Por la represión, Chile es el país con mayor cantidad de traumas oculares en el mundo

Una investigación de la revista Eye afirma que el mayor alza de los traumas oculares se dio durante los meses de protesta.

 

La revista científica Eye, vinculada a The Royal College of Ophthalmologists del Reino Unido, publicó un estudio realizado por oftalmólogos y distintos profesionales de la salud del Hospital del Salvador que indica que Chile es el país con mayor cantidad de traumas oculares en todo el mundo, esto a raíz de la represión que se vivió en la revuelta popular de octubre pasado.

La publicación señala que entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre fueron 259 pacientes quienes acudieron a la UTO con un traumatismo ocular ocasionado por proyectiles lanzados por las fuerzas represivas en las manifestaciones. Hasta el día de hoy hay contabilizadas 459 víctimas de trauma ocular, donde 26 casos son de estallido del globo ocular, 429 otro tipo de trauma y 9 de estos son de pérdida total de visión irreversible.

Entre los casos más conocidos se encuentra el de Gustavo Gatica, quien el 8 de noviembre en las cercanías de Plaza Dignidad en la capital del país estaba registrando de la represión policial y fue impactado con perdigones que le ocasionaron la pérdida total de la visión en ambos ojos, también está el caso de Fabiola Campillay, quien se dirigía a esperar un bus para poder llegar a su trabajo cuando lo golpeó una bomba lacrimógena en la zona frontal del cráneo, en un registro audiovisual de esa noche se escucha a un policía decir: “uh, se la piteó”, sin ser capaces de brindarle ayuda después de haber sido impactada por el proyectil. Como este son más de 400 casos que no han recibido ayuda de parte del estado, y los que sí, no han tenido un seguimiento constante y apropiado.

Según los informes realizados durante las protestas por el Instituto Nacional de DD.HH, Human Rights Watch y Amnistía Internacional en Chile existe una violación sistemática a los derechos humanos, y así quedó expresado con miles de denuncias y registros de abusos. Estas denuncias de abusos, torturas y traumas oculares han quedado al olvido de la justicia chilena, son miles los casos que siguen en impunidad, sin ningún responsable material de estos brutales actos, pero sí tenemos claros quiénes son los responsables políticos de estos ataques contra el pueblo movilizado.

El presidente Sebastián Piñera junto a sus ministros son los principales responsables políticos de la represión que millones vivimos en las calles de Chile durante la revuelta. El juicio y castigo para los responsables políticos y materiales de las violaciones a los DD.HH. es una exigencia que crece en el país. Durante el estallido social, se hicieron 466 denuncias a agentes del estado por "presuntas vulneraciones" a los derechos humanos contra civiles y hasta hoy son menos de 70 agentes acusados formalmente de esos cientos de denuncias.

El la situación en el país se encamina a debatir en torno al proceso constituyente, las trampas que trae el plebiscito y las propuestas de los partidos tradicionales. Las principales demandas se impusieron en la calle, pero las protestas demostraron ser insuficientes cómo método para conquistar esas exigencias, y la respuesta fue una brutal represión y un “acuerdo por la paz” firmado entre 4 paredes por quienes han profundizado la privatización del país durante los últimos 30 años.

Jueves 27 de agosto | 20:20

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Lunes, 24 Agosto 2020 05:59

Las claves de la reinserción social

Las claves de la reinserción social

La psicoanalista Viviana Berger y su trabajo en las cárceles

Su nombre es esencial en el cruce de la criminología y la teoría psicoanalítica. Aquí, explica en qué puede contribuir el dispositivo analítico en un contexto de encierro.

 

Cuando Michel Foucault se refirió al panóptico en relación al poder y su control disciplinario de una sociedad, presente también en las instituciones, seguramente no se imaginó que muchísimos años después se seguiría empleando el término al momento de hablar del sistema carcelario. Pero el psicoanálisis, de algún modo, busca agujerear los muros de las prisiones. Así lo propone la psicóloga y psicoanalista argentina Viviana Berger, directora del Programa de Investigación en Psicoanálisis y Criminología de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL), de la ciudad de México. El mismo se lleva a cabo en el Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan, de la capital del país azteca y también en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial en la misma ciudad. Compiladora del libro Contribuciones a la Criminología (Grama Ediciones), donde se despliegan aquellas experiencias, Berger es un nombre esencial en el cruce de la criminología y la teoría psicoanalítica. “Si la indicación de Lacan fue no retroceder frente a la psicosis, ¿cómo habríamos de hacerlo nosotros? No solo se tratará, pues, de investigar sobre los fenómenos contemporáneos de las violencias y la segregación, sino también animarse a esta clínica muy particular, y en intersección con la criminología y en el seno de instituciones carcelarias”, explica esta analista.

--¿Cómo se trabaja la tensión entre el tratamiento psíquico y la política de la vigilancia?

--Como nosotros lo pensamos, es con un criterio de agujerear los muros. Y también agujerear la mirada vigilante. Esto quiere decir que cuando se tiene la política de la vigilancia indefectiblemente por la estructura misma del funcionamiento de la vigilancia, el sujeto queda como objeto de la mirada del otro y está bajo la mirada del control. Eso produce una objetalización del sujeto per se por cómo funciona la necesidad del control y de la contención. En los sistemas penitenciarios está dado así porque, entre otras cosas, se trata de poner muros y de contener lo que insertado en la sociedad es del orden de lo que altera la seguridad de las personas. Como nosotros venimos pensando la intervención es ofrecer allí un agujero que posibilite al sujeto alojarse como sujeto. Esto puede sonar un poco teórico pero se ve en lo concreto en la medida en que se reconoce un sujeto con derecho a ser escuchado y, además, de alojar el padecimiento del encierro. Con nuestra intervención se da una espacio para que el sujeto tome la palabra a partir de reconocerlo como sujeto de derechos pero también desde un interés. Y en interesarnos en las causas que lo llevaron a cometer el pasaje al acto criminal. Ya allí se empieza a abrir un espacio para que un sujeto se aloje y se rescate de la condición objetalizada que está por la estructura y el dispositivo mismo de la vigilancia.

--¿Cuáles son los efectos en la subjetividad de alguien que ha estado detenido muchos años?

--Es duro. Nosotros no hemos tenido posibilidades de escuchar sujetos que han salido; o sea que han terminado su proceso de detención. Pero hay efectos de por sí iatrogénicos que tiene el encierro. Hoy día, los estamos experimentando todos en una medida mucho menor, pero todo lo que es el aislamiento y el encierro trae efectos iatrogénicos para el sujeto en sí mismos. Lo observamos sobre todo en personas que han recibido condenas muy extensas. Me viene a la mente el caso de una mujer de 23 años que le dieron 29 años de condena. En su cálculo, va a pasar toda la vida en prisión. Frente a la perspectiva de que no hay futuro se producen efectos de depresión muy grandes, situaciones de desesperanza y como una especie de inercia a quedar fijos en la escena del crimen. Es como que el sujeto no puede trascender, no puede ir más allá a lo que le sigue, después del acto cometido.

-Como si se quedara paralizado...

-Exactamente, en la escena misma del crimen. Parte del reto para el tratamiento es ver de qué manera se puede movilizar y producir un después.

--¿De qué factores depende la reinserción social de un sujeto que ha estado preso?

--Para nosotros depende de la posibilidad de ubicar los recursos con los que el sujeto podría recuperar algún lazo con el otro de la sociedad. El tratamiento orientado y en la perspectiva de la reinserción tiene que trabajar al interior de los muros en las posibilidades que ese sujeto tendría una vez que sale de la prisión; es decir, que no sólo hay que trabajar por lo que es su momento en la prisión sino pensando en cuando esté afuera. Esa es otra manera de agujerear los muros.

--¿Cómo influye la persecución social en alguien que logró su reinserción?

