MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Lucas Villa se convirtió en un caso emblemático de la represión en Colombia

 

 "Nos están matando en Colombia", vociferaba Lucas Villa en las manifestaciones pacíficas del pasado miércoles en la ciudad colombiana de Pereira, poco antes de que varias personas dispararan contra la protesta. Al estudiante de 37 años, que recibió ocho disparos, le diagnosticaron hoy muerte cerebral.

Villa permaneció en estado crítico en el Hospital Universitario San Jorge, en esta ciudad del oeste del país, y se convirtió en la imagen de las agresiones letales que han sufrido los protestantes pacíficos de las movilizaciones que comenzaron el pasado 28 de abril contra el gobierno del presidente Iván Duque.

"Lamentamos informar que no obstante a la atención especializada brindada durante estos días en nuestra UCI el paciente no presentó ninguna respuesta neurológica posterior a suspender la sedación y el estudio imaginológico es concordante con isquemia cerebral global", declaró este lunes a medios el gerente del hospital Juan Carlos Restrepo.

Agregó que "es así, como al paciente en razón a su estado clínico, se le diagnostica muerte encefálica" y que tras el diagnóstico "lo que viene será que su corazón deje de latir en un par de horas".

Villa era estudiante universitario de Ciencias del Deporte y participó de manera activa en las protestas de los últimos días, coreando eslóganes de forma pacífica, bailando y motivando al resto de sus compañeros para protestar contra la reforma tributaria, primero, y la brutalidad policial y otras políticas gubernamentales una vez que esta fue retirada por el Gobierno.

El joven se encontraba, junto a otros manifestantes, protestando de forma pacífica en el viaducto que comunica en Pereira, capital del departamento de Risaralda, con la vecina Dosquebradas, cuando personas vestidas de civil en una moto abrieron fuego hiriendo de gravedad a dos personas, a Villa y a Andrés Clavijo, quien despertó este fin de semana en el hospital, y a una más en la pierna.

Su voz, con la que invitaba a manifestarse de manera pacífica, y la alegría con la que se le vio horas antes de ser atacado, impulsaron nuevas movilizaciones contra la violencia de la que han sido víctimas cientos de protestantes.

Su nombre fue enarbolado por miles de colombianos que conservaban la esperanza de que Villa se recuperara y que a través del arte pidieron justicia para que atentados como los que sufrió no se repitan en el país.

En algunos videos grabados antes del ataque, se ve a Lucas bailando en las calles, saludando a agentes de la Policía y vociferando mensajes de paz y armonía.

En varias partes del país han surgido múltiples denuncias de intimidaciones a manifestantes por parte de hombres armados supuestamente opuestos al vandalismo y en algunos casos los protestantes han sido incluso atacados a tiros desde vehículos de alta gama, como ocurrió con Villa.

Hace tres días también falleció Héctor Fabio Morales, un joven de 24 años quien fue atacado con arma de fuego en la cabeza, tórax y piernas por supuestos civiles durante las protestas del viernes en Pereira.

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Reportan la primera víctima fatal en Bogotá por la represión contra el paro nacional en Colombia

Se trata de un joven de 20 años que se encontraba en coma inducido tras ser impactado por un artefacto en la cabeza durante la movilización del 1 de mayo.

Daniel Alejandro Zapata se convirtió en la primera víctima fatal caída en la capital de Colombia, Bogotá, en el marco de las protestas sociales que convulsionan todo el país. La organización no gubernamental Lazos de Dignidad confirmó este lunes el fallecimiento del joven. 

"Alejandro Zapata, uno de los casos de violencia policial que asumimos el 1 de mayo, acaba de fallecer", informó la organización en su cuenta de Twitter. 

Zapata, de 20 años, se encontraba en coma inducido en la Clínica Mandalay de Eusalud, después de resultar herido durante las protestas sociales del 1 de mayo en Bogotá.El joven habría sido impactado por un artefacto en la cabeza, presuntamente por parte de la fuerza pública, según reportaron medios locales

Tras permanecer por 10 días en terapia intensiva, Zapata perdió la vida este lunes

Investigaciones 

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentó "profundamente" la muerte de Zapata. No obstante, aseguró que en su despacho no tenían conocimiento de ese caso, por lo que ordenó el inicio de una investigación. 

"No teníamos el registro siquiera de que Daniel Alejandro hubiera entrado por una lesión, no nos lo reportaron", dijo López en conferencia de prensa. 

En ese orden, la alcaldesa cuestionó una serie de omisiones. "Necesitamos saber cómo llegó al hospital, quién lo llevó, en qué circunstancias entró, por qué el hospital no lo reportó como posible lesionado en las protestas", agregó.

Por lo pronto, López ordenó a la Secretaría de Salud iniciar una investigación sobre el caso. 

Hasta este lunes, Bogotá lleva registro de 288 ciudadanos atendidos en hospitales por heridas en el marco de las manifestaciones, incluyendo 14 víctimas de lesiones oculares. Del total de lesionados que recibieron atención médica, cinco personas continúan hospitalizadas y su estado es delicado, según detalló López. 

Publicado: 11 may 2021 03:05 GMT

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 Un manifestante cubierto con gafas, máscara antigás y una señal de tráfico como escudo observa a otro compañero mientras muestra a la prensa los casquillos de balas 9mm disparadas por un vehículo blanco durante una manifestación pacífica, en Cali. — Christian Escobar Mora / MIRA-V

 

Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, es objetivo militar. Durante el día hay mucho miedo, pero, cuando el sol se oculta, el terror invade la capital del convulso Valle del Cauca. Desde el 3 de mayo, cada noche, las fuerzas de seguridad del Estado, acompañadas por hombres armados vestidos de civil y con chalecos antibala bajo sus ropas, es decir, una suerte de paramilitares o infiltrados, inician la persecución: con rifles y pistolas disparan de forma indiscriminada. No hay claridad sobre el número de muertos, heridos y desaparecidos.

