Aserrín Aserrán VIVA EL PARO NACIONAL

"Se podría decir que ocurre realmente en las películas de espías, pero es que esto no es una película de espías", dijo el ex juez Garzón al salir de la Audiencia Nacional. Imagen: AFP

Dura denuncia de su abogado español, Baltasar Garzón

 

Baltasar Garzón, el abogado español de Julian Assange, afirmó que el fundador de WikiLeaks fue espiado como "en un película" cuando estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

Assange denunció a la empresa española Undercover Global, encargada de la seguridad de la legación diplomática, a la que acusa de haberlo espiado durante años por cuenta de Estados Unidos cuando se encontraba asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, donde permaneció entre 2012 y 2019.

"Se podría decir que ocurre realmente en las películas de espías, pero es que esto no es una película de espías", dijo el ex juez Garzón al salir de la Audiencia Nacional en Madrid, donde tuvo que declarar este lunes para defender a su cliente.

Es "algo escandaloso", añadió Garzón, refiriéndose a las imágenes de videovigilancia que se le mostraron, y en las que se ve al informático australiano en la embajada ecuatoriana hablando con sus abogados.

 

La denuncia de Assange

 

Según el escrito presentado por Assange, la empresa española colocó micrófonos y cámaras en distintos puntos de la embajada, e incluso en el baño de mujeres, donde el australiano organizaba muchos de sus encuentros. También había micrófonos en la base de los extintores, de acuerdo con la denuncia.

La defensa de Assange, actualmente encarcelado en Londres, espera que la causa por espionaje en España lo ayude en el procedimiento de extradición lanzado en su contra por Estados Unidos.

El informático, de 49 años, se expone a una pena de cárcel de 175 años por haber difundido desde 2010 más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades militares y diplomáticas de Estados Unidos en Irak, Afganistán y muchos otros países.

"Hemos puesto a disposición de las autoridades judiciales británicas todo este material, porque tienen una incidencia directa respecto de la extradición y demuestran desde nuestro punto de vista que Julian Assange ha sido objeto de una persecución política", añadió Baltasar Garzón, coordinador de la defensa de Assange en España.

La justicia española escuchó también este lunes los testimonios de Stella Morris, abogada de Assange y madre de dos hijos suyos, y de Fidel Narváez, ex consul de Ecuador en Londres.

"Julian está mal, pero un poco mejor, digamos, a la espera de la continuidad del proceso de extradición" en Estados Unidos, que debe reanudarse el 7 de septiembre, agregó Garzón.

También en el marco de este caso de presunto espionaje, la justicia española admitió en junio una denuncia del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa contra Undercover Global. En ella, Correa acusa a la empresa de haberlo seguido y haber tomado fotos de sus encuentros con Baltasar Garzón.

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Cien millones de personas tuvieron que abandonar su hogar en la última década

Cada vez más personas deben de abandonar sus hogares a la fuerza mientras que son siempre menos quienes logran retornar. Una vez más, ACNUR ilustra cómo la mayoría de las personas refugiadas lo está en países en desarrollo, muchas veces limítrofes y con penurias alimentarias que complican su situación.

Las cifras que la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas (ACNUR) publica en suInforme anual de tendencias globalesmuestran un 2019 donde el desplazamiento de seres humanos alcanzó un record: 1 de cada 97 habitantes del planeta estaría desplazado. Por otro lado, resulta cada vez más dificil para quienes tuvieron que irse a la fuerza regresar.

La cifra total de personas desplazadas, 79,5 millones, prácticamente duplica la registrada hace una década. Según la descripción que brinda ACNUR, estas personas tuvieron que dejar sus hogares tras sufrir persecución como consecuencia de “conflicto, violencia, violaciones a los derechos humanos o eventos que alteraron gravemente el orden público”. Situaciones que afectan en gran medida a los menores, que sumarían según las estadísticas de la agencia de la ONU entre 30 y 34 millones, un 40% del total de personas desplazadas.

La mayor parte de estos casi 80 millones de seres humanos están desplazados dentro de su propio país: 45,7 millones. 26 millones son refugiados, una parte de ellos bajo el paraguas de las agencias de la ONU, 20,4 millones bajo el mismo ACNUR, y 5,6 millones de refugiados palestinos lo estarían bajo el mandato de la Agencia de Nacionas Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Al margen de los miedos europeos y la securitización de las fronteras, las personas refugiadas llegan y se establecen fundamentalmente en países en desarrollo. El 85% de ellos se hallan en países de estas características, mientras que el 27% se encuentran de hecho en lo que el ACNUR considera como “países menos desarrollados”. En muchos casos el país de acogida es el estado vecino: sucede en el 73% de lo casos.

Preocupa en la agencia la dificultad cada vez mayor para el retorno de estas personas desplazadas y refugiadas. Son pocos los que consiguen volver, la mayoría desplazados internos: de los 5,6 millones que pudieron retornar en 2019, poco más de 300.000 habían llegado a salir del país.

De las personas que dejaron su país 4,2 millones han obtenido asilo. Durante el 2019 se presentaron dos millones de demandas de asilo. La mayoría en Estados Unidos, superando las 300.000, seguido de cerca por Perú con 259.000 demandas. En Europa, Alemania encabeza los países que reciben solicitantes de asilo, con 142.500, detrás va Francia con 123.900 y finalmente España con 118.300.

Venezuela se sitúa como segundo país de origen de desplazados, solo después de Siria, este último con 6,6 millones de nacionales fuera del país. La contabilización de las personas venezolanas se realiza aparte en el informe, irrumpiendo en los gráficos de manera desagregada por primera vez en 2019. Tras Venezuela, Afganistán (2,7 millones), Sudán del Sur (2,2 millones) y Myanmmar (1,1 millones), tres países que arrastran largos conflictos, completan el grupo de los cinco de donde proviene el 68% de las personas refugiadas.

Respecto a la acogida de migrantes, Turquía, limítrofe con Siria, va muy por delante en cuanto a refugiados viviendo en su territorio: 3,6 millones, el doble de Colombia, limítrofe con Venezuela y que recibió 1,8 millones. Pakistán, que comparte su mayor frontera con Pakistán recibió 1,4 millones de refugiados afganos mientras que Uganda, también limítrofe con Sudán del Sur, acoge a otros 1,4 millones de sus ciudadanos. Solo en quinto lugar aparece un país europeo, Alemania, con su 1,1 millones de refugiados.

En diez años, la década que arrancó en 2010, al menos 100 millones de personas fueron expulsadas de sus hogares. 16,5 millones solicitaron asilo y este se pidió para 400.000 niños que viajaban solos. 20 millones de personas fueron reconocidas con derechos de asilo, pero solo un cuarto de ellas accedió a protección internacional. Casi ocho de cada diez desplazados lo estaban dentro de sus países.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Filippo Grandi, apunta en el informe su preocupación por el hecho de que los desplazamientos se estén alargando en el tiempo. Una larga lista de conflictos activos en esta década está en el origen de este gran aumento en el número de desplazados: la persistencia de las guerras de Yemen y Siria, así como los conflictos en el Sahel, Burkina Faso o la República Democrática del Congo, empujan a miles de personas a abandonar sus tierras.

Inquieta además la creciente dificultad para el retorno de quienes se han vito obligados a marchar. Si en la década de los 90 la media de quienes volvían anualmente era de 1,5 millones, desde el 2010, la cifra es mucho menor, solo 390.000 lo consiguen cada año. Y no es porque vivan bien en los campos de acogida, muchos y muchas de ellos no se encuentran a salvo en su desplazamiento: ocho de cada diez personas desplazadas en el mundo están viviendo en estados afectados por inseguridad alimentaria y malnutrición, y en muchos casos sujetos a riesgo climático.

En su informe, ACNUR llama a los Estados a “que hagan un mayor esfuerzo por ofrecer un hogar para millones de refugiados y otras personas desplazadas por los conflictos, la persecución u otros eventos que perturban gravemente el orden público”. La organización recuerda además el compromiso de Desarrollo Sostenible de 2030 de “no dejar a nadie atrás” en el que ahora se incluyen explícitamente a las personas refugiadas.

ESPAÑA

España figura entre los cinco primeros países en los que se pide asilo, con 118.300 solicitudes en 2019. Un récord, según señala la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). La respuesta ha sido una disminución radical al menos en términos relativos de la concesión de asilo: solo un 5,2% de solicitantes resultan favorables. Este mínimo porcentaje supone una variación notable frente a los años precedentes, casi una de cada cuatro solicitudes fueron aceptadas el año anterior. Está además muy por debajo de la media europea, del 31%. Fuera del asilo se concedieron 40.000 permisos por razones humanitarias, una gran mayoría a personas venezolanas.

