El Fondo Monetario Internacional, arma absoluta del capital financiero transnacional

I. En medio de una feroz ofensiva contra los trabajadores de todas las categorías y los jubilados, el Gobierno de Macri, al borde del abismo financiero, pide ayuda al Fondo Monetario Internacional.

Lo que es algo así como meter al zorro en el gallinero para que cuide a las gallinas.


Como ejemplo reciente puede citarse a Grecia, donde la intervención mafiosa y patotera de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) empobreció a la mayoría de la población hasta límites insoportables, llevó al desmantelamiento de los servicios esenciales (salud, educación, seguridad social, etc.) y al despojo de buena parte del patrimonio nacional, ahora en poder de grandes empresas transnacionales.


El Gobierno «progresista» de Tsipras capituló incondicionalmente pese a la opinión claramente manifestada por la mayoría del pueblo griego en una consulta popular.
No se puede esperar otra cosa para Argentina con la «ayuda» del Fondo Monetario Internacional, pues esta ha sido y es la política del FMI en los hechos desde su creación en 1944.


Veamos.


En julio de 1944 la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods acordó la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRD). Este último como parte del grupo del Banco Mundial.


Ya en 1943, cuando comenzaba a vislumbrarse el fin de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses y los ingleses comenzaron a discutir las bases de la organización de la economía mundial en la posguerra.


John Maynard Keynes, encargado por las autoridades británicas de participar en las deliberaciones, propugnaba la creación de una cámara de compensación mundial (Clearing Unión) que permitiría hacer todas las transacciones internacionales a un tipo de cambio fijo referido a una moneda internacional emitida por la Clearing House, el "bancor". Se trataba de un verdadero sistema monetario internacional regulador de las finanzas internacionales, que conservaba la simetría entre las partes, con mecanismos de control y eventualmente de financiación para los países deficitarios y una participación de cada país en función de sus capacidades financieras. Sería una especie de Banco a escala internacional en el que los "clientes" serían los estados.


Pero esta propuesta no fue aceptada por los Estados Unidos, en ese momento en la cumbre de su poderío económico como único gran beneficiario de la Segunda Guerra Mundial, que impuso en Bretton Woods sus puntos de vista: un sistema de cambios fijos (con una elasticidad del uno por ciento en más o en menos sobre la paridad establecida entre las monedas) y la paridad establecida en relación con el oro o con el dólar de los Estados Unidos (artículo IV de los Estatutos del FMI, antes de la reforma de 1978).
Así es como en la práctica el dólar pasó a ser moneda internacional, obligando a todos los países a acumular reservas en dólares para hacer frente a las fluctuaciones de sus respectivas monedas, resultante del estado de su balance de pagos.


El sistema de Bretton Woods estableció pues un privilegio exorbitante a favor de los Estados Unidos en materia de pagos internacionales, que en los hechos, sirvió para que el resto del mundo financiara su déficit presupuestario.


Esta fue la base de un desorden creciente del sistema monetario internacional que se institucionalizó en 1975 con el abandono del sistema de tipos de cambios fijos (reforma, vigente desde 1978, del artículo IV de los Estatutos del FMI,).


Es decir, se abandonó un principio ordenador del sistema monetario (el sistema de cambios fijos) pero se mantuvo en los hechos al dólar como moneda internacional, de manera que todo el resto del mundo continuó subvencionando la economía de los Estados Unidos, pues los Bancos centrales de los otros países siguieron interviniendo para evitar la baja del dólar.


Ello permitió y permite a los Estados Unidos apropiarse de una gran parte del producto del trabajo y de los ahorros de los pueblos de todo el planeta.


Esta situación se refuerza por la circunstancia de que los dólares emitidos por la Reserva Federal (moneda fiduciaria, es decir sin respaldo de oro desde 1933) inundan todo el mundo para financiar el déficit presupuestario de los Estados Unidos. En setiembre de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó sin votación los acuerdos entre las Naciones Unidas, por una parte, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en tanto organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, por la otra.
En los hechos, los acuerdos constituyeron más una declaración de independencia de ambos organismos financieros que de cooperación con las Naciones Unidas.


En el debate sobre los acuerdos, realizado en el Consejo Económico y Social en agosto de 1947, el representante de Noruega dijo que el ECOSOC se apartaría de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas si los aprobara, agregando que su delegación no estaba dispuesta a reconocer al Banco Mundial como organismo especializado, sometiéndose a las condiciones impuestas por el mismo Banco. El representante de la Unión Soviética, por su parte, señaló en el mismo debate que ciertas disposiciones de los dos acuerdos violaban los artículos 57, 58, 62, 63, 64 y 70 de la Carta de las Naciones Unidas, referidos al funcionamiento de los organismos especializados y a las facultades del Consejo Económico y Social a ese respecto. El representante de Venezuela lamentó que los acuerdos hubieran ido más lejos de los que parecía necesario, en particular el párrafo 3 del artículo IV, que aconsejaba a las Naciones Unidas que evitaran hacer recomendaciones al Banco con relación a los préstamos o a las condiciones o circunstancias de su financiamiento [1].


En 1997 participamos, en representación de una ONG, en la reunión del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí tuvimos ocasión de intervenir y formularles preguntas a los representantes del FMI y del Banco Mundial.


en situaciones tales como la crisis mexicana o prestaba dinero por razones políticas como lo había hecho con Rusia en vísperas electorales. En cuanto a la deuda, afirmamos que el papel del FMI consistía básicamente en mantener la presión sobre los países deudores e imponerles políticas contrarias a los intereses nacionales y populares.Las conclusiones que pudimos extraer de dicho diálogo las comunicamos a la Comisión de Derechos Humanos en una intervención oral durante sus sesiones de marzo de 1997. En síntesis dijimos que el FMI no se ocupaba del desarrollo ni del pleno empleo, que figuran entre las funciones que le atribuyen sus Estatutos. En cuanto a la política monetaria, dijimos que el FMI era incapaz de evitar la anarquía financiera internacional y sola desempeñaba el papel de bombero


En el período de sesiones de la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado en julio-agosto de 2001, dos de sus miembros, la señora Udagama y el señor Onyango, presentaron un informe sobre la mundialización[2].


Los autores decían en el informe que si bien la protección y promoción de los derechos humanos es primordialmente una obligación de los estados, otras entidades tales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no están de manera alguna exceptuadas de responsabilidad en ese terreno. Afirmaban que las instituciones internacionales multilaterales “tienen la obligación de no tomar medidas que afecten la situación social de un país dado”.


En el debate que se suscitó en la Subcomisión, el representante del FMI afirmó que dicha institución


no tiene mandato para tomar en cuenta los derechos humanos en sus decisiones y que no está obligada por las diferentes declaraciones y convenciones relativas a los derechos humanos [3].


Esta declaración del representante del FMI provocó vivas réplicas de varios miembros de la Subcomisión, afirmando uno de ellos que “no es admisible que el FMI no se someta al derecho internacional” y otro miembro sugirió que la Subcomisión “debía adoptar una posición clara indicando que los sistemas comerciales y financieros están sometidos al derecho internacional y por lo tanto tienen la obligación de proteger y respetar los derechos humanos”.


En el seno del FMI, el poder de decisión pertenece a los cinco países que reúnen la mayoría de las cuotas, pues el artículo XII sección 5 de sus Estatutos establece el voto ponderado en los órganos de dirección (Consejo de Gobernadores y Consejo de Administración). Además, un solo país, los Estados Unidos, puede bloquear ciertas decisiones importantes (por ejemplo el restablecimiento de un sistema internacional de cambios fijos) porque dispone de un porcentaje de votos superior a la minoría de bloqueo, que es del 15 por ciento.


De modo que un pequeño grupo de países, muy poderosos económicamente, impone al resto del mundo las orientaciones de la política económica. Y en el caso particular de la deuda externa y de las políticas de ajuste sucede lo mismo. De manera que las "recomendaciones" y "principios directores" del FMI no son otra cosa que la coacción ejercida sobre los países que quieren renegociar la deuda u obtener préstamos del sistema financiero internacional, a fin de que adapten su política económica y financiera a los intereses del gran capital transnacional: privatización de los servicios públicos, reducción del gasto social, aumentos de las tarifas de dichos servicios, congelación de los salarios, apertura incondicional de las fronteras a los productos y servicios extranjeros, etc. Son las llamadas “condicionalidades”.


En los hechos, las instituciones de Bretton Woods tienen un poder de decisión excepcional sobre las orientaciones de las economías nacionales de los países menos desarrollados, como mandatarios de los países ricos, sin base alguna en el derecho internacional vigente. Por el contrario, no tienen ningún poder sobre las orientaciones económicas de los países ricos, pese a que la enorme deuda externa e interna de algunos de ellos justificaría ampliamente la aplicación de una política de ajuste estructural, de acuerdo a las concepciones del Fondo. Ni el Fondo ni el Banco Mundial, pese a que las grandes potencias dicen que son los "únicos organismos competentes" del sistema, tienen una política mundial económica y/o financiera. Tal política va a la deriva de los intereses coyunturales del capital financiero e industrial transnacional.


Todo esto confirma que el FMI y el Banco no son en la práctica organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, como está previsto en la Carta de la ONU, sino meros instrumentos y mandatarios de las grandes potencias y del gran capital.


De modo que el Estado que quiere tener acceso al crédito internacional debe ajustarse a los "principios directores" del FMI que, de manera general, son los siguientes:


1)..."apertura de los sectores que han estado protegidos frente a la competencia del mercado y la eliminación de subvenciones..."
2)..."reducir las presiones inflacionarias, alentar la repatriación del capital y fomentar la inversión extranjera directa..." (Comunicado del Comité Provisional de la Junta de Gobernadores del FMI, Comunicado de Prensa Nº 89/44, del 25/9/89);
3)..."contener la demanda global..."
4)..."saneamiento de las empresas públicas..."
5)..."flexibilización del control de precios y de las restricciones comerciales" (acuerdo con Mauritania)
6)..."revisión de la escala de derechos de importación y de los precios agrícolas..." (Acuerdo con Costa Rica, Bulletin du FMI, 5 juin 1989, p. 174).
Etc.