 

La capital mundial de la salsa, donde, pese a la violencia acumulada desde hace décadas, los caleños no paran de bailar y de soñar con una vida en paz, se ha convertido en un infierno. Esta urbe alberga enormes barriadas donde habitan familias que tiempo atrás fueron campesinas y que se vieron obligadas, por la violencia que ejercieron sobre ellas los distintos grupos armados, a abandonar las zonas rurales donde nacieron. Ahora vuelven a ser víctimas de una oleada de angustia y terror perpetrado por el Estado, sin precedentes desde hace décadas.

La situación recuerda a los años en los que los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, controlaban el narcotráfico del suroccidente del país desde esa ciudad. Estas barriadas, conocidas como comunas y siempre estigmatizadas, vuelven a ser objetivo militar en el corazón de una de las zonas más convulsas de Colombia.

La Colombia más golpeada

Amigos y familiares asisten al entierro de Nicolás Guerrero, de 22 años, en el cementerio de Yumbo, al norte de la ciudad de Cali. Fue asesinado el pasado domingo 2 de mayo. Según varios testigos, un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) le disparó con munición real durante una ceremonia en memoria de las personas muertas a causa de la represión policial contra el Paro nacional — Christian Escobar Mora / MIRA-V

Siloé es uno de esos barrios fundados por campesinos desplazados a los que la violencia les ha perseguido hasta Cali; nunca han dejado de sufrir pobreza, abandono y delincuencia. El enclave se levanta en una colina atravesada por escarpadas escalinatas con viviendas amontonadas; es la mejor fotografía de la Colombia real, donde nunca se detiene la música, pero donde se vive siempre con miedo.

Durante la noche del 3 mayo, la Fuerza Pública entró en Siloé (cuando se adentran en esta barriada no es para hacer la ronda, siempre bien armados) y disparó contra los manifestantes que protestaban contra el Gobierno, en el contexto de la huelga nacional convocada el 28 de abril. La policía disparó también contra los habitantes que simplemente tomaban el fresco, porque en la tropical Siloé se vive en la calle. El drama se expandió como la pólvora en las redes sociales.

"Estábamos en una velatón pacífica (manifestación nocturna con velas) en el sector de la Nave y de la glorieta de Siloé. A eso de las nueve de la noche, la policía hace una pequeña arremetida con gases lacrimógenos, no fueron más de tres, pero lo hicieron desde un helicóptero. La gente empieza a correr, el GOES (grupo de operaciones especiales de la policía) empieza a disparar y, como si fuera una trampa, ya tenían más integrantes dentro de la comuna esperando que la gente corriera para dispararles de una forma vil. Incluso en las redes sociales hemos visto una publicación de uno de los policías que sube una foto suya y la ubicación en Siloé; y en la descripción dice: Cali of duty, como el juego de guerra. Con sevicia y de forma premeditada tenían claro lo que iba a suceder acá, afirma a Público Steven Ospina, líder social, abogado y defensor de derechos humanos que vivió en primera persona esa horrible noche y las que vinieron después.

Una vecina, Katherine Mena, comprobó desde las ventanas de su casa que los jóvenes no portaban armas y que participaban en la protesta de forma pacífica hasta que comenzó el ataque de la policía: "Se escucharon disparos y las personas corrían por todos los lados. También se vio un vehículo particular desde el que disparaban. Esto duró hasta las dos de la madrugada. La gente de Siloé estaba muy angustiada, no se pudieron trasladar los pacientes al hospital cercano por los disparos. Es grave que los colombianos no nos podamos expresar porque nos van a matar. Yo tengo dos hijas y estoy aquí por ellas, porque fueron momentos de angustia".

Por Ana María Ramírez Gómez

10/05/2021 22:09

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"No lo hemos visto nunca en América Latina": HRW responde al ministro de Defensa colombiano sobre el uso de lanzadores Venom contra manifestantes

Previamente, la organización denunció que los policías usaron "tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes", advirtiendo que se trata de un "arma peligrosa e indiscriminada". 

El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, declaró que la organización nunca ha visto "en América Latina y ni siquiera en Estados Unidos" que los policías usaran "lanzadores de proyectiles múltiples de alta velocidad horizontales" como, según había denunciado previamente, ocurre en Colombia.

De esta manera, Vivanco respondió a las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, quien destacó que las armas en cuestión se usan en caso de disturbios que "afectan la tranquilidad y la seguridad" o cuando puede generarse violencia. Declaró durante una entrevista con Deutsche Welle que se usan "frente a terceros, frente a otros ciudadanos con destrucción de entidades públicas con el fin de que se disuelvan". "De ninguna manera desde esas tanquetas puede haber disparos contra ningún funcionario o contra ningún ciudadano", dijo.

Arma indiscriminada

"La explicación es muy pobre", afirmó en respuesta Vivanco, también durante una conversación con DW. En ese contexto, sugirió que "el ministro de Defensa no esté al tanto de los detalles", agregando que "acaba de llegar y no tiene mayor experiencia en temas de seguridad". Cabe señalar que Molano se desempeña como ministro de Defensa desde el 1 de febrero de 2021 y asumió el cargo después de que su predecesor, Carlos Holmes Trujillo, falleciera a finales de enero a causa del covid-19.