CEAR es crítica con la labor de España: señala las devoluciones en caliente en la frontera sur; las trabas a la reagrupación familiar; o la petición de visados de tránsito a quienes proceden de países en conflicto como Siria, Palestina o Yemen, país este último a cuyas peticiones, una vez en territorio español, son resueltas positivamente, pero a quienes les dificulta la llegada al país, exponiéndoles al tráfico de migrantes.

Por otro lado, los retrasos en la tramitación de la petición de asilo generan gran inseguridad a quienes solicitan protección, por no hablar de lo que supone la denegación del proceso de petición de asilo en la frontera sur. La reapertura de la ruta atlántica hacia Canarias, donde las llegadas se multiplicaron desde finales de 2019, es otro motivo de preocupación, dada la peligrosidad del camino. Las centros donde se les recibe están en muy mal estado sin contar con medidas higiénicas ni espacios. Además, son pocos los trasladados a la península.

Dada la situación descrita, CEAR apunta a la necesidad de trabajar en conjunto y llama a un nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo que amplíe derechos y vaya hacia un sistema común.

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Diomedes Sandoval, solicitante de asilo y líder social colombiano, en la terraza de la Parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías, Madrid.- JAIRO VARGAS

Las apenas 600 peticiones de asilo de ciudadanos colombianos en 2016 se han disparado a más de 29.000 en 2019. Sólo se le concedió a 48 personas. En enero han sido la nacionalidad que más lo ha demandado, superando a los venezolanos, pero el proceso de paz y la diversidad de perfiles les cierran las puertas de la protección casi de forma automática. Mientras esperan la respuesta a sus peticiones, muchos se ven abocados a vivir en la calle durante días por la saturación del exiguo sistema de acogida español

Cuando Diomedes Sandoval aterrizó en Madrid el pasado noviembre pensó que todo iría bien. Este líder social colombiano, amenazado de muerte y superviviente de un intento de asesinato, pidió asilo en el aeropuerto de Barajas y los policías le dijeron que su caso "era de manual" y "bien documentado". Le dieron un papel que acreditaba que era solicitante de protección internacional, una tarjeta transporte con diez viajes y un consejo: "Que fuera al Samur Social si no tenía dónde dormir" mientras el Ministerio de Interior estudiaba su solicitud, recuerda.

Eso hizo, pero cuando vio la cantidad de gente en su misma situación y que no había hueco para todos en los albergues de Madrid empezó a sospechar que Europa, en cuanto a protección internacional, no era como se había imaginado en su Tolima natal. "Esa noche me quedé en un hostal. A la mañana siguiente, cuando salí de la ducha, me habían robado mi documentación y todo mi dinero", lamenta.

Sandoval relata su historia a Público mientras toma café en la parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías. Es el único lugar de Madrid que considera un hogar, dice. "Aquí venimos muchos a pasar el día, a comer algo sin que nos cueste dinero, a buscar compañía", describe, porque no tiene aún permiso de trabajo ni nada que hacer además de esperar. El alojamiento que le ofrece el Ministerio de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social sólo está abierto por las noches.

Más de tres meses después, sigue en la fase de acogida temporal para solicitantes de asilo sin recursos económicos, es decir, un albergue "en malísimas condiciones" que comparte con otros 120 demandantes de asilo en Vallecas. Este jueves, por fin, le darán la una plaza que ha quedado libre en Málaga. Pasará a la primera fase del programa de acogida estatal, aunque no sabe si esa plaza es una habitación en un piso compartido o en un centro. "Será mejor que esto, eso seguro, pero tiene que mejorar el sistema porque van a seguir viniendo", afirma.

Los colombianos triplican sus peticiones de asilo

Por paradójico que resulte, desde que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016, la violencia ha repuntado en casi todo el país. En la diana están personas de como Sandoval, los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, personas de referencia en las comunidades rurales, gente que denuncia la corrupción con fondos destinados a cumplir con la parte social de los acuerdos de paz, por ejemplo.

En 2019, más de 29.000 colombianos solicitaron protección internacional en España. En 2018 fueron tres veces menos, 8.800. En 2016, año de la firma de los acuerdos de paz, apenas superaron las 650. Solo en enero de este año ya han superado a los venezolanos, con 4.860, y son la nacionalidad que más protección pide en España, según el avance de datos del Ministerio del Interior, aunque también de las que menos la recibe.

"Es muy posible que este año superen a los venezolanos, la tendencia es muy clara, aunque el nivel de resoluciones favorables de sus solicitudes es muy bajo. Sólo se le ha dado el estatuto de refugiado a 48 personas de las 5.000 que se han estudiado. El resto han sido rechazadas", explica Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de CEAR.

Reconoce que los casos que llegan son muy variados, aunque apuntala el problema de la persecución de los líderes sociales. "Son un grupo social bien definido y claramente amenazado y perseguido, deberían recibir más protección, a juzgar por las cifras", apunta. "Recibimos muchos casos de personas de Colombia que huyen de amenazas o la extorsión de bandas criminales, pero el Gobierno las rechaza alegando que no hay conflicto armado o que esa persecución o amenazas no están promovidas por autoridades o el Gobierno del país, que hay medidas judiciales y legislativas para perseguir este tipo de crimen", explica Favieres, que apunta que hay una gran discusión sobre esta circunstancia en los tribunales.

Sandoval, en cambio, apunta a la connivencia del Gobierno de Iván Duque con estos grupos armados. "Yo empecé a recibir amenazas cuando mi organización comenzó a denunciar el desvío de fondos para las víctimas del conflicto y para el desarrollo de infraestructuras", sostiene. "Tenía escoltas asignados pero decidí marcharme cuando sufrí un atentado por parte de sicarios del que salí con vida", recuerda mostrando los papeles que lo acreditan.

"Huí de la muerte pero no esperaba que, después de todo esto, en España me fuera a convertir en un mendigo, en un indigente. Nos ha pasado a muchos", señala este solicitante de asilo. Recuerda que algunas noches le tocó dormir en las calles de Madrid. "No había plazas en el Samur Social, no había plazas del Ministerio de Migraciones. Muchos días, tampoco en los albergues para personas sin hogar para la campaña del frío. Es indigno el trato que recibimos. No quiero pensar que estoy pasando por esto para que luego me denieguen el asilo y tenga que volver al lugar del que huyo", argumenta. Por eso prefiere que su rostro no aparezca en la fotografía. "Denunciar siempre trae problemas, en España o en Colombia", sentencia.

El mismo temor tienen Heber Erazo y su mujer, dos sexagenarios que llevan en Valencia casi un año y medio. Eran periodistas de Bogotá y de la región colombiana del Cauca, una de las más afectadas por la violencia de paramilitares, disidentes de las FARC, narcotraficantes y otros grupos armados. 

"Hemos presenciado y contado casi todo el conflicto. Siempre hemos alzado la voz, hemos sido testigo de masacres, hemos denunciado corrupción e irregularidades y nos ha costado ataques de todos los flancos: alcaldes, concejales, congresistas, gobernadores...", recuerda. Han recibido amenazas, el pasado año sufrieron un allanamiento de su vivienda en Bogotá, de donde desaparecieron "documentos sensibles y confidenciales, denuncias contra quienes les perseguían, miles de fotografías y los archivos originales de su periódico y fundación", entre otros episodios. "No nos ha matado porque hemos sido nómadas. Huimos por varias zonas de Colombia hasta que ya nos tuvimos que venir a España", aclara.

"Pero el acceso al sistema de protección es una carrera de obstáculos", denuncia. Se tarda en obtener citas para cada trámite burocrático, para obtener una respuesta, para recibir una plaza. Todo es siempre cuestión de meses.

Actualmente se encuentran en la fase dos del sistema. Reciben una ayuda para pagar el alquiler del piso en el que viven y una ayuda para manutención. Entre los dos llegan casi a los mil euros mensuales, pero la mitad se lo lleva el alquiler, describe. Antes pasaron medio año en una casa compartida, durante la fase uno del programa de acogida. "Se generaban problemas de convivencia constantes. Es normal, solo teníamos un baño para ocho personas, poco espacio y mucha tensión acumulada", recuerda, pero al menos tenían un baño, puntualiza.

"El sistema no está preparado. El colapso no está solo en Madrid. Nosotros tuvimos que dormir en la calle durante un tiempo", recuerda. Decidieron ir a Valencia porque allí tenían un conocido que les dio alojamiento durante los primeros meses, "pero son tantas las trabas administrativas que ya no pudo acogernos más y acabamos en situación de calle hasta que nos dieron una plaza", afirma.

