La inminente guerra del agua entre Egipto, Etiopía y Sudán

Una batalla por los recursos hídricos

 

Después de casi una década de negociaciones con Etiopía el mes pasado los gobiernos de Egipto y Sudán llevaron su disputa sobre la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD, por sus siglas en inglés) al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). Addis Abeba declaró que comenzarían a llenar la presa en julio, a pesar de poner en peligro la vida de 150 millones de egipcios y sudaneses. Como resultado de esta declaración, se celebró una sesión del Consejo de Seguridad a finales de junio, donde los estados miembros africanos, incluyendo a Sudáfrica -actual presidente de la Unión Africana y un miembro no permanente del CSNU-, solicitaron tiempo para abordar la disputa. No obstante, Addis Abeba quiere que la ONU se mantenga al margen y que sea la Unión Africana quien tome la iniciativa. A finales de junio, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto exhortó al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar una resolución para ayudar a resolver la disputa sobre la presa hidroeléctrica.

Esta es la situación. El Nilo, una línea de vida para los diez países que atraviesa, suministra agua y electricidad a Sudán y Egipto. Más arriba, aproximadamente a 30 km de la frontera sudanesa, Etiopía está construyendo la gran presa (GERD) que afectará al agua que reciben Sudán y Egipto. Cuando la terminen, será el proyecto hidroeléctrico más grande de África, siendo la compañía de energía eléctrica de Etiopía, su propietaria y operadora. La presa de gravedad, con torres de hormigón de 145 m de altura, inundará una extensión de 1.874 km2 en un embalse a 640 m de altura, y tendrá un área de captación de 172.250 km2. La presa tiene un volumen de 74.000 millones de m3 de agua (mmc) -de los cuales 14.800 millones son de almacenamiento no activo-, y puede contener aproximadamente el 1,6 del caudal promedio del Nilo Azul al año (48.500 millones de m3 / año), según la estación de medición El Diem, que está justo debajo, al inicio de la frontera con Sudán.

Los principales protagonistas se mantienen firmes en sus posiciones. El Cairo ve esta presa como una amenaza para su seguridad internacional y Sudán teme el impacto negativo para su población. Aunque los países habían acordado que cuando el flujo de agua del Nilo hacia la presa caiga por debajo de 35-40.000 mmc (millones de metros cúbicos), lo que constituiría una sequía, Etiopía no tendría la obligación de reducir sus operaciones en la GERD, Egipto ha lanzado recientemente una advertencia de que la GERD, si se llena con agua del Nilo Azul, comprometerá el futuro de 150 millones de personas en Egipto y Sudán. Se espera que la construcción de la gigantesca central hidroeléctrica de 4.800 millones de dólares (4.300 millones de euros), que comenzó en 2010, se complete en 2022. Según las autoridades de Addis Abeba, estaba programado llenarla para julio.

Dado que la GERD tiene un embalse del tamaño del Gran Londres, no es difícil predecir que esa inmensa retención de agua supone una «amenaza existencial» a la seguridad y el bienestar del agua en Egipto y Sudán. Debido a esta situación, tanto Sudán como Egipto han implorado al Consejo de Seguridad de la ONU que intervenga ante la previsión de que la falta de intervención probablemente pueda llevar a un conflicto. La apelación ante el CSNU se enmarca en el Artículo 35 de la Carta de la ONU, que autoriza a los Estados miembros a alertar al Consejo de Seguridad de cualquier situación que pueda conducir a fricciones internacionales, o que pueda poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.

La GERD afectará al 90 por ciento de los suministros de agua dulce de Egipto, que actualmente dependen del Nilo. El ministro de Asuntos Exteriores etíope, Gedu Andargachew, en su carta de junio no mencionó la decisión de Addis Abeba de comenzar a llenar el depósito unilateralmente en julio, lo que intensificó el llamamiento de Egipto para la intervención del CSNU. Al contrario, Andargachew argumentó que las conversaciones tripartitas recientes habían progresado y fueron suspendidas porque la delegación sudanesa quería consultar con sus líderes. En la reunión de febrero de la Unión Africana el presidente Sisi le dijo al primer ministro Abiy que quería discutir las actas de las reuniones del grupo de estudio. Estas conversaciones condujeron a la nueva propuesta egipcia que pedía una liberación anual mínima de 40.000 mmc de agua de la GERD durante el período de llenado.

El Dr. Mohamed S. Helal, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Ohio, ha realizado un análisis muy detallado de cada aspecto legal del caso. Sin embargo, incluso desde la objetividad de un abogado que se limita a interpretar documentos legales y supone la buena fe en las conversaciones, aun así, Helal señala que Egipto ha participado constantemente mientras que Etiopía «no completó el proceso de los estudios del Panel de Expertos Internacional (IPoE), rechazó el acuerdo preparado por partes imparciales, y se está preparando para comenzar unilateralmente el llenado». Hay pasiones en todos los lados, pero no podemos no tener en cuenta la legalidad de los acuerdos históricos.

Desde la perspectiva egipcia, al llenar unilateralmente el embalse Etiopía busca establecer un control sin restricciones sobre un río transfronterizo, una violación de la Declaración de Principios de 2015 firmada por Egipto, Etiopía y d Sudán, que estipula que el llenado y el funcionamiento de la GERD se realizará de conformidad con las directrices y normas acordadas entre los tres países.

Todavía no está claro si la GERD es ilegal según el derecho internacional o cómo las aguas del Nilo deberían compartirse históricamente entre los tres países. Primero fue el tratado de 1902 entre el Reino Unido y Etiopía, según el cual Etiopía renuncia a cualquier derecho al Nilo y acuerda no tomar ninguna medida que reduzca la disponibilidad de los recursos hídricos del Nilo que fluyen hacia Egipto. Este tratado actúa como un reconocimiento legal de que Etiopía no debería haber construido la presa. Sin embargo, dado que Egipto era un protectorado británico en el momento del tratado, no está claro si puede reclamar ser un tercero beneficiario del tratado o si la independencia de Egipto convirtió al país en una nueva entidad política mediante la cual los tratados negociados en su nombre por Gran Bretaña quedaron anulados. De hecho, este fue precisamente el argumento legal de Gamal Nasser cuando nacionalizó el Canal de Suez en 1956, de propiedad y construido por la Compañía del Canal de Suez, una compañía británico-francesa.

Posteriormente, en 1929, Egipto y Gran Bretaña (actuando en nombre de Sudán) suscribieron el Tratado Anglo-Egipcio que no solo garantizó la hegemonía de Egipto sobre las aguas del Nilo, sino lo más importante, le dio a Egipto el poder de veto sobre cualquier proyecto de aguas arriba. En un Tratado del Nilo de 1959, Egipto y Sudán acordaron compartir las aguas permitiendo una cuota de 55.500 mmc a Egipto y 18.500 mmc a Sudán, y 10.000 mmc que se evaporan de la presa de Aswan. Sin embargo, este acuerdo entre los dos países se alcanzó sin ninguna participación o consideración de los derechos de los otros países del Nilo aguas arriba (Burundi, República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, Eritrea, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania y Uganda). Por lo tanto, la situación no es tan clara, especialmente dado que históricamente Etiopía fue excluida durante más de un siglo de cualquier discusión sobre el Nilo, a pesar de que el Nilo se origina en sus montañas, y es la que tiene menos riesgo de quedarse fuera otra vez.

Hasta hace poco, el plan de Etiopía era llenar el embalse de la GERD durante la temporada de lluvias de julio y agosto. La presa está situada en el Nilo Azul, el principal afluente del río Nilo, y constituye el proyecto hidroeléctrico más grande de África. Pronto producirá 6.000 megavatios de electricidad, que es más del doble de la actual producción de Etiopía, que actualmente abastece a la mitad de su población, además del exceso de electricidad producido que Etiopía puede venderlo a Sudán y Egipto. Etiopía considera que con la cooperación de estos dos países, la represa podría generar riquezas económicas para toda la región.

Sin embargo, Egipto, que depende del Nilo para el 90% del agua dulce, ve la presa como una amenaza existencial que ahogará gran parte del suministro de agua que tanto necesita el país. Ya en 2010, cuando se anunció la construcción de la presa, El Cairo consideró el sabotaje, que incluía bombardearla, al igual que cualquier otra represa que Etiopía pudiera construir. Sospechas de sabotaje se observan en ambos lados; el mes pasado Etiopía acusó a Egipto de lanzar ataques cibernéticos en numerosos sitios web del gobierno etíope que interrumpen el proyecto, y ambos, tanto Egipto como Etiopía se acusan el uno al otro de tratar de sabotear las conversaciones y de bloquear estudios independientes para evaluar el impacto de la GERD. Egipto solicitó a Estados Unidos que participara en una mediación el año pasado, lo que condujo a conversaciones durante un período de cuatro meses en Washington pero que finalmente se interrumpió en febrero.

Se estima que en su primer año, la GERD retendrá 4.900 millones de metros cúbicos de agua, llevándolo hasta la altura del punto más bajo en la pared de la presa, lo que permitirá a Etiopía probar el primer conjunto de turbinas. El flujo anual total del Nilo Azul es de aproximadamente 49.000 mmc. Durante la estación seca, el lago retrocederá, lo que permitirá construir el muro de la presa. Durante el segundo año se retendrán otros 13.500 mmc. En este momento, el nivel del agua habrá alcanzado el segundo conjunto de turbinas que cronometran el flujo de agua y que se pueden gestionar con mayor precisión.

El principal impedimento para mantener la operación de la GERD indefinidamente es la sedimentación del yacimiento. Debido a su gran tamaño hidrológico, esencialmente todo el sedimento que ingresa al embalse GERD quedará atrapado, a menos que se pueda liberar con corrientes de densidad turbias. Dada la importancia nacional del proyecto GERD como fuente sostenible de energía, junto con las consecuencias económicas y sociales del uso de la tierra degradada en la limpieza del sedimento, la gestión de la tierra para reducir la erosión dará como resultado beneficios a largo plazo en múltiples niveles.

El rendimiento reciente de sedimentos reportado en la estación sudanesa de El Diem, y estimando un peso específico del orden de 1.0 t / m3 para depósitos de sedimentos, lo que supone que la capacidad de almacenamiento no activo de la presa es suficiente para atrapar aproximadamente 100 años de sedimento entrante. Este es un criterio de diseño convencionalmente aceptado, pero no da como resultado una sostenibilidad a largo plazo. En embalses de gran capacidad, como la GERD, los métodos factibles de gestión de sedimentos se limitan típicamente a la liberación de corrientes de densidad turbias y la reducción de la entrada de sedimentos a través de la gestión de las cuencas hidrográficas. Este último enfoque es el tema de un estudio de caso que se centra en la exploración de la cuenca hidrográfica Debre Yakob en la subcuenca del lago Tana.