Vivanco detalló que las tanquetas están equipadas con un tipo de "lanzadores de proyectiles múltiples de alta velocidad horizontales, no hacia arriba, horizontales, que pueden lanzar aparentemente bombas lacrimógenas o bombas aturdidoras de una manera que puede ser indiscriminada".

"Esto parece un procedimiento altamente peligroso, de alto riesgo, y creo que este tipo de prácticas son las que causan las denuncias sobre extrema brutalidad policial", reiteró.

La polémica comenzó después de que Vivanco publicara este miércoles un video en el cual se puede ver cómo policías disparan desde una tanqueta proyectiles múltiples hacia manifestantes en Colombia. "Con testigos presenciales y verificación digital de videos hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes", escribió en su cuenta de Twitter, advirtiendo que se trata de un "arma peligrosa e indiscriminada".

El ministro de Defensa, a quien Vivanco había pedido dar explicaciones, señaló que la grabación está bajo investigación.

El lanzador múltiple de proyectiles Venom

Mientras tanto, El Espectador informa que el arma en cuestión no es nueva, es un lanzador múltiple de proyectiles electrónicos, denominado 'Venom'. De acuerdo con el periódico, es "una de las armas 'no letales' más sofisticadas y costosas que tiene el Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios] para dispersar manifestaciones", que, según un derecho de petición que respondió el Ministerio de Defensa a la Comisión Sexta del Senado, cuesta aproximadamente 400 millones de pesos (118.794,11 dólares).

El arma tiene 3 compartimientos de carga, cada de los cuales puede alojar 10 cartuchos electrónicos. Realiza disparos a una distancia de hasta 150 metros.

Venom usa dos tipos de munición: cartuchos eléctricos de aturdimiento que generan un destello de luz y sonido y cartuchos que generan una dispersión de humo y gas, señala El Espectador.

Mientras, el político Sergio Marín, representante a la Cámara por Bogotá y la región de la Orinoquia (partido Comunes), señaló en su cuenta de Twitter que un proyectil de Venom cuesta 71,17 dólares.

Asimismo, difundió una imagen con características del arma, tomada del catálogo de la compañía CSI Combined System. El lanzador de 37mm "puede ser instalado en vehículos, trípodes e instalaciones estáticas", indica la foto. Las municiones de destello-estruendo ofrecen "capacidades de distracción y advertencia por lapsos prolongados durante operaciones diurnas y nocturnas", mientras que otras tienen "capacidad de lanzar densos volúmenes de irritantes o de humo para cubrir un área amplia en pocos segundos".

Las manifestaciones en Colombia comenzaron el pasado 28 de abril en respuesta a la polémica reforma tributaria presentada por el Gobierno de Iván Duque. Aunque el mandatario retiró la iniciativa ante la presión social, la brutal represión de la Policía y el Ejército contra inconformes reavivó el reclamo en las calles.

Publicado: 9 may 2021 01:46 GMT

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Bety Ruth Lozano

Entrevista con la docente universitaria y líder afrofeminista

esde Cali, el epicentro de la revuelta y del ensañamiento represivo, Lozano describe lo que está pasando y reclama la atención de la comunidad internacional.

Desde el 28 de abril, Colombia está en paro y el paro no para, como dice el hashtag que se viralizó para dar cuenta de un proceso que desbordó incluso a las organizaciones convocantes que lo imaginaban de un día. Empezó como medida de fuerza contra la reforma tributaria y una reforma de salud impulsadas por el mandatario ultra neoliberal Iván Duque, justo en un momento devastador de la crisis pandémica, pero se desparramó como convocatoria masiva en ciudades grandes y pequeñas, funcionando como catalizador de un descontento más profundo.

Aquí se publica parte de la conversación urgente convocada desde el colectivo NiUnaMenos con la docente universitaria y militante afrofeminista Bety Ruth Lozano quien, junto con dos compañeras, Gloria y Cristina, del sindicato de maestrxs, reportan desde la ciudad de Cali, el epicentro de la revuelta y también del ensañamiento represivo que incluye muertxs, desaparecidxs, violaciones y cientos de heridxs. De hecho, mientras esta entrevista sucedía, una cumbre en Miami reunía al propio Duque con el ex presidente Macri y con el chileno Sebastián Piñera, entre otros, para hablar de una democracia en peligro mientras se gobierna a fuerza de bala. Es urgente parar la masacre en Colombia dicen las organizaciones sindicales, feministas, indígenas, campesinas, lgbtqi, afro y de las barriadas populares que, en estado de alerta y sin abandonar las calles, reclaman su condena internacional. Las imágenes que circulan desde hace días son de una guerra literal: helicópteros disparando desde el cielo, calles iluminadas por las ráfagas de metrallas, gases lacrimógenos y tanques ocupando las rutas. Aún así, la indignación no se detiene.

-¿Cómo escaló la protesta que empezó el 28 de abril?

