Migrantes requisados y detenidos por la patrulla fronteriza estadounidense en Los Ebanos, Texas. Imagen: AFP

El alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha condenado las condiciones “indignas” y “dañinas” en que se encuentran los migrantes y refugiados recluidos en la frontera de los Estados Unidos, pidiendo que los niños nunca sean puestos en detención migratoria o separados de sus familias.

Michelle Bachelet dijo que estaba horrorizada por los campamentos y dijo que varios organismos de derechos humanos de la ONU habían descubierto que la detención de niños migrantes puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, que está prohibido por el derecho internacional.

Ella habló pocos días después de que un informe interno del gobierno de los Estados Unidos advirtiera sobre un hacinamiento peligroso en muchos de los centros de detención. El informe del gobierno reveló que algunos inmigrantes fueron retenidos en celdas con una capacidad cinco veces menor, y más de la mitad quedaban afuera debido a la falta de espacio.

Según NBC News, solo había cuatro duchas para 756 detenidos. Una celda, diseñada para albergar a 35 personas, se llenó con 155. Y The New York Times describió que una estación de la Patrulla Fronteriza en Texas estaba llena de cientos de niños que vestían ropa sucia y estaban envueltos en celdas llenas de enfermedades, en base a entrevistas con el personal y los abogados quienes habían visitado el sitio.
Donald Trump calificó la historia como un engaño. "Como pediatra, pero también como madre y ex jefa de estado, estoy profundamente sorprendida de que los niños se vean obligados a dormir en el suelo en instalaciones superpobladas, sin acceso a atención médica o alimentos adecuados y con malas condiciones de saneamiento", dijo. Bachelet, ex presidenta de Chile, dijo.

"Detener a un niño, incluso por períodos cortos en buenas condiciones, puede tener un impacto grave en su salud y desarrollo. Considere el daño que se está haciendo todos los días al permitir que esta situación alarmante continúe".

Los centros de detención albergan a miles de migrantes, muchos de los cuales huyen de la violencia y la pobreza en América Central. Bachelet instó a las autoridades a encontrar alternativas sin custodia para niños y adultos. "Cualquier privación de libertad de los migrantes adultos y refugiados debe ser una medida de último recurso", dijo. “En la mayoría de estos casos, los migrantes y los refugiados han emprendido viajes peligrosos con sus hijos en busca de protección y dignidad y alejados de la violencia y el hambre.
“Cuando finalmente creen que están a salvo, pueden encontrarse separados de sus seres queridos y encerrados en condiciones indignas. Esto nunca debería suceder en ninguna parte”.

Los equipos de la oficina de derechos humanos de la ONU en México y América Central han documentado numerosas violaciones de derechos y abusos contra los migrantes en movimiento, incluido el uso excesivo de la fuerza y la separación familiar. Las políticas introducidas a fines del año pasado requieren que la Patrulla Fronteriza realice controles médicos secundarios a todos los niños bajo el cuidado y la custodia de Aduanas y Protección de Fronteras, con especial atención a los niños menores de 10 años.

Bachelet también condenó las acciones contra personas y organizaciones que brindan a los migrantes agua, alimentos, atención médica y refugio. "La provisión de asistencia para salvar vidas es un imperativo de derechos humanos que debe respetarse en todo momento y para todas las personas necesitadas; es inconcebible que aquellos que buscan brindar dicho apoyo corran el riesgo de enfrentar cargos penales", dijo.

Scott Warren, de 36 años y residente de Arizona, quien brindó ayuda a los migrantes, será procesado nuevamente después de que un jurado el mes pasado no pudo llegar a un veredicto, y enfrenta hasta 20 años de prisión por "proteger" a los hombres de las autoridades estadounidenses.

Por Jane Dalton*

*De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Pagina/12
Traducción: Celita Doyhambéhère

Publicado enInternacional
Domingo, 07 Julio 2019 05:37

El orden del discurso

El orden del discurso

La visita a Venezuela de Michelle Bachelet.

 

Durante su reciente estadía venezolana de tres días, la alta comisionada de la Onu para los derechos humanos y ex presidenta chilena, Michelle Bachelet, se reunió en el palacio presidencial de Miraflores con Nicolás Maduro y en la Asamblea Nacional con su presidente, Juan Guaidó. Recordemos que desde enero muchos gobiernos extranjeros, casi cincuenta, han reconocido a Guaidó como “presidente encargado de la República”, aunque en este tiempo no ha podido ejercer función alguna como tal.

La visita hizo tabla rasa de los eufemismos. Nada de “mediación entre dos presidentes”. Bachelet llegó a Caracas y nombró a cada quien según su cargo, una obviedad a la que no se atrevía la comunidad internacional que le siguió el juego a Estados Unidos. Las declaraciones de Guaidó después de la reunión, sin la delegada de la Onu a su lado, fueron bastante categóricas: Bachelet intercedió para liberar a los presos políticos. Nada de “cese de la usurpación” ni de “gobierno de transición”. Los términos que hasta hace días utilizaba Guaidó para referirse a sus actuaciones internacionales han mutado a otros más flexibles y realistas: presos políticos, violaciones a derechos humanos, negociación en Noruega.

Pero Bachelet fue todavía más lejos en eso de nombrar las cosas. Visitó en sus despachos al presidente del Tribunal Supremo de Justicia y al fiscal general, ambos presididos por funcionarios incluidos en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Una verdadera afrenta a la vorágine política internacional deseosa de una invasión extranjera y de una purga radical. Una lluvia de críticas cayó sobre Bachelet y Guaidó por parte de opositores radicales, especialmente una vez que Bachelet demandara agilizar el diálogo en Noruega entre el gobierno y la oposición, algo que Guaidó había rechazado, salvo que fuera para la claudicación definitiva de Maduro.

Paralelamente al cierre de la visita de Bachelet, una foto estremecía a la oposición: Elliott Abrams, encargado de la Casa Blanca para asuntos sobre Venezuela, se fotografiaba con los delegados de Guaidó que asistirán, en Oslo, a la tercera ronda de negociaciones y les ofrecía su respaldo. Para la segunda ronda de negociaciones, Abrams se mostró escéptico y se atrevió a hacer recomendaciones públicas a Guaidó para que sólo se sentara a firmar la rendición de Maduro. De todas maneras, la foto en cuestión es un espaldarazo de Estados Unidos a la mediación de Noruega como única salida posible por el momento. Un verdadero balde de agua fría para Almagro, Duque y la derecha radical venezolana, que tratan de torpedear cualquier negociación política.

Se espera que la alta comisionada presente hoy, 5 de julio, un informe a Naciones Unidas sobre Venezuela y su visita de tres días. Por lo pronto, ha inaugurado otra forma de atender el conflicto venezolano.

JUEGO DE NAIPES.

Por el momento, la carta de la mediación noruega pesa más que la de una intervención militar, con la que amagaron Trump y diversos funcionarios de Estados Unidos desde comienzos de año. Desde que Trump mencionó que, con respecto a Venezuela y Maduro, “todas las opciones están sobre la mesa”, se entendió que contemplaba seriamente una intervención militar. Varios meses después, esa carta se ha ido al mazo.

