Varoufakis se encontrará con Sanders y llama a una Internacional Progresista

El exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, sigue trabajando en la creación de su proyecto político global. En el próximo mes se reunirá con Bernie Sanders para trabajar en un polo internacionalista.

Bernie Sanders y Yannis Varoufakis llevarán a cabo un próximo encuentro, el 30 de noviembre, para fijar los primeros pasos de una Internacional Progresista. Así lo anunció el propio Varoufakis a Buzzfeed el pasado 26 de octubre en Roma. El exministro griego de Finanzas sitúa el encuentro con la gran esperanza de la izquierda estadounidense como una forma de confrontar la alianza de extrema derecha que ha impulsado el asesor de la campaña electoral de Donald Trump, Steve Bannon.


Al encuentro, que tendrá lugar en el Estado de Vermont, de donde es senador Sanders, está invitado el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. El entendimiento entre Varoufakis y Sanders se ha visto reflejado en un cruce de artículos en el diario inglés The Guardian, en los que han coincidido en la necesidad de formación de un polo progresista ante lo que, según Varoufakis la certeza de que “los financieros son internacionalistas. Los fascistas, racistas y nacionalistas son internacionalistas. Ellos están enlazados. Los únicos que no lo hacen son los progresistas”.


Sin embargo, otras fuentes consultadas por El Salto, advierten de que Varoufakis es solo uno de los 200 invitados al encuentro de cuatro días en Vermont y que no tiene un "trato especial" en una cita organizada por Jane O'Meara Sanders, activista y esposa de Sanders.


El exministro griego, no obstante, está teniendo más problemas para expandir su Primavera Europea —el protopartido que quiere presentar a las elecciones del superdomingo de mayo—, para la que cuenta aun con menos apoyos de los esperados. En España, suenan desde hace semanas sus contactos con Actúa, plataforma del diputado en Asturias, Gaspar Llamazares, crítico con Podemos y con su partido IU, integrados ambos en el GUE/NGL. El partido, Primavera Europea, no descarta presentar a candidatos a las europeas en lugares distintos a su país de origen. Así, como señala Buzzfeed, él mismo podría encabezar la lista en Alemania.

 

Redacción El Salto
Actualizado 15:39

publicado
2018-10-29 13:35:0

 

 

Publicado enPolítica
La economía del bienestar y la política económica colombiana

Corridos dos meses y algunos días del gobierno de Iván Duque, con sus anunciadas reformas nos permite entender sus reales propósitos al frente de la jefatura nacional, a pesar de su conciliadora forma de hablar. Las reformas pensional, en salarios y en impuestos están pensadas para favorecer a los más ricos y embaucar a los más pobres. Lejos de un necesario Estado de Bienestar nos adentramos en uno cada vez más excluyente e injusto.

 

En momentos en que políticas claramente regresivas en lo social y colectivo ganan espacio por todo el mundo, el debate sobre la función del Estado retoma vigencia. En Colombia, como parte de ese todo conocido como planeta Tierra, las regresiones sociales siempre están a la orden del día, y el gobierno de Iván Duque no se aleja de ello, tanto con la anunciada ampliación del IVA a todos los productos, incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales; como con la pretensión de clientelizar aún más la entrega de subsidios a los sectores más requeridos de ellos, así como con una reforma pensional que pretende incrementar los años de edad y trabajo para poder acceder a pensión, a la para que acabar Colpensiones, dejándole libre tal “negocio” al capital nacional e internacional.

 

De esta manera, con un gasto social cada vez más manipulado, ineficiente por sus montos pero también por la canalización que del mismo logra el sistema financiero, el actual gobierno apunta hacia crear mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora.

 

El Estado de Bienestar

 

Estamos ante todo un contrasentido. Como es conocido, el gasto público social es muy importante para hacer del capitalismo un modelo económico sostenible. Aquel gasto que se destina a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos se conoce como Estado de Bienestar y consiste en un paquete de programas y estrategias que está presente en varios sectores: hacienda, educación, salud, pensional y laboral. El Estado de Bienestar es una herramienta que ayuda a construir sociedades con menor exposición a las fuertes y más frecuentes crisis que han resultado de la aplicación del modelo neoliberal.

 

Los defensores del libre mercado cuestionan el Estado de Bienestar porque ven en el gasto social una carga que desestabiliza las finanzas públicas y no permite alcanzar un mayor crecimiento económico. Desde los años ochenta los ataques en contra de este tipo de Estado han sido más intensos y la presencia de gremios poderosos son más evidentes en la gestión gubernamental. La Gran Recesión de 2008 demostró lo nocivo que es este proyecto para la clase media y de bajos ingresos. No obstante, diez años después las mismas fórmulas siguen lideradas por partidos de extrema derecha y contradictoriamente reciben un fuerte respaldo popular que está derivando en un nuevo orden mundial liderado por esta ideología.

 

Desde Adam Smith, el padre de la economía, se reconoció que el gobierno está creado para la defensa de los ricos contra los pobres. La consigna más usada por la ultraderecha es que el gasto público no es necesario porque si una economía crece todos se benefician. Según ellos, quienes hacen crecer la economía son los capitalistas que toman las decisiones de producción y trasmiten una buena perspectiva de negocios a la clase trabajadora mediante la generación de mayor empleo. Por esta razón la punta de lanza de sus propuestas es la reducción de los impuestos a los ricos. La defensa de esta postura no se traduce en un mayor beneficio para todos por igual sino en la posibilidad de que los más ricos continúen acumulando mayor riqueza a expensas de peores condiciones de vida para los pobres y la clase media.

 

Si la desigualdad aumenta y no existe un Estado de Bienestar, la clase trabajadora en conjunto disminuye su productividad afectando el crecimiento económico porque no tienen como enfrentar situaciones adversas si caen en el desempleo, si se deteriora su salud, si no existe acceso a programas para su capacitación y desarrollo de habilidades, si el ahorro para la vejez está en entredicho, etcétera. John Maynard Keynes vio como un aliado para atenuar los efectos de los ciclos económicos además de una política fiscal agresiva, la reducción de la desigualdad porque ésta a través de impuestos progresivos (el que más tiene más paga) mejora el ingreso disponible de la clase trabajadora y les permite que su demanda sea mayor, estimulando así la producción y el crecimiento económico.

 

Es claro entonces que la clase trabajadora debe apoyar una política económica que esté a favor de reducir los niveles de desigualdad y esa opción no es la que propone la ultraderecha. Ellos afirman que el apoyo estatal estimula el conformismo y la holgazanería y que esto resta las posibilidades para que los pobres dejen de serlo. Nada más falaz, puesto que por más empeño y disciplina que pueda tener una persona pobre, sin acceso a la educación, a la salud, y en general a sus derechos fundamentales, no es posible que alcance un nivel deseable de acumulación de riqueza.

 

Sin embargo, la sofisticación ha sido tal que de muchas formas han hecho creer a los pobres que su condición está merecida porque deben trabajar más para llegar a ser ricos. Esta falsa conciencia introducida por los medios, las TICs, los discursos políticos y religiosos, y algunos sectores educativos, explican el respaldo popular que están teniendo las iniciativas de ultraderecha, tales como un estricto ajuste fiscal, mayores impuestos y menor gasto social.

 

En el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los setenta, el capitalismo mundial alcanzó las mayores tasas de crecimiento en toda su historia. Fue una época en la que la política macroeconómica keynesiana se impuso y muchos países desarrollaron sus Estados de Bienestar, el desempleo también se mantuvo en niveles históricamente bajos y la inflación en niveles bajos y estables. Esa estabilidad fue el resultado de un consenso en el que el Estado es un actor importante en el desarrollo de los países.

 

El gasto público social era mayor que lo que es hoy. Para 1950 en Alemania, Holanda y Reino Unido se invertía como proporción del PIB respectivamente 30, 27 y 34 por ciento respectivamente. Para 2016 el mismo gasto para los mismos países pasó a ser respectivamente 25, 22 y 21 por ciento. El cambio de tendencia lo marcó la década de los ochentas debido a la presencia de brotes inflacionarios que llevó a que la política monetaria de Milton Friedman desplazara a la política fiscal de Keynes. Y desde entonces se priorizó la estabilidad de precios como el objetivo supremo de la política económica.

 

Esta dinámica ha continuado hasta nuestros días y los países emblemáticos del Estado de Bienestar como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia no han sido ajenos a ella. Mientras que en 1980 destinaban en promedio 42 por ciento de sus ingresos al gasto social ahora lo hacen a una tasa de 28 por ciento. El desmonte del Estado de Bienestar ha venido acompañado de medidas de reducción del poder sindical, de la flexibilización del mercado laboral y de la eliminación del control de capitales.

 

Aunque en las últimas tres décadas se haya logrado controlar la inflación, el costo es demasiado alto porque se han multiplicado las crisis financieras, que a su vez han minado la calidad de vida de muchas personas debido a mayores niveles de endeudamiento, quiebras y desempleo. De otro lado el efecto de las medidas neoliberales sobre el crecimiento económico no es el deseado. Entre 1980 y el 2008 Suecia mantuvo estable su gasto público social alrededor de 47 por ciento mientras que Estados Unidos, defensor de un Estado de Bienestar reducido, invirtió solo el 15 por ciento. El resultado en términos de crecimiento fue de 2.4 por ciento para Suecia en el periodo 2000 a 2008 mientras que el de Estados Unidos fue 1.8.



En Colombia, desigualdad creciente

 

En el debate público colombiano la clase dirigente ha señalado a Suecia como referente para las reformas tributarias, pero guarda silencio respecto del nivel de su gasto público en temas sociales. El Ministro Alberto Carrasquilla, que en reciente debate de control político fue acusado de enriquecerse con los Bonos Agua por más de 70 mil millones de pesos, ha propuesto una reforma tributaria de inspiración neoliberal en la que se plantea aplicar el impuesto al valor agregado IVA a todos los productos incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales.

 

Los defensores de estas propuestas mencionan que Suecia tiene una carga impositiva de 22 por ciento para las empresas, 60 por ciento para las personas naturales y un IVA de 25 por ciento. Mientras que para Colombia las tasas máximas correspondientes para esos mismos impuestos son respectivamente, 34, 35 y 19 por ciento. Pero lo que no mencionan estos análisis es que la estructura tributaria sueca corrige fuertemente la desigualdad que tiende a generar el modelo capitalista. En 2016 la desigualdad del ingreso sueco medida por Gini fue de 0.42 pero después de aplicar impuestos y subsidios el ingreso disponible de los suecos pasó a ser mucho más equitativo (un Gini de 0.23). Por el contrario la desigualdad del ingreso colombiano no es corregida ni por el estatuto tributario ni por el gasto público social, sino que más bien tiende a empeorar y deja por resultado que el 1 por ciento de los colombianos concentre el 44 por ciento de la riqueza del país.

 

La regresividad colombiana es tal que el aumento del IVA en un punto porcentual deteriora la desigualdad en 1.2 puntos porcentuales, aún con esto la reforma tributaria de Santos pasó de un IVA de 16 a uno de 19 por ciento. Frente al impacto negativo del IVA el Ministro Carrasquilla anunció ante al gremio de banqueros en Cartagena, que gravaría con IVA y sin excepción todos los productos y después devolvería el monto subsidiado de la canasta básica al sector de bajos ingresos (que estiman en 11% de sus ingresos) a través de programas como Familias en Acción y exigiendo su bancarización.

 

Es una propuesta deficiente y malintencionada. Deficiente, porque es difícil o imposible individualizar el gasto que los hogares hacen mensualmente por concepto de la canasta básica de alimentos. Malintencionada, porque esta decisión genera lucro para los establecimientos de crédito mediante la cuota de manejo de una mayor población bancarizada, y porque fortalece el programa clientelista creado con la primera administración Uribe –que contaba con 300 mil familias en el 2002 y pasó a reunir 4 millones hoy.



