La ONU insta a poner en marcha el sistema de justicia para la paz en Colombia


El partido del presidente electo, Iván Duque, y de Álvaro Uribe rechaza la petición de Naciones UnidasNaciones Unidas instó este martes al Congreso de Colombia que ponga en marcha el sistema de Justicia Especial para la Paz (JEP), un aspecto crucial de los acuerdos alcanzados en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC, que se encuentra atascado desde que el candidato uribista Iván Duque ganara las elecciones presidenciales el pasado 17 de junio. La Misión de Verificación de la ONU, que ha acompañado el proceso de paz desde sus inicios, hizo un llamamiento “a las instituciones del Estado competentes y a las fuerzas políticas para que remuevan los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz de Colombia cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas”.


La organización destaca en un comunicado que la transición posterior a la desmovilización y desarme de las FARC debe cimentarse en los principios de “verdad, justicia, reparación para las víctimas y no repetición”. Esa es la premisa de la JEP, que se constituyó en marzo y cuya función primordial ahora peligra por la cerrada oposición a los acuerdos del Centro Democrático, el partido fundado por el exmandatario Álvaro Uribe, mentor de Duque y principal detractor de este proceso de paz.


Lo pactado en La Habana después de cuatro años de negociaciones ya ha dado sus frutos. El conflicto armado ha terminado, el grupo insurgente fundó un partido político que cuenta con un apoyo social prácticamente nulo y, con la excepción de algunos frentes de la disidencia, más de 7.000 excombatientes están en fase de reincorporación. Naciones Unidas recuerda, además, que “las elecciones parlamentarias y presidenciales de los últimos meses han mostrado un beneficio tangible del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP: las campañas electorales más pacíficas y participativas en décadas”. Por esta razón, “es hora de que las víctimas puedan beneficiarse sin más demora de los compromisos establecidos sobre la rendición de cuentas de las personas que se someten a la JEP”.


Sin embargo, el primer desafío del uribismo consistió en aplazar de manera indefinida, en sede parlamentaria, la aprobación del reglamento de ese sistema de justicia encargado de juzgar los crímenes de la guerra. Duque ya se reunió con Santos, que dejará el poder en agosto, y con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, aunque, al menos de momento, la situación no se ha desbloqueado. El Centro Democrático está decidido a exhibir la fortaleza de sus sectores más radicales y este martes rechazó sin matices el pronunciamiento de la Misión de Verificación de la ONU.


La bancada del partido en el Congreso, que se define como “mayor responsable de la elección” de Duque, dejó claro en un comunicado que “no acepta sus exigencias”. “Las observaciones y proposiciones que hemos planteado no pueden ser calificadas como obstáculos”, argumenta esta formación, que apela a la legitimidad que, según su criterio, le otorga la victoria del no en el plebiscito sobre los acuerdos de paz de octubre de 2016 y el triunfo de Duque en las elecciones presidenciales.

 

Francesco Manetto
Bogotá 27 JUN 2018 - 00:17 COT

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En 2018-2022… uribismo recargado y nuevo contenido del compromiso popular*

Culminó sin sorpresas la coyuntura electoral que compuso la elección de Presidente para los cuatro años próximos. El resultado a favor de Iván Duque Márquez cierra con un broche que no es de oro para el uribismo.

Con el nuevo gobierno, nos adentramos en la arena de una ofensiva neoliberal de nuevo nivel, donde los sectores dominantes, aliados del capital internacional, se aprestan a exprimir hasta el máximo posible los pocos ahorros y posibilidades de quienes no tienen más que su fuerza de trabajo para sobrevivir, a la par que adecuan el aparato estatal para las exigentes demandas del capital global, ahondando con ello sus formas de dominio y control social.

El país vivió una extensa campaña que empezó el 2 de octubre de 2016, cuando el No se impuso en el referendo por los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Farc, campaña que continúo el 11 de marzo de este año con las elecciones al Congreso, en las cuales los sectores que por siglos han dominado el poder en Colombia refrendaron su dominio, incluido por supuesto el Centro Democrático (CD). La puja electoral prosiguió el 27 de mayo con la primera vuelta, en la que una vez más el uribismo reafirmó con creces su mayoría, sin la cifra suficiente para evitar una segunda votación, que el país vio y vivió este 17 de junio con números definitivos: CD 10.351.552 votos (54%), Gustavo Petro 8.023.000 (41%), una cantidad que resultó inferior al deseo, las declaraciones y el algodonoso auto-‘convencimiento’ de su activismo.

El triunfo de la Coalición Conservadora pone de presente, ante propios y extraños, que en Colombia la iniciativa política y su margen frente a la opinión tiene ventaja del status quo –con marginalidad del conjunto tradicional de izquierda–, sobre una amplia franja poblacional. Circunstancia tal, en un trasfondo de contradicción con descuido en su análisis y superación, que es cada vez más larvada entre las zonas semiurbanas y rurales y las cabeceras de varias de las principales ciudades del país. Trasfondo que disuelve, sin respuestas certeras, el abismo de desigualdad e injusticia entre la minoritaria capa de quienes más tienen y el amplio segmento de la marginación que padecen quienes viven en la miseria, la pobreza, y la exclusión social.

Particularidad, trasfondo extendido y que toca en la reciente coyuntura al proyecto, vía y contenido de un Acuerdo para alcanzar la paz necesaria. Objetivo y paz inscritos en el futuro y el camino por seguir para lograr la felicidad del conjunto social. Contradicción que el resultado electoral del pasado domingo ni resuelve ni disminuye, y tampoco le da vehículo. Intensificación del marco de la situación política que vendrá y ya se avizora, con quienes pretenden un Estado confesional y de retrocesos constitucionales.

Con anticipación, y ante una segunda vuelta y su polarización, el CD manejó una estrategia que puso a Gustavo Petro al sitial de principal contendor. Con base en profundos elementos relacionados con las acciones insurgentes del conflicto armado y de la repercusión de la situación en Venezuela, que tienen lugar en el imaginario de la ciudadanía de a pie, difundió y posicionó una variedad de miedos que cerraban y afectaban al ‘aliado’ de las Farc, al ‘símil’ de Chávez, a la ‘irresponsabilidad’ en el manejo de la cosa pública, al ascenso de los “exterroristas” en el manejo del país. Y tras esta argumentación, sensibilizaban y difundían acerca del camino hacia la pobreza generalizada de quienes habitan Colombia. Desde la contraparte también se buscaba una polarización. Fue puesto en el discurso el miedo por el regreso del uribismo al control del gobierno, y, por obvia extensión, de todas las injusticias que conlleva.

El triunfo del CD denota que el espacio y el peso de las ideas conservadoras son más potentes. Una realidad que desprende retos para todos los sectores que quieren un cambio en el país. Un desafío que exige explicarnos por qué amplios sectores de la población le temen al cambio, por qué repudian a la izquierda, en particular a la guerrilla, a las expresiones ‘progresistas’ del continente, y a todo lo que estos asuntos implican.

De este modo, alcanzar a posicionar un contrario como Petro resultó para el CD la mejor y más directa vía para extender el miedo en la campaña electoral. Así, la gente votaba no sólo en favor de Duque sino en contra de Petro, de la izquierda y del imaginario construido por ésta, en años de gobierno y poder en distintas coordenadas globales. Pero sobre todo, del imaginario construido sobre la izquierda y la revolución, en un proyecto articulado y con conexiones sociales para arrebatarle la bandera de la igualdad social, la libertad y la justicia. Democracia plena, que está pendiente para el conjunto histórico y global. Un discurso del CD que, como paradoja, no logró de manera plena su cometido en centros urbanos como Bogotá.

Por el contrario, sí permitió visibilizar la existencia de amplios sectores sociales que desean el cambio del modelo social, económico y político que ha imperado siempre en el país, sectores que, es de suponer, están dispuestos con energía y dedicación a movilizarse por tan anhelado giro. Preocupa, en todo caso, que estos nuevos sectores –que ahora se acercan tal vez por primera vez a una agenda pública que debe ser colectiva, abierta y deliberante– queden subsumidos en el imaginario de la política, las formas de lucha, el gobierno, y el poder difundidos desde la campaña liderada por Gustavo Petro y multiplicada de manera desenfrenada por diversas vías.

Se trata de un ideario político con aspectos insuficientes de rectificación a las repeticiones tradicionales de la izquierda, que de manera inexplicable centra toda la acción social y política en una campaña y en el yo de una persona. Sin la raíz y la construcción necesarias, un alto rango de unilateralidad que descuenta todos los factores de poder, con su tensión y su interrelación, que se concentran en el Estado y el gobierno, creando por esa vía la falsa expectativa de que es posible lograr un efectivo cambio social por el simple hecho de ganar unas elecciones. Si el lector desprevenido lee los whatsapps y otros mensajes que por varios días llegaron sobre el posible gobierno Petro, con la certeza de una ventaja, quedará convencido de la falsa idea de que, una vez fuera ungido como Presidente, todo cambiaría. ¿Es correcto difundir tal tipo de mensajes? ¿Es realizable tal propósito?

Entonces, ante esta realidad sin configurar un sujeto cotidiano y activo, en que el más crudo reformismo sienta base y deforma los procesos políticos, y ante el futuro inmediato por afrontar, estamos frente a una realidad inocultable que motiva y obliga a formular varias preguntas, fundamentales dentro del qué hacer, para elevarlas ante los sectores sociales inclinados por el cambio: ¿Cómo no perder la disposición y la energía de los millones que votaron por el cambio? ¿Cómo hacer para discutir y definir con tal conjunto humano el proyecto político por constituir, como base orgánica, colectiva, para proseguir en la disputa por el cambio? ¿Cómo darle paso a un proyecto nacional, incluyente, colectivo, plural, de proyección verdadera de las “ciudadanías libres”, que supere lo individual de un liderazgo y logre asiento en la diversidad regional, que, sin centrarse en forma alguna de lucha en particular asuma el reto de ser gobierno y poder desde ahora y en los territorios? ¡No es un debate de menor monto ni de pronta resolución!

Una postura de captación de la realidad y su correlación política, de rectificación y de autocrítica, de definición de los métodos de profundización en barrios y municipios, de la resonancia de los referentes sociales y políticos de convocatoria, de los instrumentos necesarios para la disputa continua y diaria de la opinión, que debe permitir la circulación de la palabra y de proyectos político-sociales de variado color, en que la relación con el Estado sea un referente pero no el condicionante institucional, y en que las experiencias de vida y comunidad levantadas a lo largo y ancho del país sean puntos de mira y de partida para el diseño definitivo del proyecto político por construir, en su contenido, sus formas y sus propósitos de Otra Democracia que es posible.

Son éstos un llamado y una discusión que se deben hacer desde este preciso momento. A la par de concitar la concentración de fuerzas desde el 7 de agosto mismo contra el nuevo gobierno y sus propósitos, pues, como dijo el propio Duque, el gobierno que él presida impulsará un paquete que incluye las reformas “[…] fiscal, a la educación, la salud, el agro, la justicia y las pensiones, como elementos iniciales”. Es decir, vendrán más reformas con intención de servir y potenciar al capital global y nacional. No será fácil ni de pocos meses el reto por afrontar. No es la espera hasta la próxima elección en 2022.