Ahora sólo queda la negociación diseñada en Europa y países de América Latina, como Uruguay y México, que han visto con cierta cautela la autojuramentación de Guaidó y la ofensiva belicosa de Estados Unidos contra Venezuela. El diálogo entre las partes en cierta manera pasa por aceptar al chavismo como actor político de negociación, y no como “banda de narcotraficantes” y “genocidas”. El mismo Abrams ha considerado la opción de que Maduro sea candidato presidencial, aunque ha confirmado que antes de eso el venezolano debe dejar el poder. Todo un repertorio simbólico que da cuenta de un nuevo enfoque.

Pero lo simbólico no es independiente de lo real. Estos desplazamientos discursivos obedecen a los fracasos opositores que se han sucedido una y otra vez desde enero de este año. El primero y quizá más importante fue el del 12 de febrero en la frontera colombo‑venezolana, cuando la oposición, acompañada de manera espectacular por un concierto musical internacional y presidentes de la región, como Sebastián Piñera e Iván Duque, intentó hacer ingresar en el territorio venezolano tres camiones de ayuda humanitaria, que resultaron quemados (a la postre, The New York Times revelaría que por los mismos opositores). Finalmente, el 30 de abril, un golpe de Estado abortado y débil terminó de mostrar las pobres costuras militares de los opositores y el fracaso de la política estadounidense hacia el sector militar venezolano. Ambas acciones atrincheraron al Ejército y al chavismo en torno a Maduro.

MAL MOMENTO PARA LA OPOSICIÓN.

Durante la visita de Bachelet, la escalada del conflicto con Irán mantuvo a Estados Unidos ocupado. Fuerzas militares iraníes derribaron un dron estadounidense el 20 de junio y el propio Trump reconoció que estuvo a punto de iniciar una agresión violenta como respuesta, que finalmente detuvo a escasos minutos de concretarla. Todo ello mantiene alejada a Venezuela de las primeras planas del escenario geopolítico y levanta otras preocupaciones para Estados Unidos. La presión contra Caracas, que venía en aumento desde enero, ha estado bajando las últimas semanas y llegó a su mínimo de este año justamente durante la visita de la máxima autoridad de la Onu en materia de derechos humanos. Sin el padrino azuzándola, la oposición ha tenido que mostrar su cara dispuesta al diálogo.

La situación geopolítica no es la única que marca el desánimo del antimadurismo. Un escándalo de corrupción sobrevenido de manera inesperada señala a militantes del opositor Voluntad Popular como responsables de corrupción en temas relacionados con la ayuda humanitaria del evento del 12 de febrero. El Panam Post, un medio de oposición radical a Maduro que opera desde Estados Unidos, destapó un conjunto de documentos que comprobarían dicha corrupción, que ha salpicado incluso al representante de Guaidó en Colombia. Este ha hecho declaraciones que contradicen a su jefe en cuanto a las fechas en las que comenzaron a investigarse dichas denuncias.

Independientemente del daño que pueda hacerle este escándalo a Guaidó, da cuenta de la ruptura interna en las filas opositoras. Los denunciantes son parte de la oposición más radical y, de esta forma, le estarían cobrando a Guaidó su negociación con el gobierno en Noruega. En todo caso, el sinceramiento de la situación venezolana y la necesidad de volver a las negociaciones abren procesos políticos que favorecen la participación de sectores opositores menos radicales que hacen vida política a lo interno del país, a diferencia de los que diseñan y dirigen desde el extranjero. Una vuelta a la política real.

5 julio, 2019

*    Sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Publicado enInternacional
Sábado, 06 Julio 2019 06:51

"Incomprensible y sin rigor científico"

"Incomprensible y sin rigor científico"

El gobierno de Maduro señaló que no consideraron sus argumentos e ignora el efecto del bloqueo económico. Acto de la oposición y marcha al comando militar.

La existencia de dos gobiernos en Venezuela es una ficción que se ha evaporado a nivel internacional. Solo la mantiene la administración de Donald Trump y algunos gobiernos de derecha de América Latina. El presidente Vladimir Putin, de visita en el Vaticano, afirmó al respecto que Juan Guaidó se había autoproclamado presidente encargado ante Dios, pero “Dios no nos comunicó cuál fue su reacción a este mensaje, no nos dio ninguna señal, por eso creo que debemos volver a esta tierra pasajera y llena de pecados y guiarnos por los procedimientos democráticos”. Guaidó ya no es lo que nunca fue.

En términos nacionales la ficción nunca cobró la forma necesaria para simular gobierno: en casi seis meses Guaidó no logró autoridad, ni mando, ni territorio. No significa que la ficción se haya detenido: el 5 de julio, día de la firma del acta de Independencia de Venezuela, Guaidó encabezó un acto en la Asamblea Nacional, en simulación de gobierno, y luego una movilización hasta las cercanías de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El día estuvo marcado en la madrugada por el informe leído en la mañana por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, desde Ginebra. Allí expuso las conclusiones de un reporte que reconoce a un solo gobierno que, a su vez, señala como responsable, entre otras cosas, de una situación de crisis de salud, alimentación, migración, con graves falencias en el acceso a la justicia y garantía de derechos humanos.

“Resulta incomprensible el contenido de este informe dominado por una visión selectiva y parcializada, un escrito carente de rigor científico con grandes errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores. Ignora casi en su totalidad la información brindada por el Estado, solo toma en cuenta la obtenida por voceros de la oposición y fuentes de prensa. Basta mencionar que de 558 entrevistas realizadas, 460 fueron realizadas fuera de Venezuela, lo cual representa 82 por ciento de las opiniones vertidas en el informe”, expresó en Ginebra William Castillo, viceministro de asuntos exteriores.

Castillo también destacó la omisión del informe acerca de las causantes del cuadro económico: “Ignora los graves impactos que el ilegal, criminal e inmoral que el bloqueo económico está ejerciendo sobre la vida de nuestro pueblo. Venezuela no niega sus problemas, pero cualquier esfuerzo serio para abordarlos debe considerar las causas estructurales”.

La celebración del 208 aniversario de la independencia estuvo marcada por un acto en la Asamblea Nacional Constituyente, con un discurso del comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) el almirante en jefe Remigio Ceballos, quien explicó el tipo de “agresión multiforme” a la cual está sometida Venezuela, y ratificó el mando de Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fanb.

El presidente, por su parte, encabezó el desfile militar en Caracas, donde ratificó el llamado al diálogo y a la paz: “con la buena voluntad, la capacidad política de negociación lo lograremos. Todos tenemos que ceder una parte para llegar a acuerdos y yo llamo al diálogo porque creo y amo a Venezuela”.

El nuevo llamado al dialogo del presidente se dio en un escenario donde, públicamente, las diferentes fracciones más visibles de la derecha venezolana han anunciado que no volverán a acudir a ninguna instancia de acercamiento con el gobierno. Guaidó lo ratificó al finalizar la movilización del viernes ante la Dgcim: “se acabó el debate, el informe de Bachelet confirma que esto es una dictadura”. El autoproclamado no dio detalles acerca de cómo sería una salida sin diálogo, y anunció próximas movilizaciones sin dar detalles.

