El ministro de Finanzas de Japón Taro Aso y el presidente del Eurogrupo Paschal Donohoe. — REUTERS

Los ministros de Finanzas de siete superpotencias occidentales acuerdan apoyar un impuesto de mínimo y planetario "de al menos el 15%" que, a falta de mayor concreción, aspira a sentar las bases para comenzar a regular la tributación del capitalismo global, aunque mantiene las incógnitas sobre sus efectos reales en las haciendas estatales y los consumidores.

 

La reunión de ministros de Finanzas del G-7 cumplió las expectativas y solventó con un anuncio tan ambiguo e inconcreto como solemne la sesión preparativa de la cumbre de jefes de Estado de la semana que viene: el ministro británico, Rishi Sunak, fue como anfitrión el encargado de explicar al mundo que su país, EEUU, Canadá, Japón, Alemania, Francia e Italia, las siete principales potencias económicas del mundo siempre que se obvie a China e India, han acordado apoyar el establecimiento de un impuesto global sobre los beneficios empresariales “de al menos el 15%”.

Irónicamente, el mundo se enteraba del acuerdo "histórico" para "reformar el sistema fiscal global" y adaptarlo a la era del capitalismo tecnológico a través de un tweet, es decir, mediante los servicios de uno de esos "gigantes tecnológicos" de los que el ministro considera "crucial" asegurar que "pagan el impuesto adecuado en el lugar correcto", algo que, matizó, tiene "un precio enorme para el contribuyente británico".

La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, se pronunció en términos similares cuando aseguró que "esta tasa mínima global pone fin a la carrera a la baja del impuesto de sociedades y garantiza justicia para la clase media y los trabajadores de Estados Unidos y de todo el mundo".

La ambigüedad de ambos anuncios, a la espera de que los jefes de Estado de esos siete países amplíen su posicionamiento, resulta tan esperanzadora como inquietante, tanto por lo que dicen como por lo que no.

La ambigüedad como baza de la geopolítica tributaria

Lo que dicen es que esos siete países apoyan que el Impuesto de Sociedades tenga en todo el mundo un tipo mínimo del 15%, y que se trata de una medida que va a resultar positiva para sus respectivas públicas.

Lo que no dicen es cuál va a ser la letra pequeña de esa norma, de lo que dependen en la práctica su eficacia y su equidad.

Y lo que ya estaba dicho de antemano es que se trata de un pronunciamiento de siete países, para nada actores secundarios en el concierto internacional pero que han participado en un foro informal, sobre un asunto que, en todo caso, no comenzará a ser trasladado al terreno práctico antes de los próximos plenarios del G-20 y la OCDE, que sí disponen de capacidad normativa, y que después tendrán que poner en marcha otros como la UE.

La falta de concreción sobre la medida responde, aparentemente, a dos claves lógicas: la reserva de la zona central de la escena para los jefes de Estado y la certeza de que ese posicionamiento de los siete no es el final de un camino sino una de sus primeras etapas, a falta de posteriores negociaciones en eso foros, y eso requiere disponer de un margen para negociar. Siempre que uno esté dispuesto a hacerlo, claro.

Y así está uno de los aspectos clave: el promotor de la iniciativa, el estadounidense Joe Biden, que está trabajando en un tipo del 28% para su país, comenzó en abril proponiendo uno global del 21% que ya se ha quedado en el 15%. Y eso, a falta de que entren en la sala actores como Singapur, Holanda e Irlanda, que han hecho de los impuestos low cost un componente clave de su negocio-país. Todo, mientras otros como China mantienen un estruendoso silencio.

Esa inconcreción impide al mismo tiempo, y más allá de la previsible cantinela liberaloide sobre el riesgo de que las empresas repercutan en sus precios sus costes impositivos, atisbar las consecuencias que una medida de este tipo puede tener para unos ciudadanos convertidos en el principal objeto de negocio de unos gigantes digitales que les dan la apariencia de usuarios. "Si es gratis, es porque el producto eres tú", reza el máximo aforismo de la mercadotecnia virtual.

¿Cuál era el problema a resolver?

La combinación de los paraísos fiscales y los países de baja tributación han servido en las últimas cuatro décadas como base para la generalización de una serie de tinglados societarios que permiten a los grandes emporios canalizar sus beneficios hacia los estados de baja tributación a base de que sus sedes regionales les facturen a las locales cifras millonarias como servicios cuando, en realidad, se trata de meras transferencias.

El impuesto de sociedades global tiene como objetivo evitar ese escaqueo tributario y hacer que las empresas transnacionales paguen impuestos a las haciendas locales en función del negocio realizan y de los beneficios que obtienen en cada territorio.

Esa es la teoría. La práctica dependerá de la letra pequeña, que debe establecer si el impuesto se aplica sobre los beneficios contables o sobre las bases impositivas una vez aplicadas las deducciones, algo que en España permite bajar de un teórico 25% de los beneficios a un 8.3%; cómo será el cobro en cada país y qué parte del negocio puede transferirse a la sede de la empresa, y qué ocurre con los impuestos actuales, ¿Irlanda subirá su 12,5% actual y Suiza su 8,5% al 15%? ¿España restará diez puntos su 25% y Francia bajará a la mitad su 30%?Esos detalles están pendientes de lo que salga del G-20 y la OCDE, y de cómo se interprete esa partitura en la UE o Mercosur amén de las versiones locales, aunque estudios como el reciente de Simulaciones para la UE del cobro del déficit tributario de las multinacionales, elaborado por el Tax Observatory de Gbriel Zucman, dan pistas: los principales beneficiarios de un impuesto global sobre los beneficios empresariales serían los miembros del G-7, con EEUU la cabeza (164.000 millones de euros de 460.000 con un tipo del 25%), mientras que con niveles como el anunciado (15%), otros como España ingresarían 700, que son menos de los estimados para las polémicas tasas Tobin (850) y Google (1.200).

"Sin acuerdo no se puede imponer un tributo a las multinacionales no residentes"

Julio López Laborda, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y uno de los principales expertos del país en materia tributaria, destaca que "se está dando mucha importancia al establecimiento de un tipo mínimo pero también es relevante el segundo componente, que pretende atribuir a los países el derecho de gravar parte de los beneficios de las multinacionales generados en su territorio", algo que permitiría "avanzar bastante en la limitación de la competencia fiscal y la deslocalización ficticia de los beneficios o profit shifting hacia territorios de baja tributación como los paraísos fiscales, así como en el reparto más justo de la recaudación del IS entre los países".

