"A la CIDH le preocupa la reacción de los Gobiernos a las protestas sociales"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comienza este lunes su 149 periodo de audiencias, una maratoniana semana en la que se van a revisar las violaciones de los derechos humanos en la región. Los casos que se van a tratar son una fotografía de la situación de las libertades públicas en el continente americano. Además de asuntos tristemente habituales como los ataques a la libertad de prensa, la situación de los derechos de las mujeres o el limbo ilegal del centro de detención que Estados Unidos tiene en Guantánamo, hay asuntos nuevos que se incorporan a la agenda de la CIDH, como el control de las comunicaciones, al hilo del escándalo del espionaje masivo e indiscriminado del Gobierno estadounidense desvelado por Edward Snowden, el uso de los drones para fines militares, no sólo por EE UU sino por otros países de la región, como Colombia o México, o los problemas derivados de la minería.

 

"Se trata de asuntos que antes ni siquiera eran dilemas. Son nuevos fenómenos y dinámicas que a través de su discusión en las audiencias pueden llevar a la construcción de nuevos estándares, tal vez de nuevos instrumentos y convenciones y cuando se construye una convención es porque ya se ha asumido que eso forma parte de la agenda, que se trata de un problema, que es una prioridad", explica a EL PAÍS desde su despacho en la sede de la CIDH en Washington, su secretario ejecutivo, el mexicano Emilio Álvarez Icaza. Es viernes por la noche, pero el trajín en los pasillos de la CIDH es el mismo que un lunes a mediodía.

 

Álvarez Icaza se muestra satisfecho ante el nuevo período de audiencias de la CIDH. "Es el año que más audiencias ha otorgado la comisión [52 de las 217 solicitadas], lo que manda un mensaje importante sobre la confianza de los usuarios en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y sobre que esta Comisión es activa y dinámica y responde al mandato de defensa de los derechos humanos".

 

Guantánamo, enquistado

 

El primer asunto que se va a tratar en el nuevo período de sesiones es el de la situación de los derechos humanos en la base de Guantánamo. Es la quinta audiencia sobre el centro de detención que desarrolla la CIDH, el primer organismo internacional en condenar la violación del sistema de libertades por parte de EE UU a quien ya se han impuesto varias medidas cautelares que no se han observado. "Nos preocupa en particular lo que ha sucedido con la huelga de hambre y con la alimentación forzada de los presos", señala Álvarez Icaza. La CIDH ha pedido al Gobierno estadounidense una visita "irrestricta y sin condiciones" a la base cubana, pero aún no han obtenido respuesta. El renovado esfuerzo por parte de la Administración Obama para cerrar la prisión ha levantado levemente las esperanzas de la Comisión.

 

"Para nosotros la designación de [Clifford] Sloan como enviado especial a Guantánamo es una buena señal. En la reunión que sostuvimos con él quedó claro que hay una convergencia de objetivos y éste es la clausura del centro de detenciones", señala Álvarez Icaza. El secretario ejecutivo, sin embargo, es consciente de que la voluntad de la Casa Blanca no es suficiente para acabar con la prisión de la base naval y que es necesaria la autorización del Congreso y del poder judicial, pero, sin embargo, es exigente. "EE UU tiene un debate que atora el cumplimiento de sus compromisos internacionales, pero no se puede poner siempre la excusa de que se trata de un país federal para no acatarlos. Otros Estados federales como México, Argentina o Brasil, no se han escudado en ello, una señal que refleja su voluntad de cumplimiento".

 

EE UU también va a ser el protagonista de dos audiencias que entroncan con preocupaciones de gran actualidad, las comunicaciones en Internet y la reforma migratoria. "La audiencia sobre la vigilancia de las comunicaciones nos va a permitir conocer y empezar a explorar los límites que pone la evolución digital y tecnológica al ejercicio de la libertad de expresión", señala Álvarez Icaza. La vista sobre los derechos de los inmigrantes en EE UU ha sido propuesta por el mayor sindicato de este país, AFL-CIO, una circunstancia que para Álvarez Icaza "envía un mensaje del importante debate que la reforma migratoria ha suscitado entre los trabajadores y sus familias".

 

Viraje en Colombia

 

El país objeto de mayores audiencias, con cinco, es Colombia. "Esto indica los importantes esfuerzos de la acción del nuevo Gobierno", afirma el secretario Ejecutivo para quien el hecho de que Colombia no se haya incluido en su capítulo IV, una suerte de lista negra en la que aparecen los países que perpetran más violaciones contra los derechos humanos, es un "reflejo del cambio de narrativa por parte del Ejecutivo de Juan Manuel Santos respecto del anterior". Álvarez Icaza destaca la aprobación de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de defensa que han reducido el riesgo y la criminalización de los defensores de los derechos humanos.

 

La CIDH también está muy pendiente del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. "Sabemos de la importancia estructural que ha jugado el conflicto armado interno en Colombia como fuente principal de la violación de derechos", señala Álvarez Icaza, quien advierte sobre el peligro del proceso de justicia transicional que adoptado el presidente Santos para juzgar los crímenes de guerra de las FARC y el Ejército. "Colombia debe encontrar la fórmula para que sus mecanismos de justicia no generen condiciones de impunidad", sostiene. En relación con este proceso, el viernes la CIDH tratará las denuncias de violaciones de libertades cometidas por los paramilitares y la situación de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de las conversación de paz.

 

La denuncia de Venezuela y la apertura en Cuba

 

Este es el primer período de audiencias desde que entrara en vigor la denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos formulada por Venezuela. Paradójicamente, su Gobierno ha solicitado que se trate uno de los casos que se debatirán a lo largo de esta semana. "Esta denuncia no afecta a la CIDH, sino a los venezolanos que ahora no podrán acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", se lamenta Álvarez Icaza.

 

La decisión de Venezuela, sin embargo, no impide que la CIDH siga cumpliendo allí su mandato como supervisor del cumplimiento de los derechos humanos, ya que únicamente perdería esa prerrogativa si ese país abandonara la OEA, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro no se plantea. "Detrás de todo esto hay dos ironías fuertes. La primera es que Venezuela ha manifestado su desacuerdo con la CIDH, pero, con su denuncia, es ahora la CIDH la última instancia para conocer las denuncias sobre la violación de las libertades en Venezuela y una audiencia puede tener más impacto que una sentencia", advierte Álvarez Icaza. "El Gobierno venezolano ha denunciado a EE UU por no firmar el Pacto de San José, pero con esta decisión se ha colocado del lado de ellos al situarse dentro del conjunto de Estados que no reconocen a la Corte".

 

Cuba también tiene presencia en el periodo de audiencias, con dos sesiones sobre los derechos de los activistas y sobre la situación de las Damas de Blanco. Álvarez Icaza defiende el papel de la CIDH en medio del nuevo tiempo de apertura abierto tímidamente por el régimen de la isla. "Con Cuba hay una relación especial porque no responde a nuestras comunicaciones, no viene a nuestras audiencias pero sí sabemos que las atienden y tienen incidencia" señala. "En nuestros más de 50 años de existencia, hemos podido observar que los informes o los casos que presentamos y que los países eventualmente no atienden luego se convierten en piedras angulares de sus procesos de transición y de fortalecimiento de sus instituciones democráticas", indica.

 

Las protestas sociales en la región

 

Entre las novedades de la nueva agenda se incluyen fenómenos alarmantes como la migración de haitianos en las Américas -"Nos llegan informes de que cerca de 50.000 haitiano llegan anualmente a Brasil a través de Perú", señala Álvarez Icaza-, o el de los derechos del colectivo homosexual y el de los reproductivos. Sin embargo, entre las 52 audiencias, ninguna incluye la extensión de las protestas ciudadanas en la región, un asunto, que, sin embargo sí inquieta a la CIDH.

 

"Hay una preocupación sobre cómo se responde ante estas protestas", reconoce Álvarez Icaza. "La protesta es un derecho, pero la represión es un delito y hay que trabajar por generar un contexto que garantice la protesta y que esa protesta no derive en hechos de violencia, porque eso va a provocar una intervención fuerte por parte de la autoridad", indica. "La CIDH ha venido haciendo una serie de llamados de atención en este último año y hemos pedido información a países de Centroamérica, México, Brasil o Colombia.

 

Álvarez Icaza, sin embargo, observa un trasfondo positivo detrás de este tipo de manifestaciones. "Si la gente sale a la calle y la protesta otorga a las instituciones un espacio para responder a sus reclamaciones, creo que eso es un signo de vitalidad de nuestras democracias", señala. "Se trata de un fenómeno que va más allá de la región, lo hemos visto en Europa y en los países árabes. La diferencia está en la génesis, en cómo participa la gente, cómo se comunica la gente, como construye los mensajes. Ahí sí hay un cambio y es una circunstancia que nos plantea dilemas sobre cómo pensar eso en código de derechos humanos, y esa es la parte sobre la que debemos reflexionar".

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Esta semana, Elsa Cruz interpuso una demanda ante un tribunal federal de Nueva York, meses después de que la policía le disparara y matara a su esposo. En mayo de este año, Cruz llamó al 911 para pedir ayuda para su esposo, Samuel. Temía que no hubiera tomado su medicación mientras ella estaba de vacaciones en su país de origen, Filipinas. Casi ocho meses antes de la muerte de Cruz, no muy lejos, en Harlem, Hawa Bah llamó al 911 para pedir asistencia médica para su hijo, Mohamed. En lugar de recibir asistencia médica, Mohamed se debió enfrentar al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Horas más tarde también murió en su apartamento a manos de la policía, de ocho disparos, uno de ellos en la cabeza. Su hermana, Oumou Bah, entabló una demanda contra la Ciudad de Nueva York y contra varios oficiales de policía. Si bien ninguno de los juicios les devolverá la vida a las víctimas, podrían evitar otras muertes al obligar a los Departamentos de Policía de New Rochelle y de Nueva York a adoptar una práctica policial cada vez más reconocida para lidiar con personas en situación de estrés emocional, denominada el "modelo de Memphis".

 

El martes pasado en el programa de noticias "DemocracyNow!", tuve la oportunidad de entrevistar en exclusiva a Hawa Bah y a Elsa Cruz. Ellas no se conocían. Se vieron por primera vez en nuestro estudio.


Hawa Bah viajaba todos los años a Nueva York desde Guinea, en África, para ver a su hijo Mohamed. En su última visita, le sorprendió el deterioro del estado de salud de su hijo. Había perdido mucho peso y tenía un corte encima del ojo. Actuaba en forma errática. Sospechó que estaba deprimido y quiso llevarlo al hospital. Como no logró convencerlo de que fuera, pidió ayuda a sus amigos, quienes le sugirieron que llamara al 911. Hawa me dijo: "Cuando vi la patrulla, los miré y les dije 'Yo no llamé a la policía, llamé a una ambulancia'. Y ellos me dijeron: 'No, señora. No se preocupe. Aquí, en Nueva York, cuando llama a la ambulancia, nosotros llegamos antes. Vemos a la persona y llamamos a la ambulancia'. Me dijeron: 'No se preocupe, su hijo estará bien'".


Los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York nunca le dijeron a Mohamed Bah que estaban allí porque su madre los había llamado. Hawa Bah continuó: "Golpearon a la puerta y no le dijeron a Mohamed: 'Tu madre dice que debes ir al hospital'. Simplemente le dijeron: 'Abre la puerta, Mohamed. Vinimos a buscarte'".


