Iván Duque presenta nueva política de seguridad: 34.000 policías más y miembros del Esmad en las calles de Colombia

También contempla un nuevo modelo de vigilancia y control, desarme general, modelos étnicos de convivencia, y corresponsabilidad con autoridades regionales, entre otros aspectos.

El presidente de Colombia, Iván Duque, presentó este viernes su nueva Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana, durante un recorrido realizado por Antioquia. 

De acuerdo con el Gobierno colombiano, la nueva política tendrá varios aspectos centrales, entre los cuales figuran un nuevo modelo de vigilancia y control, más capacidad de control de las calles, desarme general, seguridad ciudadana para poblaciones con mayor riesgo, modelos étnicos de convivencia, y corresponsabilidad con autoridades regionales.

De estos aspectos, sobresale el del control de las calles, para lo que se estipula la incorporación de 34.000 nuevos policías en 4 años, es decir, unos 8.500 uniformados por año.

El número no solo crecerá, dado que según la directriz, también muchos de los agentes que se han dedicado a labores administrativas serán destinados al patrullaje. A su vez, se contará con el apoyo del sector de vigilancia y seguridad privada.

Además, se planea que gradualmente la Policía deje de prestar el servicio del control del tránsito, que le corresponde a los municipios, para integrar a esos agentes en labores de seguridad.

Asimismo, estipula aumentar ampliamente la cantidad de efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). "Deberá fortalecerse la capacidad de los escuadrones móviles antidisturbios, multiplicar su número, mejorar su respuesta, intensificar su entrenamiento, del mismo modo que la formación", señala el documento.

Esto último va en contra de la solicitud realizada por el comité del paro, que ha liderado las protestas sociales del último mes, y exige el desmonte total del Esmad, por considerarlo un cuerpo represivo y violador de los derechos humanos.}

Publicado:21 dic 2019 03:41 GMT

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La ONU denuncia violaciones a los derechos humanos en Chile

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU constató que la policía chilena torturó a personas detenidas. Las conclusiones comprometen a la administración de Sebastián Piñera

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh) denunció graves violaciones a los derechos humanos durante la represión en Chile. El organismo presidido por Michelle Bachelet constató uso excesivo o innecesario de la fuerza. También sostuvo que la policía chilena torturó a personas detenidas. Según el informe emitido por la Acnudh las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia en forma desproporcionada: lesionaron, mataron, torturaron, ejercieron violencia sexual y detuvieron arbitrariamente. Otro duro golpe para el presidente Sebastián Piñera.

La misión de la ONU visitó Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre para verificar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. La jefa del equipo, Imma Guerras-Delgado, dijo que existen razones fundadas para sostener que desde el 18 de octubre, día en que comenzaron las protestas, se registró un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Estos hechos se cometieron en todo el país, pero en su gran mayoría en la Región Metropolitana (Santiago) y en contextos urbanos, precisó el informe publicado por el organismo luego de su visita al país.

Según lo observado por la misión de la ONU en Chile, Carabineros incumplió de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y aquellas que se movilizaron pacíficamente. "Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión", advierte el texto. También subraya el uso desproporcionado y a veces innecesario de armas no letales. “En particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia (..) tanto durante manifestaciones pacíficas como en el contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente por parte de Carabineros", informó la Acnudh. El organismo pudo observar que estos hechos lejos de ser aislados se replicaron en muchas ocasiones. "Ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas", subraya el texto.

La Oficina de la Alta Comisionada llamó la atención por la gran cantidad de personas que sufrieron lesiones oculares durante las protestas. "El número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de una grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo", señala el informe. Según el organismo la policía chilena ejerció tortura contra los detenidos. "Un gran número de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas. Algunos de estos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían `desaparecidas', equivalen a tortura. Muchos de estos casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados", explicita el texto.

También denunció que pese al gran número de denuncias y acciones judiciales aún no se identificó a los que las personas llevaron a cabo las acciones indebidas. El informe señala la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que llevaron a cabo para para garantizar la rendición de cuentas. Junto a esto, la ONU también documentó cuatro casos de privaciones arbitrarias de la libertad y muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado. Además da cuenta de numerosas detenciones indiscriminadas que podrían ser consideradas arbitrarias a la luz de las normas internacionales.

La represión durante las marchas dejó 23 muertos, 352 personas con lesiones ocularespor disparos de perdigones, y miles de denuncias de heridos y detenidos. Según un informe de Carabineros, los detenidos fueron 18.359, de los cuales 9.716 fueron por desórdenes y 4.991 por saqueos.

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Manifestante durante las protestas de Hong Kong EFE

En los seis meses que llevan las protestas, la policía ha arrojado grandes cantidades de gas lacrimógeno, compradas a China, sin aclarar cuál es su composición

El Gobierno dice que los gases hacen menos daño que el humo de una barbacoa. La OMS alerta de que las dioxinas como un compuesto altamente tóxico.