La corrupción es un fenómeno muy costoso para los colombianos, representa cerca de 50 billones de pesos cada año, una cantidad muy similar a la que recauda el país por impuesto de renta. Es decepcionante que exista en el gabinete actual un Ministro de Hacienda con cualidades éticas cuestionables, con espacio político gubernamental para proponer reformas nocivas para la mayoría de los ciudadanos y cuyo partido político obstruye la moción de censura para removerlo de su cargo. Es desconcertante que existan líderes políticos que hayan defendido el “no” a la consulta anticorrupción, y que frente a la impopularidad de las propuestas de Carrasquilla hayan impulsado un proyecto de ley que en apariencia beneficia a la clase trabajadora –mediante la búsqueda de un incremento extraordinario del salario mínimo–, cuando lo que busca es beneficiar a los fondos privados que administran pensiones y cesantías debido a que el incremento no lo puede usar el trabajador en efectivo sino que se abona a sus cesantías. Esto sin contar que con la reforma pensional se está buscando eliminar a Colpensiones con el fin de apartar esta incómoda competencia para los fondos privados.

 

En resumen las reformas del presente gobierno, y de su partido político, apuntan a introducir mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora. Pese a que nuestra Constitución Política podría ser muy similar a la de los países nórdicos –pioneros en la construcción del Estado de Bienestar–, desde su misma creación en 1991 la clase dirigente interpone obstáculos para que estos principios no se materialicen en la práctica. Las propuestas del presidente Duque son al extremo regresivas y su administración se anticipa al inconformismo que van a generar acudiendo a la idea de una “regulación” de la protesta, y a una reforma a la justicia que limita la acción de tutela con la que la ciudadanía, como último recurso legal, reclama ante los jueces (ya que la mayoría de los políticos favorecen con sus acciones a los más ricos), sus derechos fundamentales.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

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La economía del bienestar y la política económica colombiana

Corridos dos meses y algunos días del gobierno de Iván Duque, con sus anunciadas reformas nos permite entender sus reales propósitos al frente de la jefatura nacional, a pesar de su conciliadora forma de hablar. Las reformas pensional, en salarios y en impuestos están pensadas para favorecer a los más ricos y embaucar a los más pobres. Lejos de un necesario Estado de Bienestar nos adentramos en uno cada vez más excluyente e injusto.

 

En momentos en que políticas claramente regresivas en lo social y colectivo ganan espacio por todo el mundo, el debate sobre la función del Estado retoma vigencia. En Colombia, como parte de ese todo conocido como planeta Tierra, las regresiones sociales siempre están a la orden del día, y el gobierno de Iván Duque no se aleja de ello, tanto con la anunciada ampliación del IVA a todos los productos, incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales; como con la pretensión de clientelizar aún más la entrega de subsidios a los sectores más requeridos de ellos, así como con una reforma pensional que pretende incrementar los años de edad y trabajo para poder acceder a pensión, a la para que acabar Colpensiones, dejándole libre tal “negocio” al capital nacional e internacional.

 

De esta manera, con un gasto social cada vez más manipulado, ineficiente por sus montos pero también por la canalización que del mismo logra el sistema financiero, el actual gobierno apunta hacia crear mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora.

 

El Estado de Bienestar

 

Estamos ante todo un contrasentido. Como es conocido, el gasto público social es muy importante para hacer del capitalismo un modelo económico sostenible. Aquel gasto que se destina a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos se conoce como Estado de Bienestar y consiste en un paquete de programas y estrategias que está presente en varios sectores: hacienda, educación, salud, pensional y laboral. El Estado de Bienestar es una herramienta que ayuda a construir sociedades con menor exposición a las fuertes y más frecuentes crisis que han resultado de la aplicación del modelo neoliberal.

 

Los defensores del libre mercado cuestionan el Estado de Bienestar porque ven en el gasto social una carga que desestabiliza las finanzas públicas y no permite alcanzar un mayor crecimiento económico. Desde los años ochenta los ataques en contra de este tipo de Estado han sido más intensos y la presencia de gremios poderosos son más evidentes en la gestión gubernamental. La Gran Recesión de 2008 demostró lo nocivo que es este proyecto para la clase media y de bajos ingresos. No obstante, diez años después las mismas fórmulas siguen lideradas por partidos de extrema derecha y contradictoriamente reciben un fuerte respaldo popular que está derivando en un nuevo orden mundial liderado por esta ideología.

 

Desde Adam Smith, el padre de la economía, se reconoció que el gobierno está creado para la defensa de los ricos contra los pobres. La consigna más usada por la ultraderecha es que el gasto público no es necesario porque si una economía crece todos se benefician. Según ellos, quienes hacen crecer la economía son los capitalistas que toman las decisiones de producción y trasmiten una buena perspectiva de negocios a la clase trabajadora mediante la generación de mayor empleo. Por esta razón la punta de lanza de sus propuestas es la reducción de los impuestos a los ricos. La defensa de esta postura no se traduce en un mayor beneficio para todos por igual sino en la posibilidad de que los más ricos continúen acumulando mayor riqueza a expensas de peores condiciones de vida para los pobres y la clase media.

 

Si la desigualdad aumenta y no existe un Estado de Bienestar, la clase trabajadora en conjunto disminuye su productividad afectando el crecimiento económico porque no tienen como enfrentar situaciones adversas si caen en el desempleo, si se deteriora su salud, si no existe acceso a programas para su capacitación y desarrollo de habilidades, si el ahorro para la vejez está en entredicho, etcétera. John Maynard Keynes vio como un aliado para atenuar los efectos de los ciclos económicos además de una política fiscal agresiva, la reducción de la desigualdad porque ésta a través de impuestos progresivos (el que más tiene más paga) mejora el ingreso disponible de la clase trabajadora y les permite que su demanda sea mayor, estimulando así la producción y el crecimiento económico.

 

Es claro entonces que la clase trabajadora debe apoyar una política económica que esté a favor de reducir los niveles de desigualdad y esa opción no es la que propone la ultraderecha. Ellos afirman que el apoyo estatal estimula el conformismo y la holgazanería y que esto resta las posibilidades para que los pobres dejen de serlo. Nada más falaz, puesto que por más empeño y disciplina que pueda tener una persona pobre, sin acceso a la educación, a la salud, y en general a sus derechos fundamentales, no es posible que alcance un nivel deseable de acumulación de riqueza.

 

Sin embargo, la sofisticación ha sido tal que de muchas formas han hecho creer a los pobres que su condición está merecida porque deben trabajar más para llegar a ser ricos. Esta falsa conciencia introducida por los medios, las TICs, los discursos políticos y religiosos, y algunos sectores educativos, explican el respaldo popular que están teniendo las iniciativas de ultraderecha, tales como un estricto ajuste fiscal, mayores impuestos y menor gasto social.

 

En el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los setenta, el capitalismo mundial alcanzó las mayores tasas de crecimiento en toda su historia. Fue una época en la que la política macroeconómica keynesiana se impuso y muchos países desarrollaron sus Estados de Bienestar, el desempleo también se mantuvo en niveles históricamente bajos y la inflación en niveles bajos y estables. Esa estabilidad fue el resultado de un consenso en el que el Estado es un actor importante en el desarrollo de los países.

 

El gasto público social era mayor que lo que es hoy. Para 1950 en Alemania, Holanda y Reino Unido se invertía como proporción del PIB respectivamente 30, 27 y 34 por ciento respectivamente. Para 2016 el mismo gasto para los mismos países pasó a ser respectivamente 25, 22 y 21 por ciento. El cambio de tendencia lo marcó la década de los ochentas debido a la presencia de brotes inflacionarios que llevó a que la política monetaria de Milton Friedman desplazara a la política fiscal de Keynes. Y desde entonces se priorizó la estabilidad de precios como el objetivo supremo de la política económica.

 

Esta dinámica ha continuado hasta nuestros días y los países emblemáticos del Estado de Bienestar como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia no han sido ajenos a ella. Mientras que en 1980 destinaban en promedio 42 por ciento de sus ingresos al gasto social ahora lo hacen a una tasa de 28 por ciento. El desmonte del Estado de Bienestar ha venido acompañado de medidas de reducción del poder sindical, de la flexibilización del mercado laboral y de la eliminación del control de capitales.

 

Aunque en las últimas tres décadas se haya logrado controlar la inflación, el costo es demasiado alto porque se han multiplicado las crisis financieras, que a su vez han minado la calidad de vida de muchas personas debido a mayores niveles de endeudamiento, quiebras y desempleo. De otro lado el efecto de las medidas neoliberales sobre el crecimiento económico no es el deseado. Entre 1980 y el 2008 Suecia mantuvo estable su gasto público social alrededor de 47 por ciento mientras que Estados Unidos, defensor de un Estado de Bienestar reducido, invirtió solo el 15 por ciento. El resultado en términos de crecimiento fue de 2.4 por ciento para Suecia en el periodo 2000 a 2008 mientras que el de Estados Unidos fue 1.8.



En Colombia, desigualdad creciente

 

En el debate público colombiano la clase dirigente ha señalado a Suecia como referente para las reformas tributarias, pero guarda silencio respecto del nivel de su gasto público en temas sociales. El Ministro Alberto Carrasquilla, que en reciente debate de control político fue acusado de enriquecerse con los Bonos Agua por más de 70 mil millones de pesos, ha propuesto una reforma tributaria de inspiración neoliberal en la que se plantea aplicar el impuesto al valor agregado IVA a todos los productos incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales.

 

Los defensores de estas propuestas mencionan que Suecia tiene una carga impositiva de 22 por ciento para las empresas, 60 por ciento para las personas naturales y un IVA de 25 por ciento. Mientras que para Colombia las tasas máximas correspondientes para esos mismos impuestos son respectivamente, 34, 35 y 19 por ciento. Pero lo que no mencionan estos análisis es que la estructura tributaria sueca corrige fuertemente la desigualdad que tiende a generar el modelo capitalista. En 2016 la desigualdad del ingreso sueco medida por Gini fue de 0.42 pero después de aplicar impuestos y subsidios el ingreso disponible de los suecos pasó a ser mucho más equitativo (un Gini de 0.23). Por el contrario la desigualdad del ingreso colombiano no es corregida ni por el estatuto tributario ni por el gasto público social, sino que más bien tiende a empeorar y deja por resultado que el 1 por ciento de los colombianos concentre el 44 por ciento de la riqueza del país.

 

La regresividad colombiana es tal que el aumento del IVA en un punto porcentual deteriora la desigualdad en 1.2 puntos porcentuales, aún con esto la reforma tributaria de Santos pasó de un IVA de 16 a uno de 19 por ciento. Frente al impacto negativo del IVA el Ministro Carrasquilla anunció ante al gremio de banqueros en Cartagena, que gravaría con IVA y sin excepción todos los productos y después devolvería el monto subsidiado de la canasta básica al sector de bajos ingresos (que estiman en 11% de sus ingresos) a través de programas como Familias en Acción y exigiendo su bancarización.

 

Es una propuesta deficiente y malintencionada. Deficiente, porque es difícil o imposible individualizar el gasto que los hogares hacen mensualmente por concepto de la canasta básica de alimentos. Malintencionada, porque esta decisión genera lucro para los establecimientos de crédito mediante la cuota de manejo de una mayor población bancarizada, y porque fortalece el programa clientelista creado con la primera administración Uribe –que contaba con 300 mil familias en el 2002 y pasó a reunir 4 millones hoy.



La corrupción es un fenómeno muy costoso para los colombianos, representa cerca de 50 billones de pesos cada año, una cantidad muy similar a la que recauda el país por impuesto de renta. Es decepcionante que exista en el gabinete actual un Ministro de Hacienda con cualidades éticas cuestionables, con espacio político gubernamental para proponer reformas nocivas para la mayoría de los ciudadanos y cuyo partido político obstruye la moción de censura para removerlo de su cargo. Es desconcertante que existan líderes políticos que hayan defendido el “no” a la consulta anticorrupción, y que frente a la impopularidad de las propuestas de Carrasquilla hayan impulsado un proyecto de ley que en apariencia beneficia a la clase trabajadora –mediante la búsqueda de un incremento extraordinario del salario mínimo–, cuando lo que busca es beneficiar a los fondos privados que administran pensiones y cesantías debido a que el incremento no lo puede usar el trabajador en efectivo sino que se abona a sus cesantías. Esto sin contar que con la reforma pensional se está buscando eliminar a Colpensiones con el fin de apartar esta incómoda competencia para los fondos privados.