Hawa Bah le suplicó a la policía que la dejaran hablar con su hijo, pero no se lo permitieron. Tampoco le dijeron a Mohamed que su madre estaba con ellos. Su abogado, Randolph McLaughlin, explicó lo que sucedió a continuación: "Después de más de una hora de griterío, de golpear a la puerta, de pasar cosas por debajo de la puerta, como un tipo de espejo, tiraron la puerta abajo, le dispararon con una pistola paralizante, le aplicaron choques eléctricos en los testículos y le dispararon ocho veces. La última bala fue directo a la cabeza. El tipo de herida que tenía alrededor del orificio de entrada indica que le dispararon desde una distancia muy corta".


El 26 de mayo, Samuel Cruz, al igual que Mohamed Bah, se estaba comportando en forma extraña. Elsa llamó al 911. Me contó lo que le dijo a la operadora: "No sé qué le sucede a mi esposo. Necesita ayuda. ¿Podría, por favor, enviar a alguien para que me ayude a llevarlo al hospital? La operadora me respondió: '¿Su esposo le está causando daño a alguien?' Y yo le dije: 'No, señora, no. Es una muy buena persona. Nunca dañó a nadie. ¿Podría, por favor, enviar a alguien, o lo que sea?' Y ella dijo que sí".


La policía de New Rochelle llegó al lugar, según describió Elsa "vestidos para ir a la guerra": "Tenían escudos, tenían armas, y parecía que estaban yendo a la guerra. Yo les dije '¿Puedo entrar a mi casa? ¿Puedo hablar con él? Y me dijeron: 'No. Nadie puede hablar'".
La policía entró al apartamento por la fuerza y mató a su esposo a tiros.


Tanto el Departamento de Policía de Nueva York, en el caso de Bah, como la policía de New Rochelle, en el caso de Cruz, afirman que la persona en dificultades amenazó a los oficiales con un cuchillo. Otro abogado de Bah y de Cruz, Mayo Bartlett, afirmó: "Lo que llama la atención de este tipo de casos es el hecho de que no se llama a la policía para que responda a un delito. No hay apuro. No hay necesidad de actuar de inmediato".


Aquí es donde entra en escena el "Modelo de Memphis". El Mayor Sam Cochran es un oficial retirado de la policía de Memphis, Tennessee. En 1987, la policía respondió al llamado de un hombre que se estaba infligiendo daño a sí mismo y amenazando a otros con un cuchillo. La policía mató al individuo. Las protestas de la comunidad impulsaron al alcalde a reclamar una solución urgente. Se creó el Equipo de Intervención en Casos de Crisis (CIT, por sus siglas en inglés). Sam Cochran me explicó qué son los CIT: "CIT es un equipo de intervención en casos de crisis. No se trata de un programa de las fuerzas de seguridad, sino que es un programa comunitario que tiene tres partes: las fuerzas de la ley, los servicios médicos de salud mental y los equipos de defensa". Ante un llamado de este tipo, el CIT envía a un oficial capacitado o a un profesional de la salud mental al lugar para calmar la situación. Desde su creación en Memphis, este modelo de intervención ha sido adoptado en más de 2.500 comunidades en 40 estados de Estados Unidos, y también a nivel internacional.


Las familias Cruz y Bah entablaron demandas para exigir a los Departamentos de Policía de New Rochelle y de Nueva York que adopten la política de respuesta de los CIT. Como explicó el abogado Randolph McLaughlin: "La policía sostiene exactamente lo mismo en el caso de Bah y en el de Cruz: 'Nos enfrentó con un cuchillo y lo matamos'. Entonces, surgen varias preguntas: ¿Cuál era el plan? ¿Tenían un plan cuando tiraron la puerta abajo? ¿Por qué tiraron la puerta abajo? ¿Por qué no calmaron los ánimos? ¿Por qué empeoraron la situación? De hecho, los policías que actuaron en todos estos casos no fueron entrenados para intervenir en situaciones de crisis. Fueron entrenados para usar la fuerza, una fuerza mortal. Y si esa es la única arma que un policía tiene a su disposición, la utilizará".

 

Publicado el 25 de octubre de 2013

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Viernes, 18 Octubre 2013 07:33

La estrategia de la tensión

La estrategia de la tensión

En tiempos recientes, marchas y manifestaciones masivas y pacíficas acaban inexorablemente con escenas de violencia y un número importante de presos. Sólo parcialmente se puede argumentar que algunos sectores juveniles se radicalizaron después de la experiencia del movimiento #YoSoy132 que, logrando victorias simbólicas sin alcanzar detener la imposición, pudo haber dejado un sabor más amargo que dulce e incrementado las filas de algunas franjas –anarquistas y no– que exaltan el valor ejemplar de la acción directa.

 

Por otra parte, es evidente que, desde el otro lado, desde los aparatos represivos, se están utilizando una serie de métodos que ya se habían visto en gran escala en 2006 en Atenco y en Oaxaca y que no dejaron de ser parte del repertorio de acción de las fuerzas represivas en México.


Estos métodos, en efecto, tienen una larga y triste historia y, en conjunto, pueden ser nombrados y entendidos como lo que en Italia en los años 60 y 70 se conoció como "estrategia de la tensión". En estos años, en Italia, como en otros países capitalistas occidentales, frente a la intensificación de movilizaciones y protestas se diseñaron estrategias de contención que incluían la generación artificial de tensión, de un clima de violencia que era estimulado, cuando no iniciado, desde arriba, desde aparatos represivos visibles e invisibles, como los servicios secretos. Por medio de atentados, infiltraciones, persecución policiaca, represión sistemática y una serie de provocaciones se pretendía aislar, desestabilizar, criminalizar y poner a la defensiva a los movimientos emergentes y ascendentes. La estrategia de la tensión era una versión de la guerra de contrainsurgencia que se libró a escala mundial en los años 70 contra la avanzada de los movimientos revolucionarios. Una estrategia violenta, sangrienta y dramáticamente eficaz ya que permitió una victoria que modificó sustancialmente la correlación de fuerzas y abrió la puerta al neoliberalismo, la restauración de una serie de condiciones de acumulación que el capital había ido perdiendo a lo largo de los años por la presión y la fuerza de las luchas de las clases subalternas.


En el México de nuestros días, frente a una serie de movimientos que ofrecen una seria resistencia a los diseños de privatización y de despojo, se adoptan selectivamente, pero sistemáticamente, diversos elementos de la estrategia de la tensión. En particular, los llamados excesos policiacos que marcaron las manifestaciones de los meses recientes, podrían no ser simples excesos, errores humanos a condenar y castigar, sino ser entendidos como actos intencionales, parte de una estrategia orientada a generar miedo, frenar el crecimiento masivo de las protestas, aumentar los costos de la movilización, "crear" presos políticos para poner a la defensiva a los movimientos.


La historia enseña, en efecto, que la existencia de presos políticos suele generar una actitud defensiva no solamente porque alimenta el temor e inhibe la participación, sino porque obliga a las organizaciones y los militantes que permanecen en pie de lucha a restructurar las demandas, poniendo por delante la liberación de los compañeros, insistiendo en la denuncia de la represión, la violación de derechos humanos, lo cual lleva a segundo plano las demandas que originaron la movilización y que permitieron darle visibilidad.


En este sentido, la estrategia de la tensión es un poderoso instrumento reaccionario, un arma de doble filo que generalmente merma y debilita a los movimientos, pero desnuda a gobiernos y fuerzas políticas que, para llevar adelante políticas impopulares y defender a toda costa los intereses de las clases dominantes, recurren a tácticas ilegítimas e incluso ilegales.

 

Massimo Modonesi*, coordinador del Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM. Director de la revista OSAL del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

 

 

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Lunes, 23 Septiembre 2013 09:30

La cárcel y el pensamiento crítico

De izq. a der.: Hernando Gómez, Renán Vega, Omar Roberto Rodríguez

"Dolor infinito debía ser el único nombre de estas páginas.

Dolor infinito, porque el dolor del presidio es el más rudo, el más devastador de los dolores, el que mata la inteligencia, y seca el alma, y deja en ella huellas que no se borrarán jamás.


Nace con un pedazo de hierro; arrastra consigo este mundo misterioso que agita cada corazón; crece nutrido de todas las penas sombrías, y rueda, al fin, aumentado con todas las lágrimas abrasadoras".


José Martí, El presidio político en Cuba. (1873)

 

Tengo el privilegio de participar en este evento gracias a la invitación personal que me ha hecho mi dilecto amigo Miguel Ángel Beltrán, lo cual para mí es un honor y una responsabilidad solidaria. Un honor que yo pueda dirigir unas palabras sobre su nuevo libro, y una responsabilidad, porque los profesores de la universidad pública estamos siendo amenazados y es un deber y una obligación oponernos a los designios de quienes representan a los pregoneros de la guerra y el odio. En esta ocasión quiero referirme de manera breve y panorámica a tres cuestiones: al autor, a la obra, y a la cárcel.

 

EL AUTOR


Una tendencia de la crítica literaria y bibliográfica afirma que cuando se comenta una obra debe hacerse abstracción de quién es el autor y centrarse en forma exclusiva en la obra misma, para juzgarla de manera intrínseca y entender desde dentro sus virtudes y limitaciones, con independencia de la producción previa de un autor y de su trayectoria. Este presupuesto es difícil de aceptar cuando se comenta un libro como el que hoy estamos presentando, porque la vida de Miguel Ángel Beltrán está indisolublemente ligada, incluso como autobiografía, a su obra La vorágine del conflicto colombiano. Por tal razón, antes de hablar del libro que nos convoca es indispensable referirnos a su autor, lo cual nos remite al contexto colombiano actual.


Miguel Ángel es un notable estudioso e investigador de la realidad colombiana, pero no es un académico convencional, sino un activo participante en el drama de la vida nacional. Esto lo ha llevado a mirar la situación del país de una manera mucho más profunda que la del investigador tradicional y del típico profesor universitario, cuya relación con el saber social es puramente instrumental, porque cada vez se aísla más del mundo real, se centra en forma endogámica en una especialidad restringida y vende el conocimiento como cualquier mercancía (como sucede en Colombia con los violentologos).


Ese vínculo entre el conocimiento y el compromiso atraviesa toda la vida y obra de Miguel Ángel, siempre consagrada a la universidad pública, tanto como estudiante (en la Universidad Distrital, la Universidad Nacional y la UNAM de México) y como profesor. Este hecho es importante resaltarlo porque allí se encuentra, a mi modo de ver, el origen de la persecución que soporta nuestro colega y compañero.


Al respecto deben recordarse algunos hechos de esa persecución, que evidencian una responsabilidad directa del Estado en general y del uribismo en particular. El 1 de marzo de 2008 el Estado colombiano cometió un crimen de guerra en Sucumbíos Ecuador, lugar en el que fueron asesinados a mansalva 26 personas, entre ellas un ecuatoriano y cuatro estudiantes mexicanos, cuyos nombres no se pueden olvidar: Verónica Natalia Velázquez, Soren Ulises Avilés, Juan González del Castillo y Fernando Franco Delgado. Estas personas eran estudiantes de la UNAM y estaban vinculados al programa de Estudios Latinoamericanos. Además, en esa ocasión se inventó el mágico e indestructible computador de Raúl Reyes donde, como en la lámpara de Aladino, todos los días siguen saliendo documentos que inculpan a Raimundo y todo el mundo de ser terroristas y donde se anuncian con increíble precisión todos los hechos posteriores a 2008, en Colombia y en el mundo, ¡tales como las luchas de la MANE, el Paro Agrario e incluso los ataques de Estados Unidos a Libia y a otros países del medio oriente!