-El paro empezó por un día pero se continuó y la represión fue muy fuerte el 29 y el 30 de abril y ya el primero de mayo, en el día del trabajo, hubo una marcha histórica, que se calcula más de un millón de personas solo en Cali. De hecho, los organizadores del paro llaman a una movilización virtual y la gente no hace caso y sale a la calle y se moviliza, y hay múltiples puntos de bloqueo por toda la ciudad y también en Bogotá y Medellín, escalando muy rápido a nivel nacional. La convocatoria no es solo contra la reforma tributaria que pone más impuestos sobre la gente más humilde y la clase media, es también contra la reforma la salud en marcha en el Congreso, junto a un conjunto de políticas públicas precarizadoras de la vida. Hay dos ejes articuladores del movimiento de estos días. El primero es la intercomunicación instantánea que tienen lxs jóvenes. Lxs de otra generación estamos en la tercera línea y somos sobre todo mujeres llevando el agua y los medicamentos. El otro elemento es que lxs jóvenes son quienes han vivido de manera directa las consecuencias económicas y emocionales de la pandemia: el encierro, el desempleo de sus padres, el desempleo de ellxs, hacer protestas para poder ir a la universidad, situaciones de salud mental por el stress, el encierro y la pobreza. Esto retoma lo que se vivió en 2019 cuando, al igual que en Chile, en Perú y en Ecuador, la población y los movimientos sociales venían despertando de las consecuencias del modelo neoliberal de pauperización y de exterminio pero que se ahonda ahora con el virus. Como decía una de las consignas: no nos importa hasta perder la vida porque ya nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo.

-Una de las denuncias que se repite es que se corta internet en las zonas de protesta para evitar la transmisión que documenta en tiempo real la represión estatal.

-Sí, las movilizaciones lograron tener una resonancia mundial instantánea, gracias a todos estos medios de comunicación alternativos y a las redes. Los medios privados son pro gobierno y para ellos no está pasando nada, o hablan de vandalismo, de actos terroristas, pero no mencionan la represión y la vulneración de derechos humanos que se ha hecho incluso contra defensorxs de derechos humanos y contra funcionarios públicos de la defensoría del pueblo. Se habla de 31 personas asesinadas pero hay muchos muertos que no aparecen. Hay más de noventa personas desaparecidas, se sabe que fueron asesinadas y sus cuerpos no aparecen. Son varias las mujeres que han denunciado violencia sexual por parte de la policía y cientos de heridos. Esas cifras tienen un subregistro porque sabemos pues que son muchos más y la fiscalía se niega también a recoger todas las denuncias.

-¿Cómo se explica la fuerza de la protesta, casi un levantamiento ya?

-La coyuntura de la pandemia hizo visible toda la precarización. Todo el trabajo informal viene siendo como un colchón de la crisis pero se ha hecho muy difícil de sostener. Las trabajadoras del hogar, por ejemplo, no pueden salir a trabajar y se ha reducido demasiado el empleo. Hay una precarización de la vida muy tremenda a lo que se suma toda la corrupción del gobierno.

-Por eso a pesar del anuncio que se frenaba la reforma tributaria, la gente sigue movilizada. Además de que las denuncias de asesinatos a líderes y lideresas sociales se han incrementado brutalmente este año.

-A eso me iba a referir. Son demasiadas cosas. Se dice que el paro se plantea para parar la reforma tributaria, y así lo plantea la Mesa Nacional de Paro. Pero la gente que sale a las calles sabe que no es suficiente con parar la reforma tributaria, que hay una cantidad enorme de asesinatos de líderes y lideresas sociales, a pesar de que se firmara un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que ahora es un movimiento político. La guerra continúa especialmente en las zonas rurales, donde el asesinato de lideresas indígenas y afrodescendientes es enorme. Además hay una cantidad de feminicidios en el país que ha aumentado brutalmente durante el año pasado y este año. A esto se suman los 6402, que es como se conoce el número de los “falsos positivos” durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe: los jóvenes que fueron secuestrados de sus casas o llevados con engaños, asesinados y luego vestidos de guerrilleros para la foto. Es decir, Uribe le mintió al país diciendo que estaba ganando la guerra con las FARC mostrando un número de guerrilleros asesinados, cuando en realidad eran jóvenes de sectores populares que habían sido engañados bajo el pretexto de un trabajo, de que les iban a pagar por un partido de fútbol, o que los iban a llevar a recoger café a las zonas rurales, y nunca más volvieron a aparecer. Toda esta falsedad ha salido a la luz y la gente la conoce. Además, este gobierno es de los que peor ha manejado esta situación de pandemia en el continente. Todo ese descontento está aflorando en estos días de paro y se está pidiendo realmente cambios fundamentales.

-Se dice que ya está listo un decreto para declarar el estado de “conmoción interior”. ¿Qué significaría esto?

-Estamos pendientes de que se haga público y saber de qué fuente sale. Es una amenaza decir que el decreto está en la mesa del presidente y falta su firma. Lo que nos dicen es: se repliegan, levantan el paro o le sacamos el decreto y lo que pienso es que los jóvenes no creen ya en esas amenazas. La gente sigue firme en las calles y si hay un decreto de conmoción interior pues la violencia va a ser mucho más grave y generalizada. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que ponga sus ojos sobre Colombia, para que exija al gobierno que saque el ejército de las calles y resuelva de forma pacífica el descontento de las mayorías. Además está operando el ESMAD, que es una policía antidisturbios, que ya les ha sacado los ojos a varias personas, que dispara a los generadores eléctricos para cortar la luz, porque es una policía entrenada para frenar la protesta. Lo que se solicita también es que el ESMAD sea disuelto. Además, hay una cantidad enorme de policías infiltrados.

-Es impresionante cómo se repiten los métodos de criminalización y de masacre de la protesta: tal como ha sucedido en Chile esto que cuentan de apuntar directamente a los ojos. Recientemente se ha visto la incorporación fuerte del movimiento indíegena...