En este sentido, anota, EEUU ha pasado de rechazar ese segundo componente, el de la presión local, a apoyarlo "esperando que también se traduzca en un aumento de ingresos tributarios para el país", aunque "es importante advertir de que los resultados dependerán mucho de la ambición de las medidas que se acuerden: por ejemplo, no es lo mismo un tipo mínimo del 12,5% que del 21%".

La implementación del impuesto no resultaría, en cualquier caso, sencilla, ya que los Estados pueden "adoptar el Pilar 2 e imponer a sus multinacionales residentes un impuesto equivalente a la diferencia entre el tipo mínimo acordado y la tributación efectiva de las mismas en otros países", pero, al mismo tiempo, "sin acuerdo no puede imponer a las multinacionales no residentes que tributen por los beneficios generados en España, porque no lo permiten las normas vigentes de fiscalidad internacional, en particular, los denominados convenios de doble imposición". Las primeras serían Telefónica, Iberdrola o ACS; las segundas, Amazon, Twitter o Facebook.

"El listón queda tan bajo que cualquier empresa podrá saltárselo"

Así, apunta, "los acuerdos no podrán ser muy ambiciosos, ni en la determinación de las empresas afectadas (sectores, tamaños) ni en el importe del tipo mínimo que se fije. Pero, en todo caso, será un avance con respecto a la situación actual".

Por último, López Laborda rechaza que pueda hablarse de un intento de "armonización global" del Impuesto de Sociedades, aunque sí considera que "las propuestas en las que está trabajando la OCDE a instancias del G20 pueden tener efectos de largo alcance". Entre otras causas, añade, porque "los países más grandes han estado desde el principio detrás de los trabajos de la OCDE, en especial, Francia y Alemania, y ahora tienen más interés que nunca en que salgan adelante, porque les pueden proporcionar ingresos adicionales que precisan para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia".

Por su parte, Íñigo Macías, responsable de Investigaciones de Oxfam-Intermon, calificó de "decepcionante e incluso absurdo que el G-7 declare que esto es una ‘transformación integral’ del sistema fiscal internacional", ya que "un mínimo global del 15% se queda corto, no marcará ese punto de inflexión para acabar con el uso abusivo de los paraísos fiscales ni en la competencia fiscal".

"Nos hubiera gustado poder reconocer que este era el gran momento histórico de la reforma del sistema fiscal impulsado por las grandes economías del mundo para que las grandes corporaciones lleguen a pagar los impuestos que les corresponde donde les corresponde", anotó, pero "con este 15% en realidad no hacen más que alinearse con los paraísos fiscales como Irlanda, Suiza o Singapur. El listón queda tan bajo que casi te tropiezas con él y cualquier gran empresa se lo saltará".

05/06/2021 18:03

Eduardo Bayona@e_bayona

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Holanda aprueba una ley para limitar el precio de los alquileres

Conservadores y laboristas apoyan una medida que impide subir los precios de los alquileres durante tres años. Solo los partidos de ultraderecha se han opuesto a la regulación.

 

En los próximos tres años, los inquilinos holandeses estarán protegidos contra los aumentos de los precios del alquiler, en un contexto de crisis sanitaria y social provocada por el coronavirus. Las rentas del sector privado solo podrán incluir el aumento de la inflación y un incremento de un 1%. 

La ley fue presentada por el diputado laborista Henk Nijboer en el Congreso el 9 de febrero pasado y contó con el apoyo de todas las formaciones políticas a excepción de los ultraderechistas Foro para la Democracia (FvD, en neerlandés) y el partido de Henk Otten, fundador de FvD y recientemente escindido de esta organización neofascista. La medida fue finalmente aprobada por el Senado este 23 de marzo.

La nueva ley afectará a medio millón de viviendas, aquellas cuyo alquiler supere los 750 euros mensuales, según publicó el diario holandés Het Parool. El pasado año, 87.000 inquilinos se enfrentaron a un aumento del precio del alquiler que con esta nueva ley aprobada serían ilegales.

El gobierno de centro derecha de Mark Rutte ya había propuesto en mayo de 2020 limitar el aumento de los alquileres a un 2,5%, una propuesta que resultó insuficiente para la oposición laborista. La presión de la izquierda en el Parlamento ha conseguido sacar adelante una ley que supone una inflexión en la política de vivienda en los Países Bajos: hasta ahora los límites al aumento de los precios solo se aplicaban a la vivienda social. 

Junto con esta medida, el Senado ha dado el visto bueno a otros dos proyectos de ley que afectan a los alquileres y entrarán en vigor en 2022. Entre las medidas recogidas, se incluye una vía para que los propietarios puedan hacer descuentos temporales antes problemas económicos de los inquilinos y otra que vincula los ingresos de los inquilinos a los precios del alquiler: los propietarios podrán subir más el precio del alquiler a los inquilinos que tengan ingresos más altos. 

Redacción El Salto

25 mar 2021 12:53

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India amenaza con encarcelar a los empleados de Facebook/Whatsapp/Twitter

El Big Tech de Silicon Valley –Google/Apple/Facebook/Amazon/Microsoft/Twitter– cosecha las tempestades después de los totalitarios vientos cibernéticos que sembró. Cada país agredido y/o censurado reacciona de forma diferente de acuerdo con su idiosincrasia, como son los casos notables de la Unión Europea y Australia (https://bit.ly/2O9CWBU), cuando brilla intensamente el silencio generalizado en Latinoamérica.

La colisión, ahora de India contra Facebook y su apéndice Whatsapp, además del tan vilipendiado Twitter –que en México se volvió una granja de bots donde predominan los intereses de Enrique Krauze Kleinbort y su marioneta Calderón (https://bit.ly/3eeUiZ4)– es de alto riesgo, ya que el gigante asiático de mil 340 millones de habitantes –con una población mayoritaria de 44 por ciento de los 0 a los 24 años, y 41.5 por ciento de 25 a 54– ostenta una gran cultura cibernética que puede trastocar las coordenadas del dominio de la cibercracia controlada por la bancocracia plutocrática de Wall Street.

El conflicto se deriva de la postura que Facebook/Whatsapp/Twitter han tomado en las protestas de los agricultores indios contra el gobierno del primer ministro, Narendra Modi, un nacionalista hindú (https://bit.ly/3bi8pea). La molestia del gobierno va contra los datos que maneja Whatsapp que es inmensamente popular (sic) en India–donde Facebook tiene más usuarios que en cualquier otro país– y “promete a sus usuarios una comunicación encriptada (sic), imposible de leer por personas ajenas (https://on.wsj.com/3eeaqtu)”.