Aparte de calumniar a los estudiantes asesinados, para desviar la atención por el crimen cometido, el uribismo y sus áulicos mediáticos y académicos necesitaban un hecho de carácter internacional en el que se involucrara a un colombiano de la universidad pública con la UNAM, entidad que venía siendo infiltrada en forma ilegal por ese gobierno, como se ha comprobado después. El objetivo desde luego era claro: mostrar ante la opinión que esa respetable casa de estudios, la UNAM —que ha dado acogida a perseguidos políticos de todo el mundo durante diversas épocas— es un centro terrorista y, de esta manera, enlodar aún más la imagen de los cuatro estudiantes asesinados y justificar dicho crimen. En estas circunstancias, se prepara y efectúa el secuestro de Miguel Ángel Beltrán en México, donde él estaba adelantando estudios de Posdoctorado. Este es un hecho vergonzoso para el Estado de México, que se hizo cómplice de otro crimen del parauribismo y terminó con una tradición histórica de ese país como territorio que daba asilo a refugiados y perseguidos. Al respecto en el libro que comentamos se encuentra un testimonio que reafirma esto que decimos, el del periodista Rafael Maldonado Piedrahita, entrevistado en 1991:


"México era para nosotros en ese momento, el París para los Europeos, el país nación donde histórica y tradicionalmente, los exiliados políticos y los intelectuales habían encontrado cobijo. Recordemos que todos los poetas latinoamericanos, que todos los panfletarios latinoamericanos, que toda la intelectualidad perseguida del continente, termina asilada en México, entonces para nosotros formaba parte de esa tradición cultural y política de asilo y ninguno de nosotros pensaba en Lima, Buenos Aires o Río de Janeiro. Para nosotros el sitio obvio, natural, de asilo era México". (p. 176).


El régimen de Felipe Calderón rompió con esa tradición de casi un siglo, lo que se reafirmó con lo sucedido a Miguel Ángel. Éste fue secuestrado y traído en forma ilegal a Colombia, donde los esbirros del régimen lo maltrataron y lo presentaron ante los medios de comunicación como un "peligroso terrorista" y se inició un falso positivo judicial, que aún no termina. Este hecho criminal fue avalado y amplificado por los medios de desinformación masiva, con todo tipo de mentiras e infundios. La farsa duró dos largos años en los cuales Miguel Ángel permaneció tras las rejas, hasta que una a una se fueron cayendo las falsas pruebas y nuestro amigo quedó en libertad.


Pero para él la tragedia no ha terminado, porque después de su retorno a la Universidad Nacional, un Torquemada medieval que ocupa un alto cargo público se encargó de abrirle un proceso disciplinario absolutamente arbitrario, con las mismas falsas pruebas usadas por la Fiscalía, y, como en el caso de la Senadora Piedad Córdoba, procedió a destituirlo de su cargo de profesor y a inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante 13 años, según falló en primera instancia del 3 de septiembre de este año. No sobra decir que esto representa la muerte laboral y pública y la violenta interrupción de una notable carrera docente e investigativa.


Hay que decirlo con todas las letras: este ataque planificado, realizado con toda la impunidad que ronda a los poderosos de este país, se centra en forma personal en Miguel Ángel, pero el asunto no se queda ahí, porque lo que en realidad se está poniendo en cuestión es la libertad de pensamiento y opinión en general y en particular en el ámbito universitario y académico, para que todos los que pensamos distinto a las clases dominantes y al Estado seamos acallados y criminalizados. El mensaje que transmite la Procuraduría es similar al de los inquisidores y censores de todos los tiempos: aquel que piense, escriba, opine en forma distinta a la oficial sobre el conflicto interno colombiano es y será considerado como un "guerrillero desarmado" o un "terrorista de civil", que debe ser acallado y procesado en el mejor de los casos o asesinado y desaparecido, como sucedió con el también sociólogo colombiano Alfredo Correa de Andreis, quien murió por acción del DAS el 17 de septiembre del 2004.


Entre paréntesis, el 17 de este mes el DAS pidió perdón obligado y por orden judicial colocó una placa en la ciudad de Barranquilla, en el mismo lugar en donde fue asesinado el investigador costeño, con esta inscripción: "En memoria de Alfredo Correa De Andreis, asesinado en Barranquilla el 17 de septiembre de 2004. Hechos como los que originaron su muerte, jamás deberán repetirse. DAS en proceso de supresión, 17 de septiembre de 2013". Ese día Magda Correa de Andreis, hermana del profesor asesinado, sostuvo que una "administración tenebrosa le hizo un montaje que le provocó la muerte"i.


He aquí el meollo del asunto: los pensadores críticos e independientes han sido y siguen siendo perseguidos por una "administración tenebrosa" y una (in)justicia también tenebrosa, que se basa en la mentira, la calumnia, la invención de pruebas, para perseguir a todos los que disienten, con el fin adicional de reafirmar su proyecto de liquidar de una vez por todas con lo que queda de universidad pública.


Mientras esto sucede, de lo cual Miguel Ángel es la prueba más palpable, los verdaderos criminales siguen actuando a sus anchas. Esto, por lo demás, no nos debe extrañar porque en una sociedad traqueta, como lo es la colombiana, lo que da prestigio no es el estudio o el ejercicio del pensamiento, sino los crímenes cometidos. De ahí que Pablo Escobar y sus émulos tengan tanta popularidad en el país y en algunas universidades se dicten cátedras que llevan el nombre de parapolíticos condenados, como sucede con César Pérez García, responsable intelectual y organizador de la masacre de Segovia en 1988, en la que fueron asesinadas 43 personasii.


Pero no nos desviemos de nuestro objetivo, que es el de apreciar las calidades intelectuales, académicas y humanas de Miguel Ángel Beltrán, cuya límpida trayectoria de investigador no se ha visto entorpecida, ni mucho menos, por la privación de la libertad y el acoso al que se ha visto sometido, y que lo ha llevado a exiliarse en forma forzosa. Por el contrario, y como claro ejemplo que el saber comprometido con las causas populares y las vastas mayorías de este país, no tiene como objetivo intereses personales y falsos reconocimientos, Miguel Ángel ha producido en los últimos años varias obras, entre las que cabe mencionar Crónicas del "otro cambuche" y La vorágine del conflicto colombiano.


Con esto se demuestra que, cuando se tienen convicciones profundas y principios definidos, ni la cárcel ni la persecución pueden silenciar a los pensadores ni ocultar las verdades que éstos recuerdan a diario.

 

LA OBRA


La dura realidad latinoamericana se constituye en el trasfondo en el que se origina una importante producción bibliográfica crítica y alternativa a las explicaciones convencionales y conservadoras, y que desde el mismo siglo XIX ha ido forjando una rica y creativa veta explicativa sobre lo propio y específico de nuestro continente.


Después de la Revolución Cubana y durante el último medio siglo esa producción bibliográfica creció y se multiplicó a lo largo y ancho del continente, dando origen a un género propio y forjado de manera creadora en estas tierras: el testimonio. Es tal la importancia de esta forma de reflexión y escritura que Casa de las Américas —ese faro de la cultura al que tanto debemos los latinoamericanos, con sede en La Habana— creó hace muchos años un premio a este género, el cual ha reconocido a valiosas obras, en las que emergen extraordinarias historias de seres anónimos, que de otra manera nunca hubieran sido conocidas.


El género testimonio es un hibrido entre la literatura y la reflexión política y social, en el que se combinan la autobiografía, las historias de vida, la historia oral, las vivencias personales y el análisis sociológico e histórico. La importancia de este género testimonial estriba en que ha permitido conocer las voces de los vencidos, de los de abajo, de los humildes y ha producido obras de trascendencia universal, como Biografía de un cimarrón, de Miguel Barnet o Memorias de Miguel Mármol, de Roque Dalton, para señalar tan solo dos ejemplos. En la primera se reconstruye la vida de Esteban Montejo, un antiguo esclavo que en 1963, cuando tenía más de cien años, narró las peripecias de su extraordinaria existencia en la Cuba de finales del siglo XIX. En la segunda obra se recrea la apasionante vida de un dirigente del partido comunista de Salvador, que fue uno de los treinta mil fusilados de 1932 por la terrible dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, y que por pura suerte sobrevivió.


Desde la década de 1960 el género testimonial ha incursionado en diversos temas y se ha expandido en términos geográficas por todo el continente. Esto se explica por la misma complejidad y riqueza social y cultural de nuestras sociedades, diversidad y riqueza que se ha intentado extirpar mediante la fuerza bruta y el opio mediático, como lo han hecho las dictaduras militares y los regímenes de seguridad nacional Made in USA, todos los cuales dejaron, y dejan, una estela de sangre y horror, con el intento no solamente de destruir cualquier proyecto alternativo al capitalismo, como sucedió en Chile hace 40 años, sino también de borrar la memoria de las luchas de los vencidos y legitimar los crímenes de las clases dominantes y de los Estados.


En ese contexto adquiere un significado especial el testimonio, porque se constituye en un medio literario, estético y político —en el sentido profundo del término—de dar a conocer la injusticia y desigualdad de nuestras sociedades, junto con la extraordinaria capacidad de resistencia, lucha e imaginación de los explotados y oprimidos.


En nuestro país también se ha consolidado el género testimonial, el cual se encuentra íntimamente ligado a la violencia estructural imperante desde hace varias décadas. Entre esos aportes se pueden mencionar, a manera de ejemplos, la obra pionera Las Guerrillas del Llano de Eduardo Franco Isaza (1955) y las de Alfredo Molano. Esas obras han abierto camino a muchos autores, que han recurrido a la misma técnica para contar sus historias personales y las de otras personas. En este sentido, habría que diferenciar, aunque su distancia sea sutil y relativa, entre el testimonio autobiográfico y el testimonio que reconstruye la vida de otros. En cualquier caso, lo decisivo radica en que una obra de esta naturaleza relata hechos vividos en forma directa y se reconstruyen a través de la palabra viva, la que luego es recreada por el escritor y se plasma en un texto impreso.


A esta técnica es la que recurre Miguel Ángel en su libro La vorágine del conflicto colombiano, a partir de su propia experiencia como preso político en varias cárceles del país. El autor vive en forma directa esa traumática experiencia y a partir de allí concibe y escribe esta enjundiosa obra, para mostrar tras los barrotes la compleja y terrible historia de Colombia, desde el 9 de abril hasta la actualidad. Con su mirada de sociólogo, Miguel Ángel escruta todo lo que se encuentra a su alrededor en la cárcel y, recurriendo a un papel, a un lápiz y a su memoria personal, toma nota de todo lo que ve, y sobre todo, de lo que escucha. Así, durante los largos 25 meses de su cautiverio, va armando un libro, primero en su cabeza, que luego plasma magistralmente en papel y que hoy tenemos la fortuna de conocer. En condiciones tan complicadas para la labor intelectual, el autor recurre a la técnica testimonial de las historias de vida, a través de las cuales describe un intrincado tejido social en el que se configura la trayectoria existencial de los reclusos de las cárceles colombianas, pero en especial de aquéllos que están relacionados directamente con el conflicto armado.