Estos "principios directores" se han incluido en los acuerdos celebrados con numerosos países.


Las llamadas políticas de ajuste son económicamente recesivas y socialmente regresivas, pues el único objetivo real del Fondo es que los deudores paguen los servicios de la deuda a los acreedores. Con tales políticas la espiral de la deuda sigue creciendo porque la economía de los países deudores permanece estancada o crece lentamente, con lo que se les hace aún más difícil cumplir con los acreedores, y se deben contraer nuevos préstamos para pagar los servicios de los préstamos anteriores. Así la deuda externa no deja de crecer y se convierte en deuda eterna[4].


II. El caso argentino


La otra cara de la medalla de la dictadura del capital financiero transnacional es la estructura económico-financiera capitalista integrada al capitalismo mundializado de los países que, como Argentina y casi todos los países del mundo poco desarrollados o semidesarrollados, incluidos los que cuentan –o han contado hasta hace poco- con Gobiernos “progresistas”.


Estructura que ha permanecido intocada en todos los casos y que los hacen dependientes del gran capital industrial y financiero transnacional y por lo tanto expuestos a su voracidad.


En cifras redondas, la deuda externa argentina sufrió la siguiente progresión desde 1966 hasta ahora.


Cuando se produjo el golpe militar de 1966 rondaba los 3200 millones de dólares. Al restablecerse en 1973 los gobiernos constitucionales había aumentado a 4800 millones es decir un 46%. Durante los Gobiernos de Cámpora, Frejuli e Isabel Perón (1973-76) aumentó a 7800 millones (62%). Durante la dictadura 76-83 aumentó a 45000 millones (465%). Con Alfonsín aumentó a 65000 millones (44%) y con Menem a 191000 millones (123%).


Con los Kirchner (2004-2015) se mantuvo estable en torno a esa cifra.


Con Macri actualmente la deuda ronda los 300.000 millones. Es decir que aumentó unas CIEN VECES desde 1966. Existe una abundante bibliografía sobre todo ese período con sus distintas particularidades, a la cual me remito en homenaje a la brevedad.


Pero merece un breve comentario el hecho de que la deuda no haya aumentado en los doce años de gobierno kirchnerista.


En efecto, la deuda no aumentó porque durante ese período se hicieron pagos a los acreedores por 190.000 millones de dólares con las reservas de ANSES y del Banco Central acumuladas durante la fiesta de la soja y contrayendo nuevas deudas. El resultado fue que pese a ese astronómico reembolso cuando terminó el mandato de CFK se seguía debiendo lo mismo que en 2004: unos 190.000 millones. Sumado lo que se pagó durante los Gobiernos K más lo que se seguía debiendo en 2015 da la bonita suma de 380.000 millones de dólares.


Este proceso de “pago serial” (CFK dixit) de la deuda estuvo en buena parte centrado en la ley llamada “del pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina” de 2014 que analicé en un artículo que se puede encontrar en http://www.argenpress.info/2014/10/acerca-de-la-ley-llamada-del-pago.html donde concluyo escribiendo: Esta ley, en lugar de llamarse ley “Del Pago Soberano Local de la deuda exterior de la República Argentina”, debería llamarse “ley de sumisión al capital financiero transnacional”.


Pero más importante aún es que durante los Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se mantuvo invariable en Argentina – y aun se agravó- la tendencia general a escala mundial que indicábamos al principio del Párrafo II de esta nota: el mantenimiento de la estructura económico-financiera capitalista integrada al capitalismo mundializado. Al respecto me remito a mi nota Marcha federal ¿unidad de acción?-Balance de 12 años de kirchnerismo: un proceso de recolonización si precedentes(https://www.alainet.org/es/articulo/180117).


De modo que la lucha contra la sumisión a los dictados del Fondo Monetario Internacional no debe limitarse a propuestas más o menos coyunturales sino a un proyecto alternativo generado en los lugares de trabajo, de estudio y de investigación que incluya un estudio pormenorizado de toda la deuda externa desde que ésta comenzó a crecer exponencialmente para determinar qué parte es legítima y exigible y qué parte no.


Y sobre todo que incluya reformas estructurales económicas y financieras de fondo tendentes a romper las ataduras esclavizantes con el capital transnacional, lo que presupone (como se señala de alguna manera en el documento de la CEPAL citado más arriba en la nota 4) una auténtica y profunda redistribución del producto nacional en beneficio de los trabajadores y jubilados y la nacionalización de los principales recursos naturales y de los servicios esenciales.


Notas:


[1] Actas resumidas de la reunión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, agosto de 1947.
[2] La mundialización y sus consecuencias para el pleno disfrute de los derechos humanos, E/CN/.4/Sub.2/2001/10, 2 de agosto de 2001. El informe final fue presentado en 2003: E/CN.4/Sub.2/2003/14.
[3] Cf. Communiqué de presse du 8 août 2001, HR/SC/01/11 y 12.
[4] Véase la publicación de la CEPAL La ineficiencia de la desigualdad, Mayo de 2018. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43442/1/S1800059_es...
Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/192891

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Macron se consolida como “el presidente de los ricos”

El joven presidente francés apuesta por una batería de reformas neoliberales y un estilo personalista durante su primer año en el Elíseo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, llegará este lunes 7 de septiembre a su primer año de mandato consolidado como “el presidente de los ricos”. “Macron no es el presidente de los ricos, sino el de los muy ricos”, osó afirmar el expresidente socialista François Hollande, mentor del dirigente centrista al que eligió como ministro de Economía. Utilizada por sus detractores para reprocharle sus políticas favorables al incremento de las desigualdades, esta etiqueta también se ve reflejada en la opinión pública. Un 48% de los franceses que ganan más de 6.000 euros al mes se declaran “apasionados” por Macron, mientras que el porcentaje en el conjunto de la población es sólo del 33%, según un sondeo del diario Le Monde.


“Macron ha sabido unificar en un solo bloque electoral el conjunto de la burguesía y un porcentaje significativo de pensionistas”, asegura el politólogo Jérôme Sainte-Marie, presidente del gabinete de análisis PollingVox. Tras haber recibido el año pasado un apoyo más que notable de antiguos votantes del decadente Partido Socialista francés —la mitad de los electores de Hollande en 2012 apostaron por Macron desde la primera vuelta—, el joven dirigente pretende ahora seducir al electorado de Los Republicanos, el equivalente del PP en Francia.


Según el analista político Jérôme Fourquet, director del departamento de opinión en el instituto Ifop, “Macron apuesta por una política de derechas”, que se ve reflejada en su batería de reformas neoliberales y un estilo personalista, con tintes autoritarios.


Reformas neoliberales muy clásicas

Después de haber prometido “unir lo mejor de la izquierda y de la derecha”, el dirigente centrista ha impulsado con gran celeridad toda una batería de reformas neoliberales muy clásicas. La reforma laboral, aprobada por decreto gubernamental en septiembre, redujo el coste de los despidos y flexibilizó de manera significativa el mercado laboral.
Los primeros presupuestos del mandato de Macron se vieron marcados por una reducción de 5.000 millones de euros de los impuestos a las rentas más altas. Esta política fiscal resulta parecida a la que impulsa Donald Trump en Estados Unidos, según critica el famoso economista Thomas Piketty. Ahora se verá reforzada con la supresión de la exit-tax, un impuesto que tasaba las grandes fortunas que trasladaban su domicilio fiscal a otro país con una fiscalidad más ventajosa, según anunció el presidente francés la semana pasada en la revista norteamericana Forbes, publicación de referencia de los oligarcas mundiales, en la que presentaban a Macron como “el líder del libre mercado”.


Macron también ha impulsado la polémica reforma de la empresa estatal de trenes SNCF. Una medida que empeorará las condiciones laborales de los trabajadores de esta compañía y abrirá a la competencia internacional el sector ferroviario galo, según exigían desde hace años las autoridades de la Unión Europea a los respectivos gobiernos franceses. Además, prepara las privatizaciones de la empresa pública de loterías Française des jeux y de los Aeropuertos de París.


En cambio, las medidas con un carácter más social, que debían favorecer la protección y la formación de los parados, han sido relegadas a un segundo plano. La promesa de que también tendrían derecho a las prestaciones de desempleo los autónomos y las personas que dimitieran de su empleo ha quedado muy limitada.


Sólo se beneficiarán de este dispositivo unas 50.000 personas (como máximo) cada año y tendrán que presentar un detallado proyecto de reconversión profesional. El ejecutivo centrista también pretende reforzar el control sobre los parados y amenaza con reducir las prestaciones de desempleo. “El equilibrio social-liberal prometido durante la campaña ha desaparecido”, explica el economista Frédéric Farah, coautor de la obra Introduction inquiète à la Macron-économie. “Aunque se presenta como un político joven y moderno, Macron es muy conservador y sus políticas forman parte de la ortodoxia económica puesta en práctica durante los últimos treinta años”, añade este profesor de economía de la Universidad la Sorbona de París y miembro del colectivo de economistas keynesianos Les Économistes atterés.


Un dirigente fuerte con tintes autoritarios

“Al mismo tiempo que se presenta como el presidente de una nación start-up, el joven presidente también cultiva un lado autoritario para seducir a los votantes de derechas”, explica Farah. Según reconocía el mismo Macron en 2015 en el semanario Le 1, en Francia existe un “vacío emocional, imaginario y colectivo” provocado “por la ausencia del rey”. “Hemos intentado rellenar este vacío a través de otras figuras, como los momentos napoleónicos o gaullista. Durante el resto del tiempo, la democracia francesa no ha sabido llenar este espacio”. Por este motivo, Macron ejerce el poder, según sus propias palabras, de forma jupiteriana, es decir, todopoderosa.


“Estamos frente a una concentración del poder con un estilo bonapartista”, asegura Fourquet. Es decir, apuesta por reformar con gran celeridad, siguiendo al detalle las directrices del presidente y con un gobierno dominado por los perfiles tecnocráticos. Sus ministros aún ahora resultan desconocidos para la mayoría de los franceses, un año después de su elección.


