianza absoluta en el pueblo mexicano. A ello se suma acabar con la violencia en un país con casi doscientos mil asesinatos en los últimos seis años y un poder de los carteles del narcotráfico cuyos tentáculos llegan a todo el país. El nuevo mandatario se comprometió a crear una nueva Guardia Nacional para combatir la inseguridad y la violencia en México.


“A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México”, subrayó ante un pletórico Congreso, dominado por su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).En su discurso de investidura, López Obrador prometió resolver los males del país comenzando por la corrupción y la impunidad, además de hacer inversiones millonarias en proyectos de infraestructuras y aplicar programas sociales para los jóvenes y las clases más desfavorecidas.


Todo ello, además, con la promesa de no aumentar la deuda pública del país, que se ha multiplicado de manera exponencial en los últimos 18 años.


López Obrador arremetió en su discurso contra las políticas neoliberales de las ultimas décadas que han provocado, aseguró, “un desastre y una calamidad” para el país, causal de una “inmunda corrupción pública y privada”. Las recetas del nuevo presidente para tamaña empresa se basan en una mezcla de medidas distributivas y la apuesta de imponer la decencia en la toma de decisiones para acabar con la corrupción.


La austeridad es parte de la marca política de López Obrador: desde vender el avión presidencial para viajar en vuelos regulares a la rebaja de un 40 por ciento en su sueldo o garantizar que será castigado de inmediato cualquiera de su Gobierno, comenzando por su familia, que comenta la mínima felonía.


El entusiasmo y la fe de sus seguidores era palpable ayer durante la ceremonia de cambio de mando. Frente a ello permanece el escepticismo de la población que no votó por su partido, Morena, que propugna políticas de izquierdas y de beneficio a los más desfavorecidos. Frente a la reserva de empresarios y una parte de la población, López Obrador recibió ayer el enorme respaldo internacional al acudir a la ceremonia de investidura la mayor representación internacional que ha asistido a la toma de posesión de un presidente mexicano.
Desde el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, la hija del presidente Donald Trump, Ivanka, al rey Felipe VI de España y los presidentes de Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Cuba y otros representantes de más de 50 países, incluyendo la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti, le dieron a López Obrador un fuerte respaldo.


También acudió a la ceremonia el poderoso e influyente empresario mexicano Carlos Slim, considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Cuando López Obrador agradeció la presencia de los representantes extranjeros y nombró al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (quien no se encontraba en el recinto), varios personas presentes en la sala empezaron a gritar “dictador, dictador”.


López Obrador se mostró convencido del éxito de su gestión. “Nos vamos a convertir en una potencia económica mundial y, sobre todo, en un país modelo que habrá de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible”, concluyó.

 

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