La configuración territorial de las reivindicaciones y sus resistencias es el camino que les queda a las mayorías del país, entre ellas quienes apoyaron la opción de Petro, de quienes votaron en blanco y quienes lo hicieron en contra de este gobierno, y sectores engañados que lo apoyaron con el sufragio, considerando que así le cerraban el camino al ‘comunismo’. Error mayúsculo que ahora podrán ayudar a subsanar con su vinculación a la resistencia social.

Será una confrontación que en el campo también abrirá espacio para la defensa de la tierra y de los Acuerdos de La Habana en ese aspecto, recuperando la consigna por una reforma agraria efectiva y que beneficie a todo el campesinado sin tierra o con poca tierra, además de confrontar las fumigaciones aéreas y la obligada sustitución de cultivos ilícitos que tratarán de llevar a cabo, como demostración de complacencia ante los Estados Unidos que descarga en Colombia la culpa por el consumo de sustancias como la cocaína entre amplias capas de su población.

Lucha social que también se ampliará al campo de la defensa de la Vida y de los Derechos Humanos, toda vez que el nuevo gobierno promete regresar y retomar, seguro bajo otro nombre pero con iguales pretensiones, las banderas y las prácticas de la mal llamada “seguridad democrática”, incluyendo el pago por “positivos”. Todo un terror con vínculos oficiales a la vista.

Los retos abiertos por el nuevo gobierno son inmensos, pero también las posibilidades para el cambio. El año 2019 será una nueva escala para tal disputa, antecedida de la resistencia ya enunciada. ¿Se podrán encarar tales retos desde un proyecto de cambio profundo, sin subsumirlo en las apetencias tradicionales del camino electoral?

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¿Nuevos tiempos, nueva Constitución?

Ya funciona en Cuba una comisión parlamentaria encargada de modificar la Constitución y crear un marco legal para las “nuevas formas de gestión” –inversión extranjera, pequeños negocios privados y cooperativas no agropecuarias– promovidas por el gobierno.

 Alguna vez, entre finales de los años noventa y principios de los dos mil, se comenzó a hablar en Cuba de la necesidad de eliminar la “doble moneda”. Dos décadas más tarde esta práctica persiste. Ni siquiera la preocupación de Fidel Castro por la circulación de una moneda paralela (la población llegó a emplear incluso el dólar estadounidense) bastó para cambiar una realidad que abrió las puertas al fenómeno social más temido por la ortodoxia revolucionaria: la desigualdad.

“Antes del Período Especial todos éramos prácticamente iguales, pero cuando se cayó la Urss y quitaron la prohibición de tener dólares, ese sueño se desvaneció”, comenta Caridad, una vendedora de divisas de la ciudad de Matanzas, cien quilómetros al este de La Habana. Hace alrededor de diez años que compra y vende Cuc, el peso cubano “convertible”, equivalente al dólar y 25 veces más valioso que el peso cubano “normal” o Cup. Se trata de un negocio ilegal, que le asegura unos ingresos constantes y nada despreciables, confiesa.


A Caridad no la inquieta que algún día vaya a desaparecer su fuente de recursos: “Cuando empecé en esto ya decían que iban a quitar los Cuc, y todo ha seguido como si nada. Posiblemente, ese cambio no lo vean ni mis hijos”.


La historia parece darle la razón. La celeridad no ha sido nunca característica distintiva de los gobiernos de la revolución. Ni siquiera a comienzos de la década de 1990, cuando La Habana quedó prácticamente aislada en el mundo luego de la desaparición del socialismo real. Por entonces Fidel Castro condujo con cautela extrema un proceso de reformas que se extendió de 1991 a 1997 y tuvo como premisa no adoptar decisiones que pusieran en peligro “las conquistas del socialismo”. Una década más tarde, en julio de 2006, Raúl Castro relevó de forma inesperada a su hermano. Apenas asumida la nueva responsabilidad, el general de Ejército enarboló como bandera el principio de “avanzar sin prisas pero sin pausa”, un compromiso que cumplió al pie de la letra… sobre todo en cuanto al primer aspecto.


El pasado 19 de abril, durante la entrega oficial de la presidencia a su sucesor, Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro señaló la necesidad de contar con una carta magna más acorde a la realidad del país. El principal motivo detrás de esta iniciativa del gobierno es adecuar el marco legal existente a los grandes cambios económicos que se vienen dando en la isla desde hace más de una década, por ejemplo con el emergente sector privado.


UN PROCESO EXPRÉS.

La redacción de la nueva Constitución, anticipaba Raúl Castro, estaría a cargo de “una comisión de diputados que se propondrá a ustedes (la Asamblea Nacional del Poder Popular, Anpp) en el mes de julio”, es decir al comenzar el período ordinario de sesiones (uno de los dos que en el año establece la ley para la Anpp). Pero cuando el pasado 28 de mayo el Palacio de la Revolución anunció inesperadamente la convocatoria anticipada de la legislatura quedó claro que el proceso de reescritura de la Constitución era una de las principales prioridades del gobierno. El sábado pasado fueron aprobados los 33 nombramientos de la comisión constituyente, que –como cabía esperar– es presidida por Raúl Castro en su condición de primer secretario del Partido Comunista. Tampoco se dejó margen a la improvisación al elegir al resto de los constituyentes. Treinta de los puestos están ocupados por dirigentes políticos o administrativos a distintos niveles. Los tres restantes son un historiador muy vinculado al Comité Central del partido, una jueza de un tribunal de provincia, y Raúl Castro.


De la labor de este grupo emergerá un anteproyecto de reforma constitucional que luego transitará por dos períodos de discusión en la Asamblea y un proceso de consultas entre la población, antes de ser sometido a un referéndum nacional.


Tal como lo señaló la periodista Andrea Rodríguez, de Associated Press (AP), esta iniciativa del gobierno llega tras una década en que “se configuró un país diferente: se abrieron las puertas a una incipiente iniciativa privada y al mercado de bienes raíces, al tiempo que miles de personas ostentan orgullosas su doble ciudadanía –prohibida por la carta magna– y los derechos de la comunidad gay están en franco avance”.


Crear un marco constitucional para las “nuevas formas de gestión” promovidas por la política de actualización económica –inversión extranjera, pequeños negocios privados y cooperativas no agropecuarias– es una de las principales prioridades del gobierno cubano, así lo han manifestado varios de sus funcionarios en diferentes ocasiones.


AGENDAS DIVERSAS.

Mientras el gobierno pretende circunscribir la reforma a algunas cuestiones económicas y otras de orden “administrativo” (como el límite de dos mandatos promovido por Raúl Castro para los principales cargos públicos), hay sectores sociales que esperan que este proceso incluya también otros cambios de carácter político (que probablemente sean más difíciles de conseguir). Y aunque muy tímidamente, ya han comenzado a promover sus propias agendas.


Tal es el caso de la comunidad Lgtbiq, interesada en la regularización de derechos, como el matrimonio igualitario; por otra parte, en círculos académicos, sobre todo de ciencias políticas, se discute y promueve la posibilidad de profesionalizar a los diputados de la Asamblea Nacional y reducir su número (en la actualidad son 605); y entre la disidencia y ciertas franjas de la intelectualidad se considera la oportunidad de comenzar un período de transición hacia el pluripartidismo o un sistema electoral diferente, con todo lo que esa nueva circunstancia pudiera implicar. Desde la izquierda se discute cómo modificar el sistema político, mientras que desde la derecha se intenta buscar las maneras de remplazarlo.


“Esta podría ser la contienda política más importante de los últimos años en Cuba, porque va a haber un debate muy importante”, consideró en una entrevista reciente con AP el abogado cubano y profesor de la Universidad de la Habana Julio Antonio Fernández Estrada, para quien la gran pregunta que estará en discusión es en qué tipo de sociedad vivirán sus conciudadanos en el futuro.


LEGITIMACIÓN.

“La intención política de acometer su reforma (de la Constitución) en el contexto de cambios que experimenta la sociedad cubana forma parte de un proceso mucho más complejo que le trasciende”, reflexionaba en febrero pasado el ensayista y profesor de la Universidad de Oriente René Fidel González García. En una larga conversación con los redactores del sitio digital cubano de izquierda La Tiza, alertaba que cualquier acción que se emprenda en ese sentido deberá tener en cuenta “la urgencia de blindar, ampliar y modernizar en derechos, institucionalidad y prácticas ciudadanas los logros y estructuras civilizatorias alcanzadas en Cuba (…) pero también las necesidades de legitimación y construcción de consensos políticos y sociales”.


La actual Constitución –de fuerte influencia soviética– entró en vigor en febrero de 1976 avalada en un referéndum por más del 98 por ciento de la ciudadanía. En sus más de cuatro décadas de vigencia ha sido objeto de dos reformas importantes. La primera en 1992, a tenor con el comienzo del Período Especial (la crisis económica provocada por la desaparición de la Unión Soviética), cuando se buscó democratizar el sistema de gobierno otorgando a los ciudadanos el derecho a elegir los diputados nacionales y los delegados a las asambleas de las provincias, y fueron creados los Consejos Populares, las instancias de administración local. El segundo proceso modificatorio tuvo lugar en 2002, en respuesta al llamado Proyecto Varela, una suerte de consulta alternativa promovida por grupos disidentes. Por entonces, Fidel Castro impulsó la recolección de millones de firmas reclamando que se modificara la carta magna, incorporando en su articulado el “carácter irrevocable del socialismo”.


Dieciséis años después la realidad de la isla conserva sólo unas pocas trazas de aquellos contextos históricos. Hoy más de una décima parte de su fuerza laboral está empleada en el “sector no estatal” –es decir en el privado–; alrededor de 40 mil cubanos emigran cada año, y gana protagonismo una pequeña pero pujante clase media. Es un país que ha cambiado


La persistencia de la doble circulación monetaria –con su carga de inflación y restricciones al consumo para el ciudadano de a pie– pudiera considerarse un ejemplo paradigmático en Cuba. Modificar la Constitución seguramente resultará más fácil que eliminar una moneda de su sistema económico. En su discurso de investidura, el nuevo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anticipó el derrotero que guiaría todos los ámbitos de su administración, incluido el tema de la actualización constitucional: “No habrá lugar en Cuba para quienes luchan por la restauración del capitalismo”, aseguró. Llevarlo al papel no se perfila como algo demasiado complicado; la cuestión es cómo asegurarse de que ello no ocurra en la realidad.

 

Amaury Valdivia

8 junio, 2018

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Domingo, 03 Junio 2018 07:12

El ruido de la ausencia

El ruido de la ausencia

Colombia se apresta a elegir al próximo presidente de la República. El número exacto en la lista de presidentes no es exactamente claro, debido a circunstancias como la Patria Boba, o las numerosas guerras del siglo XIX.

 

Colombia, el candidato a la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico); el país miembro del grupo de Civets (presuntamente el grupo de vanguardia en el futuro de la economía después de los países Brics); la cuarta economía de América Latina, después de Brasil, México y Chile; la Atenas Suramericana, como jocosamente aún alguna aerolínea lo anuncia al aterrizar en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, siguiendo una leyenda urbana que se remonta a los comienzos del siglo XX; en fin, si se quiere, Colombia, el país que más universidades está logrando situar en los grandes escalafones universitarios mundiales en la región, al lado de Brasil, Chile y México.