Las negociaciones sobre la mega presa no han logrado llegar a un acuerdo después de casi una década de conversaciones entre Egipto y Etiopía, con Sudán atrapado en el medio. El año pasado Egipto buscó la intervención de los Estados Unidos, el presidente egipcio Abdel-Fattah al-Sisi solicitó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mediase en el conflicto. Etiopía fue inicialmente reacia a aceptar. Estados Unidos y el Banco Mundial se involucraron, pero no lograron que Etiopía validara un documento acordado con Egipto en febrero. Cuando Estados Unidos dijo que la presa no debería completarse sin un acuerdo, Etiopía acusó a la superpotencia de sobrepasar su papel de observador neutral. La Unión Africana (UA) ha declarado que intentará encontrar una solución.

Las negociaciones entre El Cairo, Jartum y Addis Abeba para compartir las aguas del Nilo se han interrumpido una vez más, incluso cuando la temporada de lluvias ha comenzado ya en Etiopía. Esto está haciendo crecer las aguas del Nilo Azul, lo que permite que Etiopía comience a llenar parcialmente el gran embalse de la GERD. Además, para cumplir que la presa más grande de África comience a producir energía hidroeléctrica esté funcionando en 2023, Etiopía necesita inundar parcialmente el embalse este verano para probar dos turbinas durante su temporada de lluvias, que dura solo unos cuatro meses.

Después de que los tres países participaron en una cumbre de emergencia de la Unión Africana en junio, Etiopía acordó no llenar la GERD, a pesar de sus declaraciones anteriores. En la cumbre, los líderes de estos tres países, el presidente Abdel Fattah Al-Sisi, el primer ministro Abdalla Hamdouk y el primer ministro Abiy Ahmed, acordaron reiniciar las negociaciones estancadas y formar un comité de expertos que finalizaría un acuerdo vinculante sobre la controvertida represa dentro de las próximas semanas.

Si bien hubo informes de que Etiopía llenó el embalse la semana pasada; Seleshi Bekele, ministro de agua y riego de Etiopía, lo negó y aclaró que había «piscinas naturales» en la presa debido a las lluvias. Sin embargo, el Ministerio de Riego de Sudán declaró el miércoles pasado que los niveles de agua en su estación de al-Dayem en el Nilo Azul muestran una reducción de 90 millones de metros cúbicos por día que efectivamente «confirma el cierre de las puertas de la presa».

En cualquier caso, los egipcios están furiosos porque Etiopía tiene la intención de seguir adelante sin su acuerdo. Para ellos, el Nilo es una cuestión de vida o muerte, ya que Egipto es principalmente desierto. El 95% de los 85 millones de sus habitantes viven a lo largo de las orillas y el delta del río, el Nilo es una cuestión de supervivencia. El Cairo argumenta que si la GERD sigue adelante de acuerdo con los planes actuales de Etiopía, dejará sin trabajo a cinco millones de agricultores, reducirá la producción agrícola del país a la mitad y desestabilizará aún más un país que actualmente lucha contra una insurgencia islamista y busca mitigar el daño a sus plantaciones de arroz de caña de azúcar en la región del delta norte, ya dañadas por la intrusión de agua salada del Mediterráneo.

Después de una década de conversaciones con una variedad de mediadores, incluyendo a la administración Trump, estos países no han podido encontrar una solución acordada. Las conversaciones de la semana pasada fueron mediadas por la Unión Africana y observadas por funcionarios estadounidenses y europeos y, de manera similar, no terminaron en un resultado claro. Dado que Etiopía rechaza el arbitraje vinculante en la etapa final, esta situación podría llevar a un inminente conflicto militar.

Por Julian Vigo | 28/07/2020 

Traducido del inglés para Rebelión por Marwan Pérez

Julian Vigo es académico, cineasta y consultor de derechos humanos. Su último libro es Terremoto en Haití: La pornografía de la pobreza y la política del desarrollo (2015). Puede ser contactado en: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Fuente original; https://www.counterpunch.org/2020/07/24/a-battle-over-water-resources-egypt-ethiopia-and-sudans-impending-water-war/

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El conflicto libio que arrancó con las llamadas primaveras árabes de 2011 atraviesa por uno de los momentos más críticos. / Europa Press

El conflicto libio que arrancó con las llamadas primaveras árabes de 2011 atraviesa por uno de los momentos más críticos. La injerencia extranjera se ha multiplicado durante los últimos años y países como los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, que se encuentran en bandos contrarios, están esforzándose para conseguir una victoria que se les escurre de las manos.

 

El lío que se inició en Libia con la desaparición de Muammar al Gadafi en 2011 y el brote de las llamadas primaveras árabes ha adquirido proporciones grandiosas, con las potencias regionales y mundiales jugando sus bazas y sin saber muy bien qué hacer con un conflicto que hace tiempo se les fue de las manos.

Esta semana se ha calentado la situación con un cruce de acusaciones y desmentidos entre Washington y Moscú. La jefatura de Africom del ejército americano denunció el martes que personal ruso ha conducido aviones MiG 29 y Su-24 a una base libia escoltados por otros cazas rusos.

Los americanos están preocupados porque consideran que la introducción de esos aparatos podría decantar el desarrollo del conflicto de una manera definitiva. El Ejército Nacional Libio (ENL) de Khalifa Haftar, basado en el este de Libia y que cuenta con apoyo ruso, sería el gran beneficiario, en detrimento del Gobierno del Acuerdo Nacional (GAN), que controla Trípoli y otras zonas, un gobierno reconocido por la ONU que cuenta con el apoyo principal de Turquía.

Si algo no falta en Libia son armas. El país está sometido a un embargo de la ONU, pero absolutamente nadie lo respeta. Se han detectado hasta drones israelíes en los dos bandos, para que no falte de nada en ningún bando, según han publicado medios de la región. El Daily Telegraph informó el jueves de la presencia de mercenarios británicos junto a Haftar, y esta misma semana Berlín ha abierto una investigación para averiguar cómo han llegado al país armas alemanas.

 

Las armas alemanas llegaron a través de los Emiratos Árabes

 

La respuesta es bastante sencilla: las armas alemanas llegaron a Libia a través de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), un país que dirige el príncipe Mohammad bin Zayed y que lleva a cabo una cruzada, alentada por Occidente, en cualquier país de la región donde se huela un poco a islamismo. Por otra parte, la desastrosa política europea en Oriente Medio incluye la venta masiva de armas a países, como los EAU, que están enfrascados en cruentas guerras civiles en la zona, incluida la de Libia.

El envío de los aviones rusos denunciado ha sido negado por Moscú y por Trípoli. Los americanos, sin embargo, insisten en que es un hecho y dicen que también han detectado la llegada a Libia de más de una decena de buques rusos procedentes de Siria. Un parlamentario ruso insiste en que la denuncia responde a una campaña de "rumores y mentiras" puesto que su país no ha enviado "personal" a Libia ni tiene intención de hacerlo.

En este contexto, durante esta semana ha trascendido que lo mandatarios rusos no se ponen de acuerdo entre sí con lo que deben hacer en Libia. Mientras el ministerio de Defensa presiona para intervenir, el de Exteriores, más sensato, considera que es una equivocación que a medio plazo redundará en perjuicio de Moscú. De momento es el ministerio de Defensa el que lleva la voz cantante.

 

Moscú pretende expandir el área de influencia

 

Dejando a un lado que es un craso error de Moscú intervenir en el conflicto libio, algunos medios han informado de que con esa acción Moscú pretende expandir el área de influencia en el sector oriental y central del Mediterráneo por motivos oscuros, mientras que otros medios indican que Moscú quiere tener una carta en la mano para negociar desde una posición ventajosa en lo relativo a Siria y, en especial, a la presencia americana en el este de Siria.

El martes, el Pentágono dijo que Rusia envió sus cazas a Libia haciendo escala en Siria, y que el objetivo del envío es apoyar a los mercenarios rusos del llamado Grupo Wagner, dirigido por un amigo y confidente del presidente Vladimir Putin, que combate al lado de las tropas de Haftar, unas tropas trufadas de mercenarios de distintos países, principalmente de Sudán, que aparentemente cobran su salario de los Emiratos Árabes Unidos.

 

Los aviones se encuentran en territorio libio

 

Según el Pentágono, los aviones fueron repintados durante una escala en Siria con el fin de borrar cualquier indicación de que son rusos. Los americanos incluso difundieron imágenes de satélite que demostrarían que los aviones se encuentran en territorio libio. Y añadieron que en total 14 cazas rusos repintados han llegado a Jufra, una localidad situada en la región central de Libia.

Las tropas de Haftar han sufrido una larga serie de reveses en las últimas semanas

Las tropas de Haftar han sufrido una larga serie de reveses en las últimas semanas y su ofensiva para capturar la capital Trípoli ha fracasado por el momento. Las tropas de Haftar contaban con el apoyo de los mercenarios del Grupo Wagner ruso que, el pasado sábado, tuvieron que abandonar el terreno donde se encontraban para buscar refugio más al sur.

No deja ser curioso que el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves le Drian, dijera el miércoles, en mitad de todo el lío, que la situación en Libia es muy preocupante, e incluso advirtiera de que se estárepitiendo el escenario de Siria, donde la intervención militar occidental ha contribuido a establecer una vibrante democracia liberal similar a las de Afganistán, Irak y Egipto.

De momento, el país que mejor está conduciendo su presencia en Libia es Turquía, que apoya militarmente al gobierno de Trípoli. El presidente Recep Tayyip Erdogan está jugando fuerte en toda la región, cometiendo errores de bulto en Siria. No obstante, la guerra en Libia podría dar un vuelco, en función de hasta dónde lleguen las potencias regionales y mundiales, lo que podría meter a Ankara en serios problemas.

JERUSALÉN

29/05/2020 07:24

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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¿Por qué los militares brasileños se pliegan a Bolsonaro?

El nacionalismo y el desarrollo industrial fueron las señas de identidad de las Fuerzas Armadas de Brasil desde la dictadura militar hasta los Gobiernos de Luiz Inacio Lula. Pero el sueño de convertirse en potencia global relativamente independiente se fue evaporando luego de la crisis de 2008 y terminó sepultado bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro.