El temor al rechazo de la solicitud

Ahora ve con miedo la próxima cita para renovar el permiso de residencia. "Cuando vayamos pueden decirnos que no nos conceden ningún tipo de protección y quitarnos el permiso de residencia. A los colombianos se nos está rechazando de forma masiva", advierte. "La diplomacia del Gobierno hace bien su trabajo. Dice que allí hay posconflicto, que hay paz, pero hay muertos cada día, por eso nos vemos obligados a irnos", sentencia.

Viendo las cifras de asilo para colombianos, no tiene mucha fe en que sus solicitudes sean aprobadas. Su mayor esperanza es que, en caso de rechazo, se les conceda el permiso de residencia por razones humanitarias, que no lleva aparejada ninguna ayuda económica, pero permite la estancia regular en el país durante un año con posibilidad de prórroga.

El Gobierno español comenzó a conceder este permiso el pasado año ante el drástico aumento de solicitantes de asilo venezolanos, aunque es difícil que lo obtengan los ciudadanos de otros países. "Aunque esa figura está recogida en la ley de asilo, en el caso de los venezolanos se está implementando de forma masiva para dar respuesta a una recomendación de la ONU por la crisis que atraviesa el país", explica la portavoz de CEAR, que recuerda que este permiso no se puede considerar una medida de protección internacional como tal.

Algunas organizaciones consideran que la situación en la mayoría del territorio colombiano no dista mucho de la que atraviesa Venezuela en cuanto a falta de servicios básicos, pobreza, índices de criminalidad y vulneraciones de los derechos humanos, por lo que piden al Ministerio del Interior español que aplique el mismo rasero. "El problema es que en España no se sabe qué es un líder social y el peligro que corre en Colombia. O quizás es que no quiere saber de forma intencionada", explica Sandoval.  

madrid

11/03/2020 22:39

Por jairo vargas

 

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Migrantes desbordan frontera colombiana con Panamá

Peñita. Más de mil 500 migrantes, entre ellos 250 niños, se hacinan en La Peñita, localidad indígena panameña fronteriza con Colombia, tras sobrevivir el infierno de la selva del Darién, uno de los tramos más peligrosos en su trayecto hacia Estados Unidos, donde abundan mafias criminales. Fue un logro cruzar 575 mil hectáreas de selva y ya se encuentran en la Estación Temporal de Asistencia Humanitaria (ETAH) instalada en este poblado de rudimentarias casas de madera y techos de paja, donde reciben asistencia médica. Con capacidad para unas 100 personas, la ETAH está desbordada. Cerca de 4 mil indocumentados, principalmente de Haití, Cuba, República Democrática del Congo, India, Camerún, Bangladesh y Angola, se encuentran en diferentes centros de acogida de Panamá a la espera de continuar su viaje, primero hacia Costa Rica y luego a Estados Unidos. Con serranías, ríos caudalosos, sin vías de comunicación terrestre y bajo un calor insoportable, los migrantes cruzan el Darién a través de caminos estrechos, muchos de ellos utilizados por narcotraficantes y bandas criminales. La selva es tan densa que a veces no llega la luz del día y todo es oscuridad. Durante los primeros cuatro meses de 2019 por la ruta selvática han pasado al menos 7 mil 724 adultos, el triple que hace un año, y mil 141 menores, el doble que en el mismo periodo de 2018.

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Aislado y espiado, Assange sigue dando pelea

En un escrito judicial, Assange pide que la CIDH requiera a Estados Unidos que blanquee su intención de llevarlo a juicio. También reclama que el gobierno de Lenín Moreno deje de hostigarlo, castigarlo, vigilarlo y amenazarlo.

Solo, enfermo, aislado, espiado y amenazado. Pero todavía dando pelea. Así transita hoy sus días, en la embajada de Ecuador en Londres, el editor que reveló los secretos más devastadores de uno de los imperios más poderosos de la historia.

Eso dice, palabras más, palabras menos, un documento judicial escrito y firmado con los nombres completos, dos días después de Navidad, por Julian Paul Assange, fundador del sitio de megafiltraciones WikiLeaks.org, y su abogado, el legendario ex juez español Baltasar Garzón Real. Se trata de un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de medidas cautelares contra los gobiernos de Estados Unidos y de Ecuador, del cual PáginaI12 obtuvo una copia.


El documento ofrece una cruda descripción de la manera en que la hostilidad del gobierno estadounidense hacia Assange fue creciendo a medida que WikiLeaks publicaba nuevas revelaciones de filtradores anónimos que desnudaban los peores vicios de las instituciones militares, diplomáticas, políticas y de inteligencia de los Estados Unidos. Según la demanda, la persecución empezó en el 2002 cuando WikiLeaks publicó documentos secretos sobre la prisión de Guantánamo. La presión se intensificó después de la publicación de los partes de guerra de Afganistán e Irak. Entre una y otra publicación Assange fue detenido en Gran Bretaña por un pedido de captura sueco en relación a un delito sexual por el que nunca sería acusado. Después llegó el “cablegate” de despachos diplomáticos que sacudió al mundo. Assange se asiló en la embajada ecuatoriana, en un departamento de unos 180 metros cuadrados que debe compartir con la delegación diplomática, sin aire puro ni luz solar desde hace más de seis años y medio.


Estando ya en la embajada, el editor de WikiLeaks publicó en 2016 filtraciones sobre Hillary Clinton y las internas de su partido en plena campaña presidencial, que le valieron a Assange un juicio penal del Partido Demócrata por supuesta interferencia en el proceso electoral estadounidense, a través de un presunto complot con Rusia.


La ofensiva estadounidense contra Assange recrudeció durante el gobierno de Trump después de la publicación del archivo llamado “Vault 7”, la más grande filtración de documentos secretos en la historia de la CIA: “En los referidos paquetes de información se pueden observar los medios de espionaje irregulares desplegados por la CIA en todo el mundo, por ejemplo, a través de los dispositivos móviles ‘Smart phones’ y televisiones de los ciudadanos; o un programa que inyecta troyanos en bases de datos biométricos estatales de países aliados a través del software ‘Cross Match’,”.


La demanda que presentó Assange da cuenta de cómo cada una de esas filtraciones generó incriminaciones y respuestas amenazantes de altos funcionarios de los tres poderes estadounidenses, desde pedidos de aplicación de pena de muerte hasta la descripción de WikiLeaks como “un servicio de inteligencia hostil, no estatal” en el último informe del FBI ante el comité bicameral de inteligencia del Congreso.


A esa situación, el texto de Assange y Garzón le suma el trato recibido por Chelsea Manning, la presunta fuente del “Cablegate”, condenada a 35 años y perdonada después de siete, quien durante su detención recibió un trato “cruel, inhumano y degradante”, equipable con la tortura, según dictaminó en 2012 el entonces relator especial sobre tortura de la ONU, el argentino Juan Méndez. Dado que Assange ha sido acusado por un Gran Jurado de Alexandría, Virginia, que lo investiga desde el 2010 por su rol en la filtración de Manning, y dado que la acusación del Gran Jurado se mantiene “sellada” o secreta, el escrito judicial de Assange y Garzón concluye que existen serios riesgos de que el fundador de WikiLeaks sea extraditado a Estados Unidos, donde probablemente recibiría el mismo trato inhumano, cruel y degradante al que fue sujeto su presunto informante.


En su parte expeditiva la demanda judicial “solicita” que la Comisión “requiera” a Estados Unidos que le entregue “toda la información” sobre imputaciones y órdenes de captura vigentes contra Assange. “Y todo ello con la finalidad de que la CIDH medie en la posibilidad de una salida del Sr. Assange de la embajada en dirección a un país seguro,” dice la demanda. Además, el texto da cuenta del cambio de actitud del gobierno de Ecuador con respecto Assange después de que Lenín Moreno reemplazara a Rafael Correa en la presidencia de ese país. Del fuerte apoyo a su derecho a la libre expresión y de la adherencia irrestricta a los tratados internacionales en materia de asilo y defensa de los derechos humanos, el gobierno ecuatoriano ha pasado a negociar abiertamente la entrega de Assange con Estados Unidos y Gran Bretaña, a lo que ha sumado un nivel de espionaje, humillación y hostigamiento que hacen una burla de la institución del asilo, dice el documento, citando diversas y reconocidas fuentes periodísticas que darían cuenta de dichas negociaciones.


