Las pistolas 'flash-ball', símbolo de la brutalidad policial contra los 'chalecos amarillos' en Francia

El uso del arma que dispara con balas de goma para dispersar protestas está prohibido en la mayoría de los países europeos.

Activistas de la ONG francesa Liga para los Derechos Humanos (LDH) enviaron esta semana una apelación al Consejo de Estado en busca de la prohibición del uso por la Policía de las 'flash-ball' (LBD), armas que disparan balas de goma, contra los manifestantes. "La falta de garantías suficientes en la ley francesa socava el derecho constitucional a la vida y el respeto hacia la seguridad física", argumentaron.


Anteriormente, el Consejo de Estado rechazó las peticiones de los defensores de los derechos humanos, dictaminando que las 'flash-ball' son necesarias y "particularmente adecuadas" para contrarrestar la violencia durante las protestas.


Arma urbana


Descritas como "menos letales" o "no letales", estas armas, desarrolladas por la empresa francesa Verney-Carron, pueden causar graves lesiones y están prohibidas para el uso policial durante las protestas en la mayoría de los países europeos. El actual modelo, LBD 40, dispara proyectiles de 40 mm con una velocidad de hasta 100 metros por segundo.


Según un estudio de 2006, pese a que están diseñadas para evitar la penetración en la piel, las 'flash-ball' "incluso pueden causar heridas mayores con graves lesiones asociadas en los órganos internos".


Otro estudio de 2015 se centró en el caso de un hombre de 34 años, a quien le dispararon en la cabeza durante una protesta. El hombre sufrió "graves" lesiones cerebrales y daños en el cráneo, que requirieron dos meses de tratamiento y rehabilitación. Los investigadores describieron la 'flash-ball' como "potencialmente letal" y peligrosa, sobre todo si apunta a la cabeza.


Esta arma "menos letal" fue utilizada durante los disturbios de 2005 en París, y con los años varias personas murieron tras el impacto de sus balas. En 2010 falleció Mustapha Ziani, quien sufrió un paro cardíaco después de que un policía le disparara en el pecho con una 'flash-ball' durante un altercado en su casa en Marsella. El agente recibió una condena suspendida de seis meses por homicidio involuntario.


La sangre de los 'chalecos amarillos'


Desde que en Francia se desataron las masivas protestas antigubernamentales de los 'chalecos amarillos' en noviembre del año pasado, la Policía ha utilizado las 'flash-ball' más de 9.200 veces. Los enfrentamientos se saldaron con numerosos heridos de ambos lados. En las recientes protestas los franceses salieron a las calles para denunciar el uso de estas armas, que se han convertido en el símbolo de la brutalidad policial.


Según el grupo contra la violencia policial Désarmons-les!, al menos 20 personas perdieron la vista por el impacto de las 'flash-ball' o la metralla de granadas. El grupo documentó más de 120 personas que afirman haber sido heridas por las armas "menos letales", en su mayoría por LBD 40 o granadas instantáneas de gas lacrimógeno GLI-F4. Muchas de ellas quedaron con las cara desfigurada.


Una de las 'caras' de la brutalidad policial durante las protestas de los 'chalecos amarillos' es Fiorina L., de 20 años, que perdió su ojo izquierdo tras una explosión de una granada de gas en la avenida parisina de los Campos Elíseos en diciembre.


Otro manifestante, Jérôme Rodrigues, una figura prominente de las protestas que fue herido en el ojo por un proyectil y puede perderlo, comentó a RT que los franceses salen con tres reivindicaciones generales: "poder vivir dignamente" de su salario, "crear una nueva forma de democracia" para poner fin al actual "sistema arcaico en las instituciones francesas" y "poner fin a los privilegios" de la clase gobernante.


"¿Por qué un diputado puede enterrar dignamente a sus familiares y tiene dinero suficiente para eso, mientras que nosotros debemos pedir un crédito, la gente gracias a la que Francia existe y se desarrolla? Y nosotros nos vemos obligados a sufrir para hacer los funerales", comentó Jérôme.


 Un líder de los 'chalecos amarillos' enumera las tres reivindicaciones clave del movimiento 

Una de las prominentes figuras de los 'chalecos amarillos' Jérôme Rodrigues, que hace dos semanas fue hospitalizado tras recibir en un ojo el impacto de un proyectil supuestamente lanzado por agentes antidisturbios, ha explicado a RT cuáles son las tres principales reivindicaciones del movimiento.

Lo que buscan los manifestantes, según Rodrigues, es "vivir dignamente" de su salario en Francia; tener una nueva forma de democracia —pues el sistema actual es "arcaico"—, y también poner fin "a los privilegios", bajo los cuales un diputado puede "vivir dignamente" con su sueldo, mientras que el pueblo, los jóvenes que "hacen crecer al país", tienen que pedir créditos y pagar los intereses bancarios.


A estos reclamos se suma el de prohibir el uso por las fuerzas de seguridad de armas que lanzan proyectiles de goma (LBD) y poner fin a "esta negación de la democracia que está creando Emmanuel Macron", asevera el Rodrigues, que prometió "seguir marchando" hasta que se les escuche.


• Los manifestantes y la Policía han protagonizado choques este sábado en la 13.ª semana de protestas del movimiento 'chalecos amarillos'.


• Los agentes han utilizado gas lacrimógeno para dispersar a la multitud antes de que estallaran los primeros enfrentamientos, en los que uno de los manifestantes ha perdido la mano por el estallido de una granada de gas.

Publicado: 9 feb 2019 23:19 GMT | Última actualización: 9 feb 2019 23:24 GMT

 

Publicado enInternacional
Jueves, 17 Enero 2019 06:58

Contrainsugencia progresista

Contrainsugencia progresista

Ahora que se cumplen cien años de los asesinatos de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, vale preguntarse: ¿quién fue el responsable de los crímenes? ¿quién o quienes apretaron el gatillo y con qué autorización lo hicieron?

La respuesta es tan clara como dramática: el gobierno socialdemócrata de Friedrich Ebert, aliado con los paramilitares Freikorps (“cuerpos libres”) en respuesta al levantamiento obrero en toda Alemania, en una coyuntura revolucionaria como la que atravesaba buena parte de Europa al finalizar la I Guerra Mundial.