WhatsApp y Twitter alegan adecuarse a las leyes y a los términos contractuales de sus servicios (https://on.wsj.com/3qiVyMP). Una de las máximas censuradoras cibernéticas en Occidente, Twitter, se muerde la lengua cuando arguye que continuará abogando por los principios fundamentales del Internet abierto (¡mega-sic!).

India ha comenzado la formulación de nuevas reglas que exigen a las empresas Facebook/Whatsapp/Twitter resolver las quejas de los usuarios en forma expedita. También es cierto que países con máscara democrática usan los datos de las redes para reprimir la libertad ciudadana.

Otro problema es que las redes sociales en el propio Estados Unidos no están reguladas y han provocado una gran controversia doméstica.

Las polémicas nuevas leyes agrícolas en India, como era de esperarse, provocaron masivas protestas que llevan un mes, y tuvieron un efecto multiplicador gracias al laissez-faire, laissez-passer de las redes sociales. India es donde Twitter ha tenido su más rápido desarrollo global. Es evidente que lo sabe muy bien el gobierno de Modi, que con la mano en la cintura prohibió el muy popular TikTok, de China.

Hoy el gobierno indio alega que Facebook, Whatsapp y Twitter pisotean sus leyes, por lo que puede ser motivo de sanciones y encarcelamientos de los representantes de las citadas empresas.

¿Quién impondrá sus leyes a quién? ¿La cibercracia a India o India a la cibercracia? ¿Dónde queda el concepto de soberanía? El gobierno indio ha señalado que las redes sociales forman parte de una conspiración (sic), sin especificar.

El choque es de pronóstico reservado, ya que India ostenta el tercer sitial en el ranking geoeconómico global con un PIB medido por el poder adquisitivo de 9.15 trillones de dólares (en anglosajón), detrás de Estados Unidos (segundo lugar) y China (primer lugar), según la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) (https://bit.ly/3rymhGA).

La desregulación de la cibercracia puede constituir una amenaza a la seguridad nacional de los países valetudinarios; además de que puede servir de instrumentación para derrocar y/o desestabilizar a regímenes adversos a los designios de Silicon Valley y Wall Street, mediante sus apátridas Caballos de Troya internos. Al exterior, los países deben regular la avalancha de la cibercracia, mientras al interior, tomando en cuenta elementos específicos de la seguridad nacional, deben respetar la sacrosanta libertad de expresión con su derecho de réplica –pilares de la democracia–, impulsando al unísono estrictas leyes con máximos castigos civiles para contrarrestar los libelos.

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Un agente de policía con una pistola taser en una imagen de archivo. EP.

No existe un marco regulador común que fije requisitos a la hora de usar estas armas a pesar de que hay estudios que certifican su peligrosidad. Los sindicatos policiales las reclaman y asociaciones pro derechos humanos las critican. 

 

La utilización de las pistolas taser por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vuele a estar en el punto de mira. Este jueves se difundió un vídeo en el que un dispositivo de los Mossos d'Esquadra reducía con una de estas armas a una joven en la puerta de un hospital entre críticas por hacer un uso de la fuerza preocupante y desproporcionado.

Desde su llegada a España, el debate en torno al uso de este instrumento ha suscitado la polémica. Mientras que los sindicatos policiales defienden la incorporación de este tipo de armas, que consideran que generan una "lesividad mínima", organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos como Amnistía Internacional están preocupadas por los riesgos que entrañan para la vida de las personas. Por su parte, la ONU las considera un dispositivo de tortura que puede ocasionar la muerte.

Repasamos algunas de las claves sobre el uso de estos dispositivos en España.

¿Qué son y qué efectos tienen sobre quien recibe un disparo?

Las pistolas taser son unas armas diseñadas para incapacitar a una persona o a un animal mediante descargas eléctricas que imitan las señales nerviosas y confunden a los músculos motores, principalmente brazos y piernas, inmovilizando al objetivo temporalmente. Taser es la marca y su nombre procede del acrónimo de Thomas A. Swift's Electric Rifle, la obra de Victor Appleton escrita en 1911 en la que su protagonista crea un rifle eléctrico.

Los riegos de muerte se incrementan si hablamos de personas con dolencias cardíacas o mujeres embarazadas

Aunque los que promueven su uso aseguran que únicamente inmovilizan generando una incapacitación inmediata y transitoria de las persona mediante pulsos eléctricos y que en ningún caso hay consecuencias mayores, lo cierto es que los efectos sobre los ciudadanos que reciben los disparos sí que pueden ser graves. Amnistía Internacional señaló en 2015 que las lesiones secundarias que puede generar al afectado al desplomarse pueden ser incluso letales. Además, los riesgos de muerte se incrementan si hablamos de personas con dolencias cardíacas o mujeres embarazadas. 

La joven que recibió este jueves tres disparos con una de estas armas en Sabadell, Paula Parra, ha relatado en TV3 que con el primer tiro sintió un pinchazo en el pecho durante unos segundos y acto seguido notó una descarga eléctrica que la tiró al suelo. Después de este, recibió otros dos impactos en el brazo, ha explicado. 

Una investigación de Reuters asegura que en Estados Unidos, en unos 20 años, han muerto más de 1.000 personas que habían sufrido un "incidente" con una de estas pistolas. En 153 de estos casos las autoridades han confirmado  que las tasers fueron culpables directos o contribuyeron al fallecimiento.

¿Quién las usa?

En Catalunya, el Parlament autorizó en julio de 2016 que se dotara a la Policía catalana de estas armas. Los Mossos d'Esquadra utilizaron por primera vez una taser en septiembre de 2018 para reducir a un hombre que se comportaba de manera agresiva con su exmujer y su hija en un bar de Girona. En Euskadi, el Gobierno vasco dedicó en el año 2017 una partida de 50.000 euros para comprar este tipo de dispositivos a la Ertzaintza. 

También unos 200 cuerpos de policías locales de diferentes ayuntamientos las han incorporado ya. "La falta de regulación y de un marco normativo general genera un vacío legal", que permite que cada Administración decida por su cuenta si usarlas o no, señala el portavoz de la Fundación por los derechos humanos Irídia, Andrés García.

De los grandes consistorios, el de Madrid ha dotado a su Policía Local con más de 200 pistolas taser bajo el pretexto de que la utilización de las armas eléctricas respetará criterios garantistas para la seguridad. El Ayuntamiento de Barcelona no las ha incorporado por el momento, pero sí que lo han hecho más de una cincuentena de municipios catalanes. Mientras, los sindicatos han solicitado que se incorpore como arma para el cuerpo de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

Por su parte, la Policía Nacional recientemente ha comprado un lote de 1.000 de estos dispositivos. También está previsto que agentes de la Guardia Civil tengan acceso a ellas. 