“Macron considera que en un mundo que avanza muy deprisa resulta una pérdida de tiempo el hecho de negociar con los cuerpos intermediarios, como los sindicatos”, reconoce el analista político de Ifop. Tampoco le ha tremolado el pulso a la hora de recurrir a importantes despliegues policiales para evacuar las universidades ocupadas o confrontarse con los militantes ecologistas de la Zona autónoma a Defender (ZAD) en Notre-Dame-des-Landes, oeste de Francia.


La regeneración prometida con la llegada de los diputados de La República en Marcha (el partido de Macron) a la Asamblea Nacional —buena parte de ellos no había ocupado antes cargos electos— no se ha traducido en una nueva forma de hacer política. El habitual rol secundario del poder legislativo en Francia se ha visto incluso reforzado. Además de impulsar textos claves, como la reforma laboral o de la SNCF, a través de la vía de las ordenanzas, que limita el debate parlamentario, el joven presidente francés aprovecha su mayoría absoluta (350 diputados de un total de 577) para que las leyes aprobadas resulten prácticamente un calco de los proyectos legislativos del Ejecutivo.


Sólo la polémica ley migratoria ha generado tensiones en el seno de la mayoría presidencial. Este texto fue aprobado con nocturnidad, el pasado domingo 22 de abril a las once de la noche. Lo que disimuló las tensiones internas. Nueve diputados del partido de Macron se abstuvieron y uno de ellos votó en contra: Jean-Michel Clément, un antiguo diputado socialista que abandonó el grupo parlamentario de LREM tras no haber respetado la consigna de voto.


No obstante, cerca de un centenar de los representantes macronistas no acudieron en la votación de una ley contraria a las promesas humanitarias de Macron, que defendió que la acogida de refugiados era “un deber moral y político para Francia”. El nuevo texto facilita las extradiciones de inmigrantes y alarga de 45 a 90 días el período máximo de encarcelamiento de un extranjero en un centro de retención administrativa (el equivalente de un CIE en Francia). Una política migratoria xenófoba que seduce a los votantes de derechas.


¿Un presidente sin oposición?


“Macron ha tenido la habilidad de conseguir que su firmeza a la hora de aplicar sus reformas resulte una satisfacción para los votantes más acomodados”, asegura el politólogo Thomas Guénolé, responsable de la escuela de formación de la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon (republicano y social-ecologista). “Y esto ha permitido que su popularidad se mantenga estable”, añade Guénolé, quien acusa al presidente francés “de llevar a cabo una guerra social”.


El 64% de los franceses aseguran estar decepcionados con la acción política de Macron, mientras que el 36% declara estar satisfecho, según un sondeo reciente de Ipsos para la televisión pública francesa. Unos niveles de popularidad relativamente bajos, pero superiores a los que tenían en el mismo momento de su mandato sus predecesores, François Hollande y el conservador Nicolas Sarkozy.


“Macron es apoyado por una minoría, pero esta representa el bloque electoral más importante ante una oposición dividida”, afirma Sainte-Marie. Según este analista político, “hay cuatro oposiciones ante el ejecutivo macronista”. Por un lado, el decadente Partido Socialista Francés y Los Republicanos, “pero en realidad sólo representan una semi-oposición, puesto que la mayoría de sus diputados se abstuvieron en la investidura del Ejecutivo centrista”. Por el otro, “las dos oposiciones radicales, el ultraderechista Frente Nacional y la Francia Insumisa”.


Según numerosos estudios de opinión, el izquierdista Mélenchon se ha erigido en el principal opositor a Macron. Mientras que en su primer año Hollande se confrontó con el movimiento de La Manif pour tous, que sacó a miles de personas en la calle en contra del matrimonio homosexual, los principales focos de contestación a Macron se hallan en conflictos laborales. Una huelga ferroviaria prevista hasta finales de junio, ocupaciones y bloqueos en las universidades, movilizaciones en los hospitales, en residencias de personas mayores… . El descontento se multiplica en esta primavera caliente para Macron, pero este no converge en movilizaciones masivas. Además, la falta de unidad entre dirigentes políticos y sindicales lastra la debilitada izquierda francesa.


“Aunque permanezcan las divisiones entre los dirigentes, tenemos que construir la unidad en la calle”, asegura Patrick Flécheux, responsable en París del diario militante Fakir y colaborador del diputado insumiso François Ruffin. Figura emergente de la izquierda francesa, Ruffin ha sido el gran impulsor de la Fiesta a Macron, una manifestación festiva en contra de las reformas del joven dirigente, que reunió este sábado entre 40.000 (según las autoridades) y 160.000 personas en París. Sin ser desbordante, esta resultó una de las manifestaciones más numerosas durante el primer año de mandato de Macron. Una muestra más de la oposición que la izquierda lidera en las calles en contra del “presidente de los ricos”.

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Grecia sin derecho a huelga, ajustada, acosada

El gobierno de Tsipras tuvo que limitar derechos y crear un sistema de desalojos que incluye una subasta online de la propiedad desalojada. La protesta y la tendencia a la autogestión en una sociedad golpeada.

 ¿La “salida limpia” que el Primer ministro griego Alexis Tsipras dice estar llevando con respecto a la crisis que tuvo al país al borde de la quiebra, no es vista con tanto optimismo por la ciudadanía, todavía asfixiada y herida. Después de haber firmado en 2015 un memorándum que la población rechazó en referéndum, el líder de Syriza procuró cumplir una y cada una de las exigencias de los acreedores extranjeros, llevando el programa de austeridad de la Troika hasta sus últimas consecuencias. El pasado enero el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea condicionaron la entrega del último tramo del rescate –18,400 millones de euros– a la aplicación de un paquete de medidas que fue la gota que colmó el vaso para sindicatos y oposición.


El documento contiene alrededor de cien reformas dirigidas a la “limpieza” de las cuentas estatales, el aumento de la recaudación fiscal y el recorte del gasto público, con el acento puesto en nuevos cortes en pensiones, la drástica eliminación de hipotecas impagas y el inicio de trámites para la privatización de compañías energéticas.
También el recorte del derecho a huelga figura entre las demandas que el gobierno de Tsipras está dispuesto a complacer, un derecho que si ya en todo el mundo es considerado intocable, en Grecia alcanza el rango de sagrado. Desde el comienzo de la crisis económica en 2009 hubo más de cincuenta paros generales y es rara la semana en la que algún servicio público o privado no pare para reclamar mejoras en las condiciones laborales. Sin embargo –o precisamente por eso– la cúpula del capitalismo mundial puso la limitación de tan intenso activismo sindical como una de sus condiciones básicas para seguir depositando fondos de emergencia en las arcas helenas.


El 14 de enero los diputados de Syriza aprobaron en solitario una nueva legislación que endurece las posibilidades de convocatoria de huelga, ya que las asambleas de las delegaciones sindicales locales deben contar ahora con una participación mínima del cincuenta por ciento de los afiliados- aquellos que tengan su cuota al día únicamente- mientras que antes bastaba con el veinte por ciento.


La Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE) y el sindicato de estatales ADEDY estallaron desde el anuncio de estas medidas en una ola de protestas contra “los dramáticos recortes de los derechos sociales y el programado aumento de impuestos”, y por la reivindicación de una “acción sindical libre, sin ninguna intervención estatal ni patronal en el ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores”, tal como anunciaron sus portavoces durante las primeras manifestaciones. Mientras, el Primer Ministro defiende su decisión amparándose en el nulo margen de maniobra que le dejan desde el FMI, el BCE y la Comisión Europea. “Nos enfrentamos a las exigencias de los acreedores respecto a la liberalización de los despidos, el restablecimiento del cierre patronal y el cambio del quórum para las asambleas sindicales de primer grado. Solo cedimos en lo último”, destacó Tsipras a la agencia EFE.


Según la Autoridad Helénica de Estadística (ELSTAT), la tasa de desempleo se sitúa en el punto más bajo desde 2011 con un 20,7 por ciento y el alarmante 44,4 que en 2017 todavía afectaba a los más jóvenes, bajó a un 40,8. Los números siguen siendo los más altos dentro de la Unión Europea. La recuperación económica en la que el partido de gobierno se escuda de las críticas constantes de sus antiguos compañeros de izquierda tranquiliza a los mercados e inyecta en la población cierto alivio, aunque el “progreso” radique en más trabajo precario y contratación temporal. Así lo reconoce Iorgos Petrópoulos, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de trabajadores públicos de Grecia (ADEDY), quien afirma que, “si bien la mejora es innegable, la situación sigue siendo muy grave, sobre todo, en los sectores de educación y salud, donde se necesita con urgencia el aumento de puestos de trabajo y de salarios”.


Otro terreno que tiembla ante las reformas requeridas por el Eurogrupo para el desembolso del último tramo de préstamos iniciados con el rescate del 2010 es el de la vivienda. Desalojar a miles de deudores de hipotecas a través de un nuevo sistema electrónico es la condición que le falta cumplir al gobierno griego si quiere ser supuestamente libre en agosto de las presiones de la Troika. Por eso los diputados de Syriza pusieron en marcha el sistema de subastas electrónicas en 2016, pero la resistencia de la ciudadanía que, organizada en torno al colectivo “Den plirono” (No pagamos), se plantó en los juzgados cada miércoles e impidió el proceso, consiguiendo que escribanos e incluso policías se negaran a hacerlo efectivo.


La justificación del gobierno para este inédito plan de desahucios se basa en los 110 mil millones de préstamos “malos” que se derivaron del descontrol durante los años de burbuja económica y que ahora perforan la confianza de los acreedores internacionales. El economista, empresario naval y ex asesor de Tsipras, Evangelos Kritikós, explica que los bancos griegos “escondieron el problema bajo la alfombra” porque intentaron, especialmente entre 1997 y 2010, aplazar las deudas el mayor tiempo posible para obtener la recapitalización extranjera que necesitaban. “Podías pagar 20 euros por mes cuando la hipoteca era de 300, no había ningún límite”, dice Kritikós. Y esta “mala praxis”, que también incluye la nula verificación de la viabilidad económica de los solicitantes antes la concesión de un crédito, es lo que ahora la Federación Nacional para la Protección de Prestatarios que el especialista preside desde 1999 quiere probar ante las cortes. A través de lo que la veintena de abogados y economistas que forman la plataforma denominan “activismo científico”, la campaña para paralizar los desahucios se basa en una rigurosa investigación de los orígenes del dinero prestado y de la gestión de la hipoteca a lo largo del tiempo por parte del banco, con el objetivo de forzar a los demandantes a replantearse el echar al demandado.