El documento se detiene en la salud de Assange. Asegura que ésta podría haber sufrido un daño irreparable y que se ha agravado con las restricciones que la embajada le impuso en marzo del año pasado como castigo por haberse manifestado a favor de la independencia catalana a través de las redes sociales. Adjunta un informe de un médico y de un psicólogo y otro del ex Presidente del Comité contra la Tortura de la ONU, Fernando Mariño, “quien no dudó en calificar como tortura el comportamiento de las autoridades suecas y británicas respecto al Sr. Assange.” La demanda también cita un dictamen del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que condena a Gran Bretaña y Suecia por la detención arbitraria que supone la negativa a entregarle un salvoconducto a Assange para que salga de la embajada sin ser detenido.


Según la demanda ante la CIDH, desde marzo del año pasado el gobierno ecuatoriano cortó todas las comunicaciones del Assange con el mundo exterior. “La embajada instaló cuatro inhibidores, con un total de 22 antenas, que bloquean la cobertura telefónica y la señal de WiFi. Como el Sr. Assange no tiene acceso a la red telefónica de la embajada, la instalación de los inhibidores significó un total bloqueo de acceso telefónico al exterior,” dice la demanda. La embajada también le impuso severas restricciones en su régimen de visitas, incluso con respecto a sus abogados, y en octubre le hizo firmar un protocolo lleno de demandas que van desde la prohibición de hablar en público hasta el cuidado de la higiene de su gato, protocolo que los demandantes consideran absurdo y humillante, escrito con el único fin de preparar el terreno para la expulsión de Assange de la sede diplomática londinense. “El Protocolo desatiende un principio fundamental del asilo, y es que este solo cesa si el riesgo por el que se otorgó termina, no pudiendo cesar arbitraria y unilateralmente por el Estado que brinda la protección, simplemente por la vulneración de irrisorias condiciones dentro de la embajada establecidas en un documento,” escriben Assange y Garzón. “El refugio de Assange en la embajada cada vez se parece más a confinamiento en solitario,” dice la consejera legal de Human Rights Watch, Dinah Pokempner, citada en la demanda.


Al aislamiento total de Assange se suma su pérdida de privacidad, dice el escrito judicial: “El Gobierno de Ecuador habría contratado servicios especializados de seguridad para espiar al Sr. Assange...Además, según afirman los medios internacionales, esta empresa contratada por Ecuador (para espiar a Assange) habría estado reportando a diversas autoridades norteamericanas, concretamente al FBI.” Todo esto pone en grave peligro a la salud física y mental del asilado, afirma la presentación judicial: “también debe señalarse el daño irreparable que puede producirse sobre el estado de salud del Sr. Assange si la situación continúa en este impasse, dada la delicada situación física y psicológica en la que permanece desde hace años, y que se ha visto agravada tras las últimas medidas de aislamiento absoluto tomadas por el gobierno ecuatoriano.”


En concreto, los demandantes le solicitan a la CIDH, además de la medidas cautelares dirigidas a Estados Unidos, que le “indique” al gobierno ecuatoriano que derogue el protocolo, que deje de espiar a Assange y que no proceda con “la entrega del Sr. Assange a cualquier país que no dé garantías de no extradición (nonrefoulement) a Estados Unidos.”


PáginaI12 intentó comunicarse con el Secretario General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador, Andrés Michelena, para conocer la postura de su gobierno, pero no obtuvo respuestas ayer a mensajes grabados en el contestador de su celular. También se intentó conocer la postura del gobierno estadounidense, canalizando un pedido de comentario de la Casa Blanca o el Departamento de Estado a través de la embajada y al cierre de esta edición se aguardaba la respuesta. Asimismo se contactó a WikiLeaks para conocer su reacción a la publicación de la demanda, pero tampoco se obtuvo una contestación. Fuentes cercanas al caso aseguran que un dictamen de la CIDH sobre el caso Assange se conocerá en los próximos días.


@santiodonnell

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Dos hombres rescatados en las últimas horas; 170 personas desaparecieron en el mar.

Tres sobrevivientes contaron a los intérpretes que preferían “morir en el mar antes que quedarse en Libia”. Pasaron al menos 11 horas en la barcaza hasta que empezó a filtrarse el agua y por lo menos tres horas en el agua helada.


El 2019 comenzó con una nueva tragedia en el Mediterráneo. Unas 170 personas desaparecieron en el mar en los últimos días de la semana pasada, según lo contado por los únicos cuatro sobrevivientes. Hay quien acusa ya al gobierno italiano de “genocidio” por sus medidas anti-inmigrantes y amenaza con hacer un nuevo “juicio de Nuremberg” contra el derechista ministro del Interior, Matteo Salvini, donde los nazis fueron procesados por las matanzas de judíos, comunistas y gitanos, entre otros, en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.


Y si en pleno invierno europeo se llegó a este número de muertos en el mar, muchos temen que en los meses venideros y sobre todo cuando se acerque el verano, las cosas puedan agravarse y superar la cifra de 2.262 desaparecidos en el Mediterráneo en 2018, según datos difundidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
De los 170 desaparecidos la semana pasada -las cifras pueden no ser exactas porque las únicas fuentes son los sobrevivientes-, 53 murieron en el Mar de Alborán, entre España y Marruecos, y los otros 117 frente a las costas de Libia desde donde habían partido. El único sobreviviente del primer grupo luchó 24 horas contra el agitado mar del invierno europeo y fue rescatado por un pescador que lo llevó a Marruecos donde está siendo curado. Las naves de socorro marroquíes- y españolas, se informó, realizaron repetidas búsquedas pero no encontraron ningún otro sobreviviente.


Los otros tres sobrevivientes fueron rescatados por una nave de la Marina italiana y llevados a la isla de Lampedusa- la isla más famosa de Italia, no sólo por ser el territorio italiano más cercano a Libia sino por su solidaridad y atención a los naufragados- para ser atendidos. En realidad la barcaza donde estaban los migrantes en un primer momento había sido detectada por un barco de la Guardia Costera de Libia, que teóricamente era la que debía intervenir porque estaba en sus aguas territoriales. Pero, sin hacer el rescate, la autoridad de la nave dijo que tuvo que cambiar ruta y volver al puerto por una avería. Entonces intervino la Marina italiana que con un helicóptero rescató a los tres sobrevivientes. Ellos - uno de Gambia y dos de Ghana- contaron a los intérpretes, según relató la prensa italiana, que preferían “morir en el mar que quedarse en Libia” donde muy posiblemente sufrieron todo tipo de abusos, malos tratos y violaciones como se sabe que ocurre. Contaron que pasaron al menos 11 horas en la barcaza hasta que empezó a filtrarse el agua y al menos tres horas en el agua helada. Muchos de los integrantes del grupo eran de Sudán, un país africano en una difícil situacion política y económica. Viajaban tambien unas 10 mujeres, una de ellas embarazada, y un bebé de unos dos meses. Y la mayoría no llevaba salvavidas, sólo algunos se lo pueden comprar antes de partir porque los traficantes no los dan. “Y fueron muriendo todos ante nuestros ojos a medida que el agua entraba en la barcaza”, dijo uno de sobrevivientes.


Y ayer, otra barcaza con unos 100 migrantes fue avistada cerca de las costas de Libia y estaría en peligro. Pero la Guardia Costera de Libia, que ha recibido millones de euros de ayuda de la Unión Europea para este trabajo y también barcos italianos, y que debería ocuparse, ni siquiera responde al teléfono de la gente que pide ayuda, según denunció ayer la ONG Sea Watch que el sábado, salvó otras 47 personas en el Mediterráneo.


La situación de los miles de migrantes y refugiados que tratan de llegar a Europa, sobre todo de Africa, ya fue grave en 2018. Y no sólo porque el gobierno italiano, controlado por el derechista ministro Salvini, impuso el cierre de los puertos a los barcos con migrantes diciendo que Europa se tenía que hacer cargo, sino además porque varios de los barcos de rescate de las ONG que navegaban hasta hace algunos meses en el Mediterráneo, como el de Médicos Sin Fronteras, decidieron retirarse a causa de los repetidos obstáculos puestos por Salvini que, entre otras cosas, las acusa de ser cómplices de los traficantes.


El ministro se elogia a sí mismo porque el número de migrantes llegados a Italia bajó (de 119.247 en 2017 a 23.371 en 2018), pero nunca habla de los muertos. Con las cifras a la mano, Acnur llegó a la conclusión de que en 2018 murieron en el mar uno de cada 18 migrantes que realmente llegaron a Italia. En Grecia en cambio, el año pasado se produjo un muerto cada 165 llegadas y en España un muerto cada 73 llegadas.


Para Filippo Grandi, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, “no podemos cerrar los ojos frente al alto número de muertos en el Mediterráneo. Ningún esfuerzo debe ser limitado cuando se trata de salvar vidas que están en peligro en el mar”. La organización de Naciones Unidas hizo además un llamamiento a los estados para que sean revocadas todas las medidas que impiden el accionar en el mar de las ONG y pide a Europa que abra vías legales para los que piden asilo, que escapan de guerras o persecusiones, y así limitar el tráfico de seres humanos.