 

Pues bien, una mirada atenta a los discursos, los pronunciamientos, incluso las entrevistas de los candidatos a la presidencia 2018-2022 pone en evidencia que no ha habido absolutamente ninguna palabra acerca de propuestas, políticas, planes de ciencia y tecnología. Sí hay, y variadas, propuestas sobre educación; desde luego sobre política internacional; sobre políticas de centralización y descentralización, políticas sociales de diversa índole. Pero ni una sola palabra acerca de la ciencia y la tecnología.

 

Dicho puntualmente, la ciencia y la tecnología no existe ni en las agendas de los candidatos a la presidencia, ni en la de sus grupos de asesores, ni tampoco en los periodistas que indagan, consultan y cuestionan.

 

El Estado y la política frente a la ciencia y la tecnología

 

Esta circunstancia no es extraña. Todo lo contrario, es perfectamente congruente con la historia misma del país. Nunca ha habido una preocupación seria por parte del Estado ni de la clase política acerca de la ciencia y la tecnología (CyT).

 

Nunca en la historia del país se logró que el presupuesto de inversión en (CyT) fuera superior al 0.5 por ciento del PIB. Jamás se logró la creación de un ministerio de (CyT).

 

Santos desplazó a Colciencias –el Departamento Administrativo sobre el tema– hacia el Departamento de Planeación Nacional. El candidato Gustavo Petro, quien más se ha acercado al tema, sencillamente propuso que Colciencias pase a ser una dependencia del Ministerio de Educación, lo cual podría tener buenas intenciones de cara a la educación, pero no dice una palabra acerca de (CyT).

 

Digámoslo de manera franca y directa, las élites colombianas jamás han estado sinceramente interesadas en ciencia y tecnología como un asunto de política pública. Los logros alcanzados ocasionalmente en materia de ciencia, tecnología e investigación es más el resultado del trabajo denodado de investigadores individuales y grupos de investigación, antes que el resultado de políticas de apoyo por parte del gobierno o el Estado. Las universidades han hecho lo suyo, pero buena parte de la motivación resulta del hecho de que a un mayor prestigio en calidad académica y de investigación resultan más matrículas y más dinero que ingresa por conceptos como aportes del sector privado.

 

Ante una mirada y un oído sensibles, es atronador el silencio en la política en materia de ciencia y tecnología. Lo cual significa desconocer que el apoyo a la (CyT) se traduce en más y mejores condiciones de vida para la población, más y mejor infraestructura, alimentación, servicios de salud, esperanzas y expectativas de vida, en fin, mayor cuidado del medio ambiente y de la naturaleza.


De un lado, ni las universidades, que invitan a los candidatos a presentar sus programas, les han abierto los ojos a los políticos acerca del tema; y de otra parte, ni los políticos, sus partidos, movimientos y grupos de asesores han caído en la importancia del conocimiento y la información para el desarrollo de la sociedad.


Temas y asuntos como la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y la sociedad de redes, permanecen al margen de las preocupaciones políticas. Es cierto que sí existen planes por parte del Gobierno para pasar del sistema wifi al wimax; es verdad que hay conciencia en algunos sectores acerca del significado de la cuarta revolución industrial, por ejemplo. Pero en el mapa amplio y profundo de la política esos planes representan apenas asuntos de mera gobernabilidad antes que de estrategias políticas en el sentido preciso y fuerte de la palabra.

 

Y no importa si los candidatos son de extrema derecha, de derecha, de centro, de cualquier variedad de la izquierda. Los partidos y movimientos políticos en Colombia no saben de ciencia y tecnología. Ello en marcado contraste con diversos movimientos sociales y políticos desde abajo que sí están aprendiendo y han aprendido de la importancia del conocimiento y la investigación para mejorar sus condiciones de vida; la dignidad y la calidad de vida.

 

Ciencia y tecnología y posibilidades de vida

 

No existe la más mínima duda: en la historia, los países que han invertido en ciencia y en tecnología logran desarrollar políticas sociales y medioambientales que se traducen en mayor gratificación de la existencia. Los índices de felicidad y de satisfacción de la vida consigo misma, son mayores en esos países

 

En la historia, los casos son perfectamente conocidos, pero más recientemente, se trata de países como Irlanda, Corea, Israel, Indonesia y Chile, para mencionar tan sólo un puñado de países que recientemente han invertido de manera significativa en ciencia, tecnología e investigación y sus índices de desarrollo, crecimiento y calidad de vida han aumentado de manera importante.

 

En Colombia sigue prevaleciendo ampliamente la innovación como el modelo de transferencia tecnológica. No existe en Colombia una política pública de apoyo a la innovación, y de manera atávica la entienden, los responsables de lo público, simple y llanamente como emprendimiento. Que es tan torpe como confundir el fuego con el calor, o la lluvia con inundaciones, por ejemplo. Colombia nunca ha hecho hasta la fecha de la innovación un asunto de política pública.

 

Sería interesante realizar un muestreo de las facultades de derecho y gobierno, ciencia política y relaciones internacionales –independientemente del nombre– en las que existen sistemáticamente planes de estudio sobre política de ciencia y tecnología. Reina el silencio, el abandono y el desconocimiento. En Colombia la política y la ciencia y la tecnología no se han llegado a encontrar, ni desde la teoría, ni desde el estudio ni en la práctica.

 

Un mapa congruente que se traduce en violencia, inequidad, injusticia e impunidad. La historia gruesa y oficial de la República de Colombia.

 

Ciencia y tecnología y educación

 

El ministerio de educación nacional (MEN) ha volcado todas sus apuestas de formación de niños, jóvenes y adolescentes en tres criterios: competencias argumentativas, competencias propositivas y competencias interpretativas, todo lo cual, presuntamente se traducirían en competencias ciudadanas. Un embeleco, la verdad sea dicha.

 

Los niños y jóvenes deben hacerse competitivos y desarrollar competencias –todo lo cual pone en evidencia que es el mercado y no la educación por sí misma la que determina los criterios de la educación y la formación. Al fin y al cabo, el sistema de libre mercado se rige por la competitividad, y no sabe nada de cooperación. Confunde, al cabo, la cooperación con programas asistencialistas, dos cosas perfectamente distintas.

 

Los niños y jóvenes se están formando con criterios guerreristas antes que de solidaridad, comensalismo, mutualismo o cooperación. La lucha contra la pobreza, la lucha contra la enfermedad, la lucha por la supervivencia, en fin, cada cual sálvese por sí mismo. Políticas educativas semejantes crean una sociedad indolente, egoísta, ciega.

 

En Brasil, ante el asesinato de una líder social, Marielle Franco, la sociedad civil entera se lanzó a las calles a protestar. En Honduras, el asesinato de la defensora del medioambiente Berta Cáceres produjo una respuesta solidaria de envergadura nacional y mundial. En España, la violación de una mujer por parte de un grupo de amigos conocido como la Manada y la subsecuente condena débil por parte de un juez hizo que toda España se levantara contra la impunidad y la injusticia. En Argentina, la desaparición y muerte del líder social Santiago Maldonado produjo un movimiento de protesta y solidaridad que perdura hasta la fecha. Los ejemplos y casos pueden multiplicarse alrededor del mundo.

 

En Colombia, según diversas fuentes, después de los Acuerdos de La Habana, han sido asesinados alrededor de 200 líderes sociales. Desde el año 2016 han caído asesinados más de 110 defensores de derechos humanos. Pero no se sienten las protestas y los reclamos en las calles en contra de los asesinatos, crímenes y atentados.

 

Colombia es un país de una extremada violencia, traducida en egoísmo y miedo. Y entonces, claro, la falta de cooperación y solidaridad salta ante la vista. Pues bien, un sistema que promueve la competitividad y no la cooperación es una un sistema que apoya, por acción o por omisión, la violencia, la injusticia, la inequidad, la pobreza y la indolencia. Que cada quien se salve a sí mismo, eso es lo construido por décadas desde el sistema educativo y desde las políticas públicas.

 

Competencias educativas, competencias ciudadanas: conceptos erróneos y peligrosos.

 

¿Qué significa una educación y cultura en ciencia y tecnología?

 

En la Grecia antigua, la ciencia y la filosofía fueron el resultado de la política y el derecho. Los debates dejaron de resolverse a las armas, y los argumentos pasaron al primer plano. Argumentos, pruebas, demostraciones, datos, recurso a la experiencia, pensamiento crítico, y mucha libertad. Ese es el modelo que alimenta a Occidente.

 

La formación en ciencia tiene muchos componentes; así por ejemplo, es el reconocimiento del valor de la palabra, de lo argumentos, de los juicios bien construidos. Se trata del hecho de que un conjunto de enunciados no vale nada si la experiencia demuestra lo contrario, lo cual pone en el foco de la mirada la importancia de los hechos, de los datos. Es imposible hacer buena ciencia sin una buena base de datos.

 

Asimismo, la formación en ciencia es el reconocimiento explícito de que los argumentos de autoridad no tienen absolutamente ningún valor. En ciencia no valen las autoridades, sino los experimentos, las reflexiones, los juicios críticos y ponderados a la vez.

 

En ciencia la opinión no vale de nada. Ello en marcado contraste con el modelo liberal de la sociedad que se funda en la libertad de opinión y en la importancia de los formadores de opinión y de los grandes medios de comunicación. Ya Sócrates lo señalo de manera precisa. La opinión, los saberes circulantes, los lugares comunes deben ser radicalmente eliminados y transformados en conceptos. Una idea guía de una inmensa carga democrática.

 

La educación en ciencia forma ciudadanos con criterios propios, reflexivos, críticos. En ciencia, en contraste con el mundo de la política y los negocios, los consensos y los acuerdos no son lo importante. Por el contrario, se promueve la discusión, el debate, la crítica, la reflexión. El mundo de la ciencia no está construido sobre consensos, acuerdos y pactos, sino sobre pruebas y contra-pruebas, refutaciones, mejores experimentos y la elaboración de interpretaciones más consistentes.

 

El Magistrado Carlos Gaviria ya lo decía en algún momento. Grosso modo, la historia de Colombia ha sido la historia del Derecho, puesto que la gran mayoría de los gobernantes fueron formados en el Derecho. Más recientemente, a la responsabilidad del Derecho se suma la responsabilidad misma de la economía, la administración y las finanzas. Grosso modo, las élites colombianas se vienen formando principalmente en estas áreas. Y ellas no saben de ciencia, de tecnología, de investigación. Son eminentemente instrumentales y efectistas. Su lenguaje es el del crecimiento, la eficacia, la eficacia, y la competitividad, notablemente. Todo lo contrario a la ciencia, prima facie.

 

La investigación científica existe hoy en día con base en redes, y promueve a su vez ampliamente las redes: redes de colaboración, redes académicas, redes de citación, redes de investigación. Pues bien, al interior de las redes lo que prima es la colaboración y no la competencia o el egoísmo, el individualismo y la sospecha.

 

Una educación fundada en competencias le hace un flaco favor a la justicia y la igualdad.

 

Los políticos en toda la línea de la palabra, candidatos o no, poco y nada saben de ciencia. Y el más popular de ellos amenaza a sus oponentes, los testigos de sus actos son misteriosamente asesinados, y alrededor suyo se impone una red de silencio y complicidad. Literalmente, se llama el innombrable porque no merece ser nombrado.