 

El nacionalismo y el desarrollo industrial del país para cimentar su progreso fueron las señas de identidad de las Fuerzas Armadas de Brasil desde la dictadura militar (1964-1985) hasta los Gobiernos de Luiz Inacio Lula (2003-2010). Pero el sueño de convertirse en potencia global relativamente independiente se fue evaporando luego de la crisis de 2008 y terminó sepultado bajo el actual Gobierno de Jair Bolsonaro.

Aunque el presidente es un obstáculo para garantizar la gobernabilidad del país, no todos los problemas se reducen a su polémica figura. El viraje de Brasil hacia su subordinación a Washington y al Pentágono hay que buscarlo en la deriva pragmática de las Fuerzas Armadas y en su falta de proyección estratégica.

Mucho se ha hablado sobre un supuesto malestar entre los militares con las declaraciones y actitudes abiertamente golpistas de Bolsonaro. El 19 de abril, el presidente convocó a sus partidarios a manifestarse frente al Cuartel General del Ejército, en contra del Congreso y del Supremo Tribunal Federal, llamando a una intervención para clausurarlos.

Sin embargo, nada indica que la cúpula de las Fuerzas Armadas haya cambiado su fidelidad por el presidente, al que contribuyeron a elegir y en cuyo Gobierno hay nada menos que 2.897 uniformados, un número superior al que hubo durante toda la dictadura militar.

La crisis del coronavirus y la crisis de Bolsonaro: ¿Quién manda en Brasil?

Una prueba de que los militares son profundamente bolsonaristas es lo sucedido entre el ahora exministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, y el presidente por la posición de Bolsonaro contra la cuarentena para no perjudicar la economía. Aunque la sociedad, los medios, los médicos, gobernadores y políticos apoyaban masivamente al entonces ministro, los militares se inclinaron por el presidente.

El vicepresidente, general Hamilton Mourao, se pronunció en contra de Mandetta, afirmando que "cruzó la línea roja", que quien toma las decisiones es Bolsonaro, que "no está tutelado por los militares" y, por el contrario, "tiene extrema preocupación con la población más desasistida".

La pregunta es cómo se llegó a esta situación, en la cual las Fuerzas Armadas subordinan su prestigio y su integridad a un presidente errático, aislado y enfrentado a todas las instituciones del país, desde la Justicia hasta la Orden de Abogados.

Los problemas no comenzaron ahora. En 2018 ya se podía constatar el retroceso brasileño, de la mano de la venta de la empresa de aviación Embraer, creada por los propios militares, a la estadounidense Boeing. En marzo de 2019, tras la primera visita de Bolsonaro a la Casa Blanca, Brasil recibió el estatus de "aliado privilegiado" fuera de la OTAN.

Este año, Trump y Bolsonaro firmaron el acuerdo RDT&E —la sigla en inglés de investigación, desarrollo, tests y evaluación— que ayudará a abrir la industria brasileña al mayor mercado de defensa del mundo.

Entre tanto, el Parlamento dio luz verde a la utilización de EEUU de la base de cohetes espaciales de Alcántara, en el estado de Maranhao, cerca de la línea ecuatorial. En octubre de 2019 se aprobó el Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas, la base legal que permite el lanzamiento de cohetes y satélites con tecnología estadounidense, pese a que la oposición considera que viola la soberanía nacional.

Según José Luis Fiori y William Nozaki, investigador y director del Instituto de Estudios Estratégicos de Petróleo, Gas y Biocombustibles, respectivamente, el viraje más importante fue la definición de Francia como enemigo estratégico de Brasil en el escenario de la defensa hacia 2040.

Según Nozaki y Fiori, la elección de Francia es "coherente con el objetivo central e inmediato de las Fuerzas Armadas brasileñas, que es Venezuela y ahora también Guyana, debido al descubrimiento reciente de inmensas reservas de petróleo 'offshore'". 

Según los analistas, Francia como enemigo estratégico podría cumplir tres objetivos. En primer lugar, permitiría "la denuncia del acuerdo de cooperación militar de Brasil con Francia en torno a la construcción del primer submarino nuclear brasileño, que probablemente sea sustituido por un nuevo proyecto con EEUU".

Arreaza critica que Bolsonaro apoye a EEUU mientras Brasil afronta COVID-19

El segundo aspecto es la conversión de Brasil en un "protectorado militar de EEUU", como lo anticipa la venta de Embraer a Boeing, la liberación del uso de la base de Alcántara y la conversión del gigante sudamericano en aliado preferencial de Washington.

La tercera cuestión es la "ofensiva final" contra Venezuela, apoyada por Brasil. En este sentido debe entenderse "el nombramiento del general Mourao para el Comando Unificado de la Amazonía, del cual fueron excluidos todos los gobernadores de la región, apartándolos de informaciones y decisiones, incluso en el caso de que Brasil sea convocado para formar un cerco fronterizo" contra Venezuela. 

Aún resta responder cómo fue posible que Brasil pasara de contar con una Estrategia Nacional de Defensa, delineada en 2008 —que establece la prioridad de proteger las reservas de petróleo offshore y de la Amazonía de cualquier potencia extracontinental, de promover un complejo militar-industrial independiente y una alianza con países como Suecia y Francia para el desarrollo de naves y submarinos—, a convertirse en un protectorado militar de EEUU.

A mi modo de ver, hay tres razones básicas:

  1. Las elites brasileñas (el empresariado, las cúpulas militares y los altos cuadros administrativos del Estado) tienen mucho más temor, y rechazo, a la izquierda, a Venezuela y a los sectores populares que a cualquier otra eventualidad. Este rechazo se debe a una profunda integración con el mundo de las empresas multinacionales, de la gran banca y de los lobbies empresariales y militares afines al Pentágono.
  2. Dejaron de creer en Brasil como país llamado a jugar un papel destacado en el mundo, de la mano de los BRICS y de los demás países emergentes. No tienen, por lo tanto, un proyecto de país capaz de integrar a los 210 millones de brasileños en un impulso nacional que, tarde o temprano los llevaría a chocar con EEUU. También dejaron de interesarse en la integración regional.
  3. La sociedad brasileña está desorientada ya que durante los 13 años de Gobiernos del Partido de los Trabajadores le dijeron, una y otra vez, que "Brasil no tiene enemigos". Era la frase predilecta de Lula y mostró que en un mundo como el actual, el ascenso de cualquier país al rango, incluso de potencia regional, choca inevitablemente con los defensores de la estrategia del "patio trasero" de los EEUU.
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El irresistible retorno de los militares en América Latina

En América Latina sonó la hora de las Fuerzas Armadas. En todos los países han recuperado protagonismo en ancas de la pandemia de coronavirus, acelerando una tendencia que se venía perfilando en los últimos años, con seguridad desde la crisis financiera de 2008.

Una tendencia que ahora se agudiza con el anuncio de Donald Trump de lanzar una vasta "operación de gran alcance contra el narcotráfico en el hemisferio occidental con el despliegue en el mar Caribe y el Pacífico sur de refuerzos militares de la armada y la fuerza aérea"

La excusa de la Casa Blanca es que los cárteles de la droga pueden aprovechar la situación para avanzar en su negocio, por lo que dispuso la movilización del Comando Sur, con sus 22 países aliados, y de la Guardia Costera para detener cargamentos ilegales. Sin embargo, también movilizó sus enormes buques-hospitales para atender la epidemia en Nueva York y Los Ángeles.

No estamos ante una tendencia que pueda reducirse a los objetivos estratégicos del Pentágono, ya que involucra a todos los gobiernos, a la oposición de izquierda o de derecha e, inclusive, abarca a sectores amplios de la población que sienten que los uniformados pueden aportarle la seguridad que la pandemia pone en riesgo.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, militante de izquierda (Frente Amplio), reclama la presencia de las Fuerzas Armadas para asegurar la "distancia social" en supermercados y bancos, ya que se han producido algunas aglomeraciones en esos establecimientos.

En Guayaquil, Ecuador, donde la pandemia se ha cobrado cientos de víctimas, se militarizó la ciudad para intentar recomponer una situación caótica, en la que todas las mañanas aparecen cadáveres abandonados en las calles y las morgues y cementerios están colapsados.

El clima de caos crece sin cesar, aunque en ninguna ciudad llega al extremo de Guayaquil. Sin embargo, en Bogotá, Colombia, se pueden ver trapos rojos en las ventanas que representan pedidos de auxilio ya que la familia que la habita, no necesariamente pobre, no tiene recursos para enfrentar la situación.

Sucede que el coronavirus está llegando a una región donde más de la mitad de la población, o sea más de 300 millones, viven en la informalidad: venden en mercados y calles, recogen basura, escombros y cartón para revender, ofrecen servicios del más diverso tipo, desde reparto a domicilio hasta traslado de personas y mercancías. Esos millones no pueden estar ni una semana sin trabajar, ya que no tienen ahorros, viven en casas precarias y, por supuesto, no cuentan con seguridad social.

En contra de la voluntad del ministro de Economía, Paulo Guedes, el gobierno de Brasil se vio obligado a conceder un subsidio mensual de 120 dólares a 30,6 millones de trabajadores informales, durante tres meses, ya que no perciben ningún ingreso. Aunque Brasil luce como potencia emergente, hay tantos trabajadores formales como informales, algo que sucede en todos los países de la región.

 

La presencia militar llegó incluso a un país como Argentina, donde los uniformados tienen un muy bajo prestigio social luego de la derrota en la Guerra de Malvinas (1982). En las villas miseria del conurbano de Buenos Aires, se registraron días atrás escenas de aplausos masivos cuando llegan los camiones militares cargados de alimentos para los más pobres.

En Brasil se hablaba abiertamente de golpe de Estado para apartar a Bolsonaro, porque rechaza la cuarentena y mantiene una política errática y desafiante. El 30 de marzo, los comandantes de las FFAA decidieron que el general del Ejército

Braga Netto, que había sido nombrado por Bolsonaro jefe de la Casa Civil (jefe de Gabinete), se haga cargo de coordinar el Gobierno de Bolsonaro con una nueva función, la de "Jefe de Estado Mayor de Planalto", y lo denominan como un "presidente operacional", que tomará las principales decisiones y que puede, incluso, contrariar las declaraciones de Bolsonaro. En otros tiempos, se hablaría claramente de golpe de Estado.

¿Por qué los militares están ocupando un lugar tan destacado en la política latinoamericana?

Creo que hay que observarlo desde diferentes ángulos.

En primer lugar, para las élites económicas y políticas el mayor temor en una coyuntura como la actual es la posibilidad de un enorme estallido social si llegaran a desbordarse hospitales y hubiera una gran mortandad por la pandemia. Esto es posible por la acumulación de pobreza, precariedad del sistema sanitario y una tradición de luchas sociales muy importante en el continente.