"Se han hecho esfuerzos mínimos para proporcionar pautas de descontaminación y protección de la salud", denuncia el artículo de la revista médica The Lancet


En estos días, Angel Chan tiene más cuidado a la hora de elegir los lugares de juego de sus dos hijos, de tres y cinco años. "La policía ha arrojado gases lacrimógenos por toda la ciudad y algunas de las personas con las que tengo amistad dicen que a sus hijos les han salido ronchas", afirma. "Sencillamente ya no sé dónde encontrar un lugar seguro".

Su preocupación es algo común entre las madres y padres de Hong Kong que temen el efecto nocivo del gas lacrimógeno sobre la salud de sus hijos. La semana pasada, el grupo Madres de Hong Kong afirmó haber registrado 1.188 afecciones, entre las que había tos, alergias cutáneas y pacientes tan jóvenes como un bebé de dos meses. El grupo ha pedido al Gobierno que haga pública la lista de químicos que componen el gas lacrimógeno usado por la policía.

En los seis meses que lleva la crisis política y los violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, la policía ha arrojado unos 10.000 botes de gas lacrimógeno en casi todos los barrios de esta ciudad superpoblada.

El miedo por el efecto nocivo que los gases pueden tener sobre la salud de los residentes se ha disparado tras el hallazgo de pájaros muertos en varios de los barrios donde la policía los arrojó. También, por una enfermedad cutánea por exposición a dioxinas (cloracné) contraída por un periodista en la primera línea de los enfrentamientos.

Hasta ahora, el Gobierno ha dicho que no hay ningún indicio de riesgos para la salud pública o el medio ambiente debido a los gases lacrimógenos, pero se niega a publicar el detalle de su composición química alegando que se comprometería la "capacidad operativa" de la policía.

El secretario de Bienestar Social y Trabajo, Law Chi-kwong, insistió este miércoles en la legislatura de Hong Kong en que el gas lacrimógeno hace menos daño que encender una barbacoa. Según dijo, sólo causa una leve irritación en la piel y vías respiratorias.

"En cuanto a las dioxinas resultantes de los gases lacrimógenos, creo que la literatura demuestra que son mínimas o incluso inexistentes", respondió a los legisladores que preguntaron sobre los posibles efectos en la salud, de acuerdo con un informe de la cadena pública de televisión RTHK. Repitiendo lo que otras autoridades habían dicho antes, Chi-kwong responsabilizó de las dioxinas tóxicas a las vallas de plástico quemadas en las carreteras por los manifestantes.

La secretaria de Alimentación y Salud, Sophia Chan, también dijo en el Parlamento que las estaciones de monitoreo del Departamento de Protección Medioambiental en las zonas donde se habían lanzado gases no estaban detectando anomalías en los niveles de partículas en suspensión. "Esto demuestra que los gases lacrimógenos no causan ningún aumento significativo en la concentración de partículas en suspensión", dijo.

La Organización Mundial de la Salud cataloga las dioxinas como un compuesto altamente tóxico que puede causar problemas reproductivos y de desarrollo, dañar el sistema inmunológico, alterar las hormonas y provocar cáncer.

Después de que varios países occidentales como el Reino Unido dejaran de exportar gas lacrimógeno a Hong Kong, la policía informó en octubre que lo estaba adquiriendo en China. Kenneth Kwong, exprofesor de química de la Universidad China de Hong Kong, afirma estar particularmente preocupado por el uso de gases fabricados en China, donde se queman a una temperatura superior que en Occidente por lo que sus componentes (entre los que hay cloro, materia orgánica y metales) pueden transformarse en dioxinas altamente tóxicas.

Según Kwong, las dioxinas se acumulan en el cuerpo humano y no pueden eliminarse. "El Gobierno debería enseñar las pruebas en lugar de hacernos adivinar", dice. Los residentes de Hong Kong y miembros de la legislatura no entienden el motivo de la opacidad y exigen que el Gobierno hable claro para recuperar la confianza. "No nos dicen cuál es la composición del gas y esperan que pensemos que está todo bien, ¿creen que somos estúpidos?", sostiene Angel Chan.

En opinión del legislador Kenneth Leung, el Gobierno está disparando piedras contra su propio tejado y los temores por la salud podrían desencadenar otra crisis política: "Un problema de salud pública se está convirtiendo en un problema político, se está profundizando la desconfianza de la gente en el Gobierno y aumentando su descontento".

En un artículo publicado en octubre por la revista médica The Lancet, la profesora de Medicina de la Universidad China de Hong Kong Emily Chan sostiene que el lacrimógeno arrojado en estaciones de metro, cercanías de centros comerciales y zonas de alta densidad residencial podría haber dejado a la población expuesta a altas concentraciones del gas durante períodos prolongados. "Se han hecho esfuerzos mínimos para proporcionar pautas de descontaminación y protección de la salud", denuncia el artículo.

Un grupo formado por miembros actuales y anteriores del consejo asesor medioambiental publicó una carta abierta pidiendo a la líder de la ciudad, Carrie Lam, una evaluación de las posibles consecuencias para la salud pública del uso extensivo de gases antidisturbios y la implementación de medidas que reduzcan la crisis y el uso de estas sustancias.