-Pareciera que ya no está en manos de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), de FECODE (Federación Colombiana de Educadores) y de la Mesa de Paro Nacional la decisión de levantar el paro. Ha cobrado vida propia en todas las movilizaciones de lxs jóvenes por todo el país. Y además la Minga Indígena, que es la forma de movilización que tienen las organizaciones indígenas, especialmente del departamento del Cauca, se ha estado moviendo alrededor de los sitios de bloqueo. Son una fuerza simbólica de respaldo muy importante, muy respetada, reconocida y querida. Ellos solo están armados con sus bastones de mando y, sin embargo, son autoridades que hacen sentir a todo el mundo muy respaldado. Se han quedado en Cali por la situación especial que se vive y que se ha vivido en Siloé, que es este sitio de la vera que fue conformado al final de los años 50 por población desplazada por lo que se conoce en Colombia como la violencia con mayúscula que es esa guerra civil que generaron los partidos políticos liberal y conservador y que pusieron a matar al pueblo colombiano. Eso generó toda una reforma agraria que despojó a un gran campesinado de sus parcelas y lo llevó a esta ladera que es Siloé, donde hay muchas dinámicas juveniles, que es donde más duro ha golpeado la violencia militar.

-¿Por qué hubo un ensañamiento especial con Cali, al punto de que enviaron al coronel del ejército a controlar la situación?

-Cali es reconocida como la capital mundial de la salsa, pero hemos demostrado que también bailamos al ritmo de la protesta, ¿cierto? Al ritmo de la rebeldía, de la insurrección, de la dignidad también podemos bailar. Cali es una ciudad que tiene cerca de tres millones de habitantes, con la mayor población negra de todo el país. Se habla de que Cali es alrededor de un 40 % de población negra, que en los últimos años ha llegado desplazada por el conflicto a todos estos barrios marginales y que vive del trabajo informal en donde los jóvenes negros son objetivo de la policía, asesinados con cifras que no entran dentro de las estadísticas oficiales. Es una ciudad que recibe población desplazada de todos lados: indígena, del pacífico colombiano, del sur, del Putumayo, del Cauca. La concentración no fue en un solo sitio, sino que la gente decidió bloquear las entradas y salidas de la ciudad en puntos estratégicos. Y hay que recordar que Cali es la entrada al mar Pacífico, donde está el puerto más importante que tiene Colombia que es Buenaventura, por donde entra más del 60 por ciento de las mercancías. Estos bloqueos colocados de forma estratégica –pues causan un daño muy enorme en la economía no sólo local sino en la nacional–, hizo que lleguen los militares enviados no solo por el gobierno sino también, lo sabemos, por los empresarios y los agroindustriales. Porque tenemos que saber que Cali es el epicentro de la agroindustria del monocultivo de la caña de azúcar. Ellos, los cañeros, que son quienes manejan el poder en la ciudad, han pedido también al gobierno que vengan a desbloquear. Tenemos que seguir alertas porque lo que se viene puede ser peor de lo que ha pasado en estos días.

Por Verónica Gago

08 de mayo de 2021

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HRW denuncia que la policía colombiana lanza proyectiles desde tanquetas a manifestantes

07-05-21.-La Policía ha lanzado "proyectiles múltiples" desde tanquetas a las personas que protestan en Colombia desde hace nueve días y que, justamente, reclaman contra la brutalidad policial que, según la ONG Temblores, ha dejado 37 víctimas mortales, denunció este jueves (06.05.2021) Human Rights Watch (HRW).

"Con testigos presenciales y verificación digital de videos hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes. Es un arma peligrosa e indiscriminada", expresó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en un mensaje publicado en sus redes sociales.


Vivanco, que pidió al Ministerio de Defensa "dar explicaciones" sobre el uso de esta arma, publicó un video en el que se ve cómo policías lanzan desde una tanqueta proyectiles a un grupo de manifestantes en Bogotá. Es la respuesta a varios videos que circularon a principios de esta semana, y que causaron dudas sobre su procedencia, pues se veían proyectiles lanzados en Bogotá como si fuera un escenario de guerra.

Por otra parte, el director para las Américas de HRW aseguró el 5 de mayo que han recibido 31 denuncias sobre muertes durante las manifestaciones, de las cuales han podido corroborar 11, la misma cifra de víctimas mortales que ha confirmado la Fiscalía colombiana.

"Las protestas en los últimos años en Colombia generan enormes dudas sobre si la Policía -y en especial el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios)- son capaces de respetar plenamente los DD.HH. en estas circunstancias", agregó Vivanco en otro mensaje publicado esta semana en sus redes sociales.

Esta denuncia se suma a la hecha el pasado 5 de mayo por Amnistía Internacional (AI), que pidió a las autoridades colombianas "poner fin a la represión de las manifestaciones" y "cesar la militarización de las ciudades". También, exigió que se garantice que "los derechos humanos se encuentren en el centro de cualquier propuesta de política pública", incluso la reforma tributaria que se proponga tras el retiro de la iniciativa que desató las protestas.

El Cuerpo de Verificación Digital de AI evidenció, a través de material audiovisual, "el uso excesivo e innecesario de la fuerza" ante las manifestaciones. "Las autoridades colombianas deben investigar de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que ha dejado como saldo docenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas", afirmó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.

Por, aporrea

 

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Un grupo de personas baila durante una protesta en rechazo a la violencia ocurrida en las protestas, en el Parque Nacional de Bogotá (Colombia), este 6 de mayo de 2021. — Carlos Ortega / EFE

La protesta social que comenzó el 29 de abril en Colombia contra una reforma tributaria ha desembocado en tal represión policial que hace difícil contabilizar en tiempo real los muertos, los heridos y los detenidos. También los casos de violencia sexual, un fantasma que emerge como en los peores tiempos del terror.