Téngase en cuenta que en 2019 hubo estallidos sociales en Haití, Chile, Ecuador y Colombia, concentrados en el último trimestre, además de gigantescas protestas sociales protagonizadas por las mujeres contra los feminicidios y por el derecho al aborto, a las que deben sumarse demandas de casi todos los sectores, en particular contra la minería, las políticas neoliberales y las condiciones de vida.

En suma, un estallido en medio de una pandemia no sería nada extraño, ya que el clima social de revuelta esta muy presente en la región. Por eso, los militares cada vez juegan un papel más importante como guardianes de la estabilidad social.

En segundo lugar, un sector las clases medias de la región viven una situación de gran precariedad, con el enorme temor de caer en situación de pobreza o de perder parte de su estilo de vida. Esto ya lo vivieron las extensas clases medias argentinas en la crisis de 2001 y las brasileñas en 2013, aunque unas y otras se expresaron políticamente en sentido opuestos.

En tercer lugar, para una parte de los sectores populares los militares pueden ayudarles a paliar los problemas de sobrevivencia más aguda, o bien son referentes de orden como sucede en Brasil, Colombia y Venezuela, en todos los casos con opciones políticas divergentes.

En síntesis, las FFAA están siendo visualizadas, por las élites económicas y amplios sectores de las clases medias y de la población más pobre, como un principio de orden. En una situación compleja, eligieron la seguridad antes que la libertad, como venían haciendo en las últimas décadas de forma menos evidente.

19:44 GMT 03.04.2020

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Hasan Rohani: "Irán demuestra que no retrocede ante EE.UU."

El presidente iraní dijo que su venganza "será cortar los pies de Estados Unidos de esta región"

Donald Trump sostuvo que su gobierno mató a Soleimani porque el general iraní planeaba volar la Embajada de Estados Unidos en Bagdad. También exigió una ampliación de la OTAN que incluya a países de Medio Oriente.

 

En una nueva jornada de tensión en Medio Oriente, el presidente de Irán, Hasan Rohani, advirtió que habrá una "respuesta muy firme" si Washington "comete otro error". Agregó que la venganza de Irán, luego del asesinato del jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani, "será cortar los pies de Estados Unidos de la región". En la misma línea, un alto mando militar iraní aseguró que el ataque a objetivos militares estadounidenses en Irak fue solo una muestra de su poderío defensivo. Por su parte, el gobierno iraquí volvió a exigir que las tropas extranjeras abandonen el territorio. En declaraciones a la prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington mató a Soleimani porque el general iraní planeaba volar la Embajada de Estados Unidos en Bagdad. El mandatario sostuvo también que la OTAN debería expandirse e incluir a países de Medio Oriente. 

El presidente iraní Hasan Rohani manifestó que Irán "demuestra que no retrocede ante Estados Unidos". Si Estados Unidos "quiere cometer otro crimen debe saber que recibirá una respuesta aún más firme", dijo Rohani en un consejo de ministros. "Pero si son cuidadosos no harán nada más", agregó.

"Nuestra respuesta final a su asesinato será expulsar a las fuerzas de Estados Unidos de la región", agregó. "Cortaron la mano del querido general Soleimani en esta atrocidad. Nuestra venganza será cortar los pies de Estados Unidos de esta región", aseguró Rohani.

En respuesta a la muerte de Soleimani, Irán atacó el miércoles con misiles dos bases militares situadas en Irak en las que se encuentran desplegados soldados estadounidenses, una acción que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, describió como "una bofetada" a Washington. 

Horas más tarde, el subcomandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Ali Fadavi, aseguró en la misma línea que el ataque a objetivos militares estadounidenses en Irak fue solo una muestra del poderío defensivo del país persa.

En un discurso desde la ciudad de Isfahan, Fadavi destacó que ese bombardeo contra la base de Ain al Asad es "una de las manifestaciones inigualables del poderío y la capacidad de Irán en el campo de la defensa militar". Poco después y en el centro de Irak, un nuevo cohete impactaba sin causar víctimas en las inmediaciones de una base área en la que operan tropas estadounidenses.

"Capturamos un monstruo"

"Irán nos golpeó con misiles. No deberían haber hecho eso. Afortunadamente para ellos, nadie fue alcanzado, nadie fue asesinado", expresó Trump en un encuentro con medios en la Casa Blanca. "Están muy afectados por las sanciones", dijo en relación a los iraníes. "Pueden fortalecer la economía de su país muy rápidamente si lo desean. Veremos si negocian o no", agregó más adelante.

Además, el presidente de Estados Unidos señaló que Washington mató al jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani , para detener sus planes de volar la Embajada de Estados Unidos en Bagdad. "Capturamos un monstruo total y lo sacamos. Eso debería haber sucedido hace mucho tiempo. Lo hicimos porque estaban buscando hacer estallar nuestra Embajada", dijo Trump.

El mandatario afirmó también que la OTAN debería considerar una expansión para incluir a países de Medio Oriente. El presidente expresó que ya se lo había comentado previamente al secretario general de la alianza militar, Jens Stoltenberg.

"Creo que estaba realmente emocionado por eso", dijo Trump, quien agregó que sugirió que el nombre se ampliara a "Natome" por las iniciales en inglés de la alianza y la suma de Medio Oriente (NATO +Middle East) "Qué hermoso nombre, Natome. Soy bueno con los nombres, ¿verdad?", comentó el mandatario, intentando poner paños fríos a los temas ásperos que tocó en su contacto con la prensa.

El miércoles en su discurso oficial, Trump había sugerido que los aliados de la OTAN deberían involucrarse más en Medio Oriente. Stoltenberg recogió el consejo y expresó que reflexionará sobre cómo transformar su misión en esa región, básicamente mediante misiones de entrenamiento. Aclaró además que esa reorganización no implica aumentar el número de tropas de combate sobre el terreno, sino "capacitar a las fuerzas locales para que luchen por si mismas contra el terrorismo". 

Finalmente, y al ser consultado por las sanciones impuestas a Irán, expresó: "Ya se hizo. Las hemos aumentado. Eran muy severas, pero ahora se han incrementado sustancialmente. Lo aprobé hace un tiempo con el Tesoro", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. El mandatario había prometido el miércoles , en su discurso a la nación, "sanciones económicas adicionales" en represalia por el ataque iraní. 

Por último, el gobierno de Irak volvió a exigir el retiro de tropas del territorio. Luego de reunirse con su par turco, Mevlüt Cavusoglu, el ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Mohamed Ali Al Hakim insistió en que "todas las tropas extranjeras tienen que abandonar" el país. De todas formas, precisó que la salida debe ser acordada a través de canales diplomáticos y del diálogo.

Por su parte, Cavusoglu afirmó que "Irak no está solo" y Ankara trabajará a su lado en estos "días difíciles", al tiempo que pidió que el territorio iraquí "no se convierta en un campo de batalla para las fuerzas extranjeras". Ambos países acordaron trabajar para aliviar la escalada de la tensión en la región. El Parlamento iraquí había aprobado el pasado domingo una moción en la que solicitaba al Ejecutivo que acabe con la presencia de cualquier fuerza extranjera en Irak.

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Miércoles, 08 Enero 2020 08:49

Nubarrones sobre AL

Nubarrones sobre AL

Las luchas populares contra un neoliberalismo resurgente y las agresiones de la ultraderecha que han tomado por asalto a América Latina (AL) presentan a la izquierda global una paradoja peculiar: suceden en un momento en que la izquierda institucional y partidaria ha perdido la hegemonía que había conquistado y ahora se encuentra desgastada.

El capitalismo global enfrenta una crisis orgánica que es tanto estructural como política. Estructuralmente enfrenta una crisis de la sobreacumulación y ha volcado hacia una nueva ronda de expansión violenta en el mundo en busca oportunidades para descargar el excedente de capital acumulado y prevenir el estancamiento. Políticamente el sistema enfrenta una descomposición de la hegemonía capitalista y una crisis de la legitimidad del Estado.

Esta crisis dual se vislumbra en AL. El golpe de Estado en Bolivia y la tenaz resistencia a la toma fascista; el alzamiento en Ecuador contra la restauración neoliberal; las rebeliones en Haití, Chile y Colombia; el regreso al poder de los peronistas en Argentina, seguido por la destitución electoral del Frente Ampio en Uruguay, entre otros acontecimientos recientes, apuntan todos hacia una temporada de gran flujo e incertidumbre en la región.

En las últimas décadas las élites trasnacionalmente orientadas en AL condujeron a la región hacia la nueva época global, caracterizada por la acumulación como “planta de estufa”, la especulación financiera, la calificación crediticia, la Internet, las comunidades cerradas, las ubicuas cadenas de la comida chatarra y los malls y supertiendas que dominan los mercados locales. Estas élites forjaron una hegemonía neoliberal en la década de 1990.

Los gobiernos izquierdistas llegaron al poder en los primeros años del nuevo siglo impulsados por la rebelión de masas contra el monstruo de la globalización capitalista. El giro a la izquierda suscitó grandes expectativas e inspiró las luchas populares alrededor del mundo. Sin embargo, los esfuerzos de los estados por llevar a cabo las transformaciones tropezaron con el poder estructural del capital trasnacional.

Con excepción de Venezuela durante el auge de la Revolución Bolivariana, se destacó la ausencia de cualquier cambio a fondo en las relaciones clasistas y de propiedad, no obstante los cambios producidos en los bloques de poder político, un discurso en favor de las clases populares y una expansión de los programas de bienestar social financiados por impuestos sobre las industrias extractivistas corporativas. La extensión de la minería y la agroindustria trasnacional corporativa resultó en una mayor concentración de las tierras y el capital y reforzó el poder estructural de los mercados globales sobre los estados izquierdistas.

Las masas populares reclamaban transformaciones más sustanciales. En su afán por atraer la inversión corporativa transnacional y expandir la acumulación extractivista, los estados izquierdistas suprimieron las demandas para mayores transformaciones. Desactivaron los movimientos sociales, absorbiendo sus dirigentes al Estado capitalista y supeditaron los movimientos de masas al electoralismo de los partidos de izquierda. Dada la ausencia de mayores transformaciones estructurales que pudieron haber respondido a las causas profundas de la pobreza, los programas sociales se vieron sujetos a los vaivenes de los mercados globales sobre los cuales los estados izquierdistas no ejercían control.