Con una gran amplitud mental, pero con una notable firmeza política, Miguel Ángel reconstruye el conflicto interno del país, a través de las voces y recuerdos de algunos de sus protagonistas directos, los cuales cuentan y analizan su propia vida, pero también la de Colombia. Con un estilo literario directo y comprensible se presentan testimonios de guerrilleros, paramilitares y miembros de los cuerpos represivos del Estado, con lo que se proporciona una imagen integral de la guerra que soportamos. Para el efecto, el libro se divide en tres partes: la primera se titula "Protagonistas del conflicto" (pp. 35-157), la segunda, "La cárcel: 'juntos pero no revueltos' (159-282), y la tercera y última, "los hilos del pasado" (283-381).

 

 


En la primera parte se presentan, en su orden, testimonios de militares, paramilitares, guerrilleros y uno especial de un personaje que fue en forma sucesiva guerrillero, soldado y paramilitar, que es, como lo dice el autor, un caleidoscopio de la guerra en Colombia. En esta parte, se evidencia el origen humilde y campesino de las personas que participan e intervienen en forma directa en la guerra, y queda claro, sin necesidad de leer con mucho cuidado, que la violencia tiene un origen estructural, y opera como un mecanismo para perpetuar la desigualdad y la injusticia en beneficio de los poderosos, lo cual se ha sustentado en un prolongado terrorismo de Estado. Esto no lo dice el autor en forma directa, sino que emerge de los mismos testimonios, en los que queda claro, en contra del falso sentido común que engendra el mismo Estado y falsimedia, que las violencias no son iguales ni simétricas, sino que la responsabilidad principal recae en el Estado, como lo dice Juan Carlos López un suboficial (r) del Ejército, para quien "las autodefensas son el ejército oculto del estado" (p. 60). O como lo sostiene en forma enfática Yimmy, miembro de las Autodefensas Campesinas del Casanare:


"Nosotros no fuimos los únicos victimarios [...] hay agentes del Estado, altos funcionarios y políticos que también lo son y que contribuyeron a fortalecer las organizaciones de autodefensas.


[...] la lucha de las autodefensas fue iniciativa del mismo Estado: la desaparición forzada, las masacres fueron estrategias provenientes del mismo Estado y de sus agentes y nosotros recibimos de ellos sus instrucciones militares antisubversivas y hoy, detrás de estas rejas, venimos a darnos cuenta que fuimos utilizados por el Estado [...]". (pp. 87-88).

 

Este es un aspecto importante, porque hoy se difunde la falsa imagen que el Estado no es el principal responsable de la violencia y, en el mejor de los casos, que las violencias son simétricas. Con los testimonios que trae el libro de Miguel Ángel se demuele esta falacia.


Esta primera parte transcurre, por decirlo así, en el ámbito externo y previo a la cárcel, cuando los protagonistas recuerdan sus episodios de guerra. La segunda parte se traslada de ese ámbito externo al interno, a la cárcel propiamente dicha. Allí lo que se cuenta es la miseria e injusticia de la cárcel en Colombia, convertida en un verdadero molino de destrucción de los seres humanos que tienen la desgracia de llegar allí, sin importar si son presos sociales o políticos, y ese lugar no tiene el mínimo atisbo de ser un centro de resocialización o reeducación como dice la propaganda oficial. Pero también se relata la manera como los presos políticos se organizan para no dejarse hundir en medio de la miseria y la desesperanza y mantienen sus concepciones y sus formas colectivas de lucha.


Estos presos políticos resisten a pesar de que el Estado y la prensa nieguen su existencia y como en la época de Julio César Turbay Ayala se haya convertido en axioma la cínica afirmación, que también aparece referenciada en el libro, de ese nefasto Presidente de la República (1978-1982) que negando la existencia de esos prisioneros, haya dicho que aquí en Colombia el "único preso político soy yo". Esa negación, que complementaba la negación del conflicto armado interno, ha servido al Estado para violar los más elementales derechos de los prisioneros y ocultar, literalmente, la existencia de unas 8.000 personas que están detenidas por sus convicciones políticas.


Afortunadamente, voces valientes como las de Miguel Ángel y la Fredy Julián Cortés –otro profesor de la Universidad Nacional encarcelado arbitrariamente y autor del libro Te cuento desde la prisión— han mostrado con sus escritos y denuncias que en Colombia si hay presos políticos y que soportan condiciones indignas e inhumanas de existencia.


Finalmente, en la tercera parte del libro, Miguel Ángel se anticipa y responde a la negación de la historia sobre el origen del conflicto en Colombia —que se acaba de oficializar en el Informe del grupo de Memoria Histórica—, en donde se sostiene que ese conflicto se desencadena con la aparición de la insurgencia de izquierda durante el Frente Nacional, con lo cual se lava la imagen de los partidos tradicionales y se borran sus crímenes (unos 300 mil muertos, por lo menos) durante la fase de la violencia partidista, entre 1945 y 1958. El autor reconstruye los hilos del pasado, que no han desaparecido, que unen el hoy y el ayer, y que implica, en términos historiográficos y políticos, incorporar la "primera violencia" para entender la actual. Eso se hace con el testimonio del padre de Miguel Ángel, un oficial retirado de la Policía Nacional, en el que se recuerda parte de lo sucedido después del asesinato de Gaitán y la violencia ejercida por pájaros y chulavitas, como se llamaba a los paramilitares de aquella época. También aparecen testimonios de otros momentos álgidos de la violencia contemporánea, referidos al exterminio de la Unión Patriótica y la persecución al M-19 tras el robo de armas al Cantón Norte, efectuado a finales de 1978.


Hay que decir que por momentos el autor recurre a la ironía, al valerse de algunos documentos oficiales en los que se dicen bellezas que nada tienen que ver con la realidad nacional, tal y como se patentiza con las afirmaciones de Turbay Ayala sobre la inexistencia de presos de conciencia en este país en los años de 1979-1980, cuando las cárceles estaban repletas de miembros del M-19 y de otras organizaciones insurgentes, y cuando se había generalizado la tortura contra los opositores políticos, como expresión clara del terrorismo de Estado.

 

LA CÁRCEL

 


Un último punto al que me quiero referir en forma breve es el de la cárcel, porque constituye el escenario en el que se concibió este libro y la temática de fondo del mismo. La cárcel simboliza a pequeña y mediana escala la profunda injusticia y desigualdad imperante en este país, porque allí se traslada y evidencia la estructura de clases aquí existente.


No sorprende que los presos sociales —pertenecientes, en términos generales, a los sectores más pobres y humildes de la sociedad— y los presos políticos —muchos de ellos de origen campesino— estén hacinados en condiciones indignas y soportando todo tipo de vejámenes y humillaciones, mientras que los pocos presos de las clases dominantes (parapolíticos, miembros del Paramento, delincuentes de cuello blanco –como los Nule) o ligados a ella (como uno de los responsable de la masacre del Palacio de Justicia) residan en lugares que no tienen nada que envidiarle a los hoteles de cinco estrellas. En condiciones similares se encuentran los miembros del Ejército y la Policía responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad que disfrutan del Melgar Resort y hoteles parecidos, con comodidades increíbles, las que nunca podrá alcanzar un colombiano común y corriente.


Los dos libros de Miguel Ángel referidos en forma directa o indirecta a su arbitrario e injusto cautiverio nos dicen mucho sobre esa dura realidad que se quiere negar, pero que está ahí y que nos abruma por su brutalidad: la de las cárceles colombianas. Allí se consume la vida de miles de colombianos que no tuvieron la oportunidad de estudiar, de conseguir un empleo digno, de tener un ingreso que les permitiera sobrevivir a ellos y sus familias, que se vieron empujados a llevar drogas en su cuerpo hacia los Estados Unidos o aquellos que se han revelado contra la injusticia. Mientras tanto, reconocidos criminales, con un interminable prontuario se aprestan a ser senadores de la república, y mantienen su arrogancia, porque saben que la impunidad los protege y tolera todas sus acciones delictivas.


La cárcel es un instrumento para aterrorizar y domesticar a la gente, para que asuma la desigualdad y la opresión como algo perfectamente normal y natural y por eso el régimen carcelario reproduce al pie de la letra la lógica del capitalismo neoliberal, esto es, castigar a los cuerpos, para que su fuerza de trabajo esté siempre disponible y a bajo precio. En el caso de los que piensan, la prisión es utilizada por el Estado terrorista para acallarlos e intimidarlos, para impedir que se difundan otras formas de ver la sociedad y el conflicto en este país.


El libro de Miguel Ángel Beltrán es un testimonio directo no sólo de alguien que ha soportado todo tipo de maltratos y calumnias por parte del Estado y los dueños de este país, sino, lo que es más importante, de una persona que ha dado ejemplo de firmeza y dignidad, para no traficar de ninguna forma con su dolor a cambio de unas dadivas miserables que ofrece el régimen. Con esto se demuestra que en Colombia, al igual que ha sucedido en otros lugares y otras épocas, hombres y mujeres valerosos han convertido a la cárcel en otra escuela de la vida, para reafirmar sus convicciones y sus ideales de lucha. Esto nos recuerda lo dicho por el personaje central de la novela de Jack London, El vagabundo de las estrellas:


"[...] he conseguido evadirme de mi tumba, escapar de ella pese a la reclusión a la que me sometieron, en mi vuelo inusitado que muy pocos hombres libres han conocido. Sí, me río de aquellos que creyeron encerrarme en este calabozo y que, por el contrario, me han abierto los siglos. Gracias al castigo, he podido ir recorriendo todas mis existencias anteriores"iii.


Miguel Ángel con sus libros, como el personaje de Jack London, se ha evadido de los carceleros, de aquellos que quieren encadenar el pensamiento con los grilletes de la censura y la intolerancia. Para terminar podemos recordar las palabras de José Martí, que aparecen en su texto sobre su experiencia como prisionero político en España, cuando todavía ondeaba la bandera del decrépito imperio ibérico sobre Cuba:


"La honra puede ser mancillada.

La justicia puede ser vendida.

Todo puede ser desgarrado.

Pero la noción del bien flota sobre todo, y no naufraga jamás.
Salvadla en vuestra tierra, si no queréis que en la historia de este mundo la primera que naufrague sea la vuestra.
Salvadla, ya que aún podría ser nación aquella, en que perdidos todos los sentimientos, quedase al fin el sentimiento del dolor y el de la propia dignidad"iv.

 

La vorágine del conflicto colombiano: una mirada desde las cárceles,

ediciones desdeabajo, 2013.