--Es un punto importante porque está la sentencia que da el juez después que la persona pasó por todo los procesos jurídicos correspondientes y después está la condena de la sociedad. Hay una tensión entre el rechazo social y lo que concluye el veredicto del juez. Hubo un caso de mucha repercusión en los medios que fue el de una mujer que asesinó a sus tres hijos en una ciudad pequeña de México. La ciudad pequeña es mucho más dura, mucho más severa en ese sentido que una megaurbe, donde la cuestión es más anónima. A esta mujer le dieron 39 años de condena. Cumplió la condena, salió el año pasado. Y todo el problema que había en el Centro era de qué manera esa mujer se iba a reinsertar en la sociedad una vez que salió. De alguna manera, los muros del Centro la contenían del rechazo social y familiar. Hubo situaciones con insistencia de la prensa para entrevistarla, a lo cual la mujer contestó: "Yo ya estoy juzgada por un juez. Entonces, no tengo nada que decirle a usted ni al resto de la sociedad". En ese sentido, es muy importante el valor y el poder que toma pasar por un juicio porque eso tranquiliza, da un amarre para lo que después pueda hacer una reinserción social porque el sujeto tiene el reconocimiento de que cumplió con la condena y con la deuda que tenía para con la sociedad por un sistema legal. Eso le da a la persona que se va a reinsertar una especie de tranquilidad, a partir de lo cual podría llegar a reconstruir. Por supuesto, no se da en todos los casos.

--¿Cuáles son las patologías más comunes que, producto del encierro carcelario, ha podido observar en personas que están en el proceso de reinserción social?

--No es la población en la cual nosotros estamos concentrados en este momento. Todavía la población que trabajamos es la que está dentro de los muros. No sabemos muy bien lo que pasa después al salir de los muros. Al interior de los muros, en relación al tipo de crímenes cometidos, hay una diferencia muy clara entre los crímenes de las mujeres y los crímenes de los hombres. En el caso de los crímenes de las mujeres, el porcentaje de asesinatos con grado de parentesco es mayor. Generalmente, son filicidios o que matan a sus padres; en general, a la madre. En el caso de los hombres no es tanto porcentaje así. Está la cuestión feminicida. Ahora, para que estas personas, en la gravedad de estos crímenes cometidos, después se reinserten es muy complicado porque son crímenes que, además, tienen un valor moral importante; es decir, no es lo mismo una madre que ha matado a los hijos que una mujer que mató a alguien porque le quería robar a un desconocido. Es mayor el nivel de censura y rechazo social. Es como vemos en los otros tipos de reclusorios, los que no son de atención psiquiátrica sino que más bien son cuestiones que podemos llamar de “la escuela del crimen”, que tiene distintos niveles. No es lo mismo el que violó niños, por ejemplo, que el que robó o el que mató. Hay distintas escalas de repudio social. También se da esto al interior de los muros, no sólo cuando salen.

--¿De qué manera puede contribuir el psicoanálisis en ese contexto?

--Para mi sorpresa, la verdad es que mucho. Cuando nosotros fuimos llamados por el Sistema Penitenciario en México para colaborar en los tratamientos que brindan, mi primera pregunta fue esa. Es decir, ¿en qué medida el psicoanálisis puede ayudar? Después, me di cuenta del dato de la presencia del psicoanálisis en las instituciones, de los efectos que tiene la presencia del psicoanálisis en este tipo de instituciones. No es el tratamiento psicoanalítico que uno hace en el consultorio privado por supuesto sino que es más del orden del psicoanalista ciudadano, que lleva el psicoanálisis a los centros de reclusión. Entonces, la primera cuestión que pasa es que se instala un discurso donde se recupera la dignidad del sujeto. En esto que hablábamos al principio, es una manera de agujerear el discurso de la política de la vigilancia. De buena manera, porque es en colaboración con los centros. No es en absoluto una manera crítica sino que es para colaborar. Entonces, lo primero que pasa es que se rescata la dimensión del sujeto en este tipo de instituciones que tienen una inercia muy fuerte a objetalizar a las personas que están allí alojadas. La otra cosa que pasa es llevar el exterior al interior al estar en una condición de extimidad. Tenemos una palabra técnica en psicoanálisis que es extimidad: es una conjunción entre el exterior y la intimidad del interior. Es un neologismo muy interesante porque presenta una lógica que no es la del afuera ni del adentro sino que es junción del afuera y del adentro, donde se trasciende esta cuestión del encierro de los muros. Esto quiere decir que ya el hecho de ser ajeno a la institución y que uno tenga una cierta regularidad de presencia adentro hace presente una lógica distinta que no es la de los profesionales de planta que trabajan adentro. Estos últimos, de alguna manera, son vistos como del interior, aunque entren y salgan. En cambio, el psicoanalista, como no pertenece a la institución de planta, tiene una relación más externa pero, a la vez, desde adentro. Esto solo ya tiene un efecto muy importante. Por supuesto, tiene una incidencia en los profesionales que allí trabajan, porque es un trabajo con el que se ocupan del real social más crudo. Están en el día a día. Entonces, los profesionales que trabajan allí y el personal técnico también están tomados, de alguna manera, por los mismos muros de la institución. Entonces, la posibilidad de trabajar con alguien externo pero en la intimidad eso ya produce un alivio, una operación de relanzamiento del interés por lo que se hace. Las rutinas traen una cuestión muy automática y muy aplanadora, en cierto sentido. Entonces, el espacio del trabajo con nosotros ya produce también un horadamiento en ese sentido. Ahora, las personas que escuchamos tienen que hablar.

--¿Se podría decir que se trabaja sin un dispositivo analítico o no?

--Podemos decir que no es el diván. No es el psicoanálisis tradicional. Una colega argentina, que tiene una larga trayectoria en este campo, Irene Greiser, escribió un libro titulado Psicoanálisis sin diván. Y es verdad. Es tal cual así. Es un psicoanálisis que más bien tiene que ver con la presencia del analista, de la escucha del analista y de la intervención del analista, pero sobre todo su presencia. Y es totalmente analítico, no lo deja de ser, pero no es el dispositivo clásico del psicoanálisis ortodoxo.

--¿Por qué Jacques-Alain Miller dijo que “nada es más humano que el crimen”?

--Es una fórmula verdaderamente preciosa que dijo Miller. Ahí toma un cierto oxímoron, donde pone en asociación lo humano con el crimen e introduce el lado oscuro del sujeto. Ese lado nos hace tan humanos porque en la medida en que hablamos, en que somos tomados por el lenguaje, tenemos ese lado oscuro. Eso es lo que nos hace humanos, pero a la vez alude a las acciones o a los pasajes criminales. Es interesante porque los animales no cometen crímenes. El crimen es un concepto humano.

--¿Todos somos criminales inconscientes?

--(Risas). Freud tiene un texto que trabajó eso: si por el hecho de soñar con crímenes es que somos todos criminales. Lo que podemos decir es que una cosa es matar al padre o a la madre y otra cosa es pensarlo o tener fantasías o pesadillas. Hay que discriminar que no es lo mismo la acción, la realización de eso que el deseo inconsciente o la fantasía inconsciente.

--Jacques Lacan dijo: “Siempre somos responsables de nuestra posición de sujetos”.

--Sí, y eso es justamente la orientación que da el psicoanálisis para los tratamientos en estos casos. Lacan hacía un claro hincapié en que no se trataba de eximir al sujeto de su responsabilidad. Y justamente decía --y lo hemos comprobado-- que cuando eso pasa se le hace un mal al sujeto porque justamente el sujeto no logra salir de la escena del crimen. Para que el sujeto se restablezca, necesita asumir esa responsabilidad. O que por lo menos haya una consecuencia por ese acto, porque lo que también vemos en cuestiones psiquiátricas es que hay una imposibilidad del sujeto en asumir esa responsabilidad.

--¿Qué diferencia existe entre responsabilidad y culpa para el psicoanálisis en relación a la conducta criminal?