Los Freikorps estaban integrados por ex soldados del ejército alemán, con un fuerte sentimiento anti-comunista y anti-obrero, y participaron en los años siguientes en numerosos choques con obreros socialistas y comunistas en huelga. Ante la “revuelta espartaquista” en Berlín en enero de 1919, los Freikorps fueron inducidos por el ministro de Defensa, el socialdemócrata Gustav Noske, para reprimir a los obreros y a los comunistas, incluyendo a Liebknecht y Rosa Luxemburgo el 15 de enero de 1919.


Poco después apoyaron al gobierno para aplastar la República Soviética de Baviera y con los años muchos de sus miembros comenzaron a acercarse al nazismo, ingresando al Partido Nacional Socialista alemán y a su milicia, la SA (grupos de asalto).


La deriva de la socialdemocracia alemana hacia la represión que abrió las puertas al fascismo, comenzó en realidad mucho antes, bajo el gobierno del canciller Otto von Bismarck en la década de 1880. En esos años las clases dominantes estaban obsesionadas por la posible repetición de una revolución como la de 1848 (recordemos que Wallerstein plantea que se trató de una de las dos revoluciones mundial que cambiaron el mundo) y de la Comuna de París de 1871.


Para evitar esa posibilidad, un político conservador como Bismarck comenzó a dar los primeros pasos para la construcción de un amplio sistema de cobertura social que luego fue seguido por otros países del continente. En consecuencia se aprobaron leyes de Seguro de Enfermedades (1883), Seguro de Accidentes de Trabajo de los Obreros y Empleados de Empresas Industriales (1888) y durante 1889 la del Seguro de Invalidez y Vejez. El espíritu de la legislación social se desprende de un célebre mensaje de Bismarck: “La superación de los males sociales no puede encontrarse exclusivamente por el camino de reprimir los excesos socialdemócratas, sino mediante la búsqueda de formulas moderadas que permitan una mejora del bienestar de los trabajadores”.


En el mismo período en el que el canciller Bismarck innovaba con la construcción de una amplia legislación de protección social, la primera en el mundo capitalista, impuso las llamadas “leyes antisocialistas” (prohibición de actividades y partidos de signo socialista, de prensa y recaudación de fondos), entre 1878 y 1888, con el objetivo de debilitar al partido socialdemócrata y a las organizaciones de la clase trabajadora que contaba con cooperativas, bibliotecas, periódicos y una infinidad de asociaciones culturales y sociales.
A un siglo de distancia, no sólo debemos mostrar nuestra indignación por los asesinatos de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, sino extraer alguna enseñanza para iluminar las resistencias actuales.


La primera es que la socialdemocracia (el progresismo o la izquierda) en el gobierno, se atreve a hacer aquello que la derecha no tiene posibilidad de realizar. Porque el progresismo al mando del Estado tiene mayor legitimidad y puede sustituir a la derecha en el trabajo sucio, como hizo en 1919.


La segunda es que para asumir el mando del aparto estatal, las diferencias entre izquierda y derecha han debido diluirse hasta desaparecer completamente. La socialdemocracia alemana no sólo es responsable de los crímenes señalados, sino también de haber alfombrado el camino del nazismo, al destruir a los únicos que podían evitar que llegara al poder: la clase obrera organizada. La cuestión no es la actitud de tal o cual dirigente, sino una política que colocó en el centro la ocupación del Estado, desde donde no hay otra posibilidad que hacer lo que hicieron. Es un tema estructural, no de coyuntura o de personas.


Lo sucedido un siglo atrás no es sólo historia. En América Latina el progresismo está transitando, pasos más o menos, un camino muy similar: las políticas sociales y la represión forman parte de un mismo proceso.

14 enero 2019 0

Publicado enPolítica
Ortega pone en marcha una nueva oleada represiva contra la prensa independiente de Nicaragua

Una semana después de que la policía asaltase la redacción del 'Confidencial', los agentes allanan el canal 100% Noticias y detienen a su director, Miguel Mora, su esposa, Verónica Chávez, y la jefa de información, Lucía Pineda Ubau



La policía de Nicaragua, bajo el control del presidente Daniel Ortega, asaltó la noche del viernes las instalaciones del canal 100% Noticias, uno de los más críticos con el Gobierno que dirige el líder sandinista. En el asalto fueron detenidos su director, Miguel Mora, su esposa, Verónica Chávez, y la jefa de información, la periodista Lucía Pineda Ubau. El ataque al canal es el segundo que se produce en Nicaragua tras la ocupación de la redacción del diario Confidencial la semana pasada. Este periódico es dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Chamorro.


Oficiales de la policía ocuparon las instalaciones del canal, cuya emisión fue interrumpida por las autoridades. Telcor, el ente regulador de las comunicaciones de Nicaragua, emitió un comunicado la noche del viernes en el que informa que a partir de las 21.00 hora local “queda sin autorización de transmitir en el sistema la entidad jurídica Primicias S. A.”, el nombre legal del canal, a nombre de Mora. La entidad no da explicaciones sobre la cancelación del permiso y tampoco se conocen los motivos del asalto policial a la redacción.


El canal 100% Noticias es uno de los medios más críticos contra el Gobierno de Ortega en Nicaragua. Desde el 18 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones contra el presidente, el medio de comunicación mantuvo una programación de 24 horas continuas informando sobre las protestas y la respuesta violenta del Gobierno. Varios de sus reporteros y cámaras fueron agredidos en la cobertura de las manifestaciones y su director, Miguel Mora, denunció el asedio en su contra, su familia y vivienda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió medidas cautelares a favor de Mora y varios integrantes de su equipo como forma de protección.


Este medio de comunicación mantuvo este viernes una cobertura intensa sobre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA, que presentaron en Washington un demoledor informe sobre la represión de las protestas en Nicaragua, en el que acusan al presidente Ortega de cometer delitos de lesa humanidad y recomienda una investigación contra el mandatario y altos funcionarios de la Policía Nacional.


El asalto al canal se dio horas después de que se conociera ese informe, que debió ser presentado el jueves en Managua, pero que tuvo que ser pospuesto porque Ortega expulsó el miércoles del país a los integrantes del GIEI y a los representantes de la CIDH que reunían denuncias de los familiares de las víctimas de la represión.