Las vías para el plan sin diálogo fueron demostradas en los últimos meses y semanas, tanto con el intento de acción militar del 30 de abril en la madrugada, como con las tramas de ex militares, comisarios y mercenarios que fue develada por el gobierno. Los videos grabados a través de infiltraciones hechas por los servicios de inteligencia, dejaron ver a través de los mismos actores del plan, cómo pensaban asesinar al presidente, al círculo de gobierno, y realizar asaltos militares a puntos estratégicos militares y políticos. Esto no resulta nuevo en un conflicto donde hace menos de un año sectores de la oposición intentaron asesinar al presidente a través de drones con explosivos en un desfile militar en Caracas.

La ficción de dos presidentes ya casi no existe internacionalmente. El conflicto sin embargo recrudece en sus preparativos para nuevos asaltos. La derecha anunció que el informe de Bachelet -que desconoce toda dimensión violenta de la oposición aun habiéndose reunido con víctimas, como la madre de un joven quemado vivo por ser acusado de chavista- es una validación para romper diálogo y un punto de apoyo para buscar nuevas acciones de fuerza.

En cuanto al bloqueo, mencionado de manera soslayada por el informe, Estados Unidos ha anunciado que continuará incrementando sus ataques, tanto a Venezuela como a sus aliados. La última medida unilateral de fuerza tuvo lugar el jueves con la sanción a la empresa cubana Cubametales por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros por comerciar petróleo con Venezuela. Esta medida se suma a lista de, entre otras acciones, robos de activos, bloqueos de cuentas, sanciones a empresas, que comenzó años atrás y durante este 2019 se incrementó mes a mes ante el silencio de gobiernos y organismos internacionales.

 El clima político transcurre complejo en Venezuela. Las posibles formas de resolución aún no aparecen sobre la mesa, y los hechos de esta semana han vuelto a alejar lo que se había logrado acercar públicamente entre las partes.

Publicado enInternacional
El "descontrol" de los cuerpos armados del Estado

Que los aparatos armados del Estado están fuera de control, en todo el mundo, es un hecho indudable. Sucede en las viejas potencias decadentes (Estados Unidos y Europa), en las mal llamadas emergentes (Rusia y China) y, por supuesto, en nuestra América Latina. Los hechos comprobados llaman la atención.

 

Incluso en la muy democrática Alemania se puede constatar una alianza de la ultraderecha, responsable de 80 asesinatos desde la reunificación, "con elementos de la policía, el ejército y la judicatura" (bit.ly/2NygEsw). La alianza de hecho es tan evidente, y de tanto tiempo, que en rigor habría que decir que los aparatos armados del Estado están utilizando a la extrema derecha como expresión político-electoral de sus intereses.

 

Un informe de los periodistas de Redaktions Netzwerk Deutschland concluye que los ultras alemanes no son sociópatas, sino militares y policías, en especial "miembros retirados y en activo de comandos especiales de asalto".

 

En Grecia la relación entre Amanecer Dorado y la policía está más que comprobada. "En las elecciones de 2012, uno de cada dos agentes de Atenas votó a la formación nazi", pese a que el partido ultra apenas superó 7 por ciento de los votos totales ((bit.ly/2XRZsT2). Ese mismo año, miembros del partido ultra y antidisturbios realizaron una carga conjunta contra una protesta antifascista en Komotin, así como en otras ciudades.

 

En América Latina ha sido documentada de forma fehaciente la participación de miembros de los aparatos armados del Estado en la violencia contra los sectores populares y en la criminalización de la protesta, así como la evidente complicidad del sistema de justicia. En Brasil, Argentina, Colombia, Guatemala y México, estos hechos no admiten dos lecturas. Los cuerpos armados son, además, cómplices de los grupos paramilitares que en no pocos casos integran de forma directa.

 

Lo que me parece singular es que el fenómeno se registre en todo el mundo. En América Latina adquiere perfiles genocidas, mientras en otros continentes el fenómeno tiene un carácter menos estridente. Lo que indica una tendencia de fondo, es lo que sucede en un continente como Europa, donde el sistema democrático había mostrado ser algo más que una formalidad legalista.

 

Llegados a este punto, me interesa destacar las causas de la creciente militarización de nuestras sociedades y, en paralelo, el que los cuerpos armados del Estado hayan adquirido cierta autonomía y se encuentren fuera del control del poder político. Lo que no quiere decir, en absoluto, que el poder sea neutral en los procesos de militarización/policialización en curso.

 

El primer punto es que se trata de una realidad estructural, siendo una de las características centrales del capitalismo en su etapa de decadencia o, si se prefiere, en un periodo en el cual se comporta como tormenta/tsunami dispuesto a arrasar a los sectores populares para estirar su decadencia.

 

Vivimos bajo la acumulación por despojo/robo o cuarta guerra mundial contra los pueblos, que consiste en despejar territorios para despojar los bienes comunes al convertirlos en mercancías, como lo han explicado varios analistas y movimientos del mundo, entre ellos el EZLN. El Estado es el guardián de esta acumulación/guerra y la militarización es la forma de aceitarla.

 

El segundo punto es que al ser una característica estructural, los gobiernos hacen poco o nada para modificarla. En general, se han limitado a seguir la corriente con la aprobación de leyes antiterroristas en casi todos los países de la región. En los casos de Argentina y Brasil, estas leyes fueron impulsadas por los gobiernos progresistas de Cristina Fernández y Dilma Rousseff. Esto enseña que la diferencia entre conservadores y progresistas es más pequeña de lo que suele creerse.

 

No obstante, debe decirse que algunos gobiernos (como los de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro) han creado las condiciones para que los cuerpos armados del Estado tengan las manos libres para ejercer violencia contra los de abajo. En todo caso, es una cuestión de énfasis: la violencia contra las mujeres y contra los sectores populares es inseparable del modelo extractivista hegemónico.

 

Por lo tanto, no saldremos de esta espiral de violencia eligiendo nuevos gobernantes, sino por dos caminos: la organización extensa e intensa de los de abajo y el fin del extractivismo, o sea de la minería a cielo abierto, los monocultivos, las grandes obras de infraestructura y la especulación con el suelo urbano.

 

El tercer punto es comprender a quiénes beneficia la existencia de fuerzas armadas y (para) policiales relativamente autónomas, dispuestas a violentar a los pueblos. Beneficia al Estado y a la clase social que lo necesita para seguir adelante con su acumulación mediante la guerra. Si algo comprendieron los de arriba es que sólo podrán sobrevivir con un Estado fuerte: o sea, con aparatos integrados por hombres armados, más allá del nombre que les pongan.

Publicado enSociedad
Un sector cocalero boliviano agudiza su choque con Evo Morales

Los campesinos de los Yungas cortan durante una semana los caminos que comunican la región con el resto del país

 

 Los campesinos cocaleros de los Yungas, territorio del norte de Bolivia, bloquean los caminos que los vinculan con el resto del país desde hace seis días. Los distintos cortes han sido fuertemente reprimidos por la policía en diversas ocasiones, pero reaparecen horas después de haber sido dispersados. Las protestas buscan que el Gobierno respete la organización sindical tradicional de la región, que es cuestionada por las autoridades con el argumento de que ha sido penetrada por delincuentes.