--Cuando decimos responsabilidad es la cuestión de que el sujeto pueda responder, pueda hacerse cargo, pueda asumir el acto. Hay estructuras en las que esto no es posible. Lo que vemos es que no hay inscripción de la culpa, que no hay dimensión del arrepentimiento porque el arrepentimiento no es que uno diga declarativamente: "Pido disculpas". Vemos que también pasa que después se acomoda el discurso socialmente aceptado a lo que conviene, como cierta especie de cálculo. No es a eso a lo que el psicoanálisis escucha como la asunción de la responsabilidad o a la dimensión de la culpa. Esto tiene que trasuntar en lo que aspiramos a que sea un reordenamiento de ese goce mortífero que habita al sujeto. Hubo un caso que yo mencioné en el texto: una mujer que había cometido un crimen y estaba en proceso de ser juzgada, pasando por todas las instancias y los pasos jurídicos. Cuando llegó al Centro, estaba en una situación de total desidia. No cumplía con las rutinas, no respondía a las obligaciones de lo que hay que hacer, como los aseos, la participación en determinadas tareas y demás. Y pasó que, en el momento en que el juez iba a determinar su sentencia, el magistrado dijo si las personas que estaban presentes en el juicio, tenían algo que decir. Y esta mujer se levantó, se puso de pie y dijo que ella quería agradecer que su caso haya sido atendido de la manera en que fue atendido, que le prestaran atención a todos los detalles que ella había declarado, que todo el proceso haya sido correcto y que quería agradecer eso. Dicen que cuando regresó después de la sentencia, lo hizo supertranquila y cambió totalmente su forma de insertarse en el Centro, y su conducta y su relación con los demás. O sea que algún ordenamiento en todo ese proceso operó. Quizás no puede asumir la culpa a nivel neurótico o las cuestiones de responsabilidad en ese punto, pero sí produjo un ordenamiento de su desorden pulsional.

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Miércoles, 19 Agosto 2020 05:52

Tiempos difíciles para las feministas chinas

Tiempos difíciles para las feministas chinas

Desde 2015, el activismo, incluidas las feministas, ha sido duramente reprimido en la gran potencia asiática. Las autoridades no le temen tanto a #MeToo como a la autoorganización de internautas y militantes.

«No sé si queda algún espacio para el activismo independiente en China hoy en día, se está haciendo extremadamente difícil», dice Bao (nombre cambiado), entrevistada en un café de Hong Kong unos días después de la promulgación en la región administrativa especial de la Ley de Seguridad Nacional redactada por Beijing.

Al igual que otras feministas chinas que fueron silenciadas en su país y que tuvieron que irse al extranjero, la joven se trasladó a la antigua colonia británica a finales de 2019, desde donde sigue organizando manifestaciones, debates y cursillos con sus compañeras que se quedaron en China.

Dos años después del surgimiento del movimiento #MeToo en China, «las feministas siguen presionando para que haya cambios, pero la realidad es que el gobierno chino ha seguido reforzando el control sobre la sociedad civil. Esto hace que todo activismo surgido de la base sea cada vez más difícil, incluido el relativo a los derechos de la mujer», dice Yaqiu Wang, investigadora de Human Rights Watch (HRW).

En 2011, Bao se unió a un grupo de mujeres militantes que organizaban performances artísticas en China continental para llamar la atención sobre la ausencia de baños públicos para las mujeres y sobre la violencia doméstica, entre otras cuestiones. La igualdad de género es algo que se ha venido defendiendo desde hace décadas en China, y el derecho de las mujeres al voto ya era reivindicado a finales del siglo XIX, pero estos mensajes permanecieron inaudibles durante mucho tiempo en una sociedad tradicionalmente patriarcal.

El 8 de marzo de 2015, para el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, cinco mujeres activistas empezaron a distribuir pegatinas en los autobuses contra el acoso sexual. Fueron encarceladas durante 37 días por «incitación a la discordia» y «perturbación del orden público». «Eso es una muestra de que nuestros mensajes tuvieron un impacto», señala Bao, «y sirvió de estímulo para las mujeres, especialmente en las universidades, donde se realizan talleres para estructurar la movilización o para difundir llamamientos contra la discriminación laboral».

Pero bajo la presión demográfica por el envejecimiento de la población, la disminución de la tasa de natalidad (a pesar del fin de la política del hijo único en 2015) y la reducción de la mano de obra, el partido único está haciendo campaña para que las mujeres chinas tengan hijos y las está confinando más que nunca al papel económico de esposas y madres.

En 2015, la modernización de la ley de «seguridad nacional» le confirió a las autoridades mayores facultades, en particular para controlar internet. Unos meses después, una ley destinada a las ONG extranjeras terminó de «asfixiar a la sociedad civil», según Amnistía Internacional. «La ley introdujo muchas restricciones (en el registro, la financiación, las colaboraciones, etc.) para las ONG, lo que complica su supervivencia», dice Bao. Los eventos fuera de internet, dice, se han vuelto muy complicados de organizar desde entonces.

Cuando el movimiento #MeToo surgió en China, tras una encuesta realizada a finales de 2017 por Sophia Huang Xueqin sobre el acoso a las mujeres periodistas, las autoridades cerraron sitios web y cuentas feministas, censuraron el hashtag #MeToo, pero no lograron acallar el movimiento. Incluso en 2019 fueron organizadas algunas exposiciones sobre este tema.

El Partido Comunista chino es «paranoico respecto de todo lo que no puede controlar», dice Yaqiu Wang. Según ella, «las militantes feministas chinas han demostrado una sorprendente capacidad para organizarse y movilizar a la opinión pública».

Para esquivar la censura, los internautas recurren a ideogramas modificados, publican fotos retocadas o puestas al revés y utilizan diferentes códigos. «El movimiento #MeToo fue uno de los más influyentes, seguido por las personas comunes. No es el tema en sí mismo lo que alarmó a las autoridades, sino la propia organización de los internautas y activistas, y sus conexiones en el extranjero lo convirtieron en una cuestión muy delicada», apunta Bao.

El movimiento dio lugar a «muchos debates y al comienzo de una concienciación del público en general, así como de mujeres más educadas, diplomadas y descontentas con la sociedad china», dice Bao, que menciona, como ejemplo, los programas de televisión en los que, según ella, la emancipación de la mujer resulta, desde entonces, más visible.

Las discusiones actuales en las redes sociales parecen darle la razón, como, por ejemplo, las fuertes críticas al tribunal de Hunan, una provincia del centro del país, que se niega a concederle el divorcio a una mujer que acusa a su marido de violencia; o la indignación expresada por los internautas contra la universidad de Zhejiang (en el este del país) que no expulsó a un estudiante declarado culpable de violación; e incluso las críticas a Ke Jie, famoso jugador de go (juego de estrategia asiático), que hizo comentarios machistas y misóginos graves en la red social china Weibo, lo que provocó la ira de las feministas y de los internautas.

Sin embargo, las feministas están lejos de haber ganado la batalla. En 2018, Liu Jingyao, una estudiante de la universidad de Minnesota, fue virtualmente linchada en las redes sociales por denunciar al multimillonario Richard Liu -fundador de una de las mayores empresas chinas, JD.com- acusándolo de violación en un tribunal de los Estados Unidos.

En el ámbito político, «bajo presión, el gobierno chino ha introducido mejoras limitadas», dice Yaqiu Wang. En diciembre de 2018, la Corte Suprema incorporó el acoso sexual a la lista de «causas de reclamación», lo que permitió que las víctimas pudieran obtener reparación con mayor facilidad. Sin embargo, China todavía carece de leyes robustas contra el acoso sexual.

Las feministas, por su parte, «trabajan en la clandestinidad y no pueden realmente actuar porque no tienen los recursos humanos y financieros necesarios para crear grupos institucionalizados en todo el país», señala Bao, que se pregunta cómo podrá resistir el movimiento. Al estar bajo vigilancia, los activistas prefieren las reuniones físicas en lugar de las virtuales, utilizan aplicaciones de mensajería cifrada y tienen que optar por métodos «más sutiles».