El mes pasado, por ejemplo, los activistas “científicos” evitaron un desalojo al mandar una carta documento al presidente de Alpha Bank –una de las entidades financieras recapitalizadas por el Estado y después vendida al extranjero por casi nada– donde le informaban que probarían ante las Cortes que aquel desahucio causaría grandes pérdidas a los ingresos del banco. “Si usted hace el desalojo, recibirá menos dinero que del pago del préstamo. Lo invitamos a ir al juzgado para probar que este proceso es bueno para su entidad, así como que toda la gestión de la deuda quede acuerdo a la ley”, increpa el texto que los abogados redactaron minuciosamente acompañado de documentos y que, además, enviaron a todas las autoridades, Primer ministro y presidente del Tribunal Supremo incluidos.


“Los propietarios de los grandes bancos nacionales metieron en sus bolsillos ocho mil millones de euros en un lapso de ocho años y, cuando todo colapsó, abandonaron las entidades financieras y pidieron su rescate”, advierte Kritikós. “¿Cómo no se exigieron responsabilidades al gobierno? El problema privado se transformó en público y nosotros tuvimos que pagar desde entonces, directa o indirectamente, más de 200 mil millones de euros”, denuncia el economista. “Es el mayor saqueo de la historia europea. Papandreu [ex presidente griego] tendría que haber dejado caer en bancarrota a la banca”.

 

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Lo que quiere Raúl Castro para los próximos trece años

Recordaba el Granma (órgano oficial del Comité Central del PCC) en la víspera del cambio de presidente que “en el béisbol los lanzadores relevistas deben tener, además de buen control, temperamento para poder afrontar situaciones complicadas y de presión”. Complicada y bajo presión va a ser la presidencia en Cuba de Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El 19 de abril, la Asamblea Nacional del Poder Popular eligió a Díaz-Canel, de 58 años, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y, como establece la Constitución, Jefe Supremo de todas las instituciones armadas. Raúl Castro permanece como diputado de la ANPP y seguirá siendo el Primer Secretario del Comité Central hasta el Congreso del Partido Comunista de Cuba anunciado para 2021. Lo que Castro considera “el proceso de transferencia paulatina y ordenada de las principales responsabilidades a las nuevas generaciones” se está realizando sin unanimidad en la dirección del PCC.


Raúl lo reconoció ante la ANPP al decir sobre la elección de Díaz-Canel que “un grupo de compañeros del Buró Político teníamos la absoluta certeza de que habíamos dado en el clavo y de que esa era la solución”. No es el conjunto del Buró Político el que está de acuerdo con la designación del nuevo presidente de Cuba sino sólo “un grupo de compañeros del BP”. Esa división se puso de manifiesto cuando el PCC planteó la actualización del modelo cubano como la ruta hacia un socialismo próspero, sostenible y democrático. Lo de democrático fue eliminado inicialmente por el sector más rancio del PCC que no sintoniza con Díaz-Canel y que encabeza el Segundo Secretario José Ramón Machado Ventura. Castro recuperó la caracterización democrática del proyecto cubano de socialismo.


Al retirarse de la presidencia, Raúl ha sacado a Machado del Consejo de Estado aunque seguirá como Segundo Secretario hasta el próximo Congreso del PCC. La única sorpresa en la elección del nuevo Consejo de Estado es el nombramiento de Salvador Antonio Valdés Mesa como Primer Vicepresidente. Fue Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba y está en el Buró Político. Parece que así como Díaz-Canel es el elegido por Raúl, Valdés representa a Machado. Según Castro, “con el compañero Díaz-Canel, que ha demostrado solidez ideológica, sensibilidad política y fidelidad hacia la Revolución, se aseguró con intencionalidad y previsión su tránsito por diferentes responsabilidades partidistas y gubernamentales, de manera que adquiriera un nivel de preparación integral que, unido a sus cualidades personales, le permitieran asumir con éxito la jefatura de nuestro Estado y Gobierno y más adelante la máxima responsabilidad en el partido”.


Un proyecto para trece años


En su discurso del 19 de abril ante la ANPP, Raúl Castro anunció lo que quiere para Cuba durante los próximos trece años (2018/2031) aunque son decisiones que deberían corresponder al PCC y al Parlamento. Raúl seguiría como Primer Secretario del Comité Central hasta el Congreso del PCC de 2021. Entonces le sucedería Díaz-Canel, de manera que volverían a estar en las mismas manos la presidencia y el mando en el partido. Díaz-Canel sería presidente durante dos mandatos de cinco años (2018/2028), que es lo máximo que permiten las nuevas reglas de permanencia establecidas por Raúl Castro. En 2028 llegaría a la presidencia un dirigente preparado desde ahora y lo acompañaría Díaz-Canel como Primer Secretario del PCC hasta el Congreso de 2031.


En ese proceso debería aplicarse el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que todavía no está definitivamente elaborado. Para los primeros tres años de la presidencia de Díaz-Canel, con Raúl dirigiendo el PCC, se ha anunciado una reforma de la Constitución “acorde con las transformaciones acaecidas en el orden político, económico y social”.


Es la primera vez que Raúl Castro añade la transformación política a la actualización económica. El cronograma de Raúl, cuya aplicación no podrá controlar si no vive cien años, provoca una pregunta inmediata: ¿qué pasará si Castro (87 años) muere antes de la reforma de la Constitución y del Congreso del PCC convocado para 2021. ¿Controlarán el partido los rancios de Machado (88 años) y paralizarán el proceso de reformas?


El control y las presiones


En los discursos de Raúl Castro y de Miguel Díaz-Canel ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, quedaron muy claras las dificultades del control y los problemas de las presiones para el nuevo presidente de Cuba como lanzador relevista. Dijo Raúl Castro que “nos embarga la serena confianza en la transferencia a las nuevas generaciones de la misión de continuar la construcción del socialismo y así garantizar la independencia y la soberanía nacional”.


Dijo Díaz-Canel que “aquí no hay escenario para una transición que desconozca o destruya el legado de tantos años de lucha. La Revolución seguirá viva, desafiando con audacia, inteligencia y realismo, poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito nacional”.


Añadió Raúl Castro que “para que no quede la menor duda, deseo enfatizar que el PCC, empezando por el Primer Secretario de su Comité Central, apoyará y respaldará resueltamente al nuevo Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales”.


Añadió Díaz-Canel que “el compañero Raúl Castro, como Primer Secretario del PCC, encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación”.


Concluyó Raúl Castro que “hay que vencer el obstáculo colosal de una mentalidad cimentada en décadas de paternalismo e igualitarismo, con secuelas significativas en el funcionamiento de la economía nacional”. Y concluyó Díaz-Canel reclamando “el apoyo de todos los que ocupan responsabilidades de dirección a los diferentes niveles y en las diversas instituciones de la Revolución”.


Las tensiones en torno a la designación de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente de Cuba han provocado que por primera vez no se realice simultáneamente la renovación del Consejo de Estado y la presentación del nuevo Consejo de Ministros que se aplaza hasta el próximo mes de julio, “con el propósito -explicó Raúl Castro- de contar con un tiempo prudencial para valorar los movimientos de cuadros a realizar”.


Quienes consideran que Cuba necesita reformas económicas y políticas que faciliten la vida cotidiana, conecten con la nueva juventud y permitan la participación de los cubanos en las decisiones sobre su futuro no pueden eludir una pregunta de muy difícil respuesta: ¿cómo sintonizan los militares, que controlan la economía y al PCC, con la designación de Miguel Díaz-Canel y el cronograma de Raúl Castro?

Por José Manuel Martín Medem
Excorresponsal de TVE en Cuba

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Crece el encono contra el gobierno de Nicaragua

Managua

Con plantones en distintos puntos de esta capital y un bloqueo intermitente en la carretera a Masaya, este martes continuaron las movilizaciones contra el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Las autoridades aseguraron que decenas de jóvenes detenidos durante las protestas iniciadas hace casi una semana ya fueron liberados, y levantaron la censura contra el canal de cable 100% Noticias, en un intento de contener la peor crisis en sus más de 11 años de mandato, que deja ya 27 muertos.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) aceptó mediar y ser testigo en el diálogo convocado por el gobierno de Ortega. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la CEN, señaló que los obispos católicos desean "facilitar el clima de diálogo" e invitó al gobierno y a la sociedad civil a evitar "todo acto de violencia, de irrespeto a la propiedad pública y privada, y pidió absoluto respeto a la vida humana".

De su lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Estados Unidos condenaron, por separado, las muertes en el país centroamericano y solicitaron investigaciones independientes.

En el séptimo día de protestas contra el gobierno, grupos sociales instalaron un plantón en la zona capitalina de Camino de Oriente, mientras otros manifestantes se concentraron afuera de la Catedral y reiteraron su exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, abandonen el gobierno.

En la carretera hacia Masaya hubo bloqueos en los que los inconformes leyeron los nombres de los fallecidos en las protestas iniciadas el pasado miércoles 18.

Los estudiantes siguen atrincherados en la Universidad Politécnica, epicentro de las protestas, y aseguraron que van a continuar su lucha hasta que se haga justicia para los fallecidos. Pidieron libertad para los detenidos en las manifestaciones, que se explique dónde están los jóvenes que han desaparecido, la renuncia de Ortega y Murillo, y que cese la represión contra quienes protestan, informó el diario local La Prensa en su página web.

De acuerdo con carteles divulgados en las redes sociales, la noche de este martes fue convocada una caminata en la zona universitaria "en honor a nuestros compañeros caídos y heridos por su patria", pero al cierre de esta edición no había reportes.

Horas antes, aunque la policía y Murillo aseguraron que ya fueron liberados todos los detenidos, sin precisar un número, el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, dijo que más de 200 personas personas permanecían arrestadas en Managua y 60 están desaparecidas.

La Prensa señaló que en León (occidente) la policía tiene más de 100 detenidos. El rotativo también reportó el bloqueo de la señal de wifi en todos los parques de esta capital.