El conflicto entre los campesinos de la coca de los Yungas y el Gobierno liderado por Evo Morales, que también fue cocalero y que continúa dirigiendo los sindicatos de productores de la hoja en otra región, el Chapare, es relativamente reciente. Durante muchos años todos los cocaleros del país apoyaron a Morales, un consenso que se acabó con la aprobación, en marzo de 2017, de la Ley de la Coca. La norma fijó la extensión que pueden cultivarse legalmente en Bolivia, que es de 22.000 hectáreas, entre los Yungas y el Chapare. Esa fórmula cambió la normativa anterior, que prohibía cualquier plantación de arbustos de coca fuera de los Yungas, considerada la “zona tradicional” para el “acullicu” (masticado), una costumbre ancestral de los pobladores de los Andes. Como está regulada, la coca tiene un precio relativamente alto y se ha convertido en el principal cultivo de ambas zonas productoras.

Desde entonces, los cocaleros de los Yungas se convirtieron en el único movimiento sindical opositor al presidente Evo Morales y han protagonizado varios choques con su Gobierno. En respuesta, este trató, primero, de promover el cambio interno en su organización, la Asociación de La Paz de Productores de Coca (Adepcoca), y luego fomentó la organización disidente de otros grupos de campesinos, en una estrategia que los afectados califican como “paralelismo sindical”. Una última acción gubernamental fue la creación de un nuevo mercado de coca en la ciudad de La Paz, paralelo al mercado oficial que por ley debe administrar Adepcoca, y en el que están vedados los campesinos oficialistas.

La posibilidad de perder el control de la distribución de la hoja, que constituye su principal medio de vida, llevó a Adepcoca a organizar los bloqueos de caminos que hoy el Gobierno procura despejar sin éxito. La Asamblea de Derechos Humanos, considerada opositora, denunció un uso excesivo de la fuerza en contra de los grupos que ahora se movilizan con los mismos métodos que en su tiempo usara Evo Morales para defender la coca del Chapare de las políticas de erradicación de los gobiernos “neoliberales” de los años noventa.

La división de los cocaleros de los Yungas en dos facciones, una leal al sindicato tradicional y otra, oficialista, derivó en las últimas semanas en un enfrentamiento interno gravísimo. Dos personas fueron asesinadas; varias, detenidas y los dirigentes de Adepcoca se han declarado perseguidos y en la “clandestinidad”. Las autoridades dicen que los buscan por su vinculación con el asesinato de un dirigente progubernamental. Al mismo tiempo, fueron detenidos tres cocaleros contrarios a Adepcoca, que son acusados de matar a un joven miembro del grupo de choque de esta organización.

Otra fuente del conflicto es la política de destrucción de plantaciones de coca que ejecutan fuerzas policiales y militares en La Asunta, una zona de los Yungas que no está autorizada para producir coca. Los cocaleros denuncian que esta tarea no tiene justificación técnica y únicamente busca debilitar el liderazgo de Adepcoca. La intermitente resistencia de los campesinos a la erradicación en La Asunta causó la muerte de un policía en agosto de 2018. Inmediatamente después fue detenido el líder histórico de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, quien se halla en prisión desde entonces, acusado de ser el “autor intelectual” del asesinato del policía. La situación legal de Gutiérrez es otro de los factores que explican la conflictividad actual.

 

Por Fernando Molina

La Paz 4 JUL 2019 - 17:03 COT

Publicado enInternacional
Un informe oficial alerta de la “bomba de relojería” en los centros de detención de inmigrantes de EE UU

La inspección del Gobierno en comisarías fronterizas de Texas denuncia condiciones insalubres, hacinamiento, detención prolongada y peligros para la seguridad

 

 

Ya no es una historia que cuentan unas abogadas. Ya no es una denuncia política de congresistas demócratas. La alerta por las condiciones extremas en las que los inmigrantes permanecen detenidos en las comisarías de la frontera de Estados Unidos lleva ahora la firma del propio Gobierno de Estados Unidos. Un informe oficial de la Inspección General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicado este martes alerta de que la situación es “peligrosa” por el hacinamiento de los inmigrantes y el largo periodo que permanecen detenidos en estos lugares.

“El propósito de este informe es comunicarle cuestiones urgentes que requieren acciones inmediatas”, escribe el inspector general en su presentación al DHS, de quien dependen el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y la Patrulla Fronteriza, el cuerpo policial que vigila la frontera El informe se centra en los sitios de detención de inmigrantes de la zona de Rio Grande, en el sur y este de Texas. “Hemos observado un hacinamiento grave y detención prolongada de menores inmigrantes no acompañados, familias y adultos solos”.

El informe pone cifras concretas a una situación que vienen denunciando activistas, abogados y políticos desde hace meses. En el momento de la inspección, que se produjo en la semana del 10 de junio, la Patrulla Fronteriza mantenía detenidas a 8.000 personas. De ellas, 3.400 llevaban detenidas más de las 72 horas admitidas legalmente como el límite general para que los inmigrantes sean procesados. Hasta 1.500 detenidos llevaban bajo custodia más de 10 días. Uno de los mandos entrevistados calificó la situación de “bomba de relojería”.

Estos lugares detención son básicamente comisarías, sin condiciones para mantener detenidos durante largos periodos de tiempo. El informe viene acompañado de una serie de fotografías del interior de estos centros que no se ven habitualmente. En las fotos se ven celdas abarrotadas de personas durmiendo en el suelo con mantas mylar. La visita del inspector oficial se produjo en los mismos días que la del grupo de abogados que denunciaron condiciones horribles de los niños en estos centros.

Ante el aumento de llegadas de familias centroamericanas que quieren pedir asilo, el Gobierno asegura que no está preparado y que el sistema está al borde del colapso por falta de recursos. Expertos en inmigración afirman que el Gobierno está bloqueando la gestión a propósito para incrementar la sensación de crisis y caos en la frontera. En otro informe el pasado mayo, la Inspección denunciaba también el hacinamiento en la zona de El Paso.

En el momento de la visita había 2.669 menores de edad detenidos en estos centros provisionales de la frontera. De ellos, 826, el 31%, llevaban detenidos más de 72 horas, denuncia el informe oficial. Se trata de una violación flagrante de los límites legales para mantener detenidos a menores de edad, que están fijados en un precedente judicial de hace dos décadas llamado acuerdo Flores.

Por ejemplo, el informe cita un centro en McAllen, Texas, donde había 1.031 niños no acompañados. 806 de ellos ya habían sido procesados, pero de esos, 165 llevaban más de una semana detenidos. Es decir, ya habían pasado todo el papeleo , pero DHS no los había transferido aún al sistema de servicios sociales. El informe afirma que había 50 niños no acompañados menores de 7 años que llevaban más de dos semanas detenidos esperando a ser transferidos.

En el informe, los propios inspectores del Gobierno corroboran la descripción general que han hecho abogados y activistas sobre las condiciones en las que están detenidos los menores. “En tres de los cinco centros de la Patrulla Fronteriza que visitamos, los niños no tenían acceso a duchas”, a pesar de que las normas oficiales “requieren que se haga un ‘esfuerzo razonable’ para proveer una ducha a menores que se acercan a las 48 horas de detención”. En los centros “no hay ropa para cambiarse y no hay lavanderías”.