En cuanto estalló la crisis financiera mundial a partir de 2008, estos estados tropezaron con los límites de una reforma redistributiva enmarcada en la lógica del capitalismo global. Experimentaron altos niveles de crecimiento, mientras la economía global siguió su ritmo de expansión y en tanto los precios de los commodities permanecieron altos gracias al apetito voraz de China por las materias primas. La crisis socavó la capacidad de los gobiernos de sostener los programas sociales, llevándolos a negociar concesiones y austeridad con las élites financieras y las agencias multilaterales, como sucedió en Brasil, Argentina, Ecuador y Nicaragua. Las tensiones resultantes avivaron las protestas y abrieron espacio para el resurgimiento de la derecha.

En cuanto la crisis económica y los trastornos políticos abrieron espacio de maniobra para la derecha, ésta pasó a la ofensiva, a menudo violentamente, intentando recuperar el poder político directo. El viraje a la derecha ha entrañado una escalada de represión en toda la región y una movilización de los partidos y las cámaras empresariales de la ultraderecha, culminando más recientemente con el golpe de Estado en Bolivia, en tanto la región parece volver a la época de las dictaduras y los regímenes autoritarios. La derecha acude al racismo, el autoritarismo y el militarismo en su empeño por expandir el poder corporativo trasnacional. La derecha se desempeña ahora en utilizar el poder político directo que ha recuperado para imponer violentamente una plena restauración del neoliberalismo. La chispa que hizo estallar las más recientes protestas de masas fue una nueva ronda de medidas neoliberales.

Las crisis estructurales del capitalismo mundial históricamente constituyen momentos en que se producen prolongados trastornos sociales y políticos. A escala mundial, la crisis en espiral de la hegemonía parece estar activando una crisis general de la dominación capitalista. El capitalismo global entra en un prolongado estancamiento. El crecimiento de la economía global en años recientes ha sido basado en un consumo insostenible impulsado por el endeudamiento, la frenética especulación financiera en el casino global y la militarización impulsada por el Estado, en tanto el mundo entra a una economía global de guerra y se intensifican las tensiones internacionales.

La clase capitalista transnacional en América Latina intenta trasladar la carga de la crisis a los sectores populares por medio de una renovada austeridad neoliberal en su afán por restaurar la rentabilidad capitalista. Pero es poco probable que la derecha tenga éxito. La incapacidad de ésta de estabilizar su proyecto se da cuando la izquierda institucional/partidaria ha perdido la mayor parte del poder y la influencia que había alcanzado. Por tanto, surge un abismo entre las sociedades civil y política. Hay un pronunciado desfase en AL –sintomático de un fenómeno de la izquierda a escala mundial– entre los movimientos sociales de masa que están pujantes en la actualidad y una izquierda partidaria que ha perdido la capacidad de mediar entre las masas y el Estado con un proyecto propio viable. El escenario más probable es un empate momentáneo mientras se reúnen los nubarrones.

Por William I. Robinson, profesor de sociología, Universidad de California en Santa Bárbara

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Sábado, 02 Noviembre 2019 07:24

Brasil es la cuña de EEUU en Sudamérica

Brasil es la cuña de EEUU en Sudamérica

Brasil está sólidamente alineado con EEUU, pero además se está convirtiendo en la espada de Washington: se permite juzgar a los gobiernos de la región, violentando las elementales normas diplomáticas y está tejiendo alianzas con los mismos países alineados con el imperio.

Tres datos centrales permiten llegar a esa conclusión. El primero es la reacción del presidente Jair Bolsonaro al triunfo electoral del peronismo en Argentina. El segundo es que aprovecha la coyuntura para poner en duda el futuro del Mercosur. Finalmente, en su gira por Asia y Medio Oriente consiguió tejer acuerdos con Arabia Saudí, el principal aliado de Washington en el mundo.

Bolsonaro dejó de lado las mínimas normas de cortesía diplomática para criticar frontalmente la elección de Alberto Fernández, al punto que se negó a felicitarlo por su victoria en primera vuelta. El canciller Ernesto Araújo fue más lejos aún, al decir que "las fuerzas del mal están celebrando" el resultado argentino, agregando que se trata de "una de las peores señales posibles".

Es cierto que Fernández tampoco fue diplomático, al pedir en su primer discurso, luego del triunfo del domingo 27, por la libertad de Lula, el expresidente de Brasil preso en el marco de la investigación Lava Jato. Este choque de presidentes no augura nada positivo para las relaciones bilaterales y para el Mercosur.

El Gobierno brasileño adoptó una actitud anormal en la región, incluso para los más conservadores. "Desde que asumió el gobierno, Jair Bolsonaro puso a Nicolás Maduro y La Habana como sus mayores enemigos en el hemisferio", escribe el periodista Jaime Chade. Según el diario El País, el canciller envió instrucciones a sus diplomáticos para promover una reunión de las Naciones Unidas para atacar a Cuba, aún en contra de la opinión de sus diplomáticos.

El articulista considera una profunda hipocresía que "se llame a Maduro como dictador y a Cuba como amenaza, mientras cierra los ojos para decir, con orgullo, que tiene afinidad con un príncipe saudí acusado de las peores atrocidades", en referencia a sus excelentes relaciones con el príncipe saudí Mohamed Bin Salmam. Quizá porque el gobierno de Riad anunció inversiones por 10.000 millones de dólares en Brasil.

La segunda cuestión la trajo el hijo del presidente, Carlos Bolsonaro, una especie de comunicador informal del gobierno. Con una argentina peronista, dijo en un tuit, Brasil debe rever el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, apuntando a su deseo de separar a Buenos Aires de la alianza regional.

En este punto es necesario recordar que EEUU siempre se opuso a la integración regional sudamericana, y sólo admitió un Mercosur volcado a las relaciones comerciales, desconfiando de cualquier alianza política entre Argentina y Brasil, los únicos países que por su peso económico, político y diplomático pueden arrastrar a toda la región en una dirección determinada.

EEUU ya consiguió, desde los gobiernos de Macri y Bolsonaro, que la UNASUR fuera desactivada, pero ahora puede congratularse de que el Mercosur también atraviese dificultades. Hasta ahora las relaciones comerciales entre ambas naciones sudamericanas eran importantes. El principal mercado de las exportaciones argentinas es Brasil, relevante para la industria por la venta de autopartes, ya que el resto de sus exportaciones son commodities agrícolas sin valor agregado.

La tercera cuestión es que Brasil está promoviendo un viraje hacia Asia y Oriente Medio, en busca de mercados y de inversiones. De hecho se convirtió en uno de los países más atractivos para los inversores, en la medida que derriba las barreras ambientales y laborales, así como las restricciones al capital extranjero en áreas sensibles como los hidrocarburos.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí desembolsará 10.000 millones dólares, un dato que fue hecho público luego del encuentro entre Bolsonaro y el príncipe heredero Bin Salman. Por otro lado, el jefe de gabinete de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, aseguró que ambos gobiernos formarán un consejo que definirá los sectores apropiados para efectivizar las inversiones.

Entre los intereses de los sauditas figura la construcción de un ferrocarril de casi 1000 kilómetros, desde el corazón agrícola de Mato Grosso hasta Pará, en el extremo norte del país, cuyo costo oscila en los tres mil millones de dólares. En paralelo, el fondo soberano de Abu Dhabi se mostró entusiasmado por las inminentes privatizaciones en Brasil.

En efecto, Brasilia espera recaudar 325.000 millones de dólares en los próximos años, en las subastas previstas en pozos petroleros, puertos y aeropuertos, pero también con las privatizaciones de empresas estatales como el correo.

Si este plan funciona, además de un profunda desnacionalización del país, Brasil puede conseguir los fondos necesarios para superar una crisis económica que ya se arrastra cinco años, desde el comienzo del segundo Gobierno de Dilma Rousseff, en 2014. Lo hace, además, apelando a los socios estratégicos de EEUU, ya que en su visita a China se habló de mejorar las relaciones comerciales pero no se mencionaron inversiones.

Por último, el Gobierno de Brasil está haciendo gestiones para un segundo encuentro con el presidente Donald Trump, en noviembre. Según relataron diplomáticos a Folha de Sao Paulo, este encuentro "sería una oportunidad especial para consolidar al jefe del Palacio del Planalto como líder regional, frente a procesos complicados en el vecindario sudamericano: Chile, Bolivia y Venezuela".

Este punto es relevante y puede tener consecuencias a largo plazo. Al parecer, la nueva visita de Bolsonaro a EEUU fue iniciativa de los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott. Luego de la década progresista, entre 2003 y 2015, en la que Washington sufrió cierto aislamiento en la región sudamericana, ahora está recuperando posiciones, para lo que necesita de aliados fuertes con llegada a todos los países.

Brasil se ofrece como la espada de EEUU en una región inestable y cada vez más volcada contra el neoliberalismo. Las masivas protestas en Chile, que durante décadas fue el aliado más estable de Washington en la región, son una llamada de alerta para la diplomacia de la Casa Blanca. En esta nueva coyuntura, Brasilia aparece como un aliado más confiable y sumiso a los intereses del capital financiero y del imperio.

20:02 01.11.2019

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Octubre de 2019, elecciones sin posibilidad de cambio del poder real

Con un potencial electoral de 37’136.581 votantes, la sociedad colombiana está citada para el próximo 27 de octubre a una nueva elección de autoridades territoriales*, en esta ocasión para ejercer funciones durante el período 2020-2023. Tales funciones, por Constitución, son las de administrar recursos públicos, representar democráticamente a la comunidad, diseñar las políticas públicas y ejecutarlas, ordenar el territorio, y planear el desarrollo local y regional.

Convencidos de que esta es la mejor vía para la participación y para lograr o conservar el país que tienen, así como para reforzar u oxigenar la democracia realmente existente, 117.823 candidatos inscribieron su nombre con pretensión de ser elegidos para alguna responsabilidad territorial.

¿Qué tanto y tan bueno dan estos cargos, que un variopinto y voluminoso grupo de aspirantes los pretenden? Cada uno de quienes leen este editorial tendrá su respuesta. Aspiración de manejar los dineros públicos, aún más llamativa, toda vez que no son extrañas las amenazas, los atentados y los asesinatos de candidatos, sobre todo en territorios en los cuales el poder real está bajo el control de entes, organizaciones o personas al margen del Estado, en contra del aún existente, o como respaldo poco santo al que se prolonga, reformándose y ahondando sus capacidades y poderes, desde dos siglos atrás.