Curiosamente, la ministra de Defensa italiana, Elisabetta Trenta, manifestó su dolor frente al caso. “El más profundo dolor por el naufragio en el que han perdido la vida más de 100 personas en el Mediterráneo. Europa no puede seguir sólo mirando”, escribió su Twitter. El gobierno italiano, y particularmente Salvini, acusan a Europa precisamente de lavarse las manos frente a los migrantes que llegan principalmente a Italia, Grecia y España. Pero Grecia y sobre todo España, no han cerrado sus puertos como en cambio decidió Salvini.
Mientras en Milán (norte de Italia) el sábado se dieron cita y desfilaron por las calles los militantes de la ultraderechista Forza Nuova que pedía devolver los migrantes a sus países de origen y “casa y trabajo sólo para los italianos”, en Sicilia, el alcalde progresista de Palermo, Leoluca Orlando, habló de un genocidio. “Continúa el genocidio y digo al ministro Salvini: se hará un segundo proceso de Nuremberg y él no podrá decir que no lo sabía”, como argumentaron en aquel momento muchos nazis cuando se los acusaba por los campos de concentración y las matanzas.


Contra Salvini y la política migratoria del gobierno se levantaron en estos días numerosos diputados y senadores progresistas, entre ellos la ex presidenta de la Cámara de Diputados con una larga experiencia precedente en Acnur, diputada Laura Boldrini. “Estamos en una situación de emergencia a nivel de seguridad en varias ciudades italianas, pero el ministro Salvini tiene sólo una cosa en su cabeza: los migrantes. Porque ellos son la ‘gallina de los huevos de oro’ para él. Sin este argumento, Salvini no sería ministro”, dijo.

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Campos hacinados, sucios y sin medicamentos

De a diez en un contenedor, casi sin agua corriente ni sanidad, con chicos solos y sobrevivientes de la tortura sin atención, la situación en los campos genera enfermedades, desesperación y violencia entre las víctimas.

Cientos de mujeres embarazadas, niños no acompañados y sobrevivientes de tortura están “abandonados” en los campos de refugiados en Grecia, dijo Oxfam. El informe de la organización caritativa descubrió que varias madres habían regresado del hospital a vivir en tiendas de campaña cuatro días después de dar a luz por cesárea, y sobrevivientes de violencia sexual y otras experiencias traumáticas se habían agrupado junto con otros refugiados en Moria, un campamento en Lesbos donde las peleas estallan regularmente y alrededor de dos tercios de los residentes dicen que nunca se sienten seguros.

Los refugiados vulnerables “se enfrentan con mayor frecuencia a un hacinamiento severo”, dijo Renata Rendón, jefa de misión de Oxfam en Grecia al diario británico The Independent. “Durante gran parte del año, Moria y otros centros de la Unión Europea en las islas griegas duplicaron su capacidad. Muy a menudo, las personas vulnerables se amontonan en un contenedor si tienen suerte, una tienda improvisada si no, con un máximo de nueve o diez o aun más personas”.


Rendón dijo que los que están en los campamentos “a menudo carecen de suficiente acceso al agua, sanitarios e higiene”, y muchos informan sentirse inseguros. “La gente está en estos campamentos durante largos períodos de tiempo, carecen de información, de intérpretes, por lo que a menudo se sienten muy frustrados, lo que puede llevar a la violencia dentro del campamento”.


Los refugiados también carecen de acceso a la atención médica, lo que según Rendón es “uno de los grandes problemas que surge cuando estamos hablando de la identificación de personas vulnerables en particular”. Los refugiados no tiene acceso a atención médica, lo que, según Rendón, es “uno de los grandes problemas que surgen cuando estamos hablando de la identificación de personas vulnerables en particular”.


El informe atribuyó la falta crónica de personal y los procesos de selección defectuosos por la falla del sistema destinado a identificar y proteger a los solicitantes de asilo más vulnerables. Como resultado, cientos de los refugiados más vulnerables han sido expulsados y obligados a vivir en Moria, el campamento de la Unión Europea utilizado para registrar y procesar nuevas solicitudes de asilo, que está a casi el doble de su capacidad. “Las condiciones a menudo son peligrosamente superpobladas, escuálidas, antihigiénicas e inseguras para las personas que ya están sufriendo experiencias muy traumáticas, a veces enfermedades de salud mental, a veces discapacidades físicas”, dijo Rendón.


Solo hubo un médico del campamento designado por el gobierno en Lesbos responsable de examinar a aproximadamente 2000 recién llegados cada mes durante gran parte de 2018, señaló el informe, y las evaluaciones médicas se detuvieron en noviembre cuando el médico renunció. El informe encontró una tendencia “particularmente preocupante” de que los adolescentes y sobrevivientes de torturas fueran detenidos después de que las autoridades no los reconocieran como vulnerables.


“Hay personas de 28 nacionalidades diferentes que a menudo son detenidas inmediatamente después de su llegada, esencialmente debido a su nacionalidad”, dijo Rendón. “Estas personas son detenidas antes de tener la oportunidad de tramitar su solicitud de asilo, antes de que se revise su solicitud de asilo, y el gran problema aquí es que una vez que se son detenidas es mucho más difícil acceder a servicios que ya son difíciles de acceder para personas que no están detenidas”.


Los detenidos son “a menudo retenidos en espacios pequeños con muchos otros jóvenes en condiciones de hacinamiento”, agregó. “Sabemos que la experiencia de la detención puede ser muy traumática, especialmente para las personas que son vulnerables y no han sido identificadas como tales”.


Un solicitante de asilo de 28 años de Camerún fue encerrado durante cinco meses por su nacionalidad a pesar de sus graves problemas de salud mental. El informe dice que nadie verificó su salud física y mental antes de que lo detuvieran, y que no vio a un psicólogo durante un mes. “Teníamos solo dos horas al día cuando se nos permitía salir del contenedor”, dijo. “El resto del tiempo uno está sentado en un espacio pequeño con otros 15 hombres que tienen sus propios problemas”.


Las condiciones en el campamento han disminuido a medida que el invierno trajo fuertes lluvias a Lesbos. Se pronostica que la temperatura durante la próxima semana descenderá y podría nevar. Oxfam está pidiendo al gobierno griego y a los estados miembros de la Unión que desplieguen más médicos y psicólogos y corrijan el sistema de detección “para que las personas vulnerables no caigan por las grietas”, dijo Rendón. La organización benéfica dijo que más personas que buscan asilo deberían ser transferidas a la Grecia continental de manera regular, especialmente a aquellos que son vulnerables.


“Estas circunstancias continuarán hasta que haya un esquema de responsabilidad compartida más justo”, agregó Rendón, “por lo que estamos pidiendo a los estados miembros de la Unión que compartan la responsabilidad de recibir a los solicitantes de asilo”.


Samuel Osborne. De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.

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Lunes, 10 Septiembre 2018 07:28

La ultraderecha de Suecia gana fuerza

La ultraderecha de Suecia gana fuerza

El filósofo Claudio Tamburrini explica que la extrema derecha se presenta como anti-establishment y tiene particular aceptación entre grupos marginados que están fuera del mercado de trabajo o en una situación laboral insegura. 

El ascenso irresistible de un partido neonazi en Suecia, Demócratas de Suecia (DS) de Jimmie Akesson, confirma una tendencia europea. Que hay un corrimiento hacia fuerzas electorales de ultraderecha como en Austria, Hungría y Noruega donde gobiernan fuerzas semejantes con o sin aliados conservadores. En varios países han instalado una agenda antiinmigrante, contraria a la UE y cuya retórica es de mano dura. El DS sueco tuvo que aggiornarse en su liturgia de la que extirpó la simbología xenófoba, los uniformes militares y los desfiles a paso marcial con los que había nacido en febrero de 1988. Por eso recién llegó al Parlamento en 2010, duplicó con holgura su caudal de votos en 2014 y en las elecciones de ayer salió fortalecido (ver aparte). Su líder es un hombre de 39 años, ex diseñador de páginas web, aficionado al heavy metal y con una trayectoria política extensa. Con 19 años se convirtió en concejal en el Ayuntamiento de Sölvesborg y escaló posiciones en los curiosamente llamados Demócratas de Suecia (en su lengua Sverigedemokraterna) que llegaron para quedarse. Un dato lo corrobora. Lograron meterse en el corazón de la Central Única de Trabajadores, histórico bastión de la socialdemocracia. Antes de la elección, una encuesta señalaba que habían conseguido un 20 por ciento de adhesión en el movimiento obrero organizado.