 

NOTAS


i. "El DAS no pidió ningún perdón: fue una obligación", http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-das-no-pidio-ningun-perdon-fue-una-obligacion-articulo-447034
ii. En la página web de la Universidad Cooperativa puede leerse al respecto esta perla de impunidad "La Facultad de Ingenierías de la sede Medellín celebró en su bloque ubicado en el sector de Buenos Aires el tradicional día del Ingeniero. [...] El acto central de la celebración fue el lanzamiento de la Cátedra Abierta de Ingeniería "César Pérez García" por parte de la Directora Académica de la sede Medellín, Ligia González Betancur". En la intervención, mencionó los comienzos de la Universidad y el papel que jugó el doctor Pérez García durante los primeros años para la consolidación de la institución. De igual manera mencionó sus calidades personales y profesionales. La Cátedra abierta se constituye como un espacio de apropiación del conocimiento científico, tecnológico y empresarial en aspectos de orden ingenieril. Se denomina abierta porque recibirá personas interesadas de todos los sectores de la sociedad. Internamente busca que los estudiantes logren identificar aspectos académicos propios de su formación, relacionados con las mejores prácticas y desarrollos actuales que se vienen gestando en grupos de investigación, empresas y organizaciones nacionales e internacionales". http://www.centrohistorialopezmichelsen.hol.es/catedra-cesar-perez-garcia.html
iii. Jack London, El vagabundo de las estrellas, Plaza y Janes, Barcelona, 1975.
iv. José Martí, El presidio político en Cuba, disponible en http://jose-marti.org/jose_marti/obras/documentoshistoricos/presidiopolitico/presidio01.htm

 


 

 

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Lunes, 26 Agosto 2013 20:29

Un paro que funde confianza

Un paro que funde confianza

El paro nacional agrario, prosigue. Este lunes 26 de agosto sus impulsores definieron establecer una mesa de negociación con delegados de campesinos de Boyacá, Nariño y Cundinamarca (4 delegados por cada región). Para llegar a este acuerdo le tocó al mismísimo presidente Juan Manuel Santos, después de asegurar que el paro no existía, dar la cara y negociar con los campesinos y los transportadores. Su presencia en Tunja fue abucheada por medio de un cacerolazo en el que participaron miles de los habitantes de esta ciudad, congregados en su plaza principal.


Hay que recordar que durante el sábado y el domingo, en el curso de largas horas de discusión, el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñan, no logró que los manifestantes aceptarán una negociación parcelada. La mesa para el encuentro de las partes se instalará a la 1 p.m. del martes 27 en la ciudad de Tunja.

 

La decisión del Presidente de encarar en persona esta negociación da cuenta de una verdad inocultable: el paro va ganando en intensidad, extensión, solidaridad, actores. Su manifestación más notoria: el cerco lento pero creciente sobre Bogotá, que ya preocupa a las élites. En diversidad de municipios de Boyacá los campesinos y sus hijos (estudiantes), protestan: Zipaquirá, Ubaté, Tunja, Umbita, Duitama, han sido testigos de fuertes protestas, obligando a sus gobiernos locales, incluso, a decretar el toque de queda general o parcial (para jóvenes a partir de cierta edad). A estas "precauciones" con el orden público se suma la clausura temporal de clases en universidades capitalinas, así como la postergación de la prueba del Icfes en diversidad de municipios de todo el país.

 

No es para menos. El fin de semana se presentaron cierres en 18 vías de Boyacá, además de protestas en 17 departamentos, todos ellos del centro del país; vías que en su totalidad desembocan o pasan por Bogotá, por lo cual, de esta situación proseguir, la capital del país podría verse ante una crisis en su oferta de alimentos. Las protestas del fin de semana en Corabastos, además de la movilización de cientos de campesinos en el vecino Sumapaz, despiertan también esta alarma. Manifestaciones de apoyo a esta protesta al interior de la propia ciudad, lideradas por estudiantes también despiertan preocupación. El paro nacional decretado por la madres comunitarias para este mismo 26 de agosto, y el de los docentes para el 10 de septiembre también suman en el climax de inconformidad en que va entrando el país y en los ponderados que se deben considerar en la Casa de Nariño.


 
El ejemplo


 
Este levantamiento campesino, a despertado solidaridad en diversidad de sectores de Colombia. Sin rubor, variedad de personas, ante la pregunta... ¿qué piensa de este paro?, responden sin dudarlo: "La gente de Boyacá nos está dando un ejemplo de dignidad".

 

Y no sobra recordar que esta misma gente, mucha de ella con su ruana para protegerse del frío, fue la que varias generaciones atrás se batió en estos campos contra el ejército español. Dos siglos han trascurrido de aquella gesta, y ahora lideran ante todo el país una lucha consciente contra los designidos de los Tratados de Libre Comecio, los cuales amenazan con dejarlos en la ruina. Sin duda, una lucha más por la soberanía nacional. No es extraño, entonces, que la misma gente a la que se consulta exclame, sin pudor: ¡Viva Boyacá y sus campos".


 
El recurso más común


 
Durante estos 8 días que van de paro la respuesta oficial ante la protesta social ha sido lo ya conocido en este y en anteriores gobiernos: intimidación, fuerza, violencia. Los heridos y los detenidos se cuentan por cientos, y las judicializaciones amenazan con llevar a la cárcel –hasta por 15 y más años– a quienes reclaman sus derechos. Es la criminalización de la protesta social, para lo cual se ha preprado el Estado a través de una cascada de leyes promulgadas en los últimos años.

 

Este es un proceder ya conocido del Estado colombiano. El otro es la larga mano de la "justicia", la cual se hace sentir cuando la necesita el poder. En esta ocasión no ha sido distinto. Es así como el domingo 24 fue detenido Hugo Ballesteros, el dirigente campesino, integrante del Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Para privarlo de su libertad revivieron los computadores de Raúl Reyes –asegurando que allí aparece su nombre– un recurso transnochado, ya invalidado por la Corte Suprema de Justicia, que en agosto de 2011 conceptuó que los computadores del abatido jefe guerrillero no sirven para ningún proceso judicial por que cayeron en un operativo militar en el extranjero sin ninguna autoridad judicial del país de origen.


Sin duda, su detención es una forma de amedrentamiento contra los movimientos sociales que adelantan el paro nacional agrario en todo el país. En este sentido se pronunciaron voceros de diferentes agrupaciones que, durante el curso de la mañana del lunes 26 realizaron un plantón en la puerta del complejo judicial de Palo Quemado, a donde se esperaba sería llevado el líder campesino para la legalización de su captura.


 
Voces


 
Carlos Lozano, dirigente del Partido Comunista Colombiano aseguró que esta es la forma como el gobierno Santos responde a la protesta nacional, sumado a las diferentes violaciones de los derechos humanos, los asesinatos de manifestantes, incendios de viviendas y muchas otras formas de terror por parte de la policía.

 

En cuanto al balance del paro aseguró que va por buen camino ya que por lo menos los labriegos de 15 departamentos se han sumado a la protesta y aunque el gobierno ha pretendido dividirlos en mesas separadas, los líderes de cada región no han aceptado, "los problemas son los mismos, luego la negociación debe ser una sola para todos", explicó.


 
César Jerez, vocero de los campesinos en la mesa del Catatumbo también se presentó en el plantón. Allí explicó que el movimiento de campesinos del que es delegado no se sumará al paro porque esa mesa tiene adelantado varios puntos, pero aclaró que están pendientes de la evolución del conflicto en el resto del país para tomar decisiones.


 
En cuanto a la persecución de los líderes explicó que "la estigmatización es un arma de guerra que el gobierno ha usado tanto que ya está desgastado, ni siquiera sectores de la propia derecha o integrantes del gobierno ya creen en la acusaciones de la inteligencia militar o de policía ni en la declaraciones del ministro de defensa". César Jerez fue señalado por su posible militancia en la guerrilla por haber estudiado fuera del país.


 
Jairo Ramírez, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, expresó que el paro agrario ha evidenciado una aplicación del terrorismo por parte del Estado contra la población civil. Denunció que la policía ha incendiado viviendas, ha atacado a mujeres embarazadas, robado comida, saqueado el comercio y golpeado, algunas veces hasta la muerte a los manifestantes.
 


El reto


 
Una vez aprobadas las tres mesas de negociación acordadas hoy con Juan Manuel Santos, queda por ver si los líderes de este paro, tanto en Boyacá, Cundinamarca y Nariño, logran hacer prevalecer la solidaridad y la visión de conjunto a los intereses particulares. Es un reto mayor, que de mantenerse en las negociaciones mostraría que los movimientos sociales en Colombia están entrando en una nueva etapa.
Ya veremos el humo que circundará los campos de Colombia en el curso de esta semana.

 

Articulo actualizado martes 27 de agosto 6 a.m.



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Viernes, 23 Agosto 2013 06:28

Se hacen populares las cárceles privadas

Se hacen populares las cárceles privadas


En casi todas las regiones del mundo hay países que adoptan un sistema penitenciario privado promovido por Estados Unidos, pese a que la evidencia acumulada muestra que no son rentables ni ofrecen servicios adecuados.


 
Nuevos datos divulgados el martes 20 revelan que casi una decena de países en África, América del Norte, América del Sur, Asia Pacífico y Europa, instauran centros de detención privados con fines de lucro en sus sistemas penales.


 
El modelo surgió en Estados Unidos, donde ahora se trata de disminuir la población carcelaria. Esto derivó en la exportación de conocimientos sobre penitenciarías privadas.


El creciente interés internacional “ayudó a las compañías de cárceles privadas de Estados Unidos a diversificar sus inversiones en un momento en que el número de reclusos en este país se estancó”, señala un estudio divulgado por Sentencing Project, un grupo de estudio con sede en Washington.


 
“Por ejemplo, 14 por ciento de los ingresos de la segunda mayor compañía del sector en Estados Unidos, Geo Group, procedieron de los servicios internacionales en el año fiscal 2012″, ilustra el informe.


 
El creciente interés mundial en la privatización de cárceles fue también una bendición para las empresas británicas, en particular para G4S y Serco.


 
Todas esas compañías “prosperaron a raíz de la privatización generalizada de penitenciarías y de los sistemas de detención de inmigrantes, entre otros servicios del Estado”, explica el informe, “aunque por lo general no cumplen con los servicios prometidos”.


 
De hecho, numerosos críticos acusan a las compañías carcelarias, con requisitos explícitos de recortar fondos, de ofrecer condiciones y servicios peores que los sistemas estatales (para más información al respecto, puede leer aquí y aquí).


 
La Corte Suprema de Justicia de Israel bloqueó en 2009 una iniciativa del gobierno para abrir una cárcel privada. El alto tribunal alertó de que la transferencia de tal responsabilidad “atentaría dura y gravemente contra los derechos humanos de los reclusos”.


 
Las empresas suelen justificar sus operaciones en términos de mayor eficiencia del servicio.


 
La Corporación de Correccionales de América (CCA), fundadora de esta tendencia a principios de los años 80 y actualmente la mayor compañía del sector en Estados Unidos, explica que “combina la eficiencia y la efectividad empresarial con estándares, normas y controles estatales por menos dinero del que requieren las agencias públicas para funcionar”.


 
CCA indicó que tiene 80.000 reclusos en 60 centros de detención, 40 de los cuales son de su total propiedad.


 
Pero organizaciones y gobiernos critican cada vez más el argumento de rentabilidad del este modelo. Un organismo de control del estadounidense estado de Arizona concluyó en 2010 que las cárceles privadas le costaban 16 por ciento más que las públicas.


 
En informe poco usual, el movimiento Anonymous alertó el mes pasado de que ya no era rentable invertir en CCA.


 
Historias de logros Los países que actualmente cuentan con cárceles privadas o están por implementarlas incluyen a Brasil, Chile, Grecia, Jamaica, Japón, México, Perú, Sudáfrica y Tailandia, aunque el sector sigue

 


 dominado por las naciones ricas, y en especial las angloparlantes, señala el informe de Sentencing Project.