BARRANQUILLA (COLOMBIA)

06/05/2021 23:51

Constanza Vieira

"No responder por ningún motivo con violencia ante agentes. Nosotros tenemos nuestro cuerpo, ellos las armas. ¡La vida primero!", dice un meme viral y distribuido por Whatsapp. A la puesta del sol comienza esa versión colombiana de la noche de los lápices.

Ante la inusual brutalidad policial contra la huelga nacional reiniciada el 28 de abril (porque esa huelga estaba en marcha antes de la pandemia), abundan las advertencias para guardarse en casa a las 6 de la tarde. "No hay garantías para la vida", alertan los mensajes.

El cuerpo de los y las manifestantes no solo es atacado con chorros de agua a presión, patadas, bolillo -como se llama a la munición no letal- o simplemente a bala. La organización civil Temblores ha documentado hasta el mediodía del 5 de mayo diez casos de violencia basada en género, es decir, contra mujeres.

"Hay subregistro", aclara a Público Emilia Márquez, de esa ONG que triangula sus propios datos con cifras oficiales, publicaciones de prensa, información vertida por las redes sociales e informes de activistas de derechos humanos, para evitar repeticiones y disminuir errores: "Hay dificultad para documentar en tiempo tan real".

El subregistro no es sólo porque la realidad no se detiene. "Los casos de violencia sexual siempre son los más subregistrados porque a las víctimas les da mucho miedo denunciar". Además, "cuando denuncian las mujeres, no son tomadas en serio".

Temblores gestiona la plataforma Grita, donde se reciben las denuncias de los casos de brutalidad policial -esta es su especialidad-. En alianza con otras organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y con centros de estudios jurídicos, como el de la Universidad de los Andes, Temblores facilita acompañamiento legal gratuito. Explica, en este sentido, que cuando se trata de violencia de género no se dan a conocer los nombres de las víctimas, ni datos que puedan conducir a ellas.

La protesta social es un escenario en el que existe un riesgo diferenciado cuando se es mujer o se tiene orientación sexual diversa, pues hay más formas de discriminación, mayor exposición a las agresiones y a la violencia estatal.

La organización feminista Sisma Mujer, que ofrece asistencia jurídica y psicológica, habilitó este 5 de mayo una línea de atención prioritaria sobre violencia sexual en el contexto de la huelga nacional. Cuatro personas reportaron hechos relacionados con este delito el primer día, de las cuales solo una respondió a las 9 de la noche al mensaje de recepción de Sisma. No es mucho lo que se puede averiguar cuando el miedo es rey.

La persona que atiende la línea de atención solo ha podido detallar a Público que este caso ocurrió en Bogotá y que se trata de una mujer desaparecida tras ser detenida por el ESMAD (escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional). No se conoce su edad ni ocupación, tampoco se puede saber en qué lugar de la capital colombiana ocurrió la captura.

La Defensoría del Pueblo es una de las fuentes estatales de triangulación de Temblores durante los sucesos violentos que están ocurriendo en distintas ciudades colombianas. En el sitio web de la entidad dependiente del Ministerio Público se puede completar un formulario para denunciar distintas modalidades de violencia contra mujeres y personas LGBTI.

El formato pregunta, en este orden, por agresión física, psicológica, verbal, tocamientos inapropiados, acceso carnal violento u otros hechos de violencia sexual, uso desproporcionado de la fuerza, retención arbitraria basada en género en contra de la persona o de algún familiar, feminicidio o tentativa de feminicidio (una figura tipificada en el Código Penal Colombiano), homicidio contra la persona o contra alguien del grupo familiar, tortura física o psicológica, desaparición forzada.

Según la Campaña Defender la Libertad un Asuntos de Todas, en su boletín 7 sobre la huelga nacional, también emitido al mediodía del 5 de mayo, quince personas fueron víctimas de violencia de género por parte de agentes del ESMAD.

Defender la Libertad es una coordinadora técnica de ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos, también aglutina organizaciones sociales, estudiantiles, culturales y comunales, y busca conformar una Red Nacional de Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil. Sin embargo, su Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP) no ha sido actualizada con los datos de los sucesos acaecidos desde la semana pasada, cuando se activó la huelga nacional.

Bajo el lema ‘como la policía no nos cuida’, Defender la Libertad publicó hace un año, junto con agrupaciones como Sisma Mujer, instrucciones sobre qué hacer en caso de violencia de género en el marco de la protesta social.

Antecedentes en protestas anteriores

El informe "Bolillo, Dios y Patria", publicado por Temblores en enero de 2021, menciona 102 hechos de violencia sexual cometidos por la fuerza pública desde 2017. Al menos, tres de ellos tuvieron visos de represalia contra la protesta cívica.

Esos tres sucesos sí están documentados. Ocurrieron en septiembre de 2020, durante las manifestaciones contra la muerte de Javier Ordóñez, un padre de familia y estudiante de Derecho, a quien la policía redujo con una Taser antes de quitarle la vida. La muerte de Ordóñez, que pedía clemencia en el suelo y en estado de indefensión, recordó el  "No puedo respirar" de George Floyd que encendió las protestas contra la violencia policial racial en Estados Unidos el año pasado.

Temblores denunció que el abuso sexual contra las tres mujeres de entre 22 y 23 años se produjo en una oficina policial de atención inmediata (CAI), en el Centro Internacional de Bogotá, un espacio de comercios y oficinas aledaño al casco histórico.