Akesson tiene instinto de supervivencia. Abjuró de los más extremistas de su partido. Se sacó de encima a la rama juvenil del DS que formó Alternativa para Suecia, el 5 de marzo de este año. Su presidente Gustav Kasselstrand cree que su ex compañero es un moderado. Esta escisión le hubiera costado el ingreso al Congreso antes de 2010, cuando los Demócratas eran apenas testimoniales, ya que no alcanzaban el 4 por ciento de piso para ser una fuerza parlamentaria. A partir de esa elección sacaron el 5,07 por ciento, y en 2014 dieron el gran salto con el 12,86. Ahora está a la vista que no se detuvieron en su ascenso.


Una explicación sobre su crecimiento la acerca el filósofo argentino Claudio Tamburrini, exiliado en Suecia después de que se fugara del centro clandestino de detención Mansión Seré en 1978, durante la última dictadura. Llegó a ese país al año siguiente, curiosamente cuando nacía Akesson. “Hay una investigación” –le cuenta a PáginaI12– “que hicieron tres académicos de Ciencias Políticas, Olle Folke, Torsten Persson y Johanna Rickne y cuyos resultados son que el DS ha tenido particular aceptación entre grupos marginados y/o fuera del mercado laboral (denominados outsiders) y entre otros que, aun teniendo trabajo se encuentran en una situación económica y laboral insegura (llamados insiders). Los dos fueron particularmente afectados por el gobierno de centroderecha en 2006 que hizo recortes en el sistema de seguridad social y también por la crisis financiera mundial del 2008”.


Tamburrini agrega que “el DS ha reclutado sus políticos y representantes en aquellos dos grupos en mucha mayor medida que los demás partidos. Estos factores hacen que su fuerza sea vista como anti-establishment y de hecho así se presenta. De la misma forma que lo hiciera Trump en Estados Unidos, ya que sus votantes provienen en gran parte de grupos desfavorecidos por la globalización y la incapacidad del Estado de bienestar de resolver problemas sociales y económicos acuciantes que los afectan. A ellos les es más fácil identificarse con políticos que provienen de esos mismos grupos. Y los consideran, por esa razón, más confiables”.


La cosmética a que apeló el partido antiinmigrante también influyó para ganar nuevas audiencias. Tenía un símbolo que era la llama con los colores suecos, que lo emparentaba con el Frente Nacional francés de Marine Le Pen y el MSI italiano de Matteo Salvini. En su lugar ahora hay una bandera con flores amarillas sobre fondo azul. Los colores de la bandera de Suecia. Los mismos que Akkeson cuando niño –según confesó en una entrevista de 1999– quería utilizar porque “siempre fui nacionalista. De chico me negaba a jugar al hockey de mesa si no me dejaban controlar a los jugadores azules y amarillos”.


Si Suecia era el país de Escandinavia más virgen de xenofobia y contrario al Islam en términos de representación electoral, ésa época terminó. Ahora sigue el camino de sus vecinos como el Partido del Progreso noruego, los Verdaderos Finlandeses y el Partido Popular Danés. El DS tampoco puede ocultar su pasado. Nació de un embrión neonazi llamado Mantén sueca a Suecia. Todavía circula un video donde dos diputados del partido intentan agredir a un grupo de inmigrantes en Estocolmo o entrevistas a sus miembros donde cuestionan a musulmanes, judíos y lapones. Hasta el mismo Akkeson perdió la chaveta en una entrevista que le hizo un programa satírico de la radio pública P3, a la que calificó de “mierda”, “liberal-izquierdista” y pidió por su cierre.


Hay algo que emerge en Suecia desde los años 90 y es el descontento con un estado de bienestar que ya no es eficiente para resolver problemas sociales. Tamburrini menciona “el empeoramiento de las escuelas públicas, las colas en el servicio de salud –también público– que muchas veces conduce a que individuos mueran por enfermedades graves antes de recibir tratamientos, el desmejoramiento de las condiciones económicas de jubilados y pensionados o un nuevo tipo de conflictos sociales que acompañó a la inmigración de las últimas décadas: zonas en ciudades suecas controladas por patriarcas de comunidades inmigradas que censuran y reprimen a sus mujeres si éstas no viven de conformidad con los hábitos y costumbres de las sociedades originarias, zonas donde se queman masivamente vehículos y donde la policía y los servicios de emergencia temen entrar. Es decir, lo que se ha dado en llamar ‘sociedades paralelas’ dentro de la sociedad sueca”.


Akesson enjuagó sus ideas en público y hasta criticó al nazismo para ganar una porción más moderada del electorado. Vaya que lo consiguió. Dijo que era “una ideología antidemocrática, socialista, racista, imperialista, internacionalista y violenta”. Para Tamburrini “la posibilidad de poder frenar el avance de estos sectores políticos dependería mayormente del éxito de la política económico-social. De no resolver el Estado de bienestar los problemas sociales que se han ido ahondando en el mundo a partir de la globalización, existe un riesgo inminente de que el futuro de muchos de estos países sea neofacista”. Como en Suecia, donde el icónico modelo socialdemócrata de prosperidad ya no es lo que era hasta los años 80.
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Redes solidarias en Grecia ante la xenofobia europea

En la isla de Quíos,1800 refugiados sobreviven gracias al trabajo voluntario mientras Europa construye nuevos centros de detención.

 Desde Isla de Quíos

En Grecia es la ciudadanía quien sigue buscando soluciones para una situación que la desborda y ante la cual las autoridades dan sistemáticamente la espalda. A solo 7 kilómetros de la costa turca, la isla de Quíos es un popular destino para turistas pero también para las precarias embarcaciones despachadas por las mafias con centenares de personas desesperadas por cruzar a Europa. En el verano de 2015, cuando la gran ola migratoria llegó a las costas del Mar Egeo, una media de 30 botes al día atracaban en Quíos. Luego la afluencia disminuyó con el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Turquía –en marzo del 2016– para la deportación a este país de quienes entraran de forma irregular a las islas griegas a cambio de 6.000 millones de euros para el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Pero, pese a que el “acuerdo de la vergüenza” redujo –según datos de la Agencia de fronteras de la UE (Frontex)– en un 80% la llegada de migrantes con respecto al 2017, cientos de personas siguen desembarcando en las islas del Egeo, donde más de 13 mil refugiados malviven atrapados en campos de “recepción” con capacidad para 6300.


Quíos es uno de los llamados “hotspots”, es decir que dispone de instalaciones oficiales para el alojamiento y registro de quienes llegan en busca de asilo. El campo de Vial, en el interior de la isla, acoge a 1850 personas- aunque está preparado para 900- y es ahora, junto con los pisos de Acnur que alojan a alrededor de 500 personas, el único espacio reservado para los refugiados luego del cierre de otro campo –Souda– que se ubicaba en las afueras de la ciudad de Quíos. Gestionado por el Ejército y el gobierno heleno, el centro de detención Vial es una inmensa superficie blindada por alambre de púa que esconde del mundo cientos de contenedores y miles de carpas superpobladas por gente sometida a la miseria y la desesperanza.


El laberinto burocrático en el que entran los solicitantes de asilo al pisar suelo europeo los atrapa por tiempo indeterminado, con causas indeterminadas. Por eso el punto de información del campo colapsa cada mañana, con cientos de personas abalanzándose sobre sus ventanillas en busca de respuestas. “Why am I here?” es el grafiti más repetido en las paredes de Vial. “Para algunas nacionalidades, como la siria, el proceso es incluso más lento que para el resto: hasta 18 meses están tardando en dar la entrevista con la Oficina Europea de Asilo, lo cual es solo el primer paso”, alertan Zoe y Sonya, abogadas de la organización Choose Humanity que brinda asesoramiento jurídico gratuito para los refugiados en Quíos. “Después de la primera entrevista, a algunos los deportan a Turquía y a otros nos mandan a una segunda cita con el Servicio Griego de Asilo para empezar los trámites, que duran un promedio de dos años”, explica por su parte Ali, un joven de Irán que llegó a Quíos en 2016 después de pagar 6 mil euros a un traficante y ahora, tras su paso por los campos de Souda y de Vial –que describe como “el infierno”– viaja a Atenas con el ansiado papel azul que lo autoriza a salir de la isla.


Las personas en busca de asilo no solo siguen llegando –y lo seguirán haciendo mientras las guerras no se detengan– sino que, forzados en la mayoría de los casos, se quedan. Migrantes y locales coinciden en que la situación no solo no se alivió a lo largo de estos tres años –como insisten en afirmar desde la UE– sino que está visiblemente peor a causa del bloqueo en las islas provocado por el pacto con Turquía y la inacción gubernamental. “Yo entiendo que cuando esto empezó nadie estuviera preparado para afrontarlo correctamente pero ahora, tres años después,
¿cómo es posible que todavía tengamos gente durmiendo en carpas?”, se pregunta, indignada, Toula, fundadora de CERST, uno de los mayores grupos de ayuda de la isla.