 

En resumen las reformas del presente gobierno, y de su partido político, apuntan a introducir mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora. Pese a que nuestra Constitución Política podría ser muy similar a la de los países nórdicos –pioneros en la construcción del Estado de Bienestar–, desde su misma creación en 1991 la clase dirigente interpone obstáculos para que estos principios no se materialicen en la práctica. Las propuestas del presidente Duque son al extremo regresivas y su administración se anticipa al inconformismo que van a generar acudiendo a la idea de una “regulación” de la protesta, y a una reforma a la justicia que limita la acción de tutela con la que la ciudadanía, como último recurso legal, reclama ante los jueces (ya que la mayoría de los políticos favorecen con sus acciones a los más ricos), sus derechos fundamentales.

Publicado enEdición Nº251
“Quieren exterminar a la izquierda con vocación de poder”

Correa, quien vive en Bélgica desde hace un año, afirma que en su país lo quieren ver preso o muerto y que Lenin Moreno –hoy su archirrival– pautó con EE.UU. “La CIA actúa con las embajadas. La decisión es exterminar a la izquierda.”

El otoño belga es excepcionalmente cálido. Rafael Correa aprovecha un sábado de octubre a la mañana para ir al mercado de la Place de la Université, en Lovaina La Nueva, el pueblo belga de 29 mil habitantes a 40 minutos en tren del centro de Bruselas, donde desde hace un año vive el ex presidente de Ecuador. Viste elegante sport y calza unos zapatos leñadores gastados. Lleva en el bolsillo un papel arrancado de un cuaderno donde su esposa Anne Malherbe –a quien conoció en una residencia universitaria de esta misma ciudad hace 28 años– le anotó en francés que debe comprar berenjenas, tomates, pepinos, papas y frutas. Gasta 45 euros. Le pide al verdulero que para la próxima reemplace las bananas de República Dominicana por las de Ecuador. Paga con una tarjeta del banco holandés ING. Saluda en quechua a Armando, un ecuatoriano de una comunidad andina que tiene un puesto de ropa en el mercado. Recorre a pie 10 minutos rodeado de verde y regresa a su departamento: un cuatro ambientes con balcón terraza en un segundo piso. Lo alquila a 1250 euros mensuales.

Los Correa se mudaron a Lovaina La Nueva a mediados de 2017 porque les gustó la escuela pública de allí para Miguel, su hijo adolescente. También para estar cerca de sus dos hijas, Anne Dominique y Sofía, que consiguieron becas para estudiar en París. Además, buscaban acercarse a los padres de Anne, oriunda de Namur, a media hora de la nueva casa. Querían, dicen, poder comer juntos los domingos o salir tranquilos a la calle. Este verano fue complicado para la familia: a fin de mayo, a Anne Dominique la atropelló un auto en Ginebra, donde estaba haciendo una pasantía como periodista. Tuvo una doble fractura abierta en el tobillo además de muchísimos golpes. Se está terminando de recuperar.
–¿Fue fuerte el cambio de ser el presidente diez años de un país a ser uno más en un pueblo belga?


–Antes de ser presidente detestaba la rutina o ir al supermercado, ahora lo disfruto. Dijeron ‘Correa es un don nadie ahí’. ¡Eso vine a buscar! Me encanta cocinar. Arroces, ceviche. Me gusta experimentar. Por ejemplo, el otro día inventé la “salsa amatriciana al estilo Rafael”: le pongo chorizos españoles. También soy experto en parrilladas aunque una de mis hijas, vegetariana, me ha convencido de comer menos carne.


Visitas ecuatorianas


En su mano derecha Correa porta una muñequera: se resintió del esguince que se hizo el 8 de julio último tras zamarrear al periodista ecuatoriano Ramiro Cueva, después de que éste lo increpó en la calle mientras el ex presidente caminaba con una de sus hijas. “¿Si te dicen ladrón tienes que decir viva la libertad de prensa? Por ser presidente no dejas de ser humano.” Hace unos días la Justicia belga condenó al periodista por amenazas: debe pagar 1600 dólares de multa si vuelve a Europa.


Hubo otro episodio violento: en agosto dos periodistas del medio ecuatoriano La Posta llegaron para mostrar la vida europea del ex presidente. Se enfrentaron con correístas que viven en Bruselas. Correa denunció acoso a la policía: “Vinieron a buscar una vida de millonario y no pudieron demostrar nada”.


El salario medio en Bélgica es poco menos de 4000 euros por mes. Correa calcula que podría vivir bien con los 4600 dólares de la pensión presidencial más el sueldo como maestra de su esposa: “Pero tengo 13 procesos penales, hace meses que tengo que trabajar para pagar mi defensa”.


Recibe ingresos por dar cursos on line y conferencias. Tiene un salario fijo como presidente del Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro y además hace consultorías por su cuenta. Asegura que se ha “comido los ahorros familiares”, que se endeudó, pero que ya equilibró los números porque “por una conferencia pueden pagar 60 mil dólares, no como Obama que cobra 200 mil, pero las pagan bien”.


Lenin Moreno le retiró la seguridad presidencial, ahora tiene un servicio particular. “Es una protección básica, gente desarmada, necesito tener al menos un chofer que sepa conducir en caso de emergencia. Lo paga una institución. No puedo decir cuál. La discusión en Ecuador es tan tonta que dicen ´¿si es tan popular para qué necesita protección?´ Pero además de eso, suponiendo que no tenga ningún enemigo personal, que es imposible, tengo secretos de Estado”

.
–¿Es privada o pública esa institución que paga la seguridad?


–Es, digamos, sin fines de lucro.


Judicialización de la política


En Ecuador, Correa tiene una orden de prisión preventiva vigente desde julio de este año. La Fiscalía General del Estado lo acusa de ser el autor mediato del secuestro del ex seguidor suyo Fernando Balda, a quien agentes de inteligencia ecuatorianos intentaron secuestrar en Colombia en 2012. La fiscalía apunta a Correa porque era “el presidente de la república y por lo tanto jefe directo de los servicios de inteligencia”. “A mí me quieren muerto fuera del país o preso en el país y que me maten ahí. Saben que les ganamos cualquier elección si yo estoy”, responde. Una jueza se pronunciará sobre su situación en una audiencia el próximo 23 de octubre. Interpol aún no ha atendido el pedido de captura. Su última opción es pedir asilo en Bélgica. “Es muy difícil que cumplan su sueño de verme esposado volviendo al país. Si voy tendría que ir a probar mi inocencia cuando debería ser al revés. Ya basta, es una locura allá, se vive una dictadura, una falta total de Estado de Derecho.”


–Pero quien lidera ese Estado fue promovido por ustedes mismos para llegar al poder.


–Totalmente, yo soy el principal responsable de lo que está ocurriendo. ¿Cómo pude dejarme engañar por un tipo así diez años? Es un impostor profesional. Me decía que yo era el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Ahora dice todo lo contrario. O fue un impostor profesional o algo se le saltó. Es difícil que exista alguien con tanto cinismo, sólo puede mantenerse con la complicidad de la prensa.


–¿Dolió personalmente el cambio de Lenin Moreno?


– No éramos amigos, yo lo apreciaba mucho por su historia, por cómo se recuperó de una tragedia. Pero no era tan cercano como otros que también traicionaron y esos sí desgarra el alma. Debo estar preparado, sé que así es la vida. Pero tú puedes saber que una inyección duele y no por eso cuando te la ponen te va a dejar de doler. Sí me sorprendió la cantidad y magnitud de las traiciones. ¿Quién puede adivinar esas cosas? Caras vemos, corazones no. Hay analistas allá que dicen que la traición es el instrumento tradicional de la política ecuatoriana. ¡Lo banalizan! Como si fuera una opción que tienes la de traicionar ¡por favor!.


–Según la Celag, Lenin Moreno creó una “Oficina para el intercambio de información con EE.UU.” y el Centro de Inteligencia Estratégica, que estarán abiertos a la cooperación con la Casa Blanca, ¿esta nueva política puede explicar su giro?


–Por supuesto, son causa y son consecuencia. Yo creo que el tipo (Lenin Moreno) ha pautado con Estados Unidos

.
–¿Antes o después de la elección presidencial?


–Creo que después de la primera vuelta. Pensó que iba sacar más pero era muy mal candidato, si hubiera sido bueno tendría que haber ganado en primer turno. El tipo se acobardó y, por ejemplo, pautó con el Partido Social Cristiano, que son lo peor de la política ecuatoriana y probablemente haya tenido contacto con la Embajada de Estados Unidos pensando en la traición.


–¿Estados Unidos es la mano detrás del lawfare? El lawfare, como escribió José Natanson en línea con Carreiro de Barros Filho, en tanto “utilización de los jueces como herramienta de persecución política a través de la creación de maxiprocesos que involucran un alto nivel de espectacularización” (ver recuadro).


–Las oligarquías nacionales y las internacionales también. No solamente el gobierno de Estados Unidos, hay un sistema que marcha por sí solo, estoy seguro que ni los presidentes de Estados Unidos saben lo que hace la CIA. Pero puedes estar seguro de que la CIA actúa con las embajadas. La decisión es exterminar a la izquierda. No van a permitir que se repita otra época de oro en América Latina: 90 millones han salido de la pobreza. Ahora regresaron 20 millones. Están dispuestos a todo. La orden es exterminar a la izquierda con vocación de poder. No a la izquierda tonta, la del “todo o nada”. Sino a la izquierda de los Lula, Cristina, Chávez, Correa que pateamos el sistema. Van a tratar de exterminarla físicamente también. No se engañen, no exagero.


Política y moral


Para Rafael Correa, no se patea el sistema con demandas como la despenalización del aborto. Discute con el feminismo: “busquemos la igualdad de derechos, salariales, políticos pero no podemos ser iguales en todo, biológicamente no somos iguales”. Cree que antes del aborto “hay mil cosas que pasan antes, como la injusticia o la pobreza. Para llenar un tarro si metes primero arena, lo fino, y luego metes rocas, entra menos que si primero metes lo grande y luego lo fino”.


–Hubo bastantes críticas por esa posición moral, de gente que comparte tus ideas en lo político o en lo económico. ¿Se pueden reconciliar ambas?


–Para mí la cuestión social en el continente más desigual del planeta, es la primera cuestión moral. Pero en Brasil, por ejemplo, hubo una gran marcha antes de las elecciones, contra el moralismo de Bolsonaro y las chicas fueron con el torso desnudo, a pedir el aborto, el matrimonio igualitario. Le subieron 6 puntos a Bolsonaro. Antes de ponernos a discutir estas cosas que están en la frontera del debate, discutamos cosas evidentes como la desigualdad de derechos. El además ha cogido la insatisfacción de la gente en temas que la izquierda nunca habla por purismo, como la seguridad.¿Por qué la izquierda no enfrentó más claramente ese problema para evitarlo? Es una torpeza política. En Ecuador sí lo hicimos, tenemos el sistema de seguridad integrado más avanzado de América latina.


–¿Para poder captar esos significantes vacíos la Iglesia Evangélica le dio a Bolsonaro una llegada a las bases que la izquierda perdió?


–Te diría que la iglesia evangélica encontró esas bases que la izquierda no atendió. Cuando la gente se asusta por ciertas posturas busca otra cosa y cuando ve que no tiene perspectivas de cambio, se deja convencer de que así tiene que ser y encuentra refugio en estas iglesias. Es difícil, a los dirigentes políticos nos acusan de no haber sido dirigentes espirituales. Que no cambiamos los hábitos de consumo, que nos enfocamos en el materialismo y no en lo espiritual del asunto. Pero bueno, sí quizás dejamos espacios para que los ocupen estas posturas radicales, como la de Bolsonaro.