 

Los partidos políticos, los movimientos políticos, deben asumir la responsabilidad que tienen ante la ignorancia que tienen ante la ciencia y la tecnología; en el país y en el mundo.

 

Repetimos, frente a esos políticos hay movimientos sociales que sí saben, están aprendiendo y estudian temas de ciencia y tecnología. Pareciera ser que el futuro del país puede encontrarse en estos movimientos sociales con la condición de que logren dinámicas políticas de amplio alcance.

 

Mientras tanto, en materia de conocimiento bien vale un juicio crítico, negativo o de abstención frente a las élites políticas y los candidatos en curso. El ruido de la ausencia.

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Lunes, 28 Mayo 2018 10:53

El ruido de la ausencia

El ruido de la ausencia

Colombia se apresta a elegir al próximo presidente de la República. El número exacto en la lista de presidentes no es exactamente claro, debido a circunstancias como la Patria Boba, o las numerosas guerras del siglo XIX.

 

Colombia, el candidato a la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico); el país miembro del grupo de Civets (presuntamente el grupo de vanguardia en el futuro de la economía después de los países Brics); la cuarta economía de América Latina, después de Brasil, México y Chile; la Atenas Suramericana, como jocosamente aún alguna aerolínea lo anuncia al aterrizar en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, siguiendo una leyenda urbana que se remonta a los comienzos del siglo XX; en fin, si se quiere, Colombia, el país que más universidades está logrando situar en los grandes escalafones universitarios mundiales en la región, al lado de Brasil, Chile y México.

 

Pues bien, una mirada atenta a los discursos, los pronunciamientos, incluso las entrevistas de los candidatos a la presidencia 2018-2022 pone en evidencia que no ha habido absolutamente ninguna palabra acerca de propuestas, políticas, planes de ciencia y tecnología. Sí hay, y variadas, propuestas sobre educación; desde luego sobre política internacional; sobre políticas de centralización y descentralización, políticas sociales de diversa índole. Pero ni una sola palabra acerca de la ciencia y la tecnología.

 

Dicho puntualmente, la ciencia y la tecnología no existe ni en las agendas de los candidatos a la presidencia, ni en la de sus grupos de asesores, ni tampoco en los periodistas que indagan, consultan y cuestionan.

 

El Estado y la política frente a la ciencia y la tecnología

 

Esta circunstancia no es extraña. Todo lo contrario, es perfectamente congruente con la historia misma del país. Nunca ha habido una preocupación seria por parte del Estado ni de la clase política acerca de la ciencia y la tecnología (CyT).

 

Nunca en la historia del país se logró que el presupuesto de inversión en (CyT) fuera superior al 0.5 por ciento del PIB. Jamás se logró la creación de un ministerio de (CyT).

 

Santos desplazó a Colciencias –el Departamento Administrativo sobre el tema– hacia el Departamento de Planeación Nacional. El candidato Gustavo Petro, quien más se ha acercado al tema, sencillamente propuso que Colciencias pase a ser una dependencia del Ministerio de Educación, lo cual podría tener buenas intenciones de cara a la educación, pero no dice una palabra acerca de (CyT).

 

Digámoslo de manera franca y directa, las élites colombianas jamás han estado sinceramente interesadas en ciencia y tecnología como un asunto de política pública. Los logros alcanzados ocasionalmente en materia de ciencia, tecnología e investigación es más el resultado del trabajo denodado de investigadores individuales y grupos de investigación, antes que el resultado de políticas de apoyo por parte del gobierno o el Estado. Las universidades han hecho lo suyo, pero buena parte de la motivación resulta del hecho de que a un mayor prestigio en calidad académica y de investigación resultan más matrículas y más dinero que ingresa por conceptos como aportes del sector privado.

 

Ante una mirada y un oído sensibles, es atronador el silencio en la política en materia de ciencia y tecnología. Lo cual significa desconocer que el apoyo a la (CyT) se traduce en más y mejores condiciones de vida para la población, más y mejor infraestructura, alimentación, servicios de salud, esperanzas y expectativas de vida, en fin, mayor cuidado del medio ambiente y de la naturaleza.


De un lado, ni las universidades, que invitan a los candidatos a presentar sus programas, les han abierto los ojos a los políticos acerca del tema; y de otra parte, ni los políticos, sus partidos, movimientos y grupos de asesores han caído en la importancia del conocimiento y la información para el desarrollo de la sociedad.


Temas y asuntos como la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y la sociedad de redes, permanecen al margen de las preocupaciones políticas. Es cierto que sí existen planes por parte del Gobierno para pasar del sistema wifi al wimax; es verdad que hay conciencia en algunos sectores acerca del significado de la cuarta revolución industrial, por ejemplo. Pero en el mapa amplio y profundo de la política esos planes representan apenas asuntos de mera gobernabilidad antes que de estrategias políticas en el sentido preciso y fuerte de la palabra.

 

Y no importa si los candidatos son de extrema derecha, de derecha, de centro, de cualquier variedad de la izquierda. Los partidos y movimientos políticos en Colombia no saben de ciencia y tecnología. Ello en marcado contraste con diversos movimientos sociales y políticos desde abajo que sí están aprendiendo y han aprendido de la importancia del conocimiento y la investigación para mejorar sus condiciones de vida; la dignidad y la calidad de vida.

 

Ciencia y tecnología y posibilidades de vida

 

No existe la más mínima duda: en la historia, los países que han invertido en ciencia y en tecnología logran desarrollar políticas sociales y medioambientales que se traducen en mayor gratificación de la existencia. Los índices de felicidad y de satisfacción de la vida consigo misma, son mayores en esos países

 

En la historia, los casos son perfectamente conocidos, pero más recientemente, se trata de países como Irlanda, Corea, Israel, Indonesia y Chile, para mencionar tan sólo un puñado de países que recientemente han invertido de manera significativa en ciencia, tecnología e investigación y sus índices de desarrollo, crecimiento y calidad de vida han aumentado de manera importante.

 

En Colombia sigue prevaleciendo ampliamente la innovación como el modelo de transferencia tecnológica. No existe en Colombia una política pública de apoyo a la innovación, y de manera atávica la entienden, los responsables de lo público, simple y llanamente como emprendimiento. Que es tan torpe como confundir el fuego con el calor, o la lluvia con inundaciones, por ejemplo. Colombia nunca ha hecho hasta la fecha de la innovación un asunto de política pública.

 

Sería interesante realizar un muestreo de las facultades de derecho y gobierno, ciencia política y relaciones internacionales –independientemente del nombre– en las que existen sistemáticamente planes de estudio sobre política de ciencia y tecnología. Reina el silencio, el abandono y el desconocimiento. En Colombia la política y la ciencia y la tecnología no se han llegado a encontrar, ni desde la teoría, ni desde el estudio ni en la práctica.

 

Un mapa congruente que se traduce en violencia, inequidad, injusticia e impunidad. La historia gruesa y oficial de la República de Colombia.

 

Ciencia y tecnología y educación

 

El ministerio de educación nacional (MEN) ha volcado todas sus apuestas de formación de niños, jóvenes y adolescentes en tres criterios: competencias argumentativas, competencias propositivas y competencias interpretativas, todo lo cual, presuntamente se traducirían en competencias ciudadanas. Un embeleco, la verdad sea dicha.

 

Los niños y jóvenes deben hacerse competitivos y desarrollar competencias –todo lo cual pone en evidencia que es el mercado y no la educación por sí misma la que determina los criterios de la educación y la formación. Al fin y al cabo, el sistema de libre mercado se rige por la competitividad, y no sabe nada de cooperación. Confunde, al cabo, la cooperación con programas asistencialistas, dos cosas perfectamente distintas.

 

Los niños y jóvenes se están formando con criterios guerreristas antes que de solidaridad, comensalismo, mutualismo o cooperación. La lucha contra la pobreza, la lucha contra la enfermedad, la lucha por la supervivencia, en fin, cada cual sálvese por sí mismo. Políticas educativas semejantes crean una sociedad indolente, egoísta, ciega.

 

En Brasil, ante el asesinato de una líder social, Marielle Franco, la sociedad civil entera se lanzó a las calles a protestar. En Honduras, el asesinato de la defensora del medioambiente Berta Cáceres produjo una respuesta solidaria de envergadura nacional y mundial. En España, la violación de una mujer por parte de un grupo de amigos conocido como la Manada y la subsecuente condena débil por parte de un juez hizo que toda España se levantara contra la impunidad y la injusticia. En Argentina, la desaparición y muerte del líder social Santiago Maldonado produjo un movimiento de protesta y solidaridad que perdura hasta la fecha. Los ejemplos y casos pueden multiplicarse alrededor del mundo.

 

En Colombia, según diversas fuentes, después de los Acuerdos de La Habana, han sido asesinados alrededor de 200 líderes sociales. Desde el año 2016 han caído asesinados más de 110 defensores de derechos humanos. Pero no se sienten las protestas y los reclamos en las calles en contra de los asesinatos, crímenes y atentados.

 

Colombia es un país de una extremada violencia, traducida en egoísmo y miedo. Y entonces, claro, la falta de cooperación y solidaridad salta ante la vista. Pues bien, un sistema que promueve la competitividad y no la cooperación es una un sistema que apoya, por acción o por omisión, la violencia, la injusticia, la inequidad, la pobreza y la indolencia. Que cada quien se salve a sí mismo, eso es lo construido por décadas desde el sistema educativo y desde las políticas públicas.

 

Competencias educativas, competencias ciudadanas: conceptos erróneos y peligrosos.

 

¿Qué significa una educación y cultura en ciencia y tecnología?

 

En la Grecia antigua, la ciencia y la filosofía fueron el resultado de la política y el derecho. Los debates dejaron de resolverse a las armas, y los argumentos pasaron al primer plano. Argumentos, pruebas, demostraciones, datos, recurso a la experiencia, pensamiento crítico, y mucha libertad. Ese es el modelo que alimenta a Occidente.

 

La formación en ciencia tiene muchos componentes; así por ejemplo, es el reconocimiento del valor de la palabra, de lo argumentos, de los juicios bien construidos. Se trata del hecho de que un conjunto de enunciados no vale nada si la experiencia demuestra lo contrario, lo cual pone en el foco de la mirada la importancia de los hechos, de los datos. Es imposible hacer buena ciencia sin una buena base de datos.

 

Asimismo, la formación en ciencia es el reconocimiento explícito de que los argumentos de autoridad no tienen absolutamente ningún valor. En ciencia no valen las autoridades, sino los experimentos, las reflexiones, los juicios críticos y ponderados a la vez.

 

En ciencia la opinión no vale de nada. Ello en marcado contraste con el modelo liberal de la sociedad que se funda en la libertad de opinión y en la importancia de los formadores de opinión y de los grandes medios de comunicación. Ya Sócrates lo señalo de manera precisa. La opinión, los saberes circulantes, los lugares comunes deben ser radicalmente eliminados y transformados en conceptos. Una idea guía de una inmensa carga democrática.