Por Verna Yu - Hong Kong

08/12/2019 - 21:02h

Traducido por Francisco de Zárate

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Sábado, 30 Noviembre 2019 06:18

Para la CIDH no hay garantías en Bolivia

Eguiguren denunció "dos masacres claramente verificadas, una en El Alto y otra en Cochabamba”.  ________________________________________ Imagen: CIDH

Un relator del organismo dijo que pedirá una visita inmediata de la comisión para analizar las masacres de Senkata y el Alto.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bolivia no hay garantías para investigar de manera imparcial los hechos ocurridos luego de la renuncia de Evo Morales. Por esa razón el Relator de la CIDH sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Francisco José Eguiguren, manifestó la necesidad de formar un grupo interdisciplinario e internacional de expertos. A su vez calificó como masacres las muertes de 14 personas durante la represión policial en El Alto y Sacaba. El relator de la CIDH dijo que pedirá una visita inmediata de su organismo para analizar los hechos.

El relator de la CIDH manifestó su preocupación por la realidad que se vive en Bolivia. “Una situación muy alarmante, polarización, discurso de odio, violencia, grupos armados y eso es algo muy serio”, resumió el relator en una entrevista con la cadena CNN. Eguiguren sostuvo que esos elementos vuelven necesaria una investigación externa sobre los hechos de violencia. “La Comisión va a plantear que debe constituirse un grupo interdisciplinario e internacional de expertos que pueda constituirse en el país e investigue a profundidad los sucesos ocurridos luego de la renuncia del presidente Evo Morales y la anulación electoral, que han causado por lo menos dos masacres claramente verificadas, una en El Alto y otra en Cochabamba”, anunció el miembro del CIDH.

Luego de la renuncia de Evo Morales hubo dos grandes hechos represivos en Bolivia. Uno el 15 de noviembre en El Alto donde perdieron la vida por impacto de bala ocho cocaleros. Luego el 19 de noviembre en Senkata frente a la planta de combustible de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos la represión policial causó la muerte de seis personas. También todas por impacto de bala. Eguiguren calificó ambos hechos represivos como masacres. “A pesar de que la información oficial habla de muertes en enfrentamientos entre civiles, creemos que se requiere de una investigación internacional porque no encontramos internamente garantías para una investigación imparcial y firme”, insistió el relator de la CIDH. También anunció que planteará a la CIDH una visita lo más pronto posible a Bolivia para ver en el terreno lo ocurrido.

Eguiguren también fue crítico con el derogado decreto de la Presidenta autoproclamada Áñez que quitaba responsabilidad penal a los miembros de las fuerzas de seguridad. “Muy alarmante comprobar que una de esas masacres se produjo al día siguiente de este decreto muy cuestionable, donde el Gobierno interino dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas, que estarían exentas de investigación y responsabilidad”, cuestionó Eguiguren.

Las declaraciones de Eguiguren llegan cuatro días después de que una delegación de la CIDH encabezada por su presidente, Pablo Abrao, se trasladara a El Alto para recabar testimonios de las llamadas masacres de Senkata y de El Alto. “Como a animales, como a perros, como a perdices; así nos cazan”, declaró Ixalta Aliva, una de las testigos, el lunes pasado.

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Un hombre pone velas en honor a Dilan Cruz, el estudiante asesinado durante una manifestación en Colombia por los cuerpos antidisturbios. REUTERS / Carlos Jasso

El estudiante se convirtió en la primera víctima mortal de la violencia policial en las protestas contra el Gobierno colombiano. Fue herido en la cabeza por un disparo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante una manifestación pacífica en el centro de Bogotá.

 

El Instituto Colombiano de Medicina Legal ha revelado los resultados de la autopsia practicada al cuerpo del estudiante Dilan Cruz, quien murió por el disparo de una escopeta calibre 12 cuya munición era una bolsa con "múltiples perdigones de plomo", señala el informe forense divulgado. Además, el estudio considera el caso como un "homicidio" violento.

"Los hallazgos de necropsia permiten afirmar que la muerte del joven es secundaria al trauma craneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto disparado por arma de fuego, lo cual ocasiona severos e irreversibles daños a nivel de encéfalo", detalló la directora del Instituto de Medicina Legal, Claudia García, en una declaración a la prensa.

Cruz se convirtió el lunes pasado en la primera víctima mortal de la violencia policial en las protestas contra el Gobierno colombiano, dos días después de caer herido en la cabeza por un disparo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de esa institución, durante una manifestación pacífica en el centro de Bogotá

La funcionaria explicó que los elementos que estudió el equipo de Medicina Legal, conformado por especialistas forenses, hacen parte de "un cartucho de carga múltiple, munición de impacto" del tipo "Bean Bag", una bolsa de perdigones de plomo. "Los informes de necropsia y balística serán entregados a la Fiscalía General de la Nación el día de hoy", añadió.

El director de la Policía colombiana, general Óscar Atehortúa, informó ayer que el caso de Cruz está en manos de la Procuraduría (Ministerio Público), que aplicó "el poder preferente" para ocuparse de la investigación. 