«En la vida diaria, es muy difícil porque nunca sabes dónde están las líneas rojas. Las activistas tienen que navegar en las zonas grises de la ley y bajo las incertidumbres en las que se basa la sociedad china. Todo es complicado», explica Bao, y menciona presiones e intimidaciones diarias sobre ellas y sus familias.

«Una de las dificultades consiste en saber medir los riesgos: ¿cómo podemos llegar a un público más amplio y difundir nuestro mensaje más abiertamente sin poner en peligro nuestra seguridad? Nunca sabemos, cuando hablamos con gente nueva, si nos van a denunciar a la policía», explica Bao, y agrega que la vigilancia se incrementa cuando se acercan fechas importantes para el régimen, como el 4 de junio (masacre de Tiananmén en 1989), el 1 de octubre (fiesta nacional) o el mes de marzo (reunión anual del Parlamento).

Los hongkoneses tendrán que acostumbrarse a este tipo de presiones, dice. Con la llamada ley de seguridad nacional redactada por Beijing para frenar la disidencia política en la región administrativa especial, «los opositores van a tener que hacer la experiencia de la militancia bajo un régimen autoritario: van a tener que cambiar radicalmente su estrategia, su organización, su financiación y hacer un poco como nosotras», pronostica Bao.

La ley promulgada el 30 de junio tipifica vagamente como delito la secesión, el terrorismo, la subversión y la colusión con fuerzas extranjeras. «Los hongkoneses son respetuosos de la ley y no está acostumbrados a dirigentes que se mueven entre las zonas grises de una ley poco clara. Les va a resultar un choque cultural».

Nota: este artículo se publicó originalmente, en francés, en Mediapart. Traducción: Ruben Navarro (Correspondencia de Prensa).

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¿Y si no se va?, preocupación de analistas en EU sobre Trump

Repunte de casos de Covid-19 obliga al magnate a cancelar la Convención Republicana en Florida

 

Nueva York., ¿Y si no se va? es la pregunta que cada vez preocupa más a un amplio abanico de políticos, analistas y ciudadanos frente a la antes impensable posibilidad de que un presidente rehúse reconocer los resultados de una elección, todo mientras se multiplican las alarmas entre defensores de libertades civiles por el despliegue de fuerzas federales para controlar ciudades con gobernantes demócratas, y entre sus víctimas ahora se encuentra el alcalde de Portland, Oregon.

Entre cifras récord de contagios registrados de una pandemia descontrolada, otros 1.4 millones solicitando beneficios de desempleo la semana pasada (un total de 30 millones), el impulso de nuevas medidas antimigrantes, y despliegues anunciados o amenazas de hacerlo de paramilitares federales en varias ciudades del país, para enfrentar lo que Donald Trump afirma es una ola de inseguridad promovida por una izquierda radical, no se puede descartar la posibilidad de una crisis constitucional con un presidente que rechaza la legitimidad de la elección programada para realizarse en poco más de tres meses.

Fue el propio Trump quien ha nutrido esta posibilidad cuando en una entrevista el pasado fin de semana respondió que, por ahora, no estaba preparado para comprometerse a reconocer los resultados de la elección.

Trump no ha dejado de cultivar la idea de que el proceso electoral podría ser viciado por fraude masivo, incluyendo el uso de boletas por correo (método que el personalmente ha usado varias veces), a pesar de nula evidencia. “Lo que el presidente está haciendo es minar… la confianza en el proceso democrático más básico que tenemos... Está motivando a sus bases para una crisis realmente dañina en los días y semanas después de la elección en noviembre”, comentó William Gaston, de Brookings Institution en entrevista con el Washington Post.

Su contrincante demócrata, Joe Biden, ha repetido que su mayor temor es que Trump intente robar esta elección.

De hecho, analistas han dibujado diferentes posibles escenarios en los que Trump se rehúsa a aceptar los resultados, algo que ya es tema en medios nacionales. Algunos expertos y políticos advierten que la pugna poselectoral podría llevar a un desorden civil y hasta violencia promovida por el presidente.

Por otro lado, continúan las denuncias por el anuncio de Trump el miércoles sobre una oleada de fuerzas federales que estaría enviando –como ya lo ha hecho a Portland– a ciudades bajo mando demócrata donde se ha incrementado el número de incidentes criminales violentos, los cuales, acusó sin evidencia, son resultado de las demandas y protestas contra la policía impulsadas por el movimiento Black Lives Matter.

Entre las víctimas de las acciones represivas realizadas por estas fuerzas federales en Portland, Oregon, la madrugada de ayer contra manifestantes de Black Lives Ma-tter se encontraba el alcalde de esa ciudad Ted Wheeler, quien estaba dialogando con los activistas cuando fueron agredidos con gas lacrimógeno.

En la otra costa, el gobernador Andrew Cuomo informó que Trump le dijo que por ahora no enviará fuerzas federales a la ciudad de Nueva York. Cuomo advirtió que presentaría una demanda judicial contra el presidente si se atreve a enviar a agentes federales sin una invitación, ya que sería inconstitucional.

El silencio ante la injusticia es inaceptable, se lee en un anuncio de 76 metros en el parque de las Medias Rojas de Boston, bajo el lema Black Lives Matter.

 

Pandemia y juegos

 

El doctor Anthony Fauci, el experto sobre enfermedades infecciosas de mayor rango en el gobierno y quien ha sido repetidamente criticado por Trump, fue seleccionado para lanzar el primer pitcheo ceremonial de la apertura de la temporada reducida de beisbol al inicio del partido entre los Nacionales de Washington (su equipo favorito) y los Yankees.

Mientras, Trump se vio obligado a cancelar, por razones de salud pública, parte de la Convención Nacional Republicana que deseaba realizar en Jacksonville, Florida, y que había trasladado ahí para desafiar las órdenes sanitarias de autoridades locales de Carolina del Norte.

Florida ahora es uno de los epicentros nacionales de la pandemia, al registrar más de 10 mil nuevos casos sólo ayer. A nivel nacional, se superaron los 4 millones de casos de contagio, con un promedio de 2 mil 600 nuevos infectados cada hora, reporta Reuters.

Finalmente, Trump reiteró en una entrevista su gran logro de completar sin error una prueba cognitiva para confirmar su salud mental, la cual continuamente es cuestionada. Declaró que los médicos estaban asombrados y que respondió que es porque cognitivamente estoy ahí, y retó a su contrincante demócrata Joe Biden a que se sometiera a la misma evaluación. Expertos señalan que la prueba es fácil y no detecta de manera precisa un deterioro en el razonamiento.

Por David Brooks

Corresponsal

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Participantes en el paro en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter, ayer afuera del Congreso de Ohio. Foto Afp

Las demandas van desde el repudio al racismo sistémico hasta la exigencia de salarios dignos y seguros médicos

 

Nueva York., Decenas de miles de trabajadores y sus aliados participaron en un paro nacional y acciones de solidaridad como parte del movimiento Black Lives Matter en decenas de ciudades del país al vincular el racismo sistémico y la injusticia económica, mientras el presidente de Estados Unidos amenazó con desplegar fuerzas federales militarizadas en varias de las principales ciudades para enfrentar el "desorden".

El "Paro por las vidas negras" se realizó en más de 25 ciudades con decenas de miles de participantes en acciones para suspender labores, manifestarse, y a las 12 del día hincarse sobre una rodilla por ocho minutos y 46 segundos, el símbolo del nuevo movimiento al marcar el tiempo que un policía blanco colocó su rodilla sobre el cuello del afroestadunidense George Floyd hasta su muerte, según informaron los organizadores.

Varios sindicatos nacionales, desde el de servicios (SEIU), TEamsters, del magisterio (AFT), de Comunicación (CWA), el gremio de actores (Actors’ Equity) y músicos, enfermeras y trabajadores hospitalarios, así como los del sector de comida rápida, jornaleros, trabajadores aeroportuarios, de la construcción, empleadas domésticas y más participaron en el paro.