 

La educación en ciencia forma ciudadanos con criterios propios, reflexivos, críticos. En ciencia, en contraste con el mundo de la política y los negocios, los consensos y los acuerdos no son lo importante. Por el contrario, se promueve la discusión, el debate, la crítica, la reflexión. El mundo de la ciencia no está construido sobre consensos, acuerdos y pactos, sino sobre pruebas y contra-pruebas, refutaciones, mejores experimentos y la elaboración de interpretaciones más consistentes.

 

El Magistrado Carlos Gaviria ya lo decía en algún momento. Grosso modo, la historia de Colombia ha sido la historia del Derecho, puesto que la gran mayoría de los gobernantes fueron formados en el Derecho. Más recientemente, a la responsabilidad del Derecho se suma la responsabilidad misma de la economía, la administración y las finanzas. Grosso modo, las élites colombianas se vienen formando principalmente en estas áreas. Y ellas no saben de ciencia, de tecnología, de investigación. Son eminentemente instrumentales y efectistas. Su lenguaje es el del crecimiento, la eficacia, la eficacia, y la competitividad, notablemente. Todo lo contrario a la ciencia, prima facie.

 

La investigación científica existe hoy en día con base en redes, y promueve a su vez ampliamente las redes: redes de colaboración, redes académicas, redes de citación, redes de investigación. Pues bien, al interior de las redes lo que prima es la colaboración y no la competencia o el egoísmo, el individualismo y la sospecha.

 

Una educación fundada en competencias le hace un flaco favor a la justicia y la igualdad.

 

Los políticos en toda la línea de la palabra, candidatos o no, poco y nada saben de ciencia. Y el más popular de ellos amenaza a sus oponentes, los testigos de sus actos son misteriosamente asesinados, y alrededor suyo se impone una red de silencio y complicidad. Literalmente, se llama el innombrable porque no merece ser nombrado.

 

Los partidos políticos, los movimientos políticos, deben asumir la responsabilidad que tienen ante la ignorancia que tienen ante la ciencia y la tecnología; en el país y en el mundo.

 

Repetimos, frente a esos políticos hay movimientos sociales que sí saben, están aprendiendo y estudian temas de ciencia y tecnología. Pareciera ser que el futuro del país puede encontrarse en estos movimientos sociales con la condición de que logren dinámicas políticas de amplio alcance.

 

Mientras tanto, en materia de conocimiento bien vale un juicio crítico, negativo o de abstención frente a las élites políticas y los candidatos en curso. El ruido de la ausencia.

Publicado enEdición Nº246
Colombia en la Ocde: El premio al sometimiento

Tres días después de aprobado el proyecto de ley que reforma los derechos de autor en el país –Ley Lleras– , última exigencia de los Estados Unidos para darle luz verde al ingreso de Colombia en la Ocde, llegó la noticia de que el país fue aceptado en el “Club de los países de las buenas prácticas”. ¿Sorpresa? O tal vez algo más real, ¿premio al sometimiento?

 

El 25 de mayo, en horas de la mañana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) aceptó de manera oficial la incorporación de Colombia a este grupo, constituyéndose en el integrante 37, y el tercero de los países de América Latina en ser aceptado; Chile y México son los otros dos. Según el secretario general de este organismo, Ángel Gurría, el 30 de mayo en París será la firma protocolaria de tal aprobación.

La noticia de este “logro”, dada al país con bombos y platillos por Santos, significa, en plata blanca, la multiplicación de capitales interesados en invertir en el país, es decir, mayores negocios para los de siempre, pero, de acuerdo al conjunto de normas expedidas en diversidad de áreas para ajustar la institucionalidad nacional a las exigencias de esta plataforma neoliberal, para las mayorías sociales significará menos derechos y más deberes.

Los ajustes

Para pertenecer a la Ocde la institucionalidad del país debieron ajustarse de tal manera que pudieran satisfacer las demandas del capital global, necesitado de inversitr en uno u otro territorio con todas las garantías de lucro. No es casual que una de las reformas más exigidas fuera la que le brinda garantía jurídica para el capital global.

En el camino de ajustar las instituciones a las demandas a este capital, el gobierno Santos debió contratar multitud de estudios y consultorías, así como la entrega de informes, para demostrar la disposición total del capital nacional ante las demandas de su par global. Dinero sufragado de las arcas públicas, es decir, del ahorro de todos. A partir de la firma del ingreso por plasmarse en París, deberá cancelarse, además, la cuota anual que asegura el derecho a la membresía, que también saldrá del bolsillo del conjunto nacional. Así, la mayorías financiamos los negocios de las minorías; ellos se benefician, las mayorías solo verán promesas e ilusiones.

Ni que hablar de los costos en materia de soberanía nacional –ya bastante menguada– que impedirán la implementación de políticas públicas que en realidad respondan a las necesidades del grueso de la población. Recordemos que las élites políticas colombianas se han empeñado en acomodar nuestro país a estándares y parámetros concebidos en otras latitudes. Durante décadas estas élites han condenado a Colombia a la economía extractiva, a la corrupción, al desempleo o al empleo precario, al detrimento de la educación, la ciencia y la investigación para el desarrollo de tecnologías y, como consecuencia, a una desigualdad e injusticia social alarmante.


En el comunicado de prensa emitido a propósito de la vinculación, la Ocde enuncia:

“Como parte del proceso de adhesión, Colombia se ha sometido a varias evaluaciones en profundidad, realizadas por 23 Comités de la OCDE, y ha realizado grandes reformas para alinear su legislación, políticas y prácticas con los estándares de la OCDE en cuestiones, entre otras, laborales, del sistema judicial, la gobernanza corporativa de las empresas públicas, la lucha contra el cohecho y el ámbito del comercio, y ha introducido nuevas políticas a nivel nacional sobre productos químicos industriales y gestión de residuos”.

Leyes para el capital internacional


No es poco lo realizado para cumplir con las demandas de la Ocde y así lograr su aval. Desde el 2013, cuando la oligarquía nacional logró que consideraran su ingreso a esta organización, en el país se han surtido cambios en áreas como inversiones, transacciones comerciales internacionales, gobernanza corporativa, mercados financieros, seguros y pensiones privadas, competencia, impuestos, medio ambiente, productos químicos, gobernanza pública, política regulatoria, desarrollo territorial, estadísticas, economía, educación, empleo, trabajo y asuntos sociales; salud, comercio, créditos a la exportación, agricultura, pesca, ciencia y tecnología, tecnología de la información y comunicaciones, y políticas del consumidor. Es decir, toda la estructura nacional, la económica y la política, ha quedado al servicio del neoliberalismo, que en esencia es lo que está detrás de la grandilocuente frase “Los países de las buenas práctica”.


De esta manera, reformas tributarias, laborales, juridícas, para el manejo del sector financiero y la banca central, políticas para controlar la corrupción, así como la concreción de normas para hacerle seguimiento a la tributación, como las políticas para producir medicamentos o reglamentar su comercio y precios, a la par de la reglamentación de la propiedad intelectual, y otros muchos asuntos han tomado forma como propósito, no para que vivamos mejor en este país, sino para ajustarse a las demandas de un conjunto de países, muchos de ellos verdaderos piratas de la tranquilidad y el bienestar de otros.


En esa senda, y para supuestamente asegurar una mayor y mejor productividad en el país, ahora vendrán otras reformas obligadas por esta organización, entre ellas una nueva reforma tributaria, pensional y otra laboral. Conjunto de reformas que desde ya obligan y amarran la agenda del presidente que salga elegido en las elecciones en curso.


Para reírse


La Ocde, el “club de las buenas prácticas”, donde controlan la corrupción, el déficit fiscal, el gasto público, y otras áreas de la economía y de la gestión de gobierno, está integrado por países prototipos, países por mostrar como la mejor imagen de las “buenas prácticas”, entre ellos Estados Unidos, el país con el mayor déficit fiscal de todo el mundo; Grecia, un país sometido a una crisis económica de inmensas proporciones, de la cual no ha podido salir a pesar de haber endosado todo su patrimonio público al mejor postor; Irlanda y Portugal, otros países llevados por la crisis económica, en particular la bancaria que arresió en todo el mundo a partir de 2007, precisamente por dejar hacer y deshacer al capital financiero global; España, también sometida a un crisis económica que debasto su mercado laboral, pero también a una gestion corrupta con asiento en el gobierno del Partido Popular por la cual acaban de condenar a algunos desus dirigentes a décadas de cárcel, quedando su dirigente nacional y Presidente del país Mariano Rajoy en la mira; México, un país que ha tenido que renunciar a su soberanía energética, uno de los mayores logros del gobierno nacionalista de Lázaro Cárdenas, en los años 30 del siglo XX, país sometido al huracán de la violación de los más elementales derechos humanos.


Dicen en la Ocde que ellos ofrecen experiencia e información privilegiada, ¿qué podrá aprender Colombia de estos prototipos? Con seguridad, atraer capitales, no exige mucho más que arriar la soberanía nacional, y para ello no es necesario toda la parafernalia con que disfrazaron el ingreso del país a la Ocde.


Requien por Santos, que ya se va. Requiem por la soberanía nacional, que ya bajó a los infiernos.

 

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“El Salvador vive una situación como la que lo llevó a la guerra civil”



El exalcalde de San Salvador alerta de los perjuicios de la alta tasa migratoria del país


Madrid 18 MAY 2018 - 19:45 COT
El mes pasado una caravana de más de mil migrantes centroamericanos, algunos de ellos salvadoreños que huían de la violencia de las pandillas, entre otras razones, intentaron cruzar México para llegar a Estados Unidos y pedir asilo. El grupo terminó el viaje muy mermado, con apenas cerca de 150 personas, tras las amenazas del presidente Donald Trump de militarizar la frontera para impedir su llegada. “Tenemos una violencia probablemente entre las cinco peores del mundo de países que no están en guerra ─incluso le ganamos a muchos países que sí lo están─. Llegamos a los 4.000 homicidios al año”, reflexiona sobre las razones que llevan a sus compatriotas a abandonar el país Nayib Bukele (San Salvador, 1981), el político que se perfila como uno de los candidatos clave para las presidenciales del 3 de febrero del próximo año en el país centroamericano.
“Unos 200 o 300 salvadoreños migran forzosamente a diario”, continúa el exalcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador, de visita esta semana para un encuentro con ciudadanos de su país residentes en Madrid. “En algunos casos pasa porque alguien les pone en la cabeza un arma y les dice que se vayan, pero en la gran mayoría de los casos se da porque en El Salvador no hay trabajo, ni oportunidades, no pueden mantener a sus familias, o viven en una zona en la que ya mataron al vecino, a la hermana… Sumado a esta pérdida de ciudadanos, hay 12 o 14 homicidios al día”, complementa.
La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kirstjen Nielsen, anunció a principio de año el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 400.000 beneficiarios, entre ellos 195.000 salvadoreños, a quienes dio entre 12 y 18 meses para que regresen a su país o cambien su situación migratoria. El programa, creado en 1990, concedía permisos vivir y trabajar en Estados Unidos a ciudadanos de países afectados por guerras o desastres naturales. El permiso se renovaba automáticamente cada 18 meses, pero Trump lo ha eliminado y ha pedido al Congreso que legisle para regularizar la situación de los beneficiarios.
“Ahora que se quita el TPS, el país está obligado a brindar una solución a la gente que llega”, afirma Bukele, descendiente de migrantes palestinos que llegaron a El Salvador a finales del siglo XIX. “El Gobierno tiene la ventaja de que estas 200.000 personas ─que en realidad son unas 400.000 si se incluyen a los hijos nacidos en Estados Unidos─ llevan 18 años trabajando legalmente en EE UU, muchos de ellos son profesionales, graduados de las mejores universidades, empresarios, algunos de ellos millonarios… Pese a que pueden acogerse a otro estatus migratorio porque pueden invertir un millón de dólares, hay quienes también se están planteando regresar”.
En el centro de los problemas del país centroamericano está la violencia, que Bukele pide abordar como un fenómeno social. El problema se remonta, según afirma, a las causas sin resolver de la guerra que sacudió el país entre 1980 y 1992 y en la que hubo más de 75.000 víctimas mortales. “Terminó la guerra civil y se firmaron unos acuerdos de paz que no se cumplieron, solo la parte política en la que la guerrilla se convertía en partido y se desmovilizaban las tropas. Pero todo lo demás, la desigualdad social, la pobreza, la educación, la salud, la inseguridad, se mantiene”, asegura el líder del movimiento Nuevas Ideas, que abandera desde su salida del gobernante FMLN, la formación que resultó de la desmovilización de la insurgencia tras los acuerdos de paz.
“Si la sociedad salvadoreña no entiende que está enfrentada a un fenómeno social igual o más difícil que el que nos llevó a la guerra civil, no vamos a poder resolverlo”, alerta Bukele. “Tenemos que hacer dos cosas a la par: continuar persiguiendo el delito y recuperar a todos estos jóvenes, sobre todo a los que no han cometido delitos pero están en los círculos de las maras”, concluye.