“A pesar de que todos los centros tenían leche en polvo, pañales, toallitas de bebé, zumos y snacks para los niños, vimos que en dos de los centros no les habían dado a los niños una comida caliente hasta la semana de nuestra llegada”. Además, el informe asegura que las condiciones sanitarias obligaban a mantener a algunas familias encerradas en celdas. Un grupo de abogados que visitó estos centros en fechas parecidas denunció que el hacinamiento y la falta de higiene están provocando brotes de gripe y piojos en estos lugares.

En cuanto a los adultos, “observamos un hacinamiento grave y detención prolongada”. En uno de los centros, que no nombra, “algunos adultos estuvieron detenidos en condiciones que solo lees permitían estar de pie durante una semana”. Algunos estuvieron en condiciones de hacinamiento un mes. “El hacinamiento y la detención prolongada suponen un riesgo inmediato para la seguridad de los funcionarios y la de los detenidos”.

La desesperación de los inmigrantes está además creando incidentes de seguridad en estos lugares de detención temporal. Por ejemplo, los inmigrantes atascan los sanitarios con las mantas mylar con calcetines para poder salir de la celda un rato mientras lo arreglan. En un centro, los inmigrantes que habían salido de su celda durante una limpieza se negaron a volver. Los agentes “trajeron al equipo de operaciones especiales para dejar claro que estaba preparado para utilizar la fuerza si era necesario”.

Las normas oficiales requieren que los adultos se puedan duchar pasadas 72 horas. “La mayoría de los adultos no se habían duchado ni una vez a pesar de llevar detenidos un mes”. En algunos sitios, los funcionarios les daban toallitas húmedas para lavarse. “La mayoría de los adultos llevaba la misma ropa con la que llegaron días, semanas e incluso un mes antes”.

"En un centro de la Patrulla Fronteriza tuvimos que acortar nuestra visita porque nuestra presencia estaba alterando una situación ya de por sí difícil", explican los funcionarios a modo de ejemplo. "En concreto, cuando los detenidos nos vieron, empezaron a golpear en las ventanas de las celdas, gritaban y pegaban papeles al cristal en los que decían el tiempo que llevaban detenidos".

Ante el escándalo por el goteo de revelaciones sobre lo que está pasando en la frontera, la semana pasada, el Congreso aprobó un paquete de 4.500 millones de dólares de recursos para la gestión de la frontera. Sin embargo, no está claro si la Casa Blanca utilizará ese dinero para mejorar las condiciones humanitarias de los detenidos y agilizar los traslados, como querían los demócratas, o para reforzar a los cuerpos de seguridad y las infraestructuras de detención.

 

Por Pablo Ximénez de Sandoval

 Los Ángeles 3 JUL 2019 - 02:31 COT

Publicado enInternacional
Marcelo Ebrard, ministro de Relaciones Exteriores de México, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, junto a Andrés Manuel López Obrador / Foto: AFP, Alfredo Estrella

 

México desplegó esta semana unos 15 mil miembros de la Guardia Nacional en su frontera norte, que se suman a los cerca de 6 mil ya apostados en el sur. El objetivo: contentar a Donald Trump y su electorado antinmigrante. Al ritmo de las amenazas y las extorsiones de Washington, la legalidad humanista cede terreno a la noción de seguridad nacional. Nuevo estilo de negociación para la vieja empresa de control colonial.

 

El pasado 30 de mayo, cuando el presidente Donald Trump amenazó en un tuit a México con imponerles aranceles punitivos a todas sus exportaciones en un plazo de 11 días si no frenaba el éxodo de refugiados hacia Estados Unidos, las relaciones bilaterales entraron en la más grave crisis político‑diplomática desde los años ochenta.

En la coyuntura, el autócrata de la Casa Blanca necesitaba otra guerra. Inmerso en un conflicto global de tarifas y financiero con China, amenazó a India, a Turquía y a las 28 naciones de la Unión Europea; fintó con Corea del Norte, después con una invasión y un golpe de Estado en Venezuela, y luego el objetivo fue y sigue siendo Irán, al que amenazó con la aniquilación total. Como encontró resistencias, adelantó su campaña por la reelección y, abusando de la asimetría de poder, eligió a México como blanco de una guerrita económica espléndida a golpes de tuits, dislates verbales y amenazas mediáticas. Fabricó una crisis y obligó a su contraparte a sentarse a la mesa con una pistola en la cabeza. Es decir, utilizó una lógica de “negociación” mediante chantaje. Una guerra sin misiles, con aranceles punitivos virtuales, que, de concretarse, podrían destruir industrias y 900 mil puestos de trabajo del lado mexicano.

En rigor, la guerra de migrantes por aranceles fue política: el mitómano de la oficina oval necesitaba consolidar su imagen de supremacista blanco y xenófobo para exacerbar las actitudes chovinistas de su base electoral. Como en su campaña de 2015‑2016, México y los centroamericanos que huyen del horror y quieren ingresar a Estados Unidos vuelven a ser parte de la estrategia de la presidencia imperial y la extrema derecha en el poder; son consustanciales a la narrativa nativista fundacional de campaña del populista Trump, de cara a los comicios del 3 de noviembre de 2020.

MÉXICO, UN EXTRAÑO ENEMIGO.

Las razones esgrimidas para lanzar esa ofensiva coercitiva no fueron comerciales. Trump insistió en que el éxodo méxico‑centroamericano  a Estados Unidos constituye un problema de seguridad nacional. Justificó su guerra de aranceles contra México con base en la ley de poderes económicos de emergencia internacional (Ieepa, por sus siglas en inglés), que desde 1977 permite a los inquilinos de la Casa Blanca intervenir de manera extraordinaria en asuntos económicos en caso de una “amenaza internacional inusual y extraordinaria”. Es una ley que se aplica contra países considerados “enemigos”. Jimmy Carter la utilizó contra Irán cuando la crisis de los rehenes de la embajada de Estados Unidos en Teherán, en 1979. Se ha empleado contra Corea del Norte, Siria y Sudán, y varias órdenes ejecutivas de Trump para sancionar y desestabilizar a Venezuela han sido justificadas con base en la Ieepa.

Así, México pasó de aliado y socio comercial subordinado de Estados Unidos a país enemigo, que pone en riesgo la seguridad nacional de la superpotencia. Un exabrupto. Además, para imponer su agenda a los enviados del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, Trump usó trampas de crupier de casino, donde la casa siempre gana. Lo que fue combinado con una estrategia de máxima presión: el viernes 7 de junio, durante una reunión de 12 horas en el tercer día consecutivo de “negociaciones”, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y su comitiva fueron despojados de laptops, celulares y otros aparatos electrónicos, para evitar grabaciones secretas (que, por lógica, sí hicieron funcionarios del Departamento de Estado).