 
Estados Unidos es el país con más presos en cárceles privadas, unos 131.000 en 2011. Eso se debe en gran parte a que también es el que más personas envía a prisión, 1,5 millones, alrededor de la cuarta parte de la población arcelaria mundial.


 
Pero varios países más cedieron una parte mayor de sus sistemas penales a compañías privadas. Según los últimos datos, Australia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda tienen entre 10 y 20 por ciento de sus presos en recintos privadas.


 
Los números aumentan cuando se trata de centros de detención de inmigrantes, un rubro en el que destacan particularmente las empresas privadas.


 
Gran Bretaña, por ejemplo, mantiene a tres de cada cuatro personas acusadas de infringir normas de inmigración en instalaciones privadas. Australia, por su parte, privatizó totalmente las cárceles para inmigrantes.


 
“Como hay grandes países desarrollados que avanzan en esa dirección, naturalmente eso genera interés en otros países”, explicó Cody Mason, autor de este último informe y consultor de Sentencing Project.


 
Empleados de “compañías privadas, en Estados Unidos y en otros países, suelen viajar e invitar a los legisladores a conocer sus instalaciones, con lo que dan a entender que su enfoque resolverá sus problemas. Se promueven como la gran alternativa para resolver el hacinamiento, los servicios estándares y el aumento del costo de las cárceles”.


 
Nuevos mercados En Estados Unidos, el hacinamiento de las cárceles se volvió un gran problemas después de tres décadas de una política de “tolerancia cero contra la delincuencia”, promovida por los legisladores.


 
La superpoblación en algunos penales excede 40 por ciento de su capacidad y derivó en acusaciones de masivas violaciones de derechos humanos.


 
El 12 de este mes, el fiscal general, Eric Holder, realizó un anuncio considerado histórico, en el que pide al Departamento de Justicia que comience a tomar medidas para disminuir la población carcelaria.


 
Hay otras disposiciones en marcha en el ámbito del Congreso legislativo para implementar cambios permanentes en el funcionamiento del sistema penal.


 
Ese tipo de medidas podrán derivar en el fin bipartidista de la era de la “tolerancia cero”, pero sin duda inquieta a las compañías de cárceles privadas de Estados Unidos.


 
Todavía no está claro cómo el lobby empresarial podrá fortalecerse en el marco de esta nueva tendencia, pero Cody Mason opinó que ya gastaron millones de dólares en medidas de presión en torno a ella.


 
El lobby empresarial se concentró en la revisión pendiente del sistema de inmigración. El informe de Mason señala que las compañías tienen “antecedentes de contribuir con los defensores de leyes duras para la detención de inmigrantes” sin documentos en regla.


 
Según cifras oficiales, el gobierno federal detendrá este año a unas 400.000 personas por infringir normas inmigratorias, lo que le costará unos 2.000 millones de dólares.


 
Pero un nuevo proyecto de ley, aprobado por el Senado pero en el limbo en la Cámara de Representantes, dará lugar a cambios que seguramente serán significativos.


 
“Con seguridad habrá una respuesta corporativa a estas cuestiones, en especial en función de lo que ocurra con el proyecto de ley de inmigración. Las compañías tienen un gran interés en lo que ocurra con eso”, indicó Mason.


 
“Pero más allá de la presión que puedan hacer, también buscan otros nichos de mercado, y parte de eso es expandirse a otros países”, añadió.


 
(Con información de IPS)

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Jueves, 22 Agosto 2013 20:46

¿Cómo va el paro...?

¿Cómo va el paro...?

La Mesa de Integración Agropecuaria –MIA– anunció que las jornadas de protesta del día 22 de agosto se acrecentaron en todo el territorio nacional.

 

El punto de mayor crisis se vivió en la mesa de negociación del Catatumbo donde los voceros estuvieron a punto de romper los diálogos y amenazaron con sumarse al paro agrario que tiene lugar en el país, si el Gobierno sigue permitiendo que "el ejército continúe con las flagrantes violaciones" a sus derechos. Y amplían, "Luego de 20 días de haber levantado los bloqueos y las protestas, el Ejecutivo no ha cumplido con su oferta de diálogo con garantías y sin temas vedados".

 

Por su paete la Asociación Campesina de esta región, ubicada en el departamento Norte de Santander, denunció que "Las comunidades siguen siendo atacadas con armas de largo alcance, la erradicación violenta de cultivos de coca continúa, la Zona de Reserva es ilegalmente desconocida y su discusión aún no se ha abordado en la mesa".

 

A través de un comunicado los labriegos expresaron que "las promesas del presidente Juan Manuel Santos pareciera que pierden valor con el pasar de las horas" (ya que su situación se mantiene) "exactamente igual" desde hace semanas. "Nos retiramos de las vías con el compromiso del Gobierno como prenda (...) pero hoy somos nuevamente defraudados, las aparentes órdenes del Presidente en materia de erradicación no se cumplen", señalaron los campesinos.

 

Primeros efectos

 

El paro nacional agrario completó este jueves su cuarta jornada con movilizaciones de calle, bloqueo de vías y fuertes enfrentamientos con la fuerza pública, que han dejado decenas de heridos y más de 150 manifestantes detenidos. Este dato no incluye los retenidos el jueves 22 de agosto.

 

Debe recordarse que el paro cuenta con el respaldo de pequeños y medianos productores de arroz, maíz, algodón, café, cacao, papa, panela y ganaderos, además de los camioneros y médicos, quienes han asegurado que permanecerán en paralisis indefinida, "hasta ser escuchados".

 

Según fuentes de organizaciones sociales, adicionalmente se ha registrado el cierre de 30 vías en 10 departamentos, mientras efectivos de seguridad intentan, incluso con el uso de armas de fuego, despejar los bloqueos a la fuerza.

 

Otro de los efectos del paro es la reducción de las ventas de pasajes Bogotá Boyacá, ya que los bloqueos en carreteras de esta jurisdicción impiden el tránsito de vehículos. Según los transportadores, diariamente se mueve un promedio de 25 mil pasajeros entre estas regiones y hoy la cifra no alcanzó a los 14 mil.

 

Boyacá, quizá el departamento más aguerrido en la protesta, presenta tomas de vías entre Tunja-Bogotá, a la altura de Villa Pinzón, y entre Tunja-Sogamoso. Duitama y Nobsa se encuentran bloqueadas en Punta Larga donde los manifestantes han enfrentado con éxito al ejército y la policía, a pesar que estas han disparado armas de fuego y usado helicópteros para disparan gases en contra de los campesinos.

 

El rotativo colombiano El Espectador reseñó que los efectos de las movilizaciones "ya comienzan a sentirse en varias regiones y en la capital, Bogotá, debido a los altos precios de alimentos como cebolla, papa, y frutas", entre otros productos.

 

Los ganaderos, por su parte, informaron que en cuatro días llevan más de 3 millones de litros de leche perdida.

 

El paro agrario está marcado por el rechazo total a las políticas económicas promovidas por el actual Gobierno, calificadas por los colombianos como "antipopulares y antiobreras", más afines a una política neoliberal que a una política de interés social.

 

Respuesta gubernamental

 

El ministro del Interior, Fernando Carrillo, como fue constante durante el paro que afecto al Catatumbo y el de los mineros, de nuevo manifestó que los bloqueos imposibilitan la movilidad de colombianos y el diálogo con las autoridades. "En la medida en que la protesta siga siendo pacífica, habrá diálogo y soluciones de tipo social", expresó.

 

En ese contexto, aseguró que están dispuestos a conversar, "una vez se produzca el desbloqueo. Nosotros conocemos el pliego nacional, pero la instrucción es que hay diálogo si se dan por terminados los bloqueos. Esa es la regla de juego y se aplica a todo el país".

 

Uno de los factores desencadenantes de la huelga fue el reclamo de los trabajadores agrícolas que exigen al presidente Santos "frenar la implementación de los Tratados de Libre Comercio, porque están acabando con el campo y la vida del pueblo".

 

Las Fuerzas Armadas

 

En hechos registrados en el norte del departamento del Cauca, corregimiento de El Cairo, municipio de Cajibio. agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), miembros del Ejército Nacional, de la Policía Nacional y de la Policía Militar, arremetieron de manera indiscriminada contra los manifestantes, así como contra los habitantes de dicho corregimiento, violando el derecho a la propiedad privada al saquear dos viviendas, destruyendo electrodomésticos, quemando objetos personales (maletines y ropa), botando abastecimientos de víveres de campesinos y campesinas pertenecientes a la movilización.

 

Pese a la contundencia de un video que demuestra lo denunciado, el ministro de la Defensa dijo que los militares no han obrado mal y que solo "pretendían proteger los derechos humanos" de los campesinos a los que se les saqueó la comida e incendió sus casas.

 

Magdalena Medio

 

Funcionarios del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) acusaron a los padres de los menores que se encuentran protestando, amenazándolos con quitarle los menores si continúan haciendo parte del grupo que protesta, acusando a los mayores de "violadores de los derechos de los niños"


La participación del Magdalena Medio en estas jornadas, iniciada el pasado 19 de agosto, se ha caracterizado por el desarrollo de actividades pacíficas y respetuosas del orden público y los derechos humanos.


El día 20 de agosto, comunidades de los municipios de Santa Rosa, Yondó y Cantagallo, se desplazaron desde la ciudad de Barrancabermeja hasta el punto conocido como Expoeventos –vía que conduce a la ciudad de Barrancabermeja. Allí se instaló transitoriamente un campamento para el descanso, alojamiento y alimentación de los casi 2.000 participantes de la actividad. Debe resaltarse aquí la presencia de alrededor de 70 menores de edad dentro de los que se encuentran 30 niños.


Las acusaciones del ICBF han llevado a la institucionalidad a plantear la necesidad de devolver a los niños a la ciudad y tenerlos en un lugar de paso mientras termina el paro, pues de lo contario los padres podrían verse ante la suspensión de la patria potestad, así como demandas por la exposición de los menores a situaciones de riesgo extremo. La comunidad campesina se ha negado a esta propuesta pues considera que los menores se encuentran más seguros estando con sus familias que en un hogar de paso. Su reflexión es totalmente lógica, ya que ven el paro como una actividad totalmente pacífica. "si hay maltrato de menores es por parte de la policía y el ejército", explicaron.

 

Así, en medio de una dura arremtida oficial, que no repara en métodos ni utilización abierta de los medios de comunicación, y el aguante de los sectores socaiels declarados en paro, se adentra la protesta en su quinto día. Como no se vía hace muchos años, Colombia está conmovida en sus zonas rurales.


 

Recuadro


Propuesta de la MIA al Gobierno Nacional


En tarde del día 22 de agosto la Mesa de Interlocución Agrícola –MIA– envió una carta al presidente Santos, la misma que publicamos a continuación.

Bogotá, agosto 21 de 2013.
Señor

 


Juan Manuel Santos

Presidente de la República de Colombia
Bogotá.