El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la patronal nicaragüense, se pronunció la madrugada del sábado sobre el asalto al canal. A través de Twitter el COSEP repudió lo que denominó como un "allanamiento ilegal" a las instalaciones de la cadena y la detención arbitraria de su director. Además dijo que "representa un claro atropello a la libertad de prensa, el libre ejercicio de las actividades empresariales y un irrespeto a la propiedad privada". También exigió "la inmediata liberación de Miguel Mora y el restablecimiento a la señal de 100% Noticias" y afirmó que "es indispensable y urgente que cese el Estado policial y se respeten los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses".


La policía nicaragüense asaltó la semana pasada la redacción del diario Confidencial, el medio de periodismo de investigación más reconocido del país. Su director, Carlos Chamorro, puso una denuncia contra la policía por “crimen organizado”. La redacción de este periódico sigue ocupada por agentes de la policía, mientas que los periodistas mantienen viva la publicación en un hotel capitalino y los programas Esta Semana y Esta Noche, dirigidos también por Chamorro, se graban desde el estudio del Canal 12, que los ha prestado para ese fin.
Ortega cumplirá en enero 12 años gobernando Nicaragua con mano dura, controlando las instituciones del Estado, las cortes y la Policía Nacional.

Publicado enInternacional
Domingo, 16 Diciembre 2018 05:56

Más de los chalecos amarillos

Más de los chalecos amarillos

Protestaron en contra del elevado costo de vida y exigieron la renuncia del presidente francés Emmanuel Macron, aunque esta vez con menos fuerza que en los sábados anteriores. La jornada terminó con un saldo de 168 detenidos y siete heridos.


Miles de manifestante vestidos con sus chalecos amarillos volvieron a tomar las calles de París. Por quinto sábado consecutivo el movimiento que se gestó en redes sociales protestó en contra del elevado costo de vida y exigió la renuncia del presidente francés, Emmanuel Macron, aunque esta vez con menos fuerza que en los sábados anteriores. La jornada terminó con un saldo de 168 detenidos y siete heridos.


Una de las imágenes que se viralizaron de la jornada de protesta estuvo protagonizada por un grupo de mujeres que posaron semidesnudas vestidas de Marianne -uno de los símbolos de la República francesa- frente a los agentes desplegados en los Campos Elíseos. Mientras que la otra imagen tuvo lugar frente a la ópera Garnier, en el centro de la ciudad. Allí, cientos de manifestantes se arrodillaron y cruzaron las manos detrás de la cabeza, en alusión a la detención masiva de estudiantes que protestaron contra las reformas educativas y bloquearon sus centros de enseñanza. Con esta nueva jornada de movilización, los denominados chalecos amarillos, un movimiento ciudadano nacido en rechazo al alza de los combustibles y que ahora aglutina el malestar general hacia las políticas de Macron, continúa su pulsada contra el gobierno. A diferencia de las movilizaciones precedentes, ayer abrieron muchas de las atracciones turísticas de la ciudad, entre ellas el museo del Louvre y la Torre Eiffel. “París no debería dar la impresión de ser una ciudad muerta”, declaró el jefe de la policía capitalina, Michel Delpuech. Para ello, el gobierno volvió a desplegar un fuerte dispositivo de seguridad en la capital. En total, desplegaron 8.000 policías, movilizaron 14 vehículos blindados y reintrodujeron unidades de choque. Una vez más, la celebre avenida de los Campos Elíseos vivió momentos de tensión. Sin embargo esta vez hubo menos heridos y detenidos. El último balance del Ministerio del Interior destacó que en todo el país hubo 66.000 manifestantes y, solo en París, unos 4.000, frente a los 136.000 y 10.000, respectivamente, de hace siete días. También fueron menores los números de heridos y detenidos. La Prefectura de Policía de París indicó que en la capital hubo siete heridos y 168 arrestados, en comparación con los 96 heridos y 1.082 detenidos de la cuarta jornada. “Es un poco un fracaso, porque el Estado nos impide manifestar adecuadamente”, declaró a la prensa Marie, de 35 años, una empleada doméstica. “Estamos algo desmoralizados, pero el movimiento no acabará aquí”, aseguró, por su parte, Francis Nicolas, de 49 años, en la ciudad de Lyon (este). En Twitter, el ministro de Interior, Christophe Castaner, reclamó que se liberen las rotondas en el país. “Desde hace semanas están ocupadas día y noche por los chalecos amarillos. Ahora el diálogo debe ahora reunir al conjunto de los que quieren transformar Francia”, estimó.


Esta semana, varios miembros del Ejecutivo habían pedido la suspensión de las protestas después de que cuatro personas murieran en un atentado perpetrado el martes en el mercado navideño de la ciudad de Estrasburgo. El propio Macron llamó a la calma y la vuelta a la normalidad. Además pidió a los manifestantes que se sumen a un debate nacional en el que prometió que abarcará numerosas cuestiones políticas. Luego de desoír los reclamos durante semanas, el gobernante galo terminó cediendo el pasado lunes al anunciar un paquete de medidas que incluyen partidas extras para los trabajadores con menos ingresos, así como exenciones tributarias sobre las horas extras y algunas pensiones. Días antes, el gobierno ya había accedido a suspender durante un tiempo la prevista subida del impuesto a los carburantes, medida que motivó en origen las protestas.


Según el gobierno, los continuos bloqueos de carreteras y las protestas repercutieron negativamente en el crecimiento económico del país. El banco central de Francia redujo de hecho a la mitad, del 0,4 al 0,2%, su previsión de crecimiento para el último trimestre de 2018.

 

Publicado enInternacional
La Francia que Macron sedujo lo cuestiona hoy al rojo vivo

En apenas un año Macron pasó de ser un joven educado y nuevo a un hombre con una arrogancia monárquica. Los chalecos amarillos ganan apoyos en la calle: estudiantes, agricultores y camioneros van a sumarse a las protestas.


La República tiembla. 89.000 fuerzas de orden desplegadas (8.000 en París), 12 blindados en circulación, teatros y espectáculos públicos retrasados, museos cerrados, la Torre Eiffel clausurada, partidos de fútbol aplazados y centenas de interpelaciones, los chalecos amarillos pusieron a Francia en un estado de alerta global ante la perspectiva de la manifestación convocada para este sábado 8 de diciembre por ellos y otros sectores opuestos al presidente Emmanuel Macron. Los claros gestos de apaciguamiento asumidos por el Ejecutivo cuando accedió en dos tiempos a la exigencia central de los chalecos amarillos no bastaron para desmovilizar este magma de bronca social que estalló hace unas semanas. El gobierno decidió primero suspender el aumento del gasoil, de la luz y la electricidad por un período de 6 meses y luego lo amplió a todo el año 2019.