¿Bajo qué protocolos?

El principio básico es que los cuerpos policiales solo deberían hacer uso de estas armas cuando la situación entrañe un riesgo grave para la integridad física. Ahora bien, no existe un marco normativo común que regule su uso.

Las organizaciones que defienden los derechos humanos han reclamado tanto al Congreso como al Ministerio de Interior la necesidad de que se cree una instrucción de uso que cumpla con ciertos requisitos. En concreto, exigen que cada intervención con una taser quede grabada, cuestión que por el momento no es indispensable.

Para el ministerio de Grande-Marlaska "no es obligatorio ni necesario" que los agentes que porten las armas eléctricas registren sus intervenciones "con carácter general" a pesar de que el modelo adquirido por el Ejecutivo ofrece la posibilidad de realizar grabaciones. Mientras, para García es "absolutamente imprescindible porque es la única manera de garantizar que todas las actuaciones serán revisadas". 

¿Cuáles son las consecuencias?

El portavoz de Irídia señala que la implementación de las pistolas de electrochoque en los cuerpos de seguridad de Estado puede traducirse en un aumento de la violencia institucional.

Para Amnistía estas armas se prestan, por su naturaleza, a ser utilizadas de manera indebida

A Amnistía Internacional también le preocupa porque a su juicio, estas armas se prestan, por su naturaleza, a ser utilizadas de manera indebida: son fáciles de llevar, de usar y de causar un gran dolor sin dejar grandes marcas visibles. Además, y coincidiendo con la postura de la ONU, consideran que pueden convertirse en herramientas de tortura si se utilizan cuando la persona ya está reducida o bajo custodia policial.

García señala que existe el riesgo de que ciertas situaciones que se podrían resolver con otros métodos policiales, se acaban utilizando también estas armas: "Es una herramienta cómoda, fácil y segura para el agente, pero lesiva y que puede llegar a ser letal para la ciudadanía". 

27/11/2020 22:13 Actualizado: 27/11/2020 23:02

Por celia vasco

@CeliaVasco_

Publicado enSociedad
Miércoles, 12 Febrero 2020 06:00

Oro para el analfabeto monetario

Oro para el analfabeto monetario

Desde hace tiempo la fantasía de regresar al patrón oro es discutida en Estados Unidos. En particular, los grupos políticos libertarios de derecha consideran que el retorno al patrón oro es una forma de controlar el gobierno centralizador y sus malos hábitos cuando se trata de monetizar sus deudas. El patrón oro es visto por estos políticos como una salvaguarda frente a los abusos del poder en materia de creación monetaria.

Ron Paul, representante de un distrito en Texas y precandidato a la presidencia por el Partido Libertario, ha promovido esta idea durante las últimas dos décadas. Su éxito electoral demuestra hasta qué punto se encuentra enraizada la idea de que el patrón oro es la mejor forma de controlar los vicios del gobierno para recuperar la confianza en la moneda estadunidense. Son famosas las confrontaciones entre este político tejano y los funcionarios de la Reserva Federal cuando han tenido que comparecer en el Congreso. El tejano propone privatizar la emisión de billetes y la desaparición de la Reserva Federal, porque ha contribuido a depreciar el dólar. Ron Paul era la cabeza política más visible de los que promovían la idea del regreso al patrón oro hasta que llegó Donald Trump.

En junio del año pasado Trump anunció que estaría nominando a su asesora económica Judy Shelton para ser miembro de la Reserva Federal. Las credenciales académicas y de servicio público de la señora Shelton no son impresionantes. En cambio, su ignorancia sí es sorprendente. Sus llamados para regresar al patrón oro y corregir el rumbo de la Reserva Federal son una constante muy llamativa y de seguro han deslumbrado el pequeño y desconectado cerebro de Trump.

Para darle un disfraz de seriedad académica, el Instituto Cato promueve el regreso al patrón oro a través de sus publicaciones e investigaciones. Shelton escribió hace poco en el boletín de este instituto que es necesario convocar a una conferencia internacional similar a la de Bretton Woods, pero esta vez en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump. El objetivo de esta nueva conferencia sería el regreso al patrón oro, pero no sólo para Estados Unidos, sino para la economía global. La señora Shelton coronó su ensayo con la idea de que para hacer a Estados Unidos grande otra vez es necesario hacer grande a su moneda nuevamente.

La conferencia de Bretton Woods organizó el sistema monetario internacional alrededor del dólar como moneda hegemónica, porque Estados Unidos era el país con la mayor cantidad de oro en sus reservas. El dólar podría ser intercambiado por oro a raíz de 35 dólares la onza, mientras que las demás monedas mantendrían su paridad fija (dentro de límites muy estrechos para ajustes en la balanza de pagos). Todo el sistema estuvo regulado por el Fondo Monetario Internacional y funcionó de manera razonable hasta 1971. Ese año, el 15 de agosto, el entonces presidente Nixon cerró la ventanilla de intercambios dólar-oro y la economía mundial y su sistema de pagos se transformaron para siempre. Bretton Woods mantuvo los residuos del sistema de patrón oro. Pero al terminar el sistema de respaldo metálico de la moneda estadunidense los vestigios del patrón oro desaparecieron para siempre en 1971.

El patrón oro descansó siempre sobre la idea de que un referente valioso y tangible daría siempre una base sólida para resguardar el valor de la moneda. Pero la Gran Depresión mostró que el patrón oro no sirve para evitar la volatilidad y la pérdida de valor de una moneda. Mientras los gobiernos buscaban rescatar el patrón oro en lugar de concentrarse en rescatar a sus economías, el patrón oro se convirtió en la gran cadena de transmisión de los efectos de la crisis. La Gran Depresión se profundizó y extendió precisamente porque los países clave se aferraron al patrón oro.

La ignorancia de Trump, Ron Paul y Judy Shelton en materia de política monetaria no tiene paralelo. Lo primero que deberían saber es que el patrón oro es una forma de maniatar y anular la política monetaria. Lo segundo es que regresar al patrón oro necesita algo más que una fastuosa conferencia en Mar-a-Lago. Tercero, deberían saber además que hoy por hoy el banco central (llámese Reserva Federal o Banco de Inglaterra) no controla la oferta monetaria. Son los bancos comerciales privados los que determinan la oferta de circulante en la economía y si sus operaciones son claramente procíclicas eso no es algo que pueda evitar el banco central. De hecho, el banco central no solamente no tiene control sobre la oferta monetaria. Tampoco sobre las reservas en dinero de alto poder que puede requerir el sistema bancario. Los bancos comerciales privados serán los primeros en rechazar la propuesta de retornar al patrón oro.