 


Señor Presidente, una vez mas, las carreteras, caminos, calles y plazas de los departamentos del país, se inundan con la inconformidad de centenares de trabajadores, campesinos, estudiantes, jóvenes, mujeres y otros sectores sociales, hastiados ya de la ausencia de respuestas concretas, reales y efectivas a la profunda crisis que agobia la vida de los despojados de la tierra, de los territorios, los despojados del salario digno, de la salud y de la educación de calidad. Colombianos despojados de la integralidad de los derechos.


Nuestra inconformidad crece como crecen las políticas que favorecen a los concentradores de la riqueza y a los enemigos de la justicia social y la paz, así como crece, el cerco que su gobierno sigue construyendo al ejercicio de la justa protesta contra tales políticas. Pero también crece, la evidencia de la justedad de nuestros reclamos, así como la capacidad de la imparable organización y movilización popular en reclamo de la justicia social como base indispensable para la construcción de la paz duradera.


Es evidente que nuestro país vive un momento histórico en el que los caminos de paz aparecen ante nuestra vista con mayor nitidez. Sin embargo, solo el diálogo honesto, horizontal y constructivo, hará posible la materialización de tales caminos. Los millones de colombianas y colombianos afectados por décadas de exclusión, despojo, violencia y toda suerte de injusticias, deben ser por fin, escuchados y atendidas sus reclamaciones y propuestas; ser reconocidos como legítimos interlocutores por el gobierno nacional. Pero no es posible comprender el diálogo como la sumisa aceptación de políticas excluyentes, y exiguas prácticas asistencialistas.


Bajo esta comprensión, las organizaciones sociales integrantes de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, MIA, al igual que otros sectores y organizaciones sociales; hemos promovido el Paro Nacional y Popular en torno a Pliegos de Peticiones Agropecuarias y de otros Sectores Populares.


Como Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdos; nos permitimos adjuntar el pliego que fue presentado hace varios días, esperando que, en cumplimento de su compromiso con el diálogo, se instale la mesa en la que se discuta y resuelvan los requerimientos planteados en este pliego.


De nuestra parte, han sido asignados un grupo de voceros que tienen el mandato de las bases sociales, de mantenerse en el diálogo constructivo de cara a los intereses de los sectores sociales que representan. Nos mantenemos en el compromiso de estar a la altura del desafío histórico que enfrenta el país: romper la exclusión e inequidad social, económica, política y cultural que ha impedido el florecimiento de nuestro potencial como pueblo soberano, rico, digno y diverso. Esperamos que usted Señor Presidente, esté también a la altura de este desafío.


Quedamos atentos,


Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, MIA.

 

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Un paro marcado por la intimidación y la represión

Con satisfacción aludió el presidente Juan Manuel Santos a los resultados parciales del paro agrario, de los transportadores y de la salud, desatado el 19 de agosto en Colombia. Con "tranquilidad" aseguró que "El paro no ha sido de la magnitud que se esperaba. Ha habido algunos bloqueos que la Fuerza Pública ha venido desbloqueando". Según el gobierno, se esperaban144 bloqueos de vías, apenas se concretaron 14". Sus mismos reportes confirman la detención de 22 manifestantes y un herido con arma de fuego.


Pero lo que no relaciona este informe, es que por todo el país, producto de un cálculo preciso, se desplegaron miles de unidades de las Fuerzas Armadas, incluida la Policía, tanto uniformados como de civiles, con la clara misión de hostigar, intimidar, reseñar, detener, perseguir, obstruir, amedrentar, señalar.
Los reportes llegados desde distintos puntos del país, así lo confirman. Tanto en el norte, como en el sur, el oriente y el occidente del país.


En unos municipios han regado la bola de pago por quien delate a los organizadores del paro, con el claro propósito de intimidar a los líderes de una protesta abierta y legal, que por obvias razones todos los habitantes de los territorios en cuestión deben conocer (1), en otros detuvieron el transporte de manifestantes que viajaban hacia puntos de encuentro, bajándolos de los buses, tomando sus datos, hostigando (2). En otras partes han provocado y perseguido a quienes protestan, concentrados en puntos específicos de la vía o marchando sobre ella. En unos más han obstruido (3) el avance de los manifestantes, que se desplazaban bien a pie o bien en vehículos. En no pocos lugares han pasado por las casas de campesinos desestimulando (4) la protesta con alusiones "salen bajo su responsabilidad".


En fin, la acción psicológica, propagandística, represiva, da cuenta de un Estado que no cesa de alardear de su legalidad, del derecho a la protesta "siempre que sea pacífica", pero que de manera subterránea o abierta impide que la misma se despliegue con toda su vitalidad.

 

El pueblo Pasto de Nariño apoya Paro Nacional Agrario

 


El secreto y la constante

 

Los reportes de distintas fuentes indican que la mayor inconformidad se encuentra entre campesinos dedicados al sembrado de papa, cacao y la producción de leche. En todos y cada uno de estos casos se quejan de los efectos del Tratado de Libre Comercio, la competencia desleal con los productores de otros países (subsidiados), confirmando que están quebrados.


Esta realidad de miseria del campo colombiano, con efectos más nefastos en ciertas regiones del país, explica que las concentraciones más notorias de manifestantes hayan sido las de Boyacá y Nariño, en la primera cerrando una vía que conecta con la capital del país, y en la segunda obstruyendo una que lleva a la frontera con Ecuador. Sin embargo entre una y otra hay una gran diferencia: en la primera la protesta no sumaba 1.000 personas, en la segunda se encontraban sobre la vía 10.000, ocupando unos 15 kilómetros de carretera entre los sectores de San Juan y El Boquerón, vía hacia Ipiales.
Precisamente este detalle marcó la diferencia en el tratamiento que el gobienro le dio a una y a otra concentración: contra la primera arremetió con gran fuerza, contra la segunda decidió "esperar a conversar con los indígenas y campesinos". Sin duda, la fuerza de los habitantes del sur del país es el secreto para que los sectores oficiales, siempre dados a la dilación, pretendan "conversar".


Por su parte, lo cacaoteros, acompañados de campesinos que se dedican al sembrado de frutas, se concentraron en Cimitarra, departamento de Santander, logrando movilizar no menos de 1.500 personas, un hecho importante si se recuerda el peso que sobre este territorio logró el paramilitarismo.
Los mismos cacaotreros informan que por lo menos unas 4.000 personas harán presencia en la Lizama, sobre la vía Barrancabermeja–Bucaramanga. En este sitio se espera el arribo de campesinos provenientes del sur de Bolívar, Puerto Wilches, Sabana de Torres y Barrancabermeja.
Por su parte los transportadores confirmaron la inmovilización de 250.000 camiones por todo el país, enfatizando que no están bloqueando las autopistas, e insistiendo que si el gobierno no los escucha entonces tendrán que proceder sobre las vías.


Los reportes del sector de la salud aún no indican con toda precisión donde ha tomado fuerza el paro.


Radiografía


Los informes que entregaron distintos reporteros, confirmados en ocasiones por el mismo gobierno, indican que el paro logró en su primer día expresiones efectivas en los departamentos de Boyacá, Arauca (entre la capital y Tame), Putumayo, Nariño, Santander (Puerto Wilches y Cimitarra), Valle del Cauca (zona de La María, donde los indígenas bloquearon en horas nocturnas), Cauca, Risaralda (Irra y Remolinos, vía a Mistrató), reduciéndose sus efectos en otras regiones del país, entre otros motivos, por la presión de la fuerza pública y sus agentes encubiertos.


Con seguridad, si bien el paro puede que no logre en todo el país el efecto esperado, si alcanzará mayores niveles de presencia y radicalidad. El secreto de su éxito, fracaso o alcance parcial descansa en el real nivel de coordinación que se haya construído entre los distintos actores del mismo, y si en la marcha superan sus intereses particulares, obligando al Gobierno a la instalación de una Mesa Única de Negociación.

 

Protestas de última hora


El comité organizador aseguró que en el segundo día de paro se realizaron manifestaciones de apoyo en las principales ciudades del país.


Informó, de igual manera, que hasta las seis de la tarde del día 20 de agosto se han presentado 14 bloqueos, siendo la más afectada la vía Tunja Bogotá; al sur del país se presentaron enfrentamientos en la carretera Panamericana en el Cairo, Mondomo y Piendamó en el departamento del Cauca, y en El Pilón, departamento de Nariño.

Igualmente se registraron disturbios y taponamiento de vías en diferentes municipios de Antioquia, como Medellín y Segovia, después que la policía intentó dispersar las marchas de apoyo al paro.

 

Notas


1. Este es un paro social, agrario y laboral, lunes 19 de agosto de 2013.

2. Según defensores de derechos humanos, desde el viernes anterior, el capitán César Augusto González, comandante de carretera del Huila, inmovilizó 10 chivas y amenazó a sus conductores. El coronel Francisco Pelaéz, comandante de la policía del Huila, hizo señalamientos por radio y prensa en contra de Lorena Sanchéz, como la responsable del paro.

3. Guayabal: La policía empadronó a 3 chivas con 500 campesinos, en Balsillas,
por su parte, en el departamento de Nariño, municipio de Llorente, la policía fotografió y empadronó a los campesinos movilizados.
Guaviare: Detuvieron 4 buses y empadronaron a sus ocupantes, por parte de
la policía nacional saliendo de San José del Guaviare.

4. Montería. En la mañana del 19 de agosto llegaron dos "paisanos" a la terminal de transporte de la ciudad, identificándose como agentes de la Sijin, amedrantaron e intimidaron a los conductores de transporte público que se disponían a trasladarse hasta el municipio de Tierralta Córdoba a recoger y transportar a los campesinos y campesinas dispuestos a hacer presencia en el paro agrario nacional. Los supuestos agentes de la Sijin, dijeron a los conductores que "si iban a recoger a esos perros a Tierralta, se atendrían a las consecuencias".


Villavicencio. El 18 de agosto de 2013, siendo las 10:00 pm y durante toda la madrugada, en la salida que va de Villavicencio al municipio de Acacias en la intersección con la entrada del barrio Porfía, se encontraron inmovilizados los buses en el que se transportaban campesinos de diferentes municipios del Meta y la región del Losada Guayabero.

Cerca de 10 buses fueron inmovilizados por el Comando Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército Nacional en cabeza del líder identificado como "Gladiador", junto con un patrullero de la Dijín y miembros de la Policía Nacional, exigiendo cédula y huella dactilar a los campesinos, con la excusa de revisar antecedentes. El Ejército estuvo consignando los números de los buses, nombres de conductores y de varias personas en libretas por varios de sus militares.

 

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Publicado enColombia

¿Cómo pueden descansar los muertos? Sus ataúdes de madera eran golpeados contra las rejas de hierro de la funeraria (mashraha), sus familiares gritaron de horror, los cadáveres envueltos en celofán se apilaban muy alto sobre entre bloques de hielo tan grandes que se temía rompieran los huesos de los muertos. A medida de que el hielo se derretía en la mashraha, en las calles brillantes por el fango, los fondos de los ataúdes comenzaron a llenarse de sangre que tras estar coagulada se volvió nuevamente líquida y semejaba un lodo aguado y carmesí. Mártires todos ellos.

 

Y creo que fue entonces cuando me di cuenta de que los enemigos del depuesto presidente Mohamed Mursi debieron haber comprendido que hace muchos meses que esos cadáveres, esos cuerpos, esos “mártires” son el pronunciamiento oficial de la Hermandad Musulmana. No hay más. Sin comentarios, en parte porque ya no pueden hablar. Thomas Cromwell, si no mal recuerdo, fue uno de los primeros en asociar el silencio con los muertos, en parte porque ya no tienen necesidad de pronunciarse. La policía dispara y el resultado de una bala destruyendo a los vivos se vuelve la política última. De aquí en adelante, ya no se le ve el fin.