Las posturas de quienes tienen la intención de reclamar una modificación substancial de las políticas del poder político no se modificaron. Tanto el presidente Macron como su primer ministro, Édouard Philippe, intervinieron en varios planos con el fin de aplacar el fuego. El responsable del Ejecutivo hizo un llamado a “la responsabilidad de todos los actores del debate público, dirigentes políticos, sindicales, editorialistas, ciudadanos”. Philippe agregó que lo que estaba en juego era “la seguridad de los franceses y no la de las instituciones”. A las protestas del sábado organizadas por los chalecos amarillos se le agregan las manifestaciones previstas el mismo día (en otro recorrido) en el marco de la movilización internacional por la justicia climática.


Con justa razón ente lo ocurrido en París y otras ciudades en las manifestaciones que tuvieron lugar durante las últimas dos semanas, la Presidencia y el gobierno temen que la violencia llegue a los extremos. El mismo mandatario francés evocó la existencia de “un núcleo duro de varios miles de personas” capaces de venir a la capital francesa “para romper y matar”. Los chalecos amarillos sumaron apoyos no sólo en los sondeos sino también en la calle: estudiantes, agricultores y camioneros piensan sumarse a las manifestaciones. La dramatización del miedo responde a la densidad de la bronca observada en París el pasado fin de semana y a la posición intransigente de algunas cabezas de los chalecos amarillos.

Una de sus figuras más visibles, Eric Drouet, convocó a “tomar el Palacio del Elíseo” (la sede de la presidencia francesa). De hecho, es le convergencia de varias oposiciones y el protagonismo violento de las extremas derechas, de las extremas izquierdas así como la radicalización de algunos chalecos lo que ha tornado la perspectiva muy complicada. Según una nota interna de los servicios de inteligencia revelada por los medios, existe una “movilización de la extrema derecha que sueña con la revolución, otra de la extrema izquierda que pregona la insurrección” mientras que hay “una franja de los chalecos amarillos que se radicalizan en la violencia y la política”. El temor a actos desmedidos condujo a los sindicatos a intervenir en los llamados al normalidad. Las tres grandes centrales sindicales, la CFDT, CGT y FO, difundieron un comunicado en el que le piden al gobierno que atienda las demandas sociales y “garantice de una buena vez por todas negociaciones reales”.


El diálogo se ha perdido entre cielos obscuros. Francia parece saltar más allá de los cuestionamientos de una medida y de una política para instalarse en una suerte de repudio tajante de su presidente. Hay, también, una confusión asombrosa entre muchos jóvenes de la sociedad civil. PáginaI12 habló con un grupo de jóvenes que discutían en un café sobra las manifestaciones del sábado. Ante las imágenes de un Porsche incendiado, los jóvenes mostraron su total desacuerdo con que se incendiara un auto que un “señor pagó de su bolsillo”.

En cambio, estaban totalmente de acuerdo con que se destruyeran y saquearan los símbolos de la República, las paradas de colectivos, las estaciones de Metro, los semáforos y las calles. A Emmanuel Macron se le dio vuelta el cuadro. La Francia que él sedujo en apenas un año, la que lo admiró y llevó a la presidencia, ahora lo cuestiona con niveles de irritabilidad al rojo vivo. En 2017, Macron se vistió con el traje del hombre providencial que había salvado a Francia del populismo y la extrema derecha. Era joven, educado y nuevo. En 2018 aparece en cambio como un hombre testarudo, aislado entre bancos y lobbies, ignorante de las problemáticas de las clases pobres y de una arrogancia monárquica. Una columna-llamado publicada por Atac, la fundación Copérnico y firmada por decenas de sindicalistas, intelectuales, artistas e investigadores sintetiza la certeza polémica que el jefe del Estado instaló en el corazón del país. El movimiento de los chalecos amarillos “se caracteriza por su auto organización horizontal y plantea la exigencia de una democracia real contra una presidencia autoritaria y despreciativa”. En un chispazo repentino y casi sin aviso, el macronismo perdió lo que había conquistado en el póker político. Las imágenes difundidas en las redes sociales que muestran la dureza de la policía arrestando como delincuentes a jóvenes bachilleres movilizados contra Macron no hacen sino contribuir a asentar la idea de un poder vertical y autoritario. El ex banquero que en 2017 entendió a los electores, en 2018 dejó de entender a su país y, este, se lo hace saber.


Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
Una nueva protesta de los ‘chalecos amarillos’ degenera en caos en París

Las fuerzas de seguridad detienen a más de 400 personas y dispersan a centenares de manifestantes en el Arco del Triunfo. Hay más de 130 heridos

Coches incendiados, un monumento nacional asaltado, enfrentamientos en varios puntos neurálgicos de París, un presidente desbordado y a 11.000 kilómetros de distancia, y una oposición comprometida por su apoyo a un movimiento de objetivos inciertos. Francia, país donde la tentación revolucionaria nunca está lejos y forma parte de la identidad como la bandera y el himno, flirtea con la crisis política. Los llamados chalecos amarillos desafiaron de nuevo ayer al Gobierno francés con una manifestación que terminó con desórdenes públicos graves, decenas de heridos y detenidos y una sensación de descontrol poco habitual en la capital francesa. El Ejecutivo se plantea declarar el estado de emergencia en el país en caso de que se repitan los incidentes, según ha declarado Benjamin Griveaux, portavoz del Go bierno a Reuters.


Emmanuel Macron, que se encontraba en Argentina en la cumbre del G20, afronta el momento más complicado de su mandato desde que ganó las elecciones en 2017. El presidente francés sigue sin encontrar la fórmula para desactivar una revuelta cuyo grito más extendido va contra él: “Macron, dimisión”. No sirvió de nada su discurso el martes con propuestas vagas para abordar la subida del precio del carburante. Aunque las protestas de los chalecos amarillos —la prenda fluorescente que debe estar en todos los vehículos— están lejos de ser masivas, dos de cada tres franceses las apoyan.