Es claro que el papel del sistema bancario en el mundo no es de lo más constructivo que digamos. Pero los problemas no se van a corregir con un sistema arcaico como el patrón oro. Ese sistema, que Keynes describió en 1924 como una reliquia bárbara, es imposible de resucitar.

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Colombia ordena a Uber la suspensión inmediata de su servicio

Las autoridades colombianas ordenaron este viernes la suspensión inmediata del servicio de Uber. Así lo estableció la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que depende del Ministerio de Comercio, al resolver un litigio entre la aplicación de transporte y una empresa colombiana, Cotech SA, que ofrece tecnologías de comunicación a una compañía local de taxis. La decisión es fruto de una demanda interpuesta por esta sociedad a Uber Techonolgies, con sede en Estados Unidos, a su matriz en el país andino y a su filial en Holanda, que controla su estructura financiera.

El órgano regulador "determinó que estas últimas incurrieron en actos de competencia desleal por violación de normas y desviación de clientela al prestar irregularmente el servicio público individual de transporte". "La SIC", informó la entidad a través de un comunicado, "estableció que Uber BV [radicado en los Países Bajos] como licenciatario de la aplicación Uber presta el servicio de transporte público individual de pasajeros, al crear la oferta y poner a disposición de los usuarios dicho servicio". "Esto viola las normas que regulan el mercado, genera una ventaja significativa en el mercado, y genera desviación de la clientela de Cotech SA", añade la Superintendencia de Industria.

Con estas premisas, la SIC "ordenó a las demandadas que de manera inmediata cesen los actos de competencia desleal declarados y que se ejecutan haciendo uso de la aplicación Uber; así mismo, que de manera inmediata cesen la utilización de contenido, acceso y prestación del servicio de transporte individual de pasajeros bajo las modalidades Uber, Uber X y “Uber VAN, por medio de la utilización de la aplicación tecnológica Uber en el territorio colombiano". La decisión, que puede ser recurrida ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, llega días después de que la Superintendencia de Transporte multara a la aplicación por no cumplir una orden anterior. La sanción asciende a 415 millones de pesos, alrededor de 120.000 dólares.

 

 

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Sábado, 23 Noviembre 2019 06:57

Un tsunami llamado 5G

Un tsunami llamado 5G

El mundo feliz, del siglo XXI, es un mundo conectado. Tiene refrigeradores que avisan a nuestro teléfono móvil que falta leche o se está pudriendo una lechuga –mejor aún, avisa directamente a la multinacional Amazon u otra red de ventas electrónicas que lo incluya en la entrega semanal. Pañales con chips que avisen que hay que cambiar al bebé, zapatos que miden cuántos pasos damos, ropa con chips que interactúan con teléfonos y monitorean nuestros movimientos y estado de salud, y muchas otras formas digitales y robóticas de que las cosas se comuniquen entre sí e intercambien información sobre nosotros para las empresas.

El Internet de las Cosas se trata justamente de comunicar objetos, no personas, explicó Andrés Barreda, profesor e investigador de la UNAM, en el seminario Navegar la tormenta digital, que realizaron la Red Social de Evaluación de Tecnologías en América Latina y otras organizaciones los pasados 19 y 20 de noviembre. Una forma de favorecer exponencialmente ganancias para los que fabrican y comercian esos objetos, mientras al mismo tiempo mina la comunicación real entre seres humanos y las relaciones comunitarias que son el sustento para entender, dar significados y pensar cómo cambiar la realidad y qué necesitamos realmente (https://tinyurl.com/wxm24ec).

En esta visión de un mundo hiperconectado también nuestros cuerpos pasan a ser objetos de monitoreo, obtención de datos e intervenciones, en lo que la industria de la salud (farmacéuticas, fabricantes de dispositivos médicos, vendedores de atención médica) llaman Internet de los cuerpos.

La distopía de hiperconexión global de las cosas, cuerpos y capitales avanza a pasos acelerados, aunque por ahora la mayoría sólo vemos fragmentos. Como arañas en la red global dominan siete empresas de plataformas electrónicas: Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Alibaba, Tencent. Son las que pueden gestionar los gigantescos volúmenes de datos digitales que estas nuevas formas de (in)comunicación conllevan y los sistemas de inteligencia artificial para poder lucrar con ellos. Alibaba y Tencent tienen sede en China. Las demás, en Estados Unidos. Todas están entre las 10 empresas de mayor capitalización de mercado a escala global. Este mes Amazon superó a Walmart como el mayor vendedor minorista a nivel internacional.

Un aspecto central y clave de estos desarrollos –que avanzan sin supervisión ni regulación pública­­­– es el aumento de la conectividad electrónica. Por ello, las redes de comunicación 5G son claves y merecieron una sesión especial en el seminario aludido. El nombre se refiere a la quinta generación de comunicación electrónica y remite a las anteriores 2G, 3G y 4G, que conectan teléfonos móviles. No es apenas una actualización, sino una ruptura cualitativa en la forma de trasmisión y los impactos que tendrá, tanto económicos como ambientales y en la salud.

Con redes 5G se pretende obtener mayor capacidad para trasmitir datos (volúmenes de 20 a 40 veces superiores), menor latencia (demora en recibir/enviar datos) y continuidad de conexión en cualquier parte.

Las redes 5G usarán ondas de transmisión milimétricas, mucho más cortas que las que están en uso, con mayor densidad, pero corto alcance. Requieren, entonces, torres de recepción/emisión cada 100 metros, que deberían ser instaladas cada 10-12 casas. Para garantizar las condiciones nombradas, la propuesta de las empresas es instalar además 20 mil sátelites de baja altura que se comunicarán con esas torres. Todo esto significa que el nivel de radiación electromagnética a que estaremos expuestos en todo el planeta, cada ser vivo y ecosistema, aumentará exponencialmente, con mucho mayor densidad de onda, durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

Aunque existen cientos de estudios científicos que indican que las radiaciones de la telefonía móvil y wifi tienen efectos negativos en la salud de humanos y animales, incluso potencialmente muy graves como cáncer, industria y gobiernos han contestado al debate sugiriendo usar audífonos para evitar el contacto directo, conexiones por cable en escuelas, bibliotecas y otros centros públicos, apagar las fuentes de emisión en la noche, limitar tiempos de exposición, etcétera. Pero con las redes 5G los impactos se multiplicarán enormemente, ya que al estar en medio de las zonas de trasmisión entre la atmósfera y los millones de aparatos conectados todo el tiempo la radiación no será manejable de forma individual ni local.