–Cuando ganó Donald Trump se decía que se iba a topar con los frenos y contrapesos del sistema. En Brasil da la sensación de que no hay contención y que Bolsonaro puede parecerse más a Rodrigo Duterte (el líder conservador y autoritario de Filipinas que lleva adelante una sangrienta “guerra contra las drogas”) que a Trump.


–Creo que se parece más a Duterte, sí. Porque ni Trump va a hablar a favor de la dictadura, de la tortura, de la desaparición de 30 mil personas. Sin embargo, mira, soy optimista por naturaleza. Si no hacemos esto con optimismo mejor dedicarse a otra cosa. Y hay que ver las cosas en el largo plazo. Yo no quiero que gane, es difícil pero no imposible. Hay 20 millones que no votaron, esos 20 millones, los necesita la inmensa mayoría Haddad. La prensa juega un rol terrible. Pero si gana Bolsonaro, como cuando ganó Bush en Estados Unidos, puede despertar a los gobiernos progresistas de América latina. Va a ser tan elemental su gobierno que puede provocar una reacción favorable para retomar la vía del humanismo.


–¿A qué plazo hay a la vista algún tipo de cambio de correlación de fuerzas?


–Cualquier cosa puede pasar. Antes de mi gobierno, cada gestión duraba un año y medio. Yo soy optimista de que pronto cambiará la situación política y empezaremos a recuperar lo mucho que hemos retrocedido.


Retiro parcialmente voluntario


Mientras siga vigente la prisión preventiva, Correa no volverá a Ecuador. Igual dice que su objetivo, cuando se fue, no era exiliarse sino retirarse para escribir. En su escritorio, que está en el living de su casa, se sienta cuando todos se van a dormir y solo queda despierto su gato Dobi. Está preparando tres libros sobre el desarrollo latinoamericano. Para eso está revisando bibliografía como “¿Por qué fracasan los países?” de Acemoglu y Robinson o “¿Por qué las naciones latinoamericanas fallan” de Pérez Caldenentey y Vernego. Para Correa “no vamos a alcanzar el desarrollo si no aumentamos la productividad” y para eso hay que superar la “incapacidad para organizarse”. Por eso, también está releyendo la ‘tesis climática’ de David Landes sobre por qué los países con clima cálido nunca lograron desarrollarse


.“Eliminemos los paraísos fiscales” 

¿Cómo fue el choque entre haber teorizado sobre el poder y haberlo tenido? ¿Cuál es el balance?


–Todo lo que dijimos que íbamos a hacer, lo hicimos o tratamos de hacer. Me hubiera gustado ir mucho más lejos en muchísimas cosas, como con la reforma universitaria. América Latina avanza por impulso cuando se flexibilizan las restricciones nacionales e internacionales. Las nacionales son las oligarquías y las internacionales son, por ejemplo, los países hegemónicos. Las propias independencias latinoamericanas se pueden explicar así. Una nueva ventana de oportunidad se dio a fines de los noventa, principios del 2000. Luego, con la crisis del 2008, el fracaso del neoliberalismo dejó las elites debilitadas y sus medios de comunicación no se esperaban eso. Hasta el 2014 que comenzaron a cambiar las cosas porque llegó un período de recesión.


–También surgieron los casos de corrupción


–Messi es un genio pero si muestras los goles que no hizo lo haces pasar como la peor bestia del mundo. Eso es la manipulación, mostrar solo una parte de la realidad, porque de cada gol que falló convirtió cinco. Eso hacen. Han utilizado la recesión y el discurso anticorrupción. Hacen un trabajo muy de filigrana, la prensa siempre la han tenido, lo peor de América Latina es su prensa. Están sosteniendo a los nuevos gobiernos e invisibilizando a nosotros, a no ser que tengan malas noticias. Han cooptado al poder judicial. En Brasil con cursos en Estados Unidos. En Colombia financiando escuelas judiciales y en Ecuador con la desinstitucionalización total para poner su gente ahí. Con esas dos cosas: poder mediático, que te destroza y te juzga en los titulares y el Poder Judicial que solo aplica los titulares mediáticos se aplica el lawfare.

–¿Digamos que hubo corrupción y también una apropiación del discurso de la corrupción?


–Utilizaron muy bien el discurso anticorrupción. Pero un gobierno honesto no es el que no tiene casos de corrupción, es el que no las tolera. Es imposible en diez años que no haya algún caso, eso no existe. De hecho los dos casos que tuvimos, y nos ocupamos de ellos, fueron a través de paraísos fiscales. Pero bueno, por más atento que estés, ¿cómo descubres una coima en un paraíso fiscal? ¿cómo sabes que un pago de Odebrecht terminó en una cuenta de Andorra? Si quieren luchar contra la corrupción, eliminemos los paraísos fiscales.


 América latina, entre China y el FMI


En un contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y China hay más presiones para evitar acercamientos con China, pero ese acercamiento ¿no es cambiar de influencer?


–Fuimos el más país exitoso en la relación con China y eso EE.UU. no lo va a permitir. No solo necesariamente a través de los presidentes, hay mandos medios que están preocupados por mantener los intereses de EE.UU. Con China es el hambre y la necesidad. Cuando llegué al Ministerio de Economía en 2005 vi que ellos tenían excedente de financiamiento y nosotros déficit. Ellos tienen necesidad de hidrocarburos. Es lo lógico. Denme financiamiento y le doy hidrocarburos. Es lo obvio a nivel técnico. China es el principal financista del mundo, sobre todo de EEUU. Pero nosotros tenemos que dar explicaciones, hay que superar esos complejos.


–Cuando se fue del Ministerio de Economía en 2005 fue por acercarse a China y evitar la injerencia del FMI, ¿cómo se evalúa el nuevo acercamiento argentino con el FMI?


–Proponía acercarme a China, pero ser multipolares, buscaba también que nos financie Venezuela, que pasaba un buen momento en ese entonces. Pero querían que me sometiera al FMI y al Banco Mundial. El caso argentino o ecuatoriano, es lo mismo. Ecuador ha firmado catorce cartas de intención con el FMI, somo expertos en ajustes. Si eso tuviera éxito seríamos Suiza. Los que han fracasado son ellos, no nosotros. En Argentina, lo mismo, Cavallo el autor de la convertibilidad pero era la corner solution del Fondo Monetario: novelerías de esos burócratas que experimentan con nuestros países, los quiebran y después van a un hotel cinco estrellas a imaginarse la siguiente novelería. Si esa receta fuera exitosa seríamos desarrollados.


–El gobierno de Mauricio Macri afirma que este es un nuevo Fondo Monetario..

.
–(Ríe) Son las mismas recetas de siempre. El FMI está cooptado por Estados Unidos y Europa: lo utilizan para defender sus intereses. Las grandes ayudas son para garantizar el pago de la deuda privada. Mira el caso de Grecia. No es para ayudar a los pueblos, es para que les quedemos debiendo. Te imponen los ajustes para asegurarse que todos los centavos que entren sean para pagar.

 

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Caos climático, capitalismo y geoingeniería

Se acaba de hacer público un nuevo informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, referencia científica de Naciones Unidas en el tema) que alerta sobre la necesidad urgente de cambios y reducciones drásticas de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para detener el calentamiento global y que no sobrepase 1.5º C respecto de niveles preindustriales. El informe es una advertencia importante e insoslayable en cuanto a la gravedad del cambio climático y las reducciones que son necesarias. Ya con el aumento de 1º C sufrimos extremos climáticos devastadores en muchas regiones del mundo. Cada décima de grado implica nuevos riesgos, amenazando de extinción ecosistemas enteros.

El IPCC señala claramente las causas del cambio climático a escala global: la emisión de GEI debido principalmente a que energía, industria y agricultura industrial se basan en combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón.

Sin embargo, el informe falla en las propuestas sobre los caminos a tomar, ya que no cuestiona el statu quo económico ni la inequidad global sobre quienes han provocado y deben hacer inmediatamente una fuerte reducción de emisiones. Por evitar cuestionar los temas de fondo, incluye en sus propuestas tecnologías de alto riesgo, como las de geoingeniería, que no son ninguna solución e incluso podrían empeorar el desequilibrio climático.

Se evidencia así la relación entre la geoingeniería y la preservación del capitalismo: para poder seguir con el modelo de desarrollo y producción industrial que ha provocado el desastre climático, se plantea usar tecnologías de alto riesgo para que algunos puedan sobrevivir conservando sus privilegios, aunque implique toda una serie de nuevas amenazas ambientales y sociales para millones de otras personas.

Por ello y coincidiendo con el informe del IPCC, 110 organizaciones internacionales y nacionales y seis premios nobel alternativos publicaron un Manifiesto contra la geoingeniería, en el que grandes redes, como Amigos de la Tierra Internacional, Vía Campesina, Red Indígena Ambiental, Alianza de Justicia Climática y Marcha Mundial de Mujeres, exigen un alto a la geoingeniería y a los experimentos propuestos, varios de ellos sobre territorios indígenas, tanto por los impactos en la biodiversidad, las comunidades y pueblos, como por la desviación que significa de la atención hacia soluciones verdaderas. (https://tinyurl.com/yakb6ghb)

Pese a que hay tecnologías de geoingeniería contempladas en tres de los cuatro escenarios planteados por el IPCC, el panel también reconoce en su primer escenario que es posible limitar la temperatura sin usar esas tecnologías, que existen otras vías, como proteger y restaurar ecosistemas naturales y realizar cambios en la agricultura y otros sectores, que evitan emisiones y pueden absorber y retener los gases de efecto invernadero. En ese escenario ¬¬–el único justo– el IPCC plantea la necesidad de reducir las emisiones de Co2 en 45 por ciento hasta 2030.

Esta cifra parece alta, pero hay que recordar que solamente 10 países, con Estados Unidos a la cabeza, son los responsables históricos de dos tercios de los gases emitidos y que actualmente 10 naciones son responsables de más de 70 por ciento de las emisiones, entre las cuales se mantienen Estados Unidos y las que integran la Unión Europea. Esos 10 países emiten dos veces más GEI que la totalidad de los otros 175.

Es una imagen clara de injusticia climática global, pero es preciso agregar también la inequidad dentro de los países. Según Kevin Anderson, experto en cambio climático de la Universidad de Manchester, 50 por ciento de las emisiones de carbono provienen de las actividades del 10 por ciento más rico de la población mundial, y si consideramos el 70 por ciento de las emisiones son provocadas por solamente 20 por ciento de la población. Anderson explica que si se estableciera un límite a la "huella de carbono" (consumo y producción) de 10 por ciento de los individuos que son los mayores emisores, para que ésta sea equivalente a la huella de carbono de un ciudadano europeo medio (considerablemente alta para la gran mayoría de países), las emisiones globales de carbono se reducirían en un tercio en uno o dos años. (https://tinyurl.com/yalat5wg)

En lugar de analizar ese tipo de propuestas, el IPCC plantea el concepto falto de lógica de "emisiones negativas". Significa que se pueden seguir emitiendo gases si se contrarrestan con tecnologías de geoingeniería, entre las que incluye bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, captura directa de aire, cambio de la química de los oceános y otras, aunque reconoce que no está probada su viabilidad económica, técnica ni ecológica y que tendrían fuertes impactos negativos sobre la biodiversidad y seguridad alimentaria, entre otros.

Varios factores, como el hecho de que el IPCC tiene representantes de empresas petroleras entre los autores del informe, explican esta enorme contradicción entre alertar sobre la realidad climática e incluir propuestas que la empeorarán.

Las organizaciones que firman el Manifiesto contra la geoingeniería seguirán en el camino de la resistencia y las alternativas reales.

Por 

Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

 

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El futuro del planeta, en manos de unos ricos que no pagan su deuda

Mientras el informe del IPCC deja claro que los esfuerzos para contener el aumento de temperatura global por debajo de 1,5 grados deben ser mucho más rápidos y mayores, el principal instrumento económico para la adaptación, el Fondo Verde para el Clima, no tiene apenas fondos. Los países ricos son los que más deben aportar, pero las negociaciones siguen encalladas.