El movimiento empezó a gestarse en octubre, por medio de las redes sociales, como una queja por el precio del diésel, cuyas tasas no han dejado de aumentar hasta equiparse casi a la gasolina. No es una cuestión técnica. Para millones de franceses que viven en ciudades pequeñas y medianas, el coche es una herramienta de trabajo. Cada aumento —habrá otro en enero— supone una carga onerosa para automovilistas a los que les cuesta llegar a fin de mes. La finalidad medioambiental de las tasas —se trata de disuadir del uso de energía contaminante— no les convence. La ven como un agravio, una muestra más de la desconexión de la Francia de las ciudades globalizadas, la Francia donde el medio de transporte es el metro, la bicicleta (o hasta el patinete). En definitiva: la Francia de Macron.


Pero el movimiento ahora plantea un abanico de reivindicaciones variopintas, que van desde la bajada de todas las tasas hasta la dimisión del presidente. Desde hace dos semanas, lo chalecos amarillos no han dejado de bloquear, con distinta intensidad, rotondas y accesos viarios en todo el país. Por tercer sábado consecutivo, ayer también se manifestaron en París y otras ciudades. Y, por segundo sábado consecutivo, la violencia empañó las convocatorias.


Las autoridades habían decidido que, al contrario que el 24 de noviembre, restringirían el acceso a los Campos Elíseos, escenario de enfrentamientos la semana pasada. Para entrar en la avenida había que superar controles policiales. El resultado es que quedó casi vacía. Todo se concentró en las calles y avenidas de los alrededores y en la plaza Charles de Gaulle, donde se ubica el Arco del Triunfo, símbolo nacional de la República francesa. La batalla, con intensidad variable, se prolongó toda la jornada, desde las ocho de la mañana hasta el anochecer.

Por Marc Bassets
París 2 DIC 2018 - 03:34 COT

 

Publicado enInternacional
Control y caos. Honduras, entre la expulsión y la esclavitud

Las escenas recorrieron el mundo: miles de familias hondureñas cruzando hacia el norte fueron interceptadas en la frontera con México por fuerzas de robocops con escudos de plástico, toletes y gases lacrimógenos. Mujeres u hombres defendían a sus niños cargándolos mientras enconchaban el cuerpo. La gente arremetía contra las cercas de seguridad. Los presidentes de Honduras y Guatemala pedían su retorno. Donald Trump vociferaba contra la ineptitud de los presidentes centroamericanos y amenazaba cortarles toda ayuda, por permitir que “hordas de delincuentes” amenacen SU frontera.

Días después hubo un segundo envión que en la frontera mexicana enfrentó con palos y piedras las balas de goma, los toletazos y gases. Un tiro en la cabeza mató a un caminante.


El caos fue mayor: que si avanzan, que si los regresan, que si se evaden por el río en lanchas, que si los meten a refugios o a campos de concentración, que si el gobierno mexicano (el que va a entrar, que de algún modo ya funciona), les otorga asilo y les ofrece empleo. Y entonces unos huyen y otros no saben qué hacer. Faltan medicinas, comida, techo, cuidados mínimos para infantes y mayores por igual. Circulan videos de personajes repartiendo dinero para emprender la marcha. Proliferan y se confrontan narrativas.


Hay quien mira la mano de Trump que con esta marcha se posiciona contra las fronteras abiertas y contra la entrada de personas calificadas de subnormales, degeneradas y criminales y promueve descalificación y expulsión en aras de las elecciones internas estadunidenses de noviembre.


Gobernando desde twitter, Trump colecciona frases: “Pandilleros y otras personas muy malas están mezcladas con la caravana que se dirige a nuestra frontera Sur. Por favor, regresen, no serán admitidos en Estados Unidos a menos que emprendan el proceso legal requerido. Esto es una invasión y nuestros militares estarán esperándolos”, es la frase más circulada. “Miro al partido demócrata conducir este asalto a nuestro país (porque quieren fronteras abiertas y leyes débiles vigentes) desde Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos líderes no están haciendo lo necesario para impedir que este flujo de personas, incluidos muchos criminales, entren a México rumbo a Estados Unidos”. Y más: “El asalto a nuestro país en nuestra frontera sur, incluidos elementos criminales y DROGAS, que escurren hacia dentro, es más importante para mí, como presidente, que el comercio o el ‘USMCA’. Esperamos que México frene esta embestida en su frontera norte. ¡Es culpa de los demócratas y sus leyes débiles!”.


Hay quien culpó a Maduro, a un contendiente de la izquierda hondureña, y en el paroxismo de la rumorología, Trump comenzó a alegar en sus twitazos que habían aprehendido gente de Medio Oriente en Centroamérica ligada a la caravana.


Con gran responsabilidad, The Guardian rastreó el rumor a una información de Pete Hegseth del programa televisivo Fox and Friends, que afirmó que en Guatemala habían capturado gente del Estado Islámico, según “un discurso del presidente Jimmy Morales al periódico Prensa Libre”, donde declaraba haber capturado cien terroristas. “El secretario de Inteligencia, Mario Duarte, indicó que los detalles de estas capturas son información reservada”. Sam Wolfson, del Guardian, no dejó de anotar que el discurso de Morales “ocurrió el 11 de octubre, días antes que se formara la caravana. No hay otros informes de que miembros de ISIS hayan sido descubiertos en dicho país”. Pero las informaciones fueron retomadas por otras publicaciones, sin especificar detalles, como Judicial Watch, buscando confirmar alguna conexión entre caravana y terroristas. Por eso el link dice: “terroristas-de-isis-capturados-en-guatemala-conforme- avanza-la-caravana-a-eu”. Trump tuvo que reconocer que no tenía mayor evidencia de estos rumores.
El Guardian anota que Trump acusa a los demócratas de estar tras el éxodo hondureño al afirmar: “un montón de dinero fue entregado a la gente para llegar a la frontera en vísperas del día de elecciones”. Se rumora que Soros y sus ONG están inmiscuidos. El periódico hondureño La Tribuna, y hasta el mismísimo padre Solalinde miran la mano de Georges Soros en el éxodo, del mismo modo que antes, se dice, respaldó las llamadas “revoluciones de colores” en Yugoslavia y Medio Oriente.


Sea o no cierta la implicación de Soros, o de los aparatos de inteligencia estadunidenses de Trump con tal de crear la percepción de riesgo si llegaran más demócratas al poder en las elecciones intermedias estadunidenses, lo innegable es el enorme caos, la confusión, devastación, despojo y violencia que sufre el pueblo hondureño desde al menos el siglo XIX, cuando Estados Unidos fijó el destino de la nación como un espacio, primero predado como república bananera por la United Fruit y luego utilizado para confrontar, desestabilizar y corromper cualquier movimiento contrario a los intereses corporativos en la región.