La televisión local entrevistó a algunos jóvenes excarcelados que dijeron haber sido abandonados por la policía en las carreteras, descalzos, con el cabello rapado y despojados de sus pertenencias.

Medios de prensa refirieron la muerte de dos varones desaparecidos y cuyos restos fueron llevados al Instituto de Medicina Legal en Managua.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cendih) exigió al gobierno confirmar la puesta en libertad de al menos 48 jóvenes detenidos en las protestas de la semana pasada.

El conflicto estalló el martes pasado con el anuncio de una polémica reforma al Seguro Social que aumentaba las cuotas de unos 700 mil empleados del sector formal y empresarios, y que finalmente fue derogada por Ortega el domingo.

El mandatario nicaragüense aceptó convocar un diálogo con el sector privado y representantes de la Iglesia católica, aunque aún no dio a conocer la fecha de la cita.

 

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Populismo de izquierda en el Reino Unido

La crisis de la socialdemocracia europea está confirmada. Después de los fracasos de Pasok en Grecia, del PvdA en los Países Bajos, del PSOE en España, del SPÖ en Austria, del SPD Alemania y del PS en Francia, el PD viene de obtener el peor resultado de su historia en Italia. La única excepción a este desastroso panorama se encuentra en Gran Bretaña, donde el Partido Laborista, dirigido por Jeremy Corbyn, está en pleno crecimiento. Con casi 600 mil afiliados, el Laborismo es hoy el mayor partido de izquierda en Europa.


¿Cómo hizo Corbyn, quien sorpresivamente fue elegido como líder del partido en 2015, para lograr esta proeza?


Después de un intento de desplazarlo por parte de la derecha del partido en 2016, el momento decisivo en la consolidación de su liderazgo fue el fuerte crecimiento del Partido Laborista en las elecciones de junio de 2017. Mientras los sondeos les daban a los conservadores una ventaja de 20 puntos, el Partido Laborista ganó 32 escaños, logrando que los tories perdieran la mayoría absoluta. La estrategia desarrollada en esas elecciones es la clave del éxito de Corbyn.


Esto se debe a dos factores principales. Primero, un manifiesto radical, en línea con el rechazo a la austeridad y las políticas neoliberales por parte de importantes sectores de la sociedad británica. Después, la formidable movilización organizada por Momentum, el movimiento creado en 2015 para apoyar la candidatura de Corbyn.
Inspirado en los métodos de Bernie Sanders en Estados Unidos, así como en las nuevas agrupaciones radicales europeas, Momentum ha aprovechado numerosos recursos digitales para establecer vastas redes de comunicación que les han permitido a los militantes y a muchos voluntarios saber en qué distritos era necesario ir a contactar a los electores puerta a puerta. Fue esta movilización inesperada la que llevó al error a todos los pronósticos.


Pero fue gracias al entusiasmo que despertó el contenido de su programa que todo esto fue posible. Con el título For the many, not the few (para la mayoría, no para unos pocos), utilizó un lema que ya había sido usado por el partido, pero dándole una nueva significación para establecer una frontera política entre un “nosotros” y un “ellos”. De esta manera, se trataba de repolitizar el debate y de ofrecer una alternativa al neoliberalismo instaurado por Margaret Thatcher y continuado por Tony Blair.
Las principales propuestas del programa fueron la renacionalización de los servicios públicos, como los ferrocarriles, la energía, el agua o el correo, el freno al proceso de privatización del Servicio Nacional de Salud (NHS) y del sistema escolar, la abolición de los aranceles de inscripción en la universidad y un aumento significativo de los subsidios sociales. Todo apuntaba a una clara ruptura con la concepción de la tercera vía del Nuevo Laborismo.


Mientras este último había reemplazado la lucha por la igualdad con la libertad de “elegir”, el manifiesto reafirmó que el Laborismo era el partido de la igualdad. El otro punto destacado fue la insistencia en el control democrático, por lo que se puso el acento en la naturaleza democrática de las medidas propuestas para crear una sociedad más igualitaria. La intervención del Estado fue reivindicada, pero con el rol de crear las condiciones que permitieran a los ciudadanos tomar el control de los servicios públicos y gestionarlos. La insistencia en la necesidad de profundizar la democracia es una de las características centrales del proyecto de Corbyn. Esto resuena muy particularmente en el espíritu que inspira a Momentum, que aboga por establecer vínculos estrechos con los movimientos sociales. Y explica la centralidad atribuida a la lucha contra todas las formas de dominación y discriminación, tanto en las relaciones económicas como en otras áreas, como las luchas feministas, antirracistas o LGBT.


Es la articulación de las luchas sociales con las que se relacionan con otras formas de dominación lo que está en el corazón de la estrategia de Corbyn y es por eso que puede ser calificada como “populismo de izquierda”. El objetivo es establecer una sinergia entre las diversas luchas democráticas que atraviesan a la sociedad británica y transformar al Partido Laborista en un gran movimiento popular capaz de construir una nueva hegemonía.


Es claro que la realización de un proyecto como éste significaría para Gran Bretaña un cambio tan radical, aunque de sentido opuesto, como el realizado con Margaret Thatcher. Ciertamente, el combate por reinvestir al Laborismo todavía no se ganó y la lucha interna continúa con los partidarios de Blair. Los oponentes de Corbyn despliegan múltiples maniobras para intentar desacreditarlo, la última consiste en acusarlo de tolerar el antisemitismo dentro del partido.


Las tensiones también existen entre los partidarios de una concepción más tradicional del Laborismo y los partidarios de la “nueva política”. Pero estos se están imponiendo y las relaciones de fuerza juegan a su favor. En comparación con otros movimientos como Podemos o Francia Insumisa, la ventaja de Corbyn consiste en que está a la cabeza de un partido grande y cuenta con el apoyo de los sindicatos.


Bajo su conducción, los laboristas lograron devolverles el gusto por la política a aquellos que la habían abandonado con Blair y atraer a cada vez más jóvenes. Esto prueba que, contra lo que afirman muchos politólogos, los partidos políticos no han devenido formas obsoletas y que, al articularse con los movimientos sociales, pueden renovarse. Es la conversión de la socialdemocracia al neoliberalismo lo que está en el origen del descontento de sus electores.


Cuando se les ofrece a los ciudadanos la perspectiva de una alternativa y tienen la posibilidad de participar en un debate agonístico real, ellos se muestran ansiosos por hacer oír sus voces. Pero esto requiere abandonar la concepción tecnocrática de la política, que la reduce a la gestión de problemas técnicos, y reconocer su carácter partisano.

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El elegido para reemplazar el liderazgo de los Castro

Alto, canoso, de caminar erguido y sonrisa tenue, con 58 años recién cumplidos, el ingeniero electrónico que acaba de proponer la Asamblea del Poder Popular como jefe de Estado en Cuba es un político de sólida y ascendente trayectoria.



Miguel Díaz Canel es el hombre elegido para ocupar el lugar donde antes había un solo apellido: Castro. Cuando Cuba rechazó la invasión de Playa Girón hace hoy 57 años, él apenas era un bebé que tomaba el biberón. Si Fidel condujo la Revolución en el caimán barbudo durante décadas; en Villa Clara, la provincia donde nació el nuevo presidente, el Che Guevara inmovilizó el célebre tren blindado repleto de soldados que aceleró la caída de Fulgencio Batista. El ingeniero electrónico graduado en 1982 que acaba de proponer la Asamblea del Poder Popular como jefe de Estado es un político de sólida y ascendente trayectoria. Mañana cumplirá 58 años, ya ungido de manera formal como principal mandatario de la isla. Sus actos más o menos recientes como primer vicepresidente daban señales de que podía serlo. Había sido recibido en China por Xi Jinping, también asistido a la entronización del Papa Francisco en Roma. Se descontaba que sucedería a Raúl en el gobierno de la isla. Nadie se atrevía a confirmarlo, pero si a sugerirlo como posible.


Alto, canoso, de caminar erguido y sonrisa tenue, Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez –tal sus nombres y apellidos completos– nació el 20 de abril de 1960. No es el integrante más joven del Consejo de Estado propuesto por la asamblea que presidió el veterano Esteban Lazo, pero forma parte de la generación del recambio. Raúl Castro tiene 86 años y quienes pasarán a ocupar ahora cargos que dejan los viejos comandantes de la Sierra Maestra promedian los 48. El presidente que se adivinaba fue cooperante internacionalista en Nicaragua, donde apoyó al sandinismo en la década del 80. Ocupó el cargo de primer secretario de la Unión de Juventudes Comunistas en Villa Clara, repitió la misma función en el PC cubano de su provincia natal y también en Holguín. Fue ministro de Educación Superior en el 2009 y en el 2012 vicepresidente del Consejo de Ministros.


Si algo une a Díaz Canel con el legado revolucionario de Fidel es que siempre se mimetizó entre el pueblo para conocer sus deseos y necesidades. De él se edificó una leyenda en sus tiempos como funcionario en la provincia de Holguín, donde conoció a su segunda esposa. Cuentan que se presentaba por sorpresa para comprobar el servicio que recibían las personas en determinado lugar. En 2012 –explica Harold Cárdenas, un profesor de marxismo en la Universidad de Matanzas– intercedió para que un blog llamado La joven Cuba pudiera seguir activo con sus opiniones críticas. El nuevo presidente lo hizo sin que nadie se lo pidiera. La anécdota la difundió la agencia AP, que no es precisamente Granma ni Juventud Rebelde.


A este hombre le interesa la cultura y se dice en Cuba que es una mente abierta a la diversidad. Durante su gestión en Santa Clara prosperó El Menjunje, un centro cultural que organizaba espectáculos ideados o protagonizados por transexuales.


En un vuelo rasante sobre los perfiles improvisados que ahora inundan Internet, queda muy claro que Díaz Canel estaba lejos de tener un biógrafo. No sólo por su perfil bajo. La épica de la Revolución y los comandantes que le aportaron su mística, opacarían a cualquier figura posterior. El nuevo presidente sabe que deberá estar a la altura que le impone la historia. En Cuba el techo es muy alto, por el motivo que fuera.