Al respecto, el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, dijo a periodistas antes de que se conociera el dictamen forense que el Ministerio Público está verificando si "los estándares internacionales y esos protocolos de uso de esas armas se cumplieron en el caso de la tragedia de Dilan Cruz". 

El funcionario señaló que este caso debe ser "irrepetible" y puso como ejemplo a Chile, donde la crisis social ha dejado ya al menos 23 muertos, de los que seis fueron producto, presuntamente, de la acción de agentes del Estado a los que organismos internacionales acusan de haber cometido violaciones de derechos humanos para contener las protestas. 

Las ONGs denuncian abusos y torturas 

Organismos como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI) denuncian abusos a los detenidos, torturas y la comisión de graves lesiones por el empleo de escopetas de perdigones y balines de goma, que entre otras cosas han provocado lesiones oculares a más de 230 personas. 

"Colombia no puede permitir que se den los escenarios que se están presentando en Chile tras 41 días del inicio de las protestas sociales", manifestó Carrillo. El Joven Dilan Cruz fue ingresado el sábado por la tarde en el Hospital San Ignacio, en el barrio de Chapinero, luego de ser herido por la policía. 

Desde ese día, miles de participantes en las manifestaciones contra la política económica y social del presidente colombiano, Iván Duque, se congregaron frente al hospital como homenaje al joven estudiante, convertido en símbolo del rechazo a la violencia policia

 

28/11/2019 20:05 Actualizado: 28/11/2019 20:05

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Viernes, 29 Noviembre 2019 05:59

El Senado aprobó la Ley Antiencapuchados

El Senado aprobó la Ley Antiencapuchados

Piñera le había pedido al Congreso que avance inmediatamente con proyectos de ley destinados a contener las protestas. Volvió a destacar que se enfrenta a "un enemigo muy poderoso e implacable".

El Senado de Chile aprobó la polémica Ley Antiencapuchados. La medida, que busca castigar a los manifestantes que se cubran la cara, pasará ahora por la Cámara de Diputados. Las penas irían de los 541 días a los 3 años de prisión. De esta forma, el presidente Sebastián Piñera se asegura una primera victoria luego de solicitarle el miércoles al Congreso que avance inmediatamente con distintos proyectos de ley destinados a contener las protestas. Tras participar de una ceremonia de la Policía de Investigaciones, Piñera volvió a la carga con uno de sus latiguillos más célebres: "Estamos enfrentando un enemigo muy poderoso e implacable". 

Con 22 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones, el proyecto aprobado en una sesión especial del Congreso plantea que los encapuchados "no solo actúan para destruir la propiedad privada o pública, sino que atentan contra la integridad física de las personas". Se estima que las penas pueden ir de los 541 días a los 3 años de prisión.

Ahora la iniciativa pasará a ser debatida en la Comisión de Seguridad de Diputados. La moción había sido presentada en septiembre por los senadores Víctor Pérez, Felipe Harboe, Andrés Allamand, José Miguel Insulza y Felipe Kast.

El gobierno había propuesto en las últimas horas una serie de reformas destinadas a contener y reprimir la protesta: un proyecto que sanciona el uso de capucha como agravante de delitos; otro que aumenta las sanciones contra el saqueo; uno que tipifica penalmente las barricadas; y finalmente, el proyecto que permite el uso de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica sin decretar estado de excepción. Por el momento, solo consiguió avanzar sobre el primero.

Piñera asistió en la mañana del jueves a la graduación de nuevos miembros de la Policía de Investigaciones. Allí repitió que, desde el gobierno, están "enfrentando un enemigo muy poderoso e implacable. Que no respeta a nada ni a nadie y que no respeta la vida de los seres humanos". Más adelante agregó que "aquí no hay que dar espacio ni a la tibieza ni a la ambigüedad. Ni mucho menos a la debilidad".

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El arsenal y los 142 millones de dólares para la tropa de élite de Colombia

Las protestas en Colombia suman ya cinco días consecutivos con la muerte de Dilan Cruz, un estudiante de 18 años que murió a raíz del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno. Por ello, la polémica hoy se centra sobre las fuerzas represivas colombianas.

En el quinto día consecutivo de protestas los colombianos acusan a los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), de la muerte del joven Dilan Cruz, el joven que falleció este lunes. La indignación crece en las calles por sus prácticas represivas al vivo grito de "lo mataron".

La ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, calificó la muerte de Cruz como "un accidente" y aseguró que "el Esmad siempre actúa respetando los Derechos Humanos".

¿Qué es el Esmad?

El cuerpo de élite que hoy causa polémica en la calles de Colombia surgió en 1999 y, de acuerdo con el ministerio de Defensa su único objetivo era apoyar a la policía cuando el orden público se torna incontrolablerevela un documento consultado por el diario El Tiempo.

Sus efectivos suman 3.876 integrantes, de los cuales 3.770 son hombres y 106 son mujeres. Están organizados en 24 escuadrones dispersos por todo el país con una mayor presencia en la capital Bogotá, donde operan 3 escuadrones compuestos por 565 militares.