Ariel Guzik, artista, científico, médico e inventor, quien desde su Laboratorio de Investigación en Resonancia y Expresión de la Naturaleza se ha dedicado a escuchar y dialogar con los sonidos de la naturaleza, explicó cómo las redes 5G tienen un gravísimo potencial de disrupción en el campo magnético de la Tierra, cuyas ondas son esenciales, entre otras cosas, como guía de animales migratorios y la sobrevivencia de muchas especies.

Ante la gravedad de los impactos en salud y ambiente, un grupo internacional de científicos lanzó en 2015 un llamado a Naciones Unidas para detener el despliegue de 5G, que actualmente han suscrito expertos y organizaciones de más de 200 países. (https://tinyurl.com/ujkq3rp). Pese a ello, sigue avanzando acríticamente el despliegue de 5G. Urge el análisis, debate y acciones colectivas sobre este y otros aspectos de la tormenta digital empresarial a la que estamos sometidos.

*Por  Silvia Ribeiro, investigadora de Grupo ETC

Los científicos que quieren crear animales con células humanas se van a China o Japón para sortear barreras legales y éticas

Durante los últimos años varios equipos de científicos han experimentado con embriones animales a los que se les introducen células humanas. Este miércoles se ha sabido que un equipo de científicos españoles ha conseguido hacerlo con monos en China, según una información publicada por El País, y que lo han hecho para evitar las barreras legales que hay en Europa o EEUU. Además, la semana pasada, la revista Nature adelantaba que Japón dará permiso para implantar los embriones obtenidos en este tipo de experimentos y llevar a término la gestación, algo que, hasta ahora, estaba prohibido. Los dos países asiáticos se convierten así en la punta de lanza de un área de la ciencia encaminada a desarrollar órganos humanos en animales con el objetivo de ser utilizados en transplantes, pero también abren el debate sobre los límites éticos y legales de este tipo de experimentos.

La creación de quimeras con células humanas no está prohibida ni en España, ni en la UE, pero existen ciertos límites, dado que el embrión nunca puede llegar a implantarse, ni llevarse a término. En EEUU la investigación también se permite, pero los Institutos Nacionales de Salud, principal entidad financiadora de estudios de biomedicina, establecieron en 2015 una moratoria sobre el uso de fondos públicos para estos experimentos.

El equipo del investigador Juan Carlos Izpisúa, que está repartido entre el Instituto Salk (EEUU) y la Universidad Católica de Murcia (UCAM), ha conseguido introducir con éxito células humanas en embriones de mono. Aunque se desconocen los detalles de este experimento, se sabe que los embriones no se han llevado a término. Sin embargo, la investigación se ha desarrollado en China, debido a que ni EEUU, ni la UE permiten llevar a cabo este tipo de experimentos con primates.

¿Cualidades humanas en los animales?

El objetivo de la creación de estas hibridaciones es ver cómo se comportan las células de una especie en otra y, en el caso de células humanas, "lo que interesa es estudiar aspectos del desarrollo humano al que no podemos tener acceso durante el desarrollo de un embrión en el útero materno", explica a eldiario.es Ángel Raya, director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB).

La controversia a la hora de crear quimeras con células humanas se basa en la posibilidad de que los animales puedan adquirir accidentalmente cualidades humanas, por ejemplo, si las células llegaran al cerebro del animal. Este problema es especialmente relevante en caso de que el experimento se lleve a cabo con primates, dado que su cercanía evolutiva hace que sea más probable que sus cerebros se vean alterados por células humanas.

Además, algunos investigadores también plantean el riesgo de que las células humanas puedan llegar a los tejidos reproductivos del animal. "Como las quimeras se están haciendo con células madre pluripotentes, aunque dirijas de alguna forma estas células hacia un órgano concreto, la posibilidad de que alguna de ellas de lugar a células germinales existe", afirma Raya.

A pesar de ello, los investigadores involucrados en estos experimentos aseguran que gracias a las nuevas técnicas de edición genética, como CRISPR-Cas9, se podría conseguir que las células humanas se dirijan de forma más controlada a órganos específicos, evitando zonas polémicas como el cerebro o los tejidos reproductivos.

"Efectivamente, hay formas de impedir que surjan estos problemas, pero lo más sencillo es impedir que el animal llegue a nacer", asegura Raya, en referencia a las limitaciones legales que solo permiten experimentar con los embriones durante un periodo limitado y sin que la gestación llegue a término.

Viajar para evitar restricciones

Para evitar estas limitaciones, los investigadores podrán viajar ahora a Japón, que el pasado mes de marzo modificó la normativa que regula este tipo de experimentos. La nueva legislación, publicada por el Ministerio de Educación y Ciencia del país nipón, permite que las quimeras puedan ser llevadas a término, algo que no se había hecho hasta ahora, ya que todos los experimentos desarrollados a nivel internacional se interrumpían a los pocos días de desarrollo del embrión.

Uno de los grandes beneficiados del cambio de normativa es el biólogo japonés Hiromitsu Nakauchi, que lleva años investigando con quimeras no humanas, desarrolladas con ratas y ratones. En 2014, Nakauchi trasladó su laboratorio a Stanford desde la Universidad de Tokio, porque la legislación japonesa no le permitía experimentar con células humanas, pero al llegar se encontró con la moratoria norteamericana. Ahora, tras la nueva regulación de Japón, Nakauchi se convertirá en el primer investigador en obtener permiso para realizar estos experimentos en suelo japonés.

"Como científico, esa barrera nos impedía hacer algunos experimentos y levantarla va a suponer un beneficio para todos", afirma el director del CMRB, "pero también soy consciente de que si existía esa barrera es porque la sociedad no está cómoda levantándola". Raya considera que la decisión de Japón es razonable y defiende este tipo decisiones, "siempre y cuando se expliquen a la sociedad para que tengan aceptación".

Aunque Nakauchi podrá finalmente hacer experimentos con embriones animales y células humanas, estos no serán los primeros en llevarse a cabo, ya que, en enero de 2017, el equipo de Izpisúa logró cultivar, por primera vez, células madre humanas en embriones de cerdo.

El experimento, que se realizó con cerdos de una granja de Murcia, fue aprobado tanto por las autoridades españolas, como por las de California y las quimeras se eliminaron después de unas pocas semanas de desarrollo, tal y como indicaba la ley. Sin embargo, en esta ocasión el investigador español ha decidido realizar su nueva investigación en China, porque, "en principio, aquí no se pueden hacer", según reconoció a El País la vicerrectora de investigación de la UCAM, Estrella Núñez.