Las demandas van más allá de obligar a empresas e instituciones a declarar que "las vidas negras valen", al vincular el racismo sistémico con las injusticias económicas por la falta de salarios dignos, la explotación de mano de obra, la falta de seguros médicos como derechos laborales incluido el de formar sindicatos (https://j20strikeforblacklives.org/ es/demands/).

De Los Ángeles a Nueva York (frente al hotel Internacional Trump, entre otros lugares), Wa-shington, DC, San Francisco, San Luis, Minneapolis, Boston y Durham se realizaron marchas, mítines y actos simbólicos. Algunos exigieron beneficios y apoyo para trabajadores esenciales inmigrantes, otros para elevar el salario mínimo en cadenas como McDonald’s y empresas como ATT y UPS condiciones más seguras ante la pandemia en los centros de trabajo.

“Hoy estoy con los trabajadores a lo largo del país que están participando en #StrikeforBlackLives”, declaró vía Twitter el senador Bernie Sanders. "Trabajadores se están levantando en el país para decir que la justicia económica es justicia racial", declaró el senador Ed Markey, quien también participó.

El reverendo William Barber, de la Campaña de los Pobres, comentó: "la lucha para las vidas negras también es una lucha para obtener justicia económica y una voz".

En la Casa Blanca, Trump dijo que estaría enviando fuerzas de seguridad federales a más ciudades gobernadas por demócratas para reprimir protestas vinculadas con ell movimiento Black Lives Matter que considera inaceptables.

A pesar de furiosas críticas de autoridades locales y estatales de Oregon, legisladores federales y organizaciones de defensa de libertades civiles contra el despliegue de fuerzas militarizadas del Departamento de Seguridad Interna en Portland, que han confrontado a manifestantes con balas de goma y gas lacrimógeno, así como secuestrado a varios inconformes en vehículos no identificados durante horas sin presentar cargos para supuestamente proteger propiedades del gobierno federal, Trump insistió ayer en que esto es necesario y que están haciendo "una labor fantástica".

Explicó que los agentes federales "agarran a mucha gente y encarcelan a los líderes". Agregó que "éstos son anarquistas, no manifestantes. Ésta es gente que odia a nuestro país".

En ese contexto amenazó con enviar fuerzas similares a varias ciudades y mencionó Oakland, Filadelfia, Chicago (se reporta que pronto se desplegarán 150 agentes federales a esta ciudad), Detroit, Baltimore y Nueva York; todas con alcaldes a quienes llamó "demócratas liberales", y subrayó que “estamos enviando fuerzas de seguridad pública… no podemos permitir que esto ocurra en las ciudades”.

Las fuerzas federales son parte de una nueva entidad paramilitar del Departamento de Seguridad Interna formada después de que Trump emitió una orden supuestamente para proteger monumentos y estatuas, empleando como justificación legal cláusulas de una ley creada después de los atentados del 11-S en 2001.

Pero las imágenes de fuerzas federales en camuflaje y equipo militar en una ciudad provocaron denuncias de diversos políticos y defensores de derechos y libertades civiles. Más aún, sólo han multiplicado el número de manifestantes, acompañados en días recientes por agrupaciones de madres, algunas con cascos, que corean "dejen en paz a nuestros hijos" y "que quede claro, las madres han llegado".

Ted Wheeler, alcalde de Portland, ha calificado la maniobra federal de "ataque contra nuestra democracia", y reiteró su exigencia para que las fuerzas sean retiradas. La gobernadora de Oregon, Kate Brown, acusó al secretario de Seguridad Interna de buscar "provocar confrontación con propósitos políticos".

En el Congreso, líderes demócratas están impulsando una investigación federal sobre posibles violaciones a la Primera Enmienda de la Constitución (libertad de expresión).

Laurence Tribe, reconocido profesor de ley constitucional de Harvard, indicó acerca de las órdenes de Trump en Portland y otras ciudades: "esto es como comienza. El hambre dictatorial del poder es insaciable. Si hubiera un momento para la desobediencia civil pacífica, ese momento está sobre nosotros".

Por David Brooks

Corresponsal

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Sábado, 06 Junio 2020 06:49

Empresas digitales, racismo y control

Empresas digitales, racismo y control

La pandemia ha funcionado como excusa perfecta para avanzar a pasos agigantados en los mecanismos empresariales y gubernamentales de vigilancia y control de la población en muchas partes del mundo. Es una situación que representa un problema en sí mismo, pero además conlleva aspectos ocultos, tanto o más inquietantes como el manejo de nuestros datos para inducirnos a conductas de consumo o de elecciones políticas, entre otros.

Bajo el supuesto de que es necesario para el control de la pandemia saber quiénes son y dónde están los contagiados (lo cual también sería un beneficio individual), se han producido más de 40 aplicaciones electrónicas de monitoreo. Son comerciales, a veces patrocinadas por gobiernos que han impuesto su uso obligatorio a la población, como en China o Australia. En la mayoría de los casos los gobiernos "aconsejan" a la población usar alguna aplicación, en ocasiones desarrolladas en colaboración con instituciones gubernamentales. En un artículo anterior mencioné que Google y Apple, clásicos competidores, se pusieron de acuerdo para desarrollar y ofrecer una aplicación de ese tipo (https://tinyurl.com/y9b2nhoa).

Aunque esas aplicaciones se promocionan ahora en el contexto de la pandemia por Covid-19, se pueden usar para muchos otros fines. Por ejemplo, a partir de las protestas por el asesinato racista de George Floyd, por la policía de Estados Unidos, el comisionado de Seguridad Pública de Minnesota, John Harrington, anunció que usarían los datos recogidos por las aplicaciones de monitoreo, cámaras, etcétera, para detectar quiénes son las personas que protestan, con quién se juntan, qué hacen, dónde van, si son "terroristas" o "crimen organizado", etcétera (https://tinyurl.com/ybll9s24).

Reveló así que las autoridades pueden recolectar la información de sistemas de monitoreo electrónicos –sean privados o públicos–, y que éstos se acopian en bases de datos que entregan perfiles de cada persona al cruzar e interpretar la información. Por la cantidad de datos que se requiere manejar, esos perfiles son construidos por programas de inteligencia artificial, cuyos algoritmos son programados por personas concretas. Para ello se basan en datos de la "realidad" que ya existen, por lo que reproducen valores racistas, patriarcales, sexistas y discriminatorios de los pobres, migrantes, etcétera. Con el asesinato de Floyd se difundió un estudio que muestra que una persona negra tiene tres veces más chances de que lo mate la policía que una blanca. Traducido a "datos", el algoritmo no registra la violencia policial, sino la población afroamericana (o latina, joven, migrante, etcétera) es más peligrosa, más tendiente a ser criminal, que se junta con otras similares, etcétera.

Hay varios estudios sobre estas parcialidades de los sistemas de inteligencia artificial. Siendo un tema injusto y de preocupación, es sólo un aspecto del problema y es importante ver el conjunto de riesgos que conlleva la omnipresencia de las plataformas digitales sobre nuestras vidas. Las protestas crecientes sobre estas parcialidades de los algoritmos probablemente obligarán a las empresas a revisarlos, aunque no es sencillo que lo hagan y cometerán nuevas.

Más allá de la vigilancia para uso de las autoridades, el fin clave de las plataformas digitales (porque es lo que le da más dinero y los ha vuelto billonarios) es la recolección permanente de insumos sobre cada uno de nosotros, nuestras familias y amigos, nuestras elecciones de todo tipo (de consumo, políticas, estéticas, sexuales y mucho más). No solamente lo que escribimos en redes sociales y decimos en público. Lo que recogen esas empresas es mucho más de lo que creemos que compartimos.

Además de lo que expresamos en palabras, existe una enorme industria de recolección de datos y nuevos análisis biométricos que analizan micrométricamente las diferentes expresiones de fotos, videos, cámaras y sistemas que interpretan esas microexpresiones, conectándolas con lugares, situaciones, emociones, reacciones a mensajes, etc.