Barranquilla es otra de las zonas donde los militares del Esmad están presentes, con 190 efectivos. Le sigue Cúcuta, con 188 y Medellín, con 139. Al final de la lista está la zona de Valledupar, una localidad ubicada al nororiente de la costa Atlántica colombiana y donde sólo existe la presencia de 136 uniformados, de acuerdo con el medio colombiano.

¿Qué armas tiene el Esmad a su disposición?

Según el ministerio de Defensa, el presupuesto anual destinado a esta tropa élite supera los 142 millones de dólares, lo que sugiere que están armados hasta los dientes. Y así lo refleja el propio documento consultado por El Tiempo.

Para los operativos antidisturbios, la fuerza cuenta con

  • 108 tanquetas  (48 son lanza agua y 60 para el transporte)
  • cinco vehículos lanza agua, adquiridos en 2019 cada uno por un valor de 425. 000 dólares,
  • lanzadores de proyectil múltiple, evaluado cada uno en 118.000 dólares,
  • varios tipos de cartuchos eléctricos de gas y de aturdimiento, como marcadoras y esferas de paintball,

Los cartuchos de gas son de 40 milímetros y al ser activados generan una dispersión de humo y gas CS por un periodo mínimo de 30 segundos. Cada cartucho expulsa submuniciones a través del lanzador a una distancia mínima de 120 metros y tiene un valor de 13,58 dólares.

El documento oficial explica que estas armas "son elaborados con materiales metálicos de alta resistencia, su funcionamiento puede ser a través de acción doble o acción sencilla de acuerdo a las destrezas del operativo, y la apertura del cañón se da a través de oscilación basculante".

También advierte que "la culata del lanzador se adquiere de color naranja, con el propósito de ser identificado como un equipos menos letal".

Los efectivos utilizan un protector corporal antimotín que cuesta cerca de 500.000 dólares. También utilizan escudos antimotines, de 71 dólares cada uno, cascos de 110 dólares y camisetas balísticas con un alto grado de protección valoradas en 380.000 dólares.

De acuerdo con el diario colombiano, el ministerio de Defensa envió estos datos al Congreso de la República para un debate de control político sobre el área de educación.

03:15 27.11.2019(actualizada a las 03:17 27.11.2019)URL corto

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Martes, 26 Noviembre 2019 06:09

Dilan, blowing in the wind

Dilan, blowing in the wind

¿Cuánto tiempo ha de pasar?

¿Cuántos muertos más habrá?

¿Cuántas vidas perdidas se necesitarán?

No sé si la respuesta estará en el viento, la ciudadanía es la que tiene ahora la palabra.

¿Hasta cuándo?

¡Basta ya!

Y no es una expresión vacua o el título de un informe más, es el grito que ha de sonar y volar como un silbido hasta hacer salir a este país de un letargo colonialista de dos siglos.

Ya no es tiempo de llorar, han sido océanos de lágrimas. Ya no es tiempo de resiliencia, son demasiadas mejillas abofeteadas.

Es tiempo de decir ¡basta ya!

No más Dilans, no más lideresas asesinadas, no mas voces silenciadas.

No más crímenes de Estado ni falsos positivos, no más Esmad, ni más mentiras políticas.

Por todas las personas caídas a manos del sinsentido de una violencia que es la única que debe morir

Por una Colombia en paz, con justicia social.

Váyanse, politicuchos de mierda (con perdón)

¡Elecciones, ya!

A Dilan y a todos los que dieron su vida por una Colombia en paz

“Si llegáis tarde un día

y encontráis frío mi cuerpo;

de nieve, a mis camaradas

entre sus cadenas muertos…

recoged nuestras banderas,

nuestro dolor, nuestro sueño,

los nombres que en las paredes

con dulce amor grabaremos.

Y en la soledad del muro

hallaréis mi testamento:

al mundo le dejo todo

lo que tengo y lo que siento,

lo que he sido entre los míos,

lo que soy, lo que sostengo:

una bandera sin llanto,

un amor, algunos versos…

y en las piedras lacerantes

de este patio gris, desierto,

mi grito, como una estatua

crucificada y rota, en el centro”

                                Marcos Ana

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Lunes, 25 Noviembre 2019 06:53

Los tuertos y los ciegos

Los tuertos y los ciegos

Los tuertos de Sebastián Piñera, como legítimamente podemos llamar a las 217 (algunas fuentes hablan de 300) personas con traumas oculares severos por acción directa y deliberada de la fuerza pública chilena, serán un karma quemante de los muchos que el aún presidente de Chile cargará hasta la tumba, y en la memoria histórica. Como los maestros socialistas desorejados por nuestros fanáticos cristeros, o las manos de esclavos del rey Leopoldo II en el Congo un siglo atrás, esa mutilación punitiva quintaesencia los acontecimientos en curso en la nación austral: impedir que la gente vea.