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El Fondo Monetario Internacional, arma absoluta del capital financiero transnacional

I. En medio de una feroz ofensiva contra los trabajadores de todas las categorías y los jubilados, el Gobierno de Macri, al borde del abismo financiero, pide ayuda al Fondo Monetario Internacional.

Lo que es algo así como meter al zorro en el gallinero para que cuide a las gallinas.


Como ejemplo reciente puede citarse a Grecia, donde la intervención mafiosa y patotera de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) empobreció a la mayoría de la población hasta límites insoportables, llevó al desmantelamiento de los servicios esenciales (salud, educación, seguridad social, etc.) y al despojo de buena parte del patrimonio nacional, ahora en poder de grandes empresas transnacionales.


El Gobierno «progresista» de Tsipras capituló incondicionalmente pese a la opinión claramente manifestada por la mayoría del pueblo griego en una consulta popular.
No se puede esperar otra cosa para Argentina con la «ayuda» del Fondo Monetario Internacional, pues esta ha sido y es la política del FMI en los hechos desde su creación en 1944.


Veamos.


En julio de 1944 la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods acordó la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRD). Este último como parte del grupo del Banco Mundial.


Ya en 1943, cuando comenzaba a vislumbrarse el fin de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses y los ingleses comenzaron a discutir las bases de la organización de la economía mundial en la posguerra.


John Maynard Keynes, encargado por las autoridades británicas de participar en las deliberaciones, propugnaba la creación de una cámara de compensación mundial (Clearing Unión) que permitiría hacer todas las transacciones internacionales a un tipo de cambio fijo referido a una moneda internacional emitida por la Clearing House, el "bancor". Se trataba de un verdadero sistema monetario internacional regulador de las finanzas internacionales, que conservaba la simetría entre las partes, con mecanismos de control y eventualmente de financiación para los países deficitarios y una participación de cada país en función de sus capacidades financieras. Sería una especie de Banco a escala internacional en el que los "clientes" serían los estados.


Pero esta propuesta no fue aceptada por los Estados Unidos, en ese momento en la cumbre de su poderío económico como único gran beneficiario de la Segunda Guerra Mundial, que impuso en Bretton Woods sus puntos de vista: un sistema de cambios fijos (con una elasticidad del uno por ciento en más o en menos sobre la paridad establecida entre las monedas) y la paridad establecida en relación con el oro o con el dólar de los Estados Unidos (artículo IV de los Estatutos del FMI, antes de la reforma de 1978).
Así es como en la práctica el dólar pasó a ser moneda internacional, obligando a todos los países a acumular reservas en dólares para hacer frente a las fluctuaciones de sus respectivas monedas, resultante del estado de su balance de pagos.


El sistema de Bretton Woods estableció pues un privilegio exorbitante a favor de los Estados Unidos en materia de pagos internacionales, que en los hechos, sirvió para que el resto del mundo financiara su déficit presupuestario.


Esta fue la base de un desorden creciente del sistema monetario internacional que se institucionalizó en 1975 con el abandono del sistema de tipos de cambios fijos (reforma, vigente desde 1978, del artículo IV de los Estatutos del FMI,).


Es decir, se abandonó un principio ordenador del sistema monetario (el sistema de cambios fijos) pero se mantuvo en los hechos al dólar como moneda internacional, de manera que todo el resto del mundo continuó subvencionando la economía de los Estados Unidos, pues los Bancos centrales de los otros países siguieron interviniendo para evitar la baja del dólar.


Ello permitió y permite a los Estados Unidos apropiarse de una gran parte del producto del trabajo y de los ahorros de los pueblos de todo el planeta.


Esta situación se refuerza por la circunstancia de que los dólares emitidos por la Reserva Federal (moneda fiduciaria, es decir sin respaldo de oro desde 1933) inundan todo el mundo para financiar el déficit presupuestario de los Estados Unidos. En setiembre de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó sin votación los acuerdos entre las Naciones Unidas, por una parte, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en tanto organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, por la otra.
En los hechos, los acuerdos constituyeron más una declaración de independencia de ambos organismos financieros que de cooperación con las Naciones Unidas.


En el debate sobre los acuerdos, realizado en el Consejo Económico y Social en agosto de 1947, el representante de Noruega dijo que el ECOSOC se apartaría de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas si los aprobara, agregando que su delegación no estaba dispuesta a reconocer al Banco Mundial como organismo especializado, sometiéndose a las condiciones impuestas por el mismo Banco. El representante de la Unión Soviética, por su parte, señaló en el mismo debate que ciertas disposiciones de los dos acuerdos violaban los artículos 57, 58, 62, 63, 64 y 70 de la Carta de las Naciones Unidas, referidos al funcionamiento de los organismos especializados y a las facultades del Consejo Económico y Social a ese respecto. El representante de Venezuela lamentó que los acuerdos hubieran ido más lejos de los que parecía necesario, en particular el párrafo 3 del artículo IV, que aconsejaba a las Naciones Unidas que evitaran hacer recomendaciones al Banco con relación a los préstamos o a las condiciones o circunstancias de su financiamiento [1].


En 1997 participamos, en representación de una ONG, en la reunión del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí tuvimos ocasión de intervenir y formularles preguntas a los representantes del FMI y del Banco Mundial.


en situaciones tales como la crisis mexicana o prestaba dinero por razones políticas como lo había hecho con Rusia en vísperas electorales. En cuanto a la deuda, afirmamos que el papel del FMI consistía básicamente en mantener la presión sobre los países deudores e imponerles políticas contrarias a los intereses nacionales y populares.Las conclusiones que pudimos extraer de dicho diálogo las comunicamos a la Comisión de Derechos Humanos en una intervención oral durante sus sesiones de marzo de 1997. En síntesis dijimos que el FMI no se ocupaba del desarrollo ni del pleno empleo, que figuran entre las funciones que le atribuyen sus Estatutos. En cuanto a la política monetaria, dijimos que el FMI era incapaz de evitar la anarquía financiera internacional y sola desempeñaba el papel de bombero


En el período de sesiones de la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado en julio-agosto de 2001, dos de sus miembros, la señora Udagama y el señor Onyango, presentaron un informe sobre la mundialización[2].


Los autores decían en el informe que si bien la protección y promoción de los derechos humanos es primordialmente una obligación de los estados, otras entidades tales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no están de manera alguna exceptuadas de responsabilidad en ese terreno. Afirmaban que las instituciones internacionales multilaterales “tienen la obligación de no tomar medidas que afecten la situación social de un país dado”.


En el debate que se suscitó en la Subcomisión, el representante del FMI afirmó que dicha institución


no tiene mandato para tomar en cuenta los derechos humanos en sus decisiones y que no está obligada por las diferentes declaraciones y convenciones relativas a los derechos humanos [3].


Esta declaración del representante del FMI provocó vivas réplicas de varios miembros de la Subcomisión, afirmando uno de ellos que “no es admisible que el FMI no se someta al derecho internacional” y otro miembro sugirió que la Subcomisión “debía adoptar una posición clara indicando que los sistemas comerciales y financieros están sometidos al derecho internacional y por lo tanto tienen la obligación de proteger y respetar los derechos humanos”.


En el seno del FMI, el poder de decisión pertenece a los cinco países que reúnen la mayoría de las cuotas, pues el artículo XII sección 5 de sus Estatutos establece el voto ponderado en los órganos de dirección (Consejo de Gobernadores y Consejo de Administración). Además, un solo país, los Estados Unidos, puede bloquear ciertas decisiones importantes (por ejemplo el restablecimiento de un sistema internacional de cambios fijos) porque dispone de un porcentaje de votos superior a la minoría de bloqueo, que es del 15 por ciento.


De modo que un pequeño grupo de países, muy poderosos económicamente, impone al resto del mundo las orientaciones de la política económica. Y en el caso particular de la deuda externa y de las políticas de ajuste sucede lo mismo. De manera que las "recomendaciones" y "principios directores" del FMI no son otra cosa que la coacción ejercida sobre los países que quieren renegociar la deuda u obtener préstamos del sistema financiero internacional, a fin de que adapten su política económica y financiera a los intereses del gran capital transnacional: privatización de los servicios públicos, reducción del gasto social, aumentos de las tarifas de dichos servicios, congelación de los salarios, apertura incondicional de las fronteras a los productos y servicios extranjeros, etc. Son las llamadas “condicionalidades”.


En los hechos, las instituciones de Bretton Woods tienen un poder de decisión excepcional sobre las orientaciones de las economías nacionales de los países menos desarrollados, como mandatarios de los países ricos, sin base alguna en el derecho internacional vigente. Por el contrario, no tienen ningún poder sobre las orientaciones económicas de los países ricos, pese a que la enorme deuda externa e interna de algunos de ellos justificaría ampliamente la aplicación de una política de ajuste estructural, de acuerdo a las concepciones del Fondo. Ni el Fondo ni el Banco Mundial, pese a que las grandes potencias dicen que son los "únicos organismos competentes" del sistema, tienen una política mundial económica y/o financiera. Tal política va a la deriva de los intereses coyunturales del capital financiero e industrial transnacional.


Todo esto confirma que el FMI y el Banco no son en la práctica organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, como está previsto en la Carta de la ONU, sino meros instrumentos y mandatarios de las grandes potencias y del gran capital.