A su vez, Facebook (y otras redes) complementa esos análisis con perfiles sicológicos y georreferenciados, que les permiten ofrecer al mejor postor comercial o político los datos de millones de personas por grupos de edad, sexo, barrios, poder adquisitivo, preferencias.

Con la pandemia, Naomi Klein explica que los cabilderos de las mayores plataformas digitales han estado muy activos en reclamar a los gobiernos su esencialidad y que éstos deben rápidamente construir infraestructura para permitir que expandan sus redes a todo rincón de la tierra. Quitadas de la pena, mencionan que la pandemia les permitió realizar un verdadero “experimento en educación y atención de la salud virtual, y que pueden remplazar a millones de maestros y personal de salud (https://tinyurl.com/ybcec6kl). Han recolectado un volumen indescriptible de nuevos datos de estudiantes de todos niveles y de pacientes y sistemas de salud que agregan a sus bases de datos. En muchos casos, como también sucede en México, los propios gobiernos entregan a estas empresas la gestión de los datos sobre educación y salud (https://tinyurl.com/y8q7788x). Como dice Klein, se trata de una verdadera doctrina de shock en el nuevo capitalismo de la vigilancia.

Por Silvia Ribeiro, iInvestigadora del Grupo ETC

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Trump amenaza con usar fuerza militar para mitigar las protestas

El magnate se proclama "el presidente de la ley y el orden" // Advierte a gobernadores: "es un movimiento, si no lo aplastan será cada vez peor"

 

Nueva York., Donald Trump declaró ayer que empleará la fuerza militar contra ciudadanos de este país para suprimir las expresiones masivas –y en gran parte pacíficas– de disidencia al proclamarse como "el presidente de la ley y el orden".

En declaraciones en la Casa Blanca, el comandante en jefe ordenó a gobernadores y alcaldes "dominar las calles" ante las revueltas ocurridas a lo largo de la última semana. "Si una ciudad o estado rehúsa emprender las acciones necesarias para defender la vida y propiedad de sus residentes, desplegaré a los militares de Estados Unidos y resolveré rápidamente el problema por ellos", advirtió.

Trump indicó que empleará su autoridad según la Ley de Insurrección de 1807, la cual establece que el presidente puede desplegar fuerza militar para suprimir insurrecciones, desorden civil y rebelión. Pero, de inmediato, expertos en leyes señalaron que esa legislación establece que el Ejecutivo sólo puede darle uso si se lo solicitan los gobernadores, y varios de ellos –incluidos los de Nueva York, Maryland e Illinois– rechazaron esa opción anoche.

Mientras hablaba el presidente, fuerzas federales –Servicio Secreto, policía militar y hasta fuerzas montadas a caballo– procedieron de pronto a reprimir con gas lacrimógeno y balas de goma a cientos de manifestantes que se habían expresado de manera pacífica durante horas en las proximidades de la Casa Blanca, todo parte de un acto coreografiado de Trump.

Al concluir sus comentarios, salió de la Casa Blanca a pie rodeado de elementos de seguridad y helicópteros sobrevolando, para caminar una cuadra por el Parque Lafayette –pasando por donde minutos antes se había expulsado con fuerza a los manifestantes– para posar ante las cámaras frente a la histórica Iglesia de San Juan con una Biblia en la mano. Después de unas fotos solo, invitó al procurador general, Bill Barr, y otros funcionarios –todos blancos– a colocarse a su lado para más fotos.

Poco después, la obispa episcopal de Washington, Mariann Edgar Budde, quien supervisa esa iglesia, se declaró "indignada", repudió el acto como "un abuso de símbolos sagrados y antitético a todo lo que representamos", condenó el uso de fuerza para expulsar a manifestantes de los alrededores de la iglesia y denunció que la Casa Blanca no avisó de la visita.

Trump, en breves palabras en el Jardín de las Rosas, responsabilizó a "anarquistas profesionales" y a "Antifa" de las protestas "violentas" que han "golpeado salvajemente a gente inocente"y advirtió que se pondrá fin "ahora mismo" a esos actos.

La frase de "presidente de la ley y el orden" es la consigna que usó Richard Nixon para su elección en 1968.

Horas antes, Trump despotricó contra gobernadores en una teleconferencia en la cual –según una grabación filtrada a los medios– les dijo que "tienen que arrestar a las personas... Tienen que dominar. Si no dominan, están perdiendo el tiempo; ellos los van a atropellar, se van a ver como un grupo de imbéciles". En otro momento señaló: "es un movimiento. Si no lo aplastan, será cada vez peor. El único momento en que es exitoso es cuando ustedes son débiles, y la mayoría de ustedes lo son".

En tanto, una autopsia independiente solicitada por la familia de George Floyd concluyó –a diferencia de la del forense oficial del condado– que el afroestadunidense murió por asfixia que llevó a falta de circulación de sangre al cerebro causado por la rodilla del policía blanco sobre su cuello en Minneapolis. La familia de la víctima solicitó poner fin a los saqueos y otros actos de violencia.

La ira en las calles

En el séptimo día de protestas masivas contra la violencia racista oficial y la brutalidad policiaca detonada por el asesinato de Floyd el lunes de la semana pasada, movilizaciones masivas generalmente pacíficas continuaron por todo el país: desde Oakland, Nueva York, Minneapolis, Nashville y Portland, hasta Birmingham y Filadelfia, entre decenas más, con activistas que afirman que no se cansarán de protestar hasta que se logre un cambio real y justicia plena en el caso de Floyd.

Luego de una noche marcada por incidentes violentos, el domingo, entre algunos grupos de manifestantes y las autoridades, pintas, saqueos y más, a pesar de medidas de control que incluyen toques de queda, se intensificó el debate tanto entre manifestantes como entre figuras políticas sobre las tácticas y el uso de violencia contra policías y propiedades.

En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill De Blasio anunciaron por primera vez un toque de queda –casi todas las principales ciudades del país ya lo habían hecho el fin de semana– para la noche de este lunes, después de enfrentamientos y saqueos en las zonas de Soho y en Brooklyn.

La hija del alcalde estuvo entre las arrestadas poco después de que su padre insistió en que gran parte de los más violentos no eran residentes de la ciudad. Cuomo declaró que se incrementaría el número de policías en la noche de 4 mil a 8 mil y que contemplaría activar la Guardia Nacional si eso no era suficiente (esto, antes de las palabras de Trump).

En Washington, las protestas se volvieron cada vez más conflictivas la noche y madrugada de ayer, con varios incendios en edificios y estructuras alrededor del parque frente de la Casa Blanca: el Servicio Secreto y policía municipal salvaguardaron el perímetro de la sede presidencial y finalmente emplearon gas lacrimógeno y estallidos de luz y sonido para despejar la zona. Por primera vez en la memoria, la Casa Blanca se quedó en la oscuridad al apagar todas las luces de la parte que da a las rejas principales en la Avenida Pennsylvania, y el presidente mantuvo silencio ante el público.

Mientras, circulan palabras de hace más de medio siglo que otra vez suenan contemporáneas, como las de reverendo Martín Luther King, quien afirmó: "los disturbios son el lenguaje de los no escuchados" y que en 1967 explicó que "los veranos de disturbios de nuestra nación son causados por los inviernos de demora de nuestra nación. Y, mientras Estados Unidos posterga la justicia, estamos en la posición de tener estas recurrencias de violencia y disturbios una y otra vez. La justicia social y el progreso son los garantes absolutos de la prevención de disturbios".

Más de 5 mil 600 personas han sido arrestadas por todo el país desde que estallaron las protestas, según un conteo de la agencia Ap, con Nueva York y Los Ángeles con las cifras más altas.