Tal subproducto represivo de elocuencia metafórica representa una parte mínima del daño humano que causan hoy las fuerzas públicas en varios países de América Latina, obedeciendo a gobiernos deslegitimados pero muy peligrosos en Haití, Ecuador, Bolivia, Chile, Nicaragua y ahora Colombia. Allí se han de-satado grandes protestas contra la política económica, la falsa democracia, la desigualdad, el golpismo, la violencia contra indios, mujeres, estudiantes y trabajadores. Visto globalmente, estamos ante una guerra contra las sociedades, una guerra permanente, si bien en latencia en la mayoría de las naciones. La modalidad robocópica para aplastar marchas pacíficas o no tanto, cortejos fúnebres, campamentos y bloqueos se repite en todo el mundo. En Barcelona la policía tiene su propia cuenta de ojos rotos. Israel lleva 300 ojos de palestinos, aunque en un lapso de años. Las mismas gaseadas, palizas y balaceadas se han visto en Moscú, Londres, Teherán, y se ven en París, Gaza, Hong Kong y dondequiera que asomen la cabeza el descontento popular, la defensa territorial y la resistencia comunitaria.

Los poderes planetarios lo saben. En la actual fase de brutalidad capitalista han decidido asumir el costo de la violencia institucional, el terrorismo de Estado, la represión, la cárcel, la tortura y el asesinato. Del mismo modo han determinado no arredrarse ante el cambio climático, del cual son causantes y beneficiarios principales. It’s a Brave New World, eso los movimientos de protesta lo tienen claro, aunque no necesariamente los analistas convencidos de que el bando de los buenos va ganando, que el despertar de los pueblos será definitivo, que nada detendrá al progresismo; incluso los hay que polarizan sin autocrítica el propio campo popular con posturas patriarcales y autoritarias en Bolivia, Venezuela y México. Los árbitros internacionales (ONU, OEA) son inútiles o cómplices.

Quizá debamos eludir por lo pronto la dicotomía victoria-derrota. La idea de victoria propició la caída del gobierno en Bolivia y empobrece el debate en blanco y negro, como ocurre en México entre chairos y fifís; no distinguen matices o colores. No que estén a salvo los Trump y Bolsonaro, aunque sigan lejos de haber perdido. Menos a salvo están los pueblos. No han ganado, ni siquiera donde parecen haberlo hecho últimamente. Recordemos el error de lectura que impidió prever el desenlace de la Primavera Árabe, la cual, excepto Túnez, reforzó el autoritarismo, y terminó como desastre nacional en Libia, Yemen y Siria.

El momento latinoamericano está escalando. Puesto que los gobiernos no pueden evitar que la gente vea lo que viene sucediendo, deciden nublarle los ojos con lágrimas dolorosas, o lastimarles la visión. Si los movimientos son festivos, resolvieron violarles y matarles la risa, como ilustra el crimen policiaco cometido en Chile contra Daniela Carrasco, La Mimo. No son "excesos", son mensajes.

Este autoritarismo criminal cuenta con sus fuerzas armadas en todos los casos, y con aliados que creímos apagados: las peores expresiones de racismo, clasismo, fanatismo religioso, vandalismo de derecha, feminicidios, violencias contra mujeres, estudiantes, gays, migrantes, líderes comunitarios. La represión es directriz para los gobiernos, de Standing Rock a La Paz, de Palestina a Rojava. Una guerra verdadera. Nos quieren ciegos, y tienen tecnología y estrategias para lograrlo.

Reaccionan contra los amenazantes despertares de las mujeres y los indígenas en particular: la saña que les aplican en las Américas habla también de un despertar de las intolerancias y odios que parecían adormecidos, controlados por cierta civilidad legal. La reacción, la derecha y el fascismo tienen bases, recursos y ningún pudor.

"Las lógicas de control y regulación de los cuerpos se profundizan durante los estados de emergencia", declara una investigadora lesbofeminista chilena. O como lo pone el cineasta Costa Gavras: "El fascismo está volviendo de manera muy popular, nadie entiende por qué". Se ha vuelto más popular que los derechos humanos.

Si no prevalecen los acuerdos democráticos pacíficos, habrá dolor y castigo contra los heroísmos catárticos, incluso fotogénicos. La represión que nos quita un ojo bien puede privarnos del otro.

Es momento de no permitirnos ceguera alguna. El urgente cambio sistémico necesita ser a fondo, o la oscuridad seguirá creciendo.

American curios

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Represión en Bolivia: "Como animales, como perdices nos cazan"

La CIDH investiga la masacre de Senkata en El Alto

En El Alto siguen los bloqueos porque las muertes son demasiadas. Página/12 fue testigo de los desgarradores testimonios de las víctimas de la represión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

“Como a animales, como a perros, como a perdices; así nos cazan”, dice Ixalta Aliva golpeando sus manos contra el delantal que protege el plateado de su pollera. De uno de sus bolsillos saca una fotocopia, el documento de identidad de un niño de 15, Jesús Aruhiza, hospitalizado con la mandíbula destruida por una bala. “¿Somos animales?”, insiste en preguntar como si clamara al mismo cielo desde donde, dicen innumerables testimonios, llovieron balas el 19 de noviembre en Senkata, en El Alto, ahí donde los pies se enredan en los residuos de alambre y hollín que dejan las gomas quemadas, ahí donde, contra toda propaganda que insiste en que ya no quedan bloqueos en el cordón urbano de La Paz, hay bloqueo porque las muertes son demasiadas, porque a menos de 20 metros de donde las cholas se reúnen, hay un joven que esta siendo velado en su cajón blanco. Falleció el sábado a la noche, acaba de sumarse a una lista que no termina de cerrarse.