“Todo esto cayó en medio de nuestra peor crisis económica, el gobierno griego no se pudo hacer cargo. No espero nada de ellos”, admite esta mujer de Quíos que decidió, ante la inacción de las instituciones, tomar las riendas del asunto. “No solo ellos no nos ayudan sino que somos nosotros quienes los ayudamos a ellos. La Administración no tiene nada y espera todo de los voluntarios”, explica. Chios Eastern Shore Response Team (Cerst) es el nombre que Toula y sus entonces pocos compañeros de misión eligieron para dar entidad formal a algo que, en su origen, no lo tenía en absoluto. Lo que ahora es una organización con tres espacios diferentes de trabajo y un promedio de veinte voluntarios por semana, al empezar era ayuda espontánea de isleños que, como dice Toula, actuaban “de corazón”. Esta mujer de 43 años dormía cuando escuchó gente gritando y niños llorando, salió a ver qué pasaba y se encontró con la nueva realidad de la isla. Abrió tres habitaciones del hotel que regenta en un pequeño pueblo del sur de Quíos y allí los alojó. “Les di lo que tenía, al igual que todos los locales, yo no hice nada extraordinario”, matiza Toula. Era octubre de 2015, tres meses más tarde de las primeras llegadas masivas de migrantes, cuando el frenesí de la temporada turística se calmaba y en Quíos la gente empezaba a entender que algo grave sucedía en la isla, en el mundo.


Facebook fue el gran empujón para los locales que corrían de punta a punta de la costa atendiendo con ropa, comida y agua a los tripulantes de los endebles botes. Gracias a la red social, los isleños pasaron de estar solos frente a la emergencia, a estar apoyados por cientos de personas de todo el mundo; y de la ayuda espontánea, pasaron a la organización. En enero de 2016 Toula finalmente fundó Cerst y otras ONG se instalaron en Quíos, creando una red de cooperación que a día de hoy persiste. El trabajo en ese momento consistía en la distribución de ropa y comida proveniente de donaciones, pero luego el equipo amplió su tarea a la enseñanza de lenguas, el cuidado de niños, la higiene y la asistencia en los desembarcos.


En el interior de la isla, a una media hora a pie del campo de Vial, una hermosa casona de piedra alberga el Centro de idiomas, donde un promedio de sesenta personas asiste cada día a clases de griego, francés, inglés y alemán. Los profesores son voluntarios que se comprometen a una estancia mínima de dos meses para garantizar el seguimiento de los alumnos y el espacio también cuenta con una cocina, una biblioteca con servicio de préstamo y una acogedora sala de lectura. Muy cerca de allí, rodeado de campos de papas y olivos, Cerst estableció Hope, un espacio para dotar a los habitantes del campo oficial de duchas, ropa limpia y peluquería, a la vez que un área de juegos y merienda para los chicos. El predio de Vial dispone de 25 duchas para las 1700 personas allí alojadas y 1,5 litro de agua para beber por día, a temperaturas que rozan los 35 grados. “Las condiciones en el campo son espantosas, la comida que nos dan nos cae mal, todo está lleno de basura y hace muchísimo calor”, denuncia Mohammed, mientras espera que su mujer y su hija acaben de arreglarse en Hope. “También es insuficiente la asistencia sanitaria, los médicos pagados por el Estado no dan abasto y a mí, por ejemplo, me hicieron esperar cuatro horas con una quemadura de primer grado en el brazo”, relata este hombre sirio que lleva seis meses en el campo de Quíos. Otra área fundamental en la labor de este equipo es la asistencia en los desembarcos que, cuando el viento es leve, pueden ser diarios. Cuando un bote llega a la costa, la policía le avisa a Salvamento Marítimo Humanitario –organización vasca que socorre voluntariamente desde 2015 en los rescates– y ellos a Cerst, que cuenta con una caseta en el puerto preparada para atender a las personas que llegan generalmente en medio de la noche, con hambre y frío. “Lo primero es que un traductor les explique lo que está pasando y quiénes somos nosotros. Luego les preparamos un pack de ropa, comida y agua a cada uno o los atendemos en caso de hipotermia”, explica Ruben, coordinador del equipo, durante el entrenamiento a los nuevos voluntarios.


Aunque mayoritariamente la población de Quíos respondió con solidaridad al desatarse la crisis humanitaria, hay grupos que también se muestran furiosos ante la llegada de inmigrantes, sobre todo a partir del acuerdo entre la UE y Turquía, que los bloquea en la isla por tiempo indeterminado. A pocos metros de la entrada del campo de Vial, un grupo de locales puso un puesto con las fotos de los grandes líderes europeos diciendo “no los queremos” y el objetivo de impedir al gobierno la entrada de nuevos containers para albergar a más refugiados. La idea es hacer turnos y cubrir las 24 horas, los siete días de la semana, amparándose en que no es legal la zona exterior del campo donde se encuentra la mayoría de las carpas y, por consiguiente, en que están en su pleno derecho. Pese a esto, existen todavía en Quíos mucha gente que no se doblega y, además del ejemplo de Toula otras personas persisten en su labor solidaria. Kostas es el dueño de un restaurante a primera línea de playa que también salió en su día al rescate de las barcas que llegaban de a cientos y que luego en febrero del 2016, cuando se conformó el campo de Souda en la capital de la isla, creó una cocina en la que preparaban 1500 raciones de sopa al día para repartir gratuitamente entre sus pobladores. En la actualidad, la comida en el campo oficial corre a cargo del Ejército pero Kostas sigue alimentando a los voluntarios de tres organizaciones humanitarias, un centro de menores no acompañados y a los locales sin recursos, “porque no nos olvidamos de toda la gente griega que también pasa graves necesidades”, apunta Kostas, remarcando la severa crisis económica que su país todavía padece.


“Si los voluntarios no hubieran venido a Quíos y Lesbos, las cosas serían ahora todavía mucho peores. Estoy muy contenta y orgullosa”, recalca la fundadora de Cerst. Jóvenes que en sus países de origen trabajan en ONG o participan desde hace tiempo en diferentes proyectos humanitarios, profesionales que abandonan temporalmente sus oficinas, estudiantes que- desde Singapur hasta Toronto- son conscientes del injusto trato que reciben en Europa las personas que huyen de la barbarie, jubilados que brindan su experiencia para detectar los fallos de la inexperiencia y buscar nuevas soluciones... Voluntarios de todas las edades y procedencias dan lo mejor de sí para intentar que la crueldad no sea tanta. “A mi padre le pasó lo mismo, él se tuvo que ir a Australia porque no tenía ni para comer. Se fue sin zapatos en barco. Por eso entiendo lo que está pasando, no es algo nuevo”, recuerda Toula. Lo que, en todo caso, no vivieron los millones de migrantes europeos en América u Oceanía es el cierre sistemático de fronteras y el desprecio que la Unión Europea muestra hacia quienes llegan de países devastados, ratificado esta semana en la cumbre de los 28 en Bruselas.

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"En Colombia no vivimos, sobrevivimos con mucho miedo a ser asesinados"

Edilberto Daza y Silvia Berrocal, dos defensores de los derechos humanos en Colombia acogidos temporalmente en Catalunya, explican los peligros de denunciar los abusos en su país, critican la falta de protección por parte del Estado y denuncian el aumento de asesinatos de líderes comunales desde que las FARC dejaron las armas. "En Colombia no vivimos, sobrevivimos con mucho miedo", afirma

Madrid

“Desde el último día que estuve en Colombia hasta ahora he tenido una tranquilidad enorme. Sin ese miedo a que te puedan matar. Allí, en el día a día no se vive, se sobrevive con mucho miedo, es una zozobra enorme. No eres tú misma. Para salir de casa tienes que mirar a todos los sitios, tienes que identificar a cualquier persona que te cruzas. A veces sientes que te van a disparar por la espalda”. Silvia Irene Berrocal, colombiana de 62 años, lleva casi seis meses acogida temporalmente en España gracias al Programa Catalán de Protección a Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, gestionado por la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado.