Por David Brooks

Corresponsal

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El hambre lanza a centenares de chilenos a las calles para protestar

Caos en las alcaldías; el gobierno central no aclara ni cómo ni cuándo se distribuirán los comestible

 

Santiago. El hambre y la desesperación lanzaron ayer a centenares de vecinos de municipios pobres de Santiago y ciudades como Valparaíso, a protestar en las calles levantando barricadas, prendiendo fogatas y enfrentándose a carabineros que los reprimieron con cañones de agua y gas lacrimógeno, además de realizar varias detenciones.

Apenas la noche del domingo el presidente Sebastián Piñera había prometido distribuir 2.5 millones de cajas con alimentos en sectores vulnerables y de clase media, pero no dijo ni cómo ni cuándo se haría la repartición. Ayer, mientras ocurrían los enfrentamientos, salió apresuradamente a precisar que las provisiones llegarán a 70 por ciento de los hogares, directamente a las casas, y que eso ocurrirá esta semana o a principios de la próxima, pidiendo "tranquilidad y compresión".

La promesa de comida hizo que centenares de personas se volcaran ayer a las municipalidades para obtenerla, pero los alcaldes no pudieron ofrecer respuesta porque el anuncio presidencial los tomó por sorpresa y no tenían información oficial. Ellos han reclamado durante semanas mayor respaldo desde el gobierno, tanto financiero como en mercancías, porque han agotado sus recursos en apoyo a sus comunidades.

La desesperación por conseguir alimentos hizo que se multiplicaran los llamados a protestar durante la noche del lunes, con un cacerolazo masivo justo al cumplirse siete meses del estallido social de octubre. Apenas oscurecía, en Villa Francia, al oeste de Santiago, se reportaba la quema de un autobús.

Las 32 comunas (alcaldías) del Gran Santiago, y seis aledañas, están desde el pasado viernes en una cuarentena que confina a más de 8 millones de personas, de las cuales unos 3 millones viven al día y si no salen a trabajar no pueden subsistir.

Sady Melo, alcalde de El Bosque, al sur de Santiago, con 162 mil habitantes de bajos ingresos, centenares de los cuales protestaron ayer, dijo que "la crisis sanitaria tiene el rostro de la pobreza en nuestras comunas, está despertando la crisis social como consecuencia del problema de salud", por lo cual insistió en "pedir al gobierno que las ofertas que haga, las cumpla. Se nos dijo que nos entregarían cien millones de dólares de libre disposición para alimentos o productos sanitarios, pero esos recursos aún no llegan".

Insistió en que "nos habría gustado que Piñera nos hubiera preguntado cómo cooperar en la entrega de esas cajas con comida", e insistió en que "somos nosotros los que estamos en la primera línea, enfrentando en el día a día a nuestras vecinas y vecinos".

Entrevistado para una televisora, un vecino reclamó airado que "el Estado sólo está ayudando a los empresarios y a los bancos, pero aquí es la población la que sufre hambre", mientras otro dijo que "están cobrando la luz, el agua, hay que comprar el gas, mucha gente paga renta y con qué, si nadie puede trabajar. El problema no es la cuarentena, es la ausencia de un Estado que no se preocupa por su pueblo".

El aislamiento social en Santiago se impuso luego de que la plaga se extendió desde los barrios ricos hacia las barriadas populares. Al respecto, Gonzalo Durán, alcalde de Independencia, al norte de Santiago, con 101 mil habitantes, se quejó de que "las cifras que entrega el Ministerio de Salud esconden una realidad que enfrentamos en el territorio, aquella que muestra cómo el efecto de la pandemia está azotando con mayor fuerza a las comunas con mayor población vulnerable y que ello implica que hay más contagios y mayor letalidad, ahí donde se ha segregado a los más vulnerables".

Al respecto, Durán dijo que en el municipio a su cargo la tasa de pruebas que han dado positivo al Covid-19 supera 80 por ciento, y la de letalidad está lejos de estabilizarse, con cifras que rebasan el doble de las de los barrios ricos.

Cristián Fuentes, académico de la Universidad Central, lamentó "este nuevo error del gobierno, que hace anuncios sin establecer fecha ni dar mayores detalles, después habla de este fin de semana o la próxima, no se sabe a quién le van a comprar los alimentos ni cómo se distribuirán. Todo mal."

A las 21 horas de ayer (hora local) comenzó en Santiago y en otras ciudades del país un cacerolazo convocado tanto en conmemoración de los siete meses del alzamiento social iniciado el año pasado, como en protesta contra el gobierno por el manejo errático de la crisis sanitaria. Se reportaban también bloqueos de calles, barricadas y enfrentamientos con carabineros en lugares como Villa Francia, población La Pincoya, y en las comunas de Peñalolén, La Granja y Estación Central.

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Un hombre con mascarilla hablando por su móvil, pasa delante del logo de la tecnología 5G, en una calle de Londres. REUTERS/John Sibley

Uno de los efectos inesperados de la crisis de la covid-19 en Europa ha sido el retraso momentáneo del proceso de despliegue de la nueva red 5G en muchos países, entre ellos España. Si hasta el momento contábamos ya con un amplio rango de radiaciones electromagnéticas que posibilitaban la comunicación móvil (1G, 2G, 3G, 4G), el eventual despliegue del 5G supondrá un salto de escala sin precedentes. En primer lugar, porque la enorme cantidad de antenas que los requerimientos técnicos del 5G imponen supondrá un aumento equivalente en la cantidad e intensidad de la radiación electromagnética.

Lejos de lo que solemos pensar, y a pesar de la intensa campaña de propaganda en sentido contrario, la inocuidad de la radiación electromagnética (en general, y la asociada al 5G en particular) para la salud humana y para el conjunto de la vida está lejos de estar comprobada. Es más, abundantes indicios científicos arrojan sospechas fundadas de que éstas podrían ser más bien fuentes de enfermedad y de deterioro de la vida. Investigaciones de científicos como el Dr. L. Hardell ya llevaron a la OMS a declarar las tecnologías inalámbricas como un posible cancerígeno de nivel 2B. Otros estudios han apuntado también a su posible vinculación a afecciones neurológicas y al debilitamiento del sistema inmune. En 2019, un grupo de científicos liderados por Hardell solicitaron formalmente a la Unión Europea una moratoria al desarrollo del 5G sujeta a la disponibilidad de estudios fiables e independientes (no ligados a la industria de las telecomunicaciones) sobre los efectos sobre la salud humana. También el Comité Europeo de Riesgos Emergentes (SCHEER) asignó al aumento de contaminación electromagnética que se derivaría del 5G un riesgo de 3 sobre 3 para la fauna salvaje, alertando de la posibilidad de efectos biológicos no deseados.

De hecho, aunque estos estudios y otros previamente desarrollados para otro tipo de radiaciones electromagnéticas son lo suficientemente contundentes como para invitar a la aplicación inmediata del principio de precaución, quizá la prueba más fehaciente de los riesgos asociados al despliegue del 5G sea la propia actitud de gobiernos y grandes empresas. Por un lado, gobiernos de todo el mundo se niegan a desarrollar estudios de impacto que darían respuesta a las dudas e inquietudes de científicos, instituciones y movimientos sociales. Para ello, se amparan en los posicionamientos de grupos de «expertos» con vinculaciones con el lobby de las telecomunicaciones que adolecen de una parcialidad harto comprobada.

Sin embargo, al mismo tiempo, las administraciones responsables de la implementación de la tecnología 5G no exigen pólizas de responsabilidad civil para el mismo. Es más, en su resolución de 2009 el Parlamento Europeo ya expresó su alarma sobre el hecho de que las compañías aseguradoras estuvieran aplicando su propio principio de precaución al tender a excluir de sus pólizas los daños para la salud causados por las tecnologías inalámbricas. Por tanto, al estar dándose el despliegue del 5G sin cobertura de seguros, ¿quién responderá de los eventuales daños que se puedan derivar del mismo? Introducir tecnologías que presentan riesgos no asegurables es un indicio muy poderoso de que, desde la propia racionalidad interna de la economía capitalista, las cosas no van bien.