El copamiento de territorios por parte del factor para no es desconocido en el país, realidad que se extiende de diversas maneras en las zonas donde fueron claramente reconocidos y padecidos por la aplicación de un poder omnímodo de muchos años, el mismo que se amplía a otras zonas. El manejo de lo público, como resorte de clientelas (el escaso empleo que generan los municipios, además del desfalco de sus presupuestos), es reconocido por el poder tradicional como factor sustancial para mantener sojuzgadas a las mayorías.

En particular, el poder territorial del paramilitarismo sigue vivo. Después de largos años de operar el modelo de Justicia Transicional, establecido por la Ley 975 de 2005, conocido como Ley de Justicia y Paz o marco jurídico, promovido por el gobierno de Álvaro Uribe y aprobado por el Congreso para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares, los pocos magistrados encargados de aplicar la ley concluyen en que ésta sirvió para enjuiciar tan solo a los comandantes, pues los mandos medios continuaron ejerciendo su arbitrariedad y su potestad en las regiones donde dominaban. Además, los procesos adelantados han servido para demostrar las relaciones sistémicas e históricas entre paramilitares, terratenientes, partidos o grupos políticos del establecimiento, administraciones territoriales, fuerzas armadas y empresas transnacionales que explotan recursos locales. Peor aún, los líderes paramilitares, después de pagar una breve condena, están libres, como es el caso de su promotor en el Magdalena Medio, Ramón Isaza Arango, uno de los fundadores de las autodefensas y conocido narcotraficante a quien la Ley de Justicia y Paz le documentó y comprobó 3.000 hechos criminales que dejaron un saldo de 15.000 asesinatos entre 1977 y 2006. El 29 de enero de 2016, un juez especializado de Medellín ordenó la libertad de Isaza. Y así, los grupos y alianzas criminales y políticas campean a lo largo y ancho del país.

En todo caso, cualesquiera que sean las razones o los propósitos de los miles de candidatos inscritos, lo cierto es que su abultada cantidad no es despreciable. O la seguridad de que el Estado renta en buena cantidad y de manera suficiente, vía gobierno, pesa mucho a la hora de optar por ser elegidos, o en nuestro país existe conciencia y compromiso en cuanto a la democracia formal. Es fácil deducir cuál de las dos pesa más.

No hay que olvidar, asimismo, que el control de terratenientes, paramilitares, sectas religiosas, industriales, comerciantes, especuladores financieros, adheridos a partidos como el Liberal, Cambio Radical, Conservador, Centro Democrático, de la U, o determinantes en sus planes de gobierno, es la nota predominante por todo el país, ya que mantienen su control absoluto en gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y Asambleas departamentales. Es así como el flujo entre lo nacional y lo territorial constituye una manguala y eficiente correa de transmisión que blinda los intereses de la minoría beneficiada de un modelo económico, político, social, militar, ambiental, comunicacional y cultural que mantiene en ascuas a las mayorías de quienes habitan en Colombia.

La aspiración por romper esta constante, a través de la formalidad, pretendido de la mayoría de fuerzas alternativas, no da cuenta de la imperante lógica legal-ilegal administrativa, la misma que tiene capacidad para tragar como agujero negro toda energía que se le acerque.

En esa lógica, y de manera también contradictoria con las dinámicas de la coyuntura territorial, y el esfuerzo depositado en estas elecciones por miles de conciudadanos que sueñan con justicia y paz, los liderazgos nacionales, las personalidades que figuran como cabeza de la izquierda o sectores afines, lo que realmente están pretendiendo con los resultados de octubre próximo es situarse lo mejor posible para las elecciones de 2022. De ahí la disputa que mantienen en la principal ciudad del país. Es así como el interés ciudadano queda sometido a la vanidad de los líderes y su no desmentido afán por la presidencia del país. Es esa una valoración del momento político y la definición de qué y cómo hacer, al margen de la participación de sus bases. Así, más allá de lo que digan y prometan, el camino que ahora se recorre es el mismo de los partidos tradicionales: decisiones verticales y disciplina autoritaria.

¿Fuga? ¿Maniobra?

Por no querer aparecer como candidatos de algún partido –pretendiendo ser vistos como ‘independientes’–, fueron inscritos 590 comités de grupos significativos de ciudadanos, de los cuales la autoridad electoral avaló 476. Estos grupos recogieron un total de 17’915.230 firmas. Dicen por ahí que una firma no se le niega a nadie, pero acá el esfuerzo de movilización y el derroche de dinero para sostenerla no es menor ni despreciable, pues las firmas recogidas se acercan al 50 por ciento del potencial electoral. Si al menos a la mitad de los abordados para solicitarle la firma los comités en cuestión le explicaron lo que pretenden con llegar a un puesto público, ya en esa sola acción estaría en marcha un experimento interesante de politización, sin reparar acá en el sesgo de la misma.

También en esto sabemos que muchos de tales esfuerzos son pagos, mecánicos, en no pocas ocasiones falsos, por lo cual la relación con quien es abordado no es para el diálogo y ahondar conciencia sino formalista –“Hágame el favor y firme acá…”. Valga resaltar que, de estos comités, 31 fueron inscritos para impulsar candidatos a gobernación, 336 para alcaldía, 19 para JAL, 200 para concejos municipales y cuatro para asambleas departamentales.

Si cada uno de los aspirantes a cargos con autoridad territorial contara en promedio con un equipo de 30 personas para discutir, definir y difundir las propuestas que debatieran y quisieran airear en sus territorios con sus vecinos, tendríamos algo así como el diez por ciento de la sociedad colombiana movilizada y organizada para una causa común. ¿Qué tal fuera esto así? Esa sociedad movilizada sería un inmenso potencial para el cambio o para el estancamiento social.

Lo cierto, todos lo sabemos, es que las candidaturas reúnen y movilizan gente por un período corto de tiempo, alrededor de una persona, no para discutir y definir programas que sometan y guíen el plan de acción de cualquiera de los inscritos. Lo hacen en lo fundamental para apoyar a alguien en particular, de quien esperan en un futuro cercano algún favor: puesto, contrato, en fin... Y los candidatos, también lo sabemos, participan tras la idea de conservar un puesto –un trabajo– o para acceder al mismo, bien pago, pero además de ello, abren espacios para llegar a ciertos niveles de poder, lo cual redunda en más y mejores clientelas.

Ante esta realidad, tenemos que lo conformado con estos procesos no son embriones de movimientos sociales, o la potenciación de los mismos, sino que lo así formado son clientelas que funcionan alrededor de una personalidad. Conservar la clientela es la principal preocupación del elegido en los siguientes cuatro años, de manera que en la próxima convocatoria sigan apoyándolo con su voto, para el mismo puesto o para uno superior.

Así, aunque no lo pretendan los candidatos, en vez de fortalecer la acción participativa de la ciudadanía, lo que hacen es deformarla y condicionarla, manteniendo o poniendo a cientos de miles de connacionales a vivir expectantes de lo que puedan sacarle al Estado, por vía sana o no tanto. Y todo esto prolonga y ahonda el poder realmente existente, es decir, la continuidad, así haya cambio en ciertos cargos y se aprueben ciertas medidas que eventualmente mejoran la redistribución de la renta en uno u otro sector social.

De este modo, como complemento de lo anotado, y contrariamente a los liderazgos colectivos, lo que se recrea con este proceso son dependencias y liderazgos individuales –personalismos– que, llegado el caso pueden transformarse en gamonalismos y deformaciones autoritarias similares. “Yo te ayudo, tú me ayudas” “Cómo voy yo” (el famoso CVY), esos son los lemas que están en la base de esta dinámica, sin tener espacio la consigna que debiera resaltar: “nosotros participamos, todos decidimos, el candidato obedece”, como también pudiera ser: “autonomía para construir poder territorial, todos opinamos, todos decidimos, todos gobernamos, alguien/algunos –con cargo rotativo– administra(n)”.

Entre tanto, de lo que aquí se trata es de una participación institucionalizada, reglada, delimitada y hasta condicionada; poco o nada pueden hacer las autoridades territoriales alternativas para torcerle el pescuezo al heredado statu quo reinante y prolongado hasta el cansancio y la injusticia total en Colombia.

Como es obvio, lo máximo que un alcalde puede hacer durante su mandato es administrar de la mejor manera posible los dineros públicos, dándoles un efectivo direccionamiento y ejecución final. No mucho más. Los temas gruesos (modelo económico, doctrina militar, relaciones internacionales, matriz energética, etcétera) son del resorte del gobierno nacional. Más limitado aún si no cuenta con mayorías en el concejo de la ciudad, lo cual lo obliga a realizar permanentes malabarismos burocráticos para no terminar bloqueado hasta en sus proyectos menos ambiciosos.

Es esta una realidad que demanda de la autoridad municipal, que de verdad está dispuesta a liderar un cambio más allá de lo cosmético, a blindarse de imaginación y voluntad de lucha, y lanzarse a la acción pública, concitando a la ciudadanía a la movilización y la demanda de cambio en los proyectos de ciudad, para que en esa forma lo público sea revisado por el concejo municipal y se mejore el recaudo impositivo con cargo a los ricos, o tal vez se recuperen y se hagan de nuevo públicos algunos bienes privatizados en administraciones anteriores.

En esa brega, revisar el POT heredado, y con ello atacar el desastroso modelo urbano que impera por todo el país, ya sería una hazaña, difícil de cuajar toda vez que tocaría confrontar como un solo cuerpo a los mayores grupos de intereses existentes en un territorio dado: constructores, urbanizadores, transportadores, comerciantes, etcétera. Es decir, el mayor y mejor proyecto que un alcalde con vocación de cambio real puede liderar es la potenciación del liderazgo y la decisión colectiva de acción directa y cambio efectivo. De lograr este propósito, con alcalde o sin él, durante su gobierno o más tarde, las mayorías pudieran conseguir lo que se propongan. Potenciación de liderazgo también posible de concretar sin el apoyo de lo institucional, siempre y cuando las fuerzas alternativas recuperen la esencia de su proyecto: la conexión con las mayorías, en sus territorios, acompañando, escuchando, procesando, potenciando liderazgos colectivos, estructurando agendas de mediano y largo plazo a partir de la discusión cotidiana y la racionalización efectiva de las experiencias de lucha de esas mismas comunidades, estimulando el germen de gobierno propio a través de encarar la solución de los problemas de servicios públicos allí donde su prestación sea precaria o no exista, o alentando la apertura de experiencias productivas y de mercadeo solidario, germen de una nueva economía y de un nuevo sentido de lo público, en que el lucro deja de ser su centro. Esto, entre algunas de las gestiones que todo gobierno debe adelantar para garantizar (garantizarse como comunidad en este caso) felicidad y vida digna entre los suyos.