De modo que el Estado que quiere tener acceso al crédito internacional debe ajustarse a los "principios directores" del FMI que, de manera general, son los siguientes:


1)..."apertura de los sectores que han estado protegidos frente a la competencia del mercado y la eliminación de subvenciones..."
2)..."reducir las presiones inflacionarias, alentar la repatriación del capital y fomentar la inversión extranjera directa..." (Comunicado del Comité Provisional de la Junta de Gobernadores del FMI, Comunicado de Prensa Nº 89/44, del 25/9/89);
3)..."contener la demanda global..."
4)..."saneamiento de las empresas públicas..."
5)..."flexibilización del control de precios y de las restricciones comerciales" (acuerdo con Mauritania)
6)..."revisión de la escala de derechos de importación y de los precios agrícolas..." (Acuerdo con Costa Rica, Bulletin du FMI, 5 juin 1989, p. 174).
Etc.


Estos "principios directores" se han incluido en los acuerdos celebrados con numerosos países.


Las llamadas políticas de ajuste son económicamente recesivas y socialmente regresivas, pues el único objetivo real del Fondo es que los deudores paguen los servicios de la deuda a los acreedores. Con tales políticas la espiral de la deuda sigue creciendo porque la economía de los países deudores permanece estancada o crece lentamente, con lo que se les hace aún más difícil cumplir con los acreedores, y se deben contraer nuevos préstamos para pagar los servicios de los préstamos anteriores. Así la deuda externa no deja de crecer y se convierte en deuda eterna[4].


II. El caso argentino


La otra cara de la medalla de la dictadura del capital financiero transnacional es la estructura económico-financiera capitalista integrada al capitalismo mundializado de los países que, como Argentina y casi todos los países del mundo poco desarrollados o semidesarrollados, incluidos los que cuentan –o han contado hasta hace poco- con Gobiernos “progresistas”.


Estructura que ha permanecido intocada en todos los casos y que los hacen dependientes del gran capital industrial y financiero transnacional y por lo tanto expuestos a su voracidad.


En cifras redondas, la deuda externa argentina sufrió la siguiente progresión desde 1966 hasta ahora.


Cuando se produjo el golpe militar de 1966 rondaba los 3200 millones de dólares. Al restablecerse en 1973 los gobiernos constitucionales había aumentado a 4800 millones es decir un 46%. Durante los Gobiernos de Cámpora, Frejuli e Isabel Perón (1973-76) aumentó a 7800 millones (62%). Durante la dictadura 76-83 aumentó a 45000 millones (465%). Con Alfonsín aumentó a 65000 millones (44%) y con Menem a 191000 millones (123%).


Con los Kirchner (2004-2015) se mantuvo estable en torno a esa cifra.


Con Macri actualmente la deuda ronda los 300.000 millones. Es decir que aumentó unas CIEN VECES desde 1966. Existe una abundante bibliografía sobre todo ese período con sus distintas particularidades, a la cual me remito en homenaje a la brevedad.


Pero merece un breve comentario el hecho de que la deuda no haya aumentado en los doce años de gobierno kirchnerista.


En efecto, la deuda no aumentó porque durante ese período se hicieron pagos a los acreedores por 190.000 millones de dólares con las reservas de ANSES y del Banco Central acumuladas durante la fiesta de la soja y contrayendo nuevas deudas. El resultado fue que pese a ese astronómico reembolso cuando terminó el mandato de CFK se seguía debiendo lo mismo que en 2004: unos 190.000 millones. Sumado lo que se pagó durante los Gobiernos K más lo que se seguía debiendo en 2015 da la bonita suma de 380.000 millones de dólares.


Este proceso de “pago serial” (CFK dixit) de la deuda estuvo en buena parte centrado en la ley llamada “del pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina” de 2014 que analicé en un artículo que se puede encontrar en http://www.argenpress.info/2014/10/acerca-de-la-ley-llamada-del-pago.html donde concluyo escribiendo: Esta ley, en lugar de llamarse ley “Del Pago Soberano Local de la deuda exterior de la República Argentina”, debería llamarse “ley de sumisión al capital financiero transnacional”.


Pero más importante aún es que durante los Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se mantuvo invariable en Argentina – y aun se agravó- la tendencia general a escala mundial que indicábamos al principio del Párrafo II de esta nota: el mantenimiento de la estructura económico-financiera capitalista integrada al capitalismo mundializado. Al respecto me remito a mi nota Marcha federal ¿unidad de acción?-Balance de 12 años de kirchnerismo: un proceso de recolonización si precedentes(https://www.alainet.org/es/articulo/180117).


De modo que la lucha contra la sumisión a los dictados del Fondo Monetario Internacional no debe limitarse a propuestas más o menos coyunturales sino a un proyecto alternativo generado en los lugares de trabajo, de estudio y de investigación que incluya un estudio pormenorizado de toda la deuda externa desde que ésta comenzó a crecer exponencialmente para determinar qué parte es legítima y exigible y qué parte no.


Y sobre todo que incluya reformas estructurales económicas y financieras de fondo tendentes a romper las ataduras esclavizantes con el capital transnacional, lo que presupone (como se señala de alguna manera en el documento de la CEPAL citado más arriba en la nota 4) una auténtica y profunda redistribución del producto nacional en beneficio de los trabajadores y jubilados y la nacionalización de los principales recursos naturales y de los servicios esenciales.


Notas:


[1] Actas resumidas de la reunión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, agosto de 1947.
[2] La mundialización y sus consecuencias para el pleno disfrute de los derechos humanos, E/CN/.4/Sub.2/2001/10, 2 de agosto de 2001. El informe final fue presentado en 2003: E/CN.4/Sub.2/2003/14.
[3] Cf. Communiqué de presse du 8 août 2001, HR/SC/01/11 y 12.
[4] Véase la publicación de la CEPAL La ineficiencia de la desigualdad, Mayo de 2018. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43442/1/S1800059_es...
Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/192891

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Macron se consolida como “el presidente de los ricos”

El joven presidente francés apuesta por una batería de reformas neoliberales y un estilo personalista durante su primer año en el Elíseo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, llegará este lunes 7 de septiembre a su primer año de mandato consolidado como “el presidente de los ricos”. “Macron no es el presidente de los ricos, sino el de los muy ricos”, osó afirmar el expresidente socialista François Hollande, mentor del dirigente centrista al que eligió como ministro de Economía. Utilizada por sus detractores para reprocharle sus políticas favorables al incremento de las desigualdades, esta etiqueta también se ve reflejada en la opinión pública. Un 48% de los franceses que ganan más de 6.000 euros al mes se declaran “apasionados” por Macron, mientras que el porcentaje en el conjunto de la población es sólo del 33%, según un sondeo del diario Le Monde.


“Macron ha sabido unificar en un solo bloque electoral el conjunto de la burguesía y un porcentaje significativo de pensionistas”, asegura el politólogo Jérôme Sainte-Marie, presidente del gabinete de análisis PollingVox. Tras haber recibido el año pasado un apoyo más que notable de antiguos votantes del decadente Partido Socialista francés —la mitad de los electores de Hollande en 2012 apostaron por Macron desde la primera vuelta—, el joven dirigente pretende ahora seducir al electorado de Los Republicanos, el equivalente del PP en Francia.


Según el analista político Jérôme Fourquet, director del departamento de opinión en el instituto Ifop, “Macron apuesta por una política de derechas”, que se ve reflejada en su batería de reformas neoliberales y un estilo personalista, con tintes autoritarios.


Reformas neoliberales muy clásicas

Después de haber prometido “unir lo mejor de la izquierda y de la derecha”, el dirigente centrista ha impulsado con gran celeridad toda una batería de reformas neoliberales muy clásicas. La reforma laboral, aprobada por decreto gubernamental en septiembre, redujo el coste de los despidos y flexibilizó de manera significativa el mercado laboral.
Los primeros presupuestos del mandato de Macron se vieron marcados por una reducción de 5.000 millones de euros de los impuestos a las rentas más altas. Esta política fiscal resulta parecida a la que impulsa Donald Trump en Estados Unidos, según critica el famoso economista Thomas Piketty. Ahora se verá reforzada con la supresión de la exit-tax, un impuesto que tasaba las grandes fortunas que trasladaban su domicilio fiscal a otro país con una fiscalidad más ventajosa, según anunció el presidente francés la semana pasada en la revista norteamericana Forbes, publicación de referencia de los oligarcas mundiales, en la que presentaban a Macron como “el líder del libre mercado”.


Macron también ha impulsado la polémica reforma de la empresa estatal de trenes SNCF. Una medida que empeorará las condiciones laborales de los trabajadores de esta compañía y abrirá a la competencia internacional el sector ferroviario galo, según exigían desde hace años las autoridades de la Unión Europea a los respectivos gobiernos franceses. Además, prepara las privatizaciones de la empresa pública de loterías Française des jeux y de los Aeropuertos de París.


En cambio, las medidas con un carácter más social, que debían favorecer la protección y la formación de los parados, han sido relegadas a un segundo plano. La promesa de que también tendrían derecho a las prestaciones de desempleo los autónomos y las personas que dimitieran de su empleo ha quedado muy limitada.


Sólo se beneficiarán de este dispositivo unas 50.000 personas (como máximo) cada año y tendrán que presentar un detallado proyecto de reconversión profesional. El ejecutivo centrista también pretende reforzar el control sobre los parados y amenaza con reducir las prestaciones de desempleo. “El equilibrio social-liberal prometido durante la campaña ha desaparecido”, explica el economista Frédéric Farah, coautor de la obra Introduction inquiète à la Macron-économie. “Aunque se presenta como un político joven y moderno, Macron es muy conservador y sus políticas forman parte de la ortodoxia económica puesta en práctica durante los últimos treinta años”, añade este profesor de economía de la Universidad la Sorbona de París y miembro del colectivo de economistas keynesianos Les Économistes atterés.


Un dirigente fuerte con tintes autoritarios

“Al mismo tiempo que se presenta como el presidente de una nación start-up, el joven presidente también cultiva un lado autoritario para seducir a los votantes de derechas”, explica Farah. Según reconocía el mismo Macron en 2015 en el semanario Le 1, en Francia existe un “vacío emocional, imaginario y colectivo” provocado “por la ausencia del rey”. “Hemos intentado rellenar este vacío a través de otras figuras, como los momentos napoleónicos o gaullista. Durante el resto del tiempo, la democracia francesa no ha sabido llenar este espacio”. Por este motivo, Macron ejerce el poder, según sus propias palabras, de forma jupiteriana, es decir, todopoderosa.


“Estamos frente a una concentración del poder con un estilo bonapartista”, asegura Fourquet. Es decir, apuesta por reformar con gran celeridad, siguiendo al detalle las directrices del presidente y con un gobierno dominado por los perfiles tecnocráticos. Sus ministros aún ahora resultan desconocidos para la mayoría de los franceses, un año después de su elección.


“Macron considera que en un mundo que avanza muy deprisa resulta una pérdida de tiempo el hecho de negociar con los cuerpos intermediarios, como los sindicatos”, reconoce el analista político de Ifop. Tampoco le ha tremolado el pulso a la hora de recurrir a importantes despliegues policiales para evacuar las universidades ocupadas o confrontarse con los militantes ecologistas de la Zona autónoma a Defender (ZAD) en Notre-Dame-des-Landes, oeste de Francia.