Honduras se transformó en un gran escenario para operaciones encubiertas. Luis Hernández Navarro apunta: “Honduras, escribió Gregorio Selser, es una república alquilada al imperio, es el portaviones estadunidense en América Central. Hoy es, además, un buque insignia de la narcopolítica continental que hace agua”.


Es imprescindible entender que la gente huye de condiciones de violencia, confusión y deshabilitación extremas donde se ha hecho imposible la vida cotidiana, ya no digamos las labores creativas que le permitieran a la población ejercer sus propias estrategias de sobrevivencia. Donde las escenificaciones de movimientos forzados de población, mediante engaños, han sido parte de su historia reciente, como sabemos quienes vivimos la guerra Contra en Honduras que movilizó al exilio a miles de “refugiados” procedentes de Nicaragua, con el fin de vaciar regiones, predar ayuda humanitaria, ejercer controles extremos sobre la población desplazada incluido el reclutamiento forzoso, e intensificar la guerra contra el entonces Estado del sandinismo triunfante.


Hoy en Honduras se impone la siembra de palma aceitera a punta de paramilitares, los cárteles transnacionales se disputan el cultivo y tráfico de drogas y la vida no vale ni siquiera una mirada porque el violento caos cotidiano es la moneda de cambio.


Las cifras oficiales dicen que al año son asesinadas 57 personas por cada 100 mil habitantes: 14 personas diarias. Honduras es uno de los países más violentos del mundo, en particular San Pedro Sula: se dice que la ciudad más violenta del planeta.


Según datos sistematizados por 321.org, en la región la gente vive con menos de 1.9 dólares al día. El 64.3% de su población vive por debajo de la tasa de incidencia de pobreza. El punto más álgido según Philip Alston, el relator de extrema pobreza de la ONU, es que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la propia ONU han fomentado “agresivamente” la privatización de servicios básicos.
Según Alston: “Privatizar la justicia, la protección social, las prisiones, la educación, la sanidad básica y otros bienes públicos esenciales, no se puede hacer a costa de tirar por la ventana la protección de los derechos humanos”. La destrucción y el acaparamiento de la infraestructura cotidiana de la vida es lo que promueven las Zonas Económicas Especiales, enclaves de desvío de poder donde funciona un gobierno privado dentro del Estado nacional y se acaparan paulatina o repentinamente las funciones “normales” de los ámbitos de competencia “legal”.


La expansión frenética y masiva de plantaciones, paramilitarismo, sicariato y deshabilitación impuestos por las corporaciones y el crimen organizado hacen de Honduras un “paraíso de inversión” y un basurero de la vida humana, por el amedrentamiento y la precarización generalizadas. Quienes migran, en este exilio forzoso que parece diseñado para cumplir varios planes a la vez, serán detenidos si logran llegar a Estados Unidos y ahí cumplirán con ser mano de obra esclavizada (un dólar diario) en los centros de detención privados, tan caros al sistema judicial estadunidense.

 

Publicado enInternacional
Condenan defensores de DH operativo contra la caravana

Arriaga, Chis., Unos 200 policías federales trataron de impedir el paso de la caravana de centroamericanos cuando ingresaba al estado de Oaxaca, para "informarle" acerca de los beneficios de la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de que regularicen su situación migratoria y se acojan al programa Estás en tu casa para obtener trabajo y educación, entre otros beneficios.

"Esta oportunidad se ha venido construyendo con las cosas que el gobierno considera que reúnen todos los requisitos de lo que ustedes necesitan para tener una estancia en nuestro país", dijo el comisario general de la división de Gendarmería de la Policía Federal (PF), Benjamín Grajeda Regalado, a los representantes de los migrantes.

"Para aquellos que decidan ad¬herirse al programa, estamos listos para trasladarlos y tenemos todos los medios para que inicien los trámites. Estamos aquí por una razón humanitaria, pues ya no queremos que esos grupos vulnerables se sigan arriesgando; les pedimos la oportunidad de explicarles de primera mano las dudas que hayan quedado en el aire y quienes estén de acuerdo los acompañaremos para que lleguen a un lugar donde no pasen problemas."

Los centroamericanos partieron a las 3 horas de este sábado de Arriaga, Chiapas, hacia Tapanatepec, Oaxaca, pero en los límites con esta entidad había un retén con unos 200 uniformados.

Un kilómetro antes de llegar al retén –cerca de las 5 horas– detuvieron su marcha mientras representantes de las comisiones nacional y estatales de los derechos humanos de ambas entidades fungieron como mediadores para transmitir la información de Grajeda Regalado a los representantes de la caravana y viceversa.

Tras el intercambio de mensajes, el comisario de la PF y los representantes de los migrantes dialogaron varios minutos en la carretera.

"Queremos presentarles de primera mano el programa" anunciado por Peña Nieto el viernes, les dijo el jefe policiaco, acompañado por el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Oaxaca, Jacobo Rodríguez. Un representante de la caravana respondió al comisario. "Después de hacer la exhortativa, ¿van a permitir el paso?"

–La instrucción que tenemos es seguir aquí y exhortándolos para esa invitación –dijo el funcionario.

–La respuesta es "no habría paso" –sugirió el vocero migrante.

–No, sólo para aquellos que se quieran sumar [al proyecto presidencial] –confirmó el representante del gobierno.

Arturo Peimbert, defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, expresó al responsable del operativo: "No vemos esto como medida viable, no la reconocemos, pero sí privilegiamos la paz, por eso nos ofrecemos para girar un mecanismo que ayude que no se desborden los ánimos".

Ambas partes acordaron un plazo de 20 minutos para que se despejara la carretera y cerca de las 8:05 horas, después de tres de diálogo, se dio paso libre para que continuaran su marcha a Tapanatepec, Oaxaca.

A su llegada a ese municipio, los centroamericanos se concentraron en el parque central y otros en calles aledañas. Muchos, cansados, lastimados de los pies, otros enfermos; de inmediato personas altruistas les ofrecieron comida caliente.

Más tarde informaron que dejarán Tapanatepec a las 4 horas de este domingo, un contingente rumbo a Niltepec y otro a Juchitán.