El programa es un paréntesis de seis meses en un día a día aterrador en el que los acogidos reciben formación y atención psicosocial ante de regresar de nuevo a su país de origen, donde su papel en la defensa de los derechos y en la denuncia pública de las violaciones muy a menudo les cuesta la vida. Los líderes comunitarios como Berrocal, miembro de la Fundación Forjando Futuros e impulsora de la Corporación de víctimas sobrevivientes del conflicto en Urabá-Visionando la Paz (COMUPAZ), siempre han sido un “objetivo militar” para los grupos insurgentes y paramilitares colombianos, pero la sangría no ha hecho más que crecer desde que uno de los actores armados, la guerrilla de la FARC, dejó la actividad armada. Razón por la que los colombianos son la tercera nacionalidad, por detrás de venezolanos y sirios, que más solicita asilo en España.


“Para el Estado colombiano la situación se ha tranquilizado. Ya no está en guerra con las FARC. Pero para nosotros la cosa se ha puesto bastante peor”, asegura Edilberto Daza, de 51 años, el otro líder comunitario acogido bajo el programa catalán este año. “En los 16 meses que lleva en marcha el proceso de paz ya han sido asesinados más de 225 líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos. Además de 36 excombatientes de las FARC que entregaron las armas y familiares de ellos”, describe este líder campesino de los departamentos de Meta y Guaviare. Es dirigente de la Fundación DHOC y la Asociación Campesina de Medianos y Pequeños Productores del Río Cafre (AgroguejarCafre). A sus espaldas, 35 años de denuncia y defensa de los campesinos ante el robo de tierras por los “grandes terratenientes y sus paramilitares”.


No es una percepción suya. La Defensoría del Pueblo de Colombia ha llamado la atención sobre el aumento de estos asesinatos selectivos. Desde 2016 hasta febrero de 2018, 282 líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos han sido asesinados, según este organismo público. El programa Somos Defensores, que presenta anualmente el informe más detallado, documentó que en 2017 murieron de forma violenta 106 líderes sociales, “uno cada tres días”.


Entre los verdugos, siempre grupos paramilitares vinculados al narcotráfico, la guerrilla del ELN, el propio Ejército nacional y los grupos disidentes de las FARC que no se desmovilizaron.


Víctimas también del Estado


Berrocal y Daza siguen vivos, pero amenazados de muerte. Y ambos se siente víctimas, además, de una Estado que apenas les ofrece protección y que ni siquiera se toma en serio su problema, afirman. “Dicen que ya no hay paramilitares en Colombia, que los defensores mueren por disputas personas o por líos de faldas”, asegura Berrocal, que también denuncia la permeabilidad de las instituciones del Estado que, supuestamente, deben garantizar su seguridad. “Cuando denunciamos abusos, crímenes o amenazas, ya sea a la Fiscalía, a la Policía o a la Defensoría del Pueblo, ellos saben quién denuncia y a quién se denuncia. La Justicia trabaja con ellos. Por eso asesinan a muchos, porque en cuanto se hace una denunciad, se informa a los paramilitares”, lamenta.


Berrocal es, en realidad, una “doble víctima”. Su hijo de 16 años fue uno de los 35 asesinados por un comando de las FARC en 1994. Aquella matanza se conoce como la masacre de La Chinita, un barrio obrero de San José de Apartadó (Antioquia) donde los guerrilleros dispararon indiscriminadamente durante una verbena popular. Su objetivo, al parecer, eran algunos exguerrilleros del Ejército Popular de Liberación, un grupo armado que se disolvió en 1991 y que se convirtió en objetivo de las FARC. “Pasé un tiempo de duelo, pero una no puede quedarse para siempre instalada en la pena. Tiene que hacer algo, por ella misma y por los que están su misma situación”, subraya.


Así comenzó a organizarse hasta que logró que el Gobierno declara ese barrio como barrio “sujeto de reparación colectiva”. Pero Berrocal no se quedó ahí. Ella quiere la paz en su país, y no tuvo reparos en abrazar en público a los asesinos de su hijo para conseguirlo. En 2016, participó en las negociaciones de La Habana entre el Gobierno y las FARC para lograr, en nombre de su organización, que la guerrilla reconociera el crimen, entonara el mea culpa y pidiera perdón a las víctimas. Lo consiguió, pero aquella foto del acto público entre los líderes de la guerrilla la colocó en el saco de quienes apoyan el proceso de paz, de quienes “apoyan a los terroristas, dice la ultraderecha”, critica. “Lo que hicimos fue un proceso de reconciliación para que dejaran de disparar muchos fusiles en Colombia. Y eso, a los paramilitares no les gustó porque ellos son los menos interesados en que haya paz. Me convirtieron en objetivo militar y recibo amenazas de muerte”, explica. Se las toma en serio porque ya ha visto morir a algunas compañeras de lucha. Su compañero Daza lo confirma. "Por apoyar el proceso de paz somos objetivos de los paramilitares, estamos amenazados de muertes".


El uribismo, tras los paramilitares


"El paramilitarismo ha vivido de la guerra y la guerra es un negocio que tiene que continuar para que siga en el poder la misma clase política”, asevera la defensora de Derechos Humanos. Lo mismo opina su compañero Daza, que apunta al expresidente Álvaro Uribe y a su sector político como “jefe de los paramilitares y del narcotráfico en Colombia”.
“Durante su gobierno, los grupos paramilitares se desmovilizaron, pero en realidad lo que hicieron fue legalizarlos porque siguen extorsionando, robando tierras a los campesinos y haciendo negocios del narcotráfico. El paramilitarismo es un brazo armado del Estado que hace el trabajo sucio de matar a los dirigentes comunales que reclaman sus tierras y sus derechos. Son sostenidos por el Estado para que cuiden de sus intereses”, relata.


Para Daza no es casualidad que Uribe sea el “mayor terrateniente” del país. “Él y su familia tienen más de 15.000 hectáreas solo en la región del Meta, tienen más de 100.000 hectáreas de cultivo de palma, tiene las mayores industrias de carne de cerdo del país y controla el negocio de la recogida y gestión de basuras, además de estar inmerso en numerosos procesos judiciales. Necesita que su gente siga en el poder para no acabar en la cárcel”, asevera.
El secuestro de Daza


La prueba de que el Estado y los paramilitares son, en muchas ocasiones, dos caras de la misma moneda la vio este dirigente campesino con sus propios ojos. “En 2005 mi organización apoyó un gran paro agrario ante el robo de tierras de cultivo por los paramilitares y los terratenientes en la región del Meta. Nos organizamos como colectivo, registramos la asociación y comenzamos a denunciar con nombre y apellidos quién estaba detrás de los saqueos, asesinatos de campesinos y violaciones de sus mujeres para que se fueran de las tierras. En 2007 fui secuestrado por un grupo paramilitar. Me iban a matar, pero la casualidad fue que encontraron mi carnet de acción comunal, así que me llevaron ante el comandante paramilitar para ver qué hacían conmigo”.


Ese comandante resultó ser un antiguo campesino que Daza conocía de años atrás. “Me reconoció y me dejó libre, pero antes me dijo que teníamos que hablar con su comandante. Cuando me llevó ante él resultó que su jefe era un teniente del Ejército colombiano”. Su confusión era enorme. “Estaban juntos. ¿A quién estábamos denunciando entonces, a los paramilitares o al Estado?”, se preguntaba. “Aquí nos toca trabajar coordinados”, asegura que le dijo el teniente. El consejo que le dio el jefe paramilitar fue claro. “O se marcha o es hombre muerto. Las órdenes son matarle. Yo te conocía, pero habrá otro comandante que no”, le apercibieron.


Fue entonces cuando le tocó desplazarse de su región natal. Ahora, como verificador de la implementación de los acuerdos de paz, ha vuelto a trabajar en las regiones, pero ya ha sufrido un intento de atentado y múltiples amenazadas. “Por SMS, por e-mail, por teléfono, por Whatapp. Así así todos los días”, relata.
Critican la falta de medidas de seguridad por parte del Estado, pero también que, "cuando son los mismos campesinos los que localizan y retienen a paramilitares armados, que han confesado que venían a matar campesinos, la justicia les deja libres a los pocos días". "No podemos confiar en nadie", afirma.


En pleno periodo electoral en Colombia, estos dos defensores de Derechos Humanos confían poco en que “un país tan corrupto y tramposo” pueda cambiar de la noche a la mañana. Sólo piden que su situación se conozca, que se sepa que en Colombia, los Derechos Humanos son vulnerados cada día y que la comunidad internacional sepa lo que ocurre. También albergan la esperanza de que el uribismo no gane las elecciones. “Lo único que tenemos es un proceso de paz. Falta mucho para que se cumpla del todo, pero es más que lo que había antes. Si Iván Duque sale presidente ya han avisado de que no van a seguir adelante con los acuerdos”, advierte Berrocal.

 

06/04/2018 20:21 Actualizado: 07/04/2018 06:30
jairo vargas
@JairoExtre

Publicado enColombia
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