¿Resultado? México aceptó enviar 6 mil efectivos de la Guardia Nacional (en formación) a ejercer funciones de vigilancia, control y verificación migratoria en la frontera de 240 quilómetros con Guatemala; criminalizar y perseguir a quienes huyen del terror y buscan asilo o refugio, y acelerar la instrumentación del programa Remain in Mexico (Quedate en México) para combatir los flujos migratorios (lo que viola la ley de asilo estadounidense y el principio de la no devolución), con la condición de que si en 45 días estos no decrecen de manera significativa, el “tercer país seguro” regresa a la mesa junto con la imposición de aranceles punitivos.

En el corto plazo, Trump –a la cabeza de un Estado canalla (rogue state), que no se considera obligado a actuar de acuerdo con las normas internacionales– coaccionó a México para que hiciera el trabajo sucio al interior de sus fronteras. Y ahora, el eslabón más débil de la relación tiene una presión migratoria en forma de pinza: en la frontera norte con Estados Unidos, por la devolución de unos 60 mil centroamericanos, que deberán esperar en México mientras se tramita su asilo en tribunales estadounidenses, y, en la frontera sur, por el ingreso de unos 100 mil refugiados guatemaltecos.

Trump pretende un Acuerdo de Tercer País Seguro (Atps) con México, para que resuelva su ineficiente y lento sistema de asilo –que, como ha sido documentado, incluye virtuales campos de concentración para niños, niñas y mujeres–, ante la falta de republicanos y demócratas para reformarlo. Se estima que 80 por ciento de los casos de asilo son negados después de un año o más de espera. Estados Unidos está negociando un Atps con Guatemala, para crear de jure un cerco jurídico internacional que lo aísle del éxodo de refugiados centroamericanos. México es la otra pieza clave.

Pero no deja de ser contradictorio que Estados Unidos nombre a México como tercer “país seguro” (véase Brecha, 14‑VI‑19), cuando el propio Trump considera la frontera sur del imperio como una de las más peligrosas del mundo. Al respecto, cabe consignar que la migración no es la única carta que tiene Trump. En abril pasado difundió una serie de tuits en los que decía que estaba buscando una sanción económica para “los 500.000 millones de dólares en drogas ilegales que son enviadas y contrabandeadas a través de México” por la frontera sur de Estados Unidos. Dio un año para revertir esa situación. A mediados de junio volvió a insistir en que 90 por ciento de la droga que ingresa a Estados Unidos lo hace desde México y que en 2018 hubo 60 mil muertos por sobredosis de opiáceos, de los cuales 15 mil fallecieron por sobredosis de heroína o sus derivados ingresados desde México.

 No queda duda de que la política de estilo macartista de Trump pegó en la línea de flotación del discurso humanista de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque, como reveló The New York Times, el acuerdo migratorio del 7 de junio contiene acciones que México ya había aceptado previamente, resulta evidente que el gobierno mexicano expandió y aceleró su ejecución con un despliegue de personal y equipo sin precedentes en la zona sur del país, en particular en la porosa, desordenada y violenta frontera con Guatemala, donde para los lugareños, a ambos lados de una línea divisoria surcada de aldeas, ejidos y caseríos, el Estado es un concepto difuso.

MIGRACIÓN, REFUGIO, DERECHOS HUMANOS Y TERRITORIOS.

La migración es un derecho humano reconocido en el derecho internacional. A su vez, el derecho internacional de refugiados se rige por la Convención de 1953 de la Organización de las Naciones Unidas, que aplica dicho estatus a toda persona que tenga “un temor fundado por su vida”, debido, principalmente, a la persecución de orden político, étnico, racial o religioso. Otras motivaciones para tipificar la condición de refugiado, recogidas en la Declaración de Cartagena de 1984, son la violencia generalizada, la hambruna, el cambio climático y la violencia intrafamiliar, preceptos que fueron incorporados por México en la nueva ley de refugiados de 2011. A su vez, según el artículo 2 de la ley de migración mexicana, “en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito”.

No obstante, las acciones ordenadas por López Obrador indican una visión de migración basada en una noción de seguridad nacional. Es decir, una política migratoria de corte militar, punitiva y violatoria de derechos humanos. Según Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados y correligionario de Amlo, con su “nativismo histérico” Trump logró “desplazar el muro de la frontera norte (de México) hasta Chiapas y utilizar a la Guardia Nacional como border patrol. Y agregó: (Trump) quisiera exhibir a nuestro país como una jaula frente al electorado estadounidense”.

En ese contexto, López Obrador considera que el fenómeno migratorio responde a carencias materiales y a la inseguridad en regiones marginadas de México y Centroamérica. Cierto. Pero nunca dice que la pobreza, la marginación y la violencia extrema –delincuencial y estatal– son generadas por el sistema capitalista, clasista y expoliador. Un capitalismo criminal y militarizado, que en el marco de políticas de “libre comercio” (¡vaya eufemismo de ocasión!) convirtió a México, Guatemala, El Salvador y Honduras en países extractivistas y maquiladores, que de manera masiva expulsan seres humanos de sus territorios.

Los territorios son el centro estratégico de la competencia mundial (doctrina Monroe 2.0) y las relaciones de poder. La historia de la colonización es a la vez la del reparto de territorios. No obstante, el colonialismo actual ocurre también mediante un adoctrinamiento integral neosocialdarwinista y el sometimiento violento de quienes oponen resistencia; abarca tanto los territorios como los sentidos o las percepciones y las construcciones semióticas y culturales. México y Centroamérica son parte de los territorios de las guerras interimperialistas, de las guerras por territorios, bienes naturales, mercados y mano de obra barata. Y para la guerra se necesita soldados, marinos y guardias nacionales militarizadas, y, más importante aun, ganar “las mentes y los corazones” mediante la guerra psicológica.

ÉMULO DE AL CAPONE EN LA CASA BLANCA.

Según el Financial Times, críticos estadounidenses de Donald Trump lo comparan a menudo con un gángster. El propio ex jefe del Fbi James Comey, despedido por Trump, dijo que su trato con él le recordó su empleo anterior “como fiscal antimafia”. Y en verdad los gestos y el estilo gansteril de Trump recuerdan a los personajes de El padrino y Los Soprano. En particular, su tendencia a tratar las alianzas como una forma de estafa de protección: pagás o dejo de proteger el vecindario. Pero también su forma de conducir la política exterior, con énfasis en las relaciones personales y una disposición a cambiar de manera repentina de las palabras cálidas a las amenazas, y viceversa.

¿Un ejemplo? Ante las amenazas del don de la Casa Blanca, el 17 de junio México ya había sellado su frontera con Guatemala con la Guardia Nacional. Tres días después, durante una entrevista con Telemundo, Trump dijo que López Obrador “le gusta” y quisiera reunirse con él. Interrogado sobre si consideraba a México un país aliado o enemigo, riéndose, respondió: “Esta semana lo considero amigo”. Negó que México haga el “trabajo sucio” y añadió que “han estado haciendo un trabajo excelente”. “Firmamos un acuerdo hace una semana y media, colocaron 6 mil efectivos en la frontera sur… Hasta ahora están haciendo un buen trabajo. Si no hubiera sido así, hubiéramos impuesto sanciones.”