Las jóvenes fueron detenidas porque una de ellas estaba fumando un cigarrillo en la calle, se les acusó de consumir marihuana. Como solo una mujer policía las podía requisar, se las llevaron detenidas al CAI. Allí, la mujer policía no mostró compasión aunque fue consciente de que las detenidas estaban siendo manoseadas por los uniformados. Después de abusar de ellas, las pusieron en libertad cuando el novio de una de las mujeres pagó a los agentes, en pesos colombianos, una cantidad equivalente a 30 euros.

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Según la petición de juicio, en Chile se cerraron ya 3.050 causas por violencia institucional contra quienes participaron en el estallido social. Foto: CIPER Chile.

El exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), solicitaron este jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue, acuse e inicie un juicio al presidente chileno Sebastián Piñera.

De acuerdo con un escrito enviado a la fiscal general de la CPI, la abogada Fatou Bensouda, enjuiciar a Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales se torna imperativo por “crímenes de lesa humanidad” que habrían sido “cometidos de manera generalizada y sistemática” desde octubre de 2019.

Los promoventes de la causa sostienen que “los hechos acontecidos tras el estallido social (de ese año) revisten categoría (…) de crímenes de lesa humanidad”.

Asimismo, quieren “poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile”, donde según afirman, se cerraron 3.050 causas por violencia institucional asociadas al estallido social.

El documento argumenta que la CPI ha de intervenir debido a que en esa nación suramericana estos casos son calificados como delitos comunes de una manera errónea y deliberada.

El texto agrega que con ello se procura “sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y (…) preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final”.

Además, se denuncia que los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley.

A juicio del presidente de la CHDH, el abogado Carlos Margotta, la petición de un juicio a la CPI busca sancionar a las máximas autoridades chilenas, incluyendo a los sucesivos ministros del Interior y Defensa, además de los generales directores de Carabineros.

29 abril 2021

(Con información de Telesur)

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Martes, 13 Abril 2021 05:37

Un día de furia en Estados Unidos 

La policía reprimiendo las protestas antirracistas en Minnnesota.  ________________________________________ Imagen: AFP

Toque de queda en Minneapolis, tiroteo en Tennessee, disturbios en California

El asesinato de otro afroamericano a manos de la policía generó nuevas y masivas movilizaciones. Por la tarde un adolescente murió y un oficial de policía fue herido en un tiroteo en una escuela de Tennessee. Y los nazis marcharon en California

 

Estados Unidos volvió a vivir horas de furia en las calles. Las autoridades de Minnesota declararon el estado de emergencia y un toque de queda a partir de las 19 horas en la ciudad de Minneapolis tras la muerte de otro afroamericano a manos de la policía, justo cuando se acerca el fin del juicio por el asesinato de George Floyd. Según el departamento policial de Brooklyn Center, el domingo una agente quiso usar su pistola taser para inmovilizar a Daunte Wright, demorado por una infracción de tránsito, pero se confundió y disparó con su arma de fuego, lo que acabó con la vida del joven de 20 años. El presidente Joe Biden se pronunció sobre el incidente y dijo que las manifestaciones pacíficas son comprensibles, pero que "no hay absolutamente ninguna justificación" para los disturbios.

El mismo lunes al menos un adolescente murió y un oficial de policía fue herido en un tiroteo en una escuela secundaria de la ciudad de Knoxville, en el estado de Tennessee. La violencia también estalló durante el fin de semana en una playa del sur de California cuando una manifestación de supremacistas blancos chocó con unos 200 movilizados del movimiento Black Lives Matter. En las protestas, disueltas por la policía, se vieron a manifestantes portando símbolos nazis, del Ku Klux Klan y del expresidente Donald Trump.

El caso Daunte Wright

El último crimen racial que enluta a Estados Unidos se produjo el fin de semana en Brooklyn Center, un barrio de las afueras de Minneapolis, y la víctima fue identificada como Daunte Wright. La versión del Departamento de Policía local es que el joven manejaba su auto y tras ser demorado en un control policial se determinó que tenía una orden judicial pendiente por una infracción. Daunte volvió a ingresar a su vehículo, pero al ignorar la voz de alto una agente policial disparó y el impactó acabó con su vida.

A contramano de la versión policial Katie Wright, madre de Daunte, dijo que a su hijo le dispararon antes de volver a entrar al vehículo y que había sido demorado por llevar colgado un ambientador del espejo retrovisor de su auto, algo considerado "delito" en el estado de Minnesota. 

Este lunes el comandante de la policía de la localidad de Brooklyn Center, Tim Gannon, señaló que la agente involucrada en el crimen no quería disparar pero confundió su arma de fuego con su pistola taser. "Fue una descarga accidental que resultó en una trágica muerte", señaló.

En clara protesta por el crimen de Wright, el domingo cientos de personas se concentraron frente a la sede del departamento policial de Brooklyn Center. La muchedumbre encendió velas y escribió un claro mensaje con tiza en la calle: "Justicia para Daunte Wright". La policía pidió a los manifestantes que se dispersaran, estos no lo hicieron y allí comenzó la represión. Dispararon gas lacrimógeno y granadas ensordecedoras. Luego, hacia la medianoche, se movilizó la Guardia Nacional.

En una rueda de prensa conjunta el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, y los alcaldes de Minneapolis y Saint Paul (las dos mayores ciudades del estado) anunciaron este lunes el estado de emergencia y toque de queda. Las medidas están destinadas a evitar posibles incidentes en la noche en las que se prevén protestas como las que se vivieron el domingo. 