Por si aún no había quedado suficientemente claro, el último informe del Grupo de Expertos Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) viene a afianzar un hecho que se lleva corroborando año tras año: si queremos limitar el aumento de temperatura medio del planeta por debajo de los 1,5 grados, los esfuerzos a realizar deben ser mucho mayores y más rápidos de lo que hoy tienen acordado las naciones y organizaciones que rigen el mundo. Es más, el documento se ha centrado en las consecuencias que implicaría quedarse en un incremento de 1,5 grados o llegar a los 2. Y este segundo escenario es catastrófico, especialmente, por supuesto, para los más pobres.


“El informe del IPCC ha encontrado que el factor sobre el que más impacta ese aumento de 1,5 grados a 2 es el agua”, señala Alejandro González, responsable de Cambio Climático de InspirAction. Si con 1,5 el nivel del mar subirá entre 26 y 77 centímetros, con 2 grados esa cifra aumentará 10 cm, lo que se traduce, según el informe, en 10 millones de personas más afectadas, básicamente en las zonas más desfavorecidas.


“Ese medio realmente marca una diferencia muy importante, por eso tenemos que ser mucho más ambiciosos”, apunta Tatiana Nuño, responsable de Energía y Cambio Climático en Greenpeace. Y en lugares como el Estado español es crucial. Como indica Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción , “en los países mediterráneos puede ser la diferencia entre adaptación o pérdidas y daños irreversibles”.


Un cambio tan drástico y una aceleración de los objetivos y ambiciones necesitan de acuerdos políticos y dinero, mucho dinero. “El instrumento clave para la adaptación es el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) y por lo que sabemos hasta ahora el dinero no está puesto sobre la mesa”, denuncia Andaluz.


El compromiso adquirido es movilizar 100.000 millones de dólares para conformar este fondo, pero desde el mismo dejan claro que, a día de hoy, solo hay un 10% de esa cifra: 10.200 millones. “El nivel de urgencia que tenemos es tal que los países ricos, que son los responsables de todo esto, no solo tienen que realizar las medidas de mitigación, sino que tienen que contribuir a que no haya emisiones extra en los países más desfavorecidos”, apunta González. Por ello , la demanda por parte del llamado G77 —en el que se agrupan los países con menos capacidad económica y del que forman parte 134 naciones— más China de que haya una inversión mayor por parte de los más poderosos va a ser una de las claves de la próxima Cumbre del Clima (COP24), que se celebrará en diciembre en Katowice (Polonia).


Sin embargo, tal como señala el experto de InspirAction, “no hay un compromiso claro y firme de que esos países ricos vayan a comprometer los fondos que habían acordado para capitalizar el GCF”. La última cumbre preparatoria interseccional con este punto en la agenda tuvo lugar en septiembre en Bangkok y dejaba un panorama oscuro. “Quedó claro que el G77 y China no van a avanzar y a seguir bajo el Acuerdo de París si no está el dinero y las transferencias de capacidades puestas sobre la mesa”, indica Andaluz, “y eso debe salir de los más ricos”. Pero a pesar de la urgencia, las posiciones en cuanto a financiación quedaron enconadas en dos posiciones: la de los que más tienen, básicamente el Grupo Paraguas —que incluye a Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón y Australia— más la Unión Europea, y la del G77.


Poderosos contaminantes


La responsabilidad histórica de los más ricos no está en duda. Tampoco que, hoy en día, los que más tienen son los que más contribuyen al cambio climático. Un informe de Oxfam International ya indicaba en 2015 que el 10% de la población con más recursos es la responsable de la mitad de las emisiones globales, mientras que la mitad más pobre del mundo en términos de población —3.500 millones de personas— solo producen el 10% de las emisiones. Por ello, como indican desde el colectivo Contra el Diluvio, “con la desigualdad actual, si conseguimos que el 10% más rico del mundo emita al nivel del europeo medio reduciríamos rápidamente las emisiones de CO2 en un tercio”.


En la misma línea, el informe Equidad y aumento de ambición: hacia un Diálogo Facilitado que sea efectivo en 2018 , firmado por más de un centenar de organizaciones de todo el globo en diciembre de 2017, remarca que “los compromisos de los países más enriquecidos no llegan a cubrir lo que sería una contribución justa”. Para no sobrepasar las 450 ppm de concentración de C02 en la atmósfera en 2020 —escenario que se equipara con un calentamiento no superior a 2ºC, siendo actualmente de 405 ppm—, el documento ya resaltaba la necesidad de “destinar más de 375.000 millones de dólares anuales en los países del Sur global, que deberán llegar a 1,3 billones de dólares en 2035”.


Con cifras pero sin fondos


Con estos hechos sobre la mesa, llama la atención la falta de acuerdo sobre los 100.000 millones que el GCF necesitaría para el año 2020, más teniendo en cuenta que esa cuantía es calificada por las organizaciones sociales como arbitraria. “Esa cifra se dice al tran tran, se pone sobre la mesa para encauzar unas negociaciones que ya estaban vendidas”, apunta González, quien destaca que “no se decide si van a ser préstamos, préstamos a fondo perdido, donaciones… cuáles son las características de esos préstamos o de las aportaciones de los países”. Además, el experto recuerda que “enseguida salieron voces como Oxfam o Amigos de la Tierra calculando que esa cantidad debía de ser al menos del doble”.


De hecho, el informe Equidad y aumento de ambición señalaba hace diez meses que un Fondo Verde para el Clima presupuestado con 100.000 millones de dólares se encontraba “muy lejos de las necesidades reales”, y destacaba que la adaptación de los ecosistemas, naturales y humanos “supondrá un coste de entre 140.000 y 300.000 millones de dólares anuales en 2030, y que se multiplicará por cinco en 2050”.


Financiación privada


Con este panorama y la falta de acuerdos, los gobiernos giran la mirada hacia las empresas, lo que tiene sus peligros, según denuncian desde las organizaciones sociales. “Cada vez surge con más interés que las grandes empresas pongan ese dinero que falta en el Fondo Verde para el Clima”, indica Andaluz.


“Las grandes compañías están haciendo un doble juego”, destaca por su parte el responsable de InspirAction. “Por un lado, desde la cumbre de Addis Abeba [para la Financiación del Desarrollo Sostenible de 2015 ] se dice que los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se podían sostener con financiación pública y debía entrar la privada; y no un porcentaje, sino que el grueso debía venir de multinacionales, con la consiguiente desvirtuación de la agenda de desarrollo, con una serie de injerencias de modelos de negocio, etcétera…”. Por otro, la llegada al GCF de “empresas y fondos de inversión para intentar capitalizar iniciativas para desarrollar proyectos”.


Así están las cosas. Multinacionales y sus modelos de negocio en la base de la lucha global contra el clima. El futuro del planeta, en manos del capital y supeditado al beneficio. Lo dice hasta el GCF: “Responder al desafío climático requiere la acción colectiva de todos los países, ciudades, empresas y ciudadanos privados”. Un fondo que busca 100.000 millones de dólares anuales desde 2020 que puedan llegar “desde diversas orígenes”.


Mientras tanto, el informe del IPCC deja clara la situación: el ritmo actual de emisiones el aumento de 1,5ºC será un hecho en algún momento entre 2030 y 2052. Y la cosa irá a peor. “Estamos en la trayectoria de un aumento de entre 3 y 4 grados”, expone la responsable de Greenpeace, “así que necesitamos transformaciones muy rápidas y muy urgentes en todos los ángulos de gran alcance, donde se incluye el sistema energético, el transporte, el modelo de consumo, al consumir menos carne, la agricultura…

”.
Tras el fiasco de Bonn y el fracaso de Bangkok y del resto de reuniones intermedias, el horizonte está puesto en Katowice.

Por Pablo Rivas
@CeboTwit

publicado
2018-10-13 07:01:00

Publicado enMedio Ambiente
Lunes, 24 Septiembre 2018 06:28

¿Cuándo se jodió el progresismo?

¿Cuándo se jodió el progresismo?

Los progresismos latinoamericanos desestiman la construcción de una nueva ética pública como un problema “liberal” propio de almas bellas o de las agendas imperiales. Pero es posible identificar un tipo de “republicanismo desde abajo” en toda la región, que incluye una cierta economía moral de lo que debe ser la función pública junto con ideas de alternancia en el poder estatal. Las “cruzadas anticorrupción”, el honestismo y el socialismo real.

“Veníamos bien y pasaron cosas”, dijo en una entrevista el presidente Mauricio Macri para explicar una crisis que puso fin a su “utopía gradualista” que, hasta el momento, lo alejaba de la imagen del presidente ajustador con el que buscaba asociarlo la oposición. Pero la expresión podría usarse, también, para reflexionar sobre el cambio de ciclo político en la región: el continente actual está muy lejos de aquellos días en los que Chávez, Lula, Kirchner, Evo, Lugo y Correa parecían estar construyendo un proyecto regional común con una espalda política que era la suma ampliada de sus propias legitimidades y de los capitales simbólicos que cada uno de ellos movilizaba. Pocos esperaban que, algunos años más tarde, la región se encontrara frente al actual deterioro económico, e incluso democrático, y con sus instituciones de integración en crisis. Pero se podría fácilmente reemplazar la superficial expresión macrista por una pregunta vargallosiana de mayor calado: ¿cuándo –y por qué– se jodió el progresismo?


Después de dos “décadas” de proyectos políticos definidos e intensos –la neoliberal de los 90 y la progresista de mediados de los 2000– el continente entró, más que en un nuevo ciclo, en un proceso de fragmentación y disgregación, que combina la supervivencia de un progresismo que no acaba de morir y de una “restauración conservadora” que no acaba de nacer, al menos en término de un nuevo proyecto hegemónico.


Mientras una Venezuela en caída libre sirve a las derechas continentales como baza de triunfo electoral –por la amenaza de “venezuelizaciones” más imaginarias que reales–, el líder estrella del post-populismo –Mauricio Macri– comenzó a hacer agua y pocos querrían hoy ser los Macris de sus países. Brasil, otro proyecto post-progresista, pero sin elecciones de por medio, se encuentra sumido en la peor crisis en décadas, con un potencial candidato ganador preso (Lula), otro hospitalizado (el ultraderechista Bolsonaro, recientemente atacado con un cuchillo) y un presidente conservador, Michel Temer, cuya aprobación asciende al 3%; el 76% lo considera ruim o péssimo. Entretanto, el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en México puso en marcha una incierta experiencia de “progresismo tardío” que difícilmente sea suficiente para reeditar el ciclo sudamericano pero alcanza para limitar la consolidación del giro conservador.


Recientemente, el filósofo Slavoj Žižek convocó a “dar vuelta” la famosa Tesis N° 11 de Marx sobre Feuerbach (Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo). “En el siglo XX, tal vez hayamos tratado de transformar el mundo demasiado rápido, sin saber qué estábamos haciendo. Debemos dar un paso atrás y reinterpretarlo”. Y en el caso latinoamericano, no se trata solo de comprender el mundo, sino de sacar conclusiones no autocomplacientes de la agenda y experiencia progresistas y de su agotamiento. La reciente reunión del Foro de San Pablo reunido en La Habana –que articula a las fuerzas de izquierda de la región– es una expresión patente de las dificultades para andar este camino y de un repliegue en la “resistencia” antiimperialista que funciona como un operativo de cierre político/sentimental, cargado de nostalgia hacia el Comandante Fidel Castro, de cualquier perspectiva de lectura (auto)crítica del pasado reciente. “Este XXIV puede tener la misma importancia histórica de los años 90 cuando cayó el Muro de Berlín”, señaló Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro, en una analogía sintomática de las dificultades para pasar del socialismo “del siglo XX” al “del XXI”.