Dicho eso, y apenas a dos semanas de haber alcanzado un acuerdo migratorio preliminar con México, filtraciones anónimas del Departamento de Seguridad Nacional reproducidas en medios estadounidenses dieron cuenta de la próxima puesta en marcha de un operativo (“megarredadas” lo llamaron) para deportar a familias completas de migrantes que residen en las principales ciudades del país. Para complacer a sus bases retrógradas, Trump amenazó con una nueva cacería antinmigrante. Mientras tanto, a López Obrador le está corriendo su tiempo de gracia. Y si algo exhibe la coyuntura, son los nexos del padrino Donald Trump con los magnates (robber barons), los banqueros de Wall Street y el Estado profundo, dominado por los servicios de inteligencia y el Pentágono. Por lo que, por donde se las mire, en el largo camino hacia las elecciones de noviembre de 2020 en Estados Unidos, las relaciones entre Trump y López Obrador estarán llenas de sobresaltos y no terminarán bien.

Por Carlos Fazio

27 junio, 2019

Publicado enInternacional
Honduras: 10 años de golpes y neoliberalismo

Las movilizaciones populares se suceden en Honduras. En estos días son 60 mil médicos y maestros en pie de guerra contra un sistema político que busca, por imposición del Fondo Monetario Internacional, la privatización de la salud y la educación. Las movilizaciones cuentan con tal grado de apoyo popular que hasta la Policía Nacional se ha sumado al paro, forzando al gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) a desplegar a las fuerzas armadas en tareas de represión de las protestas populares.

Pero esta historia comienza hace 10 años, un 28 de junio de 2018, cuando 200 militares encapuchados entran con nocturnidad y alevosía en la residencia presidencial de Tegucigalpa y sacan en pijama al presidente Mel Zelaya para, tras un breve paso por una base militar, deportarlo a Costa Rica, a pesar de que el artículo 102 de la Constitución prohíbe expresamente que ningún hondureño puede ser expatriado ni entregado a un Estado extranjero.

El argumento para el golpe de Estado era la intención de Mel Zelaya de colocar una urna en la siguiente elección, promoviendo un refrendo que diese paso a reformas constitucionales. Pero eso era la forma. El fondo era que Zelaya, un terrateniente que había ganado las elecciones con el apoyo del Partido Liberal, había dado un giro a la izquierda tras conocer las penurias del pueblo hondureño, sumido en la pobreza y violencia, e incluso, con la autorización del Parlamento, había incorporado a Honduras primero a Petrocaribe, y luego al ALBA.

Ese fue el primer golpe exitoso contra los gobiernos del ciclo progresista, y lo fue contra su eslabón más débil, inaugurando un periodo de restauración conservadora a lo largo y ancho de América Latina, al que le sucedieron los golpes parlamentarios en Paraguay contra Fernando Lugo, o en Brasil contra Dilma Rousseff, al mismo tiempo que se desataba el lawfare, la guerra judicial contra líderes progresistas como Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner o Rafael Correa.

Pero Honduras vivió dos golpes más, en este caso electorales.

En 2013, y ya con Mel Zelaya de regreso en el país, pero imposibilitado para presentarse, Xiomara Castro fue candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre). La inexperiencia de Libre y su desigual distribución territorial llevó a que las elecciones fueran manipuladas en beneficio de Juan Orlando Hernández. Un solo dato: a la misma hora en que se producía el recuento, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral estaban reunidos con la embajadora de Estados Unidos en Honduras.

Pero fue en 2017 cuando el tercer golpe, segundo electoral, este ya no como tragedia, sino como farsa, consuma lo iniciado en 2009. En unas elecciones en las que Libre y el PAC de Salvador Nasralla enfrentaban la reelección de JOH, el comunicado de la nada sospechosa Secretaría General de la OEA sobre el resultado de las elecciones, arroja más claridad que cualquier análisis político que podamos escribir: Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados, hacen imposible determinar con la necesaria certeza al ganador.

Tres golpes de Estado en 10 años, uno militar y dos electorales, es el balance de uno de los países más pobres y desiguales de América Latina, y todo con un objetivo muy claro, la imposición del modelo neoliberal mediante la violencia en un país clave, siempre fue su retaguardia estratégica, para las operaciones de Estados Unidos en Centroamérica. La impunidad con la que se asesinó a la defensora ambiental Berta Cáceres en un país que tiene al hermano del presidente JOH acusado de gestionar las rutas y tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, es problemente la mejor, y a la vez más terrible metáfora de como se ha instrumentalizado la doctrina del shock para disciplinar a la población civil.

Una doctrina del shock cuya consecuencia más dramática son las caravanas de miles de personas que son desalojadas de sus vidas fruto del despojo social neoliberal y dejan atrás familia y pertenencias para tratar de alcanzar el american way of life, aun a costa de arriesgarse a ser extorsionados, secuestrados o asesinados en el camino.

Es por ello que los hermanos migrantes centroamericanos en general, y los hondureños en particular, deben ser tratados como refugiados políticos de una dictadura, la del modelo neoliberal, y cuando los medios de comunicación masivos nos quieran hablar de derechos humanos o del drama migratorio en otras partes más lejanas, exijamos que vayan a Honduras y nos cuenten no solo lo que les sirve de reality show para ganar más audiencia, sino las causas reales de esta migración masiva.

Y para empezar a solucionar este drama, hagamos nuestro el comunicado de Libre del 20 de junio, firmado por Mel Zelaya el mismo día que las fuerzas armadas asesinaban al taxista Erick Peralta en El Pedregal, y por el que se declaran en lucha permanente contra la dictadura dirigida por Estados Unidos desde 2009, dejando muy claro: JOH debe irse ya.

Politólogo especialista en América Latina

Publicado enInternacional
Brasil: alto acatamiento al primer paro contra Bolsonaro

La primera huelga general contra el presidente brasileño Jair Bolsonaro, envuelto en una crisis política seria, fue acatada en todos los estados del país, con alta adhesión en sectores como educación y bancos, actos muy concurridos en San Pablo y Río de Janeiro, y represión policial. El disparador de la medida masiva fue el proyecto oficial de reformar el sistema previsional del país. San Pablo, la capital económica, cerró la jornada con una concentración en la Avenida Paulista donde Vagner Freitas, presidente de la Central Unica de los Trabajadores (CUT), aseguró que la jornada de lucha  fue un “éxito y demostró que la sociedad no apoya la reforma previsional”. Junto a Freitas se econtraban dirigentes de otras organizaciones gremiales y de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE).

“Los trabajadores y trabajadoras dijeron no a la nefasta reforma previsional, nuestro pueblo tiene conciencia”, tuiteó la ex presidenta Dilma Rousseff.

Paralelamente, en las primeras horas de la noche miles de personas comenzaron a marchar de la iglesia de la Candelaria hacia la Avenida Getulio Vargas en el centro de Rio de Janeiro. Por la mañana la Policía Militarizada detuvo a diez estudiantes y trabajadores de la Universidad de San Pablo, en la zona oeste de la ciudad, al mismo tiempo que reprimía con gases  y balas de goma a los manifestantes reunidos en Santo André, en el cordón industrial.

Redactada por el ministro de Economía Paulo Guedes, la reforma enviada al Congreso replica a la impulsada por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile hace cuarenta años.