Pero en tiempos de la covid-19 quizá se hace más evidente que nunca la urgencia de reflexionar sobre las transformaciones cualitativas que el 5G generaría en nuestras sociedades. La necesidad de una respuesta efectiva ante los devastadores efectos del coronavirus está poniendo en primer plano el debate sobre qué estrategia seguir. Muchas voces comienzan a trazar una línea divisoria entre la reacción asiática y la reacción occidental, decantándose por la primera por su mayor efectividad.

Sin embargo, ¿en qué consiste exactamente el famoso modelo chino que se nos vende como panacea? Geolocalización de teléfonos móviles, seguimiento de los movimientos de la población mediante apps, uso de drones y robots, aplicación de la inteligencia artificial al reconocimiento facial o despliegue masivo de nuevas torres para vigilar a las personas 24/7 (todas las horas del día, todos los días de la semana) y poderlas sancionar. Lo que hasta hace poco era reconocido por casi todos como el paradigma de Estado totalitario digital, hoy se convierte en modelo. Un modelo vinculado a una red 5G que sostenga el enorme nivel de conectividad e interconexión que requiere. Un modelo que, como demuestra el caso de Singapur, ni siquiera puede asegurarnos que no necesitaremos seguir recurriendo a medidas de confinamiento en el futuro.

Además de la salud, en la crisis del coronavirus están en juego la libertad y la capacidad de autoorganización social. Hoy, aunque en la UE se mantiene el decoro sobre la necesaria salvaguarda de los derechos y el discurso de la protección de la privacidad, la realidad es que muchos de estos sistemas de control están empezando a ser adoptados por nuestros gobiernos. Y, a la vista de la prensa y de algunos informes, podríamos estar asistiendo únicamente al principio de un despliegue mucho mayor. Smart cities, internet de las cosas, ciudad digital… Todas ellas son sinónimo de interconectividad masiva, recogida de datos, análisis de big data, biopolítica digital: un Ciberleviatán en ciernes con un potencial de control totalitario como la humanidad nunca conoció. Y todas ellas descansan sobre la implementación efectiva del 5G. Hoy, cuando la crisis ecológica y la tragedia climática hace que se tambalee el antiguo proyecto del progreso industrial, ¿sorprende que empresas y gobiernos se aferren con uñas y dientes a este nuevo movimiento especulativo que promete aumentar las ganancias y renovar la legitimidad de nuestro proyecto civilizatorio?

Actuar con contundencia es ahora más importante que nunca. La digitalización acelera el capitalismo precisamente cuando necesitamos desaceleración y transformación sistémica. La tecnología 5G está diseñada para llegar hasta el último rincón del planeta. A día de hoy ya se ha autorizado el despliegue de 12.000 satélites privados que llenarán el cielo, arrebatándonos un patrimonio que pertenece a toda la humanidad. EEUU acaba de autorizar el despliegue de un millón  de antenas mayoritariamente en zonas rurales. Aunque en Europa la crisis sanitaria de la covid-19 ha supuesto un retraso en el despliegue de la red 5G, gobiernos como los de EE UU o China aprovechan estos momentos de incertidumbre para pisar el acelerador y dejar vía libre a su desarrollo. Todo ello, insistimos, sin la investigación previa necesaria.

Es más, en las últimas semanas estamos siendo testigos de primera mano de uno de los peligros de la centralización de la información y de la crítica social en unas pocas plataformas digitales controladas por aún menos empresas multinacionales. YouTube o Facebook han puesto en marcha una cruzada contra las fake news que, curiosamente, no elige como objetivo a los instigadores del odio de la alt right, sino a los críticos de esta nueva tecnología. Amparándose en la vinculación por parte de muchos de 5G y extensión de la covid-19, un vínculo causal sin duda insostenible, páginas y vídeos desaparecen día tras día haciendo cada vez más complicada la oposición a una tecnología en la que el capitalismo industrial se lo juega casi todo a nivel económico y de legitimidad.

Nos encontramos en un punto sin retorno. Si todos estos proyectos prosperan, probablemente será mucho más difícil o imposible dar marcha atrás: es la dinámica de las "tecnologías atrincheradas" que han denunciado los estudios CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad). ¿Resulta sensato transigir con la extensión masiva de una tecnología que no ha sido investigada, una tecnología que muchos científicos señalan como potencialmente dañina, una tecnología que puede poner en riesgo nuestras ya debilitadas democracias? El principio de precaución aconseja hoy con fuerza una moratoria para el 5G: no sólo por los indicios de efectos sobre los cuerpos vivos, sino sobre todo por el daño al cuerpo social.

Por Adrián Almazán

Ecologistas en Acción

07/05/2020

Centro Penitenciario de Los Llanos, en la ciudad de Guanare. TWITTER

El Gobierno de Maduro asegura que se trató de un intento de fuga. Diputados de la región señalan que fue por falta de alimentos

 

Una refriega de un motín de reclusos en una cárcel del occidente de Venezuela dejó al menos 46 muertos y algunos informes reportan hasta 50 heridos. La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, confirmó el hecho sin precisar el número de fallecidos. Aseguró en un medio local que se trató de un intentó de fuga de los reclusos de la llamada cárcel de Los Llanos, ubicada en la ciudad de Guanare, del Estado venezolano de Portuguesa.

La diputada María Beatriz Martínez dijo que los reclusos estaban en la puerta del Centro Penitenciario de Los Llanos, mientras dialogaban con el director del penal y un militar encargado de la seguridad del penal, cuando se registró el motín.

Una refriega de un motín de reclusos en una cárcel del occidente de Venezuela dejó al menos 46 muertos y algunos informes reportan hasta 50 heridos. La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, confirmó el hecho sin precisar el número de fallecidos. Aseguró en un medio local que se trató de un intentó de fuga de los reclusos de la llamada cárcel de Los Llanos, ubicada en la ciudad de Guanare, del Estado venezolano de Portuguesa.

La diputada María Beatriz Martínez dijo que los reclusos estaban en la puerta del Centro Penitenciario de Los Llanos, mientras dialogaban con el director del penal y un militar encargado de la seguridad del penal, cuando se registró el motín.

“Extraoficialmente se habla de más de 40 muertos. Y aunque se pretende hacer ver como consecuencia de una fuga frustrada, familiares con los que he hablado dicen que el motín ocurrió por la prohibición de ingresar a la cárcel los alimentos a los privados de libertad. Ellos lo que tienen es hambre”, dijo Martínez.

La diputada contó que los presos tenían una protesta desde temprano e intentaban negociar con las autoridades. En un momento la alteración fue mayor y un grupo intentó romper la cerca y fueron repelidos por las fuerzas de seguridad. Luego hubo dos enfrentamientos armados más entre presos y guardias.

Durante la refriega, los reos usaron armas de fuego y blancas, así como objetos punzantes y una granada. El director de la cárcel, Carlos Toro, resultó gravemente herido de una puñalada en la espalda y la cabeza. Una custodio también resultó herida por esquirlas de una granada lanzada por uno de los reclusos. Los heridos de mayor gravedad fueron trasladados al hospital Dr. Miguel Oraá. En las cercanías de la cárcel se improvisó una morgue para identificar los cadáveres.

Como todas las cárceles de Venezuela, ese penal está en grave hacinamiento. Fue construida para alojar a 750 reclusos y adentro hay más de 2.500 hombres en graves condiciones de salubridad, con casos de enfermedades como tuberculosis, escabiosis y hepatitis, denunció el activista Humberto Prado, comisionado de Juan Guaidó para Derechos Humanos.

La alimentación de la mayoría de los presos en Venezuela está a cargo de sus familiares. Luego de casi 50 días de cuarentena por el coronavirus, en la que se han suspendido las visitas a familiares para evitar contagios, las dificultades de movilidad que hay en el país por la falta de gasolina y las restricciones de circulación de vehículos impuestas por el Gobierno de Nicolás Maduro han complicado aún más la logística de los familiares para atender a los detenidos.

 

Caracas - 01 may 2020 - 22:19 COT

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