A esa misma hora en que terminaba la vida de Milton David Centeno Geronda, 24 años; en el centro de La Paz, el pleno de la Asamblea Legislativa pasaba a un cuarto intermedio después de aprobar la ley que fija las próximas elecciones para el 22 de enero y de no llegar a ningún acuerdo en torno a la ley de garantías propuesta por la bancada mayoritaria del MAS para que cesen las persecuciones, se repare a las víctimas de la represión y se derogue el decreto firmado por la presidenta autoproclama Jeanine Áñez que otorga inmunidad a las fuerzas armadas y de seguridad para reprimir y hasta comprar armamentos. En la televisión, sobre todo en el canal oficial, no dejaba de repetirse la canción de Víctor Jara que en Chile le grita en la cara a la crueldad neoliberal “el derecho de vivir en paz” y que aquí en esta zona, a 3600 metros sobre el nivel del mar, parece una orden de silencio y obedencia. “Esa ley nunca la voy a promulgar”, amenazó por twiter Áñez para dejar clara la proscripción .

Un mar de casas sin revocar que se ven desde los teleféricos que cruzan el cielo de La Paz separan al centro del Alto. Las cumbres nevadas del Illi Mani y el Chacaltaia son centinelas de esa profusión de edificios que trepan las laderas de la olla paceña. Una vez arriba, el tránsito se encastra como si autos, camiones y minibuses fueran piezas de un juego imposible. Hay colas inmensas frente a la destilería de Senkata, van en busca de combustible para abastecer a las otras enormes filas que desde el sábado a la noche recorren cuadras y cuadras hasta las estaciones de servicio; también de garrafas domésticas. Varias vías de la avenida de seis carriles que lleva al corazón de Senkata están cubiertas de escombros y restos de barricadas. El último tramo hasta donde vecinos y vecinas están movilizándose hay que hacerlo a pie. De las pasarelas que cruzan de un lado al otro de la avenida cuelgan muñecos como espantapájaros descabezados, están ahí para denunciar la masacre que cuenta diez muertes oficiales, una cantidad indeterminada de personas desaparecidas y 540 heridas, algunas graves. En total, en todo Bolivia, desde que Jeanine Añez usurpó el poder ejecutivo, se cuentan, según la Defensoría del Pueblo, 870 personas heridas. Están ahí para que las vea la delegación de la CIDH, que por la tarde llegará a Senkata.

Una sola muerte numerosa

Milton David Centeno, sus restos, está dentro de un cajón blanco cubierto de flores. Sólo su mamá custodiaba el féretro el domingo en la mañana, se la ve pequeña en un rincón, con su pollera desplegada sobre una silla y un mantón negro cubriendo el gorro de lana que la abriga. Mira directo a los ojos cuando se le habla, no llora, al menos no va a llorar mientras la rabia la anime. “Un solo hijito tenía, otra hija; iba a la universidad, toda la vida para que él fuera”, dice Claudina Geronda Huanca. “Le sacaron una bala de bronce de la cabeza, iba a ser profesional” y en la repetición de ese futuro que no será, aparecen las lágrimas.

Desde la sala contigua, los olores de la cocina se mezclan con los crisantemos, la cebolla morada, el maíz que hierve, el cilantro, el arroz. Para quienes vengan a despedir a este muchacho que estaba en tercer año de Derecho, el primer universitario de su familia, el primero entre sus ancestros que se remontan por siglos en estas tierras, habrá comida. Así es la tradición y se va a cumplir cuando la sala se llene de sombreros negros, de prendedores floridos, de las galas que cholas y cholos le ofrecen a los muertos. Sobre aguayos abiertos, en el piso, también hay comida como ofrenda para compartir: maíz inflado en uno y Aptapi -quesillo- con tunta -esos papines que se congelan, se entierran y después se cuecen- en el otro.

Desde la calle, llegan las voces del “cabildo” donde se aprueba temprano, entre unas trescientas personas, sostener el bloqueo; sobre todo para que no se borren las huellas de las balas de las defensas de cemento que dividen la autopista, para el que el Banco de Comercio no vuelva a pintar las paredes donde quedó la sangre derramada de David Posto Cuzzi, que el 19 de noviembre había ido a renegociar dos deudas que tenía en ese banco junto a su compañera, Wendy Colqui. O la de Calixto Guanaco Aguilar, que todavía está internado pero ya se declaró su muerte cerebral producto de una bala que se le incrustó en la cabeza cuando intentó ayudar a alguien más. Los rastros de esas historias que por la tarde, una por una, iban a doler otra vez cuando fueran relatadas frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no pueden borrarse. Y por eso el camino para el presidente de la comisión, Pablo Abrao, tampoco fue fácil.