Por la noche trascendió que los representantes de los desplazados acordaron posponer el viaje de este domingo y continuarlo el lunes, luego de que a un migrante guatemalteco se le atribuyó el intento de robarse un niño, lo que ocasionó que unos 100 centroamericanos intentaran golpearlo. El presunto raptor se ocultó debajo de una banca donde se mantuvo protegido por ciudadanos mexicanos, que lo entregaron a la policía sano y salvo. Al mediodía de hoy definirán el siguiente paso.

Elio Henríquez y Diana Manzo
Corresponsales

Publicado enInternacional
Miércoles, 24 Octubre 2018 17:22

Centros penitenciarios de control social

Centros penitenciarios de control social

Lo que gritan es muy diciente: “cállese marrano hijueputa”; “abajo, marica, ¿es qué no escucha?”; “este hijueputa es el más fastidioso de todos”; “marrano hijueputa”; “ese es el cacique, ese hijueputa es el cacique”; “ahí sí no es hombre ¿no?”; “ahí sí llora como una nena”; “ya no se cree malo ¿no?”; “sea barón, gonorrea”; “esas gonorreas casi matan al man”. Los insultos corresponden a un video que muestra a varios hombres jóvenes semidesnudos tirados en el suelo boca abajo. Uno de ellos, al que llaman Marrano, llora de dolor al ser golpeado con un palo en la retaguardia. Si uno, como espectador, sólo tuviera acceso a los audios, y no a las imágenes, podría pensar que quienes golpean e insultan, a quien por nombre le dicen Marrano, hacen parte de una banda delincuencial que cobra venganza, posiblemente por las heridas propinadas por éste a uno de los suyos. Así se escuchan y así se ven. Pero no, no son ninguna banda enemiga, el video muestra que quien golpea y quienes insultan al joven reducido es la Policía Nacional y quienes están tirados en el piso son algunos de los jóvenes del centro penitenciario El Redentor.

 

El video salió a la luz pública el 11 de octubre y desde entonces se desató un debate sobre el funcionamiento del centro reclusorio. Un debate que, sin embargo, se centró en el comportamiento de los reclusos y no en la represión de los oficiales. Pero ¿por qué? La pregunta correcta es ¿para qué? Para justificar de forma velada el comportamiento de los policías. Así lo insinúa la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Juliana Pungiluppi, entidad encargada de proteger a los adolescentes y jóvenes: “se acude a la policía sólo cuando la situación ya está fuera de control y, pues, desafortunadamente suceden estos excesos, que nada los justifica”, aclara.

 

Pero el “nada lo justifica” ya no sirve, es sólo un accesorio para curarse en salud. Antes ya había dicho que en lo corrido del año los reclusos se han amotinado en más de 20 ocasiones y que constantemente les encuentran armas, que no son adolescentes sino jóvenes entre los 18 y 28 años. Es decir, ya deslegitimó a los reclusos. No es difícil imaginar entonces que los policías implicados compartan su lógica. No es difícil imaginar escucharlos decir “claro, ahora sí arman tremendo escándalo por los reclusos, pero ¿quién habla de los policías que los reclusos hirieron?”. Porque, como se escucha en el video, al parecer uno de los policías dice: “esas gonorreas casi matan al man”, refiriéndose a uno de los uniformados heridos.

 

Es muy posible que el motivo de la conducta de los policías haya sido precisamente esa; que, tras ver a uno de los suyos lastimado, al parecer por el joven a quien llaman Marrano, hayan actuado ciegamente, con rencor. Con esta descripción, tal y como se insinúa en medios de comunicación, es hasta muy posible que la opinión pública simpatice con los oficiales y condene a los reclusos, a pesar de ver las fuertes imágenes de estos en el piso. Sin embargo, la Fuerza Pública no es un grupo de individuos común y corriente, son una entidad, se supone, formada y capacitada para saber cómo actuar en casos de crisis. Son una institución, supuestamente, democrática y que por lo tanto sus funcionarios no deben actuar como la gente común y corriente. Por esto, no es posible justificarlos, ni mucho menos simpatizar con su conducta.

 

Ahora, si el debate estuviera encaminado en esta dirección nos estaríamos preguntando más bien por la formación y funcionamiento de la Policía, no sólo por el centro reclusorio. Aquí ganan pertinencia preguntas como: ¿en realidad los policías están formados para manejar casos como el que tratamos? Y con esto no sólo se puede hacer referencia a las estrategias de reducción y sometimiento de los reclusos, sino a la formación psicológica y emocional (hasta moral) para manejarse cuando las cosas se salen de control. ¿Se discierne con los policías la forma en que entienden a los reclusos? Esto es fundamental que lo hicieran ya que, por la naturaleza de su oficio es muy posible que la imagen que construyen sobre el delincuente en general (y el recluso en particular) esté reducida a sus características negativas, es decir, que tiendan a demonizarlos, a verlos como la escoria de la sociedad y con ello pierdan todo sentido de compasión, comprensión y entendimiento ¿Los policías tendrán, entonces, una reflexión/trabajo continuo con profesionales, por ejemplo del área de la psicología, para evitar que deshumanicen al delincuente? Estas son las preguntas que también deberían estar en el centro del debate, mucho más cuando la Procuraduría advierte que el comportamiento de los oficiales dentro del reclusorio es posiblemente sistemático.

 

Signos de crisis

 

La indignante golpiza propinada a los reclusos por parte de los oficiales, sumado al hecho de que los reclusos constantemente se están amotinando, es una muestra más de la crisis estructural del sistema penitenciario. Este es un fenómeno sobre el cual muchos estudiosos del tema han llamado la atención, pero tal vez también es uno de los más rezagados, olvidados e ignorados. Las variables de la crisis están en todas las dimensiones, comenzando por la infraestructura, como afirma la misma doctora Pungiluppi, para quien El Redentor es inadecuado e insuficiente en términos de espacio. Esta es una realidad no sólo para este reclusorio sino para la gran mayoría de este tipo de centros de reclusión con que cuenta el país. Constantemente se escucha en los noticieros los índices de hacinamiento en las cárceles, los cuales pueden sobrepasar cuatro veces su capacidad.

 

Otra variable tiene que ver con la demora en la formulación de las sentencias. Más del cincuenta por ciento de los presuntos delincuentes pasan años privados de su libertad hasta que se de una sentencia. Esta es, por un lado, una de las causas del hacinamiento, aunque no la determinante.