En San Pablo  y su área metropolitana, con unos 18 millones de habitantes, el paro tuvo un alto acatamiento por parte de maestros, bancarios, metalúrgicos y contó con la adhesión parcial de conductores del subterráneo, pero no fue respaldado por los choferes de colectivos y trenes urbanos.

Los colectiveros prometieron parar “pero cambiaron de posición a última hora, lamentablemente, pero esta huelga igual fue muy grande, esto recién empieza, ahora vamos por más luchas y por Lula Libre”, prometió Julio Turra, director de la CUT.

Las movilizaciones, barricadas y piquetes en carreteras  de este viernes heredaron el envión de la multitudinaria marcha en defensa de la educación pública y contra los cortes del presupuesto educativo, especialmente en las universidades, que fueron encabezadas por estudiantes el 15 de mayo, considerada la primer revuelta contra el gobierno del ex capitán del ejército.

“Lideramos las grandes movilizaciones de mayo por la educación pero los jóvenes también queremos jubilarnos, por esto estamos aquí”, tronó Marina Dias, presidenta de la UNE en la Avenida Paulista.

“Queremos decirle a Bolsonaro que no es un rey, que le vamos a demostrar que lo que se impone es la soberanía popular que se está escuchando ahora (...)  que Bolsonaro no duera hoy”, lanzó la jefa de la UNE.

La medida de ayer contó con el  respaldo unitario, y poco frecuente, de todas las organizaciones gremiales , lideradas por las CUT, ligada al PT, hasta Fuerza Sindical, que suele aliarse a partidos conservadores.

“La huelga es fuerte, felizmente los petroleros están adhiriendo  desde el miércoles a la noche en las refinerías”, afirmó David Bacelar de la Federación Única de Petroleros (FUP) en el estado  Bahia, en la región noreste.

Se realizaron paros parciales en refinerías y plantas de Petrobras de 12 estados, indicó un boletín aparecido en el sitio de la FUP donde se repudió la política  de privatización el Sistema Petobras, del cual es responsable el titular de la compañía “Roberto Castello Branco comandado por Jair Bolsonaro”. 

“La clase trabajadora está despertando después de ser engañada el año pasado cuando muchos votaron a Bolsonaro, hoy está revelándose contra el gobierno, la gente está idignada con este escándalo que dio The Intercept”, apuntó el petrolero Bacelar.

El dirgente de la FUP se refería a las revelaciones del sitio The Intercept sobre la complicidad del ex juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, con los fiscales de la causa Lava Jato a fin de condenar sin pruebas a Luiz Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba desde abril del año pasado. Carteles con la consigna “Lula Libre” fueron paseados hoy en San Pablo y Río.

El caso Moro desató una nueva crisis en el gobierno de Bolsonaro, cuya popularidad bajó 20 puntos en los primeros cinco meses de gestión. A ese escándalo se sumó, en la noche del jueves, la caida del ministro de Gobierno, general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Fue el primer miembro del ala militar que dejó un gobierno atravesado por conflictos internos, surgidos prematuramente, que reflejan la incompetencia de un mandatario cada vez más corrido hacia la ultraderecha. Mientras, la economía está al borde de la recesión y los desocupados suman 13,2 millones, más otros quince millones de precarizados o personas que ya ni buscan trabajo.

Bolsonaro habló con un grupo de periodistas ayer en el palacio del Planalto donde reconoció que la salida del general Santo Cruz fue una medida ingrata y aceptó que la reforma de la Previsión ha enfrentado obstáculos en el Congreso. 

Hubo una fuerte adhesión a la huelga en la capital, Brasilia, que en algunos puntos del centro estaba prácticamente desierta. No circularon los colectivos y solo en parte lo hizo el metro. Además se vio una paralización prácticamente total de los trabajadores de la educación, bancarios y de empleados públicos del Distrito Federal.

Publicado enInternacional
 La policía lanzó gas lacrimógeno a manifestantes, que respondieron con piedras y botellas, cerca del Parlamento de Hong Kong.Foto Ap

Policías desalojan a manifestantes que bloqueaban el ingreso al Congreso; se paraliza el distrito financiero

 

Hong Kong. La policía antidisturbios de Hong Kong usó ayer balas de goma, bastones y gas lacrimógeno en su intento por sofocar una manifestación de decenas de miles de personas vestidas de negro, en su mayoría jóvenes, que protestan contra un proyecto de ley que permitirá las extradiciones a China continental.

 

Se trata de uno de los mayores disturbios en la historia reciente de este territorio que fue colonia británica hasta 1997. Los enfrentamientos se saldaron con al menos 72 heridos.

 

Los incidentes ocurrieron cerca del Consejo Legislativo (LegCo, Parlamento), donde se examinará el texto en segunda lectura. Según analistas, las protestas contra la nueva ley son el mayor estallido de violencia desde 1997, cuando Hong Kong, entonces colonia británica, fue devuelto a China.

 

El Parlamento, dominado por los diputados favorables a Pekín, anunció el aplazamiento del debate a "una fecha ulterior", después de que manifestantes bloquearon los accesos hacia la sede del LegCo.

 

Según el diario británico The Guardian, la manifestación de ayer paralizó el distrito de negocios de Hong Kong; y después de que la policía irrumpió en la movilización, un grupo de manifestantes intentó, sin éxito, entrar por la fuerza a varias oficinas gubernamentales. La multitud respondió arrojando botellas y piedras a los uniformados. Según fuentes hospitalarias, 72 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

 

El jefe de la policía, Stephen Lo, defendió la actuación de los agentes y aseguró que ésta fue "moderada" ante los "gánsters" que intentaban tomar el LegCo.

 

Hong Kong ya vivió el domingo la mayor manifestación desde 1997 en la que según los organizadores participaron un millón de personas.

 

El universitario Louis Wong declaró que considera un éxito el bloqueo a las oficinas gubernamentales y al Consejo Legislativo porque aparentemente evitó que los legisladores leales a Pekín dieran impulso a enmiendas a un par de leyes que facilitarían el envío a China de personas sospechosas de cometer delitos.

 

"Este es un espacio público y la policía no tiene derecho a impedirnos permanecer aquí", denunció Wong, mientras observaba una intersección repleta de basura en el vecindario Admirality que fue bloqueado por fuerzas de seguridad después de que los manifestantes saltaron un cordón policiaco e ingresaron al complejo de oficinas del gobierno.

 

"Permaneceremos aquí hasta que el gobierno deseche esta ley y el presidente Xi Jinping cese en sus intentos de convertir a Hong Kong en una ciudad china más", advirtió.

 

La nueva ley autorizaría las extradiciones a los territorios con los que no existe un acuerdo bilateral, incluida China continental. Se esperaba el voto definitivo para el 20 de junio, pero las autoridades no anunciaron todavía cuándo se reanudará el debate parlamentario.

 

Las autoridades afirman que el texto llena un vacío jurídico e impedirá que Hong Kong se convierta en refugio para criminales. Según el gobierno, ya existen sistemas para evitar que la ley sirva para que China persiga a opositores políticos.

Publicado enInternacional
Página 1 de 32