China, objetivo de las críticas

"Da la sensación es que los científicos que se marchan a China quieren eludir cualquier tipo de debate ético", cuenta a eldiario.es Carlos María Romeo, director de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la Universidad del País Vasco. Según este catedrático, "los científicos no son seres puros, sino que son como el resto de los mortales, que a veces se mueven por la notoriedad o por ser los primeros en algo y algunos son bien conocidos por seguir este camino".

Además, Romeo acusa al gigante asiático de no tomarse las regulaciones bioéticas demasiado en serio. "Hablar de bioética en China es como hablar de marcianos en Marte, utilizan el nombre pero no la respetan en absoluto, al menos no como está concebida en occidente". Romeo recuerda que durante los últimos años "no solo ha saltado la polémica de los bebés editados genéticamente, sino que también se sabe que China obtiene órganos para transplantes de los presos que fallecen en prisión".

Sin embargo, no toda la comunidad científica comparte esta visión del país asiático. "Nunca he tenido la sensación de que en China se puedan saltar las restricciones éticas más de lo que lo podamos hacer nosotros", cuenta Raya, quien recuerda que "cuando saltó la polémica de los bebés editados genéticamente, algunos investigadores pidieron una moratoria sobre la edición de la línea germinal, algo que varios laboratorios de EEUU ya estaban haciendo". Al final concluye este investigador, "hay que reconocer la hipocresía de quien está viendo mermada su hegemonía".

Dos décadas de células madre

Las células madre se obtuvieron por primera vez de embriones humanos en 1998 y de células ordinarias en 2007. Desde el principio, uno de los objetivos ha sido desarrollar tejidos in vitro a partir de estas células, pero el escaso éxito obtenido ha llevado a algunos biólogos, como Izpisúa o Nakauchi, a considerar que una mejor opción es cultivar estos tejidos u órganos en embriones en desarrollo. Sin embargo, no todos tienen tan claro que esta posibilidad sea realista. "Es una herramienta muy poderosa para estudiar cómo se desarrollan los órganos humanos, pero tengo mis dudas de que pueda ser una solución práctica para transplantes", afirma Raya. "Si un día pudiéramos desarrollar órganos funcionales en un animal, algo que técnicamente aún no es posible, veo complicado que se pueda transplantar a una persona, porque siempre tendrás células del animal”, concluye el director del CMRB.

31/07/2019 - 21:23h

Una guerra digital en ciernes entre Trump y Macron

El mandatario estadounidense amenaza con represalias a la "tasa Google" que impone Francia

EE.UU. anunciará una "acción recíproca sustancial" luego de que el gobierno francés decidiera aplicar un impuesto del 3 % a las empresas que componen el grupo GAFA: Google, Amazon, Facebook y Apple.

 

Otra vez la sombra de la guerra. Europa y Estados Unidos con Francia en primera línea vuelven a estar al borde de una confrontación que se disparó luego de que el gobierno francés decidiera aplicar una estrategia contra las artimañas fiscales de los grandes grupos de internet. Se trata de un impuesto conocido como “la tasa Google” o “tasa GAFA” que aplica un impuesto del 3% a las empresas que componen el denominado grupo GAFA: Google, Amazon, Facebook y Apple. Estas empresas son depredadores universales de los sistemas fiscales en los países donde operan. Un armado llamado “optimización fiscal” les permite saltarse las obligaciones fiscales de los países donde están implantadas. Francia lidera desde hace mucho esta iniciativa y ahora la ha hecho realidad una vez que, el pasado 11 de julio, el Parlamento adoptó dicha tasa. 

 El Míster furibundo que preside los destinos de Estados Unidos salió enseguida con su Twitter-espada a amenazar a Francia con represalias. El presidente norteamericano tuiteó este texto: “anunciaremos próximamente una acción reciproca substancial después de la estupidez de Emmanuel Macron. Siempre dije que el vino norteamericano era mejor que el vino francés”. Seguro que Trump no conoce mucho de vinos. En todo caso, el mandatario cursó órdenes al Secretario de Comercio exterior, Robert Lighthizer, para que evaluara el perjuicio que este impuesto podría acarrear para sus empresas. El mandatario norteamericano dejó claro que podría castigar a las importaciones francesas de productos como el vino o el sector automotriz. La investigación “301” es la misma que desató la guerra de aranceles con China.

Antes de que Francia votara la tasa, Washington buscó disuadir a París de que implementara el impuesto a través de una retórica al mejor estilo de la guerrilla comercial. En junio, Robert Lighthizer dijo que ese impuesto “está dirigido a perjudicar desproporcionadamente a las empresas estadounidenses", y que, por consiguiente, Washington debía “tomar fuertes medidas". El Ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, le respondió de forma tajante: ”Francia es un Estado soberano, que decide soberanamente sus disposiciones fiscales”. París lidera desde hace mucho la iniciativa de una tasa que debió ser aplicada por el conjunto de los países de la Unión Europea. Sin embargo, las reticencias de Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia frenaron que Europa se presentara unificada. La tasa GAFA también concierne a empresas como Meetic, Airbnb e Instagram y debería aportarle al Estado unos 400 millones de euros en 2019 y 650 en 2020. La idea consiste en que el impuesto recaiga sobre las empresas cuya cifra de negocios digitales supera los 750 millones de euros en el mundo y, a partir de allí, imponerles un gravamen del 3% de la cifra de negocios concretada en Francia, especialmente en lo que atañe a la publicidad en línea elaborada a través de perfiles y la venta de datos (todos robados por esas empresas a sus usuarios). 

El presidente francés, Emmanuel Macron, había anunciado la imposición de este gravamen a finales de 2018, cuando la crisis de los chalecos amarillos estaba en su apogeo. La meta del impuesto apuntó a contribuir al financiamiento de las medidas de urgencia económicas y sociales (10 mil millones de euros) adoptadas en plena crisis.

El tema de esta tasa siempre desató fuertes divisiones en el mundo y demostró sobradamente la pavura que ciertos países manifiestan ante el poderío norteamericano y sus mecanismos de retorsión. Durante la cumbre del G20 celebrada en Japón a principios de junio pasado, la tasa figuró entre las negociaciones como un medio de “poner la justicia social en la fiscalidad internacional” (Bruno Le Maire). Por ahora, Francia navega sola en estas aguas soberanas. Estados Unidos detenta leyes como la Trade Act que los autoriza a imponer aranceles en caso de que un país adopte medidas consideradas “desproporcionadas” o “injustas” capaces de dañar el negocio de sus empresas globales. 