Díaz Canel no podrá reemplazar el carisma de Fidel, ni la experiencia negociadora de su hermano Raúl, quien quedará al frente del Partido Comunista Cubano (PCC). Será el nuevo poder en la isla entre hombres y mujeres que no vivieron como adultos el desembarco del Granma o la crisis de los misiles. Aquel mundo bipolar ya no es el mismo, pero está sujeto a nuevos desafíos. No existe más la Unión Soviética y los misiles dejaron de apuntar desde Cuba a Estados Unidos. Vladimir Putin no es Nikita Krushchev y las bombas hoy caen en Siria o países que Estados Unidos tilda de terroristas. La lista la escribe Donald Trump, esa especie de nuevo villano planetario aunque la prensa corporativa en general ubique en ese lugar a otros políticos. Cuba integra esa nómina de enemigos y su generación nacida durante la revolución deberá saber qué hacer con ella.


En Cuba el pueblo de a pie no conoce demasiado sobre Díaz Canel. Las personas mayores se quedaron con el recuerdo de los comandantes de la Revolución –algunos que seguirán y otros que se irán del gobierno– y los más jóvenes no parecen demasiado interesados en conocer detalles sobre la vida del jefe de Estado que será oficializado hoy en La Habana. Los 604 diputados presentes en la Asamblea Nacional del Poder Popular lo aplaudieron ayer de pie, casi en simultáneo con la ovación cerrada que le tributaron a Raúl Castro. Él agradeció, serio y como distante, acaso seguro de que no la tendrá fácil.
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Jueves, 19 Abril 2018 05:47

Bloquean 15 universidades francesas

Bloquean 15 universidades francesas

El presidente francés prometió “ir hasta el final” con los ajustes. La batalla más dura seguirá siendo la de los ferrocarriles. Una mayoría de los encuestados cree que el país es menos justo y menos democrático.

Las aristocráticas calles del distrito 7 de la capital francesa rara vez son testigos de una revuelta estudiantil, menos aún de la toma de una de las instituciones más prestigiosas y elitistas del complejo sistema francés de educación: la Universidad de Ciencias políticas donde se capacitan los funcionarios de alto vuelo, los líderes políticos y empresariales. Atónitos, los vecinos de este centro de estudios que linda con lo más coqueto del barrio latino leen las pancartas pintadas por los estudiantes: “Aquí se capacitan quienes seleccionan. Bloquemos la fábrica de las elites”. También: “Contra la dictadura macronista”. En total, hasta ahora, hay unas 15 universidades bloqueadas o perturbadas por la oposición de los estudiantes a una de las reformas del presidente Emmanuel Macron: la ORE, Ley de orientación y éxito de los estudiantes.

El descontento social arraigado en las numerosos reformas lanzadas por el presidente electo hace casi un año abarca también los ferrocarrileras, los estudiantes de bachillerato, los hospitales y otros gremios afectados por la política del jefe del Estado. Francia vive hace varias semanas días negros debido a las huelgas en la compañía nacional de ferrocarriles, la SNCF. Este empresa ha sido siempre la encarnación del símbolo del modelo francés de servicio público. Ahora es un modelo de la tormenta.


El Ejecutivo tocó uno de los ramos más sensibles de Francia. La reforma de los ferrocarriles implica que los nuevos empleados que ingresen a la compañía no tendrán las ventajas de que gozaban antes. Entre otras cosas, se acaba la jubilación a los 55 años al tiempo que se abrirá el mercado de las vías a la competencia y se transformará esta empresa en una sociedad anónima. Según el gobierno, ese es el único camino para saldar la deuda de 45.000 millones de euros que arrastra la compañía mientras que los sindicatos que promueven las huelgas alegan que la meta no es otra que la de “destruir el servicio público”. Las reformas en este sector tienen la memoria agitada. Cada vez que un gobierno intentó retocar los ferrocarriles, el país terminó paralizado. En 1995 tuvo lugar en Francia una de las huelgas más extensas y prolongadas de la historia cuando el entonces gobierno de Alan Juppé, bajo la presidencia de Jacques Chirac, intentó reformar la empresa nacional de los ferrocarriles y tuvo que renunciar. Nada, sin embargo, movió la posición del actual primer ministro, Édouard Philippe, ni la de los parlamentarios de la mayoría que aprobaron ampliamente los cambios. Estudiantes, ferrocarriles, Air France, jubilados -han perdido poder adquisitivo– y hospitales, el país está convulsionado por la avalancha de reformas. El presiente se vio obligado, en dos oportunidades, a dar la cara a lo largo de dos entrevistas en la televisión perfectamente diseñadas. Macron prometió “ir hasta el final”. La batalla más dura seguirá siendo la de los ferrocarriles. Las huelgas intermitentes empezaron el 3 de abril y está previsto que se prolonguen hasta el tres de junio, justo antes del inicio de las vacaciones del verano europeo. Hay días en que las principales estaciones de trenes de la capital, la Gare de Lyon, la Gare de l’Est o la Gare du Nord, son un auténtico caos de pasajeros demorados. Sin dudas, será ese sector de la opinión pública quien se convertirá en el árbitro final.

Pese a los paros y las críticas, a los sondeos menguantes y a los epítetos como “presidente de los ricos” o “presidente de las ciudades”, el jefe del Estado parece aún gozar de una inédito estado de paciencia de parte de la sociedad. El país no es sin embargo iluso. Es consciente de la profundidad y la velocidad de las transformaciones introducidas por Emmanuel Macron desde que accedió a la jefatura del Estado en mayo de 2017. Una encuesta reciente realizada por la consultora BVA para el semanario Le Nouvel Observateur muestra la radiografía de una sociedad perturbada por la intensidad de las transformaciones. El “nuevo mundo” que Macron había prometido durante la campaña electoral es percibido como real. El 57% piensa que “Francia cambió desde hace un año” mientras que 32% reconoce que esos cambios son mucho más importantes de lo que hubiesen imaginado. La manera en que se valoran esos cambios es variable: 21% siente que Francia “cambió para bien”, 30% que fue “para mal” y otro 49% dice no haber percibido ninguna variación. La sociedad le reconoce en un 63% que Francia, en el plano internacional, es más ambiciosa desde que Macron llegó al Palacio del Elíseo. Sin embargo, hay, en el país, un consenso mayoritario para juzgar lo que ha sido una de las columnas vertebrales de la retórica de la construcción francesa: la justicia y la democracia. El estilo autoritario de Macron se traduce en la encuesta por una mayoría de 65% convencida de que Francia es ahora menos democrática, 75% juzga que el país es menos justo y el mismo porcentaje que se vive en una sociedad menos igualitaria.

Sólo el 28% siente que la política actual permitirá que Francia se reforme profundamente ante el 54% que piensa lo contrario. En síntesis, el retrato que arrojan las encuestas es doble: un país más dinámico pero mucho menos justo. En un libro que aparece en estos días escrito por Jérôme Fourquet, director del Departamento Opinión de la consultora IFOP (Le nouveau clivaje) se demuestra cómo Francia no ha esquivado las enfermedades sociales derivadas de la globalización: fractura entre la ciudad y los suburbios, entre la ciudad y el campo, entre los conectados y los no conectados, etc, etc. Están los “que perdieron” con la globalización, y aquellos que “se adaptaron y ganaron”. Macron aparece claramente como el presidente de los últimos sin que, por el momento, esto llegue a desatar una ola de descontentos o revueltas tan potentes como para que el presidente modere el rumbo.


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La paz como un negocio:  la política de obras por impuestos

¿Cómo funciona la figura de obras por impuestos y cuáles son sus implicaciones en términos económicos, ambientales y de interés público para las comunidades que habitan en las zonas más afectadas por el conflicto?

 

La palabra negocio se forma de la palabra latina “nec” “otium”, que significa negación del ocio y fomento de actividades útiles y rentables. El proceso de paz entre el gobierno del saliente presidente Santos y las Farc fue el resultado de una cruda represión (seguridad democrática) que agobió a la guerrilla, una guerra política que le redujo su espacio social, para llegar a una paciente negociación (solución pacífica de diferendos) que, paradójicamente se constituye hoy en buen caldo de cultivo para rentables negocios (confianza inversionista).

 

Una reforma para el bolsillo empresarial

 

Con la Reforma Tributaria aprobada en el 2016 se abona el camino para la financiación de los Acuerdos de Paz, particularmente para los proyectos que serán aprobados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), los que tienen como principal fuente de financiación la cooperación internacional, los créditos de la banca multilateral y la inversión pública a manos de empresas privadas por medio de la figura de obras por impuestos.

 

Con más de 600 proyectos viabilizados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para la construcción de vías, acueducto y alcantarillado, educación y energía, entre otros, por un monto cercano a los 2 billones de pesos, es importante saber qué son y qué implican las obras por impuestos.

 

¿Qué son las obras por impuestos?

 

El mecanismo de obras por impuestos se instaura en la Reforma Tributaria del 2016 (Parte XI, art. 235-238). La norma es precisa: permite a empresas que obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, más de 1.070 millones de pesos, pagar el 50 por ciento de sus impuestos de renta con obras públicas priorizadas en las Zomac (las cuales hoy compaginan con los 170 municipios priorizados para la ejecución de Pdets). Así, las grandes empresas nacionales e internacionales, entre ellas las empresas mineras y petroleras según el decreto 883 del 26 de mayo del 2017, podrán pagar el 50% de sus impuestos en obras para los 344 municipios más afectados por el conflicto armado.

 

Y así procedieron. Sin rubor alguno, la multinacional cementera de origen mexicano Cemex afirma en el periódico La República haber participado “en el diseño del programa (de obras por impuestos)”, de lo cual espera que su participación aumente no sólo en las vías 4G, en los programas de obras por impuestos (tanto como contratistas y como constructores), sino también en otros proyectos en el marco de la firma del acuerdo de paz como Ecovía y las vías terciarias para la paz.