La corrupción está hoy en el centro del debate político y social. Es cierto, como ha apuntado Frederico de Almeida, que asistimos a la expansión internacional de esquemas políticos y legales de combate a la corrupción desde el centro hacia la periferia y que los efectos de las “cruzadas anticorrupción” se vuelven más inciertos cuando se aplican en democracias frágiles, como hoy ocurre en Brasil y podríamos agregar a la Argentina. Pero no es verdad, como se sostiene a menudo, que las luchas anticorrupción sean solo contra gobiernos de izquierda: en Guatemala hubo una lucha de masas contra la descomposición del Estado, hasta niveles de verdadera podredumbre moral, bajo un gobierno de extrema derecha como el del general Otto Pérez Molina; en México, López Obrador ganó con una campaña fundamentalmente “honestista”, y el reciente referéndum anticorrupción en Colombia –boicoteado por Alvaro Uribe– fue motorizado por la izquierda; por no hablar del papel del rechazo social a la corrupción en el nacimiento de fuerzas “amigas” de América Latina como Podemos en España.


A menudo, especialmente en su versión nacional-popular, los progresismos desestiman la cuestión de la construcción de una nueva ética pública como un problema “liberal” propio de almas bellas o de repetidores del discurso de los medios hegemónicos o las agendas imperiales. Sin embargo, es posible identificar un tipo de “republicanismo desde abajo” en toda la región, que incluye una cierta economía moral de lo que debe ser la función pública junto con ideas de alternancia en el poder estatal (como ocurrió en Bolivia en el referéndum de 2016). Que eso sea manipulado por la derecha no puede ocultar que las formas de financiamiento político (y personal) –y los esfuerzos por construir o apoyar a “burguesías nacionales” de maneras opacas y corruptas– debilitaron las credenciales morales de los progresismos y habilitaron que figuras de la “patria contratista” (Macri) o de la banca y las offshore (Guillermo Lasso, en Ecuador) pudieran enarbolar banderas anticorrupción como parte de sus campañas.


En Argentina, Macri ganó; en Ecuador Lasso perdió, pero el vicepresidente correísta Jorge Glas terminó preso por la causa Odebrecht en medio de una guerra política entre Lenín Moreno y el expresidente Rafael Correa –quien, a su vez, habría pedido asilo en Bélgica, donde vive con su esposa–. En Venezuela, a su vez, operó un verdadero saqueo de recursos públicos “por arriba”, reconocido por el propio gobierno y el enraizamiento de una economía política de la ilegalidad “por abajo” que explica, en gran medida, la supervivencia de los sectores populares en medio de la hiperinflación y la escasez. Y en Brasil, Lula Da Silva (casi 40% de apoyo en las encuestas) está impedido de enfrentar en las urnas al neofascista Jair Messias Bolsonaro (alrededor de 22%). La sentencia de 12 años de prisión por el famoso tríplex supuestamente recibido de manos de una constructora es débil y no es difícil percibir en la aversión a su candidatura un antiplebeyismo a flor de piel, sumado al racismo y el clasismo de gran parte de las elites brasileñas. No obstante, como balance político de los gobiernos del PT, no es posible dejar de lado los vínculos opacos con constructoras o frigoríficos, y el papel del propio Lula en la expansión regional de las “translatinas” brasileñas, aprovechando su influencia y prestigio como un soft power –como queda en claro con el reguero dejado por la causa Odebrecht en toda América Latina.


Sin duda, no se puede reducir el ciclo progresista a la corrupción y borrar lo que implicó en el sentido del “derecho a tener derechos” difundido entre los sectores populares. Pero tampoco puede pasarse por alto que, históricamente, el socialismo democrático combinó la demanda de ética pública con la de justicia social y que el desacople de ese binomio terminó por crear un hándicap moral de la izquierda que dificulta seriamente la (re)construcción de alternativas políticas anticonservadoras.


Pero si el “hándicap moral” de la izquierda le lavó la cara a diversos políticos y políticos/empresarios conservadores, existe un “hándicap democrático” que impide denunciar con eficacia los retrocesos democráticos evidentes hoy en la región. Brasil es sin duda un caso alarmante de degradación con consecuencias regionales, como la desaparición de la Unión de Nacionales Sudamericanas (Unasur), e internas, como los crímenes políticos, el aumento de las desigualdades, la pérdida de derechos y la “desdiabolización” de quienes defienden la dictadura militar. El caso de Bolsonaro es un emergente de esta situación, con su discurso fascistizante y discriminador en lo político y ultraliberal en lo económico (lo que atrae a los partidarios de la mano dura y de la destrucción del Estado de bienestar). En Colombia, la violencia estatal y los asesinatos políticos son de más larga data. Pero la falta de crítica a los déficits democráticos de Venezuela –y más aún de Nicaragua– impide construir una vara común para responder ante la politización de la justicia (o judicialización de la política), la represión estatal, los retrocesos institucionales y más en general los recortes de derechos democráticos. Hoy Venezuela es gobernada por una Asamblea Constituyente –por encima de cualquier poder constituido– que opera como un poder de facto sin contrapesos institucionales de ningún tipo. Y el gobierno de Daniel Ortega utilizó grupos parapoliciales para resistir en el poder con un saldo de alrededor de 300 muertos. Todo esto es justificado por la amenaza imperialista.


Es cierto que el imperialismo conspira, pero como lo muestra un reciente artículo de investigación del New York Times, lo hace de manera menos “orgánica”, homogénea y eficaz de lo que parece creer el discurso bolivariano. Lo que no es sorprendente, dado que hoy ocupa la Casa Blanca un presidente acusado de traición a la patria por parte del establishment conservador por su aparente colusión con Rusia en la campaña electoral de 2016 que además está enfrentado con los tradicionales aliados de la OTAN. Denunciar las conspiraciones reales es diferente a utilizar la amenaza imperial como acto reflejo frente a todos los problemas –en su mayor parte de naturaleza endógena–. Por ejemplo, ¿por qué Venezuela está sumergida en caos económico y Bolivia mostró una macroeconomía cuyo desempeño fue elogiado por el Banco Mundial y la prensa económica global? Quizás la gestión de algunas pistas. Pero el actual retroceso de parte de la izquierda hacia la cultura del socialismo real –expresado en simpatías hacia Vladímir Putin– lleva a abandonar la disputa por la democracia contra las visiones que la reducen a la libertad de mercado, la pospolítica o el republicanismo conservador. Y a replegarse en un dudoso y minoritario “pueblo verdadero”.


La ventaja del progresismo es que las derechas regionales carecen de proyectos atractivos para la región, en medio de una incertidumbre global que puso en crisis a los defensores del libre comercio y las modernizaciones neoliberales más clásicas. Pero lo que parece cierto es que el progresismo no “va a volver2 tal como era. Ni el continente es el mismo que el de la “década ganada”. Quizás, el progresismo se jodió cuando dejó de leer bien la realidad. La Tesis 11 invertida.


Pablo Stefanoni
es periodista e historiador, editor de la revista Nueva Sociedad.

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Nadie evalúa aún la gravedad de daños del huracán Trump en EU

Después de advertir a los ciudadanos de las Carolinas que este huracán es "muy mojado desde el punto de vista del agua", rechazar un informe de expertos que calculan que hubo casi 3 mil muertos por el huracán María en Puerto Rico; después de aconsejar a los españoles construir un muro a lo largo del desierto de Sahara; tras arremeter una vez más contra su procurador general, jefes de inteligencia y el fiscal especial que encabeza la investigación sobre la posible colaboración de la campaña electoral del presidente con los rusos, el mandatario estadunidense atacó este jueves a legisladores republicanos por omitir fondos para su muro en la frontera con México, y con ello el huracán Trump sigue golpeando casi todo a su paso sin tregua para evaluar qué tan graves son los daños hasta la fecha.

El nuevo libro de Bob Woodward, Fear, sigue sacudiendo a Washington, no necesariamente porque revele algo desconocido, sino porque intenta resumir lo que se ha vivido durante esta presidencia, sobre todo el temor dentro de la misma Casa Blanca, donde asesores y secretarios del gabinete reconocen que tienen a "un idiota" o un “fucking imbécil” o un "mentiroso" o un "ignorante" como jefe.

"El temor alrededor de su presidencia no tiene nada que ver con su hábil uso de la intimidación, y sí, todo que ver con las consecuencias peligrosas de su comportamiento errático. Al centro de Trump está la necesidad de verse fuerte, lo cual, claro, hace que se vea débil", indica George Packer al comentar el libro en The New Yorker. "Todos los días en la Casa Blanca tienen la sensación de desintegración de los días finales, pero el siguiente día es lo mismo, y el cuento nunca termina".

Vale recordar que Woodward, junto con su colega Carl Bernstein, fueron los reporteros del Washington Post que detonaron el escándalo político conocido como Watergate, que culminó con el fin de la presidencia de Richard Nixon. El fantasma de ese escándalo sigue asustando a Trump y a sus aliados desde que asumió la presidencia.

Este jueves, la versión impresa del New York Times incluye una sección especial de 11 planas llamada El complot para subvertir una elección, un intento de resumir todo lo que se sabe hasta la fecha en torno de la investigación sobre la supuesta intervención rusa en las elecciones estadunidenses y la posible colusión y obstrucción de justicia por el círculo de Trump. En ella se hacen algunas comparaciones con Watergate.

Trump, como Nixon, padece de una creciente paranoia que exhibe casi todos los días al denunciar a los más altos funcionarios de su propio gobierno, casi siempre acusando que son parte de alguna conspiración en su contra. En una entrevista esta semana, afirmó que uno de sus más grandes logros como presidente será revelar lo que llama un "cáncer" de la "corrupción" entre las personas que están investigando su presidencia, y como reportó La Jornada, llegó a decir: "no tengo procurador general", en referencia a Jeff Sessions, quien fue el primer senador en apoyar su campaña, y a quien Trump no perdona por no escudarlo contra la pesquisa federal.

Continuó su ataque contra el fiscal especial Robert Mueller, quien encabeza lo que llamó una "investigación fraudulenta", así como a altos funcionarios de la comunidad de inteligencia y de la FBI, y hasta contra cualquier legislador que se atreva a cuestionarlo.

Los ataques contra su propio gobierno y colegas de su partido ya no son novedosos y este jueves provocó preocupación entre legisladores republicanos al denunciar, en un tuit, que el proyecto de ley del presupuesto elaborado por el liderazgo republicano es "ridículo" por no incluir fondos para su muro fronterizo. El liderazgo de su partido desea evitar un cierre del gobierno –lo cual sucede si no se aprueba la medida sobre gasto federal– antes de las elecciones intermedias de noviembre.

Mientras tanto, ante tal vez el peor desastre natural en la historia moderna de los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur, provocado por el huracán Florence, algunos reporteros locales quedaron asombrados por lo que sus colegas a escala nacional han tenido que atestiguar a diario en Washington. Uno reportó que la vista de Trump a Carolina del Norte fue "surrealista", ya que no permitó que ningún funcionario local le informara sobre lo que estaba sucediendo, sino que sólo aceptó las gracias, elogió a encargados de rescate por sus "talentos", afirmó que él había impulsado la economía más dinámica jamás implementada (o sea, no venía al caso) y concluyó preguntando cómo estaba la situación en el Lago Norman, donde tiene uno de sus campos de golf.

Poco antes de viajar a las Carolinas, Trump difundió un videomensaje por Twitter, en el cual declaró que ese huracán es "uno de los más mojados que jamás hayamos visto desde el punto de vista del agua", algo que provocó grandes burlas.

Esto en medio de un estado donde han muerto por lo menos 41 personas, unas 10 mil siguen en albergues, miles de casas han sido dañadas, unas 120 mil familias no tienen electricidad y hay un desastre ecológico con el desbordamiento de desechos tóxicos de la industria agropecuaria por las inundaciones históricas.

Y es justo el primer aniversario de la devastación de Puerto Rico por el huracán María, donde la cifra original de muertes fue de 64, pero los cálculos más recientes de expertos académicos de la Universidad George Washington indican que 2 mil 975 personas perecieron por causas directas e indirectas de la tormenta entre septiembre de 2017 y febrero, pero Trump rehusó aceptar la nueva cifra y acusó que fue fabricada por demócratas para "hacer que me vea mal". Insiste en que la "fantástica" respuesta de su gobierno fue "una de las mejores tareas jamás vistas". Mientras tanto, más de 200 mil puertorriqueños se mudaron a Estados Unidos después de la tormenta, decenas de miles de hogares siguen dañados o destruidos y la infraestructura está más deteriorada que nunca en una isla en bancarrota fiscal, donde la mayor parte de los fondos federales prometidos aún no se entregan.