El barrio de Zeinhom, de la zona conocida como Sayyidah Zaynab, en El Cairo, es un vecindario pobre con sucias cafeterías y calles llenas de basura, con construcciones hechas con adobe de lodo del Nilo que se sostienen una a la otra en el calor de 37 grados centígrados. ¿Será posible encontrar una calle más deprimente para los furiosos hombres y mujeres pertenecientes a la Hermandad que tienen que llorar la muerte de sus seres queridos?


A veces las familias de El Cairo piden estar presentes durante las autopsias que se practican a sus seres queridos; por lo tanto, los lamentos que llenaban el aire caliente de Zeinhom este jueves eran más que rituales de duelo. Algunos quisieron ver en los muertos la más concreta representación de su realidad. Yo conté más de 70 cadáveres. Algunos ataúdes estaban colocados encima de otros y hombres enormes se empujaban y se abrían paso para entrar a la funeraria; algunos se cayeron encima del hielo y de esas espantosas bolsas de celofán.
Los rostros de esos muertos estaban cubiertos por nudos del celofán, su espectral presencia a veces era aligerada por el alivio de ver un par de pies, aún cubiertos por zapatos baratos de suela de goma que asomaban de camillas que estaban colocadas en el suelo, entre los ataúdes.


Entre las personas que estaban en la funeraria se hacían comentarios sobre acercarse a los policías (a quienes nunca vi) y sobre ir a las instalaciones de la alcaldía de Giza, que está de camino a las pirámides, para prenderles fuego, decían con entusiasmo.
Así volvemos a la pregunta de fondo: ¿Por qué tantos muertos?


En una calle cercana encontré a Abeer Saady, reportera del periódico Sharouk y vicepresidenta del Sindicato Egipcio de Periodistas, que miraba a la multitud. Antes, ella estuvo buscando el cuerpo de un colega; Ahmed Abdul Dawed, un simpatizante de la Hermandad Musulmana que, ironía de ironías, trabajaba para el periódico gubernamental Al Akhbar.


“La Hermandad quiere enaltecer la figura de los muertos que el gobierno quisiera dejar en el bajo perfil”, me dijo Abeer Saady con tristeza. “Desde luego son muchos más de los 194 que el gobierno admitió originalmente. Yo calculo que hay entre 350 y 500 muertos”.


Pero si yo vi 70, sólo este jueves, sospecho que las fatalidades bien pudieron llegar a mil o más. Otros periodistas árabes pagaron el mismo precio que Ahmed Dawed. Habiba Ahmed Abd Elaziz trabajaba para Gulf News, pero estaba de licencia de su empleo cuando fue baleada cerca de la mezquita de Al Adawiyeh, en Ciudad Nasr.


Hace mucho tiempo que la Hermandad abandonó cualquier afecto por los periódicos locales, pero aún tienen tiempo para los infieles de la prensa extranjera. Pese a esto, sus respuestas a mis preguntas fueron muy distantes.


“¿Quién es?”, le pregunté a un joven que estaba parado junto a un cuerpo cubierto por una keffiyeh. “A usted qué le importa”, me contestó. Le murmuré algo estúpido de que era un ser humano y merecía tener nombre y sólo se encogió de hombros. Un anciano sentado sobre la tapa de un ataúd me dijo que adentro del mismo yacía un hombre llamado Adham. Insistí en saber su nombre completo porque estoy convencido de que los nombres vuelven reales a los muertos.


“Mahmoud Mustafa”, me gritó otro hombre cuando le señalé el montón de hielo que cubría a su hijo muerto. Otro hombre me dijo que estaba cuidando el cuerpo de Mohamed Fared Mutwali, quien tenía 57 años el miércoles, cuando lo mató la policía. Lentamente, los nombres devolvieron la vida a los muertos.


Luego, un joven listo que trataba de hablar en inglés pero estaba llorando puso su mano en mi hombro y señaló otro bulto de celofán. “Ése era mi hermano”, dijo. “Le dispararon ayer. Era médico. Su nombre era doctor Khaled Kamal y estudió medicina en Beni Suef, en el norte de Egipto. La gente se aferró a la única palabra de inglés que entendieron y gritaron “doctor, doctor”, una y otra vez.


No puede uno ver estas cosas, escuchar estas palabras y pensar que la tragedia de Egipto quedará sepultada hoy con los muertos. Desde esta mañana, a través del mundo árabe, esta semana que es la más sagrada para los musulmanes, quedará asociada con la violencia tanto como con la oración. La Hermandad recordará a sus muertos en las mezquitas de El Cairo y los egipcios esperarán una reacción del gobierno, de la policía y del ejército. Una respuesta del general Abdel Fattah Sisi.


Desde luego, se puede intentar balancear el dolor afuera de la funeraria con la “normalidad” con que el gobierno quiere que todos en El Cairo disfrutemos los caminos que han dejado de estar bloqueados, los camiones que limpian la destrucción que quedó donde se encontraba el campamento de Ciudad Nasr, el anuncio de que se reanudará el servicio ferroviario entre la capital y Alejandría.


Sin embargo, hay pequeñas cosas del lugar donde están los muertos que se quedan en la mente. El hombre que me alienta a entrar a la funeraria y que no deja de rezar, el alegre plástico azul con el que forraron el exterior de un ataúd y la incongruencia de ver en él una etiqueta de Etihad Airways pegada torpemente en un extremo.


En la acera de enfrente, dos vendedores de café discutieron y luego comenzaron a pelarse y de pronto la calle está llena de vidrios y piedras pues la gente que simpatiza con el gobierno salió de sus deteriorados hogares y se convenció de pronto de que el más bajo de los vendedores de café es de la Hermandad Musulmana. Después, una pandilla de hombres de Mursi aparece y empieza también a arrojar piedras.


Un microcosmos de anarquía que le recuerda a uno de la fragilidad que se vive en El Cairo. Será bueno volver a la relativa seguridad del viejo Hotel Marriot, sobre la ribera del Nilo. Pero no es así. Tan pronto como llego a lo que considero mi hogar en la capital egipcia me entero de que Raad Nabil, un policía turístico que lleva años trabajando en el hotel caminaba rumbo a su casa al otro lado del río, en el barrio de Mohandeseen, hace unas horas, cuando un grupo de hombres lo amenazó. Él sacó su pistola y disparó al aire, pero uno de los hombres le arrebató el arma y la apuntó contra Raad Nabil, un hombre indefenso de poco más de 50 años, y le disparó en el corazón.


Me pregunto qué nos dice eso. Seguramente se trata de otro pronunciamiento.


Traducción: Gabriela Fonseca

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Israel recluta cientos de estudiantes para inundar Internet con propaganda

La oficina del primer ministro israelí está reclutando a estudiantes israelíes para difundir a través de Twitter, Facebook y otros medios en Internet propaganda gubernamental sionista, según medios locales.


Los estudiantes que participan en el proyecto, dentro de las llamadas unidades "encubiertas" y "semi-militares" publicarán mensajes pro-israelíes como parte del brazo de la diplomacia pública de la Oficina del Primer Ministro, (PMO según sus siglas en inglés), pero sin revelar que son representantes oficiales de los gobiernos, detalla el diario 'Haaretz'.


El saliente director general adjunto de la Diplomacia Pública y del Ministerio de Asuntos de la Diáspora, Daniel Seaman, envió un documento al comité de licitación del gobierno especificando que la PMO está interesada en reclutar unos 550 estudiantes con conocimiento de lenguas extranjeras, lo que le costaría unos 780.000 dólares.


"Debido al éxito en la batalla por la conciencia durante la operación Pilar Defensivo [la operación militar israelí contra la Franja de Gaza, en noviembre del año pasado] y la experiencia adquirida en la activación de un gran número de salas de situación en los campus universitarios, se decidió establecer una estructura permanente de la actividad en Internet a través de los estudiantes de las instituciones académicas del país", escribió Seaman.


Hagar Yisraeli, portavoz de la Unió Nacional de Estudiantes de Israel (NUIS), añade: "Israel está tratando con una campaña de deslegitimación extrema y permanente que se está llevando a cabo en su contra en las redes sociales. La población estudiantil es un grupo talentoso y culto de personas con diferentes e independientes puntos de vista que habla varios idiomas y pueden ayudar a luchar contra tal campaña [anti-Israelí]".


No es la primera vez que se informa que Israel recluta a jóvenes para difundir propaganda sionista. El año pasado se supo que la NUIS había puesto en marcha un programa para pagar a los estudiantes universitarios israelíes 2.000 dólares por difundir propaganda pro-Israel en línea durante 5 horas a la semana sin salir de casa.


Para ver cómo funciona la propaganda israelí basta con recordar que el pasado mes de noviembre, a medida que la cantidad de muertos en la Franja de Gaza por los ataques de Israel iban superando el centenar, los ciudadanos israelíes seguían apoyando a su Gobierno al considerar que los ataques eran defensivos. Varios videos difundidos a través de YouTube explican por qué las víctimas civiles son inevitables en Gaza. Según sus autores, miembros de la oficina de las Fuerzas Armadas de Israel, el Ejército sionista intenta evitar bajas entre los civiles pero les resulta imposible por culpa de Hamas.


Fuente. RT / OICP


http://www.oicpalestina.org/?p=11464


 

Arrestan a dirigentes de la juventud de Al fatah en la Universida de Birzeit

 

 

Ahmad Assaf -portavoz de Al Fatah- afirma que  las fuerzas de ocupación israelíes arrestaron a líderes del movimiento juvenil de Al Fatah en la Universidad de Birzeit.  Assaf manifestó  que este crimen que afectó a los estudiantes universitarios, está echando a perder la alegría del pueblo palestino por la liberación  del primer grupo de  prisioneros veteranos y es un intento de tapar ese logro nacional.

 

Assaf expresó en un comunicado de prensa, que este delito del gobierno de la ocupación israelí confirma que no quieren llevar a cabo negociaciones serias que conduzcan a una solución de dos estados con  las fronteras de junio de 1967, haciendo  referencia además, a la decisión del gobierno israelí de construir 890 unidades de vivienda más en el asentamiento de Gilo  (sur-oeste de Jerusalén) y la construcción de otras 1.200 unidades de asentamientos en Cisjordania.

 

Estas prácticas represivas y el delito de detención no impedirán al pueblo palestino continuar la lucha nacional para poner fin a la ocupación en todas sus formas  por la libertad y la independencia - afirmo Assaf en el comunicado de prensa difundido- al mismo timpo llamó, a la comunidad internacional y sobre todo a los Estados Unidos, a  que presionen al gobierno israelí para poner fin a estos crímenes y a la violación del derecho internacional humanitario.

 

Entre los detenidos por las fuerzas de ocupación en la Universidad de Birzeit se hallan : Haitham Abu Radwan, Ohab Saad, Osama al-Barghouti,  Salomón Hamayel, Mohammed Yusuf y Muhammad Hamza quienes son líderes juveniles de Al Fatah en la mencionada universidad.

 

Texto original: http://www.manar.com/page-9920-ar.html

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