La regeneración prometida con la llegada de los diputados de La República en Marcha (el partido de Macron) a la Asamblea Nacional —buena parte de ellos no había ocupado antes cargos electos— no se ha traducido en una nueva forma de hacer política. El habitual rol secundario del poder legislativo en Francia se ha visto incluso reforzado. Además de impulsar textos claves, como la reforma laboral o de la SNCF, a través de la vía de las ordenanzas, que limita el debate parlamentario, el joven presidente francés aprovecha su mayoría absoluta (350 diputados de un total de 577) para que las leyes aprobadas resulten prácticamente un calco de los proyectos legislativos del Ejecutivo.


Sólo la polémica ley migratoria ha generado tensiones en el seno de la mayoría presidencial. Este texto fue aprobado con nocturnidad, el pasado domingo 22 de abril a las once de la noche. Lo que disimuló las tensiones internas. Nueve diputados del partido de Macron se abstuvieron y uno de ellos votó en contra: Jean-Michel Clément, un antiguo diputado socialista que abandonó el grupo parlamentario de LREM tras no haber respetado la consigna de voto.


No obstante, cerca de un centenar de los representantes macronistas no acudieron en la votación de una ley contraria a las promesas humanitarias de Macron, que defendió que la acogida de refugiados era “un deber moral y político para Francia”. El nuevo texto facilita las extradiciones de inmigrantes y alarga de 45 a 90 días el período máximo de encarcelamiento de un extranjero en un centro de retención administrativa (el equivalente de un CIE en Francia). Una política migratoria xenófoba que seduce a los votantes de derechas.


¿Un presidente sin oposición?


“Macron ha tenido la habilidad de conseguir que su firmeza a la hora de aplicar sus reformas resulte una satisfacción para los votantes más acomodados”, asegura el politólogo Thomas Guénolé, responsable de la escuela de formación de la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon (republicano y social-ecologista). “Y esto ha permitido que su popularidad se mantenga estable”, añade Guénolé, quien acusa al presidente francés “de llevar a cabo una guerra social”.


El 64% de los franceses aseguran estar decepcionados con la acción política de Macron, mientras que el 36% declara estar satisfecho, según un sondeo reciente de Ipsos para la televisión pública francesa. Unos niveles de popularidad relativamente bajos, pero superiores a los que tenían en el mismo momento de su mandato sus predecesores, François Hollande y el conservador Nicolas Sarkozy.


“Macron es apoyado por una minoría, pero esta representa el bloque electoral más importante ante una oposición dividida”, afirma Sainte-Marie. Según este analista político, “hay cuatro oposiciones ante el ejecutivo macronista”. Por un lado, el decadente Partido Socialista Francés y Los Republicanos, “pero en realidad sólo representan una semi-oposición, puesto que la mayoría de sus diputados se abstuvieron en la investidura del Ejecutivo centrista”. Por el otro, “las dos oposiciones radicales, el ultraderechista Frente Nacional y la Francia Insumisa”.


Según numerosos estudios de opinión, el izquierdista Mélenchon se ha erigido en el principal opositor a Macron. Mientras que en su primer año Hollande se confrontó con el movimiento de La Manif pour tous, que sacó a miles de personas en la calle en contra del matrimonio homosexual, los principales focos de contestación a Macron se hallan en conflictos laborales. Una huelga ferroviaria prevista hasta finales de junio, ocupaciones y bloqueos en las universidades, movilizaciones en los hospitales, en residencias de personas mayores… . El descontento se multiplica en esta primavera caliente para Macron, pero este no converge en movilizaciones masivas. Además, la falta de unidad entre dirigentes políticos y sindicales lastra la debilitada izquierda francesa.


“Aunque permanezcan las divisiones entre los dirigentes, tenemos que construir la unidad en la calle”, asegura Patrick Flécheux, responsable en París del diario militante Fakir y colaborador del diputado insumiso François Ruffin. Figura emergente de la izquierda francesa, Ruffin ha sido el gran impulsor de la Fiesta a Macron, una manifestación festiva en contra de las reformas del joven dirigente, que reunió este sábado entre 40.000 (según las autoridades) y 160.000 personas en París. Sin ser desbordante, esta resultó una de las manifestaciones más numerosas durante el primer año de mandato de Macron. Una muestra más de la oposición que la izquierda lidera en las calles en contra del “presidente de los ricos”.

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Grecia sin derecho a huelga, ajustada, acosada

El gobierno de Tsipras tuvo que limitar derechos y crear un sistema de desalojos que incluye una subasta online de la propiedad desalojada. La protesta y la tendencia a la autogestión en una sociedad golpeada.

 ¿La “salida limpia” que el Primer ministro griego Alexis Tsipras dice estar llevando con respecto a la crisis que tuvo al país al borde de la quiebra, no es vista con tanto optimismo por la ciudadanía, todavía asfixiada y herida. Después de haber firmado en 2015 un memorándum que la población rechazó en referéndum, el líder de Syriza procuró cumplir una y cada una de las exigencias de los acreedores extranjeros, llevando el programa de austeridad de la Troika hasta sus últimas consecuencias. El pasado enero el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea condicionaron la entrega del último tramo del rescate –18,400 millones de euros– a la aplicación de un paquete de medidas que fue la gota que colmó el vaso para sindicatos y oposición.


El documento contiene alrededor de cien reformas dirigidas a la “limpieza” de las cuentas estatales, el aumento de la recaudación fiscal y el recorte del gasto público, con el acento puesto en nuevos cortes en pensiones, la drástica eliminación de hipotecas impagas y el inicio de trámites para la privatización de compañías energéticas.
También el recorte del derecho a huelga figura entre las demandas que el gobierno de Tsipras está dispuesto a complacer, un derecho que si ya en todo el mundo es considerado intocable, en Grecia alcanza el rango de sagrado. Desde el comienzo de la crisis económica en 2009 hubo más de cincuenta paros generales y es rara la semana en la que algún servicio público o privado no pare para reclamar mejoras en las condiciones laborales. Sin embargo –o precisamente por eso– la cúpula del capitalismo mundial puso la limitación de tan intenso activismo sindical como una de sus condiciones básicas para seguir depositando fondos de emergencia en las arcas helenas.


El 14 de enero los diputados de Syriza aprobaron en solitario una nueva legislación que endurece las posibilidades de convocatoria de huelga, ya que las asambleas de las delegaciones sindicales locales deben contar ahora con una participación mínima del cincuenta por ciento de los afiliados- aquellos que tengan su cuota al día únicamente- mientras que antes bastaba con el veinte por ciento.


La Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE) y el sindicato de estatales ADEDY estallaron desde el anuncio de estas medidas en una ola de protestas contra “los dramáticos recortes de los derechos sociales y el programado aumento de impuestos”, y por la reivindicación de una “acción sindical libre, sin ninguna intervención estatal ni patronal en el ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores”, tal como anunciaron sus portavoces durante las primeras manifestaciones. Mientras, el Primer Ministro defiende su decisión amparándose en el nulo margen de maniobra que le dejan desde el FMI, el BCE y la Comisión Europea. “Nos enfrentamos a las exigencias de los acreedores respecto a la liberalización de los despidos, el restablecimiento del cierre patronal y el cambio del quórum para las asambleas sindicales de primer grado. Solo cedimos en lo último”, destacó Tsipras a la agencia EFE.


Según la Autoridad Helénica de Estadística (ELSTAT), la tasa de desempleo se sitúa en el punto más bajo desde 2011 con un 20,7 por ciento y el alarmante 44,4 que en 2017 todavía afectaba a los más jóvenes, bajó a un 40,8. Los números siguen siendo los más altos dentro de la Unión Europea. La recuperación económica en la que el partido de gobierno se escuda de las críticas constantes de sus antiguos compañeros de izquierda tranquiliza a los mercados e inyecta en la población cierto alivio, aunque el “progreso” radique en más trabajo precario y contratación temporal. Así lo reconoce Iorgos Petrópoulos, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de trabajadores públicos de Grecia (ADEDY), quien afirma que, “si bien la mejora es innegable, la situación sigue siendo muy grave, sobre todo, en los sectores de educación y salud, donde se necesita con urgencia el aumento de puestos de trabajo y de salarios”.


Otro terreno que tiembla ante las reformas requeridas por el Eurogrupo para el desembolso del último tramo de préstamos iniciados con el rescate del 2010 es el de la vivienda. Desalojar a miles de deudores de hipotecas a través de un nuevo sistema electrónico es la condición que le falta cumplir al gobierno griego si quiere ser supuestamente libre en agosto de las presiones de la Troika. Por eso los diputados de Syriza pusieron en marcha el sistema de subastas electrónicas en 2016, pero la resistencia de la ciudadanía que, organizada en torno al colectivo “Den plirono” (No pagamos), se plantó en los juzgados cada miércoles e impidió el proceso, consiguiendo que escribanos e incluso policías se negaran a hacerlo efectivo.


La justificación del gobierno para este inédito plan de desahucios se basa en los 110 mil millones de préstamos “malos” que se derivaron del descontrol durante los años de burbuja económica y que ahora perforan la confianza de los acreedores internacionales. El economista, empresario naval y ex asesor de Tsipras, Evangelos Kritikós, explica que los bancos griegos “escondieron el problema bajo la alfombra” porque intentaron, especialmente entre 1997 y 2010, aplazar las deudas el mayor tiempo posible para obtener la recapitalización extranjera que necesitaban. “Podías pagar 20 euros por mes cuando la hipoteca era de 300, no había ningún límite”, dice Kritikós. Y esta “mala praxis”, que también incluye la nula verificación de la viabilidad económica de los solicitantes antes la concesión de un crédito, es lo que ahora la Federación Nacional para la Protección de Prestatarios que el especialista preside desde 1999 quiere probar ante las cortes. A través de lo que la veintena de abogados y economistas que forman la plataforma denominan “activismo científico”, la campaña para paralizar los desahucios se basa en una rigurosa investigación de los orígenes del dinero prestado y de la gestión de la hipoteca a lo largo del tiempo por parte del banco, con el objetivo de forzar a los demandantes a replantearse el echar al demandado.


El mes pasado, por ejemplo, los activistas “científicos” evitaron un desalojo al mandar una carta documento al presidente de Alpha Bank –una de las entidades financieras recapitalizadas por el Estado y después vendida al extranjero por casi nada– donde le informaban que probarían ante las Cortes que aquel desahucio causaría grandes pérdidas a los ingresos del banco. “Si usted hace el desalojo, recibirá menos dinero que del pago del préstamo. Lo invitamos a ir al juzgado para probar que este proceso es bueno para su entidad, así como que toda la gestión de la deuda quede acuerdo a la ley”, increpa el texto que los abogados redactaron minuciosamente acompañado de documentos y que, además, enviaron a todas las autoridades, Primer ministro y presidente del Tribunal Supremo incluidos.


“Los propietarios de los grandes bancos nacionales metieron en sus bolsillos ocho mil millones de euros en un lapso de ocho años y, cuando todo colapsó, abandonaron las entidades financieras y pidieron su rescate”, advierte Kritikós. “¿Cómo no se exigieron responsabilidades al gobierno? El problema privado se transformó en público y nosotros tuvimos que pagar desde entonces, directa o indirectamente, más de 200 mil millones de euros”, denuncia el economista. “Es el mayor saqueo de la historia europea. Papandreu [ex presidente griego] tendría que haber dejado caer en bancarrota a la banca”.

 

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