 

Ahora bien, previo al artículo de obras por impuestos, la Reforma Tributaria –Ley 1819 del 2016– en el artículo 237 dispone que las medianas y grandes empresas que ubiquen sus actividades en las Zomac durante los años 2017–2021 tendrán que pagar sólo el 50 por ciento de la tarifa general de impuesto sobre la renta; por ejemplo, si la tarifa del impuesto a la renta es de 30 por ciento, ahora la tarifa de las empresas que se ubiquen en Zomac será de 15 por ciento y dentro de este porcentaje pagará el 7.5 por ciento bajo la modalidad de obras por impuestos, y lo restante en dinero. Todo esto, sin tener en cuenta las deducciones y excepciones de las que ya gozan las empresas. Excelente negocio.

 

En el marco de este programa, las empresas dividen la inversión que hacen a cargo de sus impuestos en dos grandes rubros: el primero corresponde al valor de los estudios previos para el proyecto y los demás que sean necesarios durante la ejecución del mismo (esto incluye costos administrativos, de pre-factibilidad y de diagnóstico); el segundo, al valor de la ejecución del proyecto (contratación y auditoría).

 

La reducción de los costos de preparación del proyecto y seguimiento implica una reducción de entre un 13-18 por ciento de la inversión total en obras por impuestos. Como consecuencia, los costos de estudios previos y de seguimiento del proyecto serán asumidos por el Estado, dentro de los cuales se encuentra el pago de una “gerencia del proyecto” al que la empresa interesada le asigna un sueldo.

 

En términos de contratación, las empresas podrán subcontratar directamente por medio de licitación privada abierta, lo que genera una preocupación en torno a la transparencia en la contratación, pues si bien el concurso es abierto, es casi imposible conocer los montos, los beneficiarios de los contratos y realizar seguimiento a los mismos. Lo anterior es un retroceso en los modelos de transparencia que promueven desde plataformas gubernamentales como Colombia compra eficiente o el Portal único de contratación (Secop).

 

Creado el mecanismo, hubo un boom de empresas interesadas en desarrollar obras por impuestos, entre ellas El Cerrejón –que quiere ampliar las redes de acueducto en Riohacha–, o Poligrow –que quiere mejorar la infraestructura Eléctrica en Mapiripán–, empresas muy cuestionadas en estos territorios, y que dejan muchos cuestionamientos sobre los impactos de estas obras en su imagen.

 

De manera adicional, surgen dudas sobre la capacidad de las entidades de control para supervisar las inversiones, la posibilidad de controlar sobrecostos, desvíos de recursos, relación entre contratista y ejecutor, etcétera. Todo esto no sólo es un reto para el principio de transparencia en la inversión, sino que convierte a las empresas en los “jefes” de la ejecución de recursos públicos, pues son impuestos que dejaran de ingresar a las arcas del Estado.

 

Llegados a este punto, existe una inconsistencia con la naturaleza pública de la inversión, pues según la Ley 1819 de 2016 (inciso tres, del artículo 238) la contratación de obras por impuestos se rige bajo la legislación privada; no obstante, ni la obra ni los recursos son privados, pues cada una de éstas se hará con cargo a los impuestos, en contraprestación de beneficios tributarios. Por tanto, existe una prevalencia de la naturaleza del contratista y no de la obra.

 

Según Cemex, “Estamos en conversaciones con algunas entidades para aterrizar los proyectos específicos. Estábamos esperando que se dieran las reglas claras, y eso nos motiva a ser los primeros en poner una obra por impuestos” (La República, 27 de noviembre del 2017). La contratación sin licitación pública puede convertirse en una cuestión de “conversaciones con algunas entidades públicas” y no en un mecanismo transparente de elección del mejor postor.

 

Para empresas del sector de la construcción esto es en definitiva un gana-gana, pues no sólo pagan menos impuestos, sino que pueden contratar a sus filiales y así auto-contratarse, pues aún no hay norma que lo prohíba, ni capacidad que lo vigile.

 

Otro de los grandes interesados en participar en el modelo de obras por impuestos es el sector petrolero, quien ve en este modelo una oportunidad para la legitimación del sector, como lo afirma Rafael Hertz, vicepresidente de operaciones y sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Petróleos. De igual forma, según Semana.com, el mecanismo de obras por impuestos “permite a los empresarios mejorar su reputación justo cuando se realizan consultas populares en medio del creciente inconformismo hacia actividades como la minería y el petróleo”.

 

De esta forma, los impuestos que deben pagar las empresas se convierten en un tipo de propaganda, y en algunos casos de chantaje para las comunidades que se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Se termina de perder, de esta forma, todo el sentido de la inversión pública en las obras contratadas con cargo a los impuestos, convirtiéndose en una dádiva benevolente del sector privado que, entre otras cosas, sirve para “contrarrestar” los ejercicios democráticos de participación ciudadana.

 

Retroceso democrático en medio de la paz

 

Una relectura de dos grandes luminarias de la historia y de la economía, respectivamente (Tilly, 1985) y (Olson, 2001), permite recrear, críticamente, las ultimas décadas de la historia colombiana, hasta llegar al proceso de paz y la política de obras por impuestos.


El origen y consolidación del Estado en Colombia ha sido tan violento y sombrío como en Europa y otras partes del mundo: los gobernantes primigenios fueron violentos, criminales.

 

En Colombia, los criminales nómadas (que saqueaban y violentaban a una población, para luego huir), proliferaron como guerrillas y paramilitares, y aún existen en el país como mutaciones de la guerrilla, restos del paramilitarismo, y bandas criminales. Todo esto pese al proceso de paz.

 

Los criminales estacionarios (que con el cobro de onerosos tributos y otras extorsiones, se quedaban asentados en un territorio para suministrar servicios de seguridad privada), se impusieron en algunas zonas del territorio nacional, en las tres décadas recientes, como paramilitares y guerrillas consolidadas en forma de para-estados que gobernaban en ciertos municipios del país.

 

Como lo plantean Olson y Tilly en los libros referenciados, el Estado moderno se originó en la violencia y en la criminalidad. Lo que posibilitó la democracia fue, justamente, la ciudadanía activa (movimientos sociales y acción colectiva) para poner freno a los Estados, mediante Constituciones, elecciones democráticas, rendición de cuentas y diversas formas de control ciudadano sobre los gobernantes.

 

En Colombia, a pesar de la movilización social y de la Constitución del 91, no se ha logrado un avance significativo hacia la democracia. En los últimos treinta años se ha reeditado la guerra que podemos leer en autores como Rulfo, en su historia Pedro Páramo: mientras los señoritos de la capital y los activistas con buena prosa redactaban derechos y deberes, en los campos y en los márgenes de la ciudad, por las vías de hecho, señores de la guerra hicieron la ley y orden a imagen y semejanza de sus intereses.

 

La reciente política tributaria de obras por impuestos, además de ser claramente neoliberal –al expandir los mercados y permitir que las tributaciones para los ricos sean negociables–, marcha en contravía de la democracia. Los territorios antes ocupados por bandidos errantes y luego por bandidos estacionarios, ahora son dominados, gracias a la confianza inversionista, por opulentos caballeros de los negocios.

 

De prosperar tal iniciativa, los más opulentos empresarios que promueven perjudiciales economías extractivas, podrán transformarse en unos gobernantes locales, con licencia para hacer obras compatibles con sus intereses privados, y para legitimar su acción. Las obras que hagan estos caballeros de los negocios rentables podrán ser tan perjudiciales como los desmanes ocasionados por los señores de la guerra pues, a diferencia de los Estados modernos democráticos, las empresas privadas y los bandidos no están sujetos a rendición de cuentas alguna.

 

A su gusto

 

El neoliberal Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, afirma que el modelo de obras por impuestos, y demás deducciones creadas en la Reforma Tributaria, han sido pensadas más como nuevos “incentivos tributarios para acelerar la producción petrolera” que como una solución para las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Por su parte, el optimista Ministro del posconflicto, Rafael Pardo (Pardo, 2018), afirma que: “si este esquema hubiera existido hace 25 años en Colombia, otra sería la realidad de regiones como La Guajira, Arauca, Casanare o Meta, que han tenido empresas con gran desarrollo, que han pagado muchísimos impuestos de renta y que las obras no se han visto en esas regiones”.

 

Lo anterior no implica que las empresas privadas no puedan participar en la financiación de obras para las zonas más afectadas por el conflicto armado; sin embargo, es necesario desarrollarlas sin perder el carácter público de la inversión y la distribución equitativa de las cargas pues, tal como se dio en la reforma, el Estado asume muchos riesgos.

 

No queda de más decir que es necesario hacer veeduría y vigilancia a las inversiones privadas, teniendo siempre presente que los impuestos como las obras son públicas, es decir, de todos los colombianos. El postconflicto no tiene marca.

 


 

* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
** Estudiante de la Maestría en Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte (COLEF - México), Politóloga de la Universidad del Rosario, Consultora de la Ong Asociación Ambiente y Sociedad. Autora del libro Caquetá Amazónico: entre la resistencia y el petróleo, Censat-Agua Viva.

 

Publicado enColombia
La paz como un negocio:  la política de obras por impuestos

¿Cómo funciona la figura de obras por impuestos y cuáles son sus implicaciones en términos económicos, ambientales y de interés público para las comunidades que habitan en las zonas más afectadas por el conflicto?

 

La palabra negocio se forma de la palabra latina “nec” “otium”, que significa negación del ocio y fomento de actividades útiles y rentables. El proceso de paz entre el gobierno del saliente presidente Santos y las Farc fue el resultado de una cruda represión (seguridad democrática) que agobió a la guerrilla, una guerra política que le redujo su espacio social, para llegar a una paciente negociación (solución pacífica de diferendos) que, paradójicamente se constituye hoy en buen caldo de cultivo para rentables negocios (confianza inversionista).

 

Una reforma para el bolsillo empresarial

 

Con la Reforma Tributaria aprobada en el 2016 se abona el camino para la financiación de los Acuerdos de Paz, particularmente para los proyectos que serán aprobados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), los que tienen como principal fuente de financiación la cooperación internacional, los créditos de la banca multilateral y la inversión pública a manos de empresas privadas por medio de la figura de obras por impuestos.

 

Con más de 600 proyectos viabilizados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para la construcción de vías, acueducto y alcantarillado, educación y energía, entre otros, por un monto cercano a los 2 billones de pesos, es importante saber qué son y qué implican las obras por impuestos.

 

¿Qué son las obras por impuestos?