Los responsables franceses estiman que el capitalismo, tal y como está modelado hoy con su mezcla de destrucción de los recursos naturales y las diferencias fiscales abismales “entre las empresas digitales y las otras va camino a su perdición” (Bruno Le Maire). Día tras día, las amenazas fueron subiendo de tono. El trumpismo sacó a relucir su arte marcial de las relaciones internacionales. Judd Deere, una de las portavoces de la Casa Blanca, dijo hace unos días que “el gobierno de Trump no se quedaría de brazos cruzados”.

Obedecer o morir es la consigna de la Casa Blanca. Con todo, existe una negociación en curso que apunta a armonizar este impuesto. Este pasaría por un esquema elaborado por la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico), la “GAFA Global”, capaz de contener reglas aceptables por todos los estados (127) cuya presentación está prevista para 2020. La iniciativa francesa es un paso pequeño pero altamente simbólico y de mucho coraje político en un contexto donde las empresas digitales ganan miles de millones de dólares, no pagan impuestos y, además, basan su fortuna en el robo masivo de datos, la confección de perfiles y el abuso de la confianza que los usuarios han depositado en las nuevas tecnologías. Para las poblaciones mundiales expoliadas por estos cleptómanas digitales disfrazados de modernos lo que está en juego es enorme. Quentin Parrinello, portavoz de Oxfam Francia, recordó hace poco que “las multinacionales transfieren hasta el 40% de sus beneficios realizados en el exterior hacia los paraísos fiscales. Las reglas fiscales en vigor no permiten que esas multinacionales paguen una parte justa de los impuestos”. En 2015, en Francia, esas empresas evadieron impuestos por un monto de 118 mil millones de euros.

La confrontación que se abrió ahora es delicada pero, por una vez, pionera y necesaria. Aunque modesta, la tasa GAFA francesa busca romper el muro y hacer que las negociaciones con vistas a una armonización fiscal globalizada y aplicada a los gigantes digitales no sólo avancen sino, también, ganen adeptos. Después de la fracasada diplomacia del beso asumida por Emmanuel Macron tras la elección de Donald Trump, la hora de los antagonismo claros y asumidos parece ser la nueva etapa. Como los conflictos modernos, la guerra será digital.

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Publicado enEconomía
Trump declara la guerra a las joyas tecnológicas de Silicon Valley

Unas guerras de Trump son de puro bluff. Otras son vulgarmente electoreras. Y otras son verdaderas.

En la taxonomía de las "guerras de Trump" se puede categorizar que la guerra que libra contra las joyas tecnológicas de Silicon Valley es verdadera.

WSJ, muy cercano a Trump, reportó que el Departamento de Justicia –el mismo que abrió el pestilente asunto de Odebrecht en toda Latinoamérica– inició una investigación antimonopolio ( anti-trust) contra Alphabet/Google, susceptible de "presentar una nueva línea de escrutinio regulatorio" (https://on.wsj.com/2IerSMR).

La hasta ahora indolente Comisión Federal Comercial (FTC, por sus siglas en inglés) –la autoridad antimonopolio dentro del Departamento de Justicia– se alista a un choque con los gigantes tecnológicos de Silicon Valley y ha creado una nueva comisión para desmantelar las adquisiciones del tipo de las que realizó Facebook con Instagram.

El mundo legal en EU es de los más caros y complejos del planeta y FTC ha contratado abogados que manejan "nuevas teorías antimonopolio" que pueden facilitar la atomización de empresas pantagruélicas como Amazon que llegó a un valor de "capitalización de mercado" de un billón de dólares –como Apple–, equivalente al PIB de México, la quinceava economía global.

La FTC había iniciado en 2013 una amplia investigación de Google, pero Obama se rajó.

A un año y medio de la crucial elección presidencial, el tema monopólico del GAFAT (Google/Apple/Facebook/Amazon/Twitter) es de alto impacto.

La senadora Elizabeth Warren, candidata presidencial del Partido Demócrata, ha lanzado una vigorosa campaña para la atomización de los gigantes tecnológicos de Silicon Valley.

Steve Bannon, estratega de Trump, declaró la guerra contra el "globalista" monopolio del GAFAT y arremetió contra la “destructiva presidencia de Baby Bush” a quien despreció de “instrumento de los globalistas (https://politi.co/2QGRRk4), al unísono de los "malignos" jerarcas de Silicon Valley: "2/3 partes o 3/4 partes de sus administradores provienen de Asia" y "roban los empleos de los estadunidenses" (https://bit.ly/2Wlg8C7).

The Washington Post reveló que su matriz Amazon será escrudiñada por antimonopolio ahora que ha pasado bajo la jurisdicción de FTC (https://wapo.st/2WaU0FV).
Uno de los peores pecados capitales que cometió GAFAT, en particular, el maligno Twitter, es haber censurado en forma selectiva la sacrosanta libertad de expresión para favorecer sus intereses neofascistas/neoliberales/neopinochetistas en Latinoamérica, debido a su "manejo" por el español Pepe López de Ayala, aliado del cadavérico Partido Popular (https://bit.ly/2vmxf6V).

En EU, donde Twitter cuenta con otra gerencia, ha sido imputada de perseguir la agenda de la "derecha": Trump y varios pesos pesados del Partido Republicano se han quejado que "Facebook, Google y Twitter inc, suprimen las posturas conservadoras".

Silicon Valley apoyó a Hillary Clinton contra Trump. Quizá esa fue la razón por la que Obama se rajó de perseguir al monopolio del GAFAT.

El cofundador Chris Hughes había fustigado a Facebook, en la fase de su único patrón Mark Zuckerberg –quien detenta 60 por ciento de las acciones–, como una "amenaza a la democracia" (https://bit.ly/2LCGzOU) al "controlar tres plataformas esenciales de la comunicación: Facebook/Instagram/WhatsApp".

También WhatsApp ha sido denunciada desde Brasil hasta India de manipular las tendencias electorales (https://bit.ly/2vXbwm1).

FTC se dispone a investigar a Facebook por prácticas monopólicas (https://on.wsj.com/2Kp5aob) y Bloomberg, muy hostil a Trump, enuncia que el escrutinio antimonopólico de Google, Apple y Facebook, afectó sus cotizaciones bursátiles (https://bloom.bg/2XmGIrh).

Según Shira Ovide, "Google debería estar muy temerosa. Pero muy temerosa" (https://bloom.bg/2XptvxB).

Desde hace mucho que GAFAT ha sido colocada en la picota bipartidista en EU y, en especial, en Europa, donde ha empezado a ser aplacado el máximo Leviatán tecnológico de todos los tiempos que ha sometido al género humano a una esclavitud invisible.

AlfredoJalife.com

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