Igual cosa sucede en el campo de los gobiernos departamentales, una figura venida a menos, que cuenta con recursos insuficientes para hacer sentir su mandato en todo el territorio que ocupa un departamento; mandato que, para generar algún ruido –alguna transformación de lo heredado–, debiera contar con el apoyo de la mayoría de alcaldes que hagan parte del territorio en cuestión. Realidad difícil de acordar, lo que aleja la posibilidad de una acción coordinada en temas como demografía-territorio, ambiente, minería, manejo de aguas, bosques, crecimiento de ciudades y orientación de las mismas, educación superior, investigación y ciencia, servicios públicos, derechos humanos.

¿Qué espacio y qué posibilidades reales le quedan en un concejo municipal o asamblea departamental a quien es golondrina en medio del invierno y no cuenta con una base social real? Es innegable que los esfuerzos dedicados por quienes comulgan con la participación formal/institucional son mayúsculos, y los resultados muy por debajo de lo que se proponen en cada período electoral. Una evaluación de esta realidad debiera darle paso a un debate dentro de las colectividades alternativas, sacando conclusiones sensatas, rompiendo ideologismo y valorando la posibilidad de un giro en sus estrategias de participación, acción cotidiana, y formatos de gobierno y poder.

Como lo han demostrado las consultas mineras, estas pueden salir avante sin el apoyo de las autoridades territoriales, aunque en varias de las experiencias vividas las mismas se han plegado al liderazgo comunitario, muestra de que es posible administrar y ser gobierno sin necesidad de copar lo institucional. Autonomía, autogestión y socio-centrismo conforman un triángulo necesario para la resistencia y la implementación de planes de vida alternativos, con los cuales, y en proceso de materialización de los mismos, la democracia dejará de ser formal para ser real. En efecto, otra democracia que sí es posible.

Las lecciones son para aprenderlas. Si los mejores resultados proceden de la acción directa, ¿para que invertir pólvora en gallinazo?

*Esta población electoral podrá elegir 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejos municipales, 32 asambleas departamentales, 1.040 JAL, 12.063 concejales, 6.814 ediles y 418 diputados.

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Jueves, 03 Octubre 2019 06:01

Fragmentos de un espejo roto

Fragmentos de un espejo roto

La independencia de las provincias de Centroamérica fue proclamada el 15 de septiembre de 1821 en el Palacio Nacional de Guatemala, en una encerrona de próceres temerosos del futuro que se apresuraba delante de sus ojos. Guatemala era entonces asiento de la Capitanía General, desde donde se gobernaba el destino de seis provincias, contando Chiapas, las que, tras el derrumbe silencioso del gobierno colonial, no volvieron a avenirse nunca, dominadas por las discordias entre liberales y conservadores.

En Centroamérica, desde entonces un traspatio, la independencia llegó como una carambola, después que en otros países del continente, México, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, culminaban, o estaban por culminar, las grandes epopeyas bélicas que dieron a la historia latinoamericana nombres como los de Miranda, Bolívar, San Martín, Sucre, O’Higgins.

Hay distintas maneras de contar la historia, y por tanto, de fijar las fechas de las celebraciones. Las bisagras del imperio colonial comienzan a aflojarse en 1808, cuando España cae bajo la férula del imperio napoleónico y en América, gran paradoja, la chispa de la independencia se enciende con proclamas de defensa de la legitimidad del reinado de Fernando VII, depuesto por los franceses. El Cabildo de Caracas, para dar un solo ejemplo, se proclama como la "Junta Suprema Conservadora" de los derechos de aquel monarca tan dual, al que la historia llama indistintamente "El Deseado" y "El rey felón".

Tras la proclama de la independencia, los próceres tenían el oído puesto en el destino de México, el vecino poderoso de entonces, y pocos meses después de la firma del acta oficial del 15 de septiembre de 1821, temerosos de quedarse solos, corrieron a anexar a las recién independizadas provincias al imperio de Agustín de Iturbide, que no tardó en fracasar. Chiapas se integró a México independiente en 1823.

La independencia centroamericana cayó como una fruta madura del viejo árbol colonial. Fue el resultado de un trámite burocrático confuso, aceptado en algunas de las provincias, rechazado en otras; o, como ocurrió en León, Nicaragua, la dualidad: las autoridades suscribieron el "acta de los nublados", que proclamaba la independencia de España, "hasta tanto que se aclaren los nublados del día".

El acta del 15 de septiembre lleva a la cabeza la firma del capitán general don Gabino Gaínza, quien no hacía sino cambiar de casaca. De gobernador español, pasaba a jefe del gobierno independiente, y los firmantes que concurrieron con él, tenían, en su mayoría, una impecable hoja al servicio de los intereses coloniales, ya agónicos para entonces en todo el continente.

En el primer punto del acta se explica, con diáfana claridad, la razón fundamental para que aquellos que representaban el poder de la corona se lo transfirieran a ellos mismos convertidos en autoridades republicanas. Ese primer punto dice, de manera textual, que se declara la independencia "para prevenir las consecuencias, que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo". Más claro no canta el gallo de la historia.

Sin embargo, si el acta del 15 de septiembre se firmó sin costo de sangre, alentó las disensiones y las disputas intestinas. La sangre habría de derramarse abundantemente después en continuas guerras intestinas entre criollos y mestizos, que buscaban mantener viva la nueva República Federal proclamada en 1824, y los conservadores monárquicos, que rechazaban la federación como un plan de los francmasones. Y estas guerras vinieron a sellar nuestra suerte definitiva: la de ser, hasta ahora, pedazos sueltos de un todo común. Una frustración que no cesa.

El verdadero prócer de este sueño imposible que se llama Centroamérica fue el general Francisco Morazán, empeñado a lo largo de una década en unir los fragmentos dispersos y darle a la región una entidad política federal, hasta que murió fusilado en Costa Rica en 1842. Luego, cada pequeño país cogió su propio camino.

Desde la independencia hemos vivido bajo la regla de oro que Giuseppe de Lampedusa expresa en El Gatopardo, muy siciliana y muy universal: “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie…”

Casi ya dos siglos de historia independiente en una región fragmentada, y tantas veces olvidada, que se sitúa lejos de cualquier asomo de entidad o unidad política, y donde los vínculos geográficos, históricos y culturales resultan siempre apartados por intereses espurios; una crónica cortedad de miras, que en pleno siglo XXI deja la modernidad, que implica el desarrollo integral y la justicia social, en una lejana quimera.

La pregunta de si somos una nación, o queremos serlo, ni siquiera está planteada. Los discursos retóricos y demagógicos sobran. Los organismos de integración son decorativos, un parlamento, una corte de justicia, tal como si para construir una casa se comenzara por el techo, sin tener primero los cimientos.

En lugar de próceres, como Morazán, lo que hemos tenido son ilusionistas de oficio. Y continuamos mirándonos en los fragmentos de un espejo roto.

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Octubre de 2019, elecciones sin posibilidad de cambio del poder real

Con un potencial electoral de 37’136.581 votantes, la sociedad colombiana está citada para el próximo 27 de octubre a una nueva elección de autoridades territoriales*, en esta ocasión para ejercer funciones durante el período 2020-2023. Tales funciones, por Constitución, son las de administrar recursos públicos, representar democráticamente a la comunidad, diseñar las políticas públicas y ejecutarlas, ordenar el territorio, y planear el desarrollo local y regional.

Convencidos de que esta es la mejor vía para la participación y para lograr o conservar el país que tienen, así como para reforzar u oxigenar la democracia realmente existente, 117.823 candidatos inscribieron su nombre con pretensión de ser elegidos para alguna responsabilidad territorial.

¿Qué tanto y tan bueno dan estos cargos, que un variopinto y voluminoso grupo de aspirantes los pretenden? Cada uno de quienes leen este editorial tendrá su respuesta. Aspiración de manejar los dineros públicos, aún más llamativa, toda vez que no son extrañas las amenazas, los atentados y los asesinatos de candidatos, sobre todo en territorios en los cuales el poder real está bajo el control de entes, organizaciones o personas al margen del Estado, en contra del aún existente, o como respaldo poco santo al que se prolonga, reformándose y ahondando sus capacidades y poderes, desde dos siglos atrás.

El copamiento de territorios por parte del factor para no es desconocido en el país, realidad que se extiende de diversas maneras en las zonas donde fueron claramente reconocidos y padecidos por la aplicación de un poder omnímodo de muchos años, el mismo que se amplía a otras zonas. El manejo de lo público, como resorte de clientelas (el escaso empleo que generan los municipios, además del desfalco de sus presupuestos), es reconocido por el poder tradicional como factor sustancial para mantener sojuzgadas a las mayorías.

En particular, el poder territorial del paramilitarismo sigue vivo. Después de largos años de operar el modelo de Justicia Transicional, establecido por la Ley 975 de 2005, conocido como Ley de Justicia y Paz o marco jurídico, promovido por el gobierno de Álvaro Uribe y aprobado por el Congreso para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares, los pocos magistrados encargados de aplicar la ley concluyen en que ésta sirvió para enjuiciar tan solo a los comandantes, pues los mandos medios continuaron ejerciendo su arbitrariedad y su potestad en las regiones donde dominaban. Además, los procesos adelantados han servido para demostrar las relaciones sistémicas e históricas entre paramilitares, terratenientes, partidos o grupos políticos del establecimiento, administraciones territoriales, fuerzas armadas y empresas transnacionales que explotan recursos locales. Peor aún, los líderes paramilitares, después de pagar una breve condena, están libres, como es el caso de su promotor en el Magdalena Medio, Ramón Isaza Arango, uno de los fundadores de las autodefensas y conocido narcotraficante a quien la Ley de Justicia y Paz le documentó y comprobó 3.000 hechos criminales que dejaron un saldo de 15.000 asesinatos entre 1977 y 2006. El 29 de enero de 2016, un juez especializado de Medellín ordenó la libertad de Isaza. Y así, los grupos y alianzas criminales y políticas campean a lo largo y ancho del país.

En todo caso, cualesquiera que sean las razones o los propósitos de los miles de candidatos inscritos, lo cierto es que su abultada cantidad no es despreciable. O la seguridad de que el Estado renta en buena cantidad y de manera suficiente, vía gobierno, pesa mucho a la hora de optar por ser elegidos, o en nuestro país existe conciencia y compromiso en cuanto a la democracia formal. Es fácil deducir cuál de las dos pesa más.