La decisión de moverse a El Alto de la CIDH fue como recoger el guante de la provocación que habían sufrido quienes habían ido a testimoniar el sábado a un hotel del sur de La Paz, un hotel 5 estrellas cercado por manifestantes de los Comités Cívicos que insultaron a los organismos de Derechos Humanos -como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Asociación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas en América Latina, entre otros- y a familiares y personas heridas en la masacre de Senkata. “Estamos tan cansadas, yo soy de las más jóvenes y tengo más de 70; nunca me imaginé que iba a ver otro golpe”, dice Ruth Llanos, de Asofam y se deja abrazar por David Inca, de la Apdh que dejará frente a Pablo Abrao los testimonios que hablan de torturas, implantación de pruebas y hasta difamación de las personas fallecidas por “ebrias o terroristas”. “Áñez se bañó con sangre de los pobres”, dice el vocero de la Apdh, y concluye: “Peor que a animales, así nos tratan”.

Ni las imágenes del sábado frente al hotel Casagrande, tampoco las del medio millar de personas que se reunieron en la capilla San Francisco de Asís para aportar testimonios y pruebas salieron en la televisión. En los carteles escritos a mano que levantaban las personas se pedía “prensa internacional”; se pedía en verdad, la urgente necesidad de dejar de ser invisibles. En la televisión boliviana, en cambio, se veía la marcha que, a la misma hora, protagonizaron seguidores y seguidoras de Waldo Albarracín, rector de la Universidad de San Andrés, que convocó a través de redes sociales a marchar para que no se vayan los militares de las calles y que no haya ley de garantías.

¿Cómo evitar que no vuelva al cuerpo la llegada de la CIDH a la Argentina cuando desde las radios se instigaba a maltratar a quienes querían denunciar las violaciones a los Derechos Humanos por parte del Terrorismo de Estado en 1979? ¿Cómo no pensar, cada vez que se habla de disparos desde helicópteros --porque el relato es desesperado y se insiste con vehemencia—en la masacre de Napalpí, cuando 200 indígenas fueron asesinados en el Chaco Argentino, acribillades desde aviones a mitad del siglo pasado? Lo que se vive en Bolivia, en algunas regiones de Bolivia que se pretende invisibilizar, no es de ahora, son heridas antiguas que siguen supurando. “Somos indígenas el 80 por ciento de la población ¿quién tiene que gobernar? Nosotros. Hay que demandar a España para que se lleve los restos que nos dejó”, gritó Henry Contreras Roca, y avivó ya no la bronca sino un odio que las balas, que todavía se ven sobre ese territorio desértico y lastimado por los escombros, no hacen más que avivar.

La muerta viva

 “La Áñez disque transitoria pero vino a matarnos: a mi marido una bala le destrozó el corazón”, dijo María Cristina Quispe, compañera de Juan José Tenorio Mamani, 23, mecánico cerrajero. “Le entró por la espalda cuando estaba arrastrando a un herido”, soltó frente a Abrao, ubicado bajo el altar de la capilla y se puso a llorar. Su cabeza cubierta de negro, sus demandas firmes: que se vaya Áñez, que se vaya el ministro de gobierno, Arturo Trujillo, que haya “Justicia Internacional porque acá no va a haber”. Pablo Quispe Mamani, 24; Antonio Rolan Quispe Ticona, tenía 25, tres minutos antes de morir por herida de bala estaba almorzando con la mamá. Cristian Condori, 23; Clemente Mamani Santander, 23; Edwin Jamachi Paniagua, 20. Cada uno tuvo sus minutos de duelo colectivo en la memoria de quienes los nombraban y relataban lo que sabían de sus muertes. Todos heridos de bala.

Y sin embargo, no alcanzó. Cuando le tocó el turno a Betina Gutierrez el silencio fue creciendo como una marea que busca la luna. “Yo soy una muerta viva, soy la testigo que sobrevivió. Yo estaba ahí en el bloqueo, no éramos ni 50. Me quedé cuando vi venir los tanques porque pensé que nos iban a hablar. Pero no, empezaron a disparar, sin una advertencia. Yo ví caer heridos a la mitad y luchamos para que no se lleven los cuerpos adentro de estación de Senkata. Ví a una niña con un disparo en la cara, no sé donde está esa niña. Ví a una señora de pollera herida y la quise arrastrar pero no pude porque era gordita. Me la sacaron de la mano y la metieron adentro. Pero me llevé un montón de cascos, para que no mientan. Y acá los tengo”, dijo y los puso sobre el aguayo que cubría las mesas de madera donde les integrantes de la CIDH tomaban notas. Betina tiene un niño autista, pidió protección para él y para ella; pero no de la policía. Pablo Abrao fue informado de la extrema debilidad que tiene esta mujer en momentos de persecución como el que se describió durante toda la sesión.

Las noticias que se relevan en la televisión hablan del levantamiento de los bloqueos en todo el territorio boliviano. En Senkata eso se desmiente. En el centro de La Paz, les seguidores de Albarracín denuncian el levantamiento de los bloqueos del MAS como una estrategia para fortalecerse. El cuarto intermedio para seguir discutiendo la ley de garantías se termina hoy lunes. Mientras, la televisión habla de paz y usurpa la voz de les cantantes que en Chile tomaron la letra de Victor Jara para defender la vida digna que reclaman.

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