Los daños del huracán Trump son tema incesante entre las cúpulas y sus observadores en este país, los medios de información están empapados por esta tormenta hasta el punto en que opaca lo que realmente está sucediendo, mientras todos están enfocados en un mandatario que está a veces abiertamente desvinculado de la realidad, y todos los saben.

 

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Costa Rica, atrapada en la mayor huelga en casi dos décadas

Los empleados públicos protestan desde hace 10 días contra la reforma fiscal propuesta por el Gobierno de Alvarado


La mayor huelga en Costa Rica en 18 años sigue adelante, sin visos de solución a corto plazo. El primer encuentro, este miércoles, entre el Gobierno costarricense y los representantes sindicales de los trabajadores del sector público resultó insuficiente y el movimiento de protesta cumple ya su décima jornada con efectos considerables sobre la prestación de servicios de salud, educación y transportes. Los trastornos también han sido importantes en la distribución de combustible y en la industria turística, motor de la economía costarricense y principal fuente de divisas.


Con los paros, los empleados públicos protestan contra la reforma fiscal propuesta por el Gobierno de Carlos Alvarado -que limita los beneficios que reciben estos trabajadores, recorta el gasto y aumenta la carga fiscal- y contra el manejo de la política económica, después de que el presidente, del progresista Partido Acción Ciudadana (PAC), lo dejase en manos de figuras conservadoras. Las medidas de presión sindical sobre el Ejecutivo de Alvarado, que solo lleva cuatro meses en el poder, incluye la paralización parcial de servicios públicos y bloqueos esporádicos en distintas carreteras del país centroamericano.


Ante el estancamiento del conflicto, el mandatario costarricense ha decidido este miércoles cancelar su asistencia a la Asamblea General de Naciones Unidas de la próxima semana para atender la crisis interna y mantenerse al mando del plan fiscal, gran responsable de las iras de los empleados del sector público. Alvarado no se ha movido ni un milímetro de su propuesta fiscal, que continúa su tramitación en el Legislativo. Las medidas son de urgencia: Costa Rica enfrenta su peor crisis tributaria en cuatro décadas y si nada cambia en los próximos meses, el déficit cerrará el año por encima del 7%.


La Unión Sindical, un conglomerado de asociaciones entre las que predominan maestros y trabajadores de los hospitales, ha aceptado sentarse a la mesa con la intercesión de la Conferencia Episcopal. Pero este miércoles por la tarde, el diálogo concluyó temporalmente con un único pacto de ambas partes: volver a reunirse 24 horas después. “Lo más importante es restablecer los canales de diálogo y de comunicación” dijo al acabar el encuentro del ministro de Trabajo, Steven Núñez, en medio de fuertes críticas del sector privado por la supuesta tolerancia del Gobierno ante las medidas de presión sindical y las pérdidas provocadas por la huelga. Las autoridades aún no han cuantificado el efecto económico global de los paros, pero la principal asociación de empresarios ha lamentado los perjuicios “millonarios” causados sobre los transportistas y el impacto en las reservas de hoteles. Las agencias de viajes han reportado hasta un 50% de cancelaciones.


Los mercados, al acecho


El Gobierno de Alvarado reconoce que este no es el proyecto fiscal que desearía, pero sí el que tiene más posibilidades de atender de manera urgente la emergencia fiscal de Costa Rica, a pesar de que solo aportaría una cantidad de dinero equivalente al 1,3% del PIB, un tercio de lo que necesitaría para reequilibrar las finanzas públicas. De no aprobarse, subrayan desde el Ministerio de Hacienda, peligra el pago oportuno de salarios de los funcionarios, la inversión de pública y, por tanto, el ritmo de una economía que se prevé crezca a una nada despreciable tasa del 3% este año.


El plan fiscal gubernamental amplía la cobertura de algunos impuestos y limita ventajas salariales de empleados públicos. El 80% de los efectos recae sobre el 20% más rico de la población, arguye el Gobierno de Alvarado. En esta batalla tiene el apoyo de un sector de la oposición, pero enfrenta el rechazo de otros, incluidos los diputados del Partido Restauración Nacional (PRN, de base evangélica), que alcanzó la segunda vuelta electoral en abril con el candidato predicador Fabricio Alvarado.


El PAC y sus aliados saben -y repiten- que los mercados financieros miran con lupa las finanzas públicas costarricenses. La deuda supera ya el 50% del PIB, una cifra elevada para la media de los países emergentes. De no tomar medidas, apuntan desde el Gobierno, se puede erosionar gravemente la calidad de vida media de los costarricenses, posicionada entre las mejores de América Latina.


En los 10 últimos días se han registrado brotes de violencia entre manifestantes y policías, incluida una intervención con gases lacrimógenos el martes para reabrir el paso a los puertos del Caribe, vitales para el normal funcionamiento de la economía costarricense. También se han producido intentos de sabotaje de las tuberías de la empresa estatal de combustibles, que han desembocado en el procesamiento judicial de uno de sus empleados. El fin de semana los costarricenses sufrieron desabastecimiento de gasolina en varios puntos del centro del país por el temor de los transportistas de quedar atrapados entre los bloqueos.


“Sabemos que muchos nos critican por los problemas que genera una huelga, pero el Gobierno solo nos ha dejado este recurso. Los empresarios pueden influir sobre los diputados o directamente sobre este Ejecutivo neoliberal. Sin embargo, a nosotros solo nos queda luchar en la calle”, decía, exaltado, el enfermero Marvin Jarquín en declaraciones a EL PAÍS. “Esto lo entienden bien en otros países”. Como él, miles de trabajadores estatales han tomado la calle para protestar por plan de ajustes fiscales que les impone una carga mayor que a otros sectores sociales.

San José (Costa Rica) 20 SEP 2018 - 08:48 COT

 

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Izquierdas y progresismos: la divergencia vista desde allá y desde aquí

Estos son tiempos de perplejidad para muchos. Pocos años atrás se festejaban los avances de gobiernos de una “nueva izquierda” en América Latina, pero ahora hay alarma ante sus derrumbes. En esa perplejidad están inmersos muchos analistas, académicos y militantes, tanto en nuestro continente como en el norte global, que en muchos casos resulta de lo que podrían describirse como miradas “externas” que no siempre logran entender las contradicciones y riesgos que existían “dentro” de nuestros países.

Es necesaria una pausa, retomar análisis que vayan más allá de la superficialidad, sean mas precisos en sus conceptos, entiendan y dialoguen con todo tipo de actores, asumiendo las tensiones, los avances y los retrocesos en los procesos políticos.


El reciente especial de Hemisferio Izquierdo sobre “Bienes Comunes” es una excusa apropiada para un aporte en ese sentido, y en especial la entrevista a Daniel Chávez (1). Este investigador, residente en Holanda y participante del Transnational Institute, reconoce su distancia con los que describe como “críticos al desarrollo” (entre los que incluye a Pablo Solón de Bolivia, Edgardo Lander de Venezuela, Arturo Escobar de EEUU / Colombia, Maristella Svampa de Argentina, y a mí mismo). El cuestionamiento de Chávez apunta a dos componentes de aquella corriente: “su crítica acérrima al rol de Estado y su incapacidad de formulación de propuestas alternativas o superadoras de lo que ellos criticaban”, aunque admite que con los años comprendió que no eran tan “ácidos” y que habían algunas “propuestas”.


Esa entrevista ejemplifica a la corriente de quienes fueron entusiastas defensores de los progresismos, se resistían a entender las contradicciones y en varios casos cuestionaban a quienes elevaban alertas. Ese tipo de posturas prevalecieron por años, y al menos desde mi experiencia, entiendo que en parte se originan desde esa postura de un “exterior” político casi siempre, epistemológico y afectivo muchas veces, y que no lograba reconocer las voces de alerta “internas”. De esa manera no se detectaron a tiempo los problemas, no se corrigieron muchas estrategias políticas, y lo que es peor, de alguna manera, no advirtieron que con eso germinó el regreso de un nuevo conservadurismo en algunos países. El énfasis en defender a toda costa a los progresismos, la disciplina partidaria o la adhesión política acrítica, y los problemas en dialogar con otros actores, seguramente jugó un papel importante en la actual debacle. Por esa razón, esta crisis política está inmersa en otra crisis más amplia, una de interpretación, y que no siempre es reconocida.
Advertencias tempranas


Sin duda los nuevos gobiernos que conquistaron el poder desde 1999, con Hugo Chávez en Venezuela, y que se difundieron en los siguientes años, como Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador o el Frente Amplio en Uruguay, implicaron una ruptura con el conservadurismo y las posturas neoliberales. Ese cambio recibió amplios respaldos tanto desde zonas rurales como ámbitos urbanos.


En una etapa inicial, y en especial desde mediados de los años 2000, buena parte de los analistas, militantes e intelectuales del amplio campo de la izquierda celebraron cambios como la reducción de la pobreza o una mayor participación estatal en las estrategias de desarrollo, especialmente vinculada a la administración de recursos mineros o petroleros. Esto es entendible. De todos modos, algunos daban unos pasos más, y sostenían que era próximo el derrumbe de los capitalismos (como se afirmaba al tiempo de la crisis financiera de 2007/8) o que no existía nada a la izquierda de esos gobiernos.


Pero poco a poco comenzaron a elevarse alertas, inicialmente desde algunas minorías y desde localidades rurales (que en varios países correspondían a comunidades campesinas o indígenas). Muchas de ellas expresaban reclamos ante los efectos negativos de ciertos tipos de estrategias, como la explotación minera, petrolero o agrícola. Recuerdo que en año 2007, en el norte de Ecuador, líderes indígenas amazónicos me decían que la contaminación que ellos sufrían era la misma, y nada cambiaba si operaba una empresa estatal o una corporación transnacional. Esos casos mostraban que el desarrollo se organizaba de diferente manera bajo esos gobiernos pero se repetían problemática como los impactos sociales, ambientales y económicos.


Este tipo de circunstancias también se registraba en Bolivia y Venezuela, mientras que en Argentina, Brasil o Uruguay, contradicciones análogas se vivían con la liberalización desenfrenada de transgénicos, la avalancha de agroquímicos, y la proliferación de los monocultivos de exportación.


Cuando se ubica esa problemática en un marco conceptual, se puede argumentar que enfrentamos distintas variedades de desarrollo. En unos casos se organiza de modo conservador, con fuerte participación empresarial y extranjera, tal como ocurría en Chile o Colombia. En otros casos, como Uruguay, Argentina, Brasil o Venezuela, el desarrollo se instrumentaliza en clave progresista, con mayor presencia estatal y un abanico de instrumentos de compensación, sobre todo económicos. Pero en todos los casos se compartían ideas básicas sobre el desarrollo como progreso, crecimiento económico y subordinación exportadora del país como proveedor de recursos naturales.


La obsesión con ciertos parámetros económicos, incluyendo unas ideas simplistas sobre que el mero crecimiento podía generar excedentes que permitirían reducir la pobreza, hacía que incluso aquellos nuevos gobiernos insistieran en profundizar la exportación de recursos naturales para incrementar sus ingresos.


Eran los tiempos de bonanza de los altos precios de las materias primas, como soja, minerales o petróleo, lo que alimentó una notable expansión económica. Bajo esas condiciones se generaban muchos excedentes, y algunos de ellos eran captados por los Estados para, en parte, compensar a grupos afectados. Por ejemplo, si bien el gobierno Lula priorizó el apoyo a la agropecuaria exportadora, especialmente sojera, esa bonanza le permitió proveer de asistencia a pequeños agricultores y movimientos sociales rurales. No resolvió sus problemas estructurales ni avanzó en una reforma agraria, pero apaciguó la protesta en el campo. Algo similar ocurrió en Uruguay. Esas compensaciones disimulaban desarreglos productivos sustantivos, el desplazamiento de prácticas tradicionales de agricultura familiar, y una creciente lista de impactos sociales y ambientales de la agroindustria. Cuando los precios internacionales cayeron, esa compensación económica se resquebrajó, regresaron los cuestionamientos y ya no pudieron disimularse los problemas que permanecían sin resolución.