No hay que olvidar, asimismo, que el control de terratenientes, paramilitares, sectas religiosas, industriales, comerciantes, especuladores financieros, adheridos a partidos como el Liberal, Cambio Radical, Conservador, Centro Democrático, de la U, o determinantes en sus planes de gobierno, es la nota predominante por todo el país, ya que mantienen su control absoluto en gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y Asambleas departamentales. Es así como el flujo entre lo nacional y lo territorial constituye una manguala y eficiente correa de transmisión que blinda los intereses de la minoría beneficiada de un modelo económico, político, social, militar, ambiental, comunicacional y cultural que mantiene en ascuas a las mayorías de quienes habitan en Colombia.

La aspiración por romper esta constante, a través de la formalidad, pretendido de la mayoría de fuerzas alternativas, no da cuenta de la imperante lógica legal-ilegal administrativa, la misma que tiene capacidad para tragar como agujero negro toda energía que se le acerque.

En esa lógica, y de manera también contradictoria con las dinámicas de la coyuntura territorial, y el esfuerzo depositado en estas elecciones por miles de conciudadanos que sueñan con justicia y paz, los liderazgos nacionales, las personalidades que figuran como cabeza de la izquierda o sectores afines, lo que realmente están pretendiendo con los resultados de octubre próximo es situarse lo mejor posible para las elecciones de 2022. De ahí la disputa que mantienen en la principal ciudad del país. Es así como el interés ciudadano queda sometido a la vanidad de los líderes y su no desmentido afán por la presidencia del país. Es esa una valoración del momento político y la definición de qué y cómo hacer, al margen de la participación de sus bases. Así, más allá de lo que digan y prometan, el camino que ahora se recorre es el mismo de los partidos tradicionales: decisiones verticales y disciplina autoritaria.

¿Fuga? ¿Maniobra?

Por no querer aparecer como candidatos de algún partido –pretendiendo ser vistos como ‘independientes’–, fueron inscritos 590 comités de grupos significativos de ciudadanos, de los cuales la autoridad electoral avaló 476. Estos grupos recogieron un total de 17’915.230 firmas. Dicen por ahí que una firma no se le niega a nadie, pero acá el esfuerzo de movilización y el derroche de dinero para sostenerla no es menor ni despreciable, pues las firmas recogidas se acercan al 50 por ciento del potencial electoral. Si al menos a la mitad de los abordados para solicitarle la firma los comités en cuestión le explicaron lo que pretenden con llegar a un puesto público, ya en esa sola acción estaría en marcha un experimento interesante de politización, sin reparar acá en el sesgo de la misma.

También en esto sabemos que muchos de tales esfuerzos son pagos, mecánicos, en no pocas ocasiones falsos, por lo cual la relación con quien es abordado no es para el diálogo y ahondar conciencia sino formalista –“Hágame el favor y firme acá…”. Valga resaltar que, de estos comités, 31 fueron inscritos para impulsar candidatos a gobernación, 336 para alcaldía, 19 para JAL, 200 para concejos municipales y cuatro para asambleas departamentales.

Si cada uno de los aspirantes a cargos con autoridad territorial contara en promedio con un equipo de 30 personas para discutir, definir y difundir las propuestas que debatieran y quisieran airear en sus territorios con sus vecinos, tendríamos algo así como el diez por ciento de la sociedad colombiana movilizada y organizada para una causa común. ¿Qué tal fuera esto así? Esa sociedad movilizada sería un inmenso potencial para el cambio o para el estancamiento social.

Lo cierto, todos lo sabemos, es que las candidaturas reúnen y movilizan gente por un período corto de tiempo, alrededor de una persona, no para discutir y definir programas que sometan y guíen el plan de acción de cualquiera de los inscritos. Lo hacen en lo fundamental para apoyar a alguien en particular, de quien esperan en un futuro cercano algún favor: puesto, contrato, en fin... Y los candidatos, también lo sabemos, participan tras la idea de conservar un puesto –un trabajo– o para acceder al mismo, bien pago, pero además de ello, abren espacios para llegar a ciertos niveles de poder, lo cual redunda en más y mejores clientelas.

Ante esta realidad, tenemos que lo conformado con estos procesos no son embriones de movimientos sociales, o la potenciación de los mismos, sino que lo así formado son clientelas que funcionan alrededor de una personalidad. Conservar la clientela es la principal preocupación del elegido en los siguientes cuatro años, de manera que en la próxima convocatoria sigan apoyándolo con su voto, para el mismo puesto o para uno superior.

Así, aunque no lo pretendan los candidatos, en vez de fortalecer la acción participativa de la ciudadanía, lo que hacen es deformarla y condicionarla, manteniendo o poniendo a cientos de miles de connacionales a vivir expectantes de lo que puedan sacarle al Estado, por vía sana o no tanto. Y todo esto prolonga y ahonda el poder realmente existente, es decir, la continuidad, así haya cambio en ciertos cargos y se aprueben ciertas medidas que eventualmente mejoran la redistribución de la renta en uno u otro sector social.

De este modo, como complemento de lo anotado, y contrariamente a los liderazgos colectivos, lo que se recrea con este proceso son dependencias y liderazgos individuales –personalismos– que, llegado el caso pueden transformarse en gamonalismos y deformaciones autoritarias similares. “Yo te ayudo, tú me ayudas” “Cómo voy yo” (el famoso CVY), esos son los lemas que están en la base de esta dinámica, sin tener espacio la consigna que debiera resaltar: “nosotros participamos, todos decidimos, el candidato obedece”, como también pudiera ser: “autonomía para construir poder territorial, todos opinamos, todos decidimos, todos gobernamos, alguien/algunos –con cargo rotativo– administra(n)”.

Entre tanto, de lo que aquí se trata es de una participación institucionalizada, reglada, delimitada y hasta condicionada; poco o nada pueden hacer las autoridades territoriales alternativas para torcerle el pescuezo al heredado statu quo reinante y prolongado hasta el cansancio y la injusticia total en Colombia.

Como es obvio, lo máximo que un alcalde puede hacer durante su mandato es administrar de la mejor manera posible los dineros públicos, dándoles un efectivo direccionamiento y ejecución final. No mucho más. Los temas gruesos (modelo económico, doctrina militar, relaciones internacionales, matriz energética, etcétera) son del resorte del gobierno nacional. Más limitado aún si no cuenta con mayorías en el concejo de la ciudad, lo cual lo obliga a realizar permanentes malabarismos burocráticos para no terminar bloqueado hasta en sus proyectos menos ambiciosos.

Es esta una realidad que demanda de la autoridad municipal, que de verdad está dispuesta a liderar un cambio más allá de lo cosmético, a blindarse de imaginación y voluntad de lucha, y lanzarse a la acción pública, concitando a la ciudadanía a la movilización y la demanda de cambio en los proyectos de ciudad, para que en esa forma lo público sea revisado por el concejo municipal y se mejore el recaudo impositivo con cargo a los ricos, o tal vez se recuperen y se hagan de nuevo públicos algunos bienes privatizados en administraciones anteriores.

En esa brega, revisar el POT heredado, y con ello atacar el desastroso modelo urbano que impera por todo el país, ya sería una hazaña, difícil de cuajar toda vez que tocaría confrontar como un solo cuerpo a los mayores grupos de intereses existentes en un territorio dado: constructores, urbanizadores, transportadores, comerciantes, etcétera. Es decir, el mayor y mejor proyecto que un alcalde con vocación de cambio real puede liderar es la potenciación del liderazgo y la decisión colectiva de acción directa y cambio efectivo. De lograr este propósito, con alcalde o sin él, durante su gobierno o más tarde, las mayorías pudieran conseguir lo que se propongan. Potenciación de liderazgo también posible de concretar sin el apoyo de lo institucional, siempre y cuando las fuerzas alternativas recuperen la esencia de su proyecto: la conexión con las mayorías, en sus territorios, acompañando, escuchando, procesando, potenciando liderazgos colectivos, estructurando agendas de mediano y largo plazo a partir de la discusión cotidiana y la racionalización efectiva de las experiencias de lucha de esas mismas comunidades, estimulando el germen de gobierno propio a través de encarar la solución de los problemas de servicios públicos allí donde su prestación sea precaria o no exista, o alentando la apertura de experiencias productivas y de mercadeo solidario, germen de una nueva economía y de un nuevo sentido de lo público, en que el lucro deja de ser su centro. Esto, entre algunas de las gestiones que todo gobierno debe adelantar para garantizar (garantizarse como comunidad en este caso) felicidad y vida digna entre los suyos.

Igual cosa sucede en el campo de los gobiernos departamentales, una figura venida a menos, que cuenta con recursos insuficientes para hacer sentir su mandato en todo el territorio que ocupa un departamento; mandato que, para generar algún ruido –alguna transformación de lo heredado–, debiera contar con el apoyo de la mayoría de alcaldes que hagan parte del territorio en cuestión. Realidad difícil de acordar, lo que aleja la posibilidad de una acción coordinada en temas como demografía-territorio, ambiente, minería, manejo de aguas, bosques, crecimiento de ciudades y orientación de las mismas, educación superior, investigación y ciencia, servicios públicos, derechos humanos.

¿Qué espacio y qué posibilidades reales le quedan en un concejo municipal o asamblea departamental a quien es golondrina en medio del invierno y no cuenta con una base social real? Es innegable que los esfuerzos dedicados por quienes comulgan con la participación formal/institucional son mayúsculos, y los resultados muy por debajo de lo que se proponen en cada período electoral. Una evaluación de esta realidad debiera darle paso a un debate dentro de las colectividades alternativas, sacando conclusiones sensatas, rompiendo ideologismo y valorando la posibilidad de un giro en sus estrategias de participación, acción cotidiana, y formatos de gobierno y poder.

Como lo han demostrado las consultas mineras, estas pueden salir avante sin el apoyo de las autoridades territoriales, aunque en varias de las experiencias vividas las mismas se han plegado al liderazgo comunitario, muestra de que es posible administrar y ser gobierno sin necesidad de copar lo institucional. Autonomía, autogestión y socio-centrismo conforman un triángulo necesario para la resistencia y la implementación de planes de vida alternativos, con los cuales, y en proceso de materialización de los mismos, la democracia dejará de ser formal para ser real. En efecto, otra democracia que sí es posible.

Las lecciones son para aprenderlas. Si los mejores resultados proceden de la acción directa, ¿para que invertir pólvora en gallinazo?

*Esta población electoral podrá elegir 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejos municipales, 32 asambleas departamentales, 1.040 JAL, 12.063 concejales, 6.814 ediles y 418 diputados.

Publicado enEdición Nº261
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