 

Pero el problema más relevante en términos sociales tiene que ver con los procesos de resocialización. Es bien conocido este fenómeno en la opinión pública. Se sabe que los reclusos aprenden a delinquir en los centros de reclusión tanto como en la misma calle. Una gran contradicción si se cree, como se nos dice a menudo, que la función de dichos centros es la de rehabilitar y resocializar a quienes infringen las leyes. Funciones que en realidad nunca han existido ni han estado dentro del radar de los formuladores de la política pública. En realidad, como afirma Michael Foucault, las cárceles son centros de control social, específicamente de las clases bajas y los movimientos sociales. Su función, contrario a lo propagandeado, es la de someter y destruir al disidente.

 

Sistema penitenciario: la nueva forma de esclavitud

 

La crisis estructural del sistema penitenciario no sólo es un problema de Colombia, es uno de los más importantes del mundo. En el documental Enmienda 13, de la directora Ava DuVernay (Selma, Scandal), autores como Angela Davis, Van Jones, Michelle Alexander, afirman que el sistema penitenciario en Estados Unidos es la forma como se logró perpetuar la esclavitud de la población negra a pesar de la abolición formal de la misma como sistema económico. Dichos autores muestran cómo se han transformado en el tiempo las causas del encarcelamiento. Durante el siglo XIX y parte del XX se apresaba a las personas negras que se consideraban ociosas o vagas. Luego, criminalizaban a los actores de los movimientos sociales antiracistas y a favor de los derechos civiles de las personas negras, por fomentar el caos e ir en contra de la ley. Hasta llegar a la década de los sesenta del siglo XX con el gobierno de Nixón, cuando inició la lucha contra las drogas.

 

A partir de este momento se emprendió una guerra sistemática contra los consumidores, productores y expendedores de drogas. Una política que, se sabe, tiene como objetivo el control social de la población marginal para impedir que se organicen y así fomentar el miedo de unos con otros. Este análisis que enuncia el documental es fundamental como puerta de entrada para entender nuestra propia realidad. El observatorio de niñez, del Icbf, muestra que la causa principal del encarcelamiento en adolescentes y jóvenes es el “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”. Un cambio radical en la política sobre el tema de las drogas, del punitivo a uno con enfoque de salud pública, sacaría a miles de adolescentes y jóvenes de los reclusorios donde se exponen a ambientes de riesgo. Sin embargo, más de diez millones de personas, sumadas a la indiferencia de otros tantos millones, eligió a un presidente que volvió a penalizar la dosis mínima. Lo cual traerá como consecuencia un incremento en el número de reclusos que nunca serán resocializados.

 

Así, su política contra las drogas es una política que alimenta la criminalidad si se entiende de esta manera: al ser un negocio ilegal, sus conflictos inherentes no se pueden resolver por medio de la justicia ¿qué significa esto? Que, si un productor sorprende a uno de sus expendedores robándole la mercancía, no recurre a la justicia para apresarlo, sino a métodos violentos, como el sicariato, propio de una economía ilegal. Legalizar el negocio reduciría el número de jóvenes y adolescentes muertos o encarcelados por asesinar.

 

Retórica oficial

 

Luego de darse a conocer el video que evidencia la brutalidad policial y sin exponer las causas que lleva a los jóvenes allí recluidos a cometer conductas por las caules pierden su libertad, la retórica oficial se ha centrado en decir que desean una gran reforma al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes –Srpa–. La directora del Icbf ha dicho, por ejemplo, que su enfoque deseado sería que la última opción para castigar a los jóvenes delincuentes sea la reclusión, que antes buscaría otras estrategias, como la labor social. Una propuesta que suena bonita ante un micrófono de un medio de comunicación, pero que no deja de ser buenas intenciones. Es difícil creer que la gran reforma se haga porque, para lograrla, se tendría primero que reformar, para empezar, la política contra las drogas. Si esto no se hace, a la par de una reforma del sistema penitenciario, los problemas estructurales continuarán. Pero, para que se de un giro de esta importancia, se requiere un tipo de gobierno radicalmente distinto al actual, uno que no utilice las cárceles como sistema de control social y la guerra contra las drogas como excusa para conseguirlo.

 

Publicado enEdición Nº251
Domingo, 21 Octubre 2018 07:36

¿Derechos humanos, alguien?

¿Derechos humanos, alguien?

Es en extremo difícil hallar un país o alguna otra estructura política que no haya violado derechos humanos de algún modo.

Algunas veces, la violación implica asesinar a un disidente.

Algunas veces la acción es menos severa, sin embargo tiene un efecto muy negativo sobre la vida y las actividades de la víctima de la violación.

Con raras excepciones, la estructura política acusada de violar los derechos humanos niega haberlo hecho.

La evidencia dura de una violación es difícil de obtener y circular. La entidad acusada de violar derechos humanos tiende, en la mayoría de los casos, a ignorar protestas, y como tal mantiene intacta la supuesta violación.

Algunas instancias actuales sometidas a discusión pública son: Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, Nicaragua, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Holanda, Suecia, Latvia, Polonia, Hungría, la República Checa, Turquía, Arabia Saudita, Israel, Palestina, Egipto, Sudán, Sudán del Sur, Kenya, Sudáfrica, Yemen, Irak, Irán, Pakistán, India, Myanmar, Indonesia, Australia, China, Corea del Sur, Corea del Norte y Japón.

Cualquier país en esta lista tiene algunos defensores que se escandalizan por la acusación mientras otras personas lo ponen hasta arriba de su lista acusatoria.

Esta ya muy enorme lista no incluye a entidades dentro de los llamados Estados soberanos. Enlistarlas habría alargado la lista tremendamente.

¿Qué podemos concluir de esta totalmente poco clara discusión acerca de los derechos humanos? Concluyo que no podemos utilizar la categoría de derechos humanos en sí misma. Puede ser útil tal vez si la situamos en un contexto complejo de la situación en una entidad política dada, pero ciertamente no puede sostenerse en sí misma.

Mi segunda conclusión es que, hasta ahora, la categoría ha permitido lograr muy poco. A como la usa la mayoría de los activistas, se ha alejado del análisis del sistema capitalista y por tanto de la lucha central de nuestros tiempos.

Traducción: Ramón Vera-Herrer

 

Publicado enSociedad
Página 1 de 30