Los intentos de seguir una senda distinta que podría llamarse un desarrollo de izquierda, que buscara desmontar la dependencia exportadora de materias primas, no fructificaron. Las necesidades de dinero y las tentaciones de aquellos altos precios, reforzó el perfil comercial primarizado en todos los países. La intención de aumentar la captura de excedentes, como ocurrió en la Argentina kirchnerista cuando se elevaron las retenciones a las exportaciones de granos, generó una ola de protestas sociales que forzó a un retroceso gubernamental.


Un caso todavía más extremo ocurrió en Perú, cuando asumió el gobierno Ollanta Humala en 2011 en asociación con varios partidos de izquierda. Su giro progresista chocó a los pocos meses con las exigencias de los sectores empresariales mineros y las necesidades de capital, y al no contar con capacidades para construir una alternativa, terminó recayendo en un extractivismo tan conservador, que se rompió su coalición.

Izquierda y progresismo: dos regímenes


Este breve repaso, sin duda incompleto y esquemático, tiene por finalidad mostrar que esos gobiernos expresaban distintos estilos que de todos modos correspondían a desarrollos capitalistas como proveedores de materias primas. Eso los alejaba de las intenciones defendidas por la izquierda que les dio origen. Las izquierdas latinoamericanas siempre cuestionaron el desarrollo basado en exportar materias primas, y lo concebían como un resabio colonial. El cambio propio de los progresismos es que pasaron a defender esa condición primero como un éxito, y luego como una necesidad. Allí nace en Uruguay, pongamos por caso, la apuesta sojera y luego la obsesión con buscar petróleo, el coqueteo con el fracking o el sueño megaminero del anterior gobierno.


Estas mismas condiciones se repiten en otros terrenos, y como consecuencia se vuelve necesario distinguir entre izquierdas y progresismos. Otra cuestión distinta es si una izquierda crítica del desarrollo hubiese podido ejercer una autonomía frente a ese tipo de desarrollo bajo las condiciones que padecía América Latina; sin duda esto es discutible. Pero mi punto es que esa aspiración dejó de estar en la agenda concreta y real de esos gobiernos, y por el contrario, organizaron justificaciones y explicaciones para seguir siendo proveedores de materias primas. Esa postura, abandonando ese horizonte de cambio, es uno de los elementos específicos del progresismo, y como se dijo arriba ocurre lo mismo en otras cuestiones. Todo ello expresa un regreso a la defensa del “progreso”, por momentos en visiones próximas a las de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.


El desvanecimiento de aquel impulso inicial de izquierda ocurrió de distinto modo y a diferentes ritmos en cada país. Pero en todos ellos la adhesión al desarrollo convencional jugó un papel importante, ya que si, por ejemplo, se persiste en el papel de proveedor subordinado de materias primas, se deben por un lado proteger emprendimientos como minería o petróleo, incluso ante la protesta ciudadana, y por el otro lado, aceptar las reglas de la globalización, el flujo de capital y mercancías, y normas como las de la Organización Mundial de Comercio (2). La viabilidad de ese tipo de exportaciones requiere asumir casi todas las condiciones del capitalismo global.


Ese tipo de factores terminaron conformando lo que hoy conocemos como gobiernos “progresistas”. Por lo tanto, “izquierda” y “progresismo” son regímenes políticos diferentes. Sin duda que el progresismo no es una nueva derecha ni un neoliberalismo, por más que a veces así se lo acusa. Pero tampoco es la izquierda original propia de cada país y del continente. Es también exagerado afirmar que estamos ante un “final” del progresismo (en realidad eso responde casi siempre a una mirada autocentrada de analistas argentinos o brasileños sobre sus propios países, prestándole poca atención a lo que ocurre en Uruguay, Bolivia o Ecuador).


La incapacidad de reconocer a los progresismos como un régimen político distintivo y los análisis incompletos sobre la situación en cada país, debe estar jugando papeles importantes en la perplejidad de muchos analistas, tal como se indicaba al inicio de este artículo. En ellos opera una mirada “externa” que no supo entender los síntomas “internos” que vienen acumulándose desde hace años.
Ese tipo de miradas, sean del sur como del norte, no reconocieran esa divergencia, y siguen insistiendo en que gobiernos como los de Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua, son la mejor y genuina expresión de una izquierda, y que además es latinoamericana y popular.


Afuera y adentro


La asimilación de los progresismos a una izquierda es esperable por quienes priorizan las adhesiones partidarias, están atemorizados por un retorno de la derecha o se aferran a un cargo en el Estado. Pero más allá de esos casos, se superponen otros análisis donde fallaron los vínculos y diálogos con las comunidades locales. Esto no quiere decir que exista mala intención, pero si es cierto que se desestiman las voces de alerta de ciertos actores.


Siguiendo recorridos como estos, se genera una narrativa sobre el devenir de la “nueva izquierda” latinoamericana que es sobre todo una construcción intelectual basada en artículos y libros, donde la conversación discurre entre las citas bibliográficas. Pero casi no se “escucha” o “entienden” las demandas que vienen desde la base ciudadana, especialmente los más desplazados en sitios marginales, como pequeños agricultores, trabajadores rurales, campesinos, indígenas, etc. (y a pesar que buena parte de ellos fueron clave en que esos partidos ganaran las elecciones).


Posiblemente los ejemplos más conocidos de ese tipo de posiciones sean los escritos periodísticos de Atilio Borón o Emir Sader. Lo mismo ocurre con varios análisis producidos desde el hemisferio norte sobre lo que sucede en América Latina. Al leer esa literatura, casi toda escrita en inglés, se tiene la impresión que en nuestros países se vivía algo así como un paraíso de la liberación nacional, y que cualquier crítica era mera expresión de conservadores agazapados que intentaban socavar un experimento popular.


Sea en el norte o en el sur, hay analistas que presentan por ejemplo a José “Pepe” Mujica como el apóstol del ambientalismo por su discurso en las Naciones Unidas, pero nunca entendieron, ni escucharon, pongamos por caso, a las mujeres de la zona Valentines que alertaban sobre los impactos de sus planes de megaminería de hierro. Lo mismo ocurre en los demás países (3).


También se decía que los “críticos del desarrollo” se contentaban con los cuestionamientos pero no ofrecían alternativas. Esa afirmación es otro ejemplo de la escucha incompleta, ya que las alternativas iban de la mano casi desde un inicio con los cuestionamientos a los extractivismos progresistas. Es más, ese esfuerzo, conocido como transiciones post-extractivistas, está en marcha desde hace diez años en los países andinos y ya avanzó hacia otras naciones (4). A diferencia de otras exploraciones, estas alternativas otorgaban especial atención a propuestas concretas, sean en políticas como en instrumentos, desde reformas tributarias a las zonificaciones territoriales. Pero además, esa insistencia en opciones de cambio concreto eran en parte esfuerzos para recuperar una izquierda comprometida con la justicia social y ambiental.


Renovación y raíces


Tanto dentro de nuestros países como a nivel global, hay cuestionamientos al capitalismo global, como los de David Harvey, y defensas de los progresismos criollos, como las de Atilio Borón. Todas ellas pueden tener elementos valiosos. Pero esas miradas a su vez confunden capitalismo con desarrollo, y progresismo con izquierda, y por ello tienen dificultades para entender la crisis actual y para proponer alternativas. Están muchas veces restringidas a los manuales y decálogos políticos europeos o norteamericanos, y no son interculturales.


Constituyen ejemplos de ese “afuera” donde no aparecen los matices o voces interiores, como las de indígenas o campesinos, las de los jornaleros informales en los campos de soja bolivianos, o las de las negras colombianas que resisten la minería de oro. De ese modo, esa “exterioridad” pierde lo específicamente latinoamericano que se esperaría en una crítica desde nuestro continente. Los análisis de coyuntura se han debilitado, y se escapan las particularidades nacionales y locales.


Así se termina confundiendo al progresismo con la izquierda. Del mismo modo, se esquiva el espinoso análisis de cuáles son las responsabilidades de esos progresismos en generar el nuevo conservadurismo que ahora se observa, por ejemplo, en Argentina o Brasil (5). Entonces, no puede sorprender la perplejidad ante la actual crisis.


Una postura muy distinta es la crítica que se hace desde el “adentro”, y que podría describirse como “enraizada”, para tomar una imagen del colombiano Orlando Fals Borda (6). En lugar de excluirlos, se busca un diálogo con las alertas, las visiones o los reclamos locales, especialmente con quienes son directamente afectados por el desarrollo o usualmente marginados cultural y políticamente. Es un “adentro” que acepta la interculturalidad, respetando otros tipos de saberes y otras sensibilidades ante el mundo social y natural. Sin duda habrá posiciones distintas, acalorados debates, y otro tipo de contradicciones, pero será una construcción más cercana a nuestras circunstancias. Por todo esto, una renovación de lo que sería unas “izquierdas” que estén ajustadas a América Latina y al siglo XXI, deben estar social y políticamente situadas, dialogar con todos los actores y sus saberes, y entender los contextos históricos y ecológicos.

Por Eduardo Gudynas*
Hemisferio Izquierdo
*investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo.


Notas


1) "El Estado tiene un papel muy importante que asumir en América Latina, pero también ya es ahora de que la izquierda de la región abandone la añosa visión estado-céntrica y que se abra a perspectivas como las de los comunes". Entrevista a Daniel Chavez, Hemisferio Izquierdo, 26 Julio 2018, https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2018/07/26/El-Estado-tienen-un-papel-muy-importante-que-asumir-en-Am%C3%A9rica-Latina-pero-tambi%C3%A9n-ya-es-ahora-de-que-la-izquierda-de-la-regi%C3%B3n-abandone-la-a%C3%B1osa-visi%C3%B3n-estado-c%C3%A9ntrica-y-que-se-abra-a-perspectivas-como-las-de-los-comunes-entrevista-a-Daniel-Chavez
2) Tan solo a modo de ejemplo sobre los debates acerca de los progresismos, entre las primeras alertas se destaca: El sueño de Bolívar. El desafío de las izquierdas Sudamericanas, por M. Saint-Upéry, Paidós, Barcelona, 2008. Más recientemente, ver distintas opiniones en:
El correismo al desnudo, A. Acosta (ed), Montecristi Vive, Quito, 2013.
Mito y desarrollo en Bolivia: el giro colonial del gobierno del MAS, por Silvia Rivera Cusicanqui, Plural, La Paz, 2015.
Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el progresismo, por varios autores, Entre Pueblos, Barcelona, 2016.
As contradições do Lulismo. A que ponto chegamos?, por A. Singer e I. Loureiro (orgs), Boi Tempo, São Paulo, 2016.
3) En el caso de Uruguay se vaticinaba que la llegada del Frente Amplio lanzaría un nuevo “modelo de desarrollo”, y más allá de la ambigüedad sobre el significado del término “modelo”, es evidente que eso no ocurrió. Véase sobre esa predicción: Tercer Acto. La era progresista. Hacia un nuevo modelo de desarrollo, por A. Garcé y J. Yaffé, Fin de Siglo, Montevideo, 2055.
4) Distintos documentos sobre alternativas a los extractivismos y al desarrollo en el sitio www.transiciones.olrg
5) Una ilustración de esa problemática resulta de comparar dos libros del politólogo argentino José Natanson: en 2008 prevalecía un cierto triunfalismo con lo que denominó como “nueva izquierda”, y en 2018 se analizan algunas razones del colapso kirchnerista y el triunfo del macrismo.
La nueva izquierda. Triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina, Brasil, Boolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador, Debate, Buenos Aires, 2008; ¿Por qué? La rápida agonía de la Argentina kirchnerista y la brutal eficacia de una nueva derecha, Siglo XXI, Buenos Aires, 2018.
6) Hacia el socialismo raizal y otros escritos, por Orlando Falsa Borda, CEPA y Desde Abajo, Bogotá, 2007.

Fuente: https://www.hemisferioizquierdo.uy/

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