Las movilizaciones por el asesinato de Daunte Wright tienen lugar mientras se lleva a cabo en Minneapolis el juicio contra Derek Chauvin, el policía acusado de asesinar al afroamericano George Floyd en mayo pasado en esa misma ciudad. Floyd murió cuando cuatro agentes intentaron detenerlo por haber utilizado un billete falso para pagar en un comercio. Durante su arresto, Chauvin lo inmovilizó en el suelo presionando la rodilla contra su cuello hasta que le produjo lesiones por las que más tarde murió asfixiado.

Tiroteo fatal en Tennessee

La violencia continuó el lunes por la tarde en la ciudad de Knoxville, en donde al menos un adolescente murió y un oficial de policía fue herido en un tiroteo en una escuela secundaria. El agresor intercambió disparos con la fuerza policial y un sospechoso fue detenido. 

Bob Thomas, superintendente de los centros educativos del condado de Knox, aclaró en su cuenta de Twitter que el edificio que alberga el instituto fue rápidamente asegurado y que los estudiantes que no se vieron envueltos en el incidente fueron enviados a casa con sus familias.

Los tiroteos en centros de enseñanza son un flagelo recurrente en Estados Unidos desde la trágica masacre de Columbine, Colorado, en abril de 1999. Denunciando una "epidemia" de violencia armada, el presidente demócrata Joe Biden dio a conocer la semana pasada una serie de medidas para limitar el uso y portación de armas de fuego en el país, aunque reconoció que no podrá hacer demasiado por su cuenta si el Congreso no deja de bloquear cualquier intento de aumentar el control de pistolas y rifles. 

Supremacistas en las calles

El domingo, una multitud de manifestantes agrupados bajo la consigna White Lives Matter llenaron las calles cerca del muelle de Huntington Beach en California, donde se cruzaron con protestantes contra el racismo y la violencia policial. Los supremacistas se dispersaron rápidamente después de que la policía declarara una "asamblea ilegal" en medio de enfrentamientos cada vez más hostiles.

La movilización atrajo a una muestra representativa de personas con creencias de ultraderecha como los Proud Boys, partidarios del uso de armas para legítima defensa y antiabortistas. De un lado de la calle se podía ver a manifestantes contra el racismo gritando: "¡Nazis, váyanse a casa!", mientras del otro un grupo nutrido agitaba sus banderas a favor de Trump. 

Las autoridades no saben quien organizó el evento del White Lives Matter, pero fue convocado través de redes sociales como Telegram. Incluso algunos vecinos de la ciudad de Huntington aseguran haber recibido flyers del Ku Klux Klan, situación que encendió las alarmas del movimiento contra el racismo. Además de las que se vieron en Huntington, se multiplicaron reducidas protestas en Seattle, Columbia y Nueva York.

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Las guerrillas rompen el pacto con la junta

Rebeldes armados se distancian de los golpistas de Myanmar

La creciente represión a las protestas por el golpe del primero de febrero ya causó al menos 550 muertos. Las facciones anunciaron que pueden volver a tomar las armas.

Diez de las principales facciones rebeldes de Myanmar van a "revisar" el acuerdo de paz firmado en 2015 con el ejército, como respuesta a la represión del régimen militar al movimiento prodemocracia que ya dejó al menos 550 muertos desde el golpe del 1 de febrero. Más de 12.000 desplazados huyeron de los bombardeos aéreos del ejército durante los últimos días, aseguró hoy uno de estos grupos, la poderosa Unión Nacional Karen (KNU), que llamó a las minorías étnicas del país a unirse contra la junta.

Desde la independencia de Myanmar, la antigua Birmania, en 1948, muchas facciones étnicas armadas estuvieron en conflicto con el Gobierno central por una mayor autonomía, el reconocimiento de su especificidad, el acceso a los muchos recursos naturales del país o una parte del lucrativo tráfico de drogas. En 2015, el ejército alcanzó un acuerdo de alto el fuego con diez de las facciones, entre ellas la KNU, uno de los grupos armados más grandes del país.

Poco después del golpe del 1 de febrero que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, estos grupos rebeldes habían asegurado que continuarían con el alto el fuego, pese a que los generales empezaron a reprimir. Desde entonces, "cientos de civiles, menores, adolescentes y mujeres han sido asesinados" por las fuerzas de seguridad, indicaron en un comunicado. Por ello, las diez facciones, que iniciaron este sábado una reunión de dos días, van a "revisar" su posición en el acuerdo del alto el fuego, agregaron.

"Los líderes de la junta militar deben rendir cuentas", advirtió el general Yawd Serk, líder del grupo rebelde Consejo de la Restauración. La KNU es especialmente virulenta contra la junta y la semana pasada ya se apoderó de una base militar en el estado de Karen, en el sureste del país, y mató a 10 soldados. Otros grupos armados ya respaldaron la movilización democrática y amenazaron con volver a tomar las armas contra la junta, que reprime a sangre y fuego la sublevación.

La emisaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Myanmar, Christine Schraner Burgener, advirtió esta semana del riesgo "sin precedentes" de "guerra civil" en este país. Al menos 550 civiles murieron por disparos de las fuerzas de seguridad en los últimos dos meses, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP). Podría haber muchos más, ya que más de 2.700 personas fueron detenidas, sin acceso a familiares y abogados. Muchas están desaparecidas. 

Los militares tomaron el poder el 1 de febrero tras derrocar al Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de la Nobel de la Paz Suu Kyi, al que acusan de cometer "fraude" en las últimas elecciones. Desde entonces la represión fue en aumento ante un Consejo de Seguridad de la ONU que se mantiene dividido: China y Rusia se oponen a las sanciones, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido están a favor y ya las impusieron de forma bilateral. 

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