 

El mecanismo de obras por impuestos se instaura en la Reforma Tributaria del 2016 (Parte XI, art. 235-238). La norma es precisa: permite a empresas que obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, más de 1.070 millones de pesos, pagar el 50 por ciento de sus impuestos de renta con obras públicas priorizadas en las Zomac (las cuales hoy compaginan con los 170 municipios priorizados para la ejecución de Pdets). Así, las grandes empresas nacionales e internacionales, entre ellas las empresas mineras y petroleras según el decreto 883 del 26 de mayo del 2017, podrán pagar el 50% de sus impuestos en obras para los 344 municipios más afectados por el conflicto armado.

 

Y así procedieron. Sin rubor alguno, la multinacional cementera de origen mexicano Cemex afirma en el periódico La República haber participado “en el diseño del programa (de obras por impuestos)”, de lo cual espera que su participación aumente no sólo en las vías 4G, en los programas de obras por impuestos (tanto como contratistas y como constructores), sino también en otros proyectos en el marco de la firma del acuerdo de paz como Ecovía y las vías terciarias para la paz.

 

Ahora bien, previo al artículo de obras por impuestos, la Reforma Tributaria –Ley 1819 del 2016– en el artículo 237 dispone que las medianas y grandes empresas que ubiquen sus actividades en las Zomac durante los años 2017–2021 tendrán que pagar sólo el 50 por ciento de la tarifa general de impuesto sobre la renta; por ejemplo, si la tarifa del impuesto a la renta es de 30 por ciento, ahora la tarifa de las empresas que se ubiquen en Zomac será de 15 por ciento y dentro de este porcentaje pagará el 7.5 por ciento bajo la modalidad de obras por impuestos, y lo restante en dinero. Todo esto, sin tener en cuenta las deducciones y excepciones de las que ya gozan las empresas. Excelente negocio.

 

En el marco de este programa, las empresas dividen la inversión que hacen a cargo de sus impuestos en dos grandes rubros: el primero corresponde al valor de los estudios previos para el proyecto y los demás que sean necesarios durante la ejecución del mismo (esto incluye costos administrativos, de pre-factibilidad y de diagnóstico); el segundo, al valor de la ejecución del proyecto (contratación y auditoría).

 

La reducción de los costos de preparación del proyecto y seguimiento implica una reducción de entre un 13-18 por ciento de la inversión total en obras por impuestos. Como consecuencia, los costos de estudios previos y de seguimiento del proyecto serán asumidos por el Estado, dentro de los cuales se encuentra el pago de una “gerencia del proyecto” al que la empresa interesada le asigna un sueldo.

 

En términos de contratación, las empresas podrán subcontratar directamente por medio de licitación privada abierta, lo que genera una preocupación en torno a la transparencia en la contratación, pues si bien el concurso es abierto, es casi imposible conocer los montos, los beneficiarios de los contratos y realizar seguimiento a los mismos. Lo anterior es un retroceso en los modelos de transparencia que promueven desde plataformas gubernamentales como Colombia compra eficiente o el Portal único de contratación (Secop).

 

Creado el mecanismo, hubo un boom de empresas interesadas en desarrollar obras por impuestos, entre ellas El Cerrejón –que quiere ampliar las redes de acueducto en Riohacha–, o Poligrow –que quiere mejorar la infraestructura Eléctrica en Mapiripán–, empresas muy cuestionadas en estos territorios, y que dejan muchos cuestionamientos sobre los impactos de estas obras en su imagen.

 

De manera adicional, surgen dudas sobre la capacidad de las entidades de control para supervisar las inversiones, la posibilidad de controlar sobrecostos, desvíos de recursos, relación entre contratista y ejecutor, etcétera. Todo esto no sólo es un reto para el principio de transparencia en la inversión, sino que convierte a las empresas en los “jefes” de la ejecución de recursos públicos, pues son impuestos que dejaran de ingresar a las arcas del Estado.

 

Llegados a este punto, existe una inconsistencia con la naturaleza pública de la inversión, pues según la Ley 1819 de 2016 (inciso tres, del artículo 238) la contratación de obras por impuestos se rige bajo la legislación privada; no obstante, ni la obra ni los recursos son privados, pues cada una de éstas se hará con cargo a los impuestos, en contraprestación de beneficios tributarios. Por tanto, existe una prevalencia de la naturaleza del contratista y no de la obra.

 

Según Cemex, “Estamos en conversaciones con algunas entidades para aterrizar los proyectos específicos. Estábamos esperando que se dieran las reglas claras, y eso nos motiva a ser los primeros en poner una obra por impuestos” (La República, 27 de noviembre del 2017). La contratación sin licitación pública puede convertirse en una cuestión de “conversaciones con algunas entidades públicas” y no en un mecanismo transparente de elección del mejor postor.

 

Para empresas del sector de la construcción esto es en definitiva un gana-gana, pues no sólo pagan menos impuestos, sino que pueden contratar a sus filiales y así auto-contratarse, pues aún no hay norma que lo prohíba, ni capacidad que lo vigile.

 

Otro de los grandes interesados en participar en el modelo de obras por impuestos es el sector petrolero, quien ve en este modelo una oportunidad para la legitimación del sector, como lo afirma Rafael Hertz, vicepresidente de operaciones y sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Petróleos. De igual forma, según Semana.com, el mecanismo de obras por impuestos “permite a los empresarios mejorar su reputación justo cuando se realizan consultas populares en medio del creciente inconformismo hacia actividades como la minería y el petróleo”.

 

De esta forma, los impuestos que deben pagar las empresas se convierten en un tipo de propaganda, y en algunos casos de chantaje para las comunidades que se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Se termina de perder, de esta forma, todo el sentido de la inversión pública en las obras contratadas con cargo a los impuestos, convirtiéndose en una dádiva benevolente del sector privado que, entre otras cosas, sirve para “contrarrestar” los ejercicios democráticos de participación ciudadana.

 

Retroceso democrático en medio de la paz

 

Una relectura de dos grandes luminarias de la historia y de la economía, respectivamente (Tilly, 1985) y (Olson, 2001), permite recrear, críticamente, las ultimas décadas de la historia colombiana, hasta llegar al proceso de paz y la política de obras por impuestos.


El origen y consolidación del Estado en Colombia ha sido tan violento y sombrío como en Europa y otras partes del mundo: los gobernantes primigenios fueron violentos, criminales.

 

En Colombia, los criminales nómadas (que saqueaban y violentaban a una población, para luego huir), proliferaron como guerrillas y paramilitares, y aún existen en el país como mutaciones de la guerrilla, restos del paramilitarismo, y bandas criminales. Todo esto pese al proceso de paz.

 

Los criminales estacionarios (que con el cobro de onerosos tributos y otras extorsiones, se quedaban asentados en un territorio para suministrar servicios de seguridad privada), se impusieron en algunas zonas del territorio nacional, en las tres décadas recientes, como paramilitares y guerrillas consolidadas en forma de para-estados que gobernaban en ciertos municipios del país.

 

Como lo plantean Olson y Tilly en los libros referenciados, el Estado moderno se originó en la violencia y en la criminalidad. Lo que posibilitó la democracia fue, justamente, la ciudadanía activa (movimientos sociales y acción colectiva) para poner freno a los Estados, mediante Constituciones, elecciones democráticas, rendición de cuentas y diversas formas de control ciudadano sobre los gobernantes.

 

En Colombia, a pesar de la movilización social y de la Constitución del 91, no se ha logrado un avance significativo hacia la democracia. En los últimos treinta años se ha reeditado la guerra que podemos leer en autores como Rulfo, en su historia Pedro Páramo: mientras los señoritos de la capital y los activistas con buena prosa redactaban derechos y deberes, en los campos y en los márgenes de la ciudad, por las vías de hecho, señores de la guerra hicieron la ley y orden a imagen y semejanza de sus intereses.

 

La reciente política tributaria de obras por impuestos, además de ser claramente neoliberal –al expandir los mercados y permitir que las tributaciones para los ricos sean negociables–, marcha en contravía de la democracia. Los territorios antes ocupados por bandidos errantes y luego por bandidos estacionarios, ahora son dominados, gracias a la confianza inversionista, por opulentos caballeros de los negocios.

 

De prosperar tal iniciativa, los más opulentos empresarios que promueven perjudiciales economías extractivas, podrán transformarse en unos gobernantes locales, con licencia para hacer obras compatibles con sus intereses privados, y para legitimar su acción. Las obras que hagan estos caballeros de los negocios rentables podrán ser tan perjudiciales como los desmanes ocasionados por los señores de la guerra pues, a diferencia de los Estados modernos democráticos, las empresas privadas y los bandidos no están sujetos a rendición de cuentas alguna.

 

A su gusto

 

El neoliberal Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, afirma que el modelo de obras por impuestos, y demás deducciones creadas en la Reforma Tributaria, han sido pensadas más como nuevos “incentivos tributarios para acelerar la producción petrolera” que como una solución para las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Por su parte, el optimista Ministro del posconflicto, Rafael Pardo (Pardo, 2018), afirma que: “si este esquema hubiera existido hace 25 años en Colombia, otra sería la realidad de regiones como La Guajira, Arauca, Casanare o Meta, que han tenido empresas con gran desarrollo, que han pagado muchísimos impuestos de renta y que las obras no se han visto en esas regiones”.

 

Lo anterior no implica que las empresas privadas no puedan participar en la financiación de obras para las zonas más afectadas por el conflicto armado; sin embargo, es necesario desarrollarlas sin perder el carácter público de la inversión y la distribución equitativa de las cargas pues, tal como se dio en la reforma, el Estado asume muchos riesgos.

 

No queda de más decir que es necesario hacer veeduría y vigilancia a las inversiones privadas, teniendo siempre presente que los impuestos como las obras son públicas, es decir, de todos los colombianos. El postconflicto no tiene marca.

 


 

* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
** Estudiante de la Maestría en Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte (COLEF - México), Politóloga de la Universidad del Rosario, Consultora de la Ong Asociación Ambiente y Sociedad. Autora del libro Caquetá Amazónico: entre la resistencia y el petróleo, Censat-Agua Viva.

 

